El caso del quebrador en Bribrí y la fuerza de la queja
Todo el mundo lo permitió
“Porque eso fue permitido por todos. Yo tengo los documentos donde ellos se lavan las manos, donde dice que eso no les corresponde a ellos…”
Esta frase, dicha por una vecina afectada, resume con crudeza lo que muchas comunidades viven cuando enfrentan situaciones de injusticia ambiental: la omisión, el silencio o la complicidad de las instituciones encargadas de protegerlas.
La operación del quebrador de piedra, ubicado a menos de 100 metros del centro de Bribrí, fue conocida durante años por diversas instancias competentes. Su cercanía con viviendas y un centro educativo, junto con los impactos evidentes en salud, ambiente y calidad de vida, hacían ineludible su revisión. Sin embargo, las instituciones se desentendieron una tras otra, muchas veces alegando que no era de su competencia. En ese contexto, nadie asumió la responsabilidad de forma oportuna.
Lo que marcó la diferencia no fue la voluntad estatal, sino la insistencia comunitaria. Las personas afectadas, lejos de resignarse, documentaron la situación, elevaron oficios, solicitaron inspecciones, convocaron reuniones y visibilizaron el conflicto por diversos medios. Esa persistencia fue la única herramienta que permitió resolver, al menos parcialmente, los impactos más inmediatos en el entorno escolar.
Esta historia no trata solo de un predio. Trata de un sistema que prefiere callar ante los abusos, y de comunidades que, al decidir no guardar silencio, se convierten en defensoras activas de sus derechos y de los bienes comunes que sostienen la vida.
Una problemática que resonaba a diario
En el corazón de Bribrí, Talamanca, un quebrador de piedra operó durante años en una zona residencial, generando preocupación en más de diez comunidades cercanas como Volio, Buena Vista, Pueblo Nuevo, La Unión, Chasse, San Box, Fields 1, Fields 2, Rancho Grande, Cataratas y Olivia. Según relatan personas vecinas, la maquinaria pesada funcionaba desde horas muy tempranas de la mañana hasta bien entrada la noche —a veces hasta las 9:00 o 10:00 p.m.—, emitiendo un ruido constante y ensordecedor a través de cadenas, poleas y motores, intensificado por el eco de la montaña. A ello se sumaban el polvo suspendido en el aire y la vibración del suelo, que, de acuerdo con los testimonios, hacían de la vida cotidiana un entorno hostil y desgastante.
Impactos directos en la educación y la salud
El predio se encontraba justo detrás de la Escuela Líder de Bribrí, donde se atiende a cerca de 360 estudiantes y 35 docentes, incluyendo aulas para niñas y niños con necesidades educativas especiales. En el mismo recinto funciona un CINDEA, con clases vespertinas hasta las 10:00 p.m. El ruido perturbaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligaba a docentes y estudiantes a alzar la voz constantemente y generaba un ambiente de tensión y malestar generalizado.
Permisos, respuestas evasivas y contradicciones institucionales
Aunque el proyecto contaba con un permiso emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según se consigna en la resolución N.º 0887-2023, la percepción vecinal es que la operación se realizaba en un área distinta a la autorizada. Desde 2022, personas vecinas buscaron aclaraciones y acciones a través de la municipalidad y otras instituciones, sin éxito. Fueron remitidas de oficina en oficina, enfrentando tácticas dilatorias y falta total de respuestas concretas.
Testimonios recogidos apuntan a que supuestamente la empresa operadora tendría vínculos estrechos con autoridades municipales y del Ministerio de Salud, lo cual habría facilitado la continuidad de la operación pese a estos cuestionamientos. Aunque las resoluciones no hacen referencia a tales vínculos, la connivencia entre intereses privados y el aparato institucional ha sido una constante denunciada por la comunidad.
Un logro parcial reconocido institucionalmente
Durante años, la operación del quebrador continuó sin intervención efectiva. No obstante, como resultado de denuncias anónimas —según consta en las resoluciones N.º 0825-2023 y N.º 0392-2024 de la Dirección de Geología y Minas—, se emitieron directrices técnicas a la concesionaria del expediente minero 1-2011, para detener actividades en la sección superior del sitio, lo cual fue verificado mediante inspección técnica.
Dichas resoluciones reconocen que se cesaron las operaciones en los sitios denunciados, permitiendo la recuperación natural de los bancos arenosos en la zona afectada, y por ello procedieron a cerrar las denuncias. Si bien este cese constituye un logro parcial significativo para la comunidad, el conflicto no se ha resuelto por completo. Persisten problemáticas que no fueron abordadas en esos procedimientos administrativos.
Aunque la victoria fue parcial, el conflicto persiste
La persistencia de la comunidad en Bribrí logró un avance concreto al cesar las operaciones del quebrador de piedra en la zona cercana a la Escuela Líder, lo cual mejoró, aunque de forma limitada, las condiciones para la comunidad educativa. Sin embargo, esta victoria no ha sido total, ya que el conflicto persiste en otros frentes.
El tránsito de maquinaria pesada sigue siendo un problema recurrente en Bribrí, afectando no solo el ambiente, sino también la calidad de vida de las personas. A pesar de la suspensión parcial de las actividades del quebrador, continúan movilizando maquinaria por las calles de la comunidad, lo que genera efectos similares: polvo constante en el aire, vibraciones del suelo y un ruido ensordecedor. Además del malestar cotidiano, esto representa un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente estudiantes y adultos mayores.
Esta actividad, que debería estar regulada y supervisada por las autoridades competentes, sigue ocurriendo sin un control adecuado, lo que pone de manifiesto una vez más la debilidad del sistema institucional para garantizar la protección de derechos colectivos frente a intereses económicos.
La organización comunitaria como defensa de lo común
El logro de la comunidad en la resolución parcial del problema con el quebrador es una muestra de la capacidad de resistencia frente a las injusticias. No obstante, también evidencia que el conflicto ambiental y social sigue latente. La lucha no termina con esta victoria parcial: sigue siendo necesario mantener la presión para garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad, y que las empresas respeten los derechos de las comunidades.
Es claro que la organización vecinal no solo puede transformar situaciones inmediatas, sino que también debe continuar enfrentando los desafíos a largo plazo. Visibilizar, documentar, presionar y proponer son acciones fundamentales para sostener un modelo de desarrollo que respete la vida comunitaria y el entorno.
La queja como defensa de los bienes comunes
Este conflicto en Bribrí trasciende lo local: es una muestra de cómo las comunidades defienden lo que es de todas y todos. El aire limpio, la salud, la tranquilidad, el derecho a estudiar sin ruidos o polvaredas, son bienes comunes que no pueden sacrificarse en nombre del desarrollo económico de unos pocos.
La queja vecinal no es un acto de debilidad ni de quejumbre infundada. Es una forma legítima y necesaria de participación ciudadana. A través de ella se activa la memoria, se denuncian los abusos y se exige respeto por el territorio y quienes lo habitan. Cuando una comunidad se organiza para proteger lo común, está ejerciendo su soberanía frente a un modelo de desarrollo que, muchas veces, olvida para quién debería construirse.
Defender lo común implica incomodar. Pero también implica cuidar. Porque cada vez que una comunidad decide no callar, está sembrando dignidad en su territorio.¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?
¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?
Cuando maquinaria pesada opera cerca de viviendas, escuelas o espacios públicos, los efectos trascienden lo visual y auditivo. Estos son algunos de los impactos más relevantes:
Contaminación por polvo
- Problemas respiratorios: Exposición constante a partículas finas provoca o agrava enfermedades como asma, bronquitis y rinitis.
- Irritación ocular y dérmica: El polvo puede causar molestias en ojos y piel.
- Afectación de bienes y espacios: Se ensucian constantemente casas, escuelas y negocios; se deterioran equipos, materiales escolares y alimentos.
- Contaminación del agua: Las partículas en suspensión pueden depositarse en fuentes de agua potable o sistemas de captación.
Contaminación sonora
- Estrés crónico y fatiga: El ruido constante impide el descanso, genera irritabilidad y afecta la salud mental.
- Pérdida auditiva: La exposición prolongada a altos decibeles puede causar daños irreversibles, especialmente en la niñez.
- Impacto emocional: Aumenta la ansiedad, afecta el estado de ánimo y altera las relaciones sociales.
- Deterioro de la vida comunitaria: Las personas evitan el contacto social, deben gritar para comunicarse y se aíslan.
Ignorar estos impactos es vulnerar derechos fundamentales como la salud, el descanso, la educación y el ambiente sano. Por eso, visibilizarlos y exigir respuestas es un acto urgente de justicia.
