El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.
Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.
El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.
Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller
“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).
¿Por qué preocuparnos?
El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.
Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.
Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.
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