WhatsApp Image 2025-07-05 at 3.02.43 PM

Rebelión Popular en Panamá: Voces desde la Resistencia

El pasado sábado 5 de julio, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) organizó un conversatorio virtual e híbrido para analizar la crítica situación social y política que atraviesa Panamá. La actividad reunió a destacadas voces del pensamiento y la militancia latinoamericana: Giovanni Beluche (académico y dirigente sindical), Priscilla Vásquez (Propuesta Socialista Panamá – UIT-CI), David Morera (PRT Costa Rica – Sección de la Liga Internacional Socialista), y Paola Zeledón (Pan y Rosas / La Izquierda Diario).

El evento abordó el contexto de movilización social panameña que ha estallado en respuesta al intento de reinstalar un proyecto minero rechazado por el pueblo, la criminalización de luchadores sociales, la crisis del sistema de pensiones, y la represión brutal encabezada por el gobierno de José Raúl Mulino. Las ponencias destacaron la valentía del pueblo panameño frente a un modelo neoliberal autoritario, apoyado por el imperialismo estadounidense y respaldado por sectores empresariales locales.

Los y las expositoras señalaron que la ofensiva represiva no ha logrado apagar la llama de una rebelión que articula a trabajadores bananeros, docentes, estudiantes, pueblos indígenas y sectores urbanos en lucha. También se enfatizó el papel de la solidaridad internacional, la importancia de rechazar cualquier salida burguesa a la crisis y la necesidad de construir alternativas políticas desde abajo, con independencia de clase.

Durante la actividad, se recordó el legado de resistencia de Panamá y se denunció la instalación encubierta de bases militares, la impunidad de la clase política y la violencia ejercida contra mujeres y comunidades originarias. En un ambiente de análisis crítico y compromiso militante, se reiteró el llamado a romper el cerco mediático y a sostener activamente la solidaridad desde Centroamérica y más allá.

Este encuentro fue una muestra clara de que las luchas en Panamá no son locales ni aisladas: son parte de una batalla continental contra el autoritarismo, el saqueo y la subordinación imperialista. Y como afirmó uno de los panelistas, “la clase trabajadora panameña ha dado un ejemplo a todo el continente: la lucha no ha terminado, apenas comienza”.

Panamá hoy: entre la resistencia popular y el endurecimiento autoritario

La situación actual en Panamá es el resultado de una profunda crisis del modelo neoliberal impuesto desde hace décadas, agudizada por un gobierno que responde a los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Bajo la administración de José Raúl Mulino, el país ha entrado en una etapa de represión abierta, concentración del poder y despojo de derechos sociales, especialmente contra quienes se movilizan.

En los últimos meses, Panamá ha vivido un levantamiento popular multisectorial sin precedentes recientes. Las calles han sido ocupadas por educadores, estudiantes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, movimientos feministas y ambientalistas. Las demandas han sido claras: derogación de la Ley 421 que precariza las pensiones, rechazo a la reapertura del proyecto minero Cerro Colorado, defensa del río Indio frente a la amenaza de embalses, y oposición a la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en suelo panameño.

Estas luchas, sin embargo, han sido enfrentadas con una brutal represión de Estado. Se han documentado detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, desapariciones y asesinatos, especialmente contra mujeres, jóvenes y personas indígenas. Sindicatos combativos como el SUNTRACS han sido criminalizados, y líderes sociales enfrentan persecución, exilio o prisión. La represión no solo busca desarticular las protestas, sino también imponer miedo como estrategia política.

A pesar de este contexto, la lucha panameña ha demostrado una resiliencia histórica. Las raíces de esta resistencia se hunden en procesos previos: la gesta por la recuperación del Canal, la lucha contra la invasión militar estadounidense de 1989, y las huelgas sindicales de las últimas décadas. Hoy, esa memoria vuelve a florecer en un pueblo que no está dispuesto a ser silenciado.

Esta crisis también expone el agotamiento del modelo político panameño: un sistema profundamente desigual, sin garantías democráticas reales, y con una economía que favorece a una élite oligárquica mientras más del 50% de la población vive en condiciones de informalidad y pobreza. La supuesta “prosperidad panameña”, muchas veces mostrada como ejemplo por organismos financieros, esconde una profunda fractura social, especialmente en las zonas rurales, indígenas y empobrecidas.

En este contexto, las movilizaciones no solo son un acto de defensa: son una apuesta por un nuevo horizonte democrático y popular. La lucha en Panamá interpela al resto de Centroamérica y del continente, recordándonos que frente al avance del autoritarismo y el capital, la unidad, la solidaridad y la organización desde abajo son la clave para sostener la esperanza y abrir caminos nuevos.

La protesta social: bien común que teje comunidad e identidad

Más allá de la coyuntura panameña, el encuentro impulsado por el PRT permitió reflexionar sobre un aspecto fundamental para los pueblos de Nuestra América: la protesta social como un bien común. En un contexto de creciente autoritarismo y criminalización de la disidencia, la protesta no es solo un derecho: es una práctica colectiva que crea vínculos, fortalece identidades populares y reconstruye lo común en medio de la fragmentación impuesta por el modelo neoliberal.

Las voces participantes en el conversatorio subrayaron que las luchas que hoy movilizan a docentes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, juventudes y mujeres en Panamá no surgen del vacío: brotan de una memoria colectiva de dignidad y organización que se actualiza en cada marcha, huelga o bloqueo. Así, la protesta se convierte en territorio simbólico y afectivo, donde el pueblo se reconoce, se encuentra, y reafirma su potencia transformadora.

Proteger y acompañar estas expresiones es fundamental. No solo porque enfrentan regímenes autoritarios, sino porque son semillas de otro mundo posible, donde los pueblos no se resignan al despojo ni a la obediencia, sino que reafirman su derecho a decidir sobre su destino y sobre los bienes comunes que sostienen la vida.

Desde esta mirada, la protesta social es parte del patrimonio vivo de los pueblos, una fuente de aprendizaje democrático, un acto de cuidado mutuo y una herramienta esencial para la defensa de la justicia social, ambiental y territorial.

Tejiendo puentes: el valor político de los conversatorios internacionales

La realización de este tipo de encuentros por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica no es un gesto menor. En medio de un contexto regional marcado por el avance de proyectos autoritarios, la fragmentación social y la criminalización de la protesta, generar espacios de diálogo entre pueblos y organizaciones representa un acto profundamente político y necesario.

Este conversatorio sobre la situación en Panamá no solo brindó información y análisis de coyuntura. También permitió fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña de las resistencias, haciendo visibles las conexiones que existen entre las luchas sociales en ambos países y en toda la región. En un momento en que el capital y el autoritarismo avanzan de manera transnacional, la solidaridad y la articulación desde abajo también deben ser internacionales.

El hecho de que una organización costarricense convoque y escuche activamente a voces panameñas en lucha –y que lo haga con una perspectiva crítica, desde la independencia de clase y el internacionalismo– es una apuesta por construir tejidos de confianza, memoria compartida y acción común. Estos espacios permiten que quienes resisten en un territorio sepan que no están solos ni aislados, y que su lucha resuena más allá de las fronteras impuestas.

Además, fortalecen la pedagogía política popular: invitan a reflexionar, a cuestionar el modelo dominante, y a ensayar nuevas formas de organización y acompañamiento entre pueblos. Son, en sí mismos, actos de construcción de lo común continental, donde la palabra, la escucha y la reflexión se convierten en herramientas para la emancipación colectiva.

En tiempos donde los gobiernos endurecen sus fronteras y los medios silencian la protesta, la iniciativa de espacios como estos se vuelve un gesto urgente de cuidado político, de memoria viva y de apuesta estratégica por una América Latina unida desde sus luchas, no desde los discursos institucionales.

panama.470_EN702213_MG223364286

Territorio, dignidad y resistencia: el nuevo ciclo de protesta en Panamá

Desde principios de mayo de 2025, Panamá atraviesa una nueva y significativa ola de movilizaciones sociales protagonizadas por pueblos indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Las protestas, que se han intensificado en todo el país, responden a un creciente malestar ante decisiones gubernamentales que impactan directamente sobre derechos sociales, territoriales y soberanos. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social (CSS)—, el rechazo a la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la oposición a un reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

Estas movilizaciones no son eventos aislados, sino la expresión acumulada de múltiples tensiones sociales, políticas y territoriales que han marcado la historia reciente del país. En el centro del conflicto se encuentran los pueblos indígenas, históricamente excluidos de la toma de decisiones, ahora nuevamente reprimidos por ejercer su derecho a la protesta. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y represión violenta se suman a la ausencia de mecanismos de consulta previa que garanticen su participación real en temas que afectan sus vidas y territorios.

Panamá, a diferencia de varios países vecinos, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que agrava aún más la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta carencia institucional refleja un modelo de desarrollo excluyente, que sigue priorizando intereses corporativos y extractivistas por encima de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.

En este contexto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) han denunciado la represión policial, suspendido toda interlocución con el Ejecutivo y exigido la derogación inmediata de las medidas impuestas sin consulta. Las calles del país se han convertido, una vez más, en espacios de resistencia, pero también de propuesta: un llamado urgente a redefinir las bases de la democracia panameña desde la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

A continuación, se destacan cuatro aspectos clave para comprender el trasfondo y la proyección de las actuales protestas:

  1. Criminalización de la protesta y represión estatal

Las manifestaciones encabezadas por pueblos indígenas en Panamá han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y operativos de contención que han dejado múltiples personas heridas. Esta situación se suma a una larga historia de represión cuando los pueblos indígenas ejercen su derecho a la protesta, especialmente en defensa de sus territorios, derechos colectivos y formas de vida. La actual ola de represión evidencia un patrón de criminalización sistemática de la protesta social indígena, así como una preocupante respuesta autoritaria ante el descontento popular.

  1. Ausencia de mecanismos de consulta vinculantes

Uno de los principales reclamos de las organizaciones indígenas panameñas es la falta de mecanismos legales que garanticen la participación efectiva en decisiones que afectan sus territorios. A diferencia de otros países de la región, Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que debilita aún más los procesos de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la Ley 462, junto con decisiones como la reapertura de la mina en Donoso, han sido impuestas sin diálogo con los pueblos indígenas, perpetuando un modelo centralista que excluye y desoye las voces indígenas en asuntos de interés nacional.

  1. Defensa del territorio frente al avance del extractivismo

Las actuales movilizaciones indígenas no solo rechazan reformas estructurales como la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, sino que también denuncian la continuidad de un modelo extractivista que pone en riesgo los bienes comunes y los derechos territoriales. La reapertura de la mina de cobre en Donoso —tras la anulación del contrato minero en 2023 por inconstitucionalidad— es interpretada como un nuevo intento de imponer proyectos altamente destructivos. Las comunidades indígenas han reiterado su defensa del agua, los bosques y los ecosistemas que sustentan su cultura y su supervivencia.

  1. Convergencia de luchas y defensa de la soberanía

La resistencia indígena se está articulando con amplios sectores sociales, como sindicatos, colectivos juveniles, ecologistas y comunidades urbanas, que también se ven afectados por el rumbo político del país. La firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reactivación de concesiones mineras han encendido las alarmas sobre la pérdida de soberanía nacional. Frente a esto, los pueblos indígenas no solo defienden sus derechos colectivos, sino que se posicionan como actores clave en una lucha más amplia por la justicia social, ambiental y democrática en Panamá.

Desde mayo de 2025, comunidades Emberá se han unido a la ola de movilizaciones sociales que sacude al país, exigiendo el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el fin de la represión estatal.

Bienes comunes bajo amenaza: la respuesta de los pueblos

Las movilizaciones indígenas y sociales en Panamá no solo se enmarcan en un rechazo a políticas específicas o proyectos extractivos, sino que representan una defensa integral de los bienes comunes en sus múltiples dimensiones: naturales, sociales y culturales.

En lo natural, los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Panamá. La amenaza que representan actividades como la minería a gran escala o la explotación hidroeléctrica no solo pone en riesgo los recursos hídricos, los bosques y la fauna, sino que altera profundamente el equilibrio ambiental que sustenta la vida en estos territorios. La defensa del agua y la tierra es, por tanto, una cuestión vital para la supervivencia ecológica y comunitaria.

En lo social, la protesta responde a una larga historia de exclusión y marginación estructural que afecta no solo a las comunidades indígenas, sino también a sectores populares urbanos y rurales. La imposición de reformas como la Ley 462 o las decisiones unilaterales sobre recursos estratégicos generan impactos directos en la seguridad social, el bienestar colectivo y la cohesión social. La articulación de pueblos indígenas con sindicatos, estudiantes y ecologistas refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de construir sistemas sociales más justos, inclusivos y democráticos.

En lo cultural, las movilizaciones encarnan la defensa de identidades, tradiciones y formas de vida ancestrales amenazadas por modelos extractivistas y centralizadores. La tierra y los recursos naturales no son solo bienes materiales para estos pueblos, sino elementos esenciales de su cosmovisión, espiritualidad y memoria colectiva. La criminalización y la represión son también formas de violencia cultural que intentan silenciar estas voces y disolver estos vínculos comunitarios.

En suma, la protesta en Panamá es la expresión de una lucha multidimensional que busca proteger y restaurar los bienes comunes en todas sus dimensiones, entendidos como el fundamento indispensable para la vida digna, la justicia social y la soberanía cultural y ambiental.

Imagen de: France 24. Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero.