Cuando el paisaje habla, también denuncia. En el Caribe Sur de Costa Rica, los humedales, bosques y zonas costeras no solo sostienen biodiversidad y vida comunitaria: también son testigos silenciosos de intervenciones que tensionan la legalidad ambiental y ponen a prueba el sentido de lo común. Desde tala y relleno hasta la instalación de estructuras permanentes, cada transformación deja una huella profunda, cuidadosamente documentada por Philippe Vangoidsenhoven. Estas reseñas van más allá de describir cambios físicos: son relatos que muestran cómo la presión inmobiliaria, la flexibilización normativa y la falta de vigilancia institucional erosionan ecosistemas y derechos colectivos.
Los registros de Philippe, vecino y observador constante del Caribe Sur, revelan un patrón alarmante: humedales, quebradas y refugios silvestres están siendo sistemáticamente convertidos en proyectos turísticos e inmobiliarios amparados en permisos cuestionables. La débil fiscalización ambiental y la impunidad que rodea muchas de estas obras permiten que intervenciones ilegales se prolonguen, alterando paisajes y vidas, y dejando una pregunta inquietante: ¿qué queda del sentido de lo común cuando la tierra se vende al mejor postor?
Detrás de cada tala y relleno hay comunidades que ven cómo sus espacios de vida, tradición y sustento se transforman sin consulta ni protección real. La memoria de los territorios y la relación ancestral con los humedales y bosques se ven amenazadas, y junto con ellas, la capacidad de las personas para decidir sobre sus propios bienes comunes. Las fotografías y registros de Philippe no solo muestran paisajes alterados, sino también la tensión entre quienes buscan preservar la vida y quienes impulsan proyectos que priorizan la ganancia sobre la sostenibilidad y los derechos colectivos.
Playa Negra: rellenos en humedales
En Playa Negra, Philippe documentó en una denuncia durante febrero 2025 cómo un humedal fue rellenado para abrir un camino que claramente es el inicio de una futura construcción. Aunque Fiscalía y Policía llegaron al sitio, las obras no se detuvieron, pues aparecieron permisos cuya legalidad es dudosa. El testimonio refleja la frustración de quienes denuncian: el temor a represalias, la burocracia que pocas veces deriva en sanciones y la certeza de que, tarde o temprano, el proyecto avanza.
Hone Creek: tala con permisos y turismo encubierto
En una denuncia anterior en la zona de Hone Creek, que logró frenar temporalmente las obras, hoy se evidencia un cambio total en el paisaje. El patrón es evidente: primero se talan árboles con permisos ‘normales’ y, aprovechando la maquinaria, se transforma el terreno en viviendas, piscinas o complejos turísticos. Philippe advierte que este proceso ocurre incluso dentro de refugios de vida silvestre, como ha sucedido en varios puntos del litoral. Aunque la Fiscalía Ambiental ha logrado detener algunos proyectos, la expansión inmobiliaria avanza sin freno, debilitando la función de los refugios como espacios de conservación.
Tala y chapeo: quebradas bajo asedio
San Rafael 2 de Sixaola es un ejemplo de reincidencia y desprecio por la ley. Hace alrededor de un año, tras una denuncia al MINAE, las autoridades constataron talas y extracción de madera sin permisos, decomisaron el material y se retiraron. Sin embargo, poco después las obras continuaron como si nada hubiera pasado. Philippe narra que, apenas la vegetación empezaba a regenerarse, el área fue nuevamente chapiada. Él mismo denunció este nuevo daño, agravado por realizarse cerca de una quebrada bajo el pretexto de construir una vivienda. Este caso refleja con claridad la facilidad con que se retoman actividades ilegales, la falta de un verdadero seguimiento institucional y la vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce, esenciales para la salud ambiental del Caribe. Philippe lo resume con indignación: ‘parece que a nadie le conviene entender la ley sobre las quebradas; ya no sé ni cómo llamar a estas personas’.
Refugio silvestre: lo público convertido en privado
En otra área que debería estar protegida como refugio silvestre y patrimonio público, Philippe ha documentado como ha sido cambiado por jardines, palmeras ornamentales y hasta casa en construcción. Pese a denuncias previas, la municipalidad otorgó permisos bajo el argumento de que “el cantón necesita desarrollo” y de que estas obras son una salida al subdesarrollo. La justificación municipal se convierte así en la vía de legalización de proyectos privados en tierras que deberían estar al servicio de la conservación.
Cócles: intervenciones en zona REGAMA
En el sector de Cocles, tras una denuncia, el MINAE confirmó hace tiempo que esta zona corresponde a un humedal. Sin embargo, la falta de control ha permitido que las construcciones continúen. Philippe ha documentado un alarmante proceso de transformación ambiental: tala de árboles, relleno con tierra, nivelación del terreno e instalación de estructuras permanentes. Todo esto ocurre en una zona REGAMA, categorizada como humedal con especial protección ecológica.
La situación es especialmente grave porque los humedales son ecosistemas frágiles, esenciales para la regulación hídrica y la biodiversidad costera. La alteración de la Caracola no solo pone en riesgo estos servicios ecosistémicos, sino que también evidencia cómo, pese a la legislación ambiental costarricense, se siguen otorgando permisos o tolerando obras que convierten áreas de conservación en espacios para uso turístico e inmobiliario.
No son casos aislados
Estos incidentes no ocurren de manera aislada ni por casualidad: forman parte de un patrón sistemático en el que los permisos legales se transforman en la llave que abre la puerta a la degradación ambiental. Denuncias y alertas ciudadanas pierden fuerza frente a la inacción de instituciones responsables, mientras la especulación inmobiliaria y los proyectos turísticos avanzan sobre humedales, bosques y zonas costeras, erosionando los bienes comunes y la memoria colectiva de las comunidades. El Caribe Sur se encuentra en una encrucijada crítica: o se decide proteger sus ecosistemas únicos y el derecho de sus habitantes a decidir sobre su territorio, o se permite que el negocio turístico, paso a paso, consuma y desangre el territorio, dejando tras de sí paisajes transformados y comunidades vulneradas.
