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Derecho de rectificación sobre el artículo “Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas”

En atención a la solicitud de rectificación presentada por la Asociación Cívica de Nosara, el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica procede a ejercer el derecho de rectificación respecto al artículo titulado “Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas”, publicado el 23 de agosto de 2025.

Tras revisar de manera detallada la sentencia en firme Nº 25307-2025 de la Sala Constitucional, el Observatorio reconoce que el artículo original presentó serias inconsistencias en la interpretación del alcance jurídico real del fallo, así como un encuadre que no reflejó de forma adecuada su contenido literal, lo cual pudo inducir a interpretaciones incorrectas en el debate público.

  • -La Sala Constitucional no ordenó la paralización de obras, no dispuso la suspensión de trámites registrales ni dictó medidas cautelares de ningún tipo.
  • -La sentencia no declara apropiaciones indebidas, no analiza ni resuelve sobre titularidades registrales específicas, no se pronuncia sobre inscripciones irregulares ni ordena la recuperación de hectáreas o propiedades determinadas.
  • -El fallo no menciona ni atribuye responsabilidades a la Asociación Cívica de Nosara, no valida que bienes públicos se encuentren bajo su administración, ni solicita investigaciones sobre dicha organización u otros actores comunitarios.
  • -La resolución no remite el caso a otras instancias, como el Tribunal Supremo de Elecciones, ni establece consecuencias políticas.
  • -La Sala Constitucional no desarrolla doctrina general sobre la imprescriptibilidad de los bienes demaniales, sino que se pronuncia sobre un caso concreto, vinculado a una omisión administrativa específica.

Lo que sí establece la sentencia es que la Municipalidad de Nicoya incurrió en una omisión administrativa prolongada, razón por la cual se le ordena actualizar estudios técnicos, ambientales y registrales, coordinar interinstitucionalmente y, únicamente en caso de que dichos estudios lo justifiquen, iniciar las acciones administrativas o judiciales correspondientes, dentro de un plazo máximo de dieciocho meses.

Asimismo, resulta pertinente contextualizar esta rectificación. El artículo original fue publicado durante el mes de agosto de 2025, en un escenario en el que no se conocía el texto completo de la sentencia y estaba marcado por la circulación de contenidos anónimos y afirmaciones incorrectas en redes sociales y otros espacios digitales, relacionadas tanto con el fallo constitucional como con el rol de actores comunitarios en Nosara. A la luz de la revisión posterior, es razonable considerar que parte de la información disponible en ese momento pudo haber sido malinterpretada o amplificada sin una verificación suficiente de las fuentes primarias, contribuyendo a un clima de confusión informativa.

En ese marco, corresponde también aclarar que la Asociación Cívica de Nosara es una organización comunitaria sin fines de lucro con una trayectoria ampliamente documentada en la protección ambiental y la defensa de instrumentos de ordenamiento territorial en el distrito. En un territorio sometido a altas presiones inmobiliarias y turísticas, esta organización ha impulsado procesos de conservación que incluyen la protección de 250 hectáreas de bosque, actualmente en proceso de convertirse en Refugio Nacional de Vida Silvestre, así como la defensa de iniciativas de interés público como el Reglamento Temporal de Construcciones y el Plan Regulador.

Con esta publicación, el Observatorio de Bienes Comunes ajusta la información divulgada al alcance real del fallo constitucional y da por atendida la solicitud de rectificación presentada, reafirmando su compromiso con una comunicación pública rigurosa, responsable y respetuosa del derecho de respuesta.

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Oportunidades perdidas de formación y participación democrática: mientras Escazú impulsa el aprendizaje colectivo, la institucionalidad se repliega en el proceso del Plan Regulador

En Escazú, el contraste se vuelve cada vez más nítido.

Mientras organizaciones sociales, colectivos barriales y personas vecinas se organizan para comprender y participar activamente en el proceso del Plan Regulador, la institucionalidad municipal parece recorrer el camino inverso: cerrar espacios, evitar la pedagogía pública y mantener la toma de decisiones en circuitos estrechos.

Esta tensión dice mucho del momento actual: la democracia local se fortalece desde lo local, al tiempo que las autoridades insisten en procedimientos poco explicados y con escasas oportunidades reales para que la ciudadanía participe con poder y sentido.

Una ciudadanía que quiere incidir, no solo informarse

En los últimos días, distintos grupos comunitarios han convocado encuentros abiertos para profundizar en el funcionamiento de la Comisión del Plan Regulador, el papel de los Consejos de Distrito y los pasos que vienen para la elección de delegaciones.

Si bien estos espacios incluyen procesos de aprendizaje, su sentido es más amplio: la ciudadanía busca participar, comprender para decidir, y evitar que el Plan Regulador se convierta en un trámite ajeno a quienes habitan el cantón.

Ahí —en lo comunal, en lo horizontal y en lo deliberativo— está emergiendo una forma más sólida de democracia local.

Una institucionalidad que retrocede: la sesión del 25 de noviembre

La sesión del Concejo Municipal del 25 de noviembre mostró la otra cara del proceso.

Las organizaciones comunitarias asistieron con una solicitud básica y razonable: que la Secretaría de los Consejos de Distrito fuera convocada a una sesión futura para explicar, de manera clara y pública, los procedimientos vinculados con audiencias y etapas del proceso.

Era una oportunidad mínima para promover pedagogía democrática.
Pero la mayoría del Concejo optó por cerrar el espacio.

La petición quedó atrapada en un clima de confrontación, acompañado de descalificaciones hacia quienes pedían claridad. Más preocupante aún fue la lógica que asomó: la idea de que “la ciudadanía no entiende”, como si la falta de información fuera un rasgo inherente y no consecuencia de una institución que decide no explicar.

Esa mirada paternalista no solo desplaza responsabilidades, sino que socava la confianza pública y debilita las bases participativas del proceso.

Lo que revela esta contradicción

Lo ocurrido expone dos lógicas en disputa:

  • -Una ciudadanía organizada que busca participar activamente, decidir informadamente y disputar el rumbo territorial del cantón.
  • -Una institucionalidad que esquiva la pedagogía pública y sostiene procedimientos poco explicados, restringiendo el acceso a la información.

Mientras la comunidad abre puertas, la institucionalidad las cierra.

Mientras la ciudadanía insiste en diálogo, el Concejo responde con opacidad y tiempos atropellados.

Y surge la pregunta de fondo: ¿cómo puede construirse un Plan Regulador legítimo si la misma institucionalidad evita los espacios donde esa legitimidad se cultiva?

Las organizaciones sociales como garantía democrática

Ante el repliegue institucional, las organizaciones sociales siguen siendo un anclaje indispensable.

Sostienen la posibilidad de comprender, discutir y disputar lo público cuando las instituciones se desentienden de su propio deber pedagógico.

La experiencia reciente confirma algo esencial: cuando la institucionalidad duda o retrocede, la democracia la sostienen los barrios, los colectivos y las personas que deciden involucrarse activamente.

Ahí late la posibilidad de un Plan Regulador realmente democrático.

En vísperas de las próximas etapas: ¿qué institucionalidad necesitamos?

El Plan Regulador no es un trámite cualquiera. Sus etapas, audiencias y mecanismos están diseñados —al menos en papel— para garantizar decisiones con sustento técnico y legitimidad social.

Por eso, lo ocurrido no puede verse como un episodio aislado.

Es una advertencia de las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse las próximas fases.

Si la institucionalidad continúa cerrando espacios, interpretando preguntas como amenazas y asumiendo que la ciudadanía “no entiende”, el proceso corre el riesgo de convertirse en un recorrido opaco, donde la transparencia depende más de la insistencia comunitaria que del compromiso público.

Un proceso de esta magnitud exige algo distinto: una institucionalidad que habilite, acompañe y dialogue; que entienda que explicar no es perder control, sino construir legitimidad.

Las comunidades ya demostraron que están dispuestas a participar con responsabilidad y rigor.

La pregunta que definirá el futuro del Plan Regulador es si la institucionalidad estará a la altura de ese compromiso, o si persistirá un camino que amenaza con vaciar de sentido un proceso que debería ser profundamente democrático.

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Clases que caminan: voces del 25N, lecciones vivas desde la protesta social

Este audio es un collage de voces tomadas en plena calle durante la protesta del 25 de noviembre: una clase abierta donde la gente habla de salarios dignos, defensa de la salud y la educación pública, y del cansancio frente al autoritarismo. Registrar estas intervenciones importa porque en el espacio público también se produce conocimiento; ahí se nombran problemas, se trazan horizontes y se afirma un país que no quiere quedarse callado.
Si te interesa aprender desde la calle —ese lugar donde la ciudadanía improvisa cátedras urgentes— escuchá este mosaico de voces que enseñan mientras avanzan.

Galería

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COP30: Entre la opacidad y la resistencia de los territorios

La COP30 en Belém prometía ser histórica: la primera cumbre climática en pleno corazón de la Amazonía, un territorio donde se cruzan biodiversidad, grandes luchas socioambientales y la urgencia de frenar la deforestación y el avance extractivo. Sin embargo, la expectativa chocó contra una realidad frustrante: esta terminó siendo, según observadores y delegaciones latinoamericanas, una de las COP más opacas y restrictivas de los últimos años.
Durante la primera semana, la presidencia brasileña cerró el acceso a los textos, eliminó discusiones abiertas y trasladó los temas más sensibles a espacios ministeriales sin observadores. A esto se sumó una metodología que varios países calificaron como “tómalo o déjalo”: documentos presentados tarde, con extractos nuevos sin debate previo y poco tiempo para revisar indicadores.

El resultado fue un cierre tenso y atropellado. Colombia, Panamá y Uruguay intentaron objetar los textos sobre mitigación y adaptación, denunciando incoherencias, falta de rigor científico y nula transparencia. Pese a las objeciones, la presidencia dio los acuerdos por adoptados, ignorando las solicitudes de palabra y profundizando la sensación de desconfianza en el proceso.

Las tensiones que marcaron la cumbre

Uno de los puntos más críticos fue, de nuevo, la imposibilidad de avanzar en lo esencial: mencionar explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles. Pese al esfuerzo de Colombia y otros países latinoamericanos, la presión de las petromonarquías y de varios estados del bloque LMDC terminó por borrar del texto cualquier referencia directa a dejar atrás los hidrocarburos.
La presidencia, consciente del vacío, anunció una “hoja de ruta” propia para la transición energética y otra para frenar la deforestación, pero estas iniciativas quedan fuera del proceso oficial de la Convención, sin obligatoriedad ni supervisión multilateral.

En el área de adaptación, que debería ser central para las naciones más vulnerables, se aprobaron 59 indicadores ampliamente cuestionados. Países como Panamá y Uruguay señalaron que llegaron demasiado tarde, sin tiempo para analizarlos y sin las metodologías o metadatos necesarios para medir avances reales. Además, el texto aclara que esos indicadores no generan obligaciones financieras, debilitando aún más la capacidad de adaptación de países empobrecidos.

La agenda ecológica tampoco logró los avances esperados. Este era el año en que debía consolidarse el mecanismo de sinergias entre las tres convenciones de Río —clima, biodiversidad y desertificación—, pero nuevamente se postergó. La propuesta de acordar objetivos cuantitativos de reducción de deforestación tampoco prosperó, pese a celebrarse la cumbre en la Amazonía.

FOTODELDIA BELÉM (BRASIL), 15/11/2025. - Personas participan en la Marcha Global por el Clima en protesta por la defensa de los bosques, los derechos territoriales indígenas y la responsabilidad climática global, en Belém (Brasil) este sábado. EFE/Andre Borges
Los (pocos) acuerdos alcanzados

Ante un panorama tan limitado, el único avance real que emergió con fuerza fue el Belém Action Mechanism (BAM): un mecanismo impulsado por sociedad civil, sindicatos, organizaciones de justicia climática y pueblos indígenas para consolidar la transición justa a nivel global.

La aprobación del BAM representa una conquista significativa, especialmente porque fue respaldado por países que representan alrededor del 80% de la población mundial. Su objetivo es claro: asegurar que la transición energética no deje atrás a trabajadores, comunidades y territorios que hoy sostienen el peso de sistemas extractivos contaminantes.
Sin embargo, su mandato quedó debilitado por presiones de la Unión Europea, lo que significa que necesitará al menos dos años más de discusiones antes de ponerse plenamente en marcha.

A nivel financiero, la COP30 se limitó a repetir lo acordado en Bakú: urgir a los países del Norte a mantener el rumbo hacia los 300 mil millones de dólares anuales, sin especificar cuánto se destinará realmente a adaptación, pérdidas y daños, o transición justa.

Centroamérica: la región más vulnerable… y la menos escuchada

Aunque la visibilidad latinoamericana fue alta, Centroamérica volvió a quedar rezagada, pese a su enorme vulnerabilidad. Su pabellón regional permitió mayor articulación, pero las necesidades del istmo continúan diluyéndose en la geopolítica de bloques donde Sudamérica concentra mayor peso.

Centroamérica vive una combinación devastadora:

  • -niveles de pobreza superiores al 50% en algunos países,

  • -alta exposición simultánea a huracanes, sequías y lluvias extremas,

  • -dependencia de economías agrícolas sensibles al clima,

  • -infraestructura precaria que amplifica cada evento extremo,

  • -y una limitada producción científica que visibilice adecuadamente su realidad en los informes globales.

A esto se suma la necesidad urgente de financiamiento no basado en deuda, dado que los impactos climáticos ya generan pérdidas humanas, agrícolas y económicas que la región no puede absorber.

Organizaciones como La Ruta del Clima, redes regionales y comunidades locales están empujando una agenda de reparaciones climáticas que exige que los países más responsables financien procesos de restauración, protección de derechos humanos y adaptación territorial. En la COP30 se lanzó incluso una coalición centroamericana y caribeña para avanzar en estos reclamos.

El BAM: una apuesta por una transición justa global

El Belém Action Mechanism ganó protagonismo porque responde a una pregunta simple:
¿cómo asegurar que la transición ecológica no repita las desigualdades del modelo extractivo actual?

El BAM propone:

  • -coordinar globalmente los esfuerzos de transición justa,

  • -generar estándares y seguimiento,

  • -compartir buenas prácticas,

  • -apoyar con financiamiento y asistencia técnica a los países con menos capacidades,

  • -y asegurar que los trabajadores y comunidades afectadas participen y sean protegidos.

Lo que ocurrió en Belém demuestra que, sin un mecanismo de este tipo, la transición energética corre el riesgo de convertirse en un proceso tecnocrático que beneficie a unos pocos mientras desplaza a miles.

Una lectura desde la justicia socioecológica

Mirar la COP30 desde la justicia socioecológica revela la distancia entre la retórica climática y la realidad de los territorios. Aunque se celebró en la Amazonía, uno de los epicentros de resistencia socioambiental más importantes del mundo, los acuerdos no reflejan las demandas de quienes defienden el bosque, los ríos y los ecosistemas de los que dependen millones de personas.

La justicia socioecológica exige integrar clima, biodiversidad y derechos humanos. Sin embargo, ni la deforestación, ni las sinergias ecológicas, ni los riesgos para los territorios fueron tratados con la ambición requerida.
La masiva movilización de pueblos indígenas, mujeres, trabajadores y organizaciones sociales en la Cúpula dos Povos mostró que las comunidades sí están a la altura del desafío. Pero su agenda no logró permear los textos finales, atrapados en la geopolítica y en los vetos de los defensores de los combustibles fósiles.

Un cierre necesario: derechos humanos, defensores y el bloqueo fósil

La COP30 deja en evidencia una tensión estructural del multilateralismo climático: las negociaciones se vuelven cada vez más técnicas para evitar discutir lo esencial, mientras el poder de las petromonarquías y los países con intereses fósiles congela cualquier avance real.

En ese vacío, los derechos humanos siguen invisibles. Las decisiones no incluyen mecanismos para proteger a quienes defienden los territorios, pese a que América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras del ambiente. La omisión no es casual: reconocer estos derechos obligaría a enfrentar directamente a los actores que hoy bloquean la transición ecológica.

La COP30 evidencia que la crisis climática ya no es solo una crisis ambiental: es una crisis política, una crisis de desigualdad y una crisis de derechos humanos.
Mientras los gobiernos siguen atrapados en la negociación mínima, las comunidades continúan sosteniendo las luchas esenciales por la vida digna y por los bienes comunes que permiten habitar este planeta.

Belém deja más preguntas que respuestas, pero también un recordatorio: si la justicia climática no entra por la puerta del multilateralismo, lo hará desde los territorios, desde los pueblos y desde las resistencias que no se rinden ante la opacidad ni los vetos de siempre.

Referencias

Alonso Gonzalbez, Judith. (2025). Centroamérica, la gran olvidada de la COP30. Deutsche Welle (DW). https://www.dw.com/es/centroam%C3%A9rica-la-gran-olvidada-de-la-cop30/a-74848046

Ecologistas en Acción. (2025, 22 de noviembre). COP30: la Cumbre del Clima más opaca de la historia es incapaz de cumplir sus promesas. Ecologistas en Acción. https://www.ecologistasenaccion.org/351846/cop30-la-cumbre-del-clima-mas-opaca-de-la-historia-es-incapaz-de-cumplir-sus-promesas/

Climática / El Salto. (2025, 22 de noviembre). La COP30 se cierra con un texto sin mención al fin de los combustibles fósiles ante la objeción de varios países. Climática. https://climatica.coop/video-dia-10-cop30/

Gadea Lara, Tais. (2025, 23 de noviembre). COP30: Un resumen de las conclusiones. Climática. https://climatica.coop/video-10-cop30-un-resumen-de-las-conclusiones/

Lakhani, Nina (2025, 18 de noviembre). Bam! What is the acronym everyone is talking about at Cop30? The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/18/bam-belem-action-mechanism-explainer-cop30

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A 36 años del martirio de la UCA: memoria para un presente que exige justicia

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando del Ejército salvadoreño irrumpió en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó brutalmente a seis jesuitas —Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López— junto a Julia Elba Ramos y su hija Celina. Aquel crimen, destinado a silenciar un pensamiento incómodo, se convirtió en un hito de conciencia para América Latina: la evidencia de que una universidad crítica puede ser vista como enemigo por quienes necesitan mantener la injusticia.

Hoy, su memoria sigue siendo semilla. No porque repitamos lo que hicieron, sino porque su legado nos obliga a preguntarnos dónde estábamos, dónde estamos y dónde queremos estar frente a las realidades de desigualdad, violencia y exclusión que persisten.

El contexto que cargaron sobre los hombros

Los mártires de la UCA vivieron y trabajaron en una Centroamérica marcada por guerras civiles, desplazamientos masivos, dictaduras militares y la consolidación de aparatos contrainsurgentes que convirtieron la política en un territorio minado. En El Salvador, la violencia estructural tenía raíces profundas: etnocidios, despojo, acumulación oligárquica y una larga historia de represión a los movimientos populares.

En ese escenario, la universidad —como fuerza social— no podía permanecer al margen. Ellacuría insistía en que la misión universitaria debía interpretarse desde la realidad histórica de los excluidos: allí se jugaba la verdad, allí se definía la ética.

Las propuestas y acciones que incomodaron al poder

Lo que los jesuitas hicieron fue profundamente universitario:
conocimiento riguroso, pensamiento crítico, defensa de derechos humanos, análisis estructural de las injusticias, mediación en el conflicto, esclarecimiento de la verdad.

Entre sus contribuciones más significativas:

  • -Transformaron la investigación en laboratorio de la verdad social, desmantelando narrativas oficiales.

  • -Señalaron las causas profundas de la guerra: desigualdad, represión, concentración de poder.

  • -Dieron voz a las víctimas mediante encuestas, informes y acompañamiento pastoral y social.

  • -Impulsaron una salida negociada al conflicto cuando la lógica bélica dominaba el país.

  • -Sostuvieron una educación orientada hacia las mayorías oprimidas, no hacia las élites.

Por esa incidencia real fueron criminalizados. No por ser religiosos: por ser peligrosamente libres.

Poder, criminalización y el precio de decir la verdad

El martirio de la UCA revela un patrón que sigue vigente:
cuando la verdad desafía los intereses del poder, el poder reacciona con violencia.

Los jesuitas fueron acusados de aliados de la subversión; señalados, vigilados y finalmente ejecutados. La criminalización no se basó en hechos, sino en la necesidad de eliminar una fuerza que desmontaba la mentira institucional y cuestionaba la impunidad.

Esta lógica persiste hoy cuando defensoras ambientales, periodistas, estudiantes, movimientos indígenas o académicos críticos son hostigados por denunciar modelos extractivos, corrupción o violencias estructurales. La lección es clara: la verdad tiene un costo, pero el silencio también lo tiene.

Ecumenismo y opción por el pobre: un horizonte ético que desborda a la Iglesia

La experiencia de los mártires de la UCA revela que el compromiso con las víctimas no nace de una pertenencia religiosa, sino de una sensibilidad ética que atraviesa múltiples tradiciones. La opción por el pobre —entendida como ponerse del lado de quienes sufren la injusticia— surgió en la UCA no como un mandato interno de la Iglesia, sino como respuesta a una realidad histórica que clamaba por ser escuchada. La pobreza estructural, la represión y la violencia estatal no eran problemas “pastorales”: eran heridas humanas que exigían verdad, dignidad y justicia.

En ese contexto, el ecumenismo dejó de ser un diálogo teórico entre credos para convertirse en un espacio práctico de encuentro. En El Salvador —como en buena parte de Centroamérica— coincidieron comunidades cristianas de distintas denominaciones, personas no creyentes, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles, grupos de derechos humanos y sectores populares que compartían una misma certeza: la vida de los pobres vale, y vale defenderla. No se trataba de uniformar identidades, sino de unir fuerzas desde lo que cada quien era, reconociendo que la justicia necesita alianzas amplias.

Este ecumenismo “desde abajo” tuvo tres características centrales:

  • -Era un ecumenismo del sufrimiento compartido. No se discutían dogmas; se respondía al dolor real de los desplazados, de las madres que buscaban a sus hijos, de las comunidades arrasadas por la guerra.

  • -Era un ecumenismo del compromiso. Cada tradición aportaba su lenguaje —religioso, filosófico, humanista o político—, pero todas coincidían en que la neutralidad ante la injusticia es complicidad.

  • -Era un ecumenismo de la acción transformadora. No bastaba con acompañar espiritualmente: había que investigar, denunciar, educar, mediar, documentar violaciones, abrir caminos de paz y construir pensamiento crítico.

Por eso, cuando hablamos de la opción por el pobre, hablamos de un horizonte ético que no pertenece en exclusiva a ninguna iglesia, ni a una sola corriente teológica, ni a un grupo político. Es un punto de encuentro entre experiencias espirituales diversas, entre cosmovisiones indígenas que defienden la vida comunitaria, entre humanismos laicos que ponen la dignidad en el centro, entre feminismos que nombran la violencia, entre ciencias sociales que desmontan la desigualdad.

Los mártires de la UCA encarnaron esta amplitud ética: fueron religiosos, sí, pero su misión era profundamente universitaria y humana. Supieron que la verdad se busca con todas las personas que luchan por la vida, independientemente de su fe o no fe. Y entendieron que la justicia jamás será plena si no se construye con quienes padecen la injusticia.

Ese es su legado ecuménico: un llamado a tender puentes, a romper fronteras confesionales e ideológicas y a reconocer que la defensa de la dignidad humana es un trabajo que nos convoca a todas y todos.

Un ecumenismo nacido de la tierra herida

Durante la guerra salvadoreña —y en toda Centroamérica— las comunidades creyentes no actuaron en bloques separados. Católicos, cristianos históricos, comunidades bíblicas de base, personas agnósticas, colectivos de derechos humanos y movimientos populares compartieron espacios, riesgos y proyectos. El ecumenismo se tejió desde abajo, desde la urgencia del sufrimiento, no desde acuerdos doctrinales.

Promovieron una universidad cómo un espacio donde:

  • -se dialogaba con diversidad de tradiciones;

  • -se valoraban saberes no religiosos como parte del discernimiento ético;

  • -se entendía que la justicia es un lenguaje común capaz de unir más que cualquier doctrina.

Este ecumenismo práctico es un llamado a las universidades actuales: no basta tolerar la diversidad, hay que dialogarla y convertirla en fuerza para la justicia.

La opción por el pobre como ética universal

Como señala Sobrino, los Jesuitas de la UCA insistían en que los pueblos crucificados —no la Iglesia como institución— son el lugar teológico y humano desde donde se comprende la realidad.

Pero también afirmaban que la defensa de las víctimas no es propiedad de ninguna tradición. Es un imperativo para toda persona que aspire a un mundo más humano.

Hoy esa opción se expresa en:

  • -movimientos de mujeres que denuncian violencias sistemáticas;

  • -comunidades indígenas que defienden su territorio frente al extractivismo;

  • -movimientos socioambientales que resisten la depredación;

  • -organizaciones estudiantiles que exigen educación pública y dignidad;

  • -redes que acompañan a personas migrantes y desplazadas.

La opción por el pobre es, en términos modernos, una ética de derechos humanos, de justicia social y de defensa de la vida. Un punto de encuentro entre creyentes y no creyentes, entre personas académicas y organizaciones populares, entre espiritualidades diversas que encuentran en el sufrimiento humano una llamada común.

Los desafíos para una universidad crítica en nuestro tiempo

Inspiradas por el legado de los mártires, las universidades enfrentan retos urgentes:

  • -Volver a la realidad como principal criterio de verdad académica.

  • -Resistir la mercantilización que reduce la educación a servicio, cliente y competencia.

  • -Defender la investigación pública frente a la censura o la captura por intereses particulares.

  • -Asumir la incomodidad como parte de su ética institucional.

  • -Integrar la docencia, la investigación y la proyección social desde la dignidad humana.

La universidad crítica del siglo XXI debe ser un espacio donde la ciencia dialogue con las comunidades, donde los saberes académicos se sometan a la prueba del sufrimiento real y donde el conocimiento se vuelva herramienta de justicia.

Ética y compromiso para el quehacer académico actual

La memoria de la UCA interpela hoy a quienes investigan, educan y acompañan procesos sociales:

  • -Honradez con la realidad: no acomodar los hallazgos a lo que conviene políticamente o lo que financia mejor.

  • -Compasión como método: mirar la realidad desde quienes más sufren, sin romantizar ni apropiarse de su voz.

  • -Austeridad y humildad intelectual: abandonar la lógica de prestigio y productividad vacía.

  • -Coraje para incomodar: asumir la crítica como parte de la responsabilidad social.

  • -Defensa de la vida común: enfrentar las estructuras que producen muerte lenta —pobreza, racismo, violencia, extractivismo, misoginia, odio político—.

  • -Diálogo ecuménico permanente: reconocer que la justicia necesita alianzas amplias, no trincheras identitarias.

Los mártires de la UCA, junto a Julia Elba y Celina, nos recuerdan que la verdad no se sostiene sola. Requiere cuerpos, manos, palabras, investigación, docencia, comunidad y mística. Requiere universidades que se atrevan a ser faro cuando la noche política es más oscura.

La memoria de esos ocho rostros no es un acto del pasado: es un llamado urgente a seguir construyendo un presente donde la dignidad sea posible.

Referencias

Sánchez-Sandoval, J. M. (2019). Actualidad del martirio de la comunidad jesuita y desafíos del quehacer universitario en Centroamérica. Revista Latinoamericana de Teología, 36(105), 97–110.

Sobrino, J. (1990). Los mártires de la UCA: Una lectura teológica. Revista Latinoamericana de Teología, 7(19), 129–151.

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Cercamientos a lo común: los derechos reproductivos ante la avanzada ultraconservadora en Centroamérica

El informe De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos (2025) revela cómo actores ultraconservadores españoles —como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGO, la Political Network for Values (PNfV) y Vox— han extendido sus redes de influencia hacia América Latina y África, configurando un entramado transnacional que ataca los derechos sexuales y reproductivos.
Desde una lectura crítica de los bienes comunes sociales, esta ofensiva puede entenderse como un intento de cercar la autonomía de las personas y de restringir la dimensión pública del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, un bien común que sostiene la igualdad y la democracia.

En el caso centroamericano, la investigación muestra que la ofensiva no se limita a lo religioso o moral, sino que forma parte de proyectos de poder que buscan reinstalar jerarquías de género, clase y raza, bajo narrativas de defensa de la “familia” y la “vida”. Estas estrategias se articulan con redes españolas y estadounidenses que trasladan recursos, discursos y formación política hacia élites conservadoras locales.

Tendencias regionales

La región centroamericana exhibe una serie de tendencias preocupantes:

  • Captura institucional y jurídica: en países como Guatemala y El Salvador, las élites vinculadas al Opus Dei y a organizaciones “provida” han logrado bloquear reformas legales y judiciales, imponiendo marcos regresivos que penalizan totalmente el aborto y obstaculizan la educación sexual integral.

  • Convergencia transnacional: redes como PNfV y CitizenGO utilizan la retórica de la “defensa de los valores” para articular campañas digitales, congresos y formación de cuadros políticos que difunden la ideología antigénero.

  • Colonialidad persistente: la apelación a la “hispanidad” y al legado católico sirve como vehículo cultural y simbólico para justificar un tutelaje moral sobre América Latina, replicando lógicas coloniales.

El espejo costarricense: cuando los derechos conquistados empiezan a ceder

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Los derechos reproductivos como bienes comunes sociales

Esta dimensión de los derechos son más que libertades individuales: constituyen una infraestructura colectiva que sostiene la autonomía, la equidad y la democracia. Son bienes que requieren de instituciones, saberes y redes de cuidado compartidas.

Su defensa implica reconocer que el cuerpo, la salud y la sexualidad son territorios comunes, no propiedad del Estado ni de las iglesias. La ofensiva ultraconservadora busca privatizar este bien común, subordinándolo a la moral religiosa y al control patriarcal, restringiendo la capacidad de las mujeres y disidencias para decidir sobre su vida y su futuro.

Proteger estos derechos exige fortalecer la educación sexual integral, las redes feministas y los espacios de deliberación ciudadana. También implica comprender la interdependencia entre justicia social, justicia de género y justicia epistemológica: sin acceso equitativo al conocimiento y a la autodeterminación corporal, no hay democracia viva.

Bordar la esperanza: cuerpos, saberes y futuro compartido

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Glosario de conceptos clave
  • Bienes comunes sociales: recursos, derechos y prácticas colectivas que sostienen la vida social y no deben ser mercantilizados ni apropiados por élites políticas o religiosas.

  • Ofensiva antigénero: estrategia transnacional de actores ultraconservadores que buscan revertir los avances en derechos sexuales, reproductivos y de género.

  • Ideología de género: categoría fabricada por sectores conservadores para desacreditar el feminismo y las políticas de igualdad, presentada falsamente como amenaza cultural.

  • Cercamiento del cuerpo: proceso de apropiación y control del cuerpo y la sexualidad mediante leyes, discursos y moralismos que restringen la autonomía individual.

  • Ultraderecha transnacional: red política y cultural que articula actores religiosos, mediáticos y partidarios con el objetivo de construir hegemonía a través de la “guerra cultural”.

Pueden descargar la infografía aquí:

PDFImagen

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Donald Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista Antifa en EE.UU.: ¿qué significa y por qué importa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente su intención de designar al movimiento antifascista conocido como Antifa como “organización terrorista mayor”. Esta decisión ha generado debate tanto en el ámbito político como académico, al tiempo que pone sobre la mesa preguntas sobre la definición de violencia, el rol de los movimientos sociales y la defensa de la democracia.

A continuación, exploramos qué es Antifa, su legado y actualidad, la extrema derecha estadounidense, la importancia de los movimientos antifascistas, y los retos de interpretar sus acciones bajo la etiqueta de “violencia política”.

¿Qué es el movimiento Antifa en Estados Unidos?

Antifa, abreviatura de “antifascista”, no es una organización formal con estructura jerárquica, sino un movimiento descentralizado compuesto por diversos grupos y activistas de izquierda radical. Su objetivo común es oponerse al fascismo, la xenofobia, el racismo y la supremacía blanca mediante acciones directas, que van desde protestas pacíficas hasta intervenciones más confrontativas.

Aunque la mayoría de sus actividades son no violentas, algunos grupos han sido acusados de emplear tácticas agresivas en enfrentamientos con grupos de extrema derecha y autoridades.

El movimiento ha existido en Estados Unidos desde la década de 1980, pero ganó mayor visibilidad durante las protestas contra Trump en 2017 y tras la muerte de George Floyd en 2020. Grupos como Rose City Antifa en Portland han sido reconocidos por exponer figuras neonazis y supremacistas blancos.

Legado y actualidad del movimiento Antifa

A lo largo de los años, Antifa ha jugado un papel crucial en la resistencia contra la extrema derecha en Estados Unidos. Su presencia en manifestaciones y su capacidad de movilizar jóvenes activistas son elementos distintivos que han generado tanto reconocimiento como controversia.

Actualmente, el movimiento sigue siendo polarizador: mientras algunos lo consideran una fuerza necesaria para contrarrestar la extrema derecha, otros lo ven como un agente desestabilizador que, según ciertos medios, contribuye a la “violencia política”.

Repensando la “violencia política” en el contexto antifascista

Frecuentemente, los medios y algunos actores políticos califican las acciones de Antifa como “violencia política”, equiparándolas con las agresiones de grupos de extrema derecha. Sin embargo, esta comparación simplifica y distorsiona la naturaleza de sus acciones, que muchas veces buscan enfrentar ideologías y prácticas que ya son de por sí violentas, como el racismo, la xenofobia, el machismo y la homofobia.

El rechazo a la discriminación y la opresión constituye una defensa social y política: confrontar discursos y prácticas que violentan cuerpos y comunidades no puede ser equiparado automáticamente con violencia agresiva. Cuando Antifa organiza bloqueos, manifestaciones o intervenciones directas, lo hace muchas veces para proteger espacios públicos y denunciar riesgos de violencia estructural y simbólica, no para imponer daño unilateral.

En consecuencia, el concepto de “violencia política” requiere un análisis crítico de los contextos y objetivos: denunciar y enfrentar ideologías opresivas no constituye violencia en el mismo sentido que la promovida por grupos supremacistas o neonazis.

¿Qué es la extrema derecha según Steven Forti?

El historiador Steven Forti identifica una nueva ola de extrema derecha, denominada “extrema derecha 2.0”, que surge desde el año 2000. A diferencia de los fascismos clásicos, esta corriente:

  • Utiliza estrategias digitales y propaganda en redes sociales.

  • Emplea una estética sofisticada que apela a jóvenes y profesionales.

  • Opera dentro de sistemas democráticos para desmantelar sus principios desde adentro, lo que Forti llama “autocracias electorales”.

Forti también destaca el uso de discurso nativista y xenófobo, enfocándose en inmigración, seguridad e identidad nacional, y su capacidad de movilizar descontento social y político. Esta descripción permite entender por qué movimientos antifascistas como Antifa se consideran necesarios por muchos sectores de la sociedad para contrarrestar ideologías autoritarias.

La importancia de los movimientos antifascistas en la construcción de la democracia

Los movimientos antifascistas desempeñan un papel crucial en la defensa de las democracias contemporáneas. Históricamente, han sido fundamentales en la oposición a regímenes autoritarios y en la lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia.

Según Forti, la democracia ofrece la oportunidad de vivir en libertad y crear un proyecto de vida, algo que los sistemas autoritarios no garantizan. En este contexto, los movimientos antifascistas contribuyen a mantener viva la esencia democrática, resistiendo intentos de desmantelar sus principios fundamentales.

Además, promueven la participación ciudadana activa, fomentando una cultura política inclusiva y plural, y demostrando que la sociedad civil puede movilizarse en defensa de derechos humanos y libertades fundamentales.

Implicaciones de la designación de Antifa como organización terrorista

El 18 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció su intención de designar a Antifa como “organización terrorista mayor” tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En su mensaje, calificó al movimiento como “enfermo” y “peligroso” y pidió investigaciones sobre sus fuentes de financiamiento.

Esta designación genera controversia porque Antifa es un movimiento descentralizado, lo que dificulta su clasificación legal bajo las leyes de terrorismo doméstico de Estados Unidos. Además, la legislación estadounidense no contempla una lista de organizaciones terroristas nacionales, y la Primera Enmienda protege la libertad de expresión y asociación.

Por otro lado, algunos analistas consideran esta medida como un intento de suprimir oposición política en un contexto de polarización social y política.

Repensar las implicaciones

La designación de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump marca un punto álgido en la confrontación política estadounidense. Este movimiento continúa su lucha contra la extrema derecha, defendiendo valores democráticos frente a ideologías autoritarias.

Entender el rol de Antifa requiere distinguir entre la violencia de la opresión y la resistencia democrática, reconocer el impacto de la extrema derecha contemporánea y valorar la importancia de los movimientos antifascistas en la construcción de sociedades democráticas, inclusivas y libres de discriminación.

🎥 Te invitamos a ver la entrevista con el historiador Steven Forti, especialista en la extrema derecha 2.0, donde analiza cómo estos movimientos se reinventan en el presente y qué desafíos plantean para la democracia en América Latina, el Caribe y el mundo.

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Pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio

En este video escuchamos de primera mano los testimonios de personas del pueblo indígena Ngöbe asentado en Sixaola, quienes denuncian el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos.

Las entrevistas fueron grabadas durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, realizado en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes abordan con claridad y firmeza problemáticas como:

Obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos.

Falta de atención en salud y acceso seguro al agua.

Condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras.

La ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo.

Más que relatos aislados, estas voces revelan un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural que vulnera a más de 10.000 personas Ngöbe en la zona sur del Caribe costarricense. Este material busca amplificar su llamado: reconocimiento, justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT.

Organizaron el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola — Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) — con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

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Escuchando a Escazú: participación y retos ante las decisiones municipales

Durante la reciente sesión municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier y Francisco sobre por qué es fundamental que las personas vecinas participen en la elaboración del Plan Regulador, qué desafíos enfrenta el cantón, y cómo las decisiones de la Municipalidad afectan su vida diaria.

Sus testimonios reflejan la urgencia de generar espacios de diálogo reales, transparentes y abiertos a todas las personas.

No te pierdas estas voces: escucha el audio completo aquí

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Comunicado del Colectivo Antonio Saldaña: En defensa del territorio Brörán y de los derechos de sus autoridades legítimas

14 de agosto de 2025

El Colectivo Antonio Saldaña expresa su profunda indignación y enérgico repudio ante los hechos ocurridos en el Territorio Indígena Brörán de Térraba los días 10 y 11 de agosto de 2025, documentados en el informe de alerta emitido por la defensa del Mayor Pablo Sibar Sibar, autoridad tradicional y defensor de derechos humanos, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo sucedido —la invasión de una finca destinada a conservación y gestión comunitaria del agua, la emisión de certificaciones fraudulentas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, el respaldo policial a un despojo territorial, y la negación de acceso efectivo a la justicia— constituye una grave violación de los derechos colectivos del pueblo Brörán. Se trata de un acto de despojo orquestado con participación directa de estructuras estatales (ADI, Fuerza Pública) y con la aquiescencia del Estado costarricense.

El Colectivo Antonio Saldaña recuerda que las ADI son estructuras impuestas por el Estado costarricense que no representan la institucionalidad legítima de los pueblos indígenas, y cuya actuación —como en este caso— viola el derecho a la libre determinación y a mantener las propias instituciones, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Exigimos:

  1. La inmediata anulación y deslegitimación de cualquier documento emitido por la ADI de Térraba que otorgue derechos territoriales a personas no indígenas dentro del territorio Brörán, incluyendo la certificación extendida el 7 de agosto de 2025.
  2. El retiro inmediato de las personas no indígenas que han usurpado la finca de Pablo Sibar Sibar y la restitución plena de la posesión legítima a su autoridad y comunidad.
  3. Garantías efectivas de seguridad y protección para Pablo Sibar y las personas defensoras indígenas que le acompañan, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado costarricense.
  4. Respeto absoluto a la institucionalidad propia del pueblo Brörán y cese de cualquier acto de criminalización, hostigamiento o discriminación contra sus líderes y autoridades tradicionales.

Advertimos que cualquier daño a la integridad física o la vida de Pablo Sibar Sibar o de los defensores indígenas que permanecen en resguardo será responsabilidad directa del Estado costarricense.

El Colectivo Antonio Saldaña reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa del territorio, la libre determinación y la justicia histórica para los pueblos indígenas de Costa Rica.

Responsables Leonardo Buitrago Morales y Filidencio Cubillo Morales
Coordinadores Colectivo Antonio Saldaña

Informe de Alerta de Situación de Riesgo documenta la grave e inminente amenaza contra el defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la CIDH. El documento expone hechos recientes de usurpación territorial en el Territorio Indígena de Térraba, la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) y la tolerancia de autoridades estatales, así como la denegación de acceso efectivo a la justicia. El informe alerta sobre el riesgo extremo que enfrenta el defensor y responsabiliza al Estado costarricense por cualquier daño a su integridad física o vida, en el marco de obligaciones internacionales incumplidas.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.