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La presión inmobiliaria que drena al Caribe Sur: Reportes de Philippe

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Cuando el paisaje habla, también denuncia. En el Caribe Sur de Costa Rica, los humedales, bosques y zonas costeras no solo sostienen biodiversidad y vida comunitaria: también son testigos silenciosos de intervenciones que tensionan la legalidad ambiental y ponen a prueba el sentido de lo común. Desde tala y relleno hasta la instalación de estructuras permanentes, cada transformación deja una huella profunda, cuidadosamente documentada por Philippe Vangoidsenhoven. Estas reseñas van más allá de describir cambios físicos: son relatos que muestran cómo la presión inmobiliaria, la flexibilización normativa y la falta de vigilancia institucional erosionan ecosistemas y derechos colectivos.

Los registros de Philippe, vecino y observador constante del Caribe Sur, revelan un patrón alarmante: humedales, quebradas y refugios silvestres están siendo sistemáticamente convertidos en proyectos turísticos e inmobiliarios amparados en permisos cuestionables. La débil fiscalización ambiental y la impunidad que rodea muchas de estas obras permiten que intervenciones ilegales se prolonguen, alterando paisajes y vidas, y dejando una pregunta inquietante: ¿qué queda del sentido de lo común cuando la tierra se vende al mejor postor?

Detrás de cada tala y relleno hay comunidades que ven cómo sus espacios de vida, tradición y sustento se transforman sin consulta ni protección real. La memoria de los territorios y la relación ancestral con los humedales y bosques se ven amenazadas, y junto con ellas, la capacidad de las personas para decidir sobre sus propios bienes comunes. Las fotografías y registros de Philippe no solo muestran paisajes alterados, sino también la tensión entre quienes buscan preservar la vida y quienes impulsan proyectos que priorizan la ganancia sobre la sostenibilidad y los derechos colectivos.

Playa Negra: rellenos en humedales

En Playa Negra, Philippe documentó en una denuncia durante febrero 2025 cómo un humedal fue rellenado para abrir un camino que claramente es el inicio de una futura construcción. Aunque Fiscalía y Policía llegaron al sitio, las obras no se detuvieron, pues aparecieron permisos cuya legalidad es dudosa. El testimonio refleja la frustración de quienes denuncian: el temor a represalias, la burocracia que pocas veces deriva en sanciones y la certeza de que, tarde o temprano, el proyecto avanza.
Hone Creek: tala con permisos y turismo encubierto

En una denuncia anterior en la zona de Hone Creek, que logró frenar temporalmente las obras, hoy se evidencia un cambio total en el paisaje. El patrón es evidente: primero se talan árboles con permisos ‘normales’ y, aprovechando la maquinaria, se transforma el terreno en viviendas, piscinas o complejos turísticos. Philippe advierte que este proceso ocurre incluso dentro de refugios de vida silvestre, como ha sucedido en varios puntos del litoral. Aunque la Fiscalía Ambiental ha logrado detener algunos proyectos, la expansión inmobiliaria avanza sin freno, debilitando la función de los refugios como espacios de conservación.
Tala y chapeo: quebradas bajo asedio

San Rafael 2 de Sixaola es un ejemplo de reincidencia y desprecio por la ley. Hace alrededor de un año, tras una denuncia al MINAE, las autoridades constataron talas y extracción de madera sin permisos, decomisaron el material y se retiraron. Sin embargo, poco después las obras continuaron como si nada hubiera pasado. Philippe narra que, apenas la vegetación empezaba a regenerarse, el área fue nuevamente chapia­da. Él mismo denunció este nuevo daño, agravado por realizarse cerca de una quebrada bajo el pretexto de construir una vivienda. Este caso refleja con claridad la facilidad con que se retoman actividades ilegales, la falta de un verdadero seguimiento institucional y la vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce, esenciales para la salud ambiental del Caribe. Philippe lo resume con indignación: ‘parece que a nadie le conviene entender la ley sobre las quebradas; ya no sé ni cómo llamar a estas personas’.
Refugio silvestre: lo público convertido en privado

En otra área que debería estar protegida como refugio silvestre y patrimonio público, Philippe ha documentado como ha sido cambiado por jardines, palmeras ornamentales y hasta casa en construcción. Pese a denuncias previas, la municipalidad otorgó permisos bajo el argumento de que “el cantón necesita desarrollo” y de que estas obras son una salida al subdesarrollo. La justificación municipal se convierte así en la vía de legalización de proyectos privados en tierras que deberían estar al servicio de la conservación.
Cócles: intervenciones en zona REGAMA

En el sector de Cocles, tras una denuncia, el MINAE confirmó hace tiempo que esta zona corresponde a un humedal. Sin embargo, la falta de control ha permitido que las construcciones continúen. Philippe ha documentado un alarmante proceso de transformación ambiental: tala de árboles, relleno con tierra, nivelación del terreno e instalación de estructuras permanentes. Todo esto ocurre en una zona REGAMA, categorizada como humedal con especial protección ecológica.

La situación es especialmente grave porque los humedales son ecosistemas frágiles, esenciales para la regulación hídrica y la biodiversidad costera. La alteración de la Caracola no solo pone en riesgo estos servicios ecosistémicos, sino que también evidencia cómo, pese a la legislación ambiental costarricense, se siguen otorgando permisos o tolerando obras que convierten áreas de conservación en espacios para uso turístico e inmobiliario.
No son casos aislados

Estos incidentes no ocurren de manera aislada ni por casualidad: forman parte de un patrón sistemático en el que los permisos legales se transforman en la llave que abre la puerta a la degradación ambiental. Denuncias y alertas ciudadanas pierden fuerza frente a la inacción de instituciones responsables, mientras la especulación inmobiliaria y los proyectos turísticos avanzan sobre humedales, bosques y zonas costeras, erosionando los bienes comunes y la memoria colectiva de las comunidades. El Caribe Sur se encuentra en una encrucijada crítica: o se decide proteger sus ecosistemas únicos y el derecho de sus habitantes a decidir sobre su territorio, o se permite que el negocio turístico, paso a paso, consuma y desangre el territorio, dejando tras de sí paisajes transformados y comunidades vulneradas.

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Monitoreos ambientales alertan sobre rellenos y construcciones en Caribe Sur

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Los más recientes monitoreos ambientales de Philippe Vangoidsenhoven documentan tres casos preocupantes detrás de la plaza de fútbol de Puerto Viejo y otro en la franja pública de la ZMT, donde la presión inmobiliaria y turística continúa transformando el entorno costero pese a denuncias formales ante las autoridades.

Primer caso: terreno rellenado y en venta

Un lote que había sido deforestado y rellenado, denunciado desde hace meses por tala ilegal, hoy aparece preparado y en venta. “Es una cosa que me da cólera: la gente destruye el medio ambiente, rellenan todo y cuando ya todo está listo, lo ponen en venta”, relata Philippe. El proceso de comercialización avanza sin que la Fiscalía Ambiental ni el OIJ logren detener la degradación ni sus consecuencias.
Segundo caso: construcción con piscina

En el terreno contiguo se levantó una obra que incluye una piscina. Aunque no está claro si la construcción se encuentra paralizada o sigue en marcha, el solo hecho de que se ejecute en un área de alta biodiversidad genera alarma. “Piscinas son mortales para la vida silvestre. ¿Dónde sacan el permiso?”, cuestiona Philippe. Este tipo de infraestructuras alteran el suelo, afectan los flujos de agua y contaminan el entorno con químicos.
Tercer caso: tala de árboles y lote en abandono

En un tercer lote, al menos dos árboles grandes fueron talados, hecho que también fue denunciado ante el OIJ. Desde entonces, el terreno se mantiene sin mayores intervenciones, ni siquiera chapeado, en un aparente estado de abandono.

Los tres casos, registrados de manera continua en los monitoreos comunitarios, muestran cómo el paisaje del Caribe Sur se transforma a partir de rellenos, talas y construcciones turísticas. La presión inmobiliaria es tal que, según Philippe, “ya denuncié, ya llegaron las autoridades, pero siguieron construyendo igual. Eso es lo que pasa aquí”.

Cuarto caso en Punta Uva: comercios dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre

En la playa de Punta Uva se encuentran en funcionamiento dos locales instalados con estructuras permanentes dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre. Aunque es necesario fortalecer la economía local, no puede hacerse a costa de un área protegida por la legislación. Para estos usos existen alternativas como estructuras movibles, que no implican una ocupación permanente ni la degradación del espacio costero. La presencia de estas construcciones genera preocupación, pues sienta un precedente de invasión en un territorio que debería resguardarse como patrimonio natural y común.
La mirada crítica de Philippe

Para Philippe, lo que queda en evidencia es que la crisis ambiental en el Caribe Sur no se limita a la acción de individuos que construyen, rellenan o talan ilegalmente. El verdadero problema también se encuentra en la falta de respuesta contundente de asociaciones, organizaciones locales e incluso instituciones que, teniendo capacidad de incidencia, no han asumido la responsabilidad que les corresponde.

“Yo no entiendo que no hay más gente que se mete, se ponga las pilas… se ve en plena vista todo lo que está ocurriendo, pero no, cada quien hace su vida”, señala Philippe con frustración.

En muchos casos, estas agrupaciones se presentan como representantes del interés comunitario o de la defensa cultural y social del territorio, pero cuando se trata de enfrentar los impactos ambientales concretos —como la pérdida de bosques costeros, la destrucción de humedales o la proliferación de proyectos inmobiliarios dentro de áreas protegidas— su voz se diluye. Para Philippe, ese silencio, la inacción o la permisividad terminan convirtiéndose en una forma de complicidad que abre el camino a quienes lucran con la especulación territorial.

La situación es aún más grave porque el Caribe Sur posee una riqueza natural y cultural única, reconocida incluso por marcos legales que establecen su protección. No obstante, la distancia de ciertas organizaciones frente a estas urgencias ambientales genera un vacío que debería ser llenado con vigilancia ciudadana, presión política y defensa activa de los bienes comunes.

“Voy a dar mi vida para esto, eso es así. No puedo dejar que sigan destruyendo a plena vista de todas las personas a la madre naturaleza”, afirma Philippe, convencido de la necesidad de sostener la denuncia constante, aun cuando eso signifique exponerse a riesgos personales.

El impacto de las piscinas en ecosistemas costeros

La construcción de piscinas en áreas costeras como Cahuita tiene efectos ambientales que van más allá de la alteración paisajística. Estas infraestructuras requieren un movimiento intensivo de tierra, rellenos y la impermeabilización del suelo, lo que afecta directamente la capacidad natural de absorción del agua y altera el flujo de quebradas y humedales.

Además, el uso constante de químicos para el mantenimiento del agua —como cloro y desinfectantes— puede filtrarse al subsuelo o escurrir hacia ríos y playas, afectando especies sensibles de anfibios, reptiles e insectos, así como la salud de los corales y peces en áreas cercanas al mar.

Otro impacto significativo es la fragmentación del hábitat. En regiones con alta biodiversidad, como la costa caribeña, los patios, jardines y piscinas sustituyen áreas de bosque costero que son vitales para especies en peligro, entre ellas perezosos, aves migratorias y mamíferos que dependen de corredores biológicos para sobrevivir.

En contextos de cambio climático, el problema se agrava: mientras las comunidades costeras enfrentan riesgos crecientes de erosión, inundaciones y pérdida de playas, la expansión de construcciones turísticas con piscinas responde más a intereses comerciales que a una planificación ambiental responsable.

Señas del cambio de paisaje en Cocles

Los monitoreos ambientales de Philippe también registran las huellas cotidianas del cambio de paisaje en el Caribe Sur. Una de esas señas se observó en Cocles, frente a un conocido hotel, donde pudo registrar camiones cargados de zacate, mismo que es utilizado para cubrir amplias superficies de terreno.

El patrón se repite: se eliminan bosques, humedales o parches de vegetación nativa, se rellenan los suelos y se sustituyen por pasto uniforme, como si se tratara de un jardín urbano. Esta transformación no solo borra la complejidad del ecosistema tropical, sino que introduce una estética foránea que empobrece la biodiversidad local.

“Es impresionante cómo destruyen, y después se van a enojar conmigo, me van a atacar a mí por estar denunciando los daños ambientales”, lamenta Philippe.

Lo que antes era un bosque con quebradas y hábitat para innumerables especies, ahora aparece nivelado y cubierto de césped, signo de cómo el paisaje caribeño se va adaptando a intereses inmobiliarios y turísticos que priorizan la apariencia sobre la vida.

Denuncian agresión en medio de monitoreos ambientales en Puerto Viejo

Durante uno de los recorridos de monitoreo ambiental en Puerto Viejo, Philippe fue víctima de una agresión mientras documentaba un chapeo ilegal en zona pública costera. Al acercarse para registrar la intervención, un trabajador lo enfrentó de manera violenta, llegando incluso a sacar un machete.

El hecho se produjo en un área que pertenece al Estado, donde no está permitido volar machete ni eliminar cobertura natural. Sin embargo, estas prácticas se realizan para abrir vistas hacia el mar y favorecer proyectos turísticos. “Hoy en la mañana tuve que enojarme, pucha, esa es zona pública y es refugio silvestre, cada rato lo chapean… y cuando hablo de las leyes me responden: ‘no me importa lo que dice la ley, yo hago lo que quiero’”, recuerda Philippe.

Este episodio se suma a otras situaciones de hostigamiento que enfrentan quienes denuncian daños ambientales en el Caribe Sur. La agresión refleja no solo la presión inmobiliaria y turística que amenaza los ecosistemas, sino también el riesgo personal que asumen las personas defensoras ambientales al documentar y visibilizar estos casos.

Hostigamiento y agresión durante registro fotográfico

Mientras documentaba fotográficamente un área afectada por tala y fumigación, Philippe fue sorprendido por un hombre que estacionó su vehículo detrás del suyo y le exigió explicaciones por tomar fotos, generando una confrontación inicial.

Al continuar con su recorrido, Philippe se dio cuenta de que lo seguían. Ya cerca de Puerto Viejo, el camino fue bloqueado por el mismo vehículo, y una mujer se acercó a increparlo, lo que lo obligó a retroceder y desviarse hacia un parqueo cercano para evitar un enfrentamiento. Durante este desvío, tuvo que apresurarse, pues las personas que lo seguían continuaban detrás de él.

Finalmente, Philippe solicitó la intervención policial, presentando fotos y videos como evidencia. Los oficiales registraron la denuncia y recabaron los nombres de las personas involucradas. Durante todo el episodio, los increpantes hicieron comentarios despectivos hacia su labor, evidenciando un patrón de hostigamiento vinculado a la documentación ambiental y la exposición de irregularidades en la tala y fumigación, incluyendo seguimiento, confrontación directa y amenazas implícitas.

Registro fotográfico:

Estos testimonios de hostigamiento y agresión se comparten con el propósito de sensibilizar y generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan monitoreo ambiental, como en el caso de Philippe. Su labor, orientada a la defensa de la naturaleza y el bien común, no debería exponerles a amenazas ni agresiones.

Nota: Las fotografías  incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Costa Rica verde para afuera, desigual por dentro: el caso Ostional y las contradicciones de la conservación

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El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO), en Nicoya, Guanacaste, es reconocido mundialmente como un sitio clave para la anidación de la tortuga lora. Costa Rica lo exhibe como ejemplo de su liderazgo ambiental. Sin embargo, detrás de esta vitrina verde se esconde una realidad mucho más contradictoria: la conservación como excusa para desplazar a comunidades locales, mientras las mansiones de lujo crecen sin obstáculos a la orilla del mar.

La reciente resolución del Área de Conservación Tempisque (ACT) expone la compleja situación jurídica del refugio. Por mandato de la Sala Constitucional desde 2009, se deben desalojar ocupaciones consideradas “ilegales”, salvo casos previos a la creación del refugio en 1983 o proyectos de investigación y ecoturismo. El documento reconoce la existencia de 198 personas físicas y 190 jurídicas ocupando “de manera precaria” los terrenos, y admite que la ausencia de un plan de manejo ha dejado la gobernanza en un limbo jurídico. Documentos consultados:

Carta-SINAC-ACT-OR-DT-656-2025

Área identificadas como potenciales para compensación proyecto de ley

La dureza de la ley para los débiles

El testimonio de doña Heidy Villegas habitante de Playa Pelada sintetiza la dureza del Estado para quienes menos tienen:

“El MINAE me denunció por usurpación, cosa que no era cierto. Perdí el juicio por un mal abogado y me ordenaron cárcel, demolición de mi casa y mi propiedad en un mes. Mientras tanto, a 50 metros de la playa, una propiedad lujosa se remodela con maquinaria pesada, sin sanción alguna. La ley no se aplica igual: para los ticos hay demolición, para los extranjeros hay permisos y silencio.”

Aquí la premura en la ejecución de la ley se vuelve evidente. Los plazos son draconianos: un mes para demoler una casa familiar, un año de cárcel, tres de probatoria, sin siquiera otorgar medidas cautelares mientras se revisa el proceso. El aparato judicial y administrativo actúa con contundencia sobre las familias locales, ejecutando fallos sin contemplar la viabilidad humana, económica o social de esas decisiones.

La lentitud (y complicidad) con los poderosos

En contraste, las construcciones de lujo en la misma franja costera parecen vivir en otra dimensión legal. La resolución misma lo admite: existen propiedades privadas inscritas dentro del refugio, algunas con títulos cuestionables, que deberían ser revisadas o incluso adquiridas por el Estado. Sin embargo, esos procesos se alargan durante años bajo la excusa de su “complejidad jurídica”.

Mientras tanto, proyectos inmobiliarios de alto nivel continúan avanzando: remodelaciones con maquinaria pesada, publicidad turística que ofrece “exclusividad frente a la playa” y hasta la instalación de infraestructura en áreas de manglar. Aquí la lentitud casi omisiva del Estado contrasta con la rapidez de las órdenes de desalojo a familias humildes.

El documento oficial plantea incluso escenarios de “compensación ambiental”, donde se excluirían propiedades privadas del refugio para regularizarlas. En la práctica, esto significaría legalizar lo que en otros casos es considerado “usurpación” cuando lo realiza un campesino o pescador local.

El borrado de las trayectorias comunitarias

Uno de los aspectos más graves es cómo la aplicación de la ley desconoce la historia y los derechos de las personas que han vivido en estas comunidades desde mucho antes de la declaratoria del refugio.

Quienes crecieron, trabajaron y construyeron sus hogares en estas playas hoy son tratados como “ocupantes precarios”, una categoría administrativa que borra sus trayectorias familiares y comunitarias. Sus vínculos con la tierra —basados en la pesca, la agricultura de subsistencia o el arraigo comunitario— quedan invisibilizados por un lenguaje técnico que los reduce a “problemas de tenencia de la tierra”.

La resolución del ACT reconoce, casi de forma marginal, que “la prioridad número uno es el uso habitacional de las familias que han vivido por años en las ocupaciones que ahí existen”. Sin embargo, en la práctica este principio rara vez se traduce en protección efectiva. La ley y las resoluciones judiciales ignoran las trayectorias vitales de estas comunidades, imponiéndoles un régimen de desalojo mientras, paradójicamente, se tolera la permanencia de inversiones extranjeras de alto nivel.

Este borrado de la memoria comunitaria también tiene implicaciones culturales: se niega el derecho a habitar el territorio, a mantener prácticas tradicionales de relación con el mar y la tierra, y a construir futuro en el mismo lugar donde generaciones anteriores ya lo habían hecho. Se trata de un despojo no solo físico, sino también histórico y simbólico.

Desigualdad socioambiental estructural

El problema no es solo jurídico, sino estructural:

  • Las comunidades locales cargan con el peso de una legislación que las ve como “ocupantes precarios”.

  • Los proyectos de lujo, en cambio, son tolerados o incluso integrados en la discusión como “propiedades debidamente inscritas”.

  • La conservación se convierte en un lenguaje de legitimación: proteger tortugas y manglares se usa como argumento, pero la aplicación es selectiva según quién ocupe el territorio.

En síntesis, se configura una doble vara ambiental: la conservación se aplica como castigo a los más vulnerables y como oportunidad de negocio para los sectores con recursos económicos y conexiones políticas.

Una Costa Rica partida en dos

El caso Ostional refleja un país partido en dos: la Costa Rica verde para afuera, con campañas internacionales que promocionan su compromiso con la biodiversidad, y la Costa Rica desigual por dentro, donde las comunidades costeras viven bajo la amenaza constante del desalojo, mientras las inversiones inmobiliarias extranjeras encuentran grietas legales y complicidad institucional para seguir expandiéndose.

La pregunta que queda abierta es: ¿será capaz el país de construir un marco jurídico y político que realmente equilibre la protección de la naturaleza con la justicia social? O seguiremos viendo cómo la “conservación modelo” encubre, una y otra vez, desigualdades socioambientales que dejan a las comunidades locales sin casa, sin derechos y sin futuro.

El caso de Heidy Villegas en Playa Pelada

Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada en Nosara de Nicoya, Guanacaste, ha denunciado públicamente la inminente demolición de su casa, programada para el próximo 7 de septiembre. Su caso expone la compleja y desigual aplicación de la ley en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.

Villegas asegura haber sido acusada falsamente de usurpación por funcionarios del MINAE, pese a contar con plano, permisos de construcción, avales de SETENA y de la Municipalidad. La ampliación de su vivienda a tres habitaciones, realizada para sus hijas, fue el detonante del proceso que terminó con una condena de un año de prisión, tres de probatoria y la orden de demoler su hogar.

En su testimonio, relata cómo fue víctima de la ineficiencia y corrupción de abogados que la dejaron en estado de indefensión en el juicio inicial y en la apelación posterior. Aunque aportó pruebas —incluida una carta del MINAE que habilitaba a pobladores a obtener servicios básicos si cumplían requisitos—, estas no fueron consideradas de manera adecuada en los procesos judiciales.

Lo que para ella es más doloroso es la doble vara con que se aplica la ley. Mientras a los costarricenses como ella se les exige demoler sus casas, en la misma zona florecen hoteles, restaurantes y mansiones de lujo que operan en condiciones similares, e incluso más invasivas, sin enfrentar consecuencias legales.

Su voz refleja la angustia y la urgencia:

“Tengo una demolición programada para el 7 de septiembre. No sé si podré detenerla antes de que ocurra. Tal vez luego reconozcan que la propiedad era mía, pero ya la casa estaría destruida. ¿Por qué la ley no es pareja?”.

El conflicto se arrastra desde 2017, cuando un tribunal resolvió que debía abandonar y demoler la casa. Tras varios años de trámites y apelaciones, el reloj ahora corre en su contra. Heidy sigue buscando apoyo legal y comunitario para frenar lo que describe como la injusticia más grande de su vida.

La Municipalidad de Nicoya fue consultada sobre este caso, pero al cierre de la nota no había dado respuesta.

La paradoja de Ostional

La contradicción alcanza niveles grotescos. Mientras familias locales enfrentan juicios, cárcel y órdenes de demolición por vivir en el refugio, en el mismo sitio circula la venta de huevos de tortuga al margen de toda normativa. Lo que debería ser estrictamente regulado para garantizar la conservación de la especie, se convierte en un negocio paralelo que ocurre con la vista gorda de las autoridades.

Así, la conservación en Ostional aparece como un campo de desigualdad: la vivienda campesina se castiga con dureza, mientras el mercado ilegal de huevos de tortuga y el lujo turístico se mueven con impunidad.

El capital, no la nacionalidad, marca la diferencia: la verdadera frontera es entre capital y comunidades

El caso de Ostional no debe leerse como una simple disputa entre costarricenses y foráneos. Lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del capital —sin importar la nacionalidad de quien lo detente— para adecuar las normas a su conveniencia.

En estos procesos conviven tanto extranjeros como nacionales que, al contar con recursos, contactos o influencia, logran legitimar sus proyectos, regularizar propiedades cuestionables o mantener construcciones dentro de un refugio. Esta dinámica no sería posible sin la complicidad o la omisión de funcionarios nacionales dispuestos a flexibilizar, reinterpretar o incluso ignorar las propias reglas del Estado.

La verdadera línea divisoria no es el pasaporte, sino la asimetría entre quienes tienen la posibilidad de torcer o demorar la aplicación de la norma —con la venia de autoridades públicas—, y quienes deben acatarla de inmediato, aun cuando eso signifique perder su hogar, su historia y su futuro.

Ostional revela así una contradicción central de la Costa Rica contemporánea: un país que se enorgullece de su modelo de conservación, pero donde las reglas se flexibilizan para el capital y se endurecen para las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

¿De qué hablamos? Memoria borrada: las comunidades antes del refugio

El relato oficial del Estado insiste en que quienes hoy habitan dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional son “ocupantes precarios”. Sin embargo, la historia local cuenta otra versión.

Desde las décadas de 1960 y 1970, familias campesinas y pescadoras se asentaron en la zona, mucho antes de que en 1982 se declarara el refugio. Estos hogares no llegaron como invasores: construyeron sus casas con materiales de la zona, practicaron la pesca artesanal, cultivaron en pequeñas parcelas y mantuvieron una relación cotidiana con las playas y los manglares. Las comunidades de Ostional, Nosara y Guiones tenían escuelas, comités comunales y redes de cooperación mucho antes de que existiera la categoría legal de “área silvestre protegida”.

Cuando en 1983 la Ley de Fauna Silvestre ratificó la creación del refugio, la vida de estas familias cambió sin que mediara un proceso de consulta ni compensación. Su presencia histórica quedó reducida a la invisibilidad. Desde entonces, cualquier mejora en sus viviendas, cualquier intento de ampliar un rancho o de consolidar una propiedad, ha sido interpretado como “usurpación”.

El resultado es un borrado de memoria: las trayectorias familiares que fundaron la vida comunal en Ostional han sido anuladas por un lenguaje jurídico que las coloca al margen de la legalidad. Se desconoce que ellas mismas fueron las primeras guardianas del territorio, mucho antes de que el Estado apareciera con su marco de conservación.