En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).
Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:
Gobierno
MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas
Diputaciones
- 18 de julio 2024 Los ambientalistas ortodoxos brillaron por su ausencia en Crucitas, critica Cynthia Córdoba
- 16 de julio 2024 Oro de Crucitas debe explotarse: Daniela Rojas
Empresarios-Políticos
- 18 de julio 2024 “Sí” a la mina de oro Crucitas: Otto Guevara
Colegio profesional
29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos
Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.
Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.
En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).
Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.
Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera, cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.
Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.
