No es contradicción, es arquitectura. Detrás del líderazgo ambiental internacional que protege los océanos se esconde una lógica coherente: la naturaleza se protege si se puede vender, y se destruye si se puede explotar.
La política ambiental en sus propias palabras: el presidente, la moneda y las dos caras
A veces, para entender una política pública no hace falta empezar por los decretos, los indicadores o los discursos técnicos. Basta escuchar las palabras con las que un gobierno explica el mundo.
En el caso de la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), las declaraciones públicas del propio presidente permiten observar con claridad la arquitectura política que atraviesa su gestión: una combinación entre liderazgo verde internacional, lógica de rentabilidad territorial y desconfianza hacia regulaciones o actores que puedan limitar la inversión.
Las frases no son simples «ocurrencias». Funcionan como ventanas hacia una forma específica de entender la relación entre naturaleza, economía y democracia.
Y esa forma, como desarrollaremos a lo largo de esta nota, no es caótica ni contradictoria. Responde más bien a una lógica que podríamos llamar «la moneda de Dos Caras»: un rostro impoluto para el mundo, un rostro desfigurado para el territorio, y entre ambos una decisión política que siempre cae del mismo lado.
El rostro impoluto: el líder climático que habla al mundo
En los escenarios globales, el presidente Chaves despliega un discurso de fuerte tono ambientalista. Allí, Costa Rica vuelve a ser el país verde, el referente, el que asume liderazgos que otros esquivan.
«Para Costa Rica, el futuro de la humanidad es inimaginable sin un océano protegido, así que hemos asumido el liderazgo que nos corresponde y con un mensaje urgente para el mundo, convertimos su protección en el eje central de nuestra política ambiental exterior.» (Esta declaración fue realizada durante un evento de alto nivel sobre Acción Oceánica «Inmersos en el Cambio», antesala de la UNOC 2025)
Incluso frente a la minería submarina —una de las grandes amenazas oceánicas— el presidente apeló a un lenguaje ético, casi civilizatorio:
«Del oportunismo de otra nación que vaya a buscar metales al fondo del mar y que nos destruye el ambiente para todos, llegó el momento ya no de discutir, llegó el momento de buscar en nuestros corazones.» (Declaración realizada durante la UNOC 2025 en Francia).
Ese es el rostro impoluto. El que posa para las fotos internacionales. El que habla de protección, de ética, de corazón. El mismo que permite a Costa Rica seguir cobrando por servicios ambientales, recibir financiamiento climático y pavonearse como líder en las cumbres.
Pero la moneda tiene otra cara.
El rostro desfigurado: la urgencia económica que todo lo subordina Cuando el presidente se dirige al país —cuando habla de territorio, de inversión, de desarrollo real— el tono cambia radicalmente. La protección ambiental deja de ser prioritaria. Se vuelve, en el mejor de los casos, un lujo que no podemos pagar.
Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó:
«Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse… pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol. (Conversatorio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación)
La metáfora es reveladora: la crisis ecológica deja de entenderse como problema estructural para convertirse en un asunto secundario frente a las urgencias económicas inmediatas. No es el balazo —lo que mata ahora— sino el colesterol —lo que mata despacio, quizás mañana, quizás nunca.
Ese es el rostro desfigurado. El que opera bajo la lógica de la excepción: la norma se flexibiliza, la regulación se posterga, el ambiente espera. Algo similar ocurre con la idea misma de sostenibilidad. En una de sus declaraciones más conocidas, Chaves sentenció:
«El desarrollo sostenible es redundante.» (Intervención ante la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación).
La frase parece menor, pero encierra una concepción política profunda: la idea de que el desarrollo, por sí mismo, ya contiene automáticamente la sostenibilidad. Como si crecer económicamente fuera, por definición, cuidar el ambiente. Como si no existieran tensiones reales entre expansión del capital, límites ecológicos y destrucción territorial.
La moneda, aquí, ya ha caído. Y cayó del lado del desarrollo sin adjetivos.
La moneda en acción: cuando la fauna se vuelve enemiga
La lógica de Dos Caras se vuelve brutalmente explícita en las disputas sobre uso del suelo y conservación costera. En medio de las controversias por Gandoca-Manzanillo —un territorio de alto valor ecológico y cultural— el presidente declaró:
«Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República -El Observador CR)
Y luego agregó, construyendo su famosa falsa moderación:
«Aquí hay gente extrema que dice que hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas y eso no pasará, pero también hay otros que dicen que hay que dejárselo a los monitos y no señor, tampoco es así.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República / El Observador CR).
Analicemos la operación de la moneda, paso a paso.
Primero, el presidente se presenta como equilibrado: ni extremo de un lado (hoteles gigantes), ni extremo del otro (conservación absoluta). Segundo, caricaturiza la defensa ambiental: quienes protegen el territorio son «los que quieren dejárselo a los monitos». Tercero, naturaliza la intervención humana: el territorio debe producir algo, no puede «quedarse» para nadie más que no sea el capital.
¿Qué ha hecho Dos Caras aquí? Ha lanzado su moneda al aire. El rostro impoluto dice: «no vamos a destruir el tesoro nacional». El rostro desfigurado añade: «pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna». La moneda cae. El resultado es una playa privatizada, una comunidad desplazada, un manglar rellenado. Y todo, envuelto en la retórica del «centro razonable».
La moneda contra la democracia ambiental: el rechazo a Escazú
La misma lógica se repite —con consecuencias aún más globales— en la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza participación ciudadana.
El presidente fue tajante desde el inicio de su mandato:
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW / Divergentes).
¿Por qué tanta tranquilidad para el sector privado y tanta intranquilidad para las comunidades? La respuesta está en su propia justificación:
«Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).
Observen cómo opera la moneda. La participación ambiental —el derecho a ser consultado, a acceder a información, a impugnar decisiones— es presentada como una «posibilidad de atrasar». Los defensores de territorios son convertidos en obstáculos. La democracia ecológica se vuelve sinónimo de traba burocrática.
El presidente incluso argumentó que Costa Rica no necesita el Acuerdo porque:
«Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).
Ahí está, por fin, el corazón de Dos Caras. Lo que el presidente rechaza del Acuerdo de Escazú no es el acceso a la información ni la justicia ambiental. Es la posibilidad de que las comunidades digan «paren». Es el derecho a frenar un proyecto cuando la norma se ha violado, cuando el territorio está en riesgo, cuando la inversión avanza por encima de la vida.
«Eso no se vale», dice Dos Caras mientras lanza su moneda. Pero la moneda siempre cae del mismo lado: el lado que protege la inversión, no el territorio. El lado que tranquiliza al sector privado, no a las comunidades.
La coherencia de la moneda: lo que las frases revelan
Leídas en conjunto, estas declaraciones permiten observar algo que los análisis superficiales suelen perder de vista: no hay contradicción, hay arquitectura.
El presidente que en Davos habla de proteger océanos y buscar en el corazón es el mismo que en Limón habla de no dejarle el territorio «a los monitos». El líder climático internacional es el mismo que llama «colesterol» a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estadista que firma acuerdos globales es el mismo que dice «el Acuerdo de Escazú no está en la agenda». No es que mienta. Es que su moneda tiene dos caras diseñadas para funcionar juntas.
- El rostro impoluto permite a Costa Rica seguir vendiendo servicios ambientales, recibir financiamiento verde y mantener su marca país de sostenibilidad.
- El rostro desfigurado permite flexibilizar normas, expulsar comunidades y abrir territorios a la inversión inmobiliaria, turística y minera.
Una cara no estorba a la otra. La hace posible.
Cuando las palabras nombran (y ocultan) la moneda
La política ambiental, entonces, no solo se expresa en leyes, permisos o conflictos territoriales. También se revela —con crudeza— en las palabras con las que el poder decide nombrar o reducir la naturaleza, las comunidades y el futuro del país.
«El desarrollo sostenible es redundante» no es una ocurrencia. Es una declaración de principios.
«No se lo vamos a dejar a la fauna» no es una metáfora desafortunada. Es una hoja de ruta.
«Esa posibilidad de decir paren… eso no se vale» no es un exabrupto. Es la línea roja que este gobierno no está dispuesto a cruzar.
La moneda de Dos Caras tiene un nombre en la política ambiental de Rodrigo Chaves. Se llama: naturaleza como activo, territorio como mercancía, comunidades como obstáculo.
Y mientras sigamos leyendo estas frases como incoherencias aisladas, la moneda seguirá girando en el aire. Pero si las leemos como lo que son —las dos caras de un mismo proyecto— entonces tal vez podamos, por fin, disputar el lanzamiento.
Porque la moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.
La trampa de pedir coherencia
Cuando se analiza la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves, es común caer en una trampa: la de leerla como una colección de contradicciones.
Por un lado, Costa Rica sigue brillando en el escenario internacional. Expande áreas marinas protegidas, consolida el Fondo Azul y fortalece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El país no abandona su vitrina verde.
Por otro lado, en el plano interno, ocurre lo contrario. Se flexibilizan normas para proyectos inmobiliarios, se centralizan decisiones en pocas manos, se silencia a los técnicos del Ministerio de Ambiente (MINAE). Casos como Gandoca-Manzanillo, Cipreses de Oreamuno o Playa Panamá parecen indicar un retroceso sistemático.
Frente a esto, muchos concluyen: «El gobierno es incoherente. Dice una cosa y hace otra». Pero esa lectura es ingenua. Y también es útil… para el gobierno.
Porque si creemos que solo se trata de contradicciones, dejamos de preguntarnos por la lógica que las organiza. Y ese es el verdadero hallazgo del análisis aquí: no hay contradicción. Hay arquitectura.
Costa Rica como Harvey Dent o «Dos Caras»
Para entender esta arquitectura, imaginemos al gobierno de Chaves como un personaje de DC Comics: Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica que se convierte en el villano Dos Caras.
Harvey tiene dos rostros. Uno es el del líder idealista, pulcro, comprometido con la justicia. El otro es una cicatriz quemada que revela violencia y arbitrariedad. Entre los dos, decide con una moneda. Pero la moneda no es azar: está cargada.
Ahora pensemos en Costa Rica.
El rostro impoluto es el que ve el mundo: el país verde, el líder climático, el que vende servicios ambientales y recibe financiamiento internacional por proteger sus bosques y mares.
El rostro desfigurado es el que sufren las comunidades costeras y rurales: playas privatizadas de hecho, amenaza de manglares o bosques destruidos para hoteles de lujo, comunidades expulsados por la gentrificación o turístificación, y técnicos ambientales silenciados por orden de un superior.
¿Y la moneda? La moneda es la decisión política. Cada vez que hay conflicto entre conservación y desarrollo, el gobierno lanza su moneda. Pero la moneda no cae al azar. Está diseñada para caer siempre del lado que conviene al capital.
Si un ecosistema puede venderse en forma de bonos de carbono o servicios ambientales, la moneda cae del lado impoluto: se protege, se mide, se transa. Si un territorio —sobre todo si es playa, corales, manglar o tierra fértil— puede ser transformado en un resort, un puerto o un proyecto inmobiliario de lujo, la moneda cae del lado desfigurado: se flexibilizan las normas, se acalla a los opositores y se judicializa el conflicto cuando ya es tarde.
No es azar. Es diseño.
El rostro impoluto: cuando la naturaleza se convierte en activo
Comencemos por la cara que el gobierno muestra con orgullo.
En el escenario internacional, Costa Rica no ha abandonado su papel histórico. Al contrario, lo ha actualizado. La expansión de áreas marinas protegidas, el impulso al Fondo Azul y el fortalecimiento de los PSA configuran una narrativa de innovación y liderazgo.
Pero aquí hay un giro que no suele contarse: lo que se despliega no es solo una política de conservación, sino una nueva lógica económica sobre la naturaleza. Los bosques y los mares dejan de ser territorios con valor intrínseco o cultural. Empiezan a ser activos. Se miden en toneladas de carbono capturado. Se traducen en métricas de biodiversidad. Se integran a circuitos globales de financiamiento.
El PSA, por ejemplo, es un instrumento exitoso. Pero también es un contrato. La naturaleza se protege porque presta un servicio. Y ese servicio tiene precio.
La pregunta incómoda es: ¿qué pasa con lo que no puede medirse ni venderse? ¿Qué pasa con los ecosistemas que no entran en esta lógica de valorización? ¿Qué pasa con los territorios que no sirven como activos climáticos, pero sí como suelo barato para el turismo de élite?
Ahí es donde aparece el otro rostro. El rostro desfigurado: centralización, silencio y excepción
En el plano interno, la historia es muy distinta. El gobierno no ha reformado el MINAE mediante un proyecto de ley explícito, aunque lo intentó. Lo ha transformado mediante prácticas silenciosas pero sistemáticas.
Primero, centralización del poder. Las decisiones ambientales ya no se discuten en instancias técnicas. Se concentran en la jerarquía ministerial. Los criterios de biólogos, geógrafos y abogados ambientales son subordinados a la voluntad política.
Segundo, control de la comunicación. Circulan oficios internos que limitan lo que los funcionarios técnicos pueden decir en público. El conocimiento especializado pierde visibilidad. Y sin visibilidad, pierde capacidad de incidir.
Tercero, flexibilización normativa. La ley deja de ser un marco estable. Se vuelve una variable ajustable. Si una norma impide un proyecto, se reinterpreta. Si la oposición social crece, se deslegitima a los activistas como «ambientalistas extremos». Si el conflicto llega a los tribunales, se asume que la justicia llegará tarde.
Y así ocurre. En los casos que se lograr avanzar en algún sentido. En todos ellos, cuando la justicia ambiental finalmente se pronuncia, el territorio ya ha sido transformado. Los manglares ya están rellenados. Los hoteles ya tienen sus cimientos.
La justicia opera como correctivo post daño, no como mecanismo preventivo.
Gentrificación y privatización de costas: la cara más violenta de la moneda
Hasta aquí, el análisis del texto original. Pero falta un elemento central para entender el «rostro desfigurado» en su máxima expresión: la gentrificación turística y la privatización de las costas. Estos dos fenómenos son, quizás, la forma más intensa en que se aplica la lógica de la moneda cargada.
¿Qué está pasando en las costas de Costa Rica?
En nombre del turismo —ese motor económico que nadie se atreve a criticar— se están impulsando megaproyectos hoteleros y residenciales de lujo, marinas que atentan los corales, y que vistos de forma integral producen al menos tres efectos devastadores:
- Expulsión de comunidades locales. Pescadores artesanales, campesinos costeros y familias enteras son desplazadas porque el suelo que habitaron por generaciones se revaloriza. Ya no es tierra de vida. Es tierra de negocio.
- Privatización de facto de las playas. La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero en la práctica, las servidumbres de paso se restringen, las concesiones se otorgan con discrecionalidad, y el acceso al mar se vuelve un privilegio para huéspedes de hoteles o dueños de villas.
- Destrucción de ecosistemas costeros. Corales, manglares, humedales y bosques de transición son eliminados para dar paso a campos de golf, piscinas y terrazas con vista al mar. Ese daño, en la mayoría de los casos, es irreversible.
¿Y cuál es el papel del gobierno en todo esto?
El rostro impoluto sigue promocionando «marca país» basada en naturaleza. Los folletos turísticos muestran playas vírgenes y selvas exuberantes. El rostro desfigurado, mientras tanto, facilita los permisos, desaloja a las comunidades que protestan y silencia a los técnicos que alertan sobre el impacto ambiental.
No es incoherencia. Es el mismo modus operandi de Dos Caras: un discurso para los turistas y los mercados internacionales (justicia, conservación, sostenibilidad), y una práctica brutal para las comunidades locales (despojo, exclusión, daño ambiental).
Energía y minería: la expansión de la frontera de mercado
La lógica de la moneda cargada no se limita a las costas. También alcanza sectores estratégicos como la energía y la minería.
En el sector eléctrico, el gobierno ha impulsado una apertura a la competencia y al capital privado en un ámbito históricamente organizado bajo principios de planificación pública. La transición energética, así pensada, deja de ser un asunto de soberanía nacional para convertirse en un mercado más.
En el caso de la minería, el fantasma de Crucitas sigue ahí. Aunque existe una prohibición formal, el tema reaparece una y otra vez: mediante proyectos de ley, declaraciones de autoridades o una gestión ambigua de la minería ilegal. Crucitas se ha vuelto un territorio emblemático donde la prohibición convive con su constante puesta en cuestión.
En ambos casos, la tendencia es clara: expandir la lógica de valorización hacia ámbitos que habían sido relativamente protegidos de ella.
Si hay un símbolo perfecto del «rostro impoluto» versus el «rostro desfigurado» de la política ambiental costarricense, ese es el Acuerdo de Escazú. Porque Costa Rica no solo firmó este tratado. Costa Rica fue sede de su firma en 2018 . El país se puso al frente de América Latina para impulsar el primer gran pacto ambiental de la región, pionero mundial en la protección de defensores ambientales .
Y sin embargo, cinco años después, el tratado sigue sin ser ratificado.
¿Por qué funciona esta arquitectura? La coherencia de la dualidad
Llegados a este punto, alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el gobierno mantenga al mismo tiempo un liderazgo ambiental internacional y una política interna de flexibilización y despojo?
La respuesta es simple: porque una cosa hace posible la otra.
El rostro impoluto no es un estorbo para el rostro desfigurado. Es su cobertura. La legitimidad verde que Costa Rica acumula en el extranjero permite seguir recibiendo financiamiento, acuerdos y buena prensa. Esa misma legitimidad vuelve más difícil la crítica interna, porque cualquier oposición puede ser tildada de «antidesarrollo» o «extremista». Y el rostro desfigurado, por su parte, no es un accidente. Es la expresión territorial de esa misma lógica: algunos ecosistemas se protegen como activos financieros; otros se sacrifican como suelo de inversión.
La política ambiental de este gobierno no oscila impredeciblemente entre protección y explotación. Se mueve dentro de un marco coherente donde la naturaleza es protegida cuando puede ser integrada a circuitos de valor, y flexibilizada cuando su transformación resulta funcional a la rentabilidad inmediata.
La moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.
Siete preguntas para seguir pensando (y disputando)
Para cerrar, dejamos estas preguntas. No buscan respuestas fáciles. Buscan abrir el debate allí donde el gobierno prefiere el silencio.
- Sobre la moneda cargada: ¿No es contradictorio vender «paz con la naturaleza» en las cumbres climáticas mientras en las costas del Pacífico se destruyen bosques para hoteles de lujo? ¿O acaso esa contradicción es justamente la funcionalidad del sistema?
- Sobre la censura técnica: Cuando el MINAE silencia a sus propio personal y centraliza decisiones en jerarcas políticos, ¿no se está aplicando la misma lógica de Dos Caras? ¿La ley técnica se aplica solo cuando la moneda (la voluntad política) lo permite?
- Sobre gentrificación-turistificación: Los megaproyectos turísticos expulsan a comunidades pesqueras y campesinas. ¿No es esta una forma de «limpieza social» funcional al rostro desfigurado? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando los habitantes originales ya no pueden pisar su propia playa?
- Sobre privatización de costas: La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero con servidumbres de paso amañadas y concesiones discrecionales, se permite una privatización de facto. ¿No es esta la victoria del rostro desfigurado? ¿Dónde queda la democracia ambiental si la playa se ha convertido en un lobby de hotel?
- Sobre la marca país: El gobierno promueve turismo basado en naturaleza. Pero esa promesa exige playas libres y accesibles. ¿Cómo se sostiene la marca (rostro impoluto) mientras el producto real (rostro desfigurado) es una costa cercada y excluyente?
- Sobre la judicialización tardía: Los casos emblemáticos llegan a tribunales cuando el daño ya es irreversible. ¿No es el Poder Judicial el equivalente al comisionado Gordon en Gotham: intenta arreglar el desastre, pero nunca puede prevenir que Dos Caras lance su moneda?
- La pregunta final: Si aceptamos esta metáfora, entonces el gobierno de Chaves no es «fracturado» ni «inconsistente». Es perfectamente coherente con una lógica: maximizar el valor (vía financiarización, turismo de lujo y privatización costera) bajo la cobertura de un discurso verde. Entonces, ¿cómo se construye una defensa de los bienes comunes que no quepa ni en la cara de la conservación financiera ni en la cara del desarrollo depredador?
Nombrar la moneda para poder disputarla
La política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves tiene un nombre. No es «contradicción». No es «falta de rumbo». No es «improvisación». Se llama moneda de Dos Caras.
Un rostro impecable para el mundo. Un rostro quemado para los territorios y las comunidades. Y entre ambos, una moneda que siempre cae del mismo lado.
Nombrar esta coherencia no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque solo aquello que se reconoce en su lógica puede ser efectivamente disputado. La pregunta, entonces, ya no es si el gobierno es verde o no lo es. La pregunta es: ¿quién tiene derecho a lanzar la moneda? ¿Y cómo construimos un modelo donde la naturaleza no tenga que depender de una cara buena o una cara mala, sino que sea simplemente un bien común, compartido, vivo e intransable?
Esa es la conversación que el rostro impoluto quiere evitar. Y que el rostro desfigurado quiere quemar antes de que empiece.
Una matriz para discutir
La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cómo denunciar la “moneda cargada”, sino cómo disputar el horizonte político que la hace posible.
Porque el problema no se reduce a un gobierno, un decreto o un conflicto puntual. Lo que está en juego es una forma de entender la naturaleza, el territorio, el desarrollo y la democracia. Una lógica donde algunos ecosistemas se conservan porque generan valor financiero, mientras otros territorios son flexibilizados, sacrificados o privatizados en nombre del crecimiento económico.
Frente a esto, resulta necesario abrir una discusión más profunda: ¿qué alternativas políticas, económicas y territoriales pueden construirse más allá del falso dilema entre conservación mercantilizada y desarrollo depredador?
La siguiente matriz no busca ofrecer respuestas cerradas ni modelos acabados. Más bien, pretende funcionar como herramienta de reflexión y debate colectivo. Identifica algunas de las tensiones centrales que atraviesan la política ambiental contemporánea en Costa Rica y propone horizontes en disputa para pensar otras formas de relación entre sociedad, naturaleza y bienes comunes.
| Tensión o falso dilema dominante | Cómo se presenta públicamente | Qué invisibiliza o desplaza | Cómo opera la “moneda cargada” | Horizonte político en disputa | Preguntas para problematizar |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservación vs desarrollo | Se afirma que proteger demasiado frena la inversión y el empleo | Que conservación y extractivismo pueden coexistir bajo una misma lógica de mercado | Se conservan ecosistemas útiles para financiamiento verde y se flexibilizan otros para inversión inmobiliaria o turística | Sostener la vida como criterio central de organización territorial | ¿Desarrollo para quién y a costa de qué territorios? |
| Turismo o pobreza | El turismo aparece como única salida económica viable para las costas | Dependencia económica, precarización laboral y expulsión comunitaria | La naturaleza se convierte en paisaje de consumo y plataforma de renta | Economías territoriales diversificadas y arraigadas localmente | ¿Puede una comunidad vivir del turismo sin perder su territorio? |
| Ambiente o inversión | Las regulaciones ambientales son presentadas como obstáculos burocráticos | Que muchas normas existen para evitar daños irreversibles | Se flexibilizan reglas cuando el capital considera “estratégico” un territorio | Planificación ecológica democrática y preventiva | ¿Quién define qué proyectos son “de interés nacional”? |
| Crecimiento verde o atraso | La modernización se asocia a mercados de carbono, megaproyectos y apertura económica | Las desigualdades territoriales y la concentración de beneficios | La naturaleza se valoriza financieramente mientras aumentan exclusiones territoriales | Transición ecológica justa con redistribución territorial | ¿Puede haber transición ecológica sin justicia social? |
| Expertos o comunidades | El conocimiento técnico se utiliza selectivamente según convenga políticamente | Los saberes comunitarios y la autonomía territorial | El criterio técnico se fortalece o silencia según afecte intereses económicos | Co-gobernanza entre conocimiento técnico y territorial | ¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre un territorio? |
| Protección ambiental o uso productivo | Se plantea que ciertos ecosistemas “improductivos” deben ponerse a generar riqueza | El valor cultural, hídrico y comunitario de los territorios | Algunos ecosistemas se convierten en activos; otros en suelo sacrificable | Territorios entendidos como espacios de vida y reproducción social | ¿Todo territorio debe justificar su existencia en términos de rentabilidad? |
| Marca país o conflicto territorial | Costa Rica se presenta internacionalmente como líder verde | Los conflictos ambientales internos y la desigualdad ecológica | La legitimidad internacional amortigua críticas locales | Democracia ambiental con transparencia territorial | ¿Quién narra el país: las comunidades o la estrategia de mercadeo? |
| Seguridad jurídica o defensa comunitaria | Los conflictos se reducen a “trabas” contra el desarrollo | Asimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidades | La judicialización llega cuando el daño ya ocurrió | Justicia ambiental preventiva y vinculante | ¿Qué significa justicia cuando el ecosistema ya fue destruido? |
| Acceso público o privatización “ordenada” | Se afirma que las concesiones mejoran infraestructura y dinamizan territorios | Restricciones reales al acceso comunitario y apropiación privada de bienes públicos | La privatización ocurre gradualmente mediante regulación y exclusión práctica | Costas y bienes comunes bajo acceso colectivo garantizado | ¿Puede existir playa pública cuando el acceso depende del consumo? |
| Energía pública o eficiencia de mercado | La apertura eléctrica se presenta como modernización inevitable | Riesgos de fragmentación, dependencia privada y desigualdad energética | Sectores estratégicos se reconfiguran como nichos de inversión | Soberanía energética democrática y planificación pública | ¿La energía es mercancía o derecho colectivo? |
| Conservación financiera o abandono estatal | Se plantea que sin mercados verdes no hay recursos para proteger la naturaleza | El debilitamiento de la responsabilidad pública sobre el cuidado ambiental | La protección depende cada vez más de su capacidad de generar rentabilidad | Cuidado ecológico como responsabilidad colectiva y pública | ¿Qué ocurre con los ecosistemas que no producen ganancias? |
| Participación o gobernabilidad | La crítica social se presenta como obstáculo al progreso | El derecho de las comunidades a decidir sobre transformaciones territoriales | La participación se tolera mientras no altere decisiones estratégicas | Democracia territorial vinculante y deliberativa | ¿Participar significa escuchar o realmente poder decidir? |
La moneda que no cambia de dueño
La matriz anterior no es un catálogo de incidentes aislados. Es el reflejo de una lógica de gobierno que ha encontrado en la estigmatización de la defensa ambiental una herramienta política recurrente. Y esa lógica, como muestra el cierre de esta nota, no se agota con el cambio de mando.
El extracto: cuando «estúpido» y «extremista» se vuelven política de Estado
El 22 de abril de 2026 —en una conferencia de prensa conjunta— el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández ofrecieron una ventana involuntaria hacia el futuro de la política ambiental costarricense .
El detonante fue una pregunta sobre el proyecto turístico en Playa Panamá, Guanacaste, donde se pretendía talar 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas del manglar . El diputado electo Edgardo Araya —reconocido por su trayectoria en la defensa ambiental— había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, logrando medidas cautelares que suspendieron temporalmente los permisos de tala .
La respuesta del ahora expresidente Chaves fue, para usar sus propias palabras, directa:
«La clase de estúpido que es este ser humano. Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas» .
No contento con el insulto, extendió su descalificación al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, a quien calificó como «un desvisado, de extrema izquierda y nefasto para el país» .
Pero lo más relevante para el futuro del país ocurrió a su lado. La presidenta electa Laura Fernández —quien asumiría el mando pocos días después, el 8 de mayo de 2026— no solo no se desmarcó del discurso presidencial. Lo complementó.
Fernández aludió a «personas radicalistas» que, según sus palabras, «engañan al país con información falsa» . En la misma línea, el presidente electo la respaldó al calificar a sus opositores ambientales como «fanáticos», «radicales» y «malintencionados». La escena fue, en esencia, una ceremonia de continuidad.
Lo que revela el intercambio
El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, en su análisis de este episodio, fue contundente: lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la estigmatización de personas defensoras del ambiente «contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal» .
En Costa Rica, ese clima ya tiene nombre y apellido. Y ahora tiene una continuidad asegurada.
La moneda sigue girando
La metáfora de Dos Caras que hemos utilizado a lo largo de esta nota adquiere aquí una dimensión inquietante. Porque la moneda que el presidente Chaves ha lanzado durante cuatro años no será recogida cuando él abandone el poder.
La presidenta Laura Fernández ha recibido esa moneda. Y ha dejado claro, en su primera conferencia conjunta, que piensa seguir lanzándola.
El rostro impoluto seguirá hablando de protección oceánica y liderazgo climático en los foros internacionales. El rostro desfigurado seguirá llamando «estúpidos», «fanáticos» y «radicales» a quienes se atrevan a decir «paren» frente a un proyecto de inversión.
La única diferencia es que ahora la moneda tiene un nuevo lanzador. Pero el lado hacia el que cae —siempre el mismo— no ha cambiado.
La pregunta que queda
Frente a esta continuidad anunciada, la pregunta que abre esta nota —¿quién tiene derecho a lanzar la moneda?— se vuelve más urgente que nunca.
Porque la moneda de Dos Caras no es un mecanismo neutral. Es un dispositivo de poder. Y mientras siga en manos de quienes ven en la naturaleza un activo, en el territorio una mercancía y en las comunidades un obstáculo, el ambiente seguirá siendo moneda de cambio.
No de vida.
Nombrar esta continuidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para disputar, por fin, el lanzamiento.
Referencias:
CR Hoy. (2024, noviembre 13). PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica.
CR Hoy. (2026, abril). Diputado electo recurre a la Sala IV para frenar tala de 748 árboles en playa Panamá.
Divergentes. (2022, mayo 4). Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú.
DW. (2022, mayo 4). Presidente electo de Costa Rica descarta acuerdo de Escazú.
El Observador. (2024, mayo 16). Video | «Tampoco se lo vamos a dejar a la fauna», dice Chaves sobre tala de árboles en Caribe Sur.
France 24. (2025, junio 16). La Entrevista – El presidente de Costa Rica en France 24: se necesita «racionalidad económica» en el tema ambiental.
La Nación. (2022, marzo 11). Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica.
La República. (2022, marzo 12). Rodrigo Chaves minimiza desafíos para el desarrollo sostenible de Costa Rica.
La República. (2024, mayo 16). [Video] Rodrigo Chaves: No permitiremos hoteles de 5 estrellas en el Caribe Sur, pero tampoco quedará solo para los monitos.
La República. (2024, noviembre 14). Costa Rica debilita su histórica apuesta ambiental.
Trivisión. (2026, abril 22). El debate por tala y proyectos en Papagayo Guanacaste escala con posición conjunta del Gobierno y presidenta electa Laura Fernández.
UNA Comunica. (2026, enero 14). Planes de gobierno alertan pérdida de liderazgo ambiental en Costa Rica.
Crédito imágenes: DC Comics
La presente nota no es un comentario circunstancial. Es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (2022-2026). Durante este período, el Observatorio ha documentado decretos, proyectos de ley, conflictos territoriales, flexibilizaciones normativas, centralización de decisiones y la sistemática estigmatización de las personas defensoras del ambiente.
