La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, por su presunta omisión en la defensa de bienes públicos —calles, parques, áreas verdes y reservas comunales— ubicados en el histórico Proyecto Americano de Nosara. El recurso fue interpuesto por el abogado Marvin Rodríguez Varela el 21 de abril de 2025.
Una historia que inicia en 1966
El origen del conflicto se remonta a la llegada de un inversionista estadounidense en 1966, quien adquirió una finca de más de mil hectáreas en Nosara. Un año después, el INVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo) aprobó el Mapa Oficial del Proyecto Americano, en el que quedaron delimitadas las áreas destinadas al uso público: calles, zonas verdes y espacios comunales.
Sin embargo, con el paso de las décadas, la Municipalidad de Nicoya fue autorizando construcciones y visados de planos sin asegurar la protección de esas áreas. Así, terrenos que debían permanecer como bienes de la comunidad terminaron inscritos a nombre de privados y, posteriormente, bajo la administración de la Asociación Cívica de Nosara.
¿Por qué se presentó el amparo?
El recurso sostiene que el alcalde incumplió acuerdos firmes del Concejo Municipal de 2020 y 2021, que lo obligaban a iniciar procesos legales para recuperar más de 80 hectáreas de bienes públicos. Además, se apoya en dictámenes de la Procuraduría General de la República, los cuales son claros: los bienes demaniales —como calles, parques y áreas comunales— son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser vendidos, apropiados ni reclamados por particulares.
Para el abogado Rodríguez Varela, la inacción del alcalde constituye una falta grave a su deber constitucional de proteger los intereses de la comunidad y del Estado, más aún cuando existen pruebas contundentes sobre el carácter público de los terrenos en disputa.
Lo que resolvió la Sala Constitucional
Al admitir el recurso, la Sala IV ordenó al alcalde cumplir sin más demora los acuerdos municipales y emprender los trámites necesarios para reivindicar las tierras. Además, dispuso la paralización inmediata de cualquier obra que afecte las zonas verdes, calles o áreas comunales dentro del Proyecto Americano, así como la suspensión de trámites registrales en el Registro Nacional sobre esos terrenos.
El fallo también abre la puerta para que el caso sea elevado al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual podría revisar la validez de las credenciales del alcalde. Asimismo, señala la necesidad de investigar el papel de la Asociación Cívica de Nosara en los traspasos irregulares de bienes públicos.
Implicaciones para Nosara y el país
La resolución representa un triunfo en la defensa de los bienes comunes y sienta un precedente clave para otras comunidades costeras y turísticas que enfrentan problemas similares. Nosara podría recuperar terrenos de gran valor ecológico y económico —estimados en millones de dólares—, pero sobre todo, devolver a la comunidad el acceso a espacios que le pertenecen desde hace más de medio siglo.
El fallo también envía un mensaje contundente: la inacción de las autoridades locales frente a irregularidades no es tolerable y puede acarrear consecuencias legales y políticas. En términos educativos, este caso recuerda que los bienes públicos no son un regalo de las instituciones, sino derechos colectivos protegidos por la Constitución.
En Nosara, y en todo el país, la sentencia abre una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de exigir transparencia, participación y compromiso de los gobiernos locales en la gestión del territorio.
Aportes del fallo para casos similares
- Reafirma la imprescriptibilidad de los bienes públicos: ningún particular, aunque tenga escrituras registradas o posesión prolongada, puede reclamar propiedad sobre áreas demaniales. Esto es aplicable a conflictos en playas, parques urbanos y reservas comunales en todo el país.
- Obliga a las municipalidades a actuar: la sentencia deja claro que la omisión de alcaldes o funcionarios para proteger bienes públicos constituye una violación constitucional. Por tanto, los gobiernos locales tienen la obligación de iniciar procesos judiciales y administrativos cuando haya ocupación indebida.
- Precedente para detener obras privadas: al ordenar la paralización inmediata de construcciones en terrenos públicos, el fallo puede usarse en otros casos donde desarrollos turísticos o residenciales pretendan apropiarse de áreas verdes, caminos o zonas de acceso común.
- Reconoce la fuerza vinculante de los acuerdos municipales: el fallo confirma que los alcaldes deben cumplir los acuerdos tomados por el Concejo Municipal, fortaleciendo el control democrático y colegiado en la gestión local.
- Defensa de intereses colectivos por encima de intereses privados: el fallo marca un precedente en el equilibrio entre derechos individuales y el interés general, especialmente en territorios donde el valor económico de la tierra puede tentar a apropiaciones indebidas.
- Herramienta para comunidades organizadas: al validar los reclamos de Nosara, la resolución fortalece a movimientos comunales en otras localidades que buscan recuperar espacios públicos y denunciar irregularidades municipales.
Glosario básico
Recurso de amparo: mecanismo constitucional que permite a cualquier persona denunciar violaciones a derechos fundamentales cometidas por autoridades públicas, solicitando una respuesta inmediata de la Sala Constitucional.
Sala Constitucional (Sala IV): instancia de la Corte Suprema de Justicia que resuelve recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en Costa Rica.
Bienes demaniales: bienes de dominio público (como calles, parques, plazas, áreas verdes y comunales) que son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se pierden con el tiempo) y que deben destinarse al uso público.
INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo): institución estatal que regula proyectos urbanísticos y su planificación, incluyendo la delimitación de espacios públicos en planes de urbanización.
Mapa Oficial / Diseño de sitio: documento aprobado por el INVU en 1967 para el Proyecto Americano en Nosara, donde quedaron establecidas formalmente las áreas destinadas al uso común.
Reivindicación de bienes: acción legal o administrativa que busca recuperar para el Estado o la comunidad bienes públicos que han sido indebidamente apropiados por particulares.
Concejo Municipal: órgano colegiado de gobierno local que aprueba acuerdos y dicta lineamientos que el alcalde debe ejecutar.
Procuraduría General de la República: institución asesora y consultora del Estado costarricense en materia legal. Sus dictámenes, cuando son vinculantes, obligan a las instituciones públicas a acatarlos.
