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CODECE, colectivos y personas vecinas de Escazú defiende la participación ciudadana en el Plan Regulador

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El martes 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró una sesión que evidenció la participación activa y la inconformidad de la ciudadanía en asuntos locales. Vecinos, organizaciones comunitarias y la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) acudieron para exigir la restitución de la Comisión Especial del Plan Regulador. Esta comisión, que permite la representación vecinal en la planificación urbana, habría sido desactivada mediante un acuerdo aprobado el 29 de julio, según denuncian los ciudadanos.

Durante la sesión, la moción presentada por la ciudadanía para restablecer la comisión fue sometida a votación. El resultado fue de 2 votos a favor y 5 en contra, por lo que la propuesta no avanzó.
Votaron en contra: Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller. Votaron a favor: Mario Arce y Marcela Quesada.

La inconformidad de los vecinos y organizaciones refleja que la situación no ha concluido: la defensa de la participación ciudadana en la planificación urbana de Escazú continúa, subrayando la relevancia de la vigilancia comunitaria en la toma de decisiones municipales y en la construcción de un desarrollo sostenible y participativo.

El origen del conflicto

En la sesión del 29 de julio (Acuerdo AC-314-2025), cinco regidores aprobaron revocar acuerdos previos que conformaban la Comisión Especial del Plan Regulador, trasladando sus funciones a una oficina técnica municipal. Esto, afirman las organizaciones, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso, sin carácter vinculante.

CODECE y colectivos locales recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron modificaciones parciales al plan regulador que ampliaron zonas comerciales sin un debate comunitario amplio, ignorando en su mayoría las observaciones vecinales.

Lo que sucedió el 12 de agosto

Durante la sesión, se presentó formalmente una moción para revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 y reactivar el proceso de conformación de la Comisión Especial, respaldándose en la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento interno vigente y acuerdos municipales anteriores que mantienen vigente la figura de la Comisión.
Esta moción subraya que:

  • No existe actualmente una “Oficina del Plan Regulador” en la estructura administrativa municipal.
  • La Comisión Especial es el mecanismo legal y democrático para garantizar participación desde todas las fases del proceso (diagnóstico, escenarios, formulación, aplicación).
  • Las audiencias públicas por sí solas no aseguran una participación efectiva.

Un sentir compartido

Personas vecinas, mostraron su decepción ante lo que consideran un Concejo “cerrado” y “desconectado de la ciudadanía”, advirtiendo que se recordará qué partidos “están de espaldas a la comunidad”.

Recuerdan también que la votación del 29 de julio tuvo un trasfondo político más que técnico, y que las justificaciones dadas por quienes apoyaron el cambio fueron insuficientes.

¿Qué dicen los documentos presentados al Concejo?

Durante la sesión del 12 de agosto, vecinos y organizaciones sociales entregaron al Concejo Municipal dos textos clave: una carta de preocupación y una moción formal para restituir la Comisión Especial del Plan Regulador.

En la carta, las organizaciones recuerdan que:

  • La Comisión Especial ya había sido convocada en octubre de 2024 para incluir representantes comunitarios elegidos en asambleas distritales.
  • En enero de 2025 se inició un proceso para revisar su reglamento, pero este quedó inconcluso.
  • El 29 de julio de 2025, el Concejo revocó la conformación de la Comisión y trasladó la responsabilidad a una supuesta “Oficina del Plan Regulador” que, en realidad, no existe dentro de la estructura municipal.
  • Este cambio reduce la participación a audiencias públicas no vinculantes, lo que contradice el derecho constitucional a una democracia participativa.

La moción presentada ese día solicita:

  1. Revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 para restituir la Comisión Especial.
  2. Retomar el proceso de conformación con representantes de los distritos, regidores y personal técnico, conforme al reglamento vigente y acuerdos anteriores (218-03 de 2003 y AC-374-2024).
  3. Posponer cualquier reforma al reglamento hasta que la Comisión esté instalada, para que sea parte activa de su propia actualización.

El documento también expone que, según la Ley de Planificación Urbana, la Comisión es el órgano legalmente habilitado para participar en todas las fases de elaboración, modificación y aplicación del plan regulador, garantizando así transparencia y control ciudadano.

En resumen, los papeles entregados no solo cuestionan la legalidad y pertinencia del acuerdo de julio, sino que también proponen un camino concreto para restaurar la participación real y efectiva en la planificación territorial del cantón.

Una señal de institucionalidad distante

La decisión de postergar la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador —remitiendo la moción a la Comisión Jurídica en lugar de resolverla de inmediato— es interpretada por muchos como un reflejo de una institucionalidad que se aleja de la ciudadanía.

En la práctica, esta demora prolonga un estado en el que las comunidades permanecen sin un canal formal de incidencia directa en las decisiones sobre el territorio. Mientras tanto, el control y la definición de cambios al plan regulador recaen exclusivamente en instancias internas del gobierno local, sin representación electa por distrito.

Esta dinámica erosiona la confianza pública: las personas perciben que los mecanismos de participación, aunque reconocidos en la ley, se vuelven meramente decorativos cuando no se activan en los momentos cruciales. Además, envía un mensaje preocupante: que la planificación del territorio puede avanzar sin un diálogo continuo con quienes lo habitan y cuidan.

En un contexto donde la Constitución reconoce el gobierno como “popular, representativo y participativo” (artículo 9), cada aplazamiento sin justificación suficiente debilita el principio de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones, y alimenta la sensación de que las decisiones responden más a lógicas internas o intereses particulares que al interés general.

Lo que sigue

La moción presentada el 12 de agosto fue enviada a la Comisión Jurídica del Concejo, que deberá emitir un criterio legal. Este dictamen regresará al plenario municipal el próximo martes, donde se decidirá si se restablece la Comisión Especial o se mantiene el modelo de oficina técnica.

Las organizaciones llaman a llenar el Concejo nuevamente en esa sesión, advirtiendo que solo con presión ciudadana se podrá revertir una decisión que, a su juicio, limita la transparencia y abre la puerta a intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
Cobertura por parte de Mundo Escazú

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Escucha la voz desde Talamanca sobre los negocios verdes y los derechos indígenas – Emmanuel Buitrago

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En esta entrevista exclusiva, Emmanuel Buitrago —educador, activista social y promotor de derechos indígenas— comparte desde la comunidad de Bribri una reflexión profunda sobre los programas REDD+ y otros mecanismos que negocian bosques y territorios indígenas en nombre de la conservación.

A lo largo de la conversación, Emmanuel alerta sobre la distancia entre el lenguaje técnico de estos programas y la realidad de las comunidades, y propone caminos para que las políticas ambientales partan de las propias agendas indígenas.

🔑 Cinco ideas clave de la entrevista:

  1. Lenguaje y contexto cultural: Los programas se comunican con siglas y tecnicismos que excluyen a las comunidades; es vital traducir y contextualizar en idiomas y marcos culturales propios.
  2. Negocios verdes vs. derechos: REDD+ y otros mecanismos muchas veces limitan usos tradicionales de los bosques, mientras permiten que grandes corporaciones sigan contaminando.
  3. Imposición estatal: El Estado mantiene un modelo vertical que impone políticas sin construirlas desde las realidades indígenas.
  4. Recursos no negociables: Tierra, espiritualidad, ecosistemas y soberanía alimentaria deben ser ejes centrales definidos por las comunidades, no por foros internacionales.
  5. Responsabilidad estatal: Salud, educación, trabajo y tierra son derechos que el Estado debe garantizar sin condicionar a la aprobación de proyectos ambientales.

🎧 Escucha la entrevista completa y conoce la perspectiva desde Talamanca sobre cómo se negocia el futuro de los territorios indígenas y qué cambios son urgentes para garantizar justicia ambiental y respeto cultural.

1 18 jun 2015 f

Personas vecinas de San Rafael de Heredia exigen la cancelación de la patente del Tajo Jucarza

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El colectivo Conceverde, junto a vecinos y vecinas de Calle La Joaquina, en el distrito de Getsemaní, han elevado al Concejo Municipal de San Rafael de Heredia una solicitud formal y documentada para que se anule de manera definitiva la patente comercial e industrial que autoriza la explotación del Tajo Jucarza.

La comunidad denuncia que esta actividad extractiva, recientemente reactivada después de años de resistencia y acuerdos municipales previos que la habían frenado, contraviene de forma directa la normativa ambiental, las disposiciones de planificación urbana y la protección de las zonas de recarga hídrica establecidas por ley.

Para Conceverde y las familias del lugar, el regreso de la explotación del tajo no solo revive antiguas tensiones comunitarias y preocupaciones ambientales, sino que además representa un peligro inmediato y tangible para la salud pública, el bienestar cotidiano y la seguridad hídrica de toda la región.

El polvo en suspensión, el ruido constante de la maquinaria pesada, las vibraciones, y sobre todo el riesgo de contaminación del acuífero que abastece a amplias zonas del Valle Central, son factores que, según los denunciantes, hacen insostenible e ilegal la continuidad de esta cantera.

Nota enviada por Conveverde 08 de agosto del 2025 JFAC/CNV/010825

¿Qué es un tajo y por qué preocupa su impacto?

Un tajo es una cantera a cielo abierto utilizada para extraer piedra, grava, arena u otros materiales destinados principalmente a la construcción.
Su funcionamiento implica excavar grandes superficies de terreno, remover la cobertura vegetal, manipular explosivos y operar maquinaria pesada como excavadoras, cargadores, perforadoras y camiones de gran tonelaje.

Impactos típicos de un tajo:

  • Destrucción del paisaje y pérdida de cobertura vegetal, lo que provoca la desaparición de hábitats y la disminución de la biodiversidad.

  • Contaminación del aire por la emisión constante de polvo y partículas finas que afectan las vías respiratorias y generan molestias para las comunidades cercanas.

  • Ruido y vibraciones derivados de la maquinaria y posibles voladuras, afectando el descanso y la salud mental de los vecinos.

  • Alteración de suelos y aguas: la remoción de la capa protectora del suelo y el uso de combustibles y aceites incrementa el riesgo de contaminación de acuíferos y fuentes superficiales.

  • Modificación de la recarga hídrica: las excavaciones cambian la forma en que el agua de lluvia se infiltra en el suelo, reduciendo la capacidad de recarga de los acuíferos y aumentando la vulnerabilidad a sequías.

En áreas de alta recarga hídrica y vulnerabilidad hidrogeológica, como la que ocupa el Tajo Jucarza, estos impactos se potencian, comprometiendo la calidad y disponibilidad del agua para generaciones presentes y futuras.

Una actividad incompatible con la zona

  • El Tajo Jucarza se ubica dentro de la Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana (Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE), de uso predominantemente agrícola, donde solo se permiten actividades industriales inofensivas o incómodas y siempre que no colinden con zonas residenciales.

  • La explotación de canteras está clasificada por el Ministerio de Salud como actividad de alto riesgo (Riesgo A), prohibida en este tipo de zonas, más aún al estar rodeada de viviendas.

  • Estudios técnicos del SENARA confirman que el área presenta alta recarga acuífera (más de 700 mm/año) y rocas de gran conductividad hidráulica, lo que aumenta el riesgo de contaminación directa del acuífero si se compromete la capa protectora del suelo.

Impactos sobre la comunidad y el ambiente

  • Salud y bienestar: polvo, ruido y vibraciones constantes afectan la vida diaria de los vecinos y su tranquilidad.

  • Riesgo de contaminación del agua: manipulación de combustibles, lubricantes y otros insumos que pueden filtrarse hacia el acuífero.

  • Daño a ecosistemas locales: pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna y erosión acelerada.

  • Conflicto legal y administrativo: existen resoluciones municipales (2008 y 2009) que negaron el uso de suelo y declararon la actividad como no conforme, pero la explotación ha sido reactivada sin que, hasta donde se sabe, se haya otorgado un certificado de uso de suelo conforme, requisito indispensable por ley.

La solicitud de la comunidad

El colectivo Conceverde y los vecinos demandan al Concejo Municipal:

  1. Informar si se ha otorgado certificado de uso de suelo conforme para el Tajo Jucarza y, en caso afirmativo, anularlo por nulidad absoluta.
  2. Si no existe dicho certificado, iniciar el procedimiento administrativo para anular la patente comercial o industrial otorgada a la empresa operadora.
  3. Incluir a la comunidad como parte del proceso administrativo y notificar cada resolución.
  4. Cumplir y hacer cumplir las normativas de planificación urbana y protección ambiental que resguardan las zonas de recarga hídrica.

“La explotación del Tajo Jucarza no solo vulnera leyes y decretos, sino que amenaza el agua y la calidad de vida de quienes habitamos aquí. No hay justificación legal ni ambiental para su permanencia”, afirmaron representantes de Conceverde.

Esta solicitud ha sido remitida también a la Defensoría de los Habitantes, al SENARA, a la Comisión de Diputados de Heredia y a medios de prensa, con el objetivo de visibilizar y detener lo que consideran un riesgo inaceptable para la comunidad y el ambiente.
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CODECE y comunidades alzan la voz por la participación en el Plan Regulador de Escazú

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El próximo martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asocición para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para manifestar su rechazo a un reciente acuerdo que, según denuncian, debilita la participación ciudadana en la definición del Plan Regulador.

El pasado 29 de julio, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador y trasladar la responsabilidad del proceso a una oficina técnica municipal.
La medida genera preocupación porque, a diferencia de la Comisión, integrada por representantes comunitarios electos por distrito, miembros del Concejo y personal técnico municipal, la oficina técnica está conformada únicamente por funcionarios municipales, lo que reduce la representación y la voz de la ciudadanía en el proceso.

Precedentes que alertan

CODECE y otras organizaciones recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron decenas de reformas parciales al plan regulador que ampliaron las zonas comerciales del cantón en detrimento de otros usos del suelo, sin un debate comunitario amplio.
En ese momento, denuncian, los planes se elaboraron “entre cuatro paredes” y la única instancia de participación fue una audiencia pública de carácter más informativo que deliberativo, donde las observaciones de la población fueron en su mayoría desestimadas.

Defensa de la incidencia ciudadana

Para las personas y organizaciones convocantes, la Comisión Especial del Plan Regulador es un mecanismo clave que permite conocer, dar seguimiento y aportar directamente a las propuestas desde las primeras etapas del proceso.
Eliminarla, advierten, significa limitar la transparencia y la capacidad de incidencia comunitaria, abriendo la puerta a decisiones que prioricen intereses particulares sobre el bienestar colectivo y el ordenamiento equilibrado del territorio.

La importancia de la participación comunitaria

La participación comunitaria en un Plan Regulador no es un trámite administrativo, sino una garantía democrática para que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público y no únicamente a intereses privados o comerciales.

Una Comisión Especial con representación comunitaria ofrece un espacio de seguimiento permanente, donde vecinos y vecinas pueden:

  1. Conocer de primera mano las propuestas y cambios que se plantean.
  2. Aportar desde la experiencia y conocimiento del territorio, que muchas veces complementa la visión técnica.
  3. Fiscalizar que el proceso cumpla con la normativa y con principios de sostenibilidad ambiental y equidad social.

Sin estos espacios, el riesgo es que la planificación territorial se realice a puertas cerradas, reduciendo la transparencia y debilitando el control ciudadano.

Además, para que la participación sea real y no simbólica, es necesario que:

  1. La información se presente en un lenguaje claro, con mapas, datos y explicaciones comprensibles para toda la comunidad.
  2. El proceso sea accesible, con reuniones en horarios y lugares adecuados, y con mecanismos para que las personas puedan opinar aunque no asistan presencialmente.
  3. Los plazos sean razonables, permitiendo que las comunidades analicen las propuestas, discutan internamente y formulen observaciones fundamentadas.

Cuando estos elementos no se cumplen —por ejemplo, si se entregan documentos técnicos poco antes de una audiencia o si las observaciones se reciben pero no se consideran— la participación se convierte en un simple requisito formal, sin capacidad de incidir en las decisiones finales.

Por eso, CODECE y las organizaciones convocantes defienden que la Comisión Especial del Plan Regulador continúe siendo el espacio legítimo donde la ciudadanía pueda incidir de forma directa, informada y efectiva en el futuro del cantón.

¿Qué es un Plan Regulador en Costa Rica?

En el país, el Plan Regulador es el instrumento técnico y legal que ordena el uso del suelo en un cantón. Define qué áreas se destinan a vivienda, comercio, industria, protección ambiental, zonas agrícolas, recreativas, entre otras, así como las regulaciones que determinan la altura de edificaciones, densidad habitacional, retiros, y otros aspectos del desarrollo urbano y rural.

Su aprobación y actualización tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el acceso a áreas verdes y la preservación de ecosistemas, hasta la movilidad, la infraestructura y las oportunidades económicas. Por eso, su elaboración y reforma son procesos de alto interés público.

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La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío

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El pasado 3 de agosto, vecinas y vecinos de diversas comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal para manifestar su profunda preocupación por el avance de nuevas concesiones mineras sobre el cauce del Río Frío. El conversatorio, convocado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, fue un espacio de encuentro y denuncia ante una situación que amenaza de forma directa la vida comunitaria y los ecosistemas locales.

Un río bajo asedio

El encuentro se realizó en un contexto alarmante: recientemente fue otorgada una nueva concesión privada para la extracción de material del cauce, con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30. Esta se suma a más de 17 concesiones —algunas activas y otras caducas— que afectan la cuenca.

El caso más reciente ha generado indignación particular: la apertura de una zona de extracción a escasos 300 metros de la Escuela Palmital, en un camino comunitario que nunca fue atendido por la Municipalidad. Ese camino servía como acceso al río, un espacio que la comunidad utilizaba para recreación, descanso y conexión con la naturaleza. Hoy, ese mismo camino es recorrido por maquinaria pesada que extrae material para beneficio privado, sin que la comunidad reciba ningún aporte a cambio.

Las personas participantes denunciaron que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes, a pesar de que existen normas que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente los territorios. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, lamentó una vecina. El malestar es generalizado: no hubo proceso participativo, no existe control comunitario sobre el uso del río y el pago que realiza la empresa concesionaria al Estado es simbólico frente a los daños ocasionados.

El río no se agota solo: impactos acumulativos y desigualdad

Vecinas y vecinos relataron con preocupación los cambios que han vivido en las últimas décadas: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos como el cacao, modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Para la comunidad, estos efectos están ligados a la combinación de actividad extractiva, deforestación, y un modelo de desarrollo sin planificación territorial.

“Antes nos decían que el agua era inagotable. Hoy sabemos que no es cierto”, comentó un vecino con años de experiencia en gestión de recursos hídricos.

El daño no es solo ecológico. También es social, económico y cultural. Las formas tradicionales de vida en torno al río se han visto alteradas, mientras los caminos se deterioran sin recibir mantenimiento, a pesar de que toneladas de material salen del territorio cada año.

Se pierde el río, se cierran oportunidades: afectaciones al uso recreativo y al turismo rural comunitario

El Río Frío no solo es fuente de agua y vida para las comunidades de Guatuso: también ha sido, por generaciones, un espacio de encuentro, recreación y posibilidad. Sus márgenes y aguas tranquilas permitían que familias se bañaran, descansaran bajo la sombra o compartieran en comunidad los fines de semana. “Ahí íbamos a refrescarnos, a pasar un rato bonito. Ahora ya no se puede ni bajar, está tomado por las máquinas”, relató una persona vecina durante el conversatorio.

Uno de los caminos comunitarios que daba acceso al río fue recientemente intervenido por la empresa concesionaria. Lo que antes era una ruta hacia el río hoy es un acceso exclusivo para maquinaria pesada. La presencia constante de camiones y equipo de extracción no solo representa un riesgo para la seguridad, sino que ha generado un ambiente hostil, con ruido, barro y deterioro paisajístico que aleja cualquier posibilidad de uso recreativo.

Este deterioro también impacta directamente los proyectos de turismo rural comunitario, una alternativa económica que varias familias de la zona habían comenzado a desarrollar o tenían en perspectiva. El entorno natural del río —su belleza escénica, la posibilidad de caminar entre senderos, descansar en sus orillas o conocer su biodiversidad— era un atractivo claro para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, con el avance de la extracción, estas posibilidades se desvanecen.

“¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?”, comentó un vecino.

Lo que se pierde no es solo un paisaje. Se pierden ingresos familiares, empleos potenciales, proyectos de vida y un modelo de desarrollo alternativo que apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y el respeto al territorio.

Así, la extracción no solo deja un cauce devastado: también arrasa con los sueños de quienes imaginaban un futuro distinto para su comunidad.

¿Qué daños causa la extracción de materiales al río?

La comunidad identificó una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces:

  • Alteración del cauce natural: la extracción cambia el curso del río, provocando desbordamientos en zonas no previstas.
  • Aumento de la erosión: la remoción constante del lecho del río debilita sus márgenes, favoreciendo derrumbes y pérdida de suelo.
  • Pérdida de biodiversidad: peces, insectos acuáticos y otros organismos ven afectado su hábitat por el aumento del sedimento y el ruido.
  • Afectación de nacientes y humedales: la sobreexplotación altera el equilibrio hídrico, secando zonas que antes mantenían humedad constante.
  • Contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca: el uso de maquinaria pesada genera ruidos continuos y en época seca las partículas en el aire que afectan la salud de las personas.
  • Interrupción de caminos y acceso a fincas: la presencia de tajos y maquinaria ha bloqueado rutas usadas por la comunidad, afectando la producción y la

Además, potencialmente la falta de control y fiscalización permite que las extracciones se realicen sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

¿Qué hacer ante esta situación?

La comunidad acordó continuar fortaleciendo la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana.

También se planteó la urgencia de abordar problemáticas asociadas, como la deforestación, la expansión desregulada de proyectos privados y la falta de planificación desde los gobiernos locales. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

“Tenemos que actuar ya. No podemos quedarnos en palabras. El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, concluyó una de las participantes.

Para seguir informados

Las comunidades hacen un llamado urgente a defender el Río Frío como bien común. Se han abierto canales de comunicación, se prepara la documentación legal

necesaria y se construyen alianzas para acciones comunitarias, mediáticas y jurídicas.

El río no se vende. Se defiende.

El puente también sufre: alerta por posibles daños en La Amapola

Durante el conversatorio, las personas vecinas expresaron una creciente preocupación por el deterioro del puente de La Amapola, Terminio (construido en el año 2022, CNE, Municipalidad de Guatuso, con un costo de 388 millones de colones), infraestructura clave para la conectividad de la zona. De acuerdo con los testimonios, recientemente se habrían solicitado permisos para que maquinaria vinculada a las concesiones de minería no metálica transitara por debajo del puente, lo cual ha generado sospechas sobre su estado actual.

Vecinas y vecinos advierten que este tipo de tránsito —pesado, constante y no supervisado adecuadamente— podría haber afectado la base estructural del puente, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las personas que lo utilizan diariamente. Las condiciones actuales del puente fueron documentadas mediante fotografías compartidas por la comunidad, en las que ya se observan posibles signos de daño.

“Este puente fue clave para que no quedáramos aislados durante las últimas emergencias. No podemos permitir que lo debiliten con maquinaria que ni siquiera está al servicio de la comunidad”, señaló una participante.

Además de la preocupación estructural, se suma la indignación por la forma en que se gestionan estos permisos, en muchos casos sin consulta previa a la comunidad y sin un monitoreo técnico visible por parte de las autoridades competentes. El paso de maquinaria bajo el puente, con fines extractivos, contrasta con la falta de inversión pública para mejorar caminos, accesos y puentes al servicio del pueblo.

El caso del puente de La Amapola se convierte así en otro símbolo del desequilibrio entre las prioridades del modelo extractivo y las necesidades reales de la población local. Lo que debería protegerse como infraestructura comunitaria, termina expuesto al riesgo por decisiones que se toman lejos de la gente.
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Celebrar la biodiversidad: cuando proteger es también disfrutar – Piedades Sur de San Ramón

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🌿🐾 El pasado domingo 6 de julio, la comunidad de Piedades Sur de San Ramón vivió una jornada llena de alegría, aprendizaje y compromiso con la naturaleza durante el Primer Festival de Felinos. Este evento fue impulsado por el colectivo Felinos en Libertad, con el valioso apoyo de la Municipalidad de San Ramón, la Universidad de Costa Rica y diversos emprendimientos locales.

Durante esta jornada festiva se realizaron talleres de reciclaje, un recorrido guiado por la reserva natural del CTP de Piedades Sur, presentaciones culturales, actividades lúdicas organizadas por los Scouts y mucho más. Cada propuesta fue una invitación a reconocer la vida que habita el territorio, especialmente a los felinos silvestres, cuya presencia nos recuerda la urgencia de proteger los ecosistemas locales.

Las entrevistas presentadas en este video recogen voces de quienes hicieron posible esta experiencia: personas comprometidas con la educación socioambiental, la conservación, el arte y la participación comunitaria. Son testimonios que muestran cómo la alegría, el juego y el vínculo colectivo pueden ser potentes herramientas para sembrar conciencia y fortalecer el amor por nuestro entorno.

🎥 Escuchá a quienes están transformando su territorio desde el cuidado, el conocimiento y la celebración compartida.

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Tierra removida, árboles talados y amenazas veladas: alertas desde el Caribe Sur

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El pasado 25 de julio de 2025, Philippe Vangoidsenhoven —vecino y defensor ambiental de Puerto Viejo— se dirigía hacia Hone Creek cuando observó una escena que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más común en el Caribe Sur. A la altura de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, había gran presencia de maquinaria pesada: una retroexcavadora que salía hacia la calle, un furgón con tarima y dos vagonetas que, cargadas de tierra, dejaban caer material sobre la vía pública. Esta tierra caída no parecía un simple descuido, sino que evidenciaba el movimiento masivo de material, lo que hacía presumir que se realizaban trabajos de relleno de terreno como parte de una intervención de mayor envergadura en curso.

Al observar con mayor detalle, Philippe constató un patrón preocupante: primero se retira la tierra negra del terreno, luego se rellena con material presuntamente extraído ilegalmente de una loma y, finalmente, se cubre todo con lastre. Este proceso altera de forma acelerada el paisaje natural, afectando el suelo fértil y facilitando transformaciones que suelen preludiar desarrollos turísticos o urbanísticos sin control ambiental. Y aquí el punto clave no es solo si existen o no permisos: lo alarmante son las implicaciones de fondo que este tipo de acciones tiene sobre el paisaje, los ecosistemas y la vida comunitaria que depende de ellos.

Cuando Philippe decidió documentar la tierra esparcida en la vía, un conductor de vagoneta se le acercó de forma intimidante, preguntando una y otra vez: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?”. Ese momento refleja el riesgo cotidiano que enfrentan quienes, como Philippe, ejercen su derecho a defender el ambiente: hostigamientos, intentos de amedrentamiento y la sensación constante de vulnerabilidad.

Al día siguiente, Philippe regresó al sitio. El terreno ya estaba rellenado y, además, encontró otro punto donde varios árboles habían sido talados, presuntamente sin permisos, para abrir espacio a nuevas construcciones.

¿Por qué nos debe importar la tendencia urbanística en el Caribe Sur?

Porque no se trata de un hecho aislado ni de un simple movimiento de tierra. Cada intervención de este tipo altera el equilibrio ecolológico de la región, afecta la biodiversidad y degrada bienes comunes esenciales como el suelo fértil y el agua limpia. Al repetirse sin control, se va normalizando la idea de que es posible transformar terrenos y paisajes sin procesos transparentes ni evaluaciones ambientales rigurosas, debilitando la protección de áreas frágiles y ecosistemas sensibles: humedales, manglares, cauces de quebradas y la propia Zona Marítimo Terrestre, patrimonio colectivo de todas las personas.

Ignorar esta tendencia abre la puerta a un modelo de desarrollo que privilegia la ganancia privada por encima del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas que las sostienen. Al mismo tiempo, deja desprotegidas a las personas que, como Philippe, se atreven a documentar y denunciar estas prácticas, exponiéndose a riesgos personales por defender el territorio.

Un modelo que transforma el paisaje para urbanizar

El procedimiento observado por Philippe no es nuevo: forma parte de un modelo extendido en varias comunidades costeras. Se trata de preparar terrenos de forma intensiva para urbanización, incluso cuando no se cuenta con permisos claros.
El patrón suele ser así:

Retiro de capa fértil: se extrae la tierra negra rica en nutrientes, a menudo para venderla en otros lugares.

Relleno con material externo: se traen camiones con tierra proveniente de lomas, muchas veces extraída sin autorización.

Cobertura con lastre: se coloca una capa final para estabilizar el terreno y darle apariencia de “lote listo” para construcción.

Con este método, un terreno húmedo o agrícola se transforma rápidamente en un lote urbano, pero a costa de destruir ecosistemas, alterar el drenaje natural y aumentar riesgos de inundación.

El patrón de peligro para quienes defienden el ambiente

Documentar estos procesos no es solo un acto de ciudadanía responsable; también puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Las personas defensoras ambientales, como Philippe, enfrentan patrones de hostigamiento y amenazas cuando exponen prácticas ilegales o irregulares.
Estos riesgos incluyen:

  • Acoso verbal o físico al ser sorprendidas tomando fotos o registrando evidencia.

  • Intimidación indirecta, como seguirlas, bloquearles el paso o interpelarlas agresivamente.

  • Falta de respuesta efectiva de las autoridades, lo que deja a estas personas en situación de indefensión.

Defender el ambiente no debería ser peligroso. Sin embargo, en lugares como el Caribe Sur, quienes alzan la voz se convierten en la primera línea de resistencia ante actividades que transforman los paisajes sin respeto por la ley ni por la vida que sostienen.

¿Qué podemos hacer?

  • Mantenernos informados sobre los cambios en nuestro entorno.

  • Denunciar ante las autoridades competentes (como el 911, MINAE o al SINAC) cuando observamos prácticas que podrían ser ilegales.

  • Respaldar a las personas defensoras ambientales, reconociendo su aporte y exigiendo garantías para su seguridad.

  • Valorar y fortalecer los registros y monitoreos comunitarios, que permiten evidenciar los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. Fotografías, videos y bitácoras son piezas clave para exigir responsabilidades y visibilizar procesos que, de otra forma, quedarían ocultos.

El registro de Philippe no es solo un testimonio; es un llamado urgente a mirar con atención cómo, bajo la apariencia de “mejoras” o “rellenos”, se están transformando paisajes que sostienen la vida y la cultura del Caribe Sur. La vigilancia ciudadana y el seguimiento constante son herramientas esenciales para proteger estos territorios que nos pertenecen a todos y todas.

Registro fotográfico

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, ATEC y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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CODECE solicita inspección ante posibles afectaciones en la cuenca del río Carrizal

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La Asociación Conservacionista de los Cerros de Escazú (CODECE) participó este martes 15 de julio en la sesión del Concejo Municipal de Escazú, donde presentó una solicitud formal de inspección ante posibles afectaciones en la cuenca alta del río Carrizal.

Según lo expuesto por la organización, en las últimas semanas han circulado reportes ciudadanos sobre cambios inusuales en la calidad del agua, observados especialmente en días secos. Las aguas del río Carrizal habrían presentado una coloración turbia y presencia de sedimentos, lo cual encendió las alertas de vecinas y vecinos que han realizado inspecciones informales en el sector conocido como Rosalinda, en Jaboncillos. Las inspecciones de campo se realizaron específicamente en la parte alta del río Carrizal (Carrizal arriba), aunque la turbidez del agua ha sido observada a lo largo de todo el cauce.

A partir de estos reportes, CODECE identificó la presencia recurrente de maquinaria pesada en una finca ubicada cerca de nacientes del río. Hasta el momento no se ha podido confirmar si las actividades en el sitio cuentan con permisos de movimiento de tierra ni si se han realizado estudios de impacto ambiental, por lo que se considera fundamental realizar una verificación oficial.

 La zona en cuestión forma parte de una microcuenca de alta sensibilidad ecológica, donde nacen diversos manantiales que alimentan el río Carrizal. Aunque no se integran directamente a un sistema de agua potable formal, CODECE advierte sobre la importancia estratégica de estas aguas en una fase temprana del ciclo hidrológico, aún no intervenidas por usos agrícolas o urbanos.

Citando la Ley Forestal N.º 7575, CODECE recordó que toda naciente debe contar con una franja de protección mínima de 100 metros, y cualquier intervención en ese radio requiere una evaluación ambiental. Además, se mencionaron las directrices del SINAC que enfatizan el carácter crítico de estas zonas para la recarga hídrica y la biodiversidad.

En su presentación, la asociación solicitó:

  • Verificar si las obras cuentan con permisos y si cumplen con la normativa ambiental vigente.

  • La intervención del Departamento de Gestión Ambiental del municipio.

  • Garantizar la protección efectiva de las nacientes del río Carrizal.

CODECE ha sido reconocida históricamente por su labor comprometida en el monitoreo ambiental de los Cerros de Escazú. Su trabajo de vigilancia ciudadana y denuncia ambiental ha sido clave para resguardar ecosistemas vulnerables y fomentar una participación activa de las comunidades en la defensa del agua y el territorio.

Cuidar las aguas que aún no vemos

Aunque las nacientes del río Carrizal no estén actualmente integradas a un sistema formal de agua potable, su protección es fundamental. Estas aguas, limpias y jóvenes, representan una etapa temprana del ciclo hidrológico, y su salud tiene repercusiones directas en los ecosistemas río abajo.

La interconectividad ecológica nos recuerda que ningún cuerpo de agua está aislado: las microcuencas, los manantiales y los suelos que los rodean son parte de una red compleja que sostiene la vida. Al intervenir estos espacios sin controles, no solo se afecta la biodiversidad local, sino que se debilita la capacidad natural de filtración, recarga y regulación hídrica que permite, más adelante, que tengamos agua limpia y segura en nuestros hogares.

Cuidar las aguas «que aún no usamos» es, en realidad, cuidar las fuentes que mañana podrían ser esenciales. Es un acto de responsabilidad intergeneracional, de previsión ante el cambio climático y de respeto por los equilibrios que sostienen la vida. En tiempos donde el agua escasea o se contamina con facilidad, defender estos nacimientos no es opcional: es un deber urgente.

Ciudadanía vigilante: clave para la defensa ambiental

El cuidado del ambiente no puede quedar únicamente en manos de las instituciones. La experiencia demuestra que muchas de las alertas tempranas sobre afectaciones ambientales provienen de comunidades atentas, que conocen su territorio, caminan sus ríos, observan cambios y levantan la voz cuando algo no está bien.

El caso del río Carrizal refleja esa responsabilidad activa: personas vecinas que notaron el cambio en el agua, que registraron en fotografías lo que estaba ocurriendo y lo compartieron con una organización comprometida como CODECE. Gracias a esta red de observación y acción, hoy se solicita una inspección formal que podría prevenir daños mayores.

El monitoreo comunitario, la denuncia responsable y la organización territorial son pilares de una democracia ecológica. En un contexto donde muchas veces los intereses económicos avanzan más rápido que los controles ambientales, el involucramiento ciudadano se vuelve una línea de defensa vital.

Fortalecer estas capacidades comunitarias no solo mejora la respuesta ante conflictos socioambientales, también construye tejido social, recupera saberes locales y promueve una cultura del cuidado desde abajo. Porque nadie protege mejor un río, una montaña o una naciente que quienes la viven, la conocen y la aman.

Las imágenes utilizadas son parte de la presentación utilizada por Javier Sánchez de CODECE.

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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

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Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.