En los territorios indígenas, la consulta no es un trámite ni un evento anunciado a última hora por radio. Es un proceso tejido con vínculos, memoria y autoridad. Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña expresamos nuestra preocupación por las formas de convocatoria que se están naturalizando tanto en instituciones gubernamentales como en algunas organizaciones locales del territorio.
En días recientes, la Municipalidad, en conjunto con ADITIBRI, difundió por emisora una invitación “para formar una comisión del mecanismo de consulta”. El aviso llegó el mismo día por la mañana, sin diálogo previo y sin respetar los tiempos, protocolos y canales propios de las autoridades tradicionales. Llamar a una autoridad por un anuncio radial es desconocer su lugar, su rol y la relación que sostiene al territorio. Eso no es consulta: es reducción.
Nos preocupa, además, que algunas organizaciones indígenas están comenzando a replicar los mismos esquemas del sistema estatal costarricense, copiando prácticas que excluyen a mayores, ignoran formas tradicionales de comunicación y reproducen atropellos que se supone deberían denunciar. Cuando una organización que dice representar a su pueblo convoca utilizando mecanismos ajenos —y ajenos, además, a las generaciones mayores que no usan ni dependen de la tecnología— está reforzando la misma lógica que históricamente ha lesionado los derechos colectivos.
Cuando la réplica se vuelve riesgo: efectos de adoptar esquemas externos dentro del territorio
La preocupación no se limita a las instituciones. También observamos un fenómeno silencioso y profundo: algunas organizaciones indígenas están incorporando los formatos estatales como si fueran formas naturales de relacionarse con su propio pueblo. Ese gesto, que a primera vista podría parecer “práctico”, tiene impactos culturales y políticos de fondo.
Adoptar convocatorias improvisadas, anuncios radiales o comunicaciones digitales como método principal implica trasladar al territorio una lógica burocrática que no nace de la comunidad. Con ello, se debilita la palabra de las autoridades tradicionales,
se reducen los espacios de deliberación interna y se empuja la toma de decisiones hacia ritmos y formatos que no pertenecen al pueblo.
Este proceso genera un efecto particularmente grave: normaliza que la consulta pueda acomodarse a la conveniencia institucional, como si fuera un procedimiento administrativo y no un derecho colectivo con raíces culturales. Lo que se replica sin cuestionar termina desplazando las prácticas propias, erosionando la autonomía desde dentro y dejando a la comunidad atrapada entre dos formas de poder: el externo que impone y el interno que lo reproduce.
Cuando las organizaciones indígenas replican estos modelos, dejan de cuestionar la estructura que las presiona y, sin proponérselo, contribuyen a que esa estructura se instale aún más en la vida comunitaria. Lo que antes era defensa se convierte en repetición; lo que era autonomía se vuelve trámite.
Por eso señalamos con firmeza: estas prácticas no respetan la autonomía, no reconocen a las autoridades tradicionales y no constituyen procesos de consulta legítimos.
La consulta debe construirse desde los pueblos, con sus tiempos, sus espacios y su palabra. No desde anuncios improvisados que vacían de sentido los derechos.
¿Qué exige una convocatoria legítima según la normativa internacional y las prácticas propias?
La normativa internacional —Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU, estándares interamericanos— coincide con la sabiduría de los propios pueblos en puntos esenciales que deben guiar cualquier proceso de consulta:
- -Respeto por los mecanismos tradicionales de comunicación. La convocatoria debe hacerse según las formas del pueblo, no según la comodidad institucional.
- -Información clara, completa y comprensible. La comunidad debe saber de qué se trata, con qué impactos y qué alternativas existen.
- -Tiempo suficiente y razonable. La consulta debe ser previa, no reactiva ni apresurada.
- -Libertad real para aceptar, rechazar o modificar la propuesta. Sin presiones de instituciones, empresas ni organizaciones locales.
- -Participación plena de las autoridades tradicionales. Su rol no se sustituye ni se minimiza.
- -Espacios definidos por la comunidad. La consulta debe darse donde y como el pueblo lo decide.
- -Transparencia y seguimiento. Los acuerdos deben respetarse y cumplirse.
El Colectivo Antonio Saldaña seguirá acompañando, denunciando y defendiendo los procesos que nacen desde el territorio —porque los derechos no se anuncian al aire: se viven, se acuerdan y se respetan.
Colectivo Antonio Saldaña
28 de noviembre del 2025
¿Quién fue Antonio Saldaña?
