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La Pantera Rosa sale a la calle: crónicas de una esperanza que no se deja domesticar

Entre pancartas, canciones, bailes y reclamos, las protestas sociales nos recuerdan que pensar críticamente también consiste en cuestionar lo que nos han dicho que debemos aceptar.

Una extraña costumbre se extiende por el mundo

Buenas tardes. Les habla la Pantera Rosa, corresponsal infiltrada en las calles del planeta, donde se ha detectado una anomalía que preocupa profundamente a ciertos sectores del poder: la gente está saliendo a protestar. Y no parece tratarse de un error del sistema.

En distintos lugares del mundo, las personas se encuentran para expresar su malestar, reclamar derechos, defender sus territorios, cuestionar decisiones gubernamentales y exigir condiciones de vida dignas. Algunas marchan con pancartas; otras llevan tambores, canciones, disfraces o instrumentos musicales. Hay quienes preparan comida, comparten agua, acompañan a las personas heridas y organizan espacios para sostener la movilización.

¡Qué situación tan complicada para quienes preferirían que cada persona resolviera sus problemas en la intimidad de su casa, sin molestar a nadie!

Porque una cosa es que alguien esté inconforme y otra, bastante más incómoda, es que descubra que otras personas también lo están. Peor todavía: que empiecen a conversar, a reconocerse y a preguntarse si aquello que parecía un problema individual tiene causas que van mucho más allá de sus circunstancias particulares.

Y entonces sucede lo impensable: el malestar deja de ser una colección de frustraciones privadas y comienza a convertirse en una pregunta colectiva.

Nuestra corresponsalía considera que aquí hay algo digno de atención.

Cuando las calles se convierten en lugares para pensar

Existe una curiosa costumbre de imaginar el pensamiento crítico como una actividad que ocurre exclusivamente entre libros, escritorios, aulas universitarias y personas que utilizan palabras suficientemente complicadas como para necesitar un diccionario a mano.

La Pantera Rosa no tiene nada contra los libros. De hecho, lleva uno en su bolso, por si acaso necesita defenderse de alguna interpretación apresurada de la realidad.

Pero hay algo que conviene recordar: también se piensa cuando una comunidad se pregunta por qué le falta agua, cuando estudiantes defienden la educación pública, cuando las personas trabajadoras cuestionan sus condiciones laborales o cuando un territorio se organiza para proteger un río amenazado.

Se piensa al comparar lo que se promete con lo que realmente sucede. Al escuchar experiencias que contradicen las explicaciones oficiales. Al descubrir que aquello que se presenta como inevitable responde, en realidad, a decisiones humanas que pueden discutirse y transformarse.

La protesta social abre precisamente ese espacio: permite que distintas experiencias salgan del aislamiento, se encuentren y pongan en cuestión las explicaciones con las que aprendimos a entender el mundo.

El libro Pensar en marcha. Filosofía y protesta social en Colombia, publicado por CLACSO, recoge una experiencia especialmente interesante: la reflexión filosófica que acompaña las movilizaciones sociales y busca comprender sus preguntas, sus conflictos y sus posibilidades. Sus autores proponen una relación entre la reflexión comprometida y la acción reflexiva. Pensar-en-marcha

Dicho de una manera menos solemne: no hace falta esperar a que termine la protesta para empezar a pensar sobre ella. También podemos pensar mientras caminamos, discutimos, organizamos una olla comunitaria o intentamos comprender por qué tantas personas sienten que las instituciones no están respondiendo a sus necesidades.

La calle no sustituye a los libros, ni los libros sustituyen a la calle. Pero cuando se encuentran, pueden ayudarnos a formular mejores preguntas.

Y formular preguntas sigue siendo una costumbre difícil de controlar.

El problema de una ciudadanía que empieza a hacerse preguntas

La Pantera Rosa ha observado que, cuando aparecen las protestas, también suele aparecer un repertorio bastante conocido de explicaciones.

Que las personas no comprenden las decisiones gubernamentales. Que alguien las manipula. Que deberían esperar. Que existen canales institucionales para expresar sus preocupaciones. Que manifestarse altera la tranquilidad de quienes no tienen nada que reclamar.

Esta corresponsalía no descarta que cada movilización tenga sus propias tensiones, contradicciones y conflictos. Las protestas no son espacios mágicos donde desaparecen las diferencias ni comunidades perfectamente organizadas en las que todo el mundo está de acuerdo.

Pero hay una pregunta que merece hacerse: ¿qué ocurre cuando los canales disponibles no ofrecen respuestas suficientes, cuando determinadas voces no encuentran escucha o cuando los problemas persisten a pesar de haber sido señalados una y otra vez?

En esas circunstancias, la protesta puede convertirse en una manera de hacer visible aquello que se preferiría mantener fuera de la conversación pública.

Y aquí aparece otra curiosidad: con frecuencia se invita a la ciudadanía a participar, siempre que su participación no incomode demasiado, no cuestione las decisiones tomadas y no interrumpa el funcionamiento habitual de las cosas.

La Pantera Rosa quisiera conocer la dirección exacta de esa oficina donde se tramitan las solicitudes para una participación ciudadana que no produzca ninguna incomodidad.

Mientras tanto, conviene recordar que la protesta social no es solamente una expresión de descontento. También puede abrir debates sobre qué entendemos por democracia, quiénes tienen la posibilidad de intervenir en las decisiones colectivas y cuáles son las experiencias que reciben atención pública.

Protestar no garantiza que las demandas sean atendidas ni que los cambios necesarios se produzcan. Pero permite colocar preguntas en el espacio público y disputar la idea de que las cosas deben continuar exactamente como están.

No todo ocurre frente a un micrófono

Hay otra dimensión de las protestas que merece atención: aquello que sucede entre las personas que participan.

A veces, la mirada se concentra tanto en las consignas, las declaraciones y los enfrentamientos que dejamos de observar las relaciones que hacen posible sostener una movilización.

Alguien cocina. Otra persona organiza los turnos. Alguien presta su casa, comparte información o acompaña a quien tiene miedo. Hay quienes ponen música, crean imágenes, escriben, bailan y encuentran maneras de expresar lo que las palabras habituales no alcanzan a decir.

Estas prácticas no son simples adornos de la protesta. Pueden formar parte de su capacidad para reunir experiencias diversas, construir vínculos y abrir espacios de colaboración.

En su reflexión sobre las movilizaciones colombianas de 2021, Pensar en marcha presta atención precisamente a la presencia del arte, la cultura, los cuidados y las formas de solidaridad que acompañaron las resistencias. Pensar-en-marcha

La Pantera Rosa encuentra aquí una noticia particularmente interesante: mientras buena parte del mundo insiste en presentarnos la competencia como la forma natural de relacionarnos, en las calles aparecen personas ensayando otras maneras de encontrarse.

No significa que todas las diferencias desaparezcan ni que toda experiencia colectiva sea necesariamente justa. Significa que, en medio del conflicto, también pueden surgir aprendizajes, preguntas y relaciones que merecen ser reconocidos.

A veces, la protesta no solo cuestiona una decisión política. También permite experimentar, aunque sea temporalmente, que otras formas de organizarnos son posibles.

Y eso, para una corresponsal acostumbrada a observar las extravagancias del poder, resulta bastante más interesante que otro discurso sobre la importancia de la productividad.

La esperanza no es quedarse esperando

Conviene hacer una aclaración antes de cerrar esta transmisión: la Pantera Rosa no confunde esperanza con ingenuidad.

Las protestas tienen costos. Las personas pueden sufrir violencia, persecución, detenciones y desgaste. Las movilizaciones pueden enfrentar divisiones, perder fuerza o no alcanzar sus objetivos. Además, quienes salen a las calles no siempre comparten las mismas aspiraciones ni imaginan las mismas soluciones.

Por eso, mirar las protestas críticamente también exige escuchar sus distintas voces, comprender sus contextos y preguntarnos por los cambios que reclaman, las relaciones que construyen y los obstáculos que encuentran.

Pero reconocer esas dificultades no significa ignorar su importancia.

Cuando las personas se encuentran para cuestionar una injusticia, defender un bien común o exigir que sus necesidades sean escuchadas, están participando en una disputa sobre cómo queremos vivir y qué lugar ocupamos en las decisiones que afectan nuestras vidas.

La esperanza aparece allí, no como una promesa de que todo saldrá bien, sino como la posibilidad de actuar colectivamente frente a aquello que parecía inamovible.

Por eso, cuando la Pantera Rosa recorre las noticias de las protestas que emergen en distintos lugares del mundo, presta atención no solo a las multitudes, sino también a las preguntas que las reúnen, a las historias que las impulsan y a los vínculos que nacen en el camino.

Porque pensar críticamente no consiste únicamente en aprender a desconfiar de las explicaciones que recibimos. También implica imaginar alternativas, escuchar a quienes han sido ignorados y construir herramientas para comprender y transformar nuestra realidad.

Y si, además, en el proceso aparecen una orquesta, una pancarta ingeniosa o alguien repartiendo comida, nuestra corresponsalía no tiene objeciones.

Último reporte: las calles siguen hablando

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, esta Pantera Rosa se despide con una última observación: las protestas sociales nos recuerdan que la vida colectiva no está terminada de escribir.

Cada movilización tiene su historia. Cada comunidad enfrenta sus propios conflictos. No hay una receta universal para transformar la realidad, ni basta con llenar las calles para resolver problemas que se han construido durante décadas.

Pero cuando las personas se encuentran, comparten sus experiencias y se atreven a cuestionar lo que parecía incuestionable, se abre una posibilidad: comenzar a pensar de otra manera aquello que vivimos en común.

Tal vez por eso las protestas incomodan tanto. No solo interrumpen la circulación de vehículos o alteran la agenda de las autoridades. También interrumpen la circulación de ciertas certezas.

Y ahora, si me permiten, debo continuar mi recorrido. Hay demasiadas calles por observar, demasiadas preguntas por escuchar y demasiados intentos de explicar que todo está bien mientras la gente insiste en decir lo contrario.

La Pantera Rosa informa: pensar también es salir al encuentro de otras personas, cuestionar lo que parecía inevitable y descubrir que la realidad puede transformarse cuando dejamos de enfrentarla en soledad.

Seguiremos informando. La esperanza, por lo visto, todavía no ha solicitado permiso para manifestarse.

Mapa de las protestas: distintas luchas, una pregunta compartida

La Pantera Rosa ha desplegado su libreta de corresponsal y encontró algo que merece atención: las protestas no nacen todas por las mismas razones, ni tienen idénticos objetivos. Algunas denuncian decisiones gubernamentales; otras enfrentan la corrupción, las desigualdades, la violencia o el deterioro de las condiciones de vida. Pero muchas comparten una ruptura: personas que dejan de aceptar en silencio aquello que se presenta como inevitable.

Para ampliar la nota, podemos incorporar una matriz que permita reconocer qué se reclama, qué está en juego y qué nos enseñan estas movilizaciones sobre la vida en común. No se trata de meter todas las luchas en el mismo saco (la Pantera Rosa sabe que hasta los sacos tienen sus límites), sino de mirar sus diferencias y posibles puntos de encuentro.

Matriz de protestas: ¿qué está llevando a la gente a las calles?

Esta matriz recoge algunas de las movilizaciones documentadas durante las últimas semanas y otros procesos de protesta que continúan activos. No es un inventario completo de las luchas del mundo, sino una fotografía de distintas formas de inconformidad que atraviesan octubre de 2026.

País o región¿Qué está movilizando a la gente?¿Qué está en juego?La pregunta que nos deja la Pantera Rosa
FranciaEstudiantes, sindicatos y otros sectores protestan por las condiciones educativas, el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.El acceso a una educación digna y la capacidad de sostener la vida cuando todo cuesta más.¿Por qué siempre aparecen recursos para exigir sacrificios a la población, pero nunca parecen suficientes para garantizar sus derechos?
AlbaniaEstudiantes y otros sectores se sumaron a las protestas contra la corrupción, el gobierno y un proyecto turístico de lujo que amenaza con privatizar el aprovechamiento de la costa.La defensa del territorio, los bienes comunes y la posibilidad de decidir qué futuro se construye.¿Quién decide qué hacer con un territorio: quienes lo habitan o quienes llegan con suficiente dinero para comprarlo?
ArgentinaEstudiantes y trabajadores universitarios marcharon contra los recortes presupuestarios a la educación.La educación pública como derecho y como condición para construir una sociedad menos desigual.¿Qué clase de futuro se puede construir si se considera el conocimiento un gasto prescindible?
Estados UnidosSe han registrado movilizaciones contra las políticas migratorias y actuaciones de agentes de inmigración, además de convocatorias contra el gobierno de Donald Trump.Los derechos de las personas migrantes, los límites del poder estatal y las libertades democráticas.¿Qué queda de los derechos cuando su ejercicio depende de quién eres, de dónde vienes o de cuánto le agradas al poder?
EspañaLas protestas por los desalojos y el encarecimiento de la vivienda han puesto en el centro el derecho a permanecer en el lugar donde se ha construido una vida.El acceso a la vivienda, la permanencia en los barrios y el conflicto entre la vivienda como derecho y como negocio.¿En qué momento tener un techo dejó de ser una necesidad humana y pasó a convertirse, ante todo, en una oportunidad de inversión?
PortugalLas movilizaciones por el encarecimiento de la vivienda expresan el malestar ante unos precios que dificultan cada vez más el acceso a un hogar.La posibilidad de vivir en las ciudades sin que el alquiler consuma una parte desproporcionada de los ingresos.Si una ciudad expulsa a quienes la sostienen, ¿para quién se está construyendo?
IndiaMovilizaciones juveniles han denunciado irregularidades electorales y cuestionado las revisiones de los registros de votantes.La confianza en los procesos electorales y el derecho a participar en la vida política.¿De qué sirve celebrar elecciones si también hay que preguntarse quién podrá ejercer realmente su derecho al voto?
Reino Unido y otros paísesLas marchas de solidaridad con Palestina continúan expresando rechazo a la violencia contra la población palestina y cuestionamientos a las políticas de los gobiernos.La defensa de la vida, la solidaridad internacional y el derecho a denunciar las violaciones de derechos humanos.¿La solidaridad es un principio universal o solo se permite cuando no incomoda a quienes gobiernan?
Indonesia y otros países con movilizaciones juvenilesDistintos movimientos juveniles han cuestionado la corrupción, las condiciones de vida, las oportunidades laborales y el funcionamiento de las instituciones. Las causas varían de un país a otro.La posibilidad de tener un futuro digno y participar en decisiones que afectan la vida cotidiana.¿Qué ocurre cuando una generación deja de creer que debe conformarse con el futuro que le ofrecen?

Nota de la corresponsalía: esta selección reúne protestas con causas y trayectorias diferentes. No todas comparten demandas, formas de organización ni horizontes políticos. Tampoco todas las movilizaciones tienen los mismos niveles de participación o han recibido las mismas respuestas de las autoridades.

Hay una solidaridad que atraviesa muchas de estas movilizaciones y que merece un lugar propio: la defensa del pueblo palestino frente al genocidio en Gaza, perpetrado por Israel, y la violencia que continúa marcando sus vidas. En distintas partes del mundo, las marchas, los plantones, las acciones culturales y las campañas de solidaridad han llevado a las calles una exigencia de justicia, el rechazo a las acciones del Estado israelí y la denuncia de la devastación de la vida palestina.

Estas expresiones nos recuerdan que la solidaridad también cruza fronteras: que el sufrimiento de un pueblo no tiene por qué convertirse en una noticia más que aprendemos a tolerar, y que defender la dignidad humana implica cuestionar la indiferencia, exigir responsabilidades a quienes perpetran la violencia y acompañar a quienes resisten.

La Pantera Rosa toma nota: mientras algunos pretenden que miremos hacia otro lado, hay quienes siguen encontrándose en las calles para denunciar las acciones de Israel, afirmar que la vida palestina importa y recordarnos que la solidaridad no necesita pasaporte, pero sí memoria, compromiso y voluntad de no mirar hacia otro lado.

Lo que la matriz no puede mostrar por sí sola

La tabla permite ordenar las demandas, pero hay algo que se pierde cuando las protestas se reducen a una lista de reclamos: la gente no solo sale a la calle para denunciar lo que está mal; también aprende, se organiza y ensaya otras formas de relacionarse.

En las movilizaciones encontramos asambleas, conversaciones, canciones, bailes, ollas compartidas, acompañamiento y cuidado mutuo. No aparecen necesariamente en los titulares, pero son parte de la experiencia de protestar. La calle se convierte, por momentos, en un lugar donde se comparten conocimientos, se reconocen problemas que parecían individuales y se descubren posibilidades de actuar colectivamente.

Desde esa perspectiva, la protesta también es una práctica de pensamiento crítico. No porque quienes protestan tengan todas las respuestas, sino porque se atreven a poner en duda las respuestas que el poder presenta como definitivas.

La Pantera Rosa propone tres preguntas para leer estas luchas:

  • -¿Qué nos enseñan sobre aquello que nuestras sociedades consideran normal, aunque produzca sufrimiento o desigualdad?
  • -¿Qué vínculos, saberes y formas de ayuda mutua aparecen cuando las personas se organizan?
  • -¿Qué alternativas comienzan a imaginarse cuando dejamos de pensar que los problemas deben resolverse individualmente?

Y una última observación de esta corresponsalía: a los gobiernos puede incomodarles que la gente proteste; a los mercados, que cuestione sus prioridades; y a quienes prefieren la obediencia, que las personas comiencen a pensar juntas.

Pero quizá esa sea una de las contribuciones más importantes de la protesta: recordarnos que la realidad no es un guion terminado y que la ciudadanía no consiste únicamente en observar cómo otras personas deciden nuestro destino.

La Pantera Rosa seguirá recorriendo las calles. No descarta entrevistar a una pancarta, asistir a una asamblea o aprenderse una coreografía. Lo que no hará es quedarse esperando, en silencio, a que le concedan permiso para pensar.

Para seguir pensando en marcha: una invitación a leer colectivamente

La Pantera Rosa ha hecho sus recorridos por las calles y ha llenado varias páginas de su libreta. Pero todavía queda una pregunta: ¿cómo comprender lo que ocurre cuando las personas dejan de aceptar en silencio las decisiones que afectan sus vidas y comienzan a organizarse para cuestionarlas?

Para seguir esta pista, queremos recomendar una lectura: Pensar en marcha. Filosofía y protesta social en Colombia, publicado por CLACSO. Este libro nos invita a acercarnos a las protestas no solamente como acontecimientos políticos que aparecen en las noticias, sino también como experiencias que producen preguntas, reflexiones y aprendizajes colectivos.

Leerlo en este momento puede ayudarnos a mirar más allá de las imágenes de multitudes, las pancartas y los enfrentamientos. ¿Qué conocimientos se construyen en las calles? ¿Qué preguntas comienzan a hacerse las personas cuando descubren que sus malestares no son problemas individuales? ¿Qué relaciones de solidaridad, cuidado y colaboración hacen posible sostener una lucha? ¿Qué ocurre con nuestras ideas sobre la democracia cuando quienes habitualmente son escuchados deciden que ya no quieren seguir hablando solos?

Las experiencias colombianas que recoge el libro nos ofrecen pistas para pensar también las movilizaciones que recorren otros lugares del mundo. No porque todas las protestas sean iguales, sino porque acercarnos a ellas puede ayudarnos a reconocer sus particularidades, sus tensiones y sus posibilidades transformadoras.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes nos interesa especialmente esta invitación: entender la protesta como una expresión de inconformidad, pero también como un espacio donde se aprende a pensar con otras personas, se cuestiona lo que parecía inevitable y se ensayan maneras distintas de construir la vida en común.

La Pantera Rosa recomienda, entonces, hacer una pausa entre pancarta y pancarta, abrir el libro y continuar la conversación. Porque salir a la calle puede ser una manera de plantear preguntas, y leer colectivamente puede ayudarnos a comprender mejor por qué esas preguntas importan.

¿Y si, además de observar las protestas, nos animamos a pensar con ellas?

Referencias:

Associated Press. (2026, 17 de octubre). Riots in Tirana enter a fifth day as Albania’s anti-government protests escalate.

Columbia University, Global Freedom of Expression. (2026). CGFoE Protest Monitor: Tracking pro-democracy protests and the suppression of dissent worldwide.

Democracy Now! (2026, 16 de octubre). Las protestas lideradas por estudiantes se extienden de Francia a Albania y Argentina.

Grueso Vanegas, D. I., Niño Castro, Á., Rueda Barrera, E. A., y Tovar González, L. (Eds.). (2022). Pensar en marcha: Filosofía y protesta social en Colombia. CLACSO.

Nilsson-Julien, E. (2026, 5 de octubre). From school blockades to violence: What is driving student protests in France? Euronews.

Tanjim, N. (2026, 16 de octubre). Young, online and on the streets. The Business Standard.

Taylor, H. (2026, 18 de octubre). Why are people protesting across Europe? The Guardian.

Copia de Copia de Copia de @observatoriobienescomunes

La subasta del espectro en Costa Rica: riesgos para la comunicación como bien común social

El concurso público para reasignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica avanza en un contexto de alta tensión jurídica y política, mientras crecen las alertas desde sectores académicos, comunitarios y jurídicos sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la calidad democrática del país. Más allá de un trámite administrativo, lo que está en juego es la manera en que se gestiona un recurso fundamental para la vida pública: el espectro radioeléctrico, un bien común social que sostiene derechos, culturas e identidades.

En las últimas semanas, dos procesos contencioso-administrativos interpuestos por radioemisoras y CANARA han cuestionado la decisión del Estado de no prorrogar automáticamente las concesiones. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó medidas cautelares que permiten continuar las transmisiones, también estableció que no pueden introducirse cambios en la asignación ni explotación de frecuencias mientras se resuelve el litigio. Esto coloca el proceso de subasta —que continúa su curso— en un escenario de incertidumbre legal y de posible afectación del interés público.

Al mismo tiempo, distintas voces advierten que el diseño del concurso, incluido el establecimiento de precios base elevados y la inclusión de frecuencias en disputa, podría generar exclusiones y concentrar aún más el acceso al espectro.

Cuestionamientos desde el sector de radiodifusión

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) ha señalado preocupaciones sobre la seguridad jurídica, la falta de análisis técnico integral y los efectos que una subasta sin criterios diferenciados puede generar para las señales abiertas, que cumplen funciones sociales esenciales para sectores con menos recursos económicos. Su presidenta, Saray Amador, afirma que el proceso cambia unilateralmente reglas vigentes y podría encarecer el acceso al espectro, afectando la sostenibilidad de medios abiertos que llegan a comunidades sin acceso a cable o internet.

Más allá de sus intereses sectoriales, estos señalamientos evidencian una tensión estructural: cuando la asignación del espectro se rige por criterios puramente mercantiles, quienes tienen menor capacidad económica quedan desplazados, lo que empobrece la diversidad informativa y debilita el derecho colectivo a la comunicación.

Advertencias desde la academia y el ámbito jurídico

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió suspender la subasta, señalando posibles impactos en la libertad de expresión y recordando obligaciones internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La institución alertó que la reasignación podría afectar la libertad cultural, lingüística y religiosa de comunidades que cuentan con medios propios para sostener su identidad y su memoria colectiva.

El abogado David Fallas también advirtió que la forma en que está planteada la subasta podría excluir a la mayoría de concesionarios activos y equivaler a un “despojo”, especialmente si se ofertan frecuencias con procesos judiciales pendientes. Subraya que el diseño favorece a grupos con mayor capacidad económica y limita la participación de actores pequeños, incluyendo medios regionales y comunitarios (Delfino, 2025).

La comunicación como bien común social

Desde las perspectivas críticas de la comunicación popular y la educación popular —como las desarrolladas por Raúl Leis y por diversas corrientes latinoamericanas— la comunicación es mucho más que una infraestructura técnica o un mercado de servicios. Es un espacio donde se construyen sentidos, memorias, identidades y poder social. La comunicación sostiene la vida democrática porque permite que las personas participen, expresen sus experiencias, compartan saberes y construyan proyectos colectivos.

Entendida como bien común social, la comunicación debe gestionarse bajo principios de:

  • -acceso equitativo,

  • -participación democrática,

  • -protección de la diversidad cultural y -lingüística,

  • -garantía de derechos,

  • -responsabilidad pública,

  • -y no mercantilización de lo esencial para la vida colectiva.

El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, define qué voces pueden circular en la esfera pública y cuáles quedan silenciadas. Cuando se gestiona como mercancía y no como bien común, se profundizan desigualdades, se debilita la pluralidad y se reduce la capacidad de la sociedad para generar diálogo, organización y cultura propia.

Estos enfoques democráticos subrayan que la comunicación forma parte de la construcción de identidad y de la afirmación cultural. Allí donde se restringe el acceso a la palabra, se restringe también la posibilidad de comprender, transformar y decidir sobre la propia vida. Por eso, un proceso de subasta sin criterios diferenciales, sin participación real y sin reconocer desigualdades históricas puede erosionar derechos fundamentales.

El lugar de los medios comunitarios: voces esenciales para la democracia

Los medios comunitarios ocupan un rol insustituible dentro del ecosistema comunicacional. Según organismos como la UNESCO y organizaciones sociales que trabajan y analizan sobre medios comunitarios y comunicación popular, estos espacios permiten que comunidades rurales, indígenas, urbanas populares, juveniles, culturales y territoriales produzcan y circulen sus propias narrativas, lejos de las lógicas centralizadas y comerciales.

Son plataformas de cohesión social, educación, identidad cultural y memoria colectiva. Son instrumentos para que las personas ejerzan el derecho a la palabra y para que sectores históricamente silenciados se expresen desde su propia perspectiva, con sus propias voces y códigos culturales.

Sin embargo, estos medios suelen operar con bajos recursos y modelos autogestionarios. Por eso, cuando el acceso al espectro se define por capacidad de pago, los medios comunitarios quedan excluidos, aún cuando cumplen funciones públicas esenciales que los medios comerciales no sustituyen.

Las relatorías de libertad de expresión del sistema interamericano han sido claras: los Estados deben garantizar acceso diferenciado y equitativo al espectro para medios comunitarios, públicos y privados. Esto implica no solo cupos, sino modelos de gestión, financiamiento y regulación que reconozcan su carácter social y las desigualdades existentes.

En Costa Rica, dejar por fuera a los medios comunitarios en una subasta diseñada bajo lógicas competitivas es debilitar la diversidad democrática del país y limitar el derecho a la comunicación de cientos de comunidades.

Defender el espectro como bien común es defender la democracia

La subasta del espectro, tal como está planteada, no es un simple proceso administrativo: es un punto de inflexión sobre el modelo de comunicación que Costa Rica quiere construir. Un modelo donde la competencia económica predomina sobre los derechos puede profundizar desigualdades, limitar la pluralidad y reducir la participación ciudadana en la esfera pública.

Por el contrario, un enfoque basado en bienes comunes sociales permitiría garantizar acceso equitativo, diversidad cultural, protección de identidades, fortalecimiento de medios comunitarios y promoción de una democracia comunicacional robusta.

El debate debería centrarse no solo en contratos y plazos, sino en una pregunta esencial:
¿cómo se asegura que la comunicación siga siendo un derecho y un bien colectivo, y no una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar?

La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo del país en materia de libertad de expresión, pluralismo y justicia comunicacional.

Diferenciación para la equidad: no se trata de defender sectores, sino de diseñar procesos públicos inclusivos

El debate sobre la reasignación del espectro suele reducirse a una disputa entre sectores económicos: grandes grupos mediáticos versus operadores pequeños, radiodifusores tradicionales versus nuevos competidores. Sin embargo, desde una perspectiva de comunicación como bien común social, esta es una visión limitada. El problema no es quién gana o pierde económicamente en la subasta; el problema es cómo se diseña un proceso público que reconozca las diferencias estructurales entre actores y garantice condiciones equitativas para sostener la diversidad comunicacional.

Las políticas de comunicación no deben tratar a todos los actores como iguales porque no lo son. Existen asimetrías profundas entre medios comerciales consolidados, medios regionales, radios culturales, proyectos comunitarios, iniciativas educativas, comunicadores locales y medios indígenas. La igualdad formal —“las mismas reglas para todos”— en contextos desiguales produce injusticia. Los documentos de comunicación popular y participación social son claros: la democratización requiere reconocer las diferencias para poder garantizar derechos.

Esto no significa exonerar o proteger intereses empresariales. Los medios comerciales, especialmente los de gran escala, deben pagar según su capacidad económica y su modelo de negocio. Su actividad es lucrativa, por lo que es legítimo que contribuyan de manera proporcional al uso de un bien público limitado. Pero los medios comunitarios, culturales, educativos y territoriales no son negocios: son expresiones de participación social y de construcción de identidad colectiva. Tratar a ambos sectores bajo los mismos criterios económicos es desconocer sus funciones, capacidades y aportes a la democracia.

Por ello, un proceso de reasignación del espectro verdaderamente democrático debería:

  • -incorporar mecanismos de acceso diferenciado según el tipo de medio y su función social;

  • -asegurar cupos reservados y condiciones preferentes para medios comunitarios y culturales;

  • -establecer criterios de evaluación que reconozcan proyectos de valor público, no solo ofertas económicas;

  • -garantizar participación real de las comunidades afectadas en la definición del proceso;

  • -promover modelos de gestión equitativa y plural del espectro, no concentrados ni excluyentes.

Diferenciar no es privilegio: es una estrategia para ampliar derechos. Sin esta diferenciación, la subasta se vuelve una carrera en la que solo compiten quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes cumplen funciones públicas esenciales.

La comunicación como bien común social exige procesos que reconozcan la pluralidad del país, que abran espacio a voces históricamente marginalizadas y que pongan en el centro el derecho colectivo a comunicar. Un concurso que ignore estas diferencias reproduce desigualdades; uno que las integre, fortalece la democracia.

Referencias:

Muñoz, Daniela (2016) Comunicación un derecho humano: Guía metodológica para reconocerlo y ejercerlo. Voces Nuestras.

Leis, Raúl. (s.f.). Comunicación popular para el desarrollo humano. En Educación popular y desarrollo local (Documento 011)

UNESCO. (s.f.). Guía por el derecho a la comunicación. UNESCO.

Ureña, Lauren. (2014)Periodismo comunitario en Costa Rica: la información en manos de la ciudadanía. Rev. Rupturas 4(1), Costa Rica, Ene-Jun, 2014. ISSN 2215-2466 pp 2-23.

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Entre amenazas y silencios: los obstáculos para defender derechos humanos en las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que el espacio para defender derechos en las Américas se encuentra en su punto más crítico. El Tercer informe sobre personas defensoras de derechos humanos documenta un patrón persistente de violencia, criminalización y estigmatización contra quienes se atreven a proteger la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos.

Según la CIDH, la región sigue siendo la más peligrosa del mundo para defender derechos, concentrando el 79% de los asesinatos globales de personas defensoras en 2023. En países como Brasil, Colombia, México y Honduras, la defensa del ambiente, la tierra o los derechos de las mujeres y pueblos indígenas continúa cobrando vidas.

Pero la violencia física no es el único obstáculo. El informe describe una serie de mecanismos —algunos visibles, otros más sutiles— que buscan reducir el espacio cívico y silenciar la acción colectiva. Estos incluyen leyes restrictivas, discursos de odio, vigilancia digital y trabas administrativas para registrar o financiar organizaciones sociales.

Principales obstáculos identificados por la CIDH
  • Asesinatos y desapariciones: la forma más extrema de violencia; en la mayoría de los casos, los crímenes quedan impunes.

  • Criminalización y uso indebido del derecho penal: procesos judiciales sin fundamento que buscan intimidar y frenar causas legítimas, especialmente en la defensa ambiental y territorial.

  • Estigmatización: discursos oficiales que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “terroristas económicos”, alimentando el odio y la desinformación.

  • Restricciones al derecho de asociación: trabas burocráticas, leyes que obstaculizan el registro legal de organizaciones y controles desproporcionados sobre financiamiento.

  • Vigilancia y ataques digitales: espionaje, hackeos, doxing y campañas de difamación en línea, con efectos graves en la seguridad y la salud mental, sobre todo de mujeres defensoras.

  • Impunidad estructural: más del 90% de los homicidios de personas defensoras quedan sin sanción, generando un efecto de miedo y autocensura.

Matriz de caracterización de los obstáculos
Tipo de obstáculoManifestaciones principalesConsecuenciasGrupos más afectados
Violencia físicaAsesinatos, desapariciones, amenazasPérdida de vidas, desplazamientos, trauma colectivoDefensores ambientales, pueblos indígenas, mujeres rurales
CriminalizaciónProcesos judiciales infundados, detenciones arbitrariasDesgaste moral, económico y social; miedo a actuarLíderes comunitarios, mujeres, sindicalistas
EstigmatizaciónDiscursos oficiales y mediáticos de desprestigioDeslegitimación pública, aislamiento, odio socialOrganizaciones ambientales y de DDHH
Restricciones legales y administrativasObstáculos para registrar o financiar organizacionesPérdida de autonomía, cierre de espacios de acciónONG locales, colectivos comunitarios
Vigilancia y ataques digitalesHackeos, espionaje, doxing, amenazas en líneaAutocensura, exposición de datos, daño psicológicoMujeres, periodistas, activistas LGBTI
Impunidad judicialFalta de investigación y sanción a responsablesReproducción de la violencia, desconfianza institucionalTodas las personas defensoras, especialmente rurales
Obligaciones del Estado frente a las personas defensoras

El informe de la CIDH es claro: los Estados no solo deben abstenerse de obstaculizar la defensa de los derechos humanos, sino garantizar activamente las condiciones para su ejercicio libre y seguro.
Sus obligaciones se agrupan en cuatro grandes ejes:

Asegurar condiciones de libertad y seguridad
Los Estados deben crear entornos propicios para que las personas defensoras desarrollen su labor sin amenazas ni represalias. Esto implica reconocer públicamente su importancia, garantizar el acceso a la información y proteger su derecho de asociación y expresión.

Eliminar los obstáculos estructurales
La CIDH enfatiza el deber estatal de identificar y remover los obstáculos —legales, institucionales o culturales— que impiden o dificultan la labor de defensa. Esto incluye derogar leyes restrictivas y combatir la estigmatización promovida desde el poder público.

Proteger ante situaciones de riesgo
Los Estados deben contar con mecanismos nacionales de protección efectivos, con recursos suficientes y participación de la sociedad civil. Su propósito es prevenir agresiones, brindar medidas de seguridad personal y garantizar la atención integral a víctimas y familiares.

Investigar y sancionar los delitos
La impunidad es una forma de violencia prolongada. Por ello, los Estados están obligados a investigar con debida diligencia los ataques contra personas defensoras, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. La CIDH también recuerda la importancia de cumplir con las medidas cautelares otorgadas por el Sistema Interamericano.

En síntesis, la protección de las personas defensoras no es una opción política, sino una obligación jurídica derivada de los compromisos internacionales en derechos humanos.

Las personas defensoras son guardianas de los bienes comunes, aquellas que sostienen la posibilidad misma de vivir en democracia, con agua limpia, bosques vivos y justicia social. Defender derechos no es un privilegio: es una tarea colectiva que protege las bases de la convivencia humana.

Cada obstáculo que las silencia —una amenaza, una ley restrictiva o una campaña de difamación— erosiona el tejido común que nos mantiene como sociedad. Por eso, la defensa de quienes defienden no puede quedar en soledad: requiere comunidades activas, solidarias y vigilantes que acompañen, visibilicen y respalden su labor frente a los riesgos.

Reconocer su trabajo, garantizar su seguridad y multiplicar sus voces no es solo un acto de justicia, sino una forma concreta de cuidar lo que nos pertenece a todas y todos: la vida en común y el derecho a un futuro compartido.

Les compartimos esta infografía PDF – Imagen

Puede descargar el informe aquí

Sede-CorteIDH

Opinión histórica de la Corte IDH: El cambio climático también es un asunto de derechos humanos

Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva que establece, de forma contundente, que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas frente a la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Se trata de la Opinión Consultiva OC-32/25, solicitada por Chile y Colombia, y adoptada el pasado 29 de mayo de 2025.

¿Por qué es tan importante esta resolución?

Porque convierte el cambio climático en un asunto jurídico que exige acción estatal urgente, equitativa y con enfoque de justicia social. La Corte interpreta por primera vez cómo los derechos humanos —como el derecho a la vida, salud, agua, vivienda, participación y medio ambiente sano— deben ser protegidos en el contexto del colapso climático.

No se trata de una opinión simbólica. Es un hito en el derecho internacional, que puede transformar políticas públicas, marcos legislativos y litigios climáticos en toda América Latina y el Caribe.

Puntos clave de la Opinión OC-32/25

Reconocimiento del derecho a un clima sano como parte del derecho a un ambiente sano, y su relación directa con la protección de la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la cultura y la participación.

El deber reforzado de los Estados de prevenir daños ambientales irreversibles, bajo estándares de debida diligencia, protección intergeneracional y equidad climática.

Los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, rurales, insulares, niñez y personas defensoras del ambiente son reconocidos como sujetos de protección diferenciada.

El principio pro persona y el enfoque interseccional deben guiar toda política climática nacional e internacional.

La Corte afirma que el derecho a defender los derechos humanos incluye la defensa del ambiente, y exige que los Estados protejan a quienes realizan esta labor.

Un llamado al compromiso urgente

La Corte deja claro que ningún Estado puede seguir posponiendo la acción climática. La omisión también es responsabilidad. Desde ahora, los Estados de América deben garantizar que sus planes climáticos estén alineados con sus obligaciones en derechos humanos.

Esta opinión no solo refuerza el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París, sino que ofrece una herramienta jurídica poderosa para que comunidades, movimientos y defensoras del territorio exijan justicia climática con base en el derecho interamericano.

¿Cómo podemos usar esta Opinión?

Como base para impulsar reformas legales y constitucionales.

Para exigir planes climáticos ambiciosos y con justicia social.

Para acompañar litigios climáticos y acciones de defensa ambiental.

Para fortalecer la protección de quienes defienden la vida, los ríos, los bosques y la soberanía alimentaria.

Esta resolución debe ser leída, compartida y exigida. En un contexto de crisis climática, la defensa de los derechos humanos pasa por proteger la vida en todas sus formas. Esta Opinión Consultiva es una brújula para quienes construyen justicia ambiental y democracia desde los territorios.

“El derecho a un clima sano no es una utopía: es un derecho exigible, aquí y ahora.”

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué implica esta Opinión para Costa Rica?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Su función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como el Pacto de San José).

Además de resolver casos contenciosos entre personas y Estados, la Corte puede emitir opiniones consultivas, que son interpretaciones jurídicas solicitadas por los Estados o instituciones del sistema interamericano. Estas opiniones son vinculantes en su contenido interpretativo y orientan a todos los países de la región sobre cómo deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

¿Por qué esto importa para Costa Rica?

Costa Rica:

Es Estado Parte de la Convención Americana desde 1970.
Reconoce la competencia de la Corte IDH desde su creación.
Aloja la sede de la Corte y ha sido uno de sus impulsores históricos.

La Opinión Consultiva OC-32/25 obliga al Estado costarricense a revisar sus políticas climáticas, normativas ambientales, planes de ordenamiento territorial y mecanismos de participación, para asegurar que estén alineados con los estándares de derechos humanos.

Esto implica, por ejemplo:

Garantizar transparencia y acceso a información climática.

Reconocer y proteger los derechos de comunidades en riesgo.

Prevenir daños ambientales irreversibles mediante una debida diligencia reforzada.

Promover participación real y efectiva, incluyendo a pueblos indígenas y comunidades rurales.

En síntesis, esta opinión no es simbólica: es un mandato jurídico y político que Costa Rica debe atender activamente.

Bienes comunes y justicia climática: una lectura desde la Opinión de la Corte

La emergencia climática no es solo una crisis ambiental, es una crisis de modelo. En el fondo, pone en disputa la forma en que se organizan los bienes comunes: agua, aire, bosques, biodiversidad, clima. La Opinión OC-32/25 de la Corte Interamericana es clara al respecto: los Estados deben proteger la Naturaleza no solo como recurso, sino como sujeto de derechos.

Esto desafía el modelo de desarrollo dominante, basado en la explotación ilimitada de territorios, cuerpos y ecosistemas. Reconocer que el clima, el agua o la biodiversidad son bienes comunes implica cambiar la relación entre las personas, el Estado y el entorno.

¿Qué aporta esta Opinión a esa reflexión?
  • Afirma que el derecho a un ambiente sano incluye la protección del sistema climático global.

  • Reconoce el principio de justicia intergeneracional, señalando que los Estados deben proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

  • Declara la naturaleza de jus cogens (norma imperativa) de la obligación de no causar daños irreversibles al ambiente.

  • Abre el camino para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, algo que comunidades indígenas han defendido desde hace siglos.

Entonces, ¿qué significa defender los bienes comunes hoy?

Significa defender el derecho a vivir, decidir y cuidar colectivamente lo que hace posible la vida. Significa que las políticas climáticas no pueden seguir dictadas por intereses privados, sino por criterios de justicia ecológica y social. Esta Opinión fortalece las luchas que, desde abajo, ya lo vienen diciendo: no hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza.

“Frente a un planeta en llamas, proteger los bienes comunes es una acción radicalmente democrática.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado un precedente histórico al emitir la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que afirma que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas para enfrentar la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Esta infografía presenta los principales elementos de esta decisión: qué implica, a quién protege, qué responsabilidades genera para países como Costa Rica, y por qué representa un paso crucial hacia la justicia climática en nuestra región. Porque el clima, la vida y los derechos humanos están profundamente entrelazados.

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📌 Consulta el texto completo aquí:
🔗 Opinión Consultiva OC-32/25 – Corte IDH
📌 Resumen de preguntas planteadas por Chile y Colombia:
🔗 Solicitud original

Nota web: Amnistía Internacional. (4 de julio de 2025). Corte Interamericana marca un hito en la lucha por la justicia climática en el mundo [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/07/corte-idh-marca-hito-en-la-lucha-por-justicia-climatica/

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¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

 

El auge del autoritarismo se traduce en:
  • Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

  • Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

  • Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

  • Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

  • Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

  • Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

  • Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

  • Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

  • Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

  • Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números
TemaDato clave¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamentePor bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
 Miles de civiles palestinos asesinados en 2024Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados20+ países con crímenes de guerra documentadosIncluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global110 millones de personas desplazadas en 2024Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa124 periodistas asesinados en 20242/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática1.5 °C de aumento promedio global en 2024Primer año completo en que se supera ese umbral
 3 °C proyección de aumento para finales de sigloSegún datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdadSe frenó casi completamente la reducción de la pobreza globalSegún el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles21 países con leyes que restringen la libertad de expresiónIncluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
 Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTIGhana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de LibiaEmitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censuraMeta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmenteAvances mínimos; predominan “códigos voluntarios”
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Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch
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Educación, Diversidad y Bienes Comunes Sociales: Un Llamado a la Inclusión

El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.

Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.

El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.

Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller

“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).

¿Por qué preocuparnos?

El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.

Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.

Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.

📌 Descubre nuestra infografía sobre minoría, minoritario y subalternidad, y únete a la conversación por una sociedad más justa e inclusiva.

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La emigración como derecho humano: Reflexión ante la deportación

Ante las vergonzosas acciones del Gobierno de Estados Unidos al implementar mecanismos de deportación de personas migrantes (eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un «estado de emergencia en la frontera», el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes, traslado de las personas en aviones militares y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales), recordamos que la emigración es un derecho humano. Este derecho se basa en el principio de libertad de movimiento, reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13). Esto incluye la posibilidad de salir de cualquier país, incluido el propio, y regresar.

Puntos clave a tener en cuenta:

  1. Derecho a buscar mejores condiciones de vida: La migración es una herramienta para escapar de la pobreza, la violencia o la persecución.
  2. Reconocimiento de contextos forzados: Los refugiados y desplazados necesitan protección especial bajo el derecho internacional.
  3. Responsabilidad compartida: Los Estados tienen la obligación de garantizar vías seguras y respetar los derechos de las personas migrantes.

Les compartimos unas palabras de Eduardo Galeano sobre la relación entre emigración y solidaridad, recordándonos que no debemos olvidar estos valores esenciales.

Textos de Eduardo Galeano:

Envenado. Los emigrantes, ahora. Revista de Pensamiento Penal.

Los emigrantes no se van porque quieran, sino porque los echan. Revista Temas de Nuestra América.

Les invitamos a reflexionar y problematizar este contexto adverso que enfrenta la lucha por los derechos humanos.

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Una vez más, racismo institucional

Este 19 de setiembre del 2024 se dictaminó la absolución de Juan Eduardo Varela por el homicidio del líder indígena Jehry Rivera, una resolución que decide evadir  las acciones de violencia perpetradas, remarca que es una «cosa»  entre indígenas, delega la responsabilidad a un «Estado» que no ha asumido la responsabilidad y enuncia un posicionamiento sesgado a favor de la legitimación del despojo territorial indígena tildándolo de estar rodeado de «aspectos oscuros» y un deber de respeto a una supuesta «institucionalidad».

A pesar que un señor identificado como Juan Eduardo Varela Rojas confesó en una actividad pública frente al viceministro de Justicia (2021), haber sido la persona que asesinó a Jehry Rivera Rivera.

El párrafo anterior, nos lleva de nuevo a la necesidad constante de problematizar las instituciones que están presentes en nuestras sociedades, tribunales que deciden «abstenerse» de su responsabilidad, que aluden a un «Estado» que no ha tomado las acciones para la resolución del conflicto, que es un asunto entre indígenas y que hay una institucionalidad que debe ser respetada, que al mismo tiempo, debemos entender que es aquel «Estado» que no ha asumido su responsabilidad.

Esta maraña de contrasentidos, representa lo que podemos comprender como «Racismos Institucional», es decir esas formas y modos que nuestras instituciones (incluido el Poder Judicial) ha interiorizado a través de los diversos trayectos históricos la «superioridad» de una supuesta «blanquitud», que se manifiesta en  ideas, nociones, estereotipos y prácticas de discriminación, marginación y exclusión que diversos pueblos indígenas, afrodescendientes han sido víctimas.

Estos legados de violencia de los procesos de colonialismo y esclavitud, siguen entramado en nuestras sociedades, por esta razón, ante la presencia de actos como este, así como muchos otros, se vuelve una obligación ética, política y pedagógica revindicar una justicia epistémica y levantar la voz y denunciar su presencia y rechazar la normalización de estos discursos, instituciones y prácticas.

Les compartimos esta infografía para invitar a esta reflexión.

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Dayana-Hernandez

Política Trans: Reflexiones desde la práctia política de Dayana Hernández

Cómo forma de celebrar y revindicar la práctica política de Dayana Hernández, les compartimos esta infografía que desarrollamos a partir de una entrevista que le realizaron durante el 2021 desde «Distintas latitudes» la periodista Karla Pérez, si gustan pueden leer la entrevista compelta aquí 

Este material procura ofrecer algunas dimensiones como forma de invitación a profundizar qué es la política desde la experiencia de las personas trans, sus contextos, desafíos y esperanzas que procuran denunciar y revindicar en la búsqueda de construir su calidad de vida, pero más allá de eso, esos mundos donde quepamos todas las personas.

Esperamos este material, contribuya a seguir profundizan sobre el pensamiento y práctica política de las personas Trans, para construir espacios inclusivos, solidarios, colaborativos y afectivos para seguir luchando y construyendo esos mundos.

Nota del Semanario Universidad sobre Dayana Hernández.

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Foto tomada de la nota del Semanario Universidad.