El país atraviesa un ciclo de retroceso ambiental que debilita sus instituciones, reduce la protección de los ecosistemas y aumenta la desigualdad socioambiental
El Informe Estado de la Nación 2025, en su capítulo 4 Armonía con la naturaleza, lanza una alerta contundente: Costa Rica está debilitando las herramientas que por décadas sostuvieron su liderazgo ambiental. Entre 2020 y 2025 se presentaron cerca de una decena de reformas y proyectos que reducen la desconcentración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), concentran poder en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y limitan la participación técnica y ciudadana.
El resultado es un país con menos capacidad para proteger sus bienes naturales, menos autonomía institucional y mayor exposición a los impactos de decisiones políticas regresivas. El presupuesto del Sinac cayó un 40% en cinco años, las horas de control y protección se redujeron en un 60% y, mientras tanto, aumentan las presiones del turismo, la inversión extranjera y el desarrollo inmobiliario sobre territorios frágiles.
Normas más permisivas, riesgos más altos
Durante 2024 e inicios de 2025, el gobierno modificó reglamentos clave en materia de salud y ambiente. El nuevo reglamento para la calidad del agua potable (Decreto 45196-S) elevó hasta 800 veces el umbral permitido de clorotalonil, un plaguicida altamente tóxico.
La reforma también sustituyó el concepto de “valor máximo admisible” por el de “valor de alerta”, abriendo la puerta a la distribución de agua contaminada mientras se realizan análisis de riesgo.
Paralelamente, se relajaron los controles para el registro de plaguicidas, excluyendo al Minae y al Ministerio de Salud de la evaluación técnica de sustancias catalogadas como de “mínimo riesgo”. Estos cambios, según especialistas, debilitan la soberanía científica y sanitaria del país, y profundizan la dependencia de criterios externos.
Incluso los parques nacionales enfrentaron retrocesos: el Sinac aprobó el aumento de la capacidad de ingreso al Parque Nacional Corcovado sin sustento técnico, decisión que luego fue anulada por la Sala Constitucional por violar el derecho a un ambiente sano.
Concentración del poder ambiental y debilitamiento del Sinac
El informe advierte sobre una creciente centralización de la gobernanza ambiental en torno al Minae. Directrices recientes obligan a que toda comunicación institucional hacia la Procuraduría y la Contraloría pase por la cúpula ministerial, reduciendo la autonomía técnica del Sinac y sus áreas de conservación.
También se documenta la exclusión de representantes de organizaciones civiles y académicas en espacios de participación, como la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad o conferencias internacionales, lo cual refleja un cierre del diálogo ambiental.
La eliminación del Viceministerio de Aguas y Mares, la paralización de la Comisión de Gobernanza Marina y las dificultades para crear unidades marino-costeras son otros signos de debilitamiento institucional.
Mientras tanto, la reducción del presupuesto, el recorte de personal y la pérdida de cooperación internacional comprometen la gestión en los territorios y abren espacio a lógicas privadas de conservación o uso de recursos naturales.
Conflictos socioambientales y bienes comunes en disputa
El informe identifica que los conflictos socioambientales han resurgido con fuerza, expresando tensiones entre protección ambiental, propiedad privada y modelos de desarrollo orientados al turismo o la inversión extranjera.
Dos casos emblemáticos permiten leer estas tensiones desde la perspectiva de los bienes comunes:
Gandoca–Manzanillo: superposición, desigualdad y presión turística
En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, el conflicto surge de la superposición entre propiedad privada y área protegida, la desigualdad en la aplicación de normas, la presencia de permisos ilegales y la presión del turismo y la inversión extranjera.
Según actores locales citados por el informe, esta situación ha creado una disputa permanente por el control del territorio, donde las comunidades enfrentan restricciones y procesos judiciales, mientras inversionistas y proyectos turísticos gozan de mayor flexibilidad.
El caso evidencia cómo la falta de claridad normativa y la ausencia de ordenamiento territorial terminan favoreciendo la apropiación privada de espacios concebidos como bienes comunes, debilitando tanto la conservación como la justicia social.
Pacífico Norte: turismo residencial y exclusión costera
En el Pacífico Norte, particularmente en Guanacaste, el informe analiza los efectos del turismo residencial y del boom inmobiliario costero, que han transformado el litoral en un espacio de segregación y privatización.
El estudio señala que este modelo ha fomentado la privatización de facto del acceso a la zona pública costera, un derecho garantizado por ley, y ha generado la exclusión económica de comunidades locales, que pierden oportunidades y enfrentan condiciones de precariedad frente a megaproyectos turísticos.
Además, la expansión urbanística sin planificación ha provocado un limitado acceso al agua potable por falta de infraestructura, a la vez que los desarrollos turísticos acceden a fuentes privilegiadas.
La combinación de desigualdad, concentración territorial y crisis hídrica convierte al Pacífico Norte en un laboratorio del modelo neoliberal costero: una economía extractiva del espacio, que mercantiliza los bienes comunes —la playa, el agua, el paisaje— y excluye a quienes históricamente los habitaron y cuidaron.
Lectura desde los bienes comunes: el retroceso del pacto ecológico
Desde una lectura socioambiental basada en los bienes comunes, lo que el informe muestra no son hechos aislados, sino una reconfiguración estructural del modelo ambiental costarricense.
La gestión de la naturaleza —que alguna vez fue un pilar del Estado social y del prestigio internacional del país— está siendo sustituida por un esquema donde el territorio, el agua y la biodiversidad son tratados como mercancías.
Cuando el Estado se repliega y la gestión se centraliza en torno a decisiones políticas o empresariales, los bienes comunes pierden su carácter colectivo. Las comunidades, las funcionarias del Sinac, los científicos y los defensores ambientales que sostenían el cuidado cotidiano quedan marginados o deslegitimados.
Esta transformación erosiona no solo ecosistemas, sino también la capacidad social de cuidar y decidir colectivamente sobre el futuro común.
El país corre el riesgo de perder el equilibrio histórico entre desarrollo, justicia y sostenibilidad, y de transformar su modelo ambiental en un instrumento subordinado al mercado.
Un llamado a repensar el rumbo
El Informe concluye con un llamado claro: Costa Rica no puede darse el lujo de quitar prioridad al tema ambiental.
Si no se corrigen los patrones actuales, el país se encamina hacia una sociedad más desigual, más carbonizada y menos sostenible.
Recuperar el sentido público de la gestión ambiental implica reconstruir las capacidades institucionales, reactivar la participación ciudadana y reafirmar los bienes comunes como fundamento de la vida colectiva.
El desafío es ético y político: decidir si el país continuará cediendo su patrimonio natural a intereses privados, o si será capaz de reconstruir una alianza entre Estado, comunidades y naturaleza para defender lo que aún nos pertenece a todos.
Tendencias socioambientales de Costa Rica (2020–2025)
| Dimensión | Tendencia observada | Implicaciones socioambientales |
|---|---|---|
| Marco normativo ambiental | Cerca de una decena de reformas que reducen la desconcentración del Sinac y fortalecen el control político del Minae. | Menor autonomía técnica, reducción de participación ciudadana y debilitamiento del criterio científico en decisiones ambientales. |
| Regulación ambiental | Cambios permisivos en reglamentos sobre agua potable, plaguicidas y capacidad de carga turística. | Retroceso en derechos al agua y a la salud; debilitamiento de estándares de protección ambiental. |
| Capacidades institucionales | Presupuesto del Sinac cae un 40% (2020–2024); pérdida de personal y recursos. | Menor fiscalización, control y protección de áreas silvestres; riesgo para la biodiversidad. |
| Gestión del territorio | Aumento del turismo residencial y desarrollo inmobiliario sin ordenamiento. | Privatización del acceso costero, conflictos por el agua y desplazamiento de comunidades. |
| Gobernanza ambiental | Centralización de decisiones en el Minae; exclusión de actores sociales y científicos. | Concentración de poder, reducción de la transparencia y pérdida del carácter participativo de la política ambiental. |
| Conservación y biodiversidad | Expansión de áreas protegidas sin aumento proporcional de recursos. | “Protección en papel”: ampliación formal sin capacidad de gestión ni vigilancia efectiva. |
| Conflictos socioambientales | Reactivación de conflictos en zonas costeras, turísticas y agrícolas. | Mayor desigualdad territorial y debilitamiento del pacto social en torno a los bienes comunes. |
| Crisis hídrica y contaminación | Reducción en calidad y cobertura del agua potable; incremento de interrupciones fuera de la GAM. | Aumento de la vulnerabilidad de comunidades rurales y costeras. |
| Cambio climático y riesgo | Récord de 1.619 desastres climáticos en 2024. | Creciente exposición a fenómenos extremos; urgencia de planificación territorial sostenible. |
| Tendencia general | Transición de un modelo ambiental de bien público a uno orientado por el mercado y la concentración. | Erosión de los bienes comunes y debilitamiento del legado ecológico de Costa Rica. |