El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.
La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.
Colonialismo y racismo en la narrativa judicial
Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.
En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.
Un precedente peligroso para los movimientos sociales
La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.
Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.
Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.
Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?
¿Qué es el oleoducto Dakota Access?
El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.
El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.
¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?
Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.
Características de una demanda SLAPP:
Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.
Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.
Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.
Consecuencias y riesgos:
Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.
Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.
Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.
¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?
Buscar asesoramiento legal especializado.
Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.
Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.
Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.
- Imagen de cabecera Fuente El Orejiverde. Tomado de: https://elorejiverde.com/el-don-de-la-palabra/2067-retratos-de-la-protesta-sioux-en-standing-rock
Mapa 1: Fuente Ecojesuit. Tomado de: https://www.ecojesuit.com/las-protestas-de-standing-rock-y-las-preocupaciones-de-las-naciones-unidas-sobre-los-derechos-humanos-y-los-pueblos-indigenas/
Foto 1 – Protestas: Fuente Democracy Now. Tomado de: https://www.democracynow.org/es/2016/8/23/standing_rock_sioux_chairman_dakota_access
Foto 2 – Protestas: Fuente Todo por hacer. Tomado de: https://www.todoporhacer.org/standing-rock/
- Foto 3 – Protesta Fuente Entre pueblos. Tomado de: https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/
Referencias:
Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958
- ARTICLE 19. (2021). Estado de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) en España. Recuperado de: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/03/MFRR-Spain-SLAPPs-report-ES-FINAL-17.02.2022.pdf
Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/
EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/
- Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). (2024). Directiva Anti-SLAPP: Guía sobre la Directiva para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos frente a litigios abusivos. Recuperado de: https://fibgar.es/wp-content/uploads/2024/04/GuiadePATFoxsobrelaDirectivaAnti-SLAPP.pdf
- Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia. (2023). ¿Cómo responden los tribunales a las SLAPP?. Recuperado de: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2023/08/GFoE_%C2%BFCo%CC%81mo-responden-los-tribunales-a-los-SLAPP__PAPER-1.pdf