El informe De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos (2025) revela cómo actores ultraconservadores españoles —como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGO, la Political Network for Values (PNfV) y Vox— han extendido sus redes de influencia hacia América Latina y África, configurando un entramado transnacional que ataca los derechos sexuales y reproductivos.
Desde una lectura crítica de los bienes comunes sociales, esta ofensiva puede entenderse como un intento de cercar la autonomía de las personas y de restringir la dimensión pública del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, un bien común que sostiene la igualdad y la democracia.
En el caso centroamericano, la investigación muestra que la ofensiva no se limita a lo religioso o moral, sino que forma parte de proyectos de poder que buscan reinstalar jerarquías de género, clase y raza, bajo narrativas de defensa de la “familia” y la “vida”. Estas estrategias se articulan con redes españolas y estadounidenses que trasladan recursos, discursos y formación política hacia élites conservadoras locales.
Tendencias regionales
La región centroamericana exhibe una serie de tendencias preocupantes:
Captura institucional y jurídica: en países como Guatemala y El Salvador, las élites vinculadas al Opus Dei y a organizaciones “provida” han logrado bloquear reformas legales y judiciales, imponiendo marcos regresivos que penalizan totalmente el aborto y obstaculizan la educación sexual integral.
Convergencia transnacional: redes como PNfV y CitizenGO utilizan la retórica de la “defensa de los valores” para articular campañas digitales, congresos y formación de cuadros políticos que difunden la ideología antigénero.
Colonialidad persistente: la apelación a la “hispanidad” y al legado católico sirve como vehículo cultural y simbólico para justificar un tutelaje moral sobre América Latina, replicando lógicas coloniales.
El espejo costarricense: cuando los derechos conquistados empiezan a ceder
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.
A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.
En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.
En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.
Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.
Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.
En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.
Los derechos reproductivos como bienes comunes sociales
Esta dimensión de los derechos son más que libertades individuales: constituyen una infraestructura colectiva que sostiene la autonomía, la equidad y la democracia. Son bienes que requieren de instituciones, saberes y redes de cuidado compartidas.
Su defensa implica reconocer que el cuerpo, la salud y la sexualidad son territorios comunes, no propiedad del Estado ni de las iglesias. La ofensiva ultraconservadora busca privatizar este bien común, subordinándolo a la moral religiosa y al control patriarcal, restringiendo la capacidad de las mujeres y disidencias para decidir sobre su vida y su futuro.
Proteger estos derechos exige fortalecer la educación sexual integral, las redes feministas y los espacios de deliberación ciudadana. También implica comprender la interdependencia entre justicia social, justicia de género y justicia epistemológica: sin acceso equitativo al conocimiento y a la autodeterminación corporal, no hay democracia viva.
Bordar la esperanza: cuerpos, saberes y futuro compartido
La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.
A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.
En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.
En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.
Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.
Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.
En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.
Glosario de conceptos clave
Bienes comunes sociales: recursos, derechos y prácticas colectivas que sostienen la vida social y no deben ser mercantilizados ni apropiados por élites políticas o religiosas.
Ofensiva antigénero: estrategia transnacional de actores ultraconservadores que buscan revertir los avances en derechos sexuales, reproductivos y de género.
Ideología de género: categoría fabricada por sectores conservadores para desacreditar el feminismo y las políticas de igualdad, presentada falsamente como amenaza cultural.
Cercamiento del cuerpo: proceso de apropiación y control del cuerpo y la sexualidad mediante leyes, discursos y moralismos que restringen la autonomía individual.
Ultraderecha transnacional: red política y cultural que articula actores religiosos, mediáticos y partidarios con el objetivo de construir hegemonía a través de la “guerra cultural”.
