La reciente discusión legislativa sobre el Proyecto de Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Exp. 24.932) vuelve a colocar en primer plano uno de los debates más complejos del país: la relación entre economías locales históricamente dependientes de la extracción y la necesidad de proteger los bienes comunes naturales que sostienen la vida en los territorios.
Si bien la minería artesanal en Abangares forma parte de un tejido social y productivo centenario, las condiciones actuales exigen una reflexión más amplia sobre sus impactos, la capacidad del Estado para regularla y los riesgos que enfrentan los ecosistemas.
Este análisis integra los contenidos del proyecto de ley con los hallazgos más recientes de la Contraloría General de la República (Informe DFOE-SOS-IAD-00010-2025), que advierten graves debilidades en la gobernanza ambiental del MINAE. El cruce entre ambos elementos permite comprender que el problema no es solamente minero, sino estructural: Costa Rica atraviesa un deterioro progresivo de su rectoría ambiental en un momento en que las presiones extractivas se incrementan.
Un proyecto enfocado en proteger la actividad, no el territorio
El Proyecto de Ley 24.932 busca garantizar la continuidad de la minería artesanal, otorgando un nuevo marco temporal para que las cooperativas completen la formalización, implementen tecnologías sin mercurio y mantengan activa la economía local.
Sin embargo, el texto se centra en proteger la actividad extractiva, sin crear mecanismos equivalentes que protejan los bienes comunes naturales afectados por ella: el agua, los suelos, las cuencas y los ecosistemas que han resentido la presión extractiva histórica de la zona.
La minería artesanal no es neutra. Aunque opera en menor escala que la industrial, también genera sedimentación, impactos sobre ríos, uso de sustancias contaminantes y afectación de los territorios colindantes. El proyecto no incorpora evaluaciones ecológicas, líneas base ni salvaguardas para asegurar que la continuidad de la actividad no profundice estos impactos.
Una transición tecnológica que se menciona, pero no se garantiza
El proyecto exige a las cooperativas migrar del uso de mercurio a tecnologías amigables con el ambiente, conforme al Convenio de Minamata. Sin embargo:
-no define mecanismos de verificación,
-no establece responsabilidades ni consecuencias,
-no determina plazos ni acompañamiento estatal efectivo,
-ni evalúa la viabilidad técnica o económica de la transición.
En un país donde el mercurio ha sido uno de los contaminantes más difíciles de erradicar, y donde la minería artesanal opera con márgenes estrechos de sostenibilidad económica, la ausencia de herramientas concretas abre el riesgo de que la transición quede solo en el papel.
El contexto nacional: un MINAE sin liderazgo, sin estrategia y sin control
El ingrediente más crítico aparece al revisar el informe reciente de la Contraloría General, que concluye que la gobernanza ambiental ejercida por el MINAE incumple el marco normativo y técnico aplicable.
La CGR identifica problemas estructurales que afectan directamente la capacidad del Estado para regular actividades de alto impacto como la minería:
-Falta de liderazgo estratégico por parte del ministro rector: no coordina, no articula y no dirige una visión ambiental común para el país.
-Fragmentación institucional y traslapes de funciones entre direcciones clave.
-Ausencia de una estrategia nacional de implementación de política ambiental, con metas, indicadores y objetivos interrelacionados.
-Inexistencia de un sistema de valoración de riesgos ambientales, indispensable en sectores como minería, agua y bosques.
-Falta de controles y de rendición de cuentas, incluyendo la ausencia de un sistema integrado de transparencia.
-Debilidad ética institucional, sin un código de ética aprobado ni mecanismos robustos para promover integridad pública.
La Contraloría advierte que esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos ambientales del país, y podría conducir al deterioro progresivo de los recursos naturales.
Esto significa que, en la práctica, el MINAE no cuenta hoy con la capacidad institucional necesaria para supervisar, fiscalizar o acompañar adecuadamente una actividad tan sensible como la minería artesanal.
Cuando un proyecto extractivo se apoya en un Estado ambiental debilitado
La combinación entre un proyecto que habilita más extracción y una institucionalidad ambiental incapaz de ejercer su rectoría genera una condición profundamente riesgosa para los territorios.
La ley supone que el MINAE podrá:
-tramitar concesiones,
-fiscalizar procesos,
-acompañar a cooperativas,
-verificar el origen del oro,
-garantizar la transición tecnológica,
-controlar exportaciones y operaciones,
-y proteger los ecosistemas afectados.
Pero los hallazgos de la Contraloría muestran exactamente lo contrario: el ministerio no tiene, hoy, los mecanismos mínimos para ejercer estas funciones.
Aprobado tal como está, el proyecto podría profundizar una “zona gris” donde la minería se expande más rápido que la capacidad estatal para regularla.
Condiciones sociales y socioeconómicas: una comunidad entre la dependencia y la vulnerabilidad
El derrame de la Planta La Luz ocurrido en 2022 volvió a revelar lo que muchas instituciones prefieren no ver: la profunda vulnerabilidad social y económica que atraviesa Abangares. A pesar de la gravedad del evento —que contaminó ríos, afectó fauna y generó temor en las comunidades cercanas— muchas personas prefirieron denunciar de forma anónima por miedo a represalias, reflejando la dependencia histórica del cantón respecto de la minería artesanal y del procesamiento privado de sus desechos.
Esta actividad sostiene a miles de familias en el territorio, pero lo hace en condiciones marcadas por alternativas productivas limitadas, desigualdad, riesgos ambientales normalizados y una exposición cotidiana a posibles afectaciones en la salud. El silencio comunitario no es indiferencia: es el resultado de un modelo económico que coloca a las personas entre la necesidad y el riesgo.
El episodio mostró, una vez más, que la discusión sobre la minería en Abangares trasciende lo técnico o lo legal. Es un tema de justicia social y territorial, en el que las comunidades asumen los costos de una actividad de la que dependen, pero sobre la cual tienen muy poco control.
Bienes comunes naturales: tensiones y riesgos
Desde el enfoque de bienes comunes, los ecosistemas —cuencas, ríos, humedales, suelos, biodiversidad— son tejidos que sostienen la vida, no recursos discretos aislados. El proyecto, sin embargo, trata la minería como un asunto sectorial, sin integrar su impacto sobre los otros bienes comunes en el territorio.
Esta omisión profundiza tensiones como:
-la relación entre minería y disponibilidad hídrica,
-la calidad del agua y la exposición a mercurio,
-la sedimentación en ríos y quebradas,
-el aumento del riesgo socioambiental en zonas vulnerables,
-la falta de participación real de comunidades más allá de las cooperativas mineras.
En un contexto donde la Contraloría ya alertó sobre el rezago en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, estos riesgos se agravan.
Hacia una discusión más amplia y honesta
El debate sobre Abangares no se resuelve entre “prohibir” y “permitir”.
Lo que el país necesita es un enfoque de gobernanza robusto que permita considerar:
-la justicia territorial y económica de las comunidades mineras,
-la protección de los bienes comunes naturales como base de la vida,
-el fortalecimiento institucional del MINAE desde una perspectiva de justicia ambiental,
-el replanteamiento de las actividades económicas en los territorios
-la participación comunitaria amplia,
- -el reconocimiento y la reparación de los daños socioambientales acumulados por la actividad minera,
-y la planificación de largo plazo, no solo la administración de urgencias.
Mientras la institucionalidad ambiental siga debilitada, cualquier proyecto que amplíe o flexibilice actividades extractivas corre el riesgo de profundizar desigualdades y deteriorar los ecosistemas.
La encrucijada de Costa Rica frente a la minería
La discusión sobre la minería en Abangares no es únicamente un conflicto local: expone una tensión estructural que Costa Rica no ha logrado resolver desde hace décadas. El país se ha construido internacionalmente como un referente ambiental, basado en la conservación, la protección de cuencas, la descarbonización y una narrativa de bienes comunes ligados al bosque, el agua y la biodiversidad. Sin embargo, en paralelo, enfrenta presiones persistentes para habilitar o flexibilizar actividades extractivas —incluida la minería metálica— que chocan con ese mismo proyecto ambiental.
Esta contradicción atraviesa tanto la política pública como la institucionalidad: Costa Rica mantiene un marco legal restrictivo en minería metálica a cielo abierto, pero al mismo tiempo genera excepciones, prórrogas o mecanismos de continuidad para actividades extractivas que operan en zonas de alta fragilidad ecológica. Es un modelo que intenta convivir con dos lógicas opuestas: la del país “verde” y la del país “extractivo de subsistencia”. Y esa convivencia nunca ha sido resuelta de forma plena, transparente ni participativa.
El Proyecto de Ley 24.932 se inserta exactamente en ese punto de tensión. Busca proteger una actividad económica históricamente relevante para Abangares, pero lo hace dentro de una institucionalidad ambiental debilitada —como lo demuestra la Contraloría— y sin un marco estratégico que permita armonizar la urgencia económica con la protección de los bienes comunes naturales. En este escenario, aprobar más extracción sin fortalecer primero la gobernanza ambiental equivale a profundizar una contradicción ya existente: un país que se declara defensor de la naturaleza, pero carece de las herramientas para resguardar efectivamente sus territorios cuando las presiones económicas se incrementan.
La minería puede tener un lugar en la economía de ciertos territorios, pero ese lugar solo es sostenible si se construye desde un Estado ambiental fuerte, con participación social amplia, mecanismos de control robustos y una visión de país que reconozca que los bienes comunes no pueden ser sacrificados en nombre de la urgencia. Mientras Costa Rica no enfrente de manera honesta esta tensión estructural, la política ambiental seguirá atrapada entre la promesa de conservación y la realidad de un extractivismo que avanza más rápido que la capacidad estatal para regularlo.
Un pronunciamiento colectivo que alerta sobre los riesgos estructurales del Proyecto de Ley 24.932
Un amplio grupo de organizaciones socioambientales, comunitarias, académicas y culturales publicó un pronunciamiento que advierte sobre los riesgos del Proyecto de Ley N.º 24.932. El documento señala que, por más de una década, Abangares ha operado bajo excepciones legales, controles débiles y mecanismos que permiten la legitimación de oro de origen incierto. También alerta sobre la flexibilización del marco normativo, la falta de trazabilidad en las exportaciones, la presencia de economías criminales asociadas a la minería ilegal y los impactos ambientales y de salud vinculados al uso de sustancias tóxicas.
Las organizaciones sostienen que la figura de “minería artesanal” ha sido utilizada para encubrir operaciones de mayor escala y exigen trazabilidad real, auditorías socioambientales, licencias ambientales previas, sanciones efectivas y una coordinación institucional más fuerte. Este pronunciamiento aporta evidencia clave y refuerza la necesidad de revisar a fondo el proyecto de ley, así como abrir un debate nacional serio y participativo sobre el futuro de la minería en Costa Rica.
Referencia
Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). Proyecto de Ley N.º 24.932: Ley para la Protección de la Actividad Minera de Abangares. Asamblea Legislativa.
Contraloría General de la República. (2025). Informe DFOE-SOS-IAD-00010-2025: Auditoría de carácter especial sobre la rectoría ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. CGR.
Delfino.cr. (2025, noviembre). Organizaciones advierten sobre proyecto de ley que amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas en minería de Abangares. Delfino.cr.
Diversas organizaciones y personas firmantes. (2025). Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley N.º 24.932 y los riesgos socioambientales, económicos y jurídicos asociados a la minería en Abangares
Semanario Universidad. (2022, julio). Abangares enfrenta, temerosa, una tragedia ambiental que desnuda riesgos de la minería. Semanario Universidad.
Crédito de imágenes: La voz de Guanacaste y Semanario Universidad.
Te invitamos a profundizar en un tema clave para el país: la minería en Abangares. ¿Qué la caracteriza realmente? ¿Qué tensiones atraviesa? Conversamos con Cristin Torres, quien explica la dimensión histórica, social y ambiental de esta actividad, así como las contradicciones de un “desarrollo” que las comunidades siguen esperando.
Una entrevista imprescindible para comprender el presente y el futuro del territorio.
