Uncategorized archivos - Observatorio de Bienes Comunes

¿De quién es la nube? Centros de datos, bienes comunes y territorio en Costa Rica

septiembre 14, 2026

with No Comment Uncategorized

Antes de leer: escucha lo que suena la nube

Antes de sumergirte en esta nota, te proponemos algo poco habitual: escuchar un centro de datos.

El video que acompaña a este texto no muestra paisajes ni personas. No hay entrevistas ni gráficos. Solo el sonido ambiente de una instalación real: el zumbido constante de los ventiladores, el rumor mecánico de los sistemas de refrigeración, el pulso eléctrico de miles de servidores trabajando sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es un sonido que muchas comunidades vecinas conocen demasiado bien. Lo escuchan al despertar, al intentar dormir, al trabajar, al conversar. Es un sonido que no se detiene y que, en muchos casos, se convierte en una presencia permanente que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida.

La nube, esa metáfora que usamos para hablar de lo digital, suena. Y suena fuerte.

Te invitamos a escuchar el video con atención. Sube el volumen si puedes. Cierra los ojos si quieres. Imagina que ese sonido está frente a tu casa, a pocos metros de tu ventana, y que no va a detenerse. Porque para muchas personas, esa es la realidad cotidiana de vivir cerca de un centro de datos.

Una vez que hayas escuchado, te invitamos a leer el resto de la nota. Allí encontrarás datos, contextos y preguntas sobre lo que significa construir esta infraestructura en nuestros territorios. Pero antes, el sonido. Porque la nube no es silenciosa. Y tampoco es inmaterial.

Cuando hablamos de la nube solemos imaginar un espacio casi inmaterial donde se almacenan nuestros archivos, circulan nuestras comunicaciones y funcionan las aplicaciones que utilizamos todos los días. Sin embargo, la nube tiene una geografía concreta. Detrás de cada servicio digital existen edificios, servidores, cables, sistemas de refrigeración, redes eléctricas, agua, minerales y trabajo humano. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está haciendo crecer rápidamente esta infraestructura y, con ella, también la demanda de recursos que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada.

Costa Rica no está al margen de este proceso. El país ya cuenta con infraestructura de centros de datos y las proyecciones disponibles apuntan a un crecimiento importante de la demanda durante los próximos años. Una estimación reciente identifica 18 centros de datos operados por 11 proveedores y señala una fuerte concentración de esta capacidad en San José (Camarillo, 2026). Este crecimiento obliga a ampliar una conversación que hasta ahora suele presentarse principalmente en términos de inversión, conectividad e innovación tecnológica.

La pregunta es sencilla: ¿qué necesita el país para sostener esta nueva infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos?

La nube tiene territorio y también tiene sed

Un centro de datos no es solamente un conjunto de computadoras. Es una infraestructura física que debe operar continuamente y que requiere electricidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo. Los servidores producen calor y ese calor debe ser disipado de manera permanente. Por eso, el funcionamiento de la economía digital está estrechamente relacionado con los flujos de energía, agua y materiales.

El estudio The Cloud Is Material(2022) propone precisamente mirar la nube desde esta dimensión material. Los servicios digitales descansan sobre una infraestructura que consume energía y agua, utiliza minerales y componentes electrónicos, produce calor y genera residuos. Lo que parece ocurrir en un espacio virtual depende, en realidad, de territorios concretos.

Un aspecto crítico, y a menudo pasado por alto, es el consumo de agua. Un estudio publicado en npj Clean Water (2021) revela que los centros de datos consumen agua de dos formas principales: de manera indirecta, a través de la generación de electricidad (especialmente en plantas termoeléctricas que requieren agua para enfriarse), y de manera directa, para refrigerar los servidores. Para dimensionar esto, un centro de datos mediano (15 MW) puede usar tanta agua como tres hospitales promedio o más de dos campos de golf de 18 hoyos. A nivel global, se estima que en 2014 los centros de datos en Estados Unidos consumieron 626 mil millones de litros de agua, una cifra que, aunque parece pequeña frente al consumo total del país, compite directamente con otros usuarios por recursos locales, a menudo en zonas de estrés hídrico.

El estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos miden su consumo de agua, y que en muchos casos más de la mitad del agua utilizada proviene de fuentes potables. Esto ha generado controversia en regiones donde el agua es un recurso escaso, ya que las instalaciones compiten con las comunidades locales por el acceso al agua potable.

Costa Rica ante una nueva demanda

La discusión adquiere mayor relevancia si consideramos las proyecciones de crecimiento. Si la demanda de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de datos aumenta significativamente durante la próxima década, sus efectos no se limitarán a los edificios donde funcionen los servidores. Será necesario ampliar redes eléctricas, sistemas de conectividad, infraestructura de agua y otros servicios que permiten sostenerlos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos centros de datos puede atraer Costa Rica, sino qué tipo de expansión resulta compatible con las condiciones sociales, ambientales y territoriales del país.

Esto también obliga a mirar los impactos más allá del consumo de recursos. Estas instalaciones ocupan suelo, generan calor y ruido, requieren equipos que deben ser sustituidos periódicamente y forman parte de una cadena global de extracción de minerales, fabricación de componentes, transporte y generación de residuos electrónicos. La infraestructura digital no empieza cuando encendemos una computadora ni termina cuando cambiamos un servidor: forma parte de un ciclo material mucho más amplio.

Al mismo tiempo, no todos los centros de datos tienen la misma escala ni producen las mismas presiones. Por eso sería un error reducir la discusión a una oposición entre tecnología y ambiente. El desafío consiste más bien en distinguir las diferentes necesidades y escalas de infraestructura, comprender sus impactos y establecer condiciones adecuadas para cada territorio. La eficiencia energética (medida por el PUE, por sus siglas en inglés) ha mejorado mucho en los centros de datos de hiperescala, pero esto no elimina el consumo de agua, especialmente la que se usa para generar la electricidad que los alimenta.

Una discusión sobre bienes comunes

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esta discusión permite mirar algo que suele quedar oculto. Los centros de datos pueden ser instalaciones privadas, pero su funcionamiento depende de sistemas y recursos que tienen una dimensión colectiva: electricidad, agua, territorio, conectividad, infraestructura pública, conocimientos y condiciones ambientales.

Esto no significa que el uso empresarial de estos recursos sea necesariamente problemático. Significa que debemos preguntarnos bajo qué condiciones ocurre esa relación. Cuando una actividad económica requiere de manera intensiva recursos y sistemas construidos socialmente, resulta legítimo discutir cómo se distribuyen sus beneficios, quién asume sus costos y qué mecanismos existen para garantizar la participación y el control público.

La falta de transparencia es un problema central. El estudio sobre agua señala que ni siquiera los tres grandes proveedores de nube (Amazon, Google y Microsoft) publican datos completos sobre su consumo de agua. Amazon, por ejemplo, no publica ninguna cifra, mientras que Google y Microsoft solo ofrecen datos agregados que no permiten distinguir cuánto corresponde a los centros de datos ni desglosan las fuentes de agua. Esto dificulta enormemente la evaluación de impactos y la rendición de cuentas.

La experiencia internacional muestra que algunos de los conflictos asociados con centros de datos aparecen precisamente alrededor del agua, la energía, el uso del suelo, el ruido y el acceso a la información. Esto debería servirnos menos como una advertencia alarmista que como una oportunidad para anticiparnos.

Costa Rica todavía tiene margen para discutir estas condiciones antes de que la expansión de esta infraestructura se convierta en una sucesión de decisiones aisladas. La planificación energética y territorial, la protección de las fuentes de agua, la transparencia sobre los proyectos, la evaluación de sus impactos acumulativos y la participación de las comunidades deberían formar parte de esta conversación.

Porque la pregunta no es si queremos vivir en una sociedad digital. Ya lo hacemos.

La cuestión es qué infraestructura queremos construir para sostenerla y qué relación queremos establecer entre esa infraestructura, nuestros territorios y nuestros bienes comunes.

¿De quién es la nube?

La nube tiene edificios, servidores, cables, electricidad, agua, minerales, trabajadores y territorios. También tiene costos y beneficios que no se distribuyen necesariamente de la misma manera.

Por eso, discutir centros de datos es también discutir qué entendemos por desarrollo tecnológico y qué lugar ocupan los bienes comunes en ese proceso.

No se trata de estar contra la tecnología. Se trata de hacer visibles sus condiciones materiales. Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces también necesitamos preguntarnos: ¿bajo qué condiciones queremos ponerlos a su servicio?

¿Qué es un centro de datos y por qué importa?

Antes de discutir políticas, regulaciones o resistencias, necesitamos entender qué es exactamente un centro de datos. No se trata solo de computadoras: es una infraestructura industrial que consume energía y agua de forma intensiva, genera calor, ruido y residuos electrónicos, y opera con una opacidad que dificulta evaluar sus impactos reales. La siguiente matriz sintetiza sus características principales y las implicaciones que cada una tiene para los territorios que los albergan. No es una lista exhaustiva, pero sí una guía para comprender de qué hablamos cuando decimos que la nube tiene una geografía concreta.

Eje temático	Caracterización del centro de datos	¿Qué implica?
1. Naturaleza física	No es un espacio inmaterial ni virtual. Es una infraestructura industrial concreta: naves, servidores, cables, sistemas de refrigeración, transformadores, tuberías y generadores. Ocupa territorio y consume recursos.	La nube tiene geografía y materialidad. Cada servicio digital depende de edificios, energía, agua y minerales. Lo que parece virtual es, en realidad, una cadena de infraestructuras físicas que transforman el territorio.
2. Consumo de energía	Consume electricidad de forma continua e intensiva, las 24 horas del día. La refrigeración puede representar más del 40% del consumo total. Un solo centro de datos puede usar la electricidad de 50,000 hogares.	La eficiencia no ha frenado el crecimiento. Aunque los equipos sean más eficientes, la demanda total aumenta exponencialmente por la IA, el streaming y el almacenamiento masivo. El problema es de escala, no solo de diseño.
3. Consumo de agua	Consume agua de dos formas: indirecta (para generar la electricidad que usa) y directa (para refrigerar servidores, a menudo por evaporación). Un centro mediano (15 MW) usa tanta agua como tres hospitales. Más de la mitad puede ser agua potable.	El agua es un recurso crítico y conflictivo. Los centros de datos compiten con comunidades, agricultura y ecosistemas por agua dulce, especialmente en zonas áridas o con sequías. La falta de métricas sobre el agua usada para generar electricidad hace invisible gran parte del impacto.
4. Falta de transparencia	La mayoría de los operadores no miden ni publican su consumo de agua. Los grandes proveedores solo ofrecen datos agregados o no publican nada. Algunos consideran el agua un «secreto comercial».	La opacidad es una estrategia, no un accidente. Sin datos públicos y verificables, es imposible evaluar impactos, exigir responsabilidades o planificar territorialmente. La falta de transparencia impide la participación democrática.
5. Impactos sociales y comunitarios	Genera contaminación acústica constante (ventiladores, generadores, chillers) que afecta la salud mental y física de los vecinos: insomnio, hipertensión, estrés. También compite por agua potable y desplaza comunidades.	Los impactos van más allá de lo ambiental. Incluyen ruido, pérdida de calidad de vida, conflictos por recursos y movilización comunitaria. La salud pública y el derecho al descanso son ejes centrales del conflicto.
6. Residuos electrónicos	Los servidores y equipos se vuelven obsoletos rápidamente. La basura electrónica termina en vertederos del Sur global, con metales tóxicos y contaminantes. Un solo computador requiere 240 kg de combustibles fósiles y 1,500 kg de agua para fabricarse.	La obsolescencia programada genera montañas de basura tóxica. La cadena de residuos es global y afecta desproporcionadamente a países vulnerables. El ciclo de vida completo —desde la minería hasta el desecho— es parte del impacto.
7. Cultura y trabajo	Los técnicos trabajan con miedo constante a fallos que causen interrupciones costosas. Las decisiones se toman por «instinto» o «corazonadas», no solo por modelos. La cultura del «enfriar en exceso» por miedo muestra que las prácticas humanas afectan la eficiencia.	La dimensión humana es clave. Las decisiones, miedos y hábitos de los trabajadores influyen en el impacto ambiental. La sostenibilidad no depende solo de la tecnología, sino también de la cultura laboral y la organización del trabajo.
8. Escala del problema	La demanda de datos crece exponencialmente. Se espera que el número de dispositivos conectados pase de 18.4 mil millones (2018) a 29.3 mil millones (2030). El tráfico de internet se duplica cada pocos años.	La escala es global y creciente. La expansión de la IA y el streaming está multiplicando la demanda de recursos y los impactos asociados. No es un problema local ni estático: se expande rápidamente y presiona territorios en todo el mundo.
9. Alternativas y soluciones	Se proponen métricas más completas (como incluir el agua usada para generar electricidad), usar agua no potable, refrigeración líquida y ubicaciones con clima frío. Pero las promesas corporativas no son verificables ni vinculantes.	Las soluciones técnicas son insuficientes. Se necesita transparencia obligatoria, regulación vinculante, planificación territorial y un debate público sobre el modelo de desarrollo digital. La pregunta no es solo cómo hacerlo más eficiente, sino cuánto, para qué y bajo qué condiciones.
10. Pregunta central	¿Qué caracteriza a un centro de datos? Es una infraestructura física, intensiva en recursos, opaca, ruidosa y en expansión acelerada.	¿Bajo qué condiciones queremos que exista la infraestructura digital? No se trata de oponerse a la tecnología, sino de hacer visibles sus costos materiales, sociales y ambientales, y decidir democráticamente su rumbo.

De la caracterización a la respuesta social

Hasta aquí hemos caracterizado los centros de datos como infraestructuras físicas, intensivas en recursos, opacas y en expansión acelerada. Hemos visto que consumen energía y agua, generan ruido y residuos, y operan con una falta de transparencia que dificulta evaluar sus impactos reales. Pero esta caracterización estaría incompleta si no atendemos a una dimensión fundamental: la respuesta de las comunidades que los reciben.

A medida que la infraestructura digital se expande, también lo hace la oposición organizada. Lo que comenzó como quejas aisladas de vecinos afectados por el ruido o la escasez de agua se ha convertido en un movimiento social medible, con estructuras, estrategias y demandas concretas. Estados Unidos —el país con mayor concentración de centros de datos del mundo— ofrece un espejo donde mirarnos: allí, el monitoreo sistemático de la oposición permite dimensionar un fenómeno que ya no puede ignorarse.

Los datos recolectados y analizados por Coalition for Responsible Data Center Development son elocuentes. A finales de 2025, los grupos locales de oposición a centros de datos en Estados Unidos sumaban unas 76.000 personas. Para abril de 2026, la cifra superaba las 360.000. Y para agosto del mismo año, ya eran más de 640.000 miembros distribuidos en al menos 580 grupos locales en casi todos los estados del país. Desde septiembre de 2025, el número de nuevos grupos se disparó: en los primeros meses de 2026, se creaban hasta dos nuevos grupos por día. La oposición ya no es un fenómeno marginal ni localizado; es una respuesta nacional y bipartidista, presente tanto en estados demócratas como republicanos, con una presencia especialmente fuerte en estados clave para las elecciones.

¿Qué explica este crecimiento? Las razones coinciden con los impactos que hemos documentado: consumo de agua en regiones con sequías severas, demanda eléctrica que compite con las necesidades locales, contaminación del aire por generadores diésel y plantas de gas, ruido constante que afecta la salud, pérdida de tierras agrícolas y patrimoniales, y una falta de transparencia que impide a las comunidades conocer los detalles de los proyectos hasta que ya están aprobados.

Un caso emblemático es el de Independence, Missouri, donde un proyecto de 1,2 gigavatios —más de cuatro veces el consumo eléctrico máximo de la ciudad— se asentaría sobre un acuífero que abastece de agua a 250.000 personas. En Ohio, un solo proyecto solicitó 2.000 megavatios para un pueblo cuyos residentes apenas consumen entre 10 y 15 megavatios. En Memphis, investigaciones satelitales detectaron aumentos significativos de dióxido de nitrógeno en las zonas cercanas a un centro de datos de IA. Y en múltiples comunidades, el zumbido perpetuo de ventiladores y sistemas de refrigeración afecta el sueño, la concentración y la salud mental de quienes viven cerca. Como resume una organizadora: «No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar, no sabemos cuánta electricidad van a necesitar».

Pero la oposición no se limita a protestar. Los grupos locales han desarrollado estrategias sofisticadas: litigios, referendos, cambios electorales, investigación ciudadana y campañas de comunicación. En varios municipios, los votantes han destituido a alcaldes y concejales que apoyaron proyectos sin consultar a la comunidad. En Ohio, una coalición ciudadana impulsa una enmienda constitucional estatal para prohibir la construcción de centros de datos que superen los 25 megavatios. En Independence, Missouri, se recolectaron miles de firmas para forzar un referendo sobre las exenciones fiscales. En Festus, Missouri, los cuatro concejales que aprobaron un proyecto fueron removidos de sus cargos. Vecinos organizados han rastreado compras de tierras a través de empresas fantasma, solicitado registros públicos y documentado patrones de concentración de centros de datos cerca de sistemas de agua y redes eléctricas.

Estas luchas no son exclusivas de Estados Unidos. En España, colectivos como los que se oponen al proyecto de Meta en Talavera de la Reina han sentado precedentes. En Chile, la resistencia al centro de datos de Google en Santiago logró que la empresa rediseñara su sistema de refrigeración para reducir el consumo de agua. En Uruguay, la movilización contra un proyecto de Google obligó a la compañía a cambiar su diseño para no consumir agua. En Paraguay, vecinas de Villarrica lograron que la fiscalía detuviera el ruido de una granja de criptominería. Lo que emerge es un movimiento conectado globalmente, que comparte información, estrategias y narrativas, y que se reconoce como parte de un mismo fenómeno: la materialidad de la nube y la disputa por los bienes comunes.

El monitoreo de esta oposición ofrece una lección clave: la resistencia crece cuando la información fluye. Los proyectos que se aprueban en secreto, con acuerdos de confidencialidad y sin evaluación ambiental, generan desconfianza y movilización. En cambio, cuando las comunidades conocen los detalles —consumo de agua, energía, emisiones, empleos reales— pueden tomar decisiones informadas.

El monitoreo también muestra que la oposición no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, sino una demanda de democracia y transparencia. No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que su infraestructura se planifique con criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y respeto por los territorios.

Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces las comunidades tienen derecho a preguntar: ¿bajo qué condiciones?

Referencias

Camarillo, B. (2026). Demanda de centros de datos en Costa Rica podría triplicarse en los próximos 10 años. La República.

Fabra Caro, F. J., & Serón Arbeloa, F. J. (2025). Impacto y huella ambiental de los centros de datos y proveedores de nube. ECODES.

Gómez Delgado, A. (2026). El precio de las nubes: La expansión de los Centros de Datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río.

Gonzalez Monserrate, S. (2022). The cloud is material: On the environmental impacts of computation and data storage. MIT Schwarzman College of Computing, MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing. https://doi.org/10.21428/2c646de5.031d4553

Murillo, E. (2026). País se posiciona como mercado emergente en centros de datos. CRHoy.

Shaw, M., Krueger, D., Malik, S., Sheremet, D., & van der Velde, F. (2026). Data Center Opposition Report [Serie de informes 2026]. Coalition for Responsible Data Center Development, Evitable, & Together Against AI. https://datacenteropposition.com

El río sangra: Río Pizote y las huellas de la extracción de material

septiembre 1, 2026

with No Comment Uncategorized

¿Qué ocurre cuando un río comienza a transformarse ante los ojos de quienes han convivido con él durante toda su vida?

En esta entrevista, David Menjívar, vecino de la comunidad, comparte su mirada sobre la situación actual del río Pizote y las preocupaciones que existen alrededor de las transformaciones observadas en distintos sectores de su cauce.

La conversación recupera los cambios que la comunidad ha identificado en el río, incluyendo procesos de erosión y socavamiento, así como las inquietudes relacionadas con la extracción de materiales y sus posibles impactos sobre el comportamiento y la estabilidad del cauce.

Pero esta no es únicamente una conversación sobre un río. También es el testimonio de lo que significa para una comunidad observar cómo un espacio que ha formado parte de su vida cotidiana durante décadas comienza a cambiar.

Las voces de quienes habitan un territorio son fundamentales para comprender estas transformaciones. Sus observaciones, preocupaciones y experiencias permiten identificar procesos que muchas veces permanecen fuera de los informes institucionales o solo reciben atención cuando los daños ya son evidentes.

La situación del río Pizote vuelve a colocar sobre la mesa preguntas que no pueden ser ignoradas: ¿cómo se están evaluando los impactos de la extracción de materiales? ¿Existe una fiscalización suficiente sobre estas actividades? ¿Quién responde cuando los cambios en un río comienzan a afectar a las comunidades y al territorio?

Desde el Observatorio de Bienes Comunes continuamos acompañando y documentando las preocupaciones comunitarias en torno al río Pizote y las actividades que están transformando su entorno.

Porque defender un río también implica escuchar a quienes lo conocen, exigir información y fiscalización, y preguntarnos hasta dónde puede llegar la extracción antes de que los daños sean irreversibles.

Afros al frente: pensar la afrodescendencia más allá de la celebración

agosto 31, 2026

with No Comment Uncategorized

Imagen: 31 de agosto de Honorio Cabraca.

En el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una lectura de Afros al frente: racismo, resistencia y lucha nos invita a mirar la afrodescendencia no solo como patrimonio cultural, sino como historia, identidad, resistencia y disputa por derechos.

Cada 31 de agosto, Costa Rica conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, una fecha que desde 2018 forma parte del Mes Histórico de la Afrodescendencia en el país. La conmemoración busca reconocer las contribuciones históricas, culturales y sociales de las poblaciones afrodescendientes y reafirmar su lugar en la construcción de nuestra sociedad.

Pero toda conmemoración puede abrir también una pregunta: ¿qué significa reconocer?

Esta pregunta resulta especialmente pertinente al acercarnos a Afros al frente: racismo, resistencia y lucha, libro editado por Gerardo Cham, Gisela C. Fregoso, Wilfried Raussert y Nicolas Rey, publicado por CLACSO y CALAS en 2024. La obra reúne investigaciones sobre experiencias afrodescendientes en América Latina y el Caribe y coloca en el centro una relación que resulta fundamental: racismo, resistencia y lucha por el reconocimiento, la participación y la justicia.

Más que ofrecer una historia única de la afrodescendencia, el libro construye un mapa de experiencias diversas: México, Colombia, Brasil, Cuba, Jamaica, Guadalupe, Guayana, Haití y otros territorios aparecen conectados por historias de colonialismo, racialización, exclusión, migración, resistencia y producción cultural. Esta perspectiva permite comprender que las experiencias afrodescendientes no pueden reducirse a una identidad homogénea: están atravesadas por territorios, generaciones, clases sociales, géneros, trayectorias migratorias y distintas formas de identificación.

Dejar de pensar el racismo como una excepción

Uno de los aportes centrales del libro consiste en cuestionar una idea profundamente arraigada en América Latina: que el racismo sería fundamentalmente un problema de otras sociedades.

La presentación de Afros al frente señala cómo los discursos nacionales asociados al mestizaje y a la llamada democracia racial contribuyeron históricamente a presentar a las sociedades latinoamericanas como espacios donde la raza no tendría un papel determinante. Esta representación produjo, al mismo tiempo, procesos de invisibilización y folclorización de las expresiones negras.

El problema, entonces, no es únicamente la existencia de actos individuales de discriminación. El libro invita a observar las estructuras históricas que producen desigualdades y las formas mediante las cuales determinadas poblaciones son convertidas en “otras”, invisibilizadas o reconocidas únicamente desde determinados lugares.

Por eso, hablar de afrodescendencia no debería limitarse a enumerar aportes culturales. También supone preguntarnos quiénes han tenido históricamente la posibilidad de definir qué cuenta como cultura, quién aparece en la historia nacional, quién participa de las decisiones y quién puede ejercer plenamente sus derechos.

Reconocer no siempre significa transformar

Una de las discusiones más sugerentes del libro aparece en el análisis de Gisela Carlos Fregoso sobre el proceso de reconocimiento de las poblaciones negras, afromexicanas y afrodescendientes en México.

Su investigación muestra que el reconocimiento institucional puede constituir un avance fundamental, pero también puede producir nuevas tensiones. En el caso mexicano, el reconocimiento constitucional llegó después de décadas de organización y demanda, y no necesariamente estuvo acompañado por recursos suficientes para transformar las condiciones materiales de las comunidades. La autora llega a caracterizarlo como un reconocimiento predominantemente simbólico.

Esta experiencia permite abrir una pregunta para Costa Rica: ¿qué ocurre cuando una sociedad reconoce formalmente la afrodescendencia, pero las desigualdades históricas continúan produciendo efectos en el presente?

Reconocer una identidad es importante. Reconocer una historia también. Pero el desafío antirracista comienza cuando ese reconocimiento se convierte en derechos efectivos, participación política, igualdad de oportunidades, memoria, justicia y transformación de las estructuras que reproducen las desigualdades.

La deuda de la memoria

Otra de las tensiones que atraviesan la obra es la relación entre memoria y reconocimiento.

El libro recuerda que las sociedades latinoamericanas han construido relatos nacionales capaces de incorporar elementos de las culturas afrodescendientes mientras, simultáneamente, mantienen en segundo plano las historias de esclavización, exclusión y resistencia que forman parte de esas mismas sociedades.

En Costa Rica, esta pregunta resulta particularmente importante. La propia conmemoración del 31 de agosto tiene una historia vinculada con las luchas de las comunidades afrodescendientes. La fecha se encuentra relacionada con la Primera Convención Internacional sobre la Situación de las Personas Negras, realizada en Nueva York en 1920, y posteriormente fue incorporada al calendario nacional mediante procesos impulsados desde las propias organizaciones afrodescendientes.

Por eso, la memoria no debería reducirse a una celebración del presente. También debe permitir recuperar las luchas que hicieron posible que hoy podamos hablar de afrodescendencia en el espacio público.

Del folclor a la política

Afros al frente también aporta una idea especialmente importante: la resistencia afrodescendiente no ocurre únicamente en las instituciones políticas.

Los autores entienden la resistencia como un fenómeno cognitivo, afectivo, estético y político que atraviesa la vida cotidiana, las respuestas frente al racismo, la producción artística y cultural y el activismo.

La música, la literatura, las prácticas culturales, las formas de ocupar el espacio público, las organizaciones comunitarias y las nuevas generaciones de activistas forman parte de esas luchas.

El capítulo dedicado al garveyismo resulta especialmente significativo para Costa Rica. Marcus Garvey pasó por el país en 1910, donde trabajó para la United Fruit Company y entró en contacto con poblaciones afrocaribeñas de la región. Posteriormente, el movimiento de la Universal Negro Improvement Association —UNIA— desarrolló una importante presencia en Centroamérica: hacia mediados de la década de 1920 se registraban 23 sucursales en Costa Rica.

Este episodio permite mirar la historia afrocaribeña costarricense desde una dimensión que muchas veces queda fuera de las narrativas nacionales: Costa Rica no fue un territorio aislado de las redes políticas, culturales e intelectuales de la diáspora africana.

Una afrodescendencia que desborda las fronteras

Este es quizá otro de los aportes del libro para pensar Costa Rica.

Afros al frente propone una mirada hemisférica y transnacional de las experiencias afrodescendientes. Las migraciones, las ideas, las culturas y las luchas han conectado históricamente el Caribe, Centroamérica, América Latina y Estados Unidos. Los estudios sobre estas movilidades permiten comprender la existencia de una negritud hemisférica y de redes que desbordan las fronteras nacionales.

Desde esta perspectiva, la afrodescendencia costarricense puede ser pensada también como parte de una historia caribeña y centroamericana más amplia.

Esto resulta particularmente relevante porque las fronteras nacionales muchas veces producen relatos fragmentados: Costa Rica por un lado, Panamá por otro, Jamaica por otro, Nicaragua por otro. Sin embargo, las experiencias históricas de las poblaciones afrodescendientes muestran intercambios permanentes de personas, trabajo, ideas, músicas, organizaciones y formas de resistencia.

Las tensiones del reconocimiento

El reconocimiento también puede producir nuevas disputas.

La investigación de Fregoso muestra cómo los procesos legales pueden transformar las formas en que las personas se identifican y son identificadas. Cuando determinados derechos pasan a estar asociados a una identidad, las personas y comunidades pueden verse obligadas a demostrar determinados rasgos históricos, culturales o territoriales para ser reconocidas institucionalmente.

Aparece así una paradoja: para dejar de ser invisibles, las poblaciones afrodescendientes pueden verse obligadas a hacerse visibles bajo determinadas categorías.

Y esa visibilidad puede convertirse en una nueva forma de presión: explicar quién se es, demostrar de dónde se viene, acreditar una historia, encajar en una definición institucional.

El libro advierte además que las identidades no son estáticas. Pueden fortalecerse, transformarse y también generar disputas internas. La autoidentificación puede convertirse en parte de una lucha política, pero también puede producir procesos de esencialización.

Esto nos obliga a tener cuidado con otra trampa: celebrar “la cultura afro” como si existiera una única cultura afrodescendiente. Hay múltiples historias, territorios, experiencias y formas de ser afrodescendiente.

Las deudas siguen abiertas

Si algo permite pensar este libro en el contexto del 31 de agosto es que el reconocimiento no puede ser el punto final.

Quedan abiertas preguntas sobre la desigualdad, la representación política, las condiciones laborales, la educación, la memoria histórica, el racismo institucional, la participación comunitaria y el acceso efectivo a derechos.

También queda la tarea de revisar cómo las instituciones producen conocimiento sobre las poblaciones afrodescendientes y cuánto espacio tienen las propias comunidades para producir y disputar esos conocimientos.

En este sentido, uno de los llamados explícitos de Afros al frente es a construir un diálogo entre academia y activismo, entendiendo que combatir el racismo de manera sostenible requiere superar la distancia entre quienes investigan y quienes sostienen cotidianamente las luchas.

Celebrar, pero también preguntar

El 31 de agosto puede ser entonces algo más que una fecha para celebrar la gastronomía, la música, la vestimenta o las expresiones culturales afrodescendientes.

Puede ser un momento para preguntarnos:

¿Qué historias todavía no contamos?

¿Qué formas de racismo todavía no queremos reconocer?

¿Qué derechos han sido reconocidos y cuáles todavía no se concretan plenamente?

¿Quiénes participan en las decisiones sobre los territorios y comunidades afrodescendientes?

¿Qué lugar ocupan las voces de las nuevas generaciones?

¿Cómo evitar que el reconocimiento de la diversidad se convierta solamente en una celebración simbólica mientras persisten desigualdades estructurales?

Afros al frente ofrece herramientas para formular estas preguntas. Su principal aporte no está únicamente en documentar la existencia del racismo, sino en mostrar que frente a él existen memorias, organizaciones, producciones culturales, subjetividades políticas y múltiples formas de resistencia.

Conmemorar la afrodescendencia, desde esta perspectiva, no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa reconocer las luchas que hicieron posible el presente y preguntarnos qué transformaciones todavía hacen falta.

Porque poner a las poblaciones afrodescendientes al frente implica algo más que hacerlas visibles. Implica escuchar sus voces, reconocer sus historias, garantizar sus derechos y disputar las estructuras que durante demasiado tiempo han definido quién puede ser visto, escuchado y reconocido como parte plena de la sociedad.

En este 31 de agosto, celebrar también puede significar incomodarnos. Y quizá allí comience una conversación verdaderamente antirracista.

Pueden descargar el libro aquí.

El jardín del mar se apaga: La huella humana está destruyendo los arrecifes

agosto 17, 2026

with No Comment Uncategorized

Un nuevo estudio científico ha llegado a una conclusión: los eventos de blanqueamiento masivo de corales que están devastando los arrecifes del mundo no ocurrirían sin el cambio climático causado por las formas de consumo e industrias promovidas por el ser humano.

Esta investigación, publicada en la revista Oceanography, demuestra que el aumento de la temperatura del mar, impulsado por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es el motor principal de esta crisis ecológica. Fenómenos naturales como «El Niño» solo actúan como un catalizador que acelera un problema que ya existía por nuestra culpa.

¿Qué está pasando con los corales?

Los corales son animales que construyen los arrecifes, verdaderas ciudades submarinas. Viven en simbiosis con unas algas microscópicas que les dan su color y la mayor parte de su alimento. Esta relación es perfecta… hasta que el agua se calienta demasiado.

Cuando la temperatura del océano supera cierto umbral durante varias semanas, los corales expulsan a estas algas. Es como si perdieran su fuente de energía. Este proceso se conoce como blanqueamiento porque el coral pierde su color y se vuelve blanco, mostrando su esqueleto de carbonato de calcio.

Si las condiciones de estrés térmico persisten, los corales mueren. Y lo que era un ecosistema vibrante y lleno de vida se convierte en un paisaje desolado dominado por algas.

Este fenómeno ha ocurrido en cuatro ocasiones a escala global desde 1998, siendo el más reciente y prolongado el que comenzó en 2018 y se extendió hasta 2025. Hasta ahora, estos eventos se asociaban a la ocurrencia de «El Niño». Sin embargo, este nuevo estudio cambia la perspectiva por completo.

Hallazgos Principales del Estudio

Los investigadores utilizaron una técnica llamada «atribución de eventos extremos», que permite aislar el efecto del cambio climático del resto de las variaciones naturales del océano. Estos son sus descubrimientos clave:

Sin cambio climático, no habría blanqueamiento global: Al simular un escenario sin el calentamiento global inducido por el ser humano, los científicos descubrieron que ninguno de los cuatro eventos de blanqueamiento masivo habría ocurrido.
El impacto humano es anterior a lo que se creía: El estudio revela que el cambio climático ya era el principal impulsor del blanqueamiento masivo desde el primer evento en 1998, incluso cuando se considera la influencia del fuerte «El Niño» de ese año.
El calentamiento global supera a «El Niño»: La investigación cuantifica que el efecto del calentamiento global en el estrés térmico de los corales es, hoy en día, más fuerte que el de un «El Niño» extremo en la mayoría de las regiones del mundo.
El riesgo es generalizado y creciente: El estudio mapeó las regiones con mayor riesgo de blanqueamiento. La mayoría de los arrecifes del mundo ya están experimentando niveles de estrés térmico que son directamente atribuibles al calentamiento global, y la tendencia va en aumento.
Se acabó la era de los eventos esporádicos: La conclusión es clara: los eventos de blanqueamiento masivo, que antes ocurrían cada década, se están volviendo casi anuales, y esto se debe exclusivamente al aumento de la temperatura global.

Datos Clave que Debes Conocer

Para entender la magnitud de esta crisis, aquí te presentamos los hallazgos más importantes del estudio, traducidos en datos concretos:

Dato	¿Qué significa?
+0.7°C desde 1998	El aumento adicional de la temperatura global ha convertido un fenómeno natural esporádico en una crisis permanente.
El calentamiento global es más fuerte que «El Niño»	En 61 de cada 74 regiones con arrecifes, el impacto humano ya supera al del fenómeno natural más potente.
Para 2028, el calentamiento dominará todas las regiones	La influencia humana será el factor principal en el 100% de los arrecifes del mundo.
Sin cambio climático, el blanqueamiento sería «extremadamente raro»	Los eventos de blanqueamiento masivo simplemente no existirían en un mundo sin calentamiento global.
El daño comenzó en 1998	El cambio climático ya era el principal impulsor del blanqueamiento desde el primer evento, hace más de 25 años.
La velocidad de calentamiento supera la capacidad de adaptación de los corales	Los corales no pueden evolucionar lo suficientemente rápido para seguir el ritmo del cambio.
Los arrecifes albergan el 32% de todas las especies marinas	Su desaparición sería una catástrofe ecológica, económica y humanitaria para más de 500 millones de personas.

¿Qué Actividades Humanas Están Causando Esto?

El calentamiento global no es un fenómeno abstracto. Es el resultado directo de nuestras actividades diarias. Estas son las principales causas que podemos señalar como responsables del aumento de la temperatura del océano:

1. Quema de Combustibles Fósiles: La principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es la quema de carbón, petróleo y gas natural para generar energía, transportarnos y producir bienes. Este proceso libera grandes cantidades de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera, que atrapa el calor y calienta el planeta, y con él, los océanos.

2. Deforestación y Cambio de Uso de Suelo: Los bosques son los «pulmones» del planeta porque absorben CO₂. Cuando talamos selvas y bosques para la agricultura, la ganadería o la urbanización, no solo eliminamos esta capacidad de absorber carbono, sino que también liberamos el carbono almacenado en los árboles. Esto acelera el calentamiento.

3. Agricultura y Ganadería Intensivas: La producción de alimentos a gran escala, especialmente la ganadería, genera grandes cantidades de metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O). Estos gases son mucho más potentes que el CO₂ para atrapar el calor, aunque permanecen menos tiempo en la atmósfera. El uso excesivo de fertilizantes también contribuye a este problema.

4. Procesos Industriales : Muchas industrias, como la producción de cemento, acero y plásticos, liberan gases de efecto invernadero como parte de sus procesos químicos. Estos no solo provienen de la quema de combustibles, sino de las propias reacciones químicas necesarias para fabricar estos materiales.

5. Generación de Residuos: Los vertederos y la descomposición de la basura orgánica producen metano. Además, la incineración de residuos libera CO₂. Reducir, reutilizar y reciclar no solo es bueno para evitar la contaminación, sino que también ayuda a frenar el calentamiento global.

¿Por qué es tan relevante esta investigación?

Esta investigación aporta evidencia que debería impulsar la acción global. Al demostrar que el cambio climático es la causa raíz del blanqueamiento masivo de corales, se elimina así cualquier duda sobre la responsabilidad de los sectores contaminantes en este problema.

Los arrecifes de coral son los «bosques tropicales del mar». Su desaparición no solo sería una pérdida ecológica inmensa, sino también una catástrofe humanitaria y económica. El estudio advierte que, aunque algunos corales pueden adaptarse al calor, la velocidad actual del calentamiento es demasiado rápida.

La única solución a largo plazo para salvar estos ecosistemas es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada acción cuenta: desde el uso de energías renovables hasta la elección de una dieta más sostenible.

¿Quieres saber más?

El artículo completo, con todos los detalles de la metodología, los datos y las referencias científicas, está disponible en inglés en la revista Oceanography.

Puedes leerlo y profundizar en el tema en el siguiente enlace:

Pueden descargar el artículo aquí.

Pueden descargar la infografía aquí.

PDF – Imagen

Crédito de imágenes: Fotografías utilizadas cortesía de Pexels.

¿Quién decide qué conocimiento importa? Participación ciudadana, ciencia y políticas públicas

agosto 14, 2026

with No Comment Uncategorized

Vivimos rodeados de decisiones que tienen una fuerte dimensión científica y tecnológica. La inteligencia artificial, la preparación ante nuevas pandemias, la transición energética, la gestión de los territorios o las políticas de salud implican conocimientos especializados y decisiones que terminan afectando nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, quienes viven las consecuencias de esas decisiones rara vez participan en la definición de los problemas, las prioridades o las respuestas.

Un artículo publicado en Nature el 2 de julio de 2026 plantea precisamente esta preocupación. Bajo el título Six ways to put the public at the heart of science and policy, Chris Tyler y un grupo de especialistas de distintos países proponen seis caminos para colocar a la ciudadanía en el centro de la investigación y del asesoramiento científico a las instituciones públicas.

La propuesta parte de una constatación sencilla, pero incómoda: la comunicación entre ciencia y política suele desarrollarse principalmente entre personas expertas y responsables institucionales, mientras que la ciudadanía permanece en buena medida al margen. Incluso dentro de las universidades, las metodologías para incorporar a las comunidades a la investigación existen, pero continúan siendo poco financiadas y poco utilizadas.

Pero el problema no es solamente quién participa. También está en juego qué conocimientos son reconocidos, quién define las preguntas y quién tiene capacidad para incidir en las decisiones.

Participar no es solamente ser consultado

Uno de los aportes más interesantes del artículo es que propone pasar de una participación entendida como consulta ocasional a una participación incorporada desde el comienzo de los procesos.

Entre 2015 y 2018, por ejemplo, la Unión Europea invitó a ciudadanos de 30 países a participar en la definición de prioridades de investigación para el programa Horizonte 2020. El contraste fue significativo: mientras 16 informes elaborados desde perspectivas expertas recomendaban priorizar avances tecnológicos, las personas participantes otorgaron mayor importancia a comunidades fuertes, salud y bienestar, educación y economías locales.

El ejemplo permite observar algo fundamental: la ciudadanía no necesariamente está aportando una versión menos especializada del mismo conocimiento. Puede estar planteando otras preguntas y señalando otras prioridades.

Por eso, involucrar a las comunidades no significa simplemente traducir la ciencia a un lenguaje más sencillo. Significa abrir la posibilidad de que las personas afectadas por una decisión contribuyan a definir qué vale la pena investigar y para qué.

El artículo propone que la participación pública sea una expectativa habitual en los proyectos de investigación, salvo que existan razones para no incorporarla. También señala que este trabajo necesita recursos, capacidades y tiempo: construir relaciones con las comunidades, reconocer los desequilibrios de poder y desarrollar formas de investigación conjunta no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes investigan.

Del territorio también viene conocimiento

Esta discusión resulta especialmente relevante cuando pensamos en los territorios. El conocimiento no se encuentra únicamente en universidades, laboratorios, oficinas gubernamentales o publicaciones científicas. Las comunidades acumulan experiencias, observaciones, memorias y formas de comprender los lugares que habitan.

El artículo presenta un ejemplo de restauración de manglares en Filipinas. En Kalibo, el conocimiento científico sobre las especies necesarias para construir un ecosistema resiliente se combinó con el conocimiento comunitario sobre las dinámicas de la costa. El proceso alcanzó resultados duraderos cuando una organización local obtuvo el derecho de gestionar el bosque a largo plazo, que hoy forma parte del Bakhawan Eco-Park.

Aquí aparece una diferencia importante entre escuchar conocimientos comunitarios y reconocerlos.

Escuchar puede significar recoger información y después continuar tomando las decisiones desde las instituciones. Reconocer implica aceptar que esos conocimientos tienen valor para comprender un problema y que quienes los producen deben contar con espacios efectivos para incidir.

Por eso, el artículo insiste en que la inclusión de conocimientos diversos necesita mecanismos institucionales duraderos. La buena voluntad no es suficiente: quienes poseen esos conocimientos necesitan capacidad real de decisión.

Desde una mirada de bienes comunes, esta discusión resulta particularmente sugerente. Los territorios no son únicamente espacios sobre los cuales se aplican políticas diseñadas en otros lugares. También son espacios donde se producen conocimientos y donde las comunidades desarrollan formas de cuidado, uso, defensa y gestión.

¿Quién define las prioridades?

El segundo camino propuesto por el artículo consiste en incorporar la deliberación pública en los organismos que asesoran a los gobiernos.

No se trata únicamente de preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con una decisión que ya fue tomada. La propuesta es incorporar la deliberación antes, cuando todavía se están definiendo los problemas y los valores que deberían orientar las decisiones.

Para ello se mencionan diferentes mecanismos: paneles ciudadanos, conferencias de consenso y consultas públicas. En Dinamarca, por ejemplo, desde mediados de la década de 1980 se han desarrollado conferencias de consenso para discutir asuntos como la tecnología genética y el ambiente marino, contribuyendo a orientar agendas legislativas. También se mencionan experiencias relacionadas con decisiones de la NASA y con la regulación de tecnologías de edición genética en el Reino Unido.

La cuestión de fondo no es solamente crear nuevos espacios de participación. Es preguntarnos en qué momento participa la ciudadanía y cuánto puede transformar aquello que se está decidiendo.

Una consulta realizada cuando todo está definido tiene un alcance muy distinto a una deliberación que participa en la definición del problema.

La transparencia también es una forma de participación

La confianza tampoco se construye simplemente pidiendo a la ciudadanía que confíe en las personas expertas.

El artículo plantea la importancia de la humildad, la honestidad y la transparencia. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la confianza en uno de los principales grupos asesores científicos del Gobierno británico se vio afectada por la falta inicial de transparencia, mientras que el comité encargado de asesorar sobre vacunación publicaba regularmente sus actas y explicaciones sobre decisiones controvertidas. Esto no eliminó los desacuerdos, pero permitió conocer el razonamiento detrás de las decisiones y someterlo al escrutinio público.

La transparencia, entonces, no significa que todo el mundo tenga que llegar a las mismas conclusiones. Significa poder conocer cómo se llegó a una conclusión, qué información se utilizó, qué incertidumbres existen y qué valores están orientando una recomendación.

Esto último resulta especialmente importante. Las decisiones científicas y políticas no ocurren en un vacío de valores. El artículo plantea que quienes asesoran deberían ser capaces de reconocer, por ejemplo, si están priorizando el principio de precaución, la libertad individual o la reducción de riesgos colectivos.

Hacer visibles esas decisiones no debilita necesariamente el conocimiento científico. Puede permitir comprender mejor sus alcances y límites.

Ciencia para todos los poderes

Hay otra dimensión que puede pasar desapercibida: ¿quién asesora científicamente a quienes toman decisiones?

El artículo señala que alrededor del 90 % de los parlamentos carecen de sistemas adecuados de asesoramiento científico. Mientras algunos poderes ejecutivos cuentan con estructuras para recibir información técnica, los parlamentos suelen tener menos capacidades para evaluar críticamente las leyes que deben discutir y aprobar. El poder judicial tampoco suele disponer de órganos permanentes de asesoramiento científico.

Esto abre una pregunta sobre la democracia: si las decisiones públicas incorporan cada vez más dimensiones técnicas y científicas, ¿no debería existir también la posibilidad de que distintos poderes y sectores de la sociedad puedan acceder a conocimientos rigurosos para discutirlas?

El artículo propone que quienes investigan estén dispuestos a trabajar con responsables políticos y ciudadanía de diferentes posiciones, manteniendo como fuente de autoridad el rigor, la transparencia, la revisión por pares y la posibilidad de revisar las propias conclusiones, y no una determinada identificación política.

Hacer de la participación una estructura, no una excepción

El sexto camino es probablemente el más difícil: institucionalizar estos procesos.

No basta con encontrar investigadores comprometidos o funcionarios dispuestos a abrir una consulta. Las universidades, organismos públicos y parlamentos necesitan capacidades, recursos e incentivos permanentes para sostener estos vínculos.

El artículo propone que las universidades incorporen equipos especializados en políticas y participación, que los fondos de investigación contemplen recursos para estos procesos y que los sistemas de evaluación reconozcan el impacto social del conocimiento. Como ejemplo se menciona el sistema británico Research Excellence Framework, que incorpora el impacto social medible dentro de la evaluación de la investigación universitaria.

La propuesta reconoce, además, que no todas las instituciones cuentan con los mismos recursos. Por eso plantea avanzar mediante compromisos graduales: gobiernos con presupuestos limitados pueden asociarse con universidades y organizaciones sociales; las instituciones académicas pueden crear equipos de enlace; y quienes investigan pueden incorporar interacciones comunitarias dentro de sus proyectos.

El punto central es que la participación requiere infraestructura. No puede descansar permanentemente sobre el voluntarismo.

¿Y si la pregunta no fuera si la ciudadanía confía en la ciencia?

El artículo termina dando vuelta una pregunta que suele plantearse de otra manera.

Habitualmente hablamos de la pérdida de confianza en las instituciones, en los gobiernos, en las universidades o en la ciencia como si el problema estuviera principalmente en una ciudadanía mal informada o desconfiada.

Pero ¿qué ocurre si hacemos la pregunta al revés?

¿Qué pasa cuando las instituciones piden confianza sin abrir realmente sus procesos? ¿Qué sucede cuando una comunidad aporta información sobre su territorio, pero esa información no modifica ninguna decisión? ¿Qué ocurre cuando se invita a participar después de que ya fueron definidos el problema, las alternativas y los criterios para evaluarlas?

En estos casos, el problema no necesariamente es que la ciudadanía no confíe en el conocimiento experto. Puede ser que las instituciones no estén dispuestas a compartir el poder de producir conocimiento y tomar decisiones.

El artículo lo formula de manera directa: democratizar la investigación y los procesos de asesoramiento puede contribuir a reconstruir la confianza y democratizar la producción de conocimiento, pero antes de eso las élites académicas y políticas necesitan confiar en el público.

Desde los bienes comunes: conocimiento, participación y poder

Para quienes trabajamos alrededor de los bienes comunes, esta discusión plantea una cuestión particularmente relevante.

Hablar de participación no debería reducirse a incorporar personas en reuniones, talleres o consultas. La pregunta fundamental es qué capacidad tienen esas personas para intervenir en aquello que se decide.

De la misma manera, hablar de conocimiento comunitario no significa colocar todos los conocimientos en el mismo plano ni negar la importancia del conocimiento científico. Significa reconocer que existen distintas formas de conocer y que los problemas complejos requieren ponerlas en diálogo.

Una comunidad que conoce el comportamiento de un río, los cambios de un territorio, las dinámicas de un bosque o los efectos cotidianos de una política pública no necesariamente dispone de las mismas herramientas que una universidad o una institución estatal. Pero eso no significa que su conocimiento sea irrelevante.

La cuestión, entonces, no es elegir entre ciencia y comunidad. Es preguntarnos cómo construir relaciones en las que diferentes conocimientos puedan encontrarse, contrastarse y producir decisiones más democráticas.

Desde esta perspectiva, la participación deja de ser un mecanismo para mejorar la aceptación de decisiones previamente elaboradas. Puede convertirse en una forma de disputar quién define los problemas, quién produce conocimiento y quién participa en la gestión de aquello que nos pertenece colectivamente.

Una pregunta que queda abierta

El artículo de Nature ofrece seis caminos concretos para avanzar hacia una ciencia y unas políticas públicas más participativas: incorporar al público en la investigación, hacer participativos los órganos de asesoramiento, reconocer conocimientos diversos, fortalecer la transparencia, asesorar a todos los poderes e institucionalizar estas capacidades.

Pero quizá su aporte más importante no esté en la lista de propuestas.

Está en la pregunta que deja abierta: ¿Estamos realmente dispuestos a confiar en la ciudadanía?

No solamente a escucharla.

No solamente a consultarla.

No solamente a invitarla a una mesa.

Sino a reconocer que también produce conocimiento, que puede formular preguntas distintas, que puede cuestionar las prioridades institucionales y que debe tener capacidad real para participar en las decisiones que afectan su vida y sus territorios.

Quizá democratizar el conocimiento empiece justamente por ahí: dejar de pensar la participación como un favor que las instituciones conceden y empezar a entenderla como una dimensión necesaria de la vida democrática.

Matriz para pasar de la reflexión a la acción

Esta matriz propone tomar las ideas centrales del artículo y ponerlas en diálogo con nuestras propias experiencias, territorios y procesos organizativos. No busca encontrar respuestas únicas ni comprobar si nuestras prácticas “cumplen” con un modelo de participación, sino abrir preguntas: ¿quién participa?, ¿quién produce conocimiento?, ¿qué saberes son reconocidos?, ¿quién decide y qué capacidad real existe para incidir? Puede utilizarse de manera individual o colectiva, seleccionando uno o varios ejes y completando las preguntas a partir de casos concretos. El objetivo es convertir la lectura en un insumo para la reflexión crítica y, sobre todo, para reconocer aprendizajes, tensiones y posibilidades de transformación.

Eje de reflexión	¿Qué plantea el artículo?	Pregunta para problematizar	¿Qué ocurre en nuestros territorios?	Tensiones / contradicciones	Experiencias o casos que podemos documentar	Posibles acciones / aprendizajes
Participación	Incorporar al público desde el diseño de la investigación y las políticas.	¿Participar significa ser consultado o tener capacidad de decisión?	¿En qué procesos se consulta a las comunidades y en cuáles realmente pueden incidir?	Participación simbólica vs. participación con poder.	Asambleas, consultas, procesos comunitarios, conflictos territoriales.	Identificar mecanismos que permitan pasar de consulta a incidencia.
Producción de conocimiento	La investigación puede producirse conjuntamente con las comunidades.	¿Quién define qué preguntas vale la pena investigar?	¿Qué conocimientos producen las comunidades sobre sus territorios?	Conocimiento experto vs. conocimiento situado.	Monitoreos comunitarios, observatorios, investigaciones participativas.	Reconocer a las comunidades como productoras de conocimiento.
Saberes territoriales	Las comunidades poseen conocimientos valiosos que deben incorporarse a las decisiones.	¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son descartados?	¿Qué saben las personas del territorio que no aparece en informes institucionales?	Saber técnico vs. experiencia territorial.	Conocimiento sobre ríos, bosques, fauna, agricultura, agua, contaminación.	Construir espacios de diálogo entre diferentes formas de conocimiento.
Definición de prioridades	La ciudadanía puede establecer prioridades distintas a las de los expertos.	¿Quién decide cuáles son los problemas urgentes?	¿Coinciden las prioridades institucionales con las preocupaciones comunitarias?	Agenda institucional vs. necesidades territoriales.	Procesos de diagnóstico participativo, conflictos socioambientales.	Incorporar las prioridades comunitarias desde el inicio.
Asesoramiento científico	Los órganos que asesoran a gobiernos deberían incorporar deliberación pública.	¿Quién asesora a quienes toman decisiones sobre nuestros territorios?	¿Qué información llega a las instituciones y quién queda fuera?	Decisiones cerradas vs. deliberación pública.	Comisiones, municipalidades, instituciones ambientales, legislativas.	Promover mecanismos públicos de asesoramiento y deliberación.
Transparencia	Las instituciones deben explicar métodos, datos, incertidumbres y razones.	¿Qué necesitamos saber para poder discutir una decisión?	¿Son accesibles los datos y criterios utilizados por las instituciones?	Transparencia formal vs. información realmente comprensible.	Estudios de impacto, informes técnicos, permisos, resoluciones.	Traducir información técnica y exigir trazabilidad de las decisiones.
Confianza	La confianza no debería exigirse unilateralmente a la ciudadanía.	¿Las instituciones confían realmente en las comunidades?	¿Cómo responden las instituciones cuando una comunidad cuestiona una decisión?	Ciudadanía «desinformada» vs. instituciones que no escuchan.	Conflictos donde los aportes comunitarios fueron ignorados o incorporados.	Cambiar la relación entre instituciones, ciencia y ciudadanía.
Poder	La participación efectiva requiere capacidad real de decisión.	¿Qué cambia cuando una comunidad participa?	¿Qué decisiones puede modificar realmente la ciudadanía?	Participación sin poder vs. cogestión.	Procesos de defensa territorial, gestión comunitaria, bienes comunes.	Identificar dónde se concentra el poder y cómo redistribuirlo.
Institucionalización	La participación necesita recursos, capacidades e incentivos permanentes.	¿Por qué la participación suele depender de personas o proyectos específicos?	¿Qué mecanismos participativos permanecen cuando termina un proyecto?	Voluntarismo vs. estructuras permanentes.	Observatorios, organizaciones comunitarias, universidades, gobiernos locales.	Crear mecanismos estables de participación y seguimiento.
Conocimiento y bienes comunes	Democratizar la producción de conocimiento puede mejorar las decisiones públicas.	¿Puede el conocimiento ser pensado también como un bien común?	¿Cómo se comparte, protege y utiliza el conocimiento producido colectivamente?	Conocimiento abierto vs. apropiación institucional o privada.	Mapas comunitarios, monitoreos, archivos, memorias territoriales.	Fortalecer formas comunitarias de producir, compartir y cuidar conocimiento.

Referencia:

Tyler, C., Akerlof, K. L., al-Gharbi, M., Bedsted, B., Boeira, L., Brown, T., Christopherson, E., Scheufele, D. A., Farooque, M., Head, B. W., Piquado, T., & Pedersen, D. B. (2026). Six ways to put the public at the heart of science and policy. Nature, 655, 34–37. https://doi.org/10.1038/d41586-026-01981-z

Cuando un río se convierte en cantera: cuatro años acompañando la defensa del Río Frío

mayo 11, 2026

with No Comment Uncategorized

Hace aproximadamente cuatro años, el Observatorio de Bienes Comunes comenzó a acompañar y documentar la situación que atraviesa la cuenca del Río Frío–Caño Negro, en la Zona Norte de Costa Rica. Desde entonces, múltiples recorridos, conversaciones comunitarias, registros territoriales y espacios de intercambio han permitido observar no solo las transformaciones físicas del río, sino también las tensiones políticas y territoriales que se profundizan alrededor de su futuro.

La reciente gira realizada por el Observatorio al territorio permitió dar seguimiento a un proceso que las comunidades llevan años denunciando: la expansión de un modelo extractivo sobre el río y la ausencia de una discusión amplia sobre las consecuencias sociales, ecológicas y económicas que esto implica para las poblaciones locales.

Lejos de tratarse de una problemática aislada, el caso del Río Frío refleja disputas cada vez más visibles en distintas regiones del país, donde comunidades cuestionan formas de desarrollo basadas en la explotación intensiva de bienes naturales sin participación efectiva de quienes habitan los territorios.

Un río transformado: cambios acumulados y pérdida territorial

A lo largo de estos años, las comunidades han señalado cómo la extracción intensiva de materiales ha alterado profundamente la dinámica del río. La desaparición de pozas, la modificación del cauce, la pérdida de espacios de recreación y la disminución del caudal forman parte de una transformación acumulativa que modifica no solo el paisaje, sino también las formas de vida alrededor del territorio.

Durante la gira, integrantes del Grupo Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro insistieron en que el problema no se limita a “sacar piedras”. Lo que está en discusión es la forma en que se entiende el río: como cantera y recurso de explotación o como espacio vital, ecológico, comunitario y cultural.

La preocupación comunitaria también apunta a las consecuencias futuras sobre los mantos acuíferos, la biodiversidad y las actividades económicas que históricamente existieron en la zona, especialmente aquellas vinculadas al turismo rural y al disfrute comunitario del río.

Oportunidades que también se están perdiendo

Uno de los elementos más reiterados por las personas de la comunidad es que la degradación del río no solo destruye ecosistemas: también limita posibilidades económicas y sociales para la región.

Durante años, el Río Frío fue un espacio utilizado para tubing, kayak, visitación local, actividades recreativas y encuentros comunitarios. Varias familias proyectaban iniciativas asociadas al turismo rural, hospedajes, actividades de naturaleza y economías vinculadas al disfrute responsable del río. Sin embargo, la transformación del cauce y la pérdida de las condiciones naturales del río han reducido drásticamente estas posibilidades.

En ese sentido, la discusión sobre el modelo de desarrollo también implica preguntarse cuáles oportunidades se priorizan y cuáles se sacrifican. Mientras algunas actividades extractivas generan beneficios inmediatos y concentrados, otras alternativas económicas más sostenibles y comunitarias ven disminuidas sus posibilidades de existencia.

La pérdida del río como espacio vivo también representa una pérdida cultural y generacional. Las comunidades recuerdan un río donde se aprendía a nadar, se compartía colectivamente y se construían vínculos cotidianos con el territorio. Su deterioro implica también la desaparición de experiencias comunitarias y memorias territoriales.

El desarrollo como disputa política

Uno de los elementos centrales que emergieron durante el intercambio es la necesidad de discutir críticamente qué se entiende por “desarrollo”.

Para las comunidades organizadas, el conflicto alrededor del Río Frío expresa una tensión entre dos visiones profundamente distintas de territorio. Por un lado, un modelo de corto plazo centrado en la extracción intensiva, donde el río aparece principalmente como fuente de materiales para sostener dinámicas de infraestructura y mercado. Por otro, una visión que entiende el territorio como espacio de vida, cuidado y permanencia comunitaria.

La pregunta de fondo no es únicamente cuánto material puede extraerse del río, sino qué tipo de futuro se está construyendo para las comunidades de la zona norte.

Las personas entrevistadas durante la gira señalaron que muchas de las expectativas vinculadas al turismo rural, las actividades recreativas y otras formas de economía local han ido desapareciendo conforme avanza la degradación del río. En ese sentido, el conflicto no enfrenta “desarrollo versus conservación”, sino modelos distintos de desarrollo y distintas prioridades sobre cómo habitar el territorio.

Dimensiones en disputa

La situación del Río Frío–Caño Negro también evidencia múltiples dimensiones en disputa que atraviesan los conflictos socioambientales contemporáneos:

El agua y la vida comunitaria: El río no es únicamente un elemento paisajístico. Representa acceso al agua, espacios de encuentro, recreación, memoria y reproducción de la vida cotidiana.

Las economías locales: Mientras algunas actividades extractivas generan beneficios concentrados y de corto plazo, otras iniciativas comunitarias —como el turismo rural o proyectos ecológicos locales— dependen de la permanencia y salud del ecosistema.

El conocimiento sobre el territorio: Las comunidades cuestionan que las decisiones técnicas e institucionales muchas veces invisibilicen el conocimiento construido por quienes han vivido históricamente junto al río y han observado sus cambios durante décadas.

La participación política: Las organizaciones locales denuncian dificultades para ser escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de decisión sobre el territorio, a pesar de ser quienes experimentan directamente las consecuencias de estas actividades.

El tiempo del desarrollo: Mientras las dinámicas extractivas responden frecuentemente a lógicas inmediatas de rentabilidad, las comunidades plantean preocupaciones sobre los impactos acumulativos y las condiciones de vida de las futuras generaciones.

Persistir también es defender el territorio

En un contexto donde muchas veces las comunidades organizadas enfrentan desgaste, desatención institucional y aislamiento, la permanencia del Grupo Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro adquiere una relevancia particular.

Durante años han sostenido procesos de denuncia, envío de cartas, articulaciones con la Universidad de Costa Rica, documentación territorial y acciones de incidencia pública. Esa persistencia ha permitido que la problemática no desaparezca del debate público y que hoy pueda conectarse con otras luchas similares en distintas regiones del país.

La organización comunitaria continúa siendo clave no solo para denunciar impactos, sino también para construir memoria territorial, generar reflexión colectiva y defender la posibilidad de pensar futuros distintos para las comunidades.

Pensar alternativas desde el territorio

Las comunidades organizadas también han insistido en que defender el río no significa oponerse a toda posibilidad de desarrollo. Por el contrario, implica abrir la discusión sobre alternativas que permitan proteger los ecosistemas y al mismo tiempo fortalecer formas de vida sostenibles para las poblaciones locales.

Entre las propuestas que han surgido desde el territorio destaca la solicitud de una moratoria sobre las actividades extractivas en el Río Frío, particularmente en los sectores más afectados por décadas de intervención intensiva. La moratoria aparece como una medida urgente para detener el deterioro acumulado y permitir procesos de recuperación ecológica.

Asimismo, diferentes personas de la comunidad han planteado la posibilidad de impulsar la protección del tramo del río que conecta hacia el Parque Nacional y las zonas altas de la cuenca, imaginándolo como un santuario ecológico y comunitario que priorice la conservación, el turismo responsable y la recuperación del vínculo entre las comunidades y el río.

Más allá de la viabilidad inmediata de estas propuestas, lo que revelan es algo fundamental: las comunidades no solo denuncian daños. También imaginan futuros posibles y alternativas para habitar el territorio desde el cuidado, la permanencia y la defensa de la vida.

Escuchar a las comunidades

La gira del Observatorio reafirma la importancia de escuchar a quienes habitan los territorios y viven cotidianamente las consecuencias de las decisiones sobre los bienes comunes.

Después de cuatro años de seguimiento, el caso del Río Frío muestra que los conflictos socioambientales no son únicamente disputas técnicas o administrativas. Son también debates profundamente políticos sobre quién decide, qué se prioriza y cuáles vidas y territorios son considerados sacrificables en nombre de determinadas ideas de progreso.

Frente a ello, las comunidades continúan planteando una pregunta fundamental: ¿es posible hablar de desarrollo cuando un río, sus ecosistemas y las formas de vida que dependen de él comienzan a desaparecer?

Cuando la extracción se vuelve permanente

Uno de los elementos más preocupantes que emergen en el caso del Río Frío es que estas actividades extractivas no solo son intensivas por la cantidad de material removido, sino también extensivas por la forma en que avanzan progresivamente sobre mayores segmentos del territorio y transforman de manera acumulativa la vida alrededor del río.

Esto implica que los impactos no se limitan al punto exacto donde opera una concesión. Conforme las dinámicas extractivas se expanden, también se amplían las afectaciones sobre ecosistemas, actividades comunitarias, paisajes, formas de recreación, economías locales y vínculos cotidianos con el agua. El río deja de ser únicamente un espacio natural y comienza a convertirse en un corredor intervenido de manera permanente.

Las comunidades advierten además que este tipo de actividades generan una lógica difícil de revertir: mientras más se degrada el río, más se normaliza su transformación en cantera y más se reducen las posibilidades de imaginar otros usos y futuros posibles para el territorio.

Por eso, la discusión no pasa solamente por cuánto material se extrae, sino por las consecuencias acumulativas de un modelo de ocupación territorial que opera bajo horizontes de corto plazo y que frecuentemente traslada los costos ambientales, sociales y culturales a las comunidades y a las futuras generaciones.

El caso del Río Frío recuerda que los bienes comunes no desaparecen únicamente por eventos abruptos o desastres visibles. Muchas veces también se deterioran lentamente, a través de procesos continuos de extracción que terminan modificando de forma profunda aquello que sostenía la vida comunitaria y ecológica de un territorio.

Donde el territorio habla, alguien decide escuchar – Día de la tierra

abril 22, 2026

with No Comment Uncategorized

En el marco del Día de la Tierra, resulta urgente poner en valor las formas concretas en que se defiende la vida en los territorios. En el Caribe Sur de Costa Rica, la experiencia de monitoreo sostenido por Philippe Vangoidsenhoven muestra que la protección ambiental no depende únicamente de marcos legales o discursos institucionales, sino de la persistencia cotidiana de quienes deciden no mirar hacia otro lado.

Su trabajo de vigilancia territorial —basado en la observación directa, la denuncia oportuna y el acompañamiento constante de los procesos— ha logrado frenar intervenciones que, de no haber sido detenidas, habrían generado daños irreversibles en ecosistemas frágiles. Chapeas iniciales, movimientos de tierra, rellenos de humedales, ocupaciones en la Zona Marítimo Terrestre y alteraciones de cauces han sido contenidos en distintas etapas, evidenciando que actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la degradación y la posibilidad de recuperación.

Lo que estos casos revelan es un patrón: muchas de las afectaciones ambientales no comienzan con grandes obras visibles, sino con acciones aparentemente menores que funcionan como antesala de transformaciones más profundas. Bajo figuras como “limpieza”, “poda” o “aprovechamiento”, se abren procesos de ocupación, cambio de uso del suelo y fragmentación de ecosistemas. Frente a esto, la vigilancia activa desde el territorio se convierte en una herramienta clave de alerta temprana.

Más allá de detener daños puntuales, este trabajo también tensiona a las instituciones. En múltiples ocasiones, ha sido necesaria la insistencia directa —incluyendo la articulación con la Fiscalía Ambiental— para lograr que las autoridades actúen. Esto pone en evidencia una realidad incómoda: sin presión desde el territorio, muchas afectaciones avanzarían bajo lógicas de hecho consumado.

Los casos documentados en el Caribe Sur no son excepcionales. Reflejan dinámicas estructurales: la reincidencia de intervenciones, la lentitud institucional, la presión turística e inmobiliaria, la falta de reconocimiento de ecosistemas como humedales y la existencia de economías locales que dependen de la transformación del territorio, como el saqueo de tierra para rellenos. En este contexto, defender la naturaleza implica no solo conocimiento técnico y legal, sino también una disposición constante a sostener procesos largos, desgastantes y, en ocasiones, conflictivos.

Sin embargo, también hay resultados. Bosques costeros que hoy muestran signos de recuperación, humedales que no fueron rellenados, construcciones que no se consolidaron, quebradas que no fueron alteradas. Cada intervención detenida habla de algo más amplio: la posibilidad real de proteger los bienes comunes cuando existe presencia, compromiso y capacidad de actuar.

Esta experiencia, además, permite mirar más allá de los casos puntuales y abrir una pregunta más amplia: ¿qué tipo de desarrollo se está impulsando en territorios como el Caribe Sur, y a qué costo?

Donde tiembla

Durante décadas, Costa Rica ha construido y proyectado con éxito la imagen de “país verde”: un referente global de conservación, biodiversidad y turismo sostenible. Sin embargo, lo que ocurre en territorios como el Caribe Sur muestra que esa narrativa convive con tensiones profundas que rara vez logran hacerse visibles en el relato país.

El trabajo de Philippe Vangoidsenhoven permite ver con claridad esas fisuras. A través de recorridos constantes, registros audiovisuales y denuncias sostenidas en el tiempo, ha documentado cómo, detrás de la promesa de sostenibilidad, avanzan procesos de urbanización turística e inmobiliaria que transforman ecosistemas frágiles bajo lógicas de mercado.

Lejos de ser situaciones aisladas, estas transformaciones responden a patrones que se repiten. Intervenciones que inician con permisos fragmentados o interpretaciones flexibles de la normativa, continúan con tala selectiva, limpieza del terreno y uso de maquinaria, y terminan en rellenos, nivelaciones y procesos de comercialización del espacio. Lo que en apariencia es una acción puntual o menor, suele ser el primer paso de cambios más profundos y, en muchos casos, irreversibles.

Comprender este proceso exige ir más allá de categorías simplificadas como “desarrollo” o “progreso”. Lo que está en juego es una disputa por el territorio: entre una lógica que reduce la naturaleza a mercancía y otra que la reconoce como base de la vida y como bien común.

En ese contexto, la documentación territorial adquiere un valor político clave. No solo aporta evidencia; también cuestiona activamente la narrativa dominante, visibiliza lo que suele quedar fuera del encuadre y abre una discusión necesaria sobre los límites del modelo de desarrollo vigente. En territorios como el Caribe Sur, mirar de cerca no solo informa: incomoda, interpela y obliga a replantear las formas en que entendemos la relación entre conservación, economía y vida.

Pero esa mirada —rigurosa, persistente y crítica— no ocurre sin consecuencias.

Vivir bajo amenaza por defender la naturaleza

Reconocer el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven implica también nombrar las condiciones en que se realiza. Defender el ambiente en América Latina y el Caribe —y también en Costa Rica— es una actividad de alto riesgo, especialmente cuando entra en conflicto con intereses económicos y estructuras de poder local.

A lo largo de más de dos décadas, Philippe ha interpuesto cientos de denuncias por delitos ambientales. Esa labor lo ha expuesto a una violencia sostenida que incluye agresiones físicas, amenazas directas, hostigamiento constante, criminalización judicial y campañas de difamación. No se trata de episodios aislados, sino de un patrón que busca desgastar, intimidar y silenciar.

Las formas que adopta esta violencia son múltiples y acumulativas: desde insultos en el espacio público y persecuciones, hasta ataques físicos, daños a su propiedad y situaciones que han puesto en riesgo su integridad. A esto se suma una dimensión especialmente grave: la respuesta institucional insuficiente o tardía, que en algunos casos ha derivado en la criminalización de quien denuncia, invirtiendo el lugar entre víctima y agresor.

El costo de esta defensa no es solo físico. También es económico y emocional. Implica asumir gastos constantes para sostener el monitoreo, enfrentar pérdidas materiales, reorganizar la vida cotidiana y convivir con una sensación permanente de riesgo. En este contexto, incluso la autoprotección se vuelve una decisión límite, reflejo de la ausencia de garantías efectivas por parte del Estado.

Lejos de ser una excepción, este caso revela una realidad más amplia: la defensa ambiental en muchos territorios depende de personas que operan en condiciones de vulnerabilidad estructural. Personas que sostienen, casi en soledad, una tarea que debería ser colectiva.

Un día cualquiera en la vigilancia del territorio

La defensa ambiental no ocurre en momentos extraordinarios, sino en la repetición de días que exigen atención constante. Un día de monitoreo puede iniciar con un recorrido aparentemente rutinario, pero siempre con la expectativa de encontrar algo fuera de lugar: una chapea reciente, maquinaria donde no debería estar, marcas en el suelo que anuncian una intervención mayor.

Observar implica detenerse, registrar, contrastar lo que se ve con lo que debería estar ocurriendo. Fotografías, videos, anotaciones. La documentación no es opcional: es la única forma de sostener una denuncia en contextos donde la palabra suele ser cuestionada o deslegitimada. Por eso, cada recorrido también es un ejercicio de resguardo: cámaras activas, registros en tiempo real, evidencia que permita responder ante versiones que intenten invertir los hechos.

Denunciar, sin embargo, no es un acto neutro. Implica exponerse. En muchos casos, la reacción no es la atención inmediata de las autoridades, sino la posibilidad de conflicto: cuestionamientos, intimidaciones, intentos de desacreditar lo observado. Esto hace que cada decisión —quedarse, retirarse, insistir— se tome evaluando no solo el daño ambiental, sino también el riesgo personal.

El día continúa entre llamadas, gestiones y seguimiento. Contactar instituciones, insistir para que se presenten en el sitio, explicar una y otra vez por qué una intervención es irregular. A menudo, la respuesta es lenta o ambigua, lo que obliga a sostener la presión desde el territorio para evitar que el daño avance.

Con el paso de las horas, el monitoreo también se traslada a otros espacios: organizar la información, respaldar archivos, preparar denuncias, anticipar posibles escenarios. La vigilancia no termina cuando se abandona el lugar intervenido; continúa en la necesidad de sostener cada caso en el tiempo.

Pero este trabajo no se limita a lo técnico. También implica habitar una tensión constante. Saber que denunciar puede generar represalias, que no siempre habrá respaldo, que en algunos momentos se puede quedar en soledad frente a situaciones complejas. Esa conciencia transforma la rutina: cada recorrido, cada registro, cada llamada se realiza con una atención que no es solo ambiental, sino también de cuidado propio.

Así, lo que desde fuera puede parecer una acción puntual, es en realidad una práctica sostenida que combina observación, documentación, insistencia y gestión. Un trabajo que se construye día a día, muchas veces en silencio, y que resulta clave para que los daños no se consoliden antes de ser vistos.

Una decisión sostenida en el tiempo

En el caso de Philippe Vangoidsenhoven, la defensa ambiental no aparece como una acción puntual, sino como una decisión que ha asumido de forma consciente y sostenida a lo largo de los años. No se trata únicamente de observar o denunciar, sino de mantenerse presente en un contexto donde hacerlo implica riesgos reales.

Desde su propia mirada, este compromiso nace de una certeza difícil de eludir: cuando se identifican daños y no se actúa, estos continúan y se profundizan. Esa claridad es la que lo ha llevado a sostener el monitoreo incluso en condiciones adversas, aun cuando hacerlo ha significado enfrentar conflictos, presiones y situaciones de desgaste constante.

Su experiencia también pone en evidencia un elemento clave: muchas personas optan por no denunciar debido al temor a represalias o a la percepción de que hacerlo puede traer problemas. En ese escenario, su decisión adquiere un peso particular. No porque sea excepcional en términos individuales, sino porque revela el vacío que se produce cuando la defensa del territorio no cuenta con suficientes condiciones colectivas para sostenerse.

Al mismo tiempo, su posición no está exenta de contradicciones y costos. Sostener esta labor implica reorganizar la vida cotidiana, asumir gastos, invertir tiempo y convivir con una sensación permanente de exposición. Sin embargo, lejos de abandonar, ha optado por continuar, entendiendo que su ausencia dejaría aún más desprotegidos los espacios que monitorea.

Esta decisión no responde a una lógica de sacrificio, sino a una forma de asumir responsabilidad frente a lo que ocurre en el territorio. Y, en ese sentido, su trayectoria no solo habla de persistencia individual, sino que interpela directamente a la sociedad: la defensa de los bienes comunes no puede seguir dependiendo de decisiones aisladas, sino que requiere convertirse en una tarea compartida y respaldada colectivamente.

Defender la Tierra también es defender a quienes la cuidan

Volver sobre estos elementos en el Día de la Tierra obliga a ampliar la mirada. No basta con reconocer la importancia de proteger los ecosistemas; es necesario preguntarse quiénes están haciendo posible esa defensa y en qué condiciones.

La experiencia de Philippe Vangoidsenhoven muestra que la protección de los bienes comunes no ocurre de forma abstracta. Se construye desde el territorio, con presencia, conocimiento y una persistencia que muchas veces implica riesgos personales significativos.

Pero también evidencia un límite claro: no es sostenible que esta responsabilidad recaiga en unos pocos. La vigilancia comunitaria es fundamental, pero no puede sustituir el rol del Estado ni operar sin respaldo social e institucional.

Reivindicar este trabajo implica algo más que reconocerlo. Supone asumir un compromiso colectivo: fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras, mejorar la respuesta institucional, garantizar el acceso a información ambiental y cuestionar las formas de desarrollo que siguen poniendo en riesgo territorios frágiles.

Porque, en última instancia, defender la Tierra no es solo una consigna. Es una práctica concreta, sostenida —y muchas veces solitaria— que hoy más que nunca necesita dejar de serlo.

un-obispo-pobre-monsenor-oscar-arnulfo-romero-paso-ser-conservador-abrazar-la-teologia-la-liberacion

Romero frente al poder: ética, política y pedagogía desde el pueblo y el desafío de la instrumentalización de su memoria

marzo 27, 2026

with No Comment Uncategorized

Esta reflexión nace a partir del encuentro con una selección de homilías de Monseñor Romero reunidas por James R. Brockman. No se trata de un libro escrito como tratado teológico o político, sino de la palabra hablada de un obispo que predicaba semana tras semana en medio de la violencia, la pobreza y la represión que vivía el pueblo salvadoreño.
Por eso, más que analizar un libro, lo que esta nota busca es reflexionar sobre el legado que esa palabra deja hoy para el pensamiento y la práctica latinoamericana y caribeña, especialmente en tres dimensiones que en Romero aparecen profundamente unidas: la ética, la política y la pedagogía. Pueden descargar el libro aquí.

La ética de Romero: el amor como fuerza histórica

Uno de los elementos más radicales del pensamiento de Romero es que el amor no aparece como una actitud individual ni como una idea religiosa abstracta. Aparece como una fuerza histórica.

Desde el inicio del texto queda claro que cuando habla de la “violencia del amor” no está hablando de un símbolo espiritual, sino de una forma de enfrentar la desigualdad sin reproducir el odio. El amor del que habla es el que se opone a las injusticias concretas y que busca transformar la historia.

Esto resulta profundamente relevante para América Latina y el Caribe. En contextos donde la violencia estructural sigue marcando la vida de millones de personas —violencia económica, territorial, ambiental, racial y política— Romero no propone una ética neutral, sino una ética situada: una ética que parte del sufrimiento del pueblo.

Y eso cambia completamente el sentido del amor. Ya no es un sentimiento. Es una forma de compromiso con la dignidad humana.

La política de Romero: la palabra que denuncia y que construye

Otro elemento fundamental es que la palabra de Romero nunca se separa de la historia concreta. En el prefacio se recuerda que durante tres años su voz resonó por todo El Salvador denunciando asesinatos, torturas y abusos, pero al mismo tiempo llamando a construir una sociedad más justa.

Esto convierte su pensamiento en profundamente político, pero no en el sentido partidario, sino en el sentido más profundo de la política: la defensa de la vida.

Romero entiende que la fe no puede ser neutral frente a la injusticia. Por eso insiste una y otra vez en que la palabra de Dios no puede separarse de la realidad histórica en la que se pronuncia.

Esto tiene una enorme vigencia hoy para América Latina y el Caribe. La defensa de los territorios, la lucha por los derechos humanos, la justicia ambiental, la defensa de los pueblos indígenas y la organización comunitaria son hoy espacios donde su pensamiento sigue teniendo una enorme fuerza.

Su legado no pertenece al pasado. Pertenece a las luchas del presente.

La pedagogía de Romero: aprender desde el pueblo

Uno de los aspectos menos mencionados, pero más profundos, del legado de Romero es su dimensión pedagógica.

El texto deja claro que su fuerza no estaba en redactar discursos sofisticados, sino en hablar directamente desde la vida del pueblo, especialmente desde la experiencia de los pobres, cuyo sufrimiento —dice el propio libro— “toca el corazón mismo de Dios”.

Eso significa que Romero no enseñaba desde arriba. Enseñaba desde la realidad.

Su palabra no buscaba obediencia, sino conciencia. No buscaba seguidores, sino compromiso. No buscaba respuestas fáciles, sino personas capaces de comprender su propia realidad histórica.

Por eso su legado se conecta directamente con la educación popular latinoamericana. Su forma de predicar no era solo religiosa. Era profundamente pedagógica.

Ética, política y pedagogía: una propuesta latinoamericana y caribeña

Quizás el aporte más importante de Romero es que no separa dimensiones que muchas veces se analizan por separado:

-la ética como compromiso con la vida digna,
-la política como defensa del pueblo,
-y la educación como proceso de conciencia histórica.

En sus homilías aparece constantemente la idea de que la palabra solo tiene sentido si se encarna en la historia. No basta con creer. Es necesario actuar. No basta con denunciar. Es necesario construir alternativas.

Esto convierte su legado en profundamente latinoamericano y caribeño. No es un pensamiento abstracto. Es un pensamiento nacido desde la desigualdad, desde la represión, desde la pobreza y desde la esperanza.

El aporte teórico-práctico desde espacios no académicos

Uno de los aportes más profundos de Romero es que su pensamiento no nace en la academia, pero tiene una enorme fuerza teórica.

Sus homilías no fueron escritas para ser libros. Fueron pronunciadas en una catedral llena de personas pobres, transmitidas por radio a comunidades campesinas y escuchadas por personas que no tenían acceso a espacios académicos.

Y sin embargo, en esa palabra aparecen ideas profundamente teóricas:

-la relación entre fe e historia,
-la crítica a las estructuras injustas,
-la opción preferencial por los pobres,
-la idea de que la palabra debe denunciar y anunciar al mismo tiempo,
-y la convicción de que la liberación no es solo espiritual, sino también histórica.

Esto tiene una enorme importancia para América Latina y el Caribe. Porque demuestra que el pensamiento crítico no nace únicamente en universidades o centros de investigación. También nace en las comunidades, en las iglesias de barrio, en los territorios campesinos, en los espacios de organización popular.

Romero no solo fue un líder religioso. Fue también un productor de pensamiento crítico desde el pueblo.

Un legado para el presente latinoamericano y caribeño

Hoy, cuando en muchos territorios de América Latina y el Caribe se criminaliza a quienes defienden la tierra, cuando las desigualdades siguen creciendo y cuando muchas comunidades viven situaciones de abandono, la palabra de Romero sigue siendo profundamente actual.

Su legado no consiste solo en su testimonio personal. Consiste en una forma de pensar y actuar:

-una ética que nace del sufrimiento del pueblo,
-una política que defiende la vida,
-y una pedagogía que construye conciencia colectiva.

Por eso su palabra no pertenece solo a la historia. Pertenece al presente.

La memoria de Monseñor Romero y su instrumentalización política en el presente salvadoreño

Uno de los problemas más complejos cuando una figura como Monseñor Romero se vuelve símbolo nacional es que su memoria deja de ser únicamente memoria histórica y comienza a ser utilizada políticamente. El riesgo no es nuevo: el propio prólogo del libro recuerda que sus palabras estaban dirigidas “a gente de la izquierda y gente de la derecha, a gente del gobierno y del ejército, a los oprimidos y a sus opresores”.

Eso significa que Romero nunca habló para legitimar un poder, sino para cuestionarlo.

Sin embargo, en el contexto actual de El Salvador, su figura aparece muchas veces reducida a una imagen moral neutra: un símbolo de unidad nacional, un mártir sin conflicto, un santo desligado de la denuncia estructural que marcó toda su palabra. El problema no es que el Estado reconozca su figura; el problema aparece cuando se separa su memoria de aquello que fue central en su vida: la denuncia del poder cuando ese poder produce sufrimiento.

El propio libro insiste en algo muy claro: la palabra de Romero no podía separarse de la historia concreta. Él mismo lo decía con claridad: no se puede “segregar la palabra de Dios de la realidad histórica en que se pronuncia”, porque esa palabra existe para “repudiar, iluminar y contrastar lo que se está haciendo hoy en la sociedad”.

Cuando su memoria se utiliza sin esa dimensión crítica, deja de ser memoria y se convierte en símbolo vacío.

Esto plantea una pregunta incómoda pero necesaria para América Latina y el Caribe: ¿qué ocurre cuando un gobierno honra a Romero como figura moral, pero evita su crítica al poder, su defensa radical de los pobres y su llamado a transformar las estructuras injustas?

En ese momento, la memoria deja de incomodar. Y cuando la memoria deja de incomodar, deja de ser memoria viva.

Un diálogo imposible (pero necesario) entre Óscar Arnulfo Romero y Nayib Bukele

Una tarde cualquiera, en algún lugar de El Salvador donde todavía resuena la voz de las homilías, alguien le pregunta a Monseñor:

—Monseñor, ¿qué le diría usted al presidente si pudiera hablar con él hoy?

Romero guarda silencio un momento. Y luego responde:

Romero: Señor presidente, he escuchado que usted habla mucho de orden. Y el orden puede ser algo bueno. Pero dígame algo con sinceridad: ¿el orden está sirviendo al pueblo… o el pueblo está sirviendo al orden?

Bukele: Monseñor, el país necesitaba mano firme. La gente quiere seguridad.

Romero: La seguridad es un derecho. Pero también lo es la dignidad. Y cuando el poder habla más de control que de justicia, el pueblo empieza a tener miedo… no solo de los delincuentes, sino también del propio Estado.

Bukele: Pero ahora el mundo habla bien de El Salvador.

Romero (sonríe un poco): El mundo también hablaba bien de muchos gobiernos cuando yo estaba vivo. El problema no es lo que dice el mundo. El problema es lo que siente el pobre cuando se acuesta por la noche.

Pausa. Como si la homilía estuviera empezando de verdad.

Romero: Le voy a hacer una pregunta sencilla: ¿usted gobierna para el aplauso o para la justicia?

Bukele: Gobierno para transformar el país.

Romero: Transformar un país no es solo cambiar las cifras. Es cambiar la vida de la gente sin quitarle la libertad. Porque un país puede verse ordenado por fuera… y estar lleno de miedo por dentro.

La gente que escucha empieza a entender que no es una discusión política. Es una discusión moral.

Bukele: Monseñor, hoy el pueblo me apoya.

Romero: El pueblo también apoyó muchas cosas que después le hicieron daño. El apoyo no siempre es verdad. A veces es cansancio, a veces es miedo, a veces es desesperación.

Bukele: Entonces, ¿qué quiere que haga?

Romero: Algo muy difícil: gobernar sin olvidar que el poder no es suyo. El poder es prestado por el pueblo. Y lo más peligroso que le puede pasar a un gobernante es empezar a creer que él es el salvador.

Silencio otra vez.

Romero (más suave): Yo no estoy en contra de usted. Estoy en contra de todo poder que deja de escuchar al pobre. Y eso le puede pasar a cualquier gobierno: de derecha, de izquierda o de moda en redes sociales.

Bukele: ¿Y qué cree usted que va a quedar al final?

Romero: Siempre queda lo mismo: o queda el miedo… o queda la dignidad del pueblo. Y la historia es dura con quienes eligieron el miedo.

Y entonces alguien le pregunta a Monseñor:

—¿Y usted cree que todavía lo escucharían?

Romero responde sin dudar:

—Si no me escuchan, no importa. Lo importante es que el pueblo vuelva a escucharse a sí mismo.

Compartimos esta infografía para seguir problematizando

PDF – Imagen

La dictadura argentina no terminó en 1983: por qué la memoria sigue siendo una tarea del presente

marzo 25, 2026

with No Comment Uncategorized

Esta reflexión se elaboró a partir de los documentos Memoria, verdad y justicia: cuadernillo para la promoción de los derechos humanos (descargue aquí) y No violencia activa: manual crítico (descargue aquí). Ambos materiales se ponen a disposición de las personas lectoras para su descarga y consulta, con el fin de seguir profundizando en la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y las formas de acción no violenta en el presente.

A 50 años del golpe: una provocación necesaria

Cincuenta años no son solo una cifra. Son una pregunta incómoda.
¿Qué significa recordar una dictadura medio siglo después? ¿Qué dice de nuestro presente que todavía sea necesario explicar por qué no se debe olvidar?

Cada 24 de marzo no se recuerda solo una fecha. Se recuerda una advertencia histórica. Se recuerda lo que puede ocurrir cuando el poder del Estado se transforma en una maquinaria de violencia y cuando una sociedad deja de preguntarse qué está pasando frente a sus ojos.

El cuadernillo Memoria, Verdad y Justicia lo dice con claridad: el Día Nacional de la Memoria no existe únicamente para conmemorar la dictadura argentina, sino para ejercitar la memoria como un acto colectivo de reflexión y conciencia sobre las consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales de la dictadura. Es decir, la memoria no es solo recordar hechos, sino comprender lo que esos hechos significaron para toda una sociedad.

El golpe del 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni una ruptura inesperada. Formó parte de una historia marcada por intervenciones militares, pero al mismo tiempo significó algo distinto: una violencia sistemática y organizada para transformar la sociedad desde el miedo. La represión no fue solo política. También fue económica y social: el terror fue utilizado para disciplinar a la población y desarticular a quienes defendían derechos laborales, sociales y democráticos.

Por eso recordar no es un acto simbólico. Es una forma de comprender cómo se construye el autoritarismo y cómo se puede volver a repetir cuando se normaliza la violencia estatal.

Y justamente ahí está la provocación de estos 50 años.
No se trata solo de mirar lo que pasó en 1976. Se trata de preguntarnos qué estamos normalizando hoy. Qué discursos vuelven a justificar la violencia. Qué formas de silencio vuelven a aparecer. Qué miedos vuelven a instalarse.

Porque el problema no es que hayan pasado 50 años.
El problema sería que 50 años después dejáramos de hacernos estas preguntas.

Recordar la dictadura no es un gesto hacia el pasado.
Es una decisión sobre el presente.

La memoria no es del pasado: es una forma de actuar hoy

Uno de los aspectos más importantes del cuadernillo es que no presenta la memoria como algo cerrado. La memoria es un proceso en construcción permanente, sostenido por la sociedad. No nació desde el poder, nació desde la lucha de las personas.

La historia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lo demuestra con claridad. No fue el Estado el que impulsó la memoria. Fueron las familias que se negaron a aceptar el silencio. Fueron mujeres que comenzaron a reunirse en medio del miedo para exigir respuestas, y que transformaron el dolor en organización colectiva .

Recordar la dictadura, entonces, no es solo recordar el sufrimiento. Es reconocer que la memoria también es una forma de resistencia. Gracias a esa lucha persistente hoy existen juicios, políticas de reparación, sitios de memoria y procesos de restitución de identidad que siguen abiertos porque la memoria no se cerró cuando terminó la dictadura .

Esto cambia completamente la pregunta. No se trata solo de qué pasó en 1976. La pregunta es qué significa hoy defender la democracia cuando todavía existen retrocesos, discursos que justifican la violencia estatal o intentos de negar lo ocurrido.

Recordar también significa pensar cómo actuar

Aquí es donde el Manual crítico de no violencia activa aporta una dimensión fundamental. Recordar no es suficiente si no nos preguntamos cómo actuar frente a las injusticias actuales.

El manual plantea que la no violencia activa no es pasividad ni resignación. No significa aceptar la injusticia. Significa enfrentarla desde la acción colectiva, pero sin reproducir la misma lógica de violencia que se quiere superar . Es una propuesta que nace de experiencias reales de protesta social y defensa de derechos en América Latina, no de una teoría abstracta .

Además, el texto insiste en algo que muchas veces se olvida: la no violencia activa no evita el conflicto. Lo transforma. Se trata de construir formas de resistencia que puedan sostenerse en el tiempo, que no dependan de la fuerza, sino de la organización, la creatividad y la legitimidad social .

Por eso la memoria y la no violencia activa están profundamente conectadas. Las luchas por verdad y justicia no fueron luchas violentas. Fueron luchas persistentes, organizadas y profundamente políticas. Recordar esa experiencia también es aprender de ella.

La memoria como responsabilidad colectiva

El cuadernillo insiste en que la dictadura no solo produjo víctimas individuales. Produjo un daño colectivo. Miles de personas pasaron a formar parte de la categoría de “desaparecidos”, una forma de borrar a alguien incluso de la vida social . No era solo represión. Era una estrategia para que el miedo se volviera normal.

Por eso la memoria no es solo un homenaje. Es una responsabilidad. Porque olvidar no es neutral. Olvidar significa debilitar la capacidad de una sociedad para reconocer cuándo la violencia vuelve a aparecer.

El propio cuadernillo lo plantea con claridad: la memoria está directamente vinculada con la defensa de la democracia y con el compromiso ciudadano de evitar que esas violaciones vuelvan a ocurrir .

¿Qué significa actuar desde formas no violentas hoy?

Si la memoria es una tarea del presente, entonces también debe convertirse en acción. El manual de no violencia activa propone pensar la protesta social y la defensa de derechos como una práctica organizada, consciente y sostenida en el tiempo .

Algunas acciones no violentas que pueden ponerse en práctica hoy son:

Acciones de memoria activa

Recuperar historias locales que han sido olvidadas
Organizar espacios comunitarios de memoria y reflexión
Vincular a las personas jóvenes con la memoria histórica
Defender archivos, testimonios y procesos de verdad

Acciones de organización social

Construir espacios colectivos de participación
Promover debates públicos sobre derechos humanos
Acompañar luchas sociales desde la solidaridad activa
Crear redes comunitarias para defender derechos

Acciones de resistencia no violenta

Denunciar públicamente las injusticias
Utilizar la desobediencia civil cuando los derechos son vulnerados
Defender el derecho a la protesta social
Usar la creatividad, el arte y la comunicación como formas de resistencia

Acciones desde la educación

Trabajar la memoria histórica en espacios educativos
Promover el pensamiento crítico frente al autoritarismo
Cuestionar los discursos que normalizan la violencia
Convertir la memoria en una herramienta para defender la democracia

La memoria más allá del monumento

Muchas veces se piensa que recordar es construir un monumento, colocar una placa o conmemorar una fecha. Pero la memoria no puede quedarse solo en lo simbólico.

El propio proceso argentino demuestra que la memoria no es solo recuerdo. Es acción. Es lucha. Es organización. Gracias a esa memoria existen hoy sitios donde antes funcionaron centros de represión, procesos de justicia que siguen abiertos y personas que todavía buscan su identidad .

Por eso la memoria no debe quedarse en el pasado ni en los monumentos. Debe convertirse en una forma de mirar el presente.

Recordar no es repetir una historia.
Recordar es preguntarse qué estamos haciendo hoy frente a la injusticia.

Porque la memoria no sirve solo para entender lo que pasó.
Sirve para decidir qué sociedad queremos construir ahora.

La memoria colectiva como bien común social

Cuando se habla de memoria muchas veces se piensa en algo individual: lo que recuerda una persona, una familia o una generación. Pero la experiencia de la dictadura argentina demuestra algo mucho más profundo: la memoria también puede ser un bien común social.

La memoria colectiva no pertenece a una sola persona ni a una sola organización. Pertenece a toda la sociedad porque lo que ocurrió durante la dictadura no afectó solo a quienes fueron perseguidos directamente, sino a todo el tejido social. El miedo, el silencio y la violencia no se vivieron de forma aislada; transformaron la vida cotidiana, la participación política, las relaciones sociales y la manera en que una sociedad se entiende a sí misma.

Por eso la memoria no puede privatizarse ni reducirse a un recuerdo individual. Cuando una sociedad pierde su memoria colectiva, pierde también su capacidad de reconocer la injusticia cuando vuelve a aparecer. La memoria funciona entonces como un bien común: algo que se construye colectivamente, que debe cuidarse entre todas las personas y que permite defender derechos que no pertenecen solo al pasado, sino también al presente.

Aquí es donde la memoria se conecta directamente con la resistencia no violenta. Las luchas por verdad y justicia no fueron solo luchas de víctimas individuales. Fueron procesos colectivos que lograron sostenerse en el tiempo gracias a la organización social, la persistencia y la capacidad de transformar el dolor en acción. La memoria colectiva se convirtió así en una forma de resistencia: recordar fue también una manera de negarse a aceptar la violencia como algo normal.

Entender la memoria como un bien común cambia completamente la forma en que se la trabaja hoy. No se trata solo de conmemorar fechas o recordar hechos históricos. Se trata de crear espacios donde la memoria pueda compartirse, discutirse y mantenerse viva: en las comunidades, en los espacios educativos, en las organizaciones sociales y en las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura, pero sí viven sus consecuencias.

Cuando la memoria se entiende como un bien común social, deja de ser un recuerdo del pasado y se convierte en una herramienta para cuidar la democracia, defender los derechos humanos y construir formas de acción colectiva que no reproduzcan la violencia que se quiere superar.

Porque la memoria no solo recuerda lo que pasó.
La memoria protege lo que todavía puede perderse.

Referencia:

Saavedra, Luis. Ángel. (2022). No violencia activa: Manual crítico (Serie Capacitación N.º 38). Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Vannucchi, Edgardo. (2022). Memoria, verdad y justicia: Cuadernillo para la promoción de los derechos humanos (1.ª ed.). Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Estrategias de seguridad en tiempos de colapso: extractivismo y poder en la política de Estados Unidos

marzo 2, 2026

with No Comment Uncategorized

Estados Unidos debe prepararse para un entorno de crisis prolongadas —económicas, climáticas, sanitarias y geopolíticas— mediante una adaptación constante de sus capacidades civiles, económicas y militares.

Pueden descargar el documento aquí.

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos redefine la seguridad nacional desde una lógica abiertamente economicista y geopolítica, en la que el control de territorios, recursos estratégicos y cadenas de suministro aparece como condición central del poder global. Esta formulación no solo desatiende la crisis socioecológica contemporánea, sino que contribuye a profundizarla al legitimar nuevas formas de extractivismo bajo el lenguaje de la “seguridad”, la “estabilidad” y la “resiliencia”.

El documento presenta el acceso a minerales críticos, energía y recursos naturales como un imperativo estratégico, con especial énfasis en América Latina y otras regiones del Sur Global. Esta narrativa transforma territorios vivos en infraestructuras funcionales a la seguridad de las potencias, desplazando comunidades, debilitando soberanías locales y reforzando economías dependientes. La crisis climática, lejos de asumirse como un límite estructural del modelo civilizatorio vigente, es negada o instrumentalizada para justificar la expansión energética, la reindustrialización extractiva y la intensificación del control territorial.

En este marco, la noción de seguridad se desvincula del cuidado de la vida y se redefine como capacidad de control, militarización y aseguramiento de flujos materiales. La estrategia promovida por la administración de Donald Trump expresa así una respuesta autoritaria a una crisis que es simultáneamente ecológica, social y política: en lugar de abrir transiciones hacia modelos pos-extractivistas y de justicia ambiental, profundiza la disputa por los bienes comunes y consolida las asimetrías globales existentes.

Pensar la seguridad desde esta clave obliga a invertir la pregunta: ¿seguridad para quién y a costa de qué territorios? En un contexto de colapso socioecológico, insistir en estrategias de dominación y extracción no produce estabilidad, sino que acelera los conflictos, amplía las desigualdades y erosiona las condiciones que hacen posible la vida.

La seguridad nacional de Estados Unidos abarca la defensa del país, la fortaleza de su economía, la protección de infraestructuras críticas y la capacidad de sostener cadenas de suministro seguras frente a crisis y amenazas externas.

América Latina y el Caribe: el territorio como “zona de seguridad”

Vista desde América Latina y el Caribe, la Estrategia de Seguridad reactualiza una matriz histórica de dominación hemisférica en la que la región es concebida como espacio de provisión, contención y control. La referencia explícita al “Hemisferio Occidental” como área prioritaria de seguridad, junto con mensajes difundidos desde redes sociales oficiales del gobierno estadounidense afirmando que “el hemisferio es nuestro”, refuerzan una visión neomonroísta que subordina territorios, pueblos y bienes comunes a los intereses estratégicos de una potencia externa.

En este encuadre, América Latina y el Caribe no aparecen como sujetos políticos con proyectos propios, sino como reservas de minerales críticos, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo, disponibles para sostener la seguridad económica y militar del Norte global. Esta narrativa prolonga una historia marcada por el extractivismo, la dependencia y la violencia territorial. La securitización de los bienes naturales y de las cadenas de suministro habilita la militarización, la flexibilización ambiental y el debilitamiento de la autodeterminación de comunidades indígenas, campesinas y costeras. Bajo el lenguaje de la “estabilidad” y la “cooperación”, se refuerzan economías de enclave y se amplían las asimetrías regionales, desplazando cualquier debate sustantivo sobre transiciones justas, soberanía popular y defensa de los bienes comunes.

Esta lógica se inscribe en una genealogía más amplia de dominación hemisférica que remite directamente a la Doctrina Monroe y al Destino Manifiesto, pilares históricos de la política exterior estadounidense hacia la región. Bajo la consigna de “América para los americanos”, estas doctrinas legitimaron la intervención, el tutelaje político y la apropiación territorial como supuestos actos de protección y civilización. La afirmación contemporánea de que “el hemisferio es nuestro” no constituye una anomalía discursiva, sino la actualización de ese imaginario colonial: América Latina y el Caribe como patio trasero estratégico, espacio disponible para la extracción, el control y la contención de amenazas externas.

El acceso confiable a minerales críticos, energía y otros recursos estratégicos es esencial para la seguridad nacional, la competitividad industrial, la innovación tecnológica y la preparación ante escenarios de conflicto y disrupción global.

Recursos estratégicos y disputa geopolítica

En este mismo marco, las declaraciones de Laura J. Richardson, excomandante del United States Southern Command, ilustran con particular claridad la forma en que la seguridad nacional estadounidense se articula con la disputa por los recursos de la región. Richardson señaló de manera reiterada que América Latina y el Caribe concentran activos estratégicos clave —como el litio del denominado Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, los hidrocarburos de Venezuela y Guyana, el agua dulce y las tierras raras— y que estos resultan centrales para los intereses de Washington frente a la competencia con China y Rusia.

Al afirmar que “esta región importa” por sus recursos y que Estados Unidos debía “empezar su juego” para disputar su acceso, estas declaraciones colocan explícitamente los bienes naturales estratégicos en el centro de las prioridades militares y geopolíticas. Lejos de tratarse de deslices retóricos, constituyen expresiones coherentes con una concepción de seguridad que convierte territorios y ecosistemas en piezas de un tablero de competencia global.

Guerra, extractivismo y crisis socioecológica: una misma racionalidad

La guerra ocupa un lugar estructural en los extractivismos contemporáneos y en la profundización de la crisis socioecológica. No se trata únicamente de conflictos armados abiertos, sino de una racionalidad de guerra que atraviesa la gestión de los territorios, la naturaleza y los cuerpos. El extractivismo opera como una guerra permanente contra la vida: impone ritmos acelerados de extracción, despoja comunidades, fragmenta ecosistemas y normaliza la violencia como costo necesario del “progreso”, la “seguridad” o el “desarrollo”. La militarización de territorios ricos en bienes naturales no es una anomalía del modelo, sino una de sus condiciones de posibilidad.

En el contexto actual, la crisis climática y ecológica no desactiva esta lógica, sino que la reconfigura. A medida que el colapso socioecológico se profundiza, la guerra se consolida como dispositivo para asegurar el acceso a recursos cada vez más escasos: agua, energía, minerales críticos y tierras fértiles. La securitización de estos bienes transforma conflictos socioambientales en amenazas estratégicas y legitima el uso de la fuerza —militar, policial, jurídica o económica— para garantizar flujos materiales hacia los centros de poder. De este modo, la guerra deja de ser un evento excepcional y se convierte en una forma cotidiana de gobernanza del colapso.

Esta articulación revela que no estamos ante crisis separadas —ambiental, social, energética o de seguridad—, sino ante una crisis civilizatoria sostenida por una lógica de dominación. La guerra protege al extractivismo y el extractivismo alimenta la guerra, en un círculo que erosiona las bases mismas de la vida. Romper ese vínculo implica disputar el sentido de la seguridad: no como capacidad de destruir o controlar, sino como posibilidad de sostener territorios habitables, relaciones justas y futuros comunes. En un mundo al borde del colapso, la paz no puede edificarse sobre territorios devastados ni sobre comunidades convertidas en zonas de sacrificio.

Lo común frente a la tormenta: recomenzar desde abajo

Frente a un escenario marcado por la militarización de la seguridad, la expansión extractiva y la gestión autoritaria del colapso, las reflexiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ofrecen un contrapunto radical. Allí donde la seguridad hegemónica se define como control de territorios, aseguramiento de flujos materiales y disputa entre potencias, el zapatismo plantea otra pregunta: ¿cómo sostener la vida en medio de la tormenta y, sobre todo, cómo no repetir el mundo que la produjo?

La “tormenta” nombrada por el EZLN —esa convergencia de crisis climática, guerras, despojos, violencias y colapsos— es el mismo horizonte que subyace a las estrategias de seguridad analizadas en este texto. Pero mientras estas responden con más extracción, más control y más guerra, el zapatismo insiste en que el verdadero riesgo está en el “día después”: reconstruir sobre las mismas lógicas que convirtieron la tierra, los cuerpos y los territorios en mercancía y botín estratégico.

En ese punto, lo común aparece no como consigna abstracta, sino como práctica concreta de recomposición social. Asamblea, trabajo compartido, cuidado mutuo, autonomía y reconocimiento de las diferencias se presentan como bases para sostener la vida cuando las grandes infraestructuras del poder —Estados, mercados, ejércitos— fallan o se vuelven abiertamente destructivas. Lo común no se subordina a la seguridad de las potencias ni a la rentabilidad del capital: se orienta a garantizar lo necesario para vivir con dignidad.

Este horizonte interpela directamente la noción de seguridad que atraviesa la disputa global por los recursos estratégicos. Mientras la seguridad dominante convierte territorios en “zonas de sacrificio” y normaliza la guerra como forma de gobernanza del colapso, la apuesta por lo común desplaza el eje hacia la reproducción de la vida. No se trata de asegurar minerales, energía o cadenas de suministro, sino de asegurar agua, alimento, salud, memoria y futuro para las comunidades.

En tiempos de crisis socioecológica, pensar desde lo común implica reconocer que la estabilidad no vendrá de la dominación ni del control armado de la naturaleza, sino de la capacidad colectiva de recomenzar sin repetir. La palabra zapatista no ofrece recetas, pero sí una advertencia y una invitación: si el día después se construye con las mismas lógicas de guerra y extractivismo, la tormenta no habrá terminado. Defender lo común es, en ese sentido, una forma radical de disputar la seguridad, el futuro y la vida misma.

Claves conceptuales para leer la seguridad y los recursos en disputa

Los documentos de seguridad utilizan categorías como “recursos estratégicos”, “minerales críticos” o “recursos naturales” como si fueran conceptos neutros y evidentes. Sin embargo, cada término encierra una forma particular de entender el territorio, la naturaleza y el poder. La siguiente tabla ofrece definiciones comparadas que permiten distinguir estas nociones y, al mismo tiempo, abrir una lectura crítica sobre cómo el lenguaje de la seguridad transforma bienes comunes en activos geopolíticos.

Concepto	Definición operativa	Cómo aparece en discursos de seguridad / desarrollo	Lectura crítica desde ecología política
Bienes naturales	Elementos de la naturaleza que sostienen la vida y los ecosistemas (agua, suelos, bosques, biodiversidad).	Invisibilizados o reducidos a “insumos” disponibles.	Son relacionales y finitos; no existen para ser apropiados, sino para ser cuidados colectivamente.
Recursos naturales	Bienes naturales convertidos en objetos de uso económico.	Nombrados como base del crecimiento y la competitividad.	La categoría naturaliza la mercantilización y oculta relaciones de poder y despojo.
Recursos estratégicos	Recursos clave para la seguridad, la industria o el poder geopolítico.	Asociados a soberanía, control territorial y cadenas de suministro.	Reconfiguran territorios como zonas de sacrificio en nombre de la seguridad nacional.
Recursos críticos	Insumos considerados escasos o indispensables (litio, tierras raras, agua).	Justifican urgencia, flexibilización ambiental y extractivismo acelerado.	La “criticidad” es política: depende del modelo productivo que se decide sostener.
Materias primas	Recursos extraídos sin procesamiento significativo.	Presentadas como oportunidad de inserción económica global.	Reproducen dependencia y reprimarización de economías periféricas.
Infraestructura estratégica	Obras que permiten extracción, transporte y control (puertos, carreteras, energía).	Asociadas a desarrollo, seguridad y estabilidad.	Facilitan el extractivismo y fragmentan territorios y tejidos comunitarios.
Seguridad energética	Garantía de acceso continuo a fuentes de energía.	Prioriza expansión fósil y control geopolítico.	Ignora límites ecológicos y alternativas de transición justa.
Cadenas de suministro	Redes globales de producción y circulación de bienes.	Presentadas como vulnerables y a asegurar.	Externalizan costos sociales y ambientales a territorios periféricos.
Soberanía	Capacidad de un Estado para decidir sin interferencias externas.	Invocada para justificar control y militarización.	Puede entrar en tensión con la autodeterminación de pueblos y comunidades.
Bienes comunes	Bienes gestionados colectivamente para la vida (agua, territorio, saberes).	Ausentes o incompatibles con el enfoque dominante.	Proponen una lógica de cuidado, corresponsabilidad y límites al extractivismo.

Matriz general de lectura crítica: Estrategia de seguridad de EE. UU.

Eje	Qué plantea la estrategia	Claves de lectura crítica	Implicaciones para América Latina y el Caribe
Concepto de seguridad	Amplía la seguridad nacional más allá de lo militar, incorporando economía, energía, cadenas de suministro y tecnología.	La seguridad deja de centrarse en la vida y se redefine como capacidad de control y aseguramiento de flujos materiales.	Los territorios pasan a ser leídos como activos estratégicos, no como espacios de vida.
Recursos estratégicos y críticos	Prioriza el acceso a minerales críticos, energía, agua y tierras clave para la competitividad global.	Naturaliza la extracción como necesidad estratégica e invisibiliza sus impactos sociales y ecológicos.	Refuerza el rol de la región como proveedora de materias primas.
Cadenas globales de suministro	Busca reducir dependencias y asegurar abastecimiento frente a crisis o competidores geopolíticos.	La resiliencia se traduce en control territorial y presión sobre países del Sur Global.	Intensificación de proyectos extractivos y de infraestructura.
Competencia entre potencias	Define a China y Rusia como competidores estratégicos prioritarios.	La disputa geopolítica se desplaza a territorios periféricos.	Mayor injerencia externa bajo la lógica de “equilibrio de poder”.
Dimensión climática	Reconoce el cambio climático como riesgo, pero lo integra a la seguridad.	El clima se gestiona como amenaza, no como límite estructural del modelo.	Se justifica nueva extracción “verde” y expansión energética.
Militarización	Refuerza cooperación militar y presencia estratégica en regiones clave.	La militarización aparece como herramienta normal de gobernanza.	Criminalización de conflictos socioambientales.
Lenguaje y narrativa	Uso de términos como estabilidad, resiliencia, cooperación y orden.	Lenguaje técnico que oculta relaciones de poder y despojo.	Dificulta la visibilización de resistencias locales.
Territorio	El territorio es concebido como espacio a asegurar.	Se vacía de historia, cultura y vida comunitaria.	Desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades rurales.
Modelo de desarrollo	Vincula seguridad con crecimiento, reindustrialización y competitividad.	Reafirma un modelo extractivo dependiente de alta intensidad material.	Bloquea debates sobre transiciones justas y alternativas.
Soberanía	Promueve cooperación alineada a intereses estratégicos de EE. UU.	La soberanía se subordina a la lógica hemisférica de seguridad.	Debilitamiento de proyectos políticos autónomos.
Conflicto y guerra	Asume escenarios de conflicto prolongado y crisis múltiples.	La guerra se vuelve forma permanente de gestión del colapso.	Incremento de tensiones sociales y ambientales.
Bienes comunes	No aparecen como categoría central.	Lo común queda subsumido en la lógica de recurso estratégico.	Amenaza directa a territorios, agua, biodiversidad y saberes.