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La protesta social no es delito: cuando la defensa de los bienes comunes se convierte en amenaza para el poder (Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch)

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Este texto se basa en el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que documenta cómo distintos gobiernos han intensificado la criminalización y represión de las protestas sociales en todas las regiones del mundo. A través de casos emblemáticos y datos sistematizados, el informe revela las amenazas que enfrentan quienes defienden derechos, territorios y bienes comunes mediante la acción colectiva.

La protesta social es una forma de acción colectiva que busca incidir en decisiones públicas, denunciar injusticias o defender derechos y territorios. Desde huelgas hasta marchas, bloqueos o intervenciones creativas, se trata de una expresión legítima de la democracia participativa. Sin embargo, en distintos países, protestar se ha vuelto una actividad peligrosa, criminalizada y reprimida por gobiernos que ven en ella una amenaza a su autoridad o a los intereses económicos que representan.

Estrategias de criminalización y represión

La criminalización de la protesta social adopta distintas formas:

  • Reformas legales que amplían las causas de detención o sancionan la organización de protestas como «terrorismo» o «sedición».

  • Protocolos de «orden público» que habilitan el uso excesivo de la fuerza, incluso letal.

  • Persecución judicial, despidos o represalias contra quienes protestan.

  • Uso de tecnología para vigilar, identificar y reprimir activistas.

Estas medidas vulneran el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Casos recientes de represión a la protesta

  • Argentina: el gobierno de Javier Milei implementó un protocolo que prohíbe cortes de vías, habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir con armas de fuego y promueve arrestos preventivos. Más de 1.100 personas resultaron heridas en protestas, incluyendo periodistas.

  • Reino Unido: se aprobaron leyes que criminalizan protestas pacíficas, especialmente las ambientales. Activistas han sido condenados hasta por cinco años de prisión por bloquear carreteras.

  • Mozambique: tras protestas por elecciones irregulares, más de 4.000 personas fueron arrestadas, incluyendo menores de edad, con reportes de tortura y violencia sexual.

  • El Salvador y Serbia: se documenta el uso sistemático de vigilancia, despidos, intimidación y censura contra quienes denuncian abusos de poder o defienden derechos.

Costa Rica: tensiones entre tradición democrática y respuestas autoritarias

Aunque Costa Rica mantiene una imagen internacional de estabilidad democrática, en 2024 se intensificaron las tensiones entre movilización social y respuesta estatal. La protesta por el acceso al agua en Hatillo derivó en detenciones arbitrarias y denuncias de represión contra liderazgos comunitarios (CRHoy, 2024). Colectivos ecologistas y estudiantiles también reportaron vigilancia, multas y uso desproporcionado de la fuerza policial durante manifestaciones (Semanario Universidad, 2024).

Además, se reportó un aumento significativo de agresiones a la prensa: 40 víctimas registradas en 2024, la mayoría vinculadas a ataques verbales o campañas de desprestigio por parte del Poder Ejecutivo (Infosegura, 2025; COLPER, 2024). La protesta social ha sido deslegitimada desde discursos oficiales, mientras se mantiene viva entre sectores que defienden la educación pública, el ambiente y los derechos humanos.

Protesta social y bienes comunes: una relación vital

Muchas de las luchas actuales por agua, territorios, educación, salud o ambiente tienen en la protesta una herramienta clave para defender los bienes comunes. Cuando se reprime el derecho a protestar, se reprime también la posibilidad de disputar colectivamente el rumbo de nuestras sociedades.

La protesta no es solo una queja, es también una afirmación de otros mundos posibles. Defenderla es defender la democracia viva y los bienes comunes que nos permiten sostener la vida en comunidad.

Referencias:

Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (COLPER). (2024). Informe sobre agresiones a la prensa en Costa Rica. https://www.colper.or.cr

CRHoy. (2024, marzo 14). Vecinos de Hatillo denuncian represión durante protesta por agua. https://www.crhoy.com

El País. (2025, enero 17). Obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta: Human Rights Watch alerta sobre las medidas del gobierno de Milei. https://elpais.com

Human Rights Watch. (2025). Informe Mundial 2025. https://www.hrw.org/es/world-report/2025

Infosegura. (2025). Indicadores de democracia y libertad de expresión en Centroamérica. https://infosegura.org

Semanario Universidad. (2024, febrero 6). Policía ingresa a la UCR tras protesta ambiental. https://semanariouniversidad.com

The Guardian. (2025, enero 16). UK accused of undermining democratic rights with climate protest crackdown. https://www.theguardian.com

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Indemnización o apropiación: ¿De quién es la historia de las recuperaciones?

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Cuando el INDER blanquea la lucha por la tierra de los pueblos originarios

En junio de 2025, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) difundió en sus redes sociales un mensaje celebratorio: “En el año 2024 se lograron indemnizar un total de 14 fincas en 7 territorios indígenas del país”. En su narrativa, esta acción es presentada como un logro del Gobierno de la República y de la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas, destacando territorios como Cabagra y China Kichá entre los supuestamente beneficiados.

Es cierto que el INDER ha realizado procesos de indemnización de fincas en algunos territorios indígenas. Sin embargo, lo problemático no radica en el hecho mismo de las indemnizaciones, sino en el modo en que la narrativa oficial las presenta: invisibilizando sistemáticamente el proceso de recuperación directa impulsado por las comunidades desde hace más de una década, y omitiendo el costo humano, político y cultural de esas luchas. En lugar de reconocer esta historia, el Estado se coloca como protagonista exclusivo de una supuesta solución técnica, institucional y pacífica, apropiándose simbólicamente de logros que no le pertenecen.

Esta estrategia institucional alcanza tintes paradójicos. En una de las actividades oficiales de la Mesa Técnica —realizada en 2022 en Buenos Aires de Puntarenas— el presunto asesino del líder indígena Jerhy Rivera se presentó públicamente, confesó el crimen, y fue aplaudido por parte del público presente. Este hecho reveló el profundo nivel de impunidad y complicidad que puede operar incluso en espacios institucionales que se presentan como mecanismos de “diálogo” y “reparación”.

Detrás de esta postal institucional de “avance en derechos”, se esconde una historia mucho más compleja, dolorosa y profundamente política: la larga y valiente lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios ancestrales frente al despojo, la violencia y el racismo estructural. Lejos de hacer justicia a esta memoria, el comunicado del INDER se inscribe en una estrategia más amplia de blanqueamiento institucional del conflicto territorial indígena, que despoja a los pueblos no solo de su tierra, sino también de su relato y de su protagonismo histórico.

En esta nota proponemos un recorrido por los principales hitos de la recuperación de tierras desde 2010, las implicaciones políticas y sociales vividas por los pueblos, las formas en que el Estado ha intentado neutralizar o apropiarse de la lucha, y una reflexión final sobre la tierra como bien común, no como propiedad ni mercancía.
Una década de recuperación y resistencia: línea del tiempo crítica (2010–2025)

2010 – Los pueblos originarios de Costa Rica presentan ante la Asamblea Legislativa su propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo, elaborada colectivamente para garantizar su derecho a decidir sobre sus territorios, autoridades y formas de vida. Ante la indiferencia del poder legislativo, surge una nueva consigna que marcará la década siguiente: “Hacemos la autonomía en los territorios”.
Comienza así una nueva etapa de recuperación directa de tierras usurpadas, especialmente en territorios del sur como bribri de Salitre, bribri de Cabagra, cabécar de China Kichá y bröran de Térraba.

2012–2018 – Los procesos de recuperación se intensifican. Las comunidades logran retomar importantes extensiones de tierra, a pesar de las constantes agresiones por parte de terratenientes, fuerzas policiales e incluso funcionarios públicos.
Los ataques incluyen:

– quema de cultivos,

– destrucción de viviendas,

– amenazas de muerte,

– campañas de criminalización en medios de comunicación locales.

El Estado, lejos de garantizar derechos, se mantiene ausente o cómplice.

2015 –Ante las crecientes denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares para los pueblos bribri de Salitre y bröran de Térraba. A pesar de ello, las agresiones continúan y el Estado costarricense incumple reiteradamente las recomendaciones internacionales.

2019- El conflicto alcanza un punto crítico con el asesinato de Sergio Rojas, reconocido líder bribri de Salitre y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Rojas fue ejecutado por sicarios vinculados a intereses terratenientes en su propia casa.
El crimen sigue impune hasta hoy, marcando una herida profunda para el movimiento indígena y evidenciando la negligencia estatal.

2020- Apenas un año después, en febrero, es asesinado Jerhy Rivera, líder brörán de Térraba. Recibió cinco disparos por la espalda durante una acción de recuperación en la zona de Mano de Tigre.
Ambos crímenes revelan que la lucha por la tierra en Costa Rica sigue costando vidas. La pandemia por COVID-19 no detuvo las recuperaciones; al contrario, las comunidades indígenas fortalecieron su organización y estrategias de cuidado territorial ante la ausencia del Estado.

2022- Durante una actividad oficial de la Mesa Técnica Interinstitucional en Buenos Aires de Puntarenas, Luis Eduardo Varela Rojas, acusado por la Fiscalía como autor del homicidio de Jerhy Rivera, confiesa públicamente el crimen y es aplaudido por parte de los asistentes. Este acto evidencia la continuidad de la impunidad y el riesgo que corren los pueblos indígenas incluso en espacios institucionales que supuestamente velan por sus derechos.

2021–2023- Pese al miedo, la impunidad y la criminalización, los pueblos continúan recuperando tierra y reafirmando su autonomía. Mientras tanto, el Estado insiste en reconocer únicamente a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) como interlocutores válidos, aunque muchas comunidades las consideran estructuras impuestas y ajenas a su legitimidad.

2025- El INDER publica su comunicado sobre la “indemnización” de fincas en territorios indígenas. En lugar de reconocer que esas tierras fueron recuperadas por las comunidades con riesgo y sacrificio, el Estado se presenta como promotor de una solución técnica, institucional y pacífica.
Este gesto, aparentemente inofensivo, constituye en realidad una operación simbólica de blanqueamiento del conflicto y de apropiación del relato indígena.

¿Cómo entender esto? Blanqueamiento institucional: borrar el conflicto, borrar a los pueblos

El blanqueamiento institucional es una forma de violencia simbólica. Consiste en ocultar los procesos históricos reales de lucha y despojo para sustituirlos por un relato neutral, administrativo o benevolente. Este relato:

  1. Presenta las indemnizaciones como logros de buena voluntad estatal, ignorando la presión, las muertes y las recuperaciones previas.
  2. Evita nombrar el racismo estructural que sostiene el despojo de tierras en Costa Rica.
  3. Invisibiliza a las verdaderas autoridades tradicionales (como los consejos de mayores o liderazgos comunitarios), al validar exclusivamente a las ADI.
  4. Institucionaliza la narrativa, al imponer la idea de que el progreso solo es posible dentro de los marcos legales del Estado, deslegitimando la acción directa de los pueblos.
  5. Neutraliza el conflicto en nombre de la paz social, borrando el hecho de que ha sido la resistencia indígena la que ha mantenido viva la posibilidad de justicia.

Este proceso no es nuevo. Es la continuación del colonialismo por otros medios.

Tierra, bienes comunes y defensa de la vida

Para los pueblos originarios, la tierra no es una propiedad que se compra, se vende o se “indemniza”. Es un territorio ancestral, un espacio de vida colectiva, espiritualidad, memoria y organización comunitaria. La tierra es madre y principio de reciprocidad. Es un bien común en el sentido más profundo del término.

Recuperar tierras, entonces, no es solo resolver un problema legal o habitacional. Es reparar una herida histórica, ejercer soberanía cultural y política, reactivar la vida comunitaria y reestablecer un equilibrio roto por siglos de despojo.

Frente a un modelo de desarrollo basado en la acumulación, la propiedad privada y el extractivismo, los pueblos indígenas nos recuerdan que los bienes comunes no se mercantilizan: se cuidan colectivamente.

Lo que está en juego

Lo que el Estado no dice en sus comunicados es que la lucha por la tierra sigue activa. Que los asesinos de Sergio y Jerhy siguen libres. Que muchas familias indígenas aún viven bajo amenaza. Que la institucionalidad prefiere el silencio antes que enfrentar el racismo estructural que la atraviesa.

Lo que está en juego no es solo la propiedad de unas hectáreas. Es la dignidad de los pueblos, su derecho a existir en sus propios términos, su posibilidad de futuro.

Cuando el INDER celebra la indemnización de fincas como si fueran conquistas estatales, sin nombrar a quienes han resistido, luchado y muerto por ellas, no solo falta a la verdad: contribuye activamente a la impunidad y a la continuidad del despojo.

Y más aún: perpetúa una lógica en la que el Estado se presenta como garante de derechos, mientras en sus propias actividades oficiales se aplaude públicamente a quienes atentan contra la vida de los defensores territoriales. Esa contradicción no es anecdótica: es estructural.

Mientras el crimen se normaliza en actos institucionales, hablar de reparación o justicia es una farsa. Solo el compromiso con una justicia territorial y restaurativa —que parta del reconocimiento pleno de la memoria, la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios— puede empezar a saldar esta deuda histórica.

Esta justicia no puede limitarse a castigos individuales ni a simples indemnizaciones: debe incluir la devolución efectiva de territorios, el respeto a las formas propias de organización y resolución de conflictos, la reparación simbólica y colectiva, y el reconocimiento de la verdad histórica del despojo y la violencia. En otras palabras, una justicia que se construya con y desde los pueblos, no en su nombre pero sin ellos.

Referencias

Delfino.cr. (2022, 24 de agosto). Pueblos indígenas de la zona sur registraron 63 agresiones durante el 2021. Delfino.cr. https://delfino.cr/2022/08/pueblos-indigenas-de-la-zona-sur-registraron-63-agresiones-durante-el-2021

Delfino.cr. (2023, 7 de febrero). Frente Nacional de Pueblos Indígenas confirma que seguirán adelante con recuperaciones de tierras. https://delfino.cr/2023/02/frente-nacional-de-pueblos-indigenas-confirma-que-seguiran-adelante-con-recuperaciones-de-tierras

Delfino.cr. (2023, 21 de marzo). Celebrar para resistir: Pueblo indígena de Salitre conmemoró el cuarto aniversario del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Delfino.cr. https://delfino.cr/2023/03/celebrar-para-resistir-pueblo-indigena-de-salitre-conmemoro-el-cuarto-aniversario-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz

Pomareda García, Fabiola. (2022, 18 de agosto). Presunto asesino de indígena Jerhy Rivera confiesa el asesinato en actividad oficial en Buenos Aires, donde lo aplauden y vitorean. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/

Mora Calderón, José Antonio, y Solís Aguilar, David. (2020). Recuperaciones de tierras de pueblos originarios en Costa Rica: La pandemia como contexto. En Senti-pensarnos tierra: Número 1 (pp. 81–86). Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica. https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/Senti-pensarnos-tierra.pdf

Moya Aburto, César, Gutiérrez Slon, Juan Antonio, Delgado Morales, Mariana, y Sivas Sivas, Pablo. (2020). Acciones comunitarias e institucionales en territorios indígenas frente a la enfermedad global: Duwé. Rupturas, 10(Especial COVID-19), 101–110. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/issue/view/275

Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2023, 4 de octubre). ¿Qué ha pasado con las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/127-que-ha-pasado-con-las-recuperaciones

Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2024, 15 de mayo). ¿En qué punto están las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/145-en-que-punto-las-recuperaciones

Voces Nuestras. (2021, 11 de agosto). Las recuperaciones de tierras de pueblos originarios son legítimas y justas, afirman. https://vocesnuestras.org/las-recuperaciones-de-tierras-de-pueblos-originarios-son-legitimas-y-justas-afirman/

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Convocatoria – Proceso de Reflexión – Auditoría social ¿Estamos pensando en nuestro bien-estar?

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🌱 Herramientas colectivas para cuidar lo común, defender derechos y transformar el territorio

En tiempos de crisis social y ambiental, la vigilancia ciudadana no puede quedarse solo en lo técnico. Auditar desde las comunidades es una forma de acción colectiva, de defensa del territorio, del cuerpo, del agua, de la vida.

Por eso, te invitamos al curso “Auditoría social desde la educación popular”, una propuesta formativa que parte de una pregunta clave:
¿Esto mejora o deteriora el bienestar de nuestras comunidades?

¿Qué es la auditoría social?

La auditoría social es una práctica mediante la cual las personas y comunidades organizadas vigilan, evalúan y exigen el cumplimiento de derechos y el uso justo y transparente de los recursos públicos. Pero, desde una mirada popular y territorial, auditar es también cuidar lo común: decidir colectivamente sobre nuestros cuerpos, tierras, servicios y modos de vida.

No se trata solo de revisar presupuestos o informes oficiales. Se trata de proteger el agua, exigir salud digna, mejorar la educación, denunciar proyectos que amenazan el territorio y promover formas de vida que respeten los saberes y autonomías locales.

¿Qué propone el curso?

Este espacio formativo busca poner en el centro el bienestar comunitario y la participación real. Para eso, proponemos:

  • Fortalecer la organización comunitaria como base de la vigilancia popular.

  • Aprender herramientas accesibles de monitoreo e incidencia.

  • Valorar la protesta, la comunicación popular y la acción pública como estrategias legítimas.

  • Construir indicadores comunitarios de bienestar, desde nuestras propias prioridades, afectos y luchas.

🗓 Fechas y detalles

Modalidad presencial – Gratuito
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de julio de 2025
Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, UCR, San Pedro, Montes de Oca
Horarios disponibles:

  • Grupo A: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

  • Grupo B: 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

📌 ¿A quién está dirigido?

A personas, colectivos y organizaciones sociales, políticas o culturales interesadas en fortalecer procesos comunitarios desde una pedagogía crítica, participativa y transformadora. No se requieren conocimientos técnicos previos. Cupo limitado.

📝 Proceso de inscripción

🗓 Del 2 al 16 de junio de 2025
📲 Formulario de inscripción:
👉 https://forms.gle/pGvh7TJYnAz915Zu8

Pueden descargar la convocatoria aquí

💬 Porque auditar también es decir:

“Esto no nos sirve… y aquí proponemos otra forma.”

Te esperamos para construir colectivamente herramientas que fortalezcan las luchas por la vida digna y el cuidado de lo común.

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Comunicado de prensa sobre desinformación en torno a ocupaciones en la zona pública costera Caribe Sur Costa Rica

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología comparte el siguiente Comunicado de Prensa dirigido a todos los ocupantes del Caribe Sur, particularmente a quienes se encuentran dentro de la zona marítimo-terrestre del litoral del Cantón de Talamanca. Este documento tiene como propósito aclarar rumores infundados y reafirmar el compromiso de la organización con la defensa de los derechos de las comunidades locales.

Se recomienda su lectura completa y la difusión responsable de su contenido.

Comunicado de Prensa

Dirigido a todos los ocupantes del Caribe Sur ubicados dentro de la zona marítimo-terrestre del litoral del Cantón de Talamanca

Estimados vecinos y ocupantes del Caribe Sur,

Reciban un cordial saludo. A través de este comunicado, deseo aclarar de manera enfática los rumores infundados que sugieren que mi organización y yo estamos trabajando en desalojar a los pobladores ubicados dentro de la zona marítimo-terrestre del Cantón de Talamanca. Esta afirmación es absolutamente falsa.

La única denuncia que hemos gestionado en relación con los 50 metros de la zona pública se dirige exclusivamente contra el restaurante Stanford, recientemente reconstruido en Puerto Viejo. Dicho establecimiento enfrenta, desde el año 2022, dos procesos legales interpuestos por la Municipalidad de Talamanca por construcción ilegal. Nuestra gestión se centra específicamente en la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales y la consecuente descarga de aguas residuales al mar.

Hacemos esta aclaración porque hemos tenido conocimiento de personas que están ofreciendo servicios legales para supuestamente defender ocupaciones ilegales dentro de los 50 metros de la zona pública. Advertimos que estas ofertas podrían constituir una estafa, ya que no existe en este momento ninguna amenaza de desalojo en curso. Por el contrario, nuestra lucha contra el plan regulador costero de Talamanca ha tenido como objetivo principal apoyar y evitar el desalojo de las personas ubicadas dentro de la zona marítimo-terrestre.

Reiteramos que la oposición al plan regulador costero de Talamanca es un asunto técnico-legal que ha requerido el trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por biólogos, geógrafos, abogados y topógrafos. Cualquier persona que ofrezca realizar una defensa de los ocupantes de los 50 metros de la zona pública está mintiendo y posiblemente estafando, ya que, conforme a la Ley 6043, no existe ningún proceso de desalojo ni posibilidad alguna de consolidar derechos dentro de la zona pública de la zona marítimo-terrestre. Además, cada ocupación dentro de esta zona tiene sus particularidades, por lo que no se puede generalizar ni crear falsas expectativas de derechos donde la ley es clara en que no existen. Recomendamos encarecidamente buscar abogados con experiencia en la materia para cualquier consulta legal.

Agradecemos su atención y los exhortamos a informarse a través de fuentes confiables para evitar caer en engaños. Seguimos comprometidos con la defensa de los derechos de las comunidades del Caribe Sur.

Atentamente,

Marco Levy

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Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

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Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

 

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

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Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense

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En el Caribe Sur de Costa Rica, la destrucción de humedales y ecosistemas forestales ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sostenida, violenta y, en muchos casos, normalizada. Testimonios recientes de personas que habitan la zona dan cuenta de un patrón repetitivo que amenaza no solo la biodiversidad, sino también el tejido social y cultural de las comunidades locales.

“Esa es la táctica que están usando todos: sacan la última madera del terreno, muchas veces con permisos ilegales, y luego vienen con maquinaria pesada para escarbar, secar y rellenar”, explica un vecino. Este “monoaprovechamiento”, como se le llama localmente, inicia con la tala masiva y la salida de madera en camiones, incluso con decomisos registrados por parte de las autoridades. En una segunda etapa, ingresan dragas y excavadoras que alteran el curso natural del agua, removiendo grandes cantidades de tierra. Posteriormente, el terreno es rellenado con material traído de otros sitios, a menudo de áreas montañosas como en Bribri, donde incluso se reporta el desmonte de lomas enteras para alimentar el negocio del relleno.

En zonas como Cahuita, Puerto Viejo y alrededores, este modelo destructivo se ha intensificado. En las últimas semanas, árboles han sido talados y quemados a plena vista del público. Aunque en algunos casos se han enviado a las autoridades —como una intervención de la Fiscalía que logró tapar un canal ilegal—, muchas otras acciones quedan sin respuesta. La falta de vigilancia y la limitada capacidad de fiscalización local permite que estos proyectos sigan avanzando.

La indignación de quienes sí denuncian es evidente: “Llamás a todo el mundo, pero nadie actúa. ¿Cómo puede ser que uno ve todo esto y nadie hace nada?”, se pregunta con frustración un residente, quien ha presentado múltiples denuncias sin éxito. La complicidad institucional, ya sea por omisión o por intereses económicos, parece estar en el centro del problema. En palabras del denunciante, “la municipalidad protege a estos clientes porque pagan muchos impuestos”.

Esta nota se realizó gracias a la participación de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con el seguimiento y monitoreo de estas prácticas ilegales en la región. Su trabajo sostenido ha sido clave para visibilizar la devastación y exigir respuestas ante la impunidad ambiental.

A pesar del temor, la impotencia y el desgaste, estas voces también nos recuerdan la importancia de no quedarse en silencio. Cada denuncia, cada foto, cada testimonio es una forma de documentar un proceso que pretende operar en la sombra. Frente a un modelo extractivo que actúa con rapidez, organización y recursos, la defensa del territorio necesita igual o mayor determinación.

La situación en el Caribe Sur evidencia una urgencia: la de detener el avance de este tipo de destrucción ambiental antes de que los humedales desaparezcan completamente y con ellos, la posibilidad de una vida en equilibrio con la naturaleza.

Cambio de uso del suelo en el Caribe Sur: una práctica organizada con consecuencias irreversibles

Lo que está ocurriendo en el Caribe Sur de Costa Rica no es solo una sucesión de hechos aislados de tala y relleno de humedales. Detrás de cada árbol caído y cada terreno drenado, existe un patrón de acción estructurado que responde a intereses económicos específicos, articulados con redes de impunidad institucional. Este cambio de uso del suelo —de humedales y bosques a áreas urbanizadas o comerciales— no solo viola normativas ambientales, sino que genera impactos ecológicos irreversibles.

Los testimonios recabados muestran cómo esta transformación del territorio sigue etapas claras: tala de árboles, extracción de madera, dragado con maquinaria pesada, desvío de aguas y relleno con tierra transportada desde otras zonas. Esta cadena de acciones, aparentemente legalizada a través de permisos dudosos o el silencio cómplice de autoridades locales, permite ocultar un daño profundo: la desaparición de ecosistemas clave como humedales, que cumplen funciones vitales en la regulación del agua, el control de inundaciones y el sustento de la biodiversidad.

El cambio de uso del suelo en zonas protegidas o ambientalmente sensibles implica, además, una ruptura del equilibrio ecológico que difícilmente puede revertirse. La compactación del suelo, la alteración de los ciclos hídricos y la pérdida de cobertura vegetal afectan no solo a especies animales y vegetales, sino también a las comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas para su vida cotidiana, su cultura y su economía local.

Estas formas de ocupación del territorio, que avanzan en silencio o bajo apariencia de legalidad, responden a lógicas extractivas y especulativas: el valor económico del terreno aumenta una vez transformado, y las inversiones en infraestructura sustituyen los valores ecológicos por valores de mercado. El resultado es un proceso de gentrificación ambiental donde se priorizan intereses privados por encima del bien común y los derechos de las comunidades.

Frente a este escenario, es urgente reconocer que no se trata solo de delitos ambientales, sino de un modelo territorial que amenaza la sostenibilidad de la región. Visibilizar estos patrones, denunciar su lógica estructural y exigir una respuesta coherente del Estado no es solo una acción legal: es un acto de defensa del futuro.

El negocio detrás del relleno de humedales

El relleno de humedales ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un negocio estructurado y lucrativo. Empresas dedicadas al movimiento de tierra y al raspado de lomas operan activamente en la zona, extrayendo grandes volúmenes de material que luego se usa para rellenar humedales, quebradas y zonas inundables. Este proceso, que incluye el uso frecuente de bagonetas, se realiza muchas veces sin permisos ambientales o con el aval de autoridades que hacen caso omiso a las denuncias. El relleno permite “recuperar” terrenos a bajo costo, que luego se valorizan para fines turísticos, habitacionales o comerciales. Esta cadena de ilegalidades genera ganancias para operadores privados, mientras acelera la pérdida irreversible de ecosistemas, la alteración de flujos de agua y el aumento del riesgo de inundaciones. Todo esto ocurre en medio de una débil fiscalización estatal y un modelo de desarrollo que prioriza la especulación sobre la protección ambiental.

Galería
Quema de árboles
Este registro fotográfico corresponde al 16 de mayo del 2025
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Cuando la queja se vuelve colectiva: Bribri y comunidades vecinas ante el abandono institucional

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El caso del quebrador en Bribrí y la fuerza de la queja

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Todo el mundo lo permitió

“Porque eso fue permitido por todos. Yo tengo los documentos donde ellos se lavan las manos, donde dice que eso no les corresponde a ellos…”

Esta frase, dicha por una vecina afectada, resume con crudeza lo que muchas comunidades viven cuando enfrentan situaciones de injusticia ambiental: la omisión, el silencio o la complicidad de las instituciones encargadas de protegerlas.

La operación del quebrador de piedra, ubicado a menos de 100 metros del centro de Bribrí, fue conocida durante años por diversas instancias competentes. Su cercanía con viviendas y un centro educativo, junto con los impactos evidentes en salud, ambiente y calidad de vida, hacían ineludible su revisión. Sin embargo, las instituciones se desentendieron una tras otra, muchas veces alegando que no era de su competencia. En ese contexto, nadie asumió la responsabilidad de forma oportuna.

Lo que marcó la diferencia no fue la voluntad estatal, sino la insistencia comunitaria. Las personas afectadas, lejos de resignarse, documentaron la situación, elevaron oficios, solicitaron inspecciones, convocaron reuniones y visibilizaron el conflicto por diversos medios. Esa persistencia fue la única herramienta que permitió resolver, al menos parcialmente, los impactos más inmediatos en el entorno escolar.

Esta historia no trata solo de un predio. Trata de un sistema que prefiere callar ante los abusos, y de comunidades que, al decidir no guardar silencio, se convierten en defensoras activas de sus derechos y de los bienes comunes que sostienen la vida.

Una problemática que resonaba a diario

En el corazón de Bribrí, Talamanca, un quebrador de piedra operó durante años en una zona residencial, generando preocupación en más de diez comunidades cercanas como Volio, Buena Vista, Pueblo Nuevo, La Unión, Chasse, San Box, Fields 1, Fields 2, Rancho Grande, Cataratas y Olivia. Según relatan personas vecinas, la maquinaria pesada funcionaba desde horas muy tempranas de la mañana hasta bien entrada la noche —a veces hasta las 9:00 o 10:00 p.m.—, emitiendo un ruido constante y ensordecedor a través de cadenas, poleas y motores, intensificado por el eco de la montaña. A ello se sumaban el polvo suspendido en el aire y la vibración del suelo, que, de acuerdo con los testimonios, hacían de la vida cotidiana un entorno hostil y desgastante.

Impactos directos en la educación y la salud

El predio se encontraba justo detrás de la Escuela Líder de Bribrí, donde se atiende a cerca de 360 estudiantes y 35 docentes, incluyendo aulas para niñas y niños con necesidades educativas especiales. En el mismo recinto funciona un CINDEA, con clases vespertinas hasta las 10:00 p.m. El ruido perturbaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligaba a docentes y estudiantes a alzar la voz constantemente y generaba un ambiente de tensión y malestar generalizado.

Permisos, respuestas evasivas y contradicciones institucionales

Aunque el proyecto contaba con un permiso emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según se consigna en la resolución N.º 0887-2023, la percepción vecinal es que la operación se realizaba en un área distinta a la autorizada. Desde 2022, personas vecinas buscaron aclaraciones y acciones a través de la municipalidad y otras instituciones, sin éxito. Fueron remitidas de oficina en oficina, enfrentando tácticas dilatorias y falta total de respuestas concretas.

Testimonios recogidos apuntan a que supuestamente la empresa operadora tendría vínculos estrechos con autoridades municipales y del Ministerio de Salud, lo cual habría facilitado la continuidad de la operación pese a estos cuestionamientos. Aunque las resoluciones no hacen referencia a tales vínculos, la connivencia entre intereses privados y el aparato institucional ha sido una constante denunciada por la comunidad.

Un logro parcial reconocido institucionalmente

Durante años, la operación del quebrador continuó sin intervención efectiva. No obstante, como resultado de denuncias anónimas —según consta en las resoluciones N.º 0825-2023 y N.º 0392-2024 de la Dirección de Geología y Minas—, se emitieron directrices técnicas a la concesionaria del expediente minero 1-2011, para detener actividades en la sección superior del sitio, lo cual fue verificado mediante inspección técnica.

Dichas resoluciones reconocen que se cesaron las operaciones en los sitios denunciados, permitiendo la recuperación natural de los bancos arenosos en la zona afectada, y por ello procedieron a cerrar las denuncias. Si bien este cese constituye un logro parcial significativo para la comunidad, el conflicto no se ha resuelto por completo. Persisten problemáticas que no fueron abordadas en esos procedimientos administrativos.

Aunque la victoria fue parcial, el conflicto persiste

La persistencia de la comunidad en Bribrí logró un avance concreto al cesar las operaciones del quebrador de piedra en la zona cercana a la Escuela Líder, lo cual mejoró, aunque de forma limitada, las condiciones para la comunidad educativa. Sin embargo, esta victoria no ha sido total, ya que el conflicto persiste en otros frentes.

El tránsito de maquinaria pesada sigue siendo un problema recurrente en Bribrí, afectando no solo el ambiente, sino también la calidad de vida de las personas. A pesar de la suspensión parcial de las actividades del quebrador, continúan movilizando maquinaria por las calles de la comunidad, lo que genera efectos similares: polvo constante en el aire, vibraciones del suelo y un ruido ensordecedor. Además del malestar cotidiano, esto representa un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente estudiantes y adultos mayores.

Esta actividad, que debería estar regulada y supervisada por las autoridades competentes, sigue ocurriendo sin un control adecuado, lo que pone de manifiesto una vez más la debilidad del sistema institucional para garantizar la protección de derechos colectivos frente a intereses económicos.

La organización comunitaria como defensa de lo común

El logro de la comunidad en la resolución parcial del problema con el quebrador es una muestra de la capacidad de resistencia frente a las injusticias. No obstante, también evidencia que el conflicto ambiental y social sigue latente. La lucha no termina con esta victoria parcial: sigue siendo necesario mantener la presión para garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad, y que las empresas respeten los derechos de las comunidades.

Es claro que la organización vecinal no solo puede transformar situaciones inmediatas, sino que también debe continuar enfrentando los desafíos a largo plazo. Visibilizar, documentar, presionar y proponer son acciones fundamentales para sostener un modelo de desarrollo que respete la vida comunitaria y el entorno.

La queja como defensa de los bienes comunes

Este conflicto en Bribrí trasciende lo local: es una muestra de cómo las comunidades defienden lo que es de todas y todos. El aire limpio, la salud, la tranquilidad, el derecho a estudiar sin ruidos o polvaredas, son bienes comunes que no pueden sacrificarse en nombre del desarrollo económico de unos pocos.

La queja vecinal no es un acto de debilidad ni de quejumbre infundada. Es una forma legítima y necesaria de participación ciudadana. A través de ella se activa la memoria, se denuncian los abusos y se exige respeto por el territorio y quienes lo habitan. Cuando una comunidad se organiza para proteger lo común, está ejerciendo su soberanía frente a un modelo de desarrollo que, muchas veces, olvida para quién debería construirse.

Defender lo común implica incomodar. Pero también implica cuidar. Porque cada vez que una comunidad decide no callar, está sembrando dignidad en su territorio.¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?

¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?

Cuando maquinaria pesada opera cerca de viviendas, escuelas o espacios públicos, los efectos trascienden lo visual y auditivo. Estos son algunos de los impactos más relevantes:

Contaminación por polvo
  • Problemas respiratorios: Exposición constante a partículas finas provoca o agrava enfermedades como asma, bronquitis y rinitis.
  • Irritación ocular y dérmica: El polvo puede causar molestias en ojos y piel.
  • Afectación de bienes y espacios: Se ensucian constantemente casas, escuelas y negocios; se deterioran equipos, materiales escolares y alimentos.
  • Contaminación del agua: Las partículas en suspensión pueden depositarse en fuentes de agua potable o sistemas de captación.
Contaminación sonora
  • Estrés crónico y fatiga: El ruido constante impide el descanso, genera irritabilidad y afecta la salud mental.
  • Pérdida auditiva: La exposición prolongada a altos decibeles puede causar daños irreversibles, especialmente en la niñez.
  • Impacto emocional: Aumenta la ansiedad, afecta el estado de ánimo y altera las relaciones sociales.
  • Deterioro de la vida comunitaria: Las personas evitan el contacto social, deben gritar para comunicarse y se aíslan.

Ignorar estos impactos es vulnerar derechos fundamentales como la salud, el descanso, la educación y el ambiente sano. Por eso, visibilizarlos y exigir respuestas es un acto urgente de justicia.

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Flexibilización ambiental en el reglamento de vertidos: un riesgo para el agua de Costa Rica

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El Gobierno de Costa Rica avanza hacia la desregulación y flexibilización de su normativa ambiental. Tras la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, ahora se presenta una propuesta para modificar el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.

Esta tendencia se evidencia en los argumentos oficiales, donde se afirma que:

“La simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar los procesos que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo las cargas para los administrados.”(Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales – Ministerio de Salud, 2024)

Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿Quiénes realmente se benefician de esta flexibilización normativa? La propuesta no incluye mecanismos efectivos para garantizar la participación de las comunidades que podrían verse afectadas por vertidos de aguas residuales, ni contempla medidas claras para mitigar su impacto en el medio ambiente y la salud pública.

La importancia de regular los vertidos en cuerpos de agua

Los cuerpos de agua son esenciales para la vida, no solo por su uso en actividades humanas como el consumo, la agricultura o la industria, sino también por su papel fundamental en la conservación de ecosistemas y especies. La contaminación por vertidos no regulados amenaza la biodiversidad, afecta la calidad del agua potable y genera riesgos a la salud pública. Regulaciones claras y estrictas no solo protegen estos recursos, sino que también garantizan el acceso equitativo y sostenible a un bien común vital.

Nuestra infografía analiza expone las principales ausencias de la reforma y busca abrir el debate sobre las implicaciones de esta política de flexibilización ambiental que está marcando la gestión pública en Costa Rica.

Pueden ver la propuesta de reglamento aquí.

También recomendamos para profundizar la temática el libro «Calidad de agua: Salud de los ecosistemas y salud humana«, dónde se analiza cómo los vertidos de aguas residuales afectan la calidad del agua y los ecosistemas. Resalta la necesidad de regulaciones estrictas para mitigar la contaminación por nutrientes, metales pesados y contaminantes emergentes, promoviendo políticas sostenibles y tecnologías para el tratamiento adecuado de los vertimientos.

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Exestibadores de Limón: Luchando por la dignidad

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El documento «Trayectos y luchas de los exestibadores» analiza la experiencia de los antiguos trabajadores portuarios de Limón, Costa Rica, quienes enfrentaron la pérdida de sus derechos laborales tras las reformas neoliberales de 1995. Este relato histórico destaca la resistencia y organización comunitaria como claves en la defensa de la justicia social frente al despojo económico.

¿Por qué leerlo?

Este texto visibiliza una lucha que trasciende generaciones: familias enteras que, a partir de la memoria histórica y la cohesión comunitaria, han defendido el trabajo digno y los bienes comunes sociales. La historia de los exestibadores es un llamado a repensar los modelos de desarrollo y a fortalecer la equidad social en contextos de exclusión.

Profundiza la historia de los exestibadores y reflexiona cómo el impulso del compañerismo y la acción colectiva son dimensiones para sostener e impulsar la defensa de los derechos laborales.

Pueden descargar el documento aquí.