En Guatuso, a escasos metros del Río Frío, la comunidad de Calle Álvarez vive una paradoja que se repite en muchos territorios rurales del país: estar cerca del centro, pero lejos de las decisiones. Esa distancia simbólica —que se mide más en prioridades institucionales que en kilómetros— ha dejado a más de 30 familias atrapadas entre las inundaciones y una institucionalidad que aparece sólo para administrar excusas.
Como parte del trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, visitamos la comunidad para conversar con vecinos y conocer de primera mano la situación. Don Pedro Luis Martínez, habitante nativo de la zona, abre una ventana a un abandono que ya dejó de parecer coyuntural. Durante años, la comunidad ha solicitado un acceso seguro para evitar quedar incomunicada cada vez que el río crece. La respuesta que reciben es un eco repetido: “la inversión es muy alta”. Un mantra que, con el tiempo, se vuelve sentencia.
La ironía —esa que abunda en los conflictos socioambientales— es que el mismo municipio que declara no tener recursos para lastrear la calle mantiene como política activa la extracción de material del propio Río Frío. Piedra y arena salen todos los días del cantón, mientras las calles del barrio se transforman en barriales en invierno y nubes de polvo en verano. El recurso se va; el problema se queda.
El abandono institucional no sólo se siente: se interpreta. “Aquí nos tratan como ciudadanos de tercera categoría”, dice don Pedro. En esa frase se condensa el peso del ninguneo histórico que cargan muchas comunidades rurales. No es solo la calle intransitable; es la sensación de que las decisiones públicas se calculan según la cantidad de votos, no según la dignidad de las personas.
Proyectos a cualquier precio
Mientras Calle Álvarez espera soluciones básicas, las autoridades permiten —e incluso promueven— proyectos habitacionales en zonas de alta vulnerabilidad, contradiciendo criterios elementales de planificación territorial. Se construye donde no se debe, sin estudios actualizados, sin control sobre la extracción de materiales y sin tomar en serio el incremento de eventos extremos ligado al cambio climático.
La comunidad, conocedora de su territorio, observa cómo se levantan nuevos proyectos mientras ellos siguen aislados con cada crecida del río. Esa disonancia revela un patrón ya familiar: el desarrollo que avanza sin brújula termina costando caro, especialmente a quienes menos margen tienen para asumir el impacto.
La política más allá del voto
Calle Álvarez no está lejos. No es remota. No es “dispersa”, como algunos intentan justificar. Está a menos de 500 metros del centro del cantón. Lo que sí está lejos —y cada vez más— es la voluntad institucional de construir con las comunidades y no a pesar de ellas.
Este caso recuerda algo esencial: la política no se reduce al acto del voto. Se expresa, sobre todo, en cómo las instituciones cuidan, escuchan y garantizan condiciones de vida digna para todas las personas. Cuando una comunidad queda aislada con cada lluvia, cuando se permite construir en zonas de riesgo, cuando el río se debilita por la extracción mientras sus vecinos piden auxilio, ahí también se está haciendo política… y su ausencia también deja huella.
Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos acompañando este caso y señalando las responsabilidades institucionales que, lejos de ser abstractas, determinan la seguridad y la vida cotidiana de comunidades como Calle Álvarez.
Desigualdades socioambientales que se sienten en el cuerpo
El caso de Calle Álvarez no es un accidente ni una excepción perdida en la periferia del país. Es un espejo donde se reflejan las desigualdades socioambientales que atraviesan Costa Rica y que se profundizan cuando la gestión del territorio responde más a intereses económicos o electorales que al bienestar colectivo.
La extracción de materiales sin control efectivo, la construcción de proyectos habitacionales en zonas de riesgo, la falta de planificación y la ausencia de inversión pública básica no son fallas aisladas: son mecanismos que producen vulnerabilidad. La gente no “es vulnerable” por naturaleza; se vuelve vulnerable cuando las instituciones no cumplen su función.
En comunidades como Calle Álvarez, estas decisiones terminan acumulándose en la vida cotidiana: calles que se hunden o se deshacen, aislamiento durante inundaciones, emergencias sin acceso, enfermedades agravadas por el polvo, hogares que nunca están del todo seguros. La desigualdad se manifiesta en el terreno, en la piel, en la manera en que las crecidas del río golpean más fuerte a quienes menos han sido escuchados.
Cuando el Estado permite que la fragilidad del territorio avance y que las personas queden expuestas, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo natural y se convierte en un efecto político. Por eso este caso importa, y por eso seguiremos acompañándolo: porque revela cómo las decisiones —y las omisiones— siguen marcando quién puede vivir con dignidad y quién queda esperando soluciones que nunca llegan.
