¿Hay que renunciar a los derechos para conseguir trabajo?

Un testimonio anónimo de una persona trabajadora del campo pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la exclusión laboral por haber participado en una organización sindical? En el trabajo agrícola costarricense, donde la inestabilidad del empleo y la necesidad de generar ingresos condicionan las posibilidades de las personas trabajadoras, los antecedentes de participación sindical pueden convertirse en una barrera para acceder a nuevas oportunidades. Una realidad que merece atención, porque ningún derecho debería tener que sacrificarse para conseguir trabajo.

Una historia que no pertenece solamente al pasado

Cuando se habla de persecución sindical, con frecuencia se piensa en las luchas obreras de mediados del siglo XX, en episodios de confrontación que parecen formar parte de una historia ya superada. Sin embargo, las experiencias de exclusión relacionadas con la participación sindical no necesariamente pertenecen al pasado.

Un testimonio compartido con el Observatorio de Bienes Comunes permite acercarnos a esta preocupación desde una realidad actual: la de una persona trabajadora del campo en Costa Rica que relata las dificultades que ha enfrentado para reincorporarse al mundo laboral y las sospechas de que sus antecedentes de participación sindical podrían estar influyendo en las oportunidades de empleo que consigue.

Su relato invita a mirar con atención las formas en que una posible exclusión puede manifestarse. No siempre aparece como una prohibición explícita o una confrontación abierta. También puede expresarse mediante procesos de contratación que se interrumpen, oportunidades que desaparecen o referencias informales que terminan condicionando el acceso al trabajo.

Cuando participar sindicalmente se convierte en una barrera para conseguir trabajo

La persona relata que, después de intentar reincorporarse a la vida laboral, ha enfrentado dificultades para avanzar en procesos de selección y conseguir estabilidad. Describe situaciones en las que ha sido contratada y despedida poco tiempo después, así como experiencias en las que las oportunidades laborales parecen cerrarse sin explicaciones claras.

En su interpretación, estas situaciones podrían estar relacionadas con el conocimiento que otras personas tienen de su trayectoria sindical. Señala que algunas referencias informales y relaciones entre personas vinculadas a distintos espacios de trabajo podrían estar influyendo en las decisiones de contratación.

El testimonio no presenta estas sospechas como hechos que pueda demostrar documentalmente. Precisamente, una de las preocupaciones que expresa es la dificultad de identificar y hacer visible una posible práctica de exclusión cuando no existe una explicación directa.

Cuando las referencias informales se convierten en mecanismos de exclusión

Uno de los episodios relatados permite comprender mejor esta preocupación. La persona cuenta que participó en una capacitación de varias horas como parte de un proceso para acceder a un empleo. Durante esa actividad, alguien la reconoció y, según relata, se dirigió a las oficinas. Después de la capacitación, le comunicaron que había ocurrido un problema con el sistema y que no podían completar o imprimir el contrato, por lo que le indicarían posteriormente cómo continuar.

Sin embargo, los días pasaron y, al consultar sobre el proceso, recibió como respuesta que ya no necesitaban personal. La persona señala que posteriormente observó una nueva convocatoria para contratar trabajadores, lo que reforzó sus sospechas sobre las razones por las que su contratación no llegó a concretarse.

Desde su experiencia, relaciona lo ocurrido con el reconocimiento de su trayectoria sindical. Este episodio muestra una preocupación que va más allá de una oportunidad laboral perdida: la posibilidad de que las referencias personales y los antecedentes de participación colectiva terminen pesando sobre las decisiones de contratación.

La vulnerabilidad de quienes dependen de su trabajo para vivir

Esta situación adquiere una dimensión particular cuando se observa desde las condiciones del trabajo agrícola. Para quienes trabajan en el campo, la posibilidad de conseguir empleo representa una necesidad cotidiana: de esos ingresos dependen la alimentación, el sostenimiento del hogar y otras necesidades propias y familiares.

La inestabilidad laboral, los periodos de contratación breves y las modalidades de trabajo sujetas a la producción pueden profundizar esa vulnerabilidad. Cuando una oportunidad desaparece o una contratación no se concreta, sus consecuencias no se limitan al ámbito laboral: afectan las condiciones materiales de vida.

En ese escenario, reclamar o intentar esclarecer lo ocurrido puede convertirse en una decisión difícil. Si una persona sospecha que su trayectoria sindical está influyendo en sus posibilidades de conseguir trabajo, también puede temer que insistir o hacer pública su situación cierre todavía más las puertas laborales.

El testimonio expresa con claridad esa dificultad: «¿Cómo hacer constar de que me están echando por ser sindicalista, por haber sido sindicalista?»

La pregunta señala uno de los problemas centrales de estas experiencias: ¿cómo hacer visible una posible exclusión cuando las decisiones se presentan como procedimientos administrativos, cambios en las necesidades de contratación o simples respuestas de las empresas?

El costo de defender derechos

La libertad sindical no se limita a la posibilidad formal de afiliarse a una organización o participar en ella. También supone que esa participación no se convierta en una desventaja para acceder al trabajo, conservarlo o desarrollar una vida laboral.

Cuando una persona siente que su participación sindical puede perjudicar sus oportunidades de empleo, el efecto puede trascender su situación individual. El temor a quedar fuera del mercado laboral puede desalentar la organización, debilitar la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras y generar silencios frente a situaciones que requieren ser discutidas colectivamente.

En el trabajo agrícola, donde la inestabilidad y la dependencia del ingreso pueden colocar a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, esta preocupación merece especial atención.

El derecho al trabajo no debería depender del silencio

Este testimonio no es una historia antigua ni un episodio que pueda archivarse como parte de las luchas laborales del pasado. Es una experiencia actual que invita a preguntarnos por las condiciones en que las personas trabajadoras del campo ejercen sus derechos y por las consecuencias que puede tener participar en la defensa colectiva de sus intereses.

La posibilidad de organizarse, expresar desacuerdos y defender derechos no debería convertirse en una barrera para conseguir trabajo. Tampoco debería exigirse el silencio como condición para acceder a un empleo.

La persecución sindical no es solamente un recuerdo de las luchas del pasado. Defender derechos no debería convertirse, hoy, en una condena a la exclusión laboral.

¿Quién debería sentir vergüenza?

Hay algo que no podemos perder de vista: si una persona trabajadora llega a sentir que debe ocultar su trayectoria sindical para conseguir empleo, el problema no está en haber participado en la defensa de sus derechos. La vergüenza debería recaer sobre quienes convierten esa participación en una marca de exclusión.

Las empresas, los patrones e instituciones públicas que permiten, promueven o se benefician de estas prácticas tienen una responsabilidad frente a las condiciones laborales que generan. Pero también merecen cuestionamiento aquellas personas trabajadoras que, al reproducir referencias, advertencias o mecanismos informales para impedir que otras sean contratadas por su trayectoria sindical, terminan colaborando con formas de silenciamiento y disciplinamiento laboral.

Cuando ser sindicalista, haber participado en una organización o defender derechos se convierte en un requisito informal para quedar fuera de una oportunidad de trabajo, se está instalando una forma de control que no necesita aparecer escrita en ningún contrato. Basta con que circule el mensaje: ciertas personas no son bienvenidas porque han levantado la voz, se han organizado o han cuestionado condiciones laborales.

Lo más preocupante es que estas prácticas pueden terminar normalizando aquello que debería ser inaceptable: que el acceso al trabajo dependa de la disposición a guardar silencio, tolerar abusos o renunciar a la defensa de los derechos propios y colectivos.

La dignidad del trabajo no puede construirse sobre la exclusión de quienes se organizan para defenderla.

Nota: Las imágenes utilizadas en esta publicación fueron tomadas de Pexels y se emplean con fines ilustrativos.

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Defender la vida en tiempos de extractivismo: la escalera de la violencia y los derechos en riesgo

El escalamiento de la violencia y el incumplimiento de los derechos

En Violencias y Derechos en los Extractivismos, Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini proponen una lectura integral de las relaciones entre extractivismo, derechos y violencia en América Latina. Una de sus principales contribuciones es la idea de la “escalera de la violencia”, presentada como un instrumento conceptual que permite identificar y analizar cómo las violaciones de derechos se acumulan y escalan hasta formas extremas de agresión.

Los autores explican que la violencia en los extractivismos no comienza con las armas ni con la represión policial: inicia mucho antes, en los incumplimientos institucionales y normativos que erosionan los derechos de las comunidades y de la naturaleza. La falta de información, la negación del derecho a la consulta, la manipulación de procesos de participación y las reformas legales para flexibilizar los controles ambientales son los primeros peldaños de una escalera que conduce, casi inevitablemente, a formas más graves de violencia.

En los niveles siguientes aparecen la criminalización de la protesta, la estigmatización de líderes comunitarios, el uso del sistema judicial para desmovilizar resistencias y, finalmente, la represión directa, los desalojos forzosos y las agresiones físicas o asesinatos. La escalera de la violencia permite, así, leer el conflicto extractivo como un proceso estructural, donde las violaciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son parte del funcionamiento mismo del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales.

Este instrumento resulta especialmente pertinente porque no solo denuncia los hechos de violencia visibles, sino que revela las formas invisibles e institucionalizadas de violencia, aquellas que se ejercen desde el Estado a través de políticas públicas, marcos legales y decisiones administrativas que facilitan la expansión de los extractivismos. Gudynas denomina a este tipo de prácticas extrahecciones: extracciones que, al vulnerar derechos y apoyarse en la violencia estructural, exceden la simple extracción de recursos para convertirse en mecanismos de despojo.

En este sentido, la “escalera de la violencia” no es solo una metáfora analítica: es una herramienta política y pedagógica que permite a comunidades, movimientos y defensores de derechos identificar tempranamente los procesos de escalamiento y visibilizar la responsabilidad estatal y empresarial en cada etapa. Su utilidad radica en ofrecer un lenguaje común para conectar las luchas locales con un marco más amplio de comprensión de las violencias del desarrollo.

Un marco urgente ante el aumento de la criminalización ambiental

La pertinencia de esta herramienta se hace aún más evidente en el contexto actual de creciente violencia contra las personas defensoras del ambiente y los territorios. El más reciente informe de Global Witness alerta que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza, y que la mayoría de los ataques están vinculados a proyectos extractivos y agroindustriales.

En Costa Rica, estos riesgos se agravan por la decisión estatal de rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca precisamente garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras ambientales. Esta negativa deja en evidencia una brecha entre el discurso ambiental del país y la protección real de quienes sostienen la defensa de los bienes comunes.

Frente a ese escenario, la “escalera de la violencia” propuesta por Gudynas, Gandarillas y Campanini se vuelve una herramienta analítica y ética indispensable: permite identificar tempranamente las señales de escalamiento, comprender las responsabilidades estatales y empresariales, y fortalecer la acción colectiva desde una mirada de derechos humanos y de la naturaleza.

Un libro necesario para pensar los derechos en tiempos de extractivismo

Publicado por el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica (2019) constituye una referencia ineludible para quienes buscan comprender la relación entre el modelo extractivista y la crisis de los derechos humanos en la región.

A partir de una amplia revisión de casos y del informe sombra presentado ante el Examen Periódico Universal de Bolivia (ONU, 2019), el libro muestra cómo los extractivismos —mineros, petroleros o agroindustriales— generan una erosión sostenida del marco de derechos. Sus autores analizan conceptos como efectos derrame, violencia institucionalizada y neoconstitucionalismo latinoamericano, destacando las contradicciones entre las Constituciones que reconocen derechos de la naturaleza y las políticas que los vulneran en nombre del desarrollo.

Más allá del diagnóstico, la obra propone instrumentos para la acción, como las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), que deberían acompañar los estudios de impacto ambiental para garantizar la protección efectiva de las personas y los territorios.

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Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica
Autores: Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini
Editorial: LaLibre / CLAES / CEDIB (2019)
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Créditos de imagen: Foto mural de Jairo Voz de Guanacaste. Evidencia de ataque al parabrisas y mano vendada por agresión recibida de Philippe Vangoidsenhoven.