En el último monitoreo, Philippe Vangoidsenhoven, vecino y denunciante constante de daños ambientales en la zona de Puerto Viejo, reportó nuevamente el ingreso de maquinaria y material de lastre a un sitio con sellos de clausura por parte del MINAE y la Municipalidad, ubicado en las cercanías de Punta Uva, Regama Refugio de Vida Silvestre.
A pesar de que en el pasado se han realizado decomisos de motosierras, detenciones e intervenciones de las autoridades a raíz de sus denuncias, las actividades de relleno y construcción en zonas protegidas continúan.
Según relató Philippe, esta mañana se observó el ingreso de vagonetas cargadas con material, así como trabajadores listos para iniciar labores, el bosque que amenaza es Refugio de Vida Silvestre. El testigo indicó que, aunque en ocasiones anteriores la Policía y la Fiscalía Ambiental han detenido las obras, estas se reanudan días o semanas después, sin que los propietarios enfrenten consecuencias proporcionales al daño causado.
En uno de los episodios recientes, Philippe denunció la presencia de chapeadores trabajando en el lugar. Al ser abordados por la Policía, los trabajadores aseguraron que los galones con líquido que portaban eran “agua para tomar”, aunque posteriormente se comprobó que se trataba de agua para bombas de fumigación con veneno. En otra ocasión, las autoridades llegaron a detener a nueve personas, pero la obra volvió a reanudarse poco después, el área dónde sucedió esto es Patrimonio Natural del Estado.
“No hay un verdadero castigo. Los dueños no los tocan, y contratan personas migrantes o en condición vulnerable para que hagan el trabajo, sabiendo que el impacto para ellos será mínimo”, advirtió Philippe.
En varios de los casos documentados, los sitios afectados corresponden a humedales y terrenos que históricamente tuvieron cobertura boscosa, ahora rellenados y nivelados para usos turísticos o comerciales. A pesar de las denuncias formales y de la inscripción de algunos de estos terrenos como patrimonio natural, Philippe señala que la protección en el papel no se traduce en acciones efectivas en el territorio. Las intervenciones ilegales avanzan, y con ellas se erosiona no solo el valor ambiental, sino también la credibilidad de la institucionalidad y el derecho colectivo a vivir en un ambiente sano.
De bodega a parqueo
Philippe identificó una acumulación de material para relleno en un sector de Playa Negra, Puerto Viejo, antes de la entrada principal y cerca del punto de referencia conocido como “Flor de China”. Según lo documentado, en este sitio se levantó originalmente un edificio de forma totalmente ilegal, destinado inicialmente a guardar materiales de la proyectada Marina —en la orilla del río y a menos de 50 metros de la zona de protección costera—. Con el paso del tiempo, y pese a la ilegalidad de su construcción, el inmueble fue utilizado para abrir un bar, luego un restaurante, y actualmente funciona un negocio de venta de artículos.
De acuerdo con los testimonios y el seguimiento de Philippe, el terreno adyacente a este edificio —donde hoy se observa zacate cortado— fue intervenido con rellenos que modificaron el humedal. El punto marcado como “número 1” en los mapas corresponde a este edificio y sus alrededores, caso que fue denunciado ante la Fiscalía. Pese a ello, se continuaron trabajos de reconstrucción y nuevas intervenciones.
En el punto identificado como “número 3”, se detecta actualmente material listo para rellenar un área húmeda que, según imágenes de 2004, estaba cubierta por árboles antes de ser talada con maquinaria pesada. Esta tala y relleno también fueron denunciados, y en la zona incluso se colocó recientemente un rótulo que la declara Patrimonio Natural del Estado, condición que no ha frenado las actividades de chapia y relleno.
Se advierte por parte de Philippe que estas acciones podrían constituir un delito ambiental grave, ya que se desarrollan en un sitio protegido y dentro de la franja de 50 metros de zona pública costera. La preocupación aumenta porque el material de relleno continúa en el lugar, y existe el temor de que se utilice en cualquier momento. Esto hace que se mantenga la vigilancia activa, pues la mejor oportunidad para detener un daño ambiental es intervenir en el momento mismo en que ocurre.
A pesar de que la Ley de Zona Marítimo Terrestre y la normativa sobre humedales establecen con claridad la prohibición de estas obras, las autoridades locales y otras instancias responsables han mostrado poca disposición para actuar de forma inmediata. Los procesos judiciales avanzan lentamente —incluso cuando se ha reconocido que las construcciones deben demolerse— y mientras tanto, las intervenciones ilegales continúan afectando ecosistemas frágiles y bienes de dominio público.
2004
2013
2023
Otro caso: tala y daño en zona de quebrada protegida
En el mismo fin de semana, Philippe documentó un segundo hecho, esta vez a escasos 300 metros de su propiedad. El terreno afectado forma parte de una finca de aproximadamente 200 hectáreas, de las cuales 120 se mantenían bajo conservación desde hace más de 20 años y 80 se destinaban originalmente a actividades ganaderas.
Según relató, la historia de esta finca se remonta a más de tres décadas, cuando el propietario de entonces —hoy fallecido— obtuvo un permiso para extraer hasta 600 árboles. Aunque la autorización era amplia, solo se talaron 300, y el dueño decidió dejar el resto de la finca bajo conservación voluntaria. Esta persona mantuvo la protección de la zona hasta su muerte.
Con el tiempo, familiares comenzaron a vender y fraccionar las parcelas destinadas a la ganadería. En la zona colindante con una quebrada protegida, se observó recientemente chapia y remoción de vegetación, lo que viola la franja de protección de 15 metros a cada lado establecida por la legislación costarricense. “Jamás pueden tocarlo, y aun así lo hicieron”, señaló Philippe.
A pesar de presentar la denuncia, se mantiene el escepticismo sobre el desenlace. Advierte que es posible que parte de la intervención esté dentro del área de conservación, lo que podría agravar la situación legal. Posiblemente estos trabajos estén vinculados a la apertura de un pozo de agua, probablemente lo más cercano posible a la quebrada.
No hay mucho avance
Para Philippe independientemente del caso “nada va a pasar, porque no hay un castigo verdadero que enseñe que esto no se puede hacer”, lamentó. En su experiencia, el patrón se repite: se detiene o sanciona a los trabajadores contratados para ejecutar las labores, mientras que los propietarios —quienes toman las decisiones y se benefician de las intervenciones— permanecen al margen de las sanciones. En estos casos, incluso, sucede que los peones habrían evitado dar el nombre de sus empleadores para protegerlos, lo que complica la aplicación de la ley.
La urgencia de la acción institucional y el valor del monitoreo comunitario
Los casos relatados por Philippe exponen una problemática grave: la falta de respuesta pronta, firme y consistente por parte de las instituciones encargadas de la protección ambiental. Cada demora, omisión o acción incompleta abre la puerta para que las actividades ilegales se retomen, debilitando la efectividad de la legislación y enviando un mensaje de impunidad.
Esta inconsistencia no solo erosiona la protección de ecosistemas frágiles como humedales y quebradas, sino que también socava la confianza ciudadana en la institucionalidad ambiental. Frente a esta debilidad, el monitoreo comunitario se ha convertido en la última línea de defensa. Personas como Philippe, que observan, documentan y denuncian, cumplen un rol fundamental para visibilizar las agresiones al territorio y mantener viva la exigencia de que se actúe.
Sin embargo, el esfuerzo ciudadano no puede sustituir la responsabilidad del Estado. La protección efectiva del patrimonio natural requiere que las instituciones actúen de forma pronta, coordinada y sin dejar espacios para la reincidencia, garantizando así que la ley cumpla su propósito: proteger la vida y el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Tala ilegal y ausencia de restauración
Philippe enfatiza que uno de los problemas más graves en la protección ambiental de la zona es la falta de medidas para restaurar lo que se destruye. Cuando un árbol es talado ilegalmente —ya sea empujado con maquinaria pesada o cortado—, el procedimiento habitual se limita a imponer una multa y abrir un proceso judicial. Sin embargo, en ningún momento se exige al responsable reponer el árbol o implementar acciones de restauración equivalentes. Esta omisión, señala, es aprovechada por quienes intervienen ilegalmente el territorio: pagan una sanción y el daño queda sin reparación.
Ejemplos recientes en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo muestran la gravedad de este vacío. En un caso, nueve personas fueron arrestadas por talar varios árboles en un área protegida; pese a la intervención, el terreno fue rápidamente ocupado por construcciones, incluso con casas y piscinas. Lo que antes era bosque, ahora es infraestructura privada.
Philippe recuerda que la pérdida de un árbol adulto implica mucho más que la ausencia física: son décadas o siglos de crecimiento, producción de oxígeno, regulación hídrica, protección del suelo y hábitat para fauna que no pueden recuperarse plantando una plántula de pocos meses. Incluso en escenarios donde se reforesta, la función ecológica de un árbol centenario no puede reemplazarse en el corto plazo.
Esta situación refleja un problema estructural: sin una obligación efectiva de restaurar los ecosistemas, las sanciones pierden fuerza como medida disuasoria y se abre la puerta para que la degradación avance, incluso en áreas legalmente protegidas.
Nota: Las fotografías incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.
