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La luz que incomoda: memoria, verdad y resistencia en defensa de la casa común – Cuaderno de estudio

¿Qué estructuras permiten que la violencia contra las personas defensoras se repita? ¿Qué podemos aprender de quienes dedicaron su vida a defender la dignidad y la justicia?

El este nuevo cuaderno de estudio «La luz que incomoda. Memoria, verdad y resistencia: de Monseñor Romero a las personas defensoras de la casa común», nos propone explorar estas preguntas a partir de los apuntes de Ignacio Ellacuría sobre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, escritos entre 1980 y 1987.

La publicación invita a ir más allá de los hechos individuales para comprender las relaciones de poder, los intereses económicos y políticos, la estigmatización y los mecanismos de impunidad que rodean la violencia contra quienes defienden la vida y los derechos humanos.

Ellacuría: comprender la maquinaria de la violencia

Uno de los principales aportes de Ignacio Ellacuría es su esfuerzo por comprender el asesinato de Monseñor Romero más allá de la identificación de sus responsables materiales. Su análisis busca reconocer el esquema de poder que hizo posible el crimen: las relaciones entre intereses económicos y fuerza armada, la protección de los responsables, los discursos que deslegitiman a quienes denuncian las injusticias y el uso del miedo para debilitar la organización popular.

Esta perspectiva permite formular una pregunta fundamental: ¿qué condiciones hacen posible que la violencia se repita? En lugar de limitarse a los hechos individuales, el cuaderno propone examinar las estructuras que los sostienen y los intereses que se benefician de ellas.

La memoria como herramienta para transformar el presente

Para Ellacuría, recordar no consiste únicamente en rendir homenaje a las víctimas. La memoria permite reconstruir lo sucedido, reconocer las responsabilidades y comprender qué debe cambiar para evitar que la violencia continúe. Por eso, el cuaderno recupera su insistencia en identificar y transformar las fuentes que hacen posible la muerte, en vez de conformarse con señalar a los responsables de cada crimen.

Este aporte también invita a pensar la defensa de los derechos humanos y los bienes comunes desde una perspectiva colectiva. Comprender la violencia exige reconocer sus patrones, cuestionar los discursos que la justifican y fortalecer las redes de solidaridad que permiten enfrentar el miedo y sostener las luchas comunitarias.

De Monseñor Romero a las personas defensoras de hoy

Recuperar a Monseñor Romero y a Ignacio Ellacuría significa también preguntarnos por las luchas actuales. ¿Qué tienen en común sus compromisos con los de quienes hoy defienden ríos, bosques, territorios indígenas y derechos colectivos?

El cuaderno recupera las historias de personas defensoras de Mesoamérica, sus luchas y las comunidades que acompañaron. Sus experiencias permiten reconocer que la violencia no afecta únicamente a quienes reciben amenazas o son asesinados: también busca debilitar la organización comunitaria y las posibilidades de defender los bienes comunes.

La memoria, desde esta perspectiva, no es solamente un homenaje al pasado. Es una herramienta para comprender el presente, exigir justicia y fortalecer la solidaridad.

Defender el ambiente en un contexto de violencia y despojo

Defender un río, un bosque o un territorio es también defender las formas de vida de las comunidades que dependen de ellos. Sin embargo, quienes asumen esta tarea enfrentan amenazas, campañas de desprestigio, criminalización y, en los casos más extremos, asesinatos.

El contexto regional sigue siendo preocupante. Según el informe de Global Witness publicado en 2026, al menos 124 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en el mundo durante 2025. La mayoría de los casos documentados ocurrió en América Latina.

Estas cifras permiten dimensionar un problema que no puede comprenderse como una suma de hechos aislados. Los conflictos por la tierra y los recursos, los intereses económicos, la estigmatización y la falta de protección contribuyen a configurar escenarios de riesgo para quienes defienden sus territorios y derechos.

En este contexto, la lectura de Ellacuría adquiere una relevancia particular: nos invita a preguntar no solo quién ejerce la violencia, sino también qué relaciones de poder la hacen posible, qué intereses protege y qué condiciones permiten que permanezca impune. Recuperar las historias de las personas defensoras es una forma de reconocer sus luchas y de abrir preguntas sobre las responsabilidades colectivas e institucionales frente a las agresiones.

La defensa de los bienes comunes requiere también fortalecer las redes de solidaridad, la memoria y las formas de protección colectiva. Porque garantizar el derecho a defender la vida es parte de las condiciones necesarias para construir comunidades más justas y democráticas.

¿Qué aporta este cuaderno?
  • Lectura crítica del poder: herramientas para analizar los intereses, las relaciones y los mecanismos que permiten la reproducción de la violencia.

  • Memoria viva: historias de personas defensoras de Mesoamérica que hicieron de la defensa de la vida una práctica colectiva.

  • Defensa de los bienes comunes: vínculos entre los derechos humanos, la protección de los territorios y las condiciones que sostienen la vida.

  • Herramientas para el estudio colectivo: preguntas, fragmentos de Ellacuría y ejercicios para relacionar sus reflexiones con las realidades actuales.

  • De la reflexión a la acción: propuestas para fortalecer la solidaridad, visibilizar las agresiones y construir compromisos personales y colectivos.

Crédito imagen: Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS
Te invitamos a leerlo y compartirlo

La luz que incomoda forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes. Está dirigido a personas, organizaciones, comunidades y espacios educativos interesados en reflexionar sobre las violencias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los bienes comunes.

Te invitamos a descargar el cuaderno, explorar sus preguntas y utilizar sus herramientas en espacios de formación y conversación colectiva.

Porque mantener viva la memoria también significa preguntarnos cómo acompañamos a quienes hoy siguen defendiendo la vida y la casa común.

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La defensa del ambiente sigue costando vidas: Informe Global Witness 2025

El informe Raíces de resistencia de Global Witness (2025) alerta que en 2024 fueron asesinadas o desaparecidas 146 personas defensoras del ambiente y el territorio en todo el mundo. Aunque esta cifra es menor que la del año anterior (196 casos), no refleja una mejora real. Las variaciones responden más bien a problemas de registro y a la falta de denuncias en contextos de represión, lo cual mantiene la violencia como un fenómeno estructural y persistente (Global Witness, 2025).

Desde 2012, se han documentado 2.253 asesinatos o desapariciones prolongadas. Además de los ataques letales, se reportan esquemas sistemáticos de hostigamiento: amenazas, criminalización, difamación, violencia sexual y acoso digital, que afectan tanto la vida comunitaria como la salud mental de las personas defensoras (Global Witness, 2025).

América Latina y el Caribe: epicentro de la violencia

La región continúa siendo la más peligrosa del mundo para quienes defienden los bienes comunes: el 82 % de los casos documentados en 2024 ocurrieron en América Latina (Global Witness, 2025). Cuatro países concentran la mayor parte de los asesinatos:

 

Colombia: 48 asesinatos, equivalente a un tercio del total mundial. Muchas víctimas eran indígenas y campesinos en zonas de disputa territorial con presencia de crimen organizado y economías ilegales (Global Witness, 2025).

Guatemala: 20 asesinatos, lo que representa un aumento alarmante respecto a 2023 y convierte al país en el más letal per cápita en 2024. La violencia se vinculó a conflictos agrarios, crimen organizado y falta de garantías estatales (Global Witness, 2025).

México: 19 casos, en un contexto marcado por la criminalización y la violencia contra comunidades indígenas y rurales. En Chiapas, la disputa entre grupos armados y el control de recursos naturales agudizó los ataques (Global Witness, 2025).

Brasil: 12 asesinatos, en su mayoría campesinos e indígenas, en un contexto de expansión del agronegocio, tala ilegal y amenazas contra comunidades quilombolas y amazónicas (Global Witness, 2025).

Otros países de la región como Honduras, Nicaragua y Perú también registraron casos significativos, confirmando que la violencia responde a una combinación de intereses extractivos, crimen organizado y debilidad institucional.

Esquemas de violencia y represión

El informe identifica esquemas comunes que explican la magnitud de los riesgos:

  1. Ataques letales y desapariciones forzadas: los asesinatos y desapariciones buscan eliminar liderazgos y sembrar miedo en las comunidades.
  2. Criminalización y uso instrumental de la ley: acusaciones falsas de terrorismo, usurpación de tierras y procesos judiciales arbitrarios se emplean para frenar la organización social.
  3. Represión estatal y violencia paramilitar: fuerzas policiales, militares y grupos armados han estado implicados en al menos 17 asesinatos en 2024, reflejando colusión entre Estado, empresas y crimen organizado.
  4. Impunidad estructural: en países como Colombia, solo un 5,2 % de los asesinatos de líderes sociales desde 2002 han tenido resolución judicial.
  5. Agresiones a comunidades enteras: asesinatos colectivos, desalojos forzosos y violencia contra movimientos sociales buscan desarticular procesos organizativos, como el caso de los seis integrantes del CCDA asesinados en Guatemala en 2024.
  6. Extractivismo y economías ilegales: la minería, la tala y la agroindustria son los sectores más asociados a ataques, muchas veces en territorios donde también operan redes del narcotráfico.
  7. Debilidad e incumplimiento de tratados internacionales: pese a la adopción del Acuerdo de Escazú en 2018, casi 1.000 personas defensoras han sido asesinadas o desaparecidas en la región desde su entrada en vigor (Global Witness, 2025).
Costa Rica: entre la vanguardia ambiental y la regresión silenciosa

Costa Rica continúa proyectándose ante el mundo como “país verde” y ejemplo de vanguardia ambiental, un referente global de sostenibilidad y diplomacia ecológica. Sin embargo, esa misma narrativa convive con procesos de regresión ambiental, debilitamiento institucional y ausencia de protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Paradójicamente, el país fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de Escazú y lo firmó en 2018, pero nunca lo ratificó, dejando en entredicho su compromiso con los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Así, mientras presume liderazgo internacional, mantiene en la práctica vacíos legales y políticos que favorecen la impunidad en conflictos socioambientales.

La sofisticación del modelo costarricense también se expresa en el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En lugar de balas o desapariciones, se emplean tribunales y bufetes de abogados para silenciar a quienes alzan la voz. Un caso emblemático fueron las denuncias interpuestas contra creadores de contenido que cuestionaron un proyecto turístico de alto impacto, evidenciando cómo se instrumentaliza el aparato judicial para intimidar y agotar económicamente a comunicadores y defensores.

Este tipo de estrategias confirma que Costa Rica, fiel a su estilo, también innova en las formas de represión: menos visibles que en otros países de la región, pero igual de eficaces para desalentar la crítica. El país se mantiene, así, a la vanguardia de la política ambiental internacional… aunque sea como un escaparate brillante que contrasta con la realidad que viven sus comunidades.

Defensores y crisis climática: indicadores de un colapso en marcha

El índice de asesinatos y desapariciones de personas defensoras no solo refleja una crisis de derechos humanos, sino que también se ha convertido en un indicador directo del cambio climático. Allí donde la industria extractiva avanza, las comunidades que resisten son las primeras en caer bajo la violencia. Las últimas fronteras de la naturaleza —los ríos, los bosques tropicales, los humedales, la Amazonía, las montañas indígenas— son defendidas cotidianamente por liderazgos locales que enfrentan la maquinaria global del extractivismo (Global Witness, 2025).

La presión por minerales, madera, agroexportación y megaproyectos de infraestructura está ampliando la frontera extractiva hacia territorios cada vez más frágiles y vitales para el equilibrio climático. La Amazonía, el corredor mesoamericano y las zonas costeras del Caribe y el Pacífico son ahora epicentros de disputa. Esta expansión no solo agudiza la crisis socioambiental, sino que profundiza la vulnerabilidad de quienes se interponen en el camino.

Los asesinatos de personas defensoras, lejos de ser hechos aislados, son la manifestación extrema de un modelo económico que erosiona simultáneamente los derechos humanos y los equilibrios ecológicos. La sangre derramada en estas luchas es también la huella tangible de una crisis climática acelerada por la codicia extractiva.

Reconocer esta relación es crucial: proteger a quienes defienden los territorios es también una de las medidas más efectivas de mitigación y adaptación climática. Allí donde las comunidades logran frenar la deforestación, preservar los ríos o resistir megaproyectos, no solo protegen su supervivencia, sino también la estabilidad climática global.

Leer el informe completo aquí

El informe Raíces de resistencia (Global Witness, 2025) no es solo un recuento de cifras: es un testimonio doloroso y necesario sobre las luchas, riesgos y resistencias de quienes defienden la tierra y el ambiente en todo el mundo. Sus páginas revelan con detalle cómo los intereses económicos, el crimen organizado y la falta de voluntad política siguen cobrando vidas, desmantelando comunidades y poniendo en riesgo nuestro futuro común.

Leer este documento es también un acto de reconocimiento y solidaridad. Reconocimiento hacia quienes han dado su vida por defender bienes comunes que sostienen la vida de todas y todos; y solidaridad con las comunidades que siguen resistiendo en medio de amenazas, criminalización y violencia.

Invitamos a conocer y difundir el informe completo, disponible en el sitio oficial de Global Witness, como un aporte indispensable para comprender la magnitud de esta crisis y la urgencia de construir mecanismos reales de protección. Porque sin personas defensoras, no hay futuro posible para la biodiversidad, los territorios y el planeta.

Puede descargar la infografía aquí

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