Al presentar a las comisiones como espacios incapaces o carentes de compromiso, se oculta que el rezago histórico de muchos cantones responde a problemas más estructurales: falta de recursos, ausencia de voluntad política sostenida, y deficiencias en la coordinación interinstitucional. No fue por “comisiones manipuladas”, sino por la debilidad del Estado en asegurar continuidad a los procesos de planificación. Así lo reconoce el manual al señalar que el INVU, junto con otras instituciones competentes, debe articular esfuerzos y acompañar a los gobiernos locales con equipos multidisciplinarios (INVU, 2017, p. 113).
Además, el manual indica con claridad que el Plan Regulador es un proceso técnico, político y participativo. Nunca ha sido exclusivamente un asunto de especialistas. La visión de que los técnicos “puros” deben controlar todo y los vecinos solo escuchar es contraria a lo que establece la normativa. Se requiere conocimiento especializado, sí, pero también una lectura social, cultural y ambiental que ningún grupo de técnicos puede abarcar por sí solo.
La narrativa que responsabiliza a las comisiones no es ingenua: al culpabilizar a estos espacios vecinales de los rezagos, se construye un enemigo conveniente para justificar el control centralizado por parte de la administración municipal. Se transmite la idea de que solo bajo el mando de un alcalde y su equipo técnico se puede avanzar, eliminando la dimensión política y social de la planificación.
Lo que está en juego aquí es la visión misma de cómo se gobierna el territorio: ¿como un proceso abierto y democrático, donde se reconocen las capacidades de múltiples actores, o como una tarea jerárquica donde la ciudadanía es vista como obstáculo? El manual del INVU, al incluir a las comisiones como actores válidos, desmiente la postura de quienes reducen su papel a un estorbo político.
La participación ciudadana no es un adorno
Otro de los puntos centrales de los discursos que circulan es la idea de que la actual oposición al Plan Regulador responde a una campaña de desinformación impulsada por partidos políticos y candidatos en búsqueda de vitrina electoral. Esto sugiere que los vecinos solo se movilizan cuando están manipulados y que, en ausencia de estas fuerzas partidarias, la ciudadanía no tendría la capacidad ni el interés de organizarse. Se trata de una visión profundamente paternalista y despectiva hacia la ciudadanía.
El manual, en cambio, es enfático al señalar que la participación ciudadana es un requisito fundamental y no puede reducirse a un trámite simbólico. Se define como “un proceso de construcción de acuerdos donde la ciudadanía puede incidir en el contenido del plan” (INVU, 2017, p. 45). Es decir, no se trata de escuchar opiniones para luego desecharlas, sino de generar espacios donde esas opiniones influyan en la propuesta final.
Al sugerir que la organización comunitaria es solo fachada de partidos, se invisibiliza el hecho de que en muchos cantones —incluido Escazú— los procesos de cuestionamiento al Plan Regulador han surgido de vecinos preocupados por temas ambientales, patrimoniales o de desarrollo local. No todas las voces críticas responden a agendas electorales. Este tipo de acusaciones buscan restar legitimidad a la participación y evitar que se discuta el fondo de los problemas.
Además, la ley misma obliga a la participación: la Audiencia Pública está contemplada en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana como un acto legal y administrativo en el que el gobierno municipal debe someter a consulta el Plan Regulador. Presentarla como una concesión graciosa o como una amenaza partidaria es tergiversar su naturaleza. La participación no es una dádiva, es un derecho.
El daño de esta narrativa es profundo. Al insistir en que la ciudadanía no puede organizarse sin ser manipulada, se genera desconfianza en cualquier iniciativa vecinal autónoma. Se establece un marco en el que la comunidad aparece siempre como sospechosa, como masa manipulable, incapaz de pensar por sí misma. Este tipo de discurso no solo erosiona la legitimidad del Plan Regulador, sino que degrada la relación entre ciudadanía e instituciones.
El mito del “criterio técnico puro”
Algunos mensajes en redes también defienden que votar contra una moción ciudadana es “defender los criterios técnicos” y “evitar un error legal”. Aquí se instala otro mito: el de que las decisiones en ordenamiento territorial pueden tomarse únicamente con base en la técnica, como si lo técnico fuera neutral, apolítico y suficiente para guiar el futuro del cantón.
El manual es claro en contradecir esta visión. Define el ordenamiento territorial como un proceso administrativo, político y participativo, sustentado en soportes legales, técnicos y científicos, pero siempre atravesado por la negociación y la toma de decisiones entre diversos actores sociales (INVU, 2017, p. 13). Dejar por fuera lo político o lo participativo es desnaturalizar el proceso.
Los criterios técnicos son indispensables, pero no existen en el vacío. Están condicionados por intereses, visiones de desarrollo, prioridades ambientales y sociales. Un estudio de capacidad de uso del suelo, por ejemplo, no dicta por sí solo qué se debe hacer con un territorio: requiere interpretación, negociación y definición de prioridades. Creer que la técnica es suficiente es una manera de ocultar las decisiones políticas detrás de un lenguaje aparentemente objetivo.
Más aún, el manual advierte que la apropiación social del Plan Regulador es la única garantía de su vigencia y cumplimiento en el tiempo (INVU, 2017, p. 52). Un plan diseñado sin debate social puede ser aprobado formalmente, pero será débil en la práctica, porque carece del respaldo comunitario necesario para su implementación.
Por eso, el argumento de que “defender lo técnico” significa rechazar la moción vecinal es profundamente contradictorio: lo técnico exige abrir espacios de deliberación, no cerrarlos. Lo técnico no puede ser excusa para deslegitimar la política democrática.
La institucionalidad que se enreda sobre sí misma
Los discursos que circulan en redes y se presentan como defensa de la institucionalidad, en realidad la debilitan. Al presentar la crítica como “desinformación” y la participación ciudadana como manipulación, se genera un clima de confrontación donde la confianza en las instituciones se erosiona aún más. Paradójicamente, se acusa a la ciudadanía de crear caos, cuando en realidad son estos relatos los que producen desconfianza al negar el derecho de los vecinos a cuestionar y proponer.
El manual señala que uno de sus objetivos centrales es fortalecer la participación activa, consciente y democrática de diversos actores sociales en la elaboración y gestión de los Planes Reguladores (INVU, 2017, p. 4). La administración municipal debería ser la primera en defender este principio, pero al contrario, se construye un relato en el que los actores sociales son vistos como amenaza y obstáculo.
Este tipo de contradicciones hacen que la institucionalidad se enrede sobre sí misma. Se defiende un Plan Regulador en nombre de la técnica, pero se ataca la participación que lo hace legítimo. Se habla de responsabilidad, pero se descalifica a quienes ejercen su derecho a cuestionar. Se invoca la legalidad, pero se pasa por alto que la ley misma establece la consulta pública como obligación.
La consecuencia es una espiral de desconfianza: los vecinos sienten que sus preocupaciones son invisibilizadas; los políticos refuerzan la idea de que la ciudadanía es incapaz de organizarse sin manipulación; y el Plan Regulador, que debería ser una herramienta de unión y planificación colectiva, se convierte en símbolo de exclusión y conflicto.
Lo que se pierde en este proceso no es solamente un debate técnico sobre zonificación o uso de suelo. Lo que se erosiona es la posibilidad de construir una democracia local fuerte, donde los vecinos y el municipio puedan deliberar con confianza sobre el futuro común.
El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.
