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Inauguran puente, pero el río se muere: comunidades de Guatuso se manifiestan por el Río Frío

Este 20 de septiembre, durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío en la antigua subasta de Guatuso, con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, las comunidades volvieron a salir a las calles. Con mantas y mensajes contundentes, recordaron la gran ironía del acto: de nada sirve inaugurar infraestructura si el río que sostiene la vida está siendo destruido desde hace años por la extracción indiscriminada de materiales.

En medio de la actividad oficial, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro desplegó una manta que decía: “Qué ironía, inauguramos el puente sobre el río que está siendo atrozmente destruido por tantos años. No más daño ambiental ni concesiones: que se vayan las privadas. Río Frío no es mercancía, es agua, pesca y vida”.

Mensajes que denuncian y despiertan conciencia

Las voces comunitarias no se limitaron a una sola consigna. Las mantas y carteles recogieron un sentir colectivo:

  • “Nos matan el Río Frío, los humedales, la flora y la fauna”
  • “Nos matan el agua”
  • “Olvidados por los gobiernos locales: no tenemos servicios de electricidad”
  • “Extracciones: ganancias para pocos, consecuencias para muchos”
  • “Basta de vender el río”
  • “Río Frío representa nuestro lugar de recreación”
  • “Mientras el pueblo duerme, la destrucción del río avanza”
  • “Queremos río, no cantera”
  • “Salvemos al Río Frío es nuestro corredor biológico”

Estos mensajes no solo denuncian la devastación ambiental, también visibilizan el abandono institucional y la contradicción de un modelo que invierte en obras visibles, pero permite que los bienes comunes que dan sustento a las comunidades sigan agonizando.

El valor de salir y defender el río

La manifestación en la inauguración del puente se suma a otras acciones recientes: la presencia en las fiestas patrias con el lema “Vivamos la independencia haciendo conciencia” y la intervención ante el Concejo Municipal de Guatuso. Cada paso reafirma que la defensa del río no es un hecho aislado, sino una práctica de organización comunitaria y de ciudadanía ambiental activa.

Salir a defender el Río Frío significa mucho más que oponerse a la minería no metálica. Es defender el derecho a contar con agua limpia, a pescar, a tener un espacio de recreación, a imaginar un turismo rural que genere empleo local, a asegurar un futuro digno para la juventud. En otras palabras: se defiende una forma de vida que no puede medirse únicamente en términos técnicos ni de estudios ambientales.

Participación ambiental: democracia desde abajo

Lo que se vive en Maquengal y en Guatuso muestra que la participación ambiental no se reduce a observaciones técnicas en expedientes, sino que es la expresión más concreta de la democracia desde abajo. Cuando las comunidades levantan la voz, no solo denuncian daños ecológicos: reivindican el derecho a decidir sobre modelos de desarrollo que impactan de manera directa su calidad de vida.

Defender el río es también exigir que el desarrollo no se limite a puentes o carreteras, sino que incluya condiciones básicas de bienestar: acceso a agua segura, servicios, oportunidades económicas y respeto a los espacios de vida comunitaria. La defensa ambiental es, en el fondo, una lucha por un desarrollo integral que ponga al centro la vida de las personas y no únicamente la ganancia de unos pocos.

Dos modelos de desarrollo en disputa

La defensa del Río Frío abre una discusión más amplia: ¿qué modelo de desarrollo necesita Guatuso y Maquengal?. Por un lado, se impone el modelo de la cantera, que reduce al río a un depósito de materiales para alimentar proyectos externos, dejando ganancias para unos pocos y consecuencias graves para la mayoría. Este modelo ha sido legitimado por instituciones como la Municipalidad de Guatuso, SETENA, la Dirección de Geología y Minas y otras instancias estatales, que han avalado concesiones sin escuchar a las comunidades, mirando para otro lado frente al daño acumulado.

Del otro lado está el modelo que la propia comunidad defiende: un desarrollo basado en el disfrute y el cuidado del ambiente, en actividades ecológicas y sostenibles que permitan seguir disfrutando de un entorno sano. Turismo rural, producción local, recreación en el río y protección de los humedales son parte de esa visión. No se trata de rechazar el progreso, sino de preguntarse qué progreso y para quién.

El Grupo de Defensa ha sido claro: no quieren un futuro hipotecado por la extracción, sino uno que garantice bienestar integral para sus familias y generaciones futuras. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones seguirán defendiendo el modelo de la cantera o si escucharán finalmente a la comunidad.

El reto de las instituciones

La presencia del presidente en la inauguración del puente colocó de frente un contraste: mientras el gobierno celebra una obra, las comunidades denuncian la agonía de un río. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve inaugurar infraestructura si se permite la destrucción del bien común que la sostiene?

El mensaje quedó claro: el pueblo ya habló, lo ha hecho en las calles, en el Concejo Municipal y en la propia visita presidencial. Ahora el desafío está del lado de las instituciones, que deben dejar de ver a Maquengal como un caserío marginal y reconocerlo como lo que es: una comunidad viva que exige respeto, participación y un futuro distinto al de la cantera y la devastación.

Impacto en los medios de comunicación

Transmisión completa FLECHA TV: https://www.facebook.com/flechatv.cr/videos/1022807506531430

https://www.facebook.com/flechatv.cr/videos/24880058348296074

Les compartimos los extractos de los videos con las intervenciones de las personas vecinas de Maquengal:

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En el Día de la Independencia, la comunidad de Maquengal alza la voz por el Río Frío

Este 15 de septiembre, en medio de las celebraciones patrias en el centro de Guatuso, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro se manifestó con una manta que decía: “Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales”.

Con este gesto simbólico, las comunidades recordaron que la independencia no es completa mientras se siga permitiendo la destrucción de sus ríos y humedales. El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, continúa sufriendo los impactos de la minería no metálica y del dragado que altera su cauce y amenaza la vida de todo el ecosistema.

Durante la actividad, muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre la situación y conversar con integrantes del grupo, mostrando interés y preocupación por la defensa del río.

Incidencia en distintos frentes

La manifestación del 15 de septiembre se suma a una serie de acciones que las comunidades han emprendido en defensa del río.

El pasado 2 de setiembre, el Grupo de Defensa presentó una carta ante el Concejo Municipal de Guatuso, solicitando la revisión de la situación socioambiental provocada por la extracción de materiales en el sector de Maquengal. La nota abrió un debate en sesión municipal sobre un tema sensible para la comunidad, visibilizando cómo la concesión privada no solo afecta al río, sino también a la población escolar —pues la actividad ocurre a menos de 500 metros del centro educativo— y a la vida comunitaria, al haberse transformado un acceso tradicional de recreación en paso para maquinaria pesada.

En esa sesión, las y los vecinos fueron claros: no se oponen al desarrollo ni al mantenimiento de caminos, pero cuestionan un modelo que convierte al pueblo en cantera y que priva a la comunidad de su derecho a disfrutar el río. Señalaron además que la concesión privada tiene una vigencia de diez años, prorrogable, lo que amenaza con profundizar el deterioro del territorio y cerrar oportunidades de desarrollo basadas en el turismo rural, la producción local y la conservación.

A esta acción se suma la entrega de la denuncia pública con más de 150 firmas y de una carta al presidente Rodrigo Chaves durante su visita a Río Celeste, donde las comunidades denunciaron el abandono institucional y exigieron detener las concesiones mineras. En esa oportunidad retomaron el simbolismo del jaguar como emblema de un territorio que hoy calla, porque su río está en agonía.

Reivindicaciones de las comunidades

El Grupo de Defensa de la Cuenca ha sido enfático en sus demandas:

  • Detener la destrucción del Río Frío por actividades extractivas que socavan la base ambiental y social de Maquengal.
  • Suspender y revisar las concesiones privadas de minería no metálica, otorgadas sin consulta ni información clara a las comunidades.
  • Restituir los espacios comunitarios de acceso al río, hoy convertidos en pasos de maquinaria pesada.
  • Impulsar alternativas de desarrollo sostenible, con énfasis en el turismo rural, la producción local y la conservación.
  • Reconocer el derecho a participar en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan directamente la vida de la comunidad.

Estas reivindicaciones no son un capricho: son un ejercicio de ciudadanía responsable, respaldado por la Constitución Política que garantiza el derecho a la vida, al ambiente sano y a la participación ciudadana.

Maquengal no es un caserío: es comunidad viva

Muchas personas han llegado a Maquengal y lo han convertido en su hogar, impulsando proyectos alternativos como una Escuela de Biología en una finca colindante con el río Frío. Sin embargo, hoy ven cómo sus sueños se desvanecen ante el deterioro que atraviesa este río, una situación que además ha venido a impedir el desarrollo integral de Maquengal.

Otro punto que indigna a las vecinas y vecinos es la manera en que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) han descrito a Maquengal. En el caso del proyecto CDP Río Frío, se le reduce a un “caserío” con unas pocas casas dispersas y una escuela, prácticamente como si fuera un lugar marginal y sin vida propia. Bajo ese lente, los impactos sociales se consideran secundarios, se minimiza el uso recreativo y turístico del río, y se concluye que “no se prevé conflicto social significativo”.

Esa visión técnica, denuncian las comunidades, es una forma de despojo simbólico: si se nombra como caserío, parece que importa menos lo que ocurra allí y que sus habitantes tienen menos derecho a decidir sobre su entorno.

La realidad es otra. Para quienes viven en Maquengal, el río ha sido siempre espacio de vida, recreación, cultura y trabajo. Allí se han criado generaciones, se han tejido lazos de solidaridad y se han forjado proyectos colectivos. No es un caserío fantasma, es un pueblo vivo y organizado que hoy lucha por no ser reducido al silencio de las estadísticas.

Como advirtieron en su encuentro del 3 de agosto, el EsIA no refleja el verdadero impacto: ignora que el acceso público al río fue transformado en un paso de maquinaria pesada, que la escuela Palmital está a solo 400 metros del área de extracción y que se están perdiendo oportunidades de turismo comunitario, agricultura y recreación. Lo que está en riesgo no es un “poblado menor”, sino un territorio con historia, identidad y futuro.

La importancia de la participación ciudadana

La experiencia de Maquengal muestra que el futuro de un territorio no puede definirse desde oficinas alejadas de la realidad local. Cuando las decisiones se toman sin consulta, se debilita la democracia y se condena a las comunidades a soportar proyectos que no eligieron.

La participación ciudadana no es un trámite, es un derecho y una herramienta esencial para garantizar que el desarrollo tenga sentido, sea inclusivo y sostenible. Escuchar a las comunidades no retrasa las decisiones: las fortalece, porque incorpora la visión de quienes conviven diariamente con el territorio.

El deber de las instituciones

Las acciones emprendidas por el Grupo de Defensa han dejado claro que la comunidad ya hizo su parte: documentó los daños, levantó su voz y colocó propuestas sobre la mesa. Ahora, el desafío está del otro lado: que las instituciones atiendan, escuchen e involucren a las comunidades en la definición del modelo de desarrollo para Guatuso.

El llamado sigue en pie: vivir la independencia significa defender los bienes comunes y garantizar que ninguna comunidad sea sacrificada en nombre de un progreso que la excluye.

El grupo se mantiene firme en su posición de no permitir más concesiones en el río Frío y continuará la lucha hasta donde sea necesario.

Impacto de la manifestación pública en los medios locales

Captura de pantalla durante la transmisión del Canal de Youtube Guatuso 24/7.

Pueden ver la transmisión completa aquí.

Extracto de la transmisión

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CODECE, colectivos y personas vecinas de Escazú defiende la participación ciudadana en el Plan Regulador

El martes 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró una sesión que evidenció la participación activa y la inconformidad de la ciudadanía en asuntos locales. Vecinos, organizaciones comunitarias y la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) acudieron para exigir la restitución de la Comisión Especial del Plan Regulador. Esta comisión, que permite la representación vecinal en la planificación urbana, habría sido desactivada mediante un acuerdo aprobado el 29 de julio, según denuncian los ciudadanos.

Durante la sesión, la moción presentada por la ciudadanía para restablecer la comisión fue sometida a votación. El resultado fue de 2 votos a favor y 5 en contra, por lo que la propuesta no avanzó.
Votaron en contra: Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller. Votaron a favor: Mario Arce y Marcela Quesada.

La inconformidad de los vecinos y organizaciones refleja que la situación no ha concluido: la defensa de la participación ciudadana en la planificación urbana de Escazú continúa, subrayando la relevancia de la vigilancia comunitaria en la toma de decisiones municipales y en la construcción de un desarrollo sostenible y participativo.

El origen del conflicto

En la sesión del 29 de julio (Acuerdo AC-314-2025), cinco regidores aprobaron revocar acuerdos previos que conformaban la Comisión Especial del Plan Regulador, trasladando sus funciones a una oficina técnica municipal. Esto, afirman las organizaciones, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso, sin carácter vinculante.

CODECE y colectivos locales recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron modificaciones parciales al plan regulador que ampliaron zonas comerciales sin un debate comunitario amplio, ignorando en su mayoría las observaciones vecinales.

Lo que sucedió el 12 de agosto

Durante la sesión, se presentó formalmente una moción para revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 y reactivar el proceso de conformación de la Comisión Especial, respaldándose en la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento interno vigente y acuerdos municipales anteriores que mantienen vigente la figura de la Comisión.
Esta moción subraya que:

  • No existe actualmente una “Oficina del Plan Regulador” en la estructura administrativa municipal.
  • La Comisión Especial es el mecanismo legal y democrático para garantizar participación desde todas las fases del proceso (diagnóstico, escenarios, formulación, aplicación).
  • Las audiencias públicas por sí solas no aseguran una participación efectiva.

Un sentir compartido

Personas vecinas, mostraron su decepción ante lo que consideran un Concejo “cerrado” y “desconectado de la ciudadanía”, advirtiendo que se recordará qué partidos “están de espaldas a la comunidad”.

Recuerdan también que la votación del 29 de julio tuvo un trasfondo político más que técnico, y que las justificaciones dadas por quienes apoyaron el cambio fueron insuficientes.

¿Qué dicen los documentos presentados al Concejo?

Durante la sesión del 12 de agosto, vecinos y organizaciones sociales entregaron al Concejo Municipal dos textos clave: una carta de preocupación y una moción formal para restituir la Comisión Especial del Plan Regulador.

En la carta, las organizaciones recuerdan que:

  • La Comisión Especial ya había sido convocada en octubre de 2024 para incluir representantes comunitarios elegidos en asambleas distritales.
  • En enero de 2025 se inició un proceso para revisar su reglamento, pero este quedó inconcluso.
  • El 29 de julio de 2025, el Concejo revocó la conformación de la Comisión y trasladó la responsabilidad a una supuesta “Oficina del Plan Regulador” que, en realidad, no existe dentro de la estructura municipal.
  • Este cambio reduce la participación a audiencias públicas no vinculantes, lo que contradice el derecho constitucional a una democracia participativa.

La moción presentada ese día solicita:

  1. Revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 para restituir la Comisión Especial.
  2. Retomar el proceso de conformación con representantes de los distritos, regidores y personal técnico, conforme al reglamento vigente y acuerdos anteriores (218-03 de 2003 y AC-374-2024).
  3. Posponer cualquier reforma al reglamento hasta que la Comisión esté instalada, para que sea parte activa de su propia actualización.

El documento también expone que, según la Ley de Planificación Urbana, la Comisión es el órgano legalmente habilitado para participar en todas las fases de elaboración, modificación y aplicación del plan regulador, garantizando así transparencia y control ciudadano.

En resumen, los papeles entregados no solo cuestionan la legalidad y pertinencia del acuerdo de julio, sino que también proponen un camino concreto para restaurar la participación real y efectiva en la planificación territorial del cantón.

Una señal de institucionalidad distante

La decisión de postergar la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador —remitiendo la moción a la Comisión Jurídica en lugar de resolverla de inmediato— es interpretada por muchos como un reflejo de una institucionalidad que se aleja de la ciudadanía.

En la práctica, esta demora prolonga un estado en el que las comunidades permanecen sin un canal formal de incidencia directa en las decisiones sobre el territorio. Mientras tanto, el control y la definición de cambios al plan regulador recaen exclusivamente en instancias internas del gobierno local, sin representación electa por distrito.

Esta dinámica erosiona la confianza pública: las personas perciben que los mecanismos de participación, aunque reconocidos en la ley, se vuelven meramente decorativos cuando no se activan en los momentos cruciales. Además, envía un mensaje preocupante: que la planificación del territorio puede avanzar sin un diálogo continuo con quienes lo habitan y cuidan.

En un contexto donde la Constitución reconoce el gobierno como “popular, representativo y participativo” (artículo 9), cada aplazamiento sin justificación suficiente debilita el principio de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones, y alimenta la sensación de que las decisiones responden más a lógicas internas o intereses particulares que al interés general.

Lo que sigue

La moción presentada el 12 de agosto fue enviada a la Comisión Jurídica del Concejo, que deberá emitir un criterio legal. Este dictamen regresará al plenario municipal el próximo martes, donde se decidirá si se restablece la Comisión Especial o se mantiene el modelo de oficina técnica.

Las organizaciones llaman a llenar el Concejo nuevamente en esa sesión, advirtiendo que solo con presión ciudadana se podrá revertir una decisión que, a su juicio, limita la transparencia y abre la puerta a intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

Cobertura por parte de Mundo Escazú