El expediente legislativo 24.717, que pretende reformar el Código de Minería para permitir la exploración y explotación metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos, es apenas el capítulo más reciente de una historia que parece no tener fin.
En 2010, tras una amplia movilización social y luego de la polémica del proyecto Crucitas, Costa Rica aprobó la Ley 8904 y se declaró país libre de minería metálica a cielo abierto. Aquella decisión fue celebrada como un triunfo ambiental y como parte de la identidad costarricense frente al mundo. Quince años después, el mismo fantasma vuelve a rondar los pasillos legislativos, disfrazado ahora de “minería sostenible” o de “minería responsable”.
La pereza mental como patrón político
Este regreso no es casual. Responde a lo que podemos llamar una pereza mental de la política nacional: en vez de innovar, repensar el desarrollo territorial o diseñar políticas que fortalezcan las economías locales sin hipotecar el ambiente, se recurre una y otra vez al viejo libreto extractivista.
La minería se presenta como la salida fácil a problemas complejos: inseguridad en Cutris, abandono de comunidades, presencia de minería ilegal, falta de inversión estatal. Frente a esas realidades, en lugar de pensar alternativas productivas integrales, se elige la receta de siempre: concesionar los bienes comunes al mercado global, con la promesa de regalías que rara vez compensan los daños.
Este atajo político evita la reflexión de fondo: ¿qué modelo de desarrollo queremos para las comunidades rurales? ¿Cómo construimos un futuro que no dependa de destruir la base natural de nuestra riqueza?
La historia que vuelve una y otra vez
La minería metálica ha sido rechazada en la calle, en los tribunales y en la Constitución ambiental no escrita de Costa Rica. Sin embargo, el tema regresa periódicamente en forma de proyectos de ley:
2010 – Ley 8904: el país se declara libre de minería metálica a cielo abierto.
2014–2018 – Exp. 21.229: regula la minería artesanal de Abangares, primer intento de abrir grietas en la prohibición.
2019–2022 – Exp. 21.584: “desarrollo social mediante la actividad minera metálica”.
2022 – Exp. 22.007 (Crucitas): revive la polémica del norte del país.
2022 – Proyecto IN2022629581: propone un marco “moderno” para la minería.
2023 – Exp. 23.534 (Ley 10375): permite que cooperativas mineras en Abangares procesen oro.
2024 – Exps. 24.533 y 24.577: buscan excepciones al uso de cianuro y mercurio.
2024–2025 – Exp. 24.717 (Cutris/Crucitas): plantea reactivar minería metálica a cielo abierto, bajo el sello de “sostenible”.
La lista evidencia que el tema nunca muere: muta, cambia de nombre, se disfraza de interés local o de “modernización”, pero en el fondo responde al mismo impulso: convertir los bienes comunes en rentas extractivas.
El espejismo de la “minería sostenible”
La retórica oficial insiste en que la minería moderna puede ser “sostenible” gracias a tecnologías limpias y normas internacionales. Pero se omite un dato fundamental: no existe minería metálica a cielo abierto sin deforestación, sin consumo intensivo de agua, sin contaminación y sin fractura social en los territorios.
El mismo proyecto 24.717 reconoce el desastre ambiental y social provocado por la minería ilegal en Crucitas. Sin embargo, en lugar de cuestionar por qué el Estado permitió ese vacío, propone legalizar la actividad bajo control estatal. Es decir: se diagnostica el caos, pero en vez de cerrarlo, se lo institucionaliza.
El costo de repetir fórmulas
El retorno de la minería a la agenda legislativa muestra un retroceso en la capacidad política del país. Cada vez que se presenta un proyecto de este tipo, la discusión pública se enfrasca en un falso dilema: o se acepta la minería o se condena a las comunidades a la pobreza.
Pero esa narrativa invisibiliza otras salidas:
Programas de restauración ecológica con empleo local.
Inversión en infraestructura rural que potencie la producción agroecológica.
Turismo comunitario y educación ambiental como fuente de ingresos.
Encadenamientos productivos locales que no dependan del oro.
No es falta de opciones: es falta de imaginación política.
¿Es necesaria la minería legal para frenar la ilegal en Crucitas?
Uno de los argumentos que circula en torno al proyecto de ley que propone autorizar la minería en Crucitas es que legalizar la actividad reduciría la explotación ilícita de oro. Según esta visión, permitir la minería regulada desplazaría a los “coligalleros” y disminuiría los impactos ambientales asociados a la actividad ilegal.
No obstante, la minería legal no es condición indispensable para combatir la ilegal. La presencia de coligalleros depende más de factores como la vigilancia estatal, la efectividad de la fiscalización ambiental y las alternativas económicas para las comunidades locales. En otras palabras, incluso sin abrir minas legales, es posible reducir la minería ilegal mediante controles rigurosos, sanciones efectivas y estrategias de desarrollo sostenible.
Por lo tanto, la legalización no garantiza por sí sola la eliminación de la actividad ilícita. El desafío principal radica en establecer mecanismos de control claros y sostenibles que protejan los ecosistemas y brinden seguridad jurídica, independientemente de si se autoriza o no la explotación formal del oro en la región.
Lo que está en juego
Al volver una y otra vez con la misma receta, el país corre el riesgo de normalizar la idea de que el oro en el subsuelo vale más que el agua, los bosques y la vida de las comunidades.
La verdadera soberanía no se mide en onzas exportadas ni en regalías comparadas con Colombia o República Dominicana. Se mide en la capacidad de un país de cuidar su herencia natural y garantizar que los bienes comunes sigan siendo eso: comunes, no mercancías privatizadas.
En vez de insistir con un modelo caduco, Costa Rica necesita una política con imaginación, capaz de ver más allá de los lingotes y de asumir que los bienes comunes son la base de cualquier futuro posible.
¿Quiénes presionan por la minería?
El regreso constante de proyectos mineros en la Asamblea Legislativa no ocurre por casualidad. Detrás de cada expediente, hay una red de intereses económicos, políticos y mediáticos que buscan mantener abierta la posibilidad del extractivismo en el país.
- Inversiones y empresas mineras internacionales
Aunque Costa Rica se declaró libre de minería metálica a cielo abierto en 2010, las empresas del sector no han desaparecido. El caso de Infinito Gold demostró cómo las transnacionales pueden presionar incluso con arbitrajes internacionales. Hoy, compañías vinculadas al oro siguen observando al país como un territorio atractivo, especialmente en la zona de Crucitas y Cutris, por el potencial geológico de sus yacimientos.
Estas empresas mantienen vínculos con cámaras de exportación, consultoras y bufetes especializados en derecho minero y comercial, que alimentan discursos de “seguridad jurídica” y “competitividad internacional”.
- Intereses locales y redes clientelares
En regiones como Abangares y San Carlos, existe una base de pequeños mineros artesanales que llevan décadas en la actividad. Sus demandas legítimas de trabajo e ingresos son utilizadas como argumento político para flexibilizar la normativa nacional.
Los proyectos legislativos que hablan de “cooperativas mineras” o de “formalizar la minería artesanal” en realidad abren grietas legales que terminan beneficiando a actores con mayor capacidad económica. El discurso local es así instrumentalizado para justificar concesiones más amplias.
- El lobby político en la Asamblea
Algunos diputados y diputadas presentan proyectos de minería no solo por convicción, sino también por alineación con sectores empresariales o como moneda de cambio en negociaciones políticas. La minería se convierte en bandera ideológica de “aprovechar recursos” frente a quienes defienden los límites ambientales.
Este lobby no siempre es visible: muchas veces opera a través de discursos técnicos (regalías, estándares OCDE, competitividad), pero en la práctica responde a la presión de grupos empresariales que buscan abrir la puerta a la minería en momentos de crisis fiscal o desempleo.
- Narrativas mediáticas y académicas funcionales
En paralelo, algunos medios de comunicación y consultorías privadas reproducen la narrativa de que “Costa Rica está desperdiciando millones de dólares bajo tierra”. Se citan cifras de oro perdido por la minería ilegal, se comparan regalías con Colombia o República Dominicana, y se presenta la minería como un negocio desaprovechado por culpa de restricciones ambientales excesivas.
Incluso ciertos sectores académicos han sido cooptados para legitimar la idea de una minería “técnica, responsable y sostenible”, reforzando el imaginario de que la prohibición es una anomalía que debe corregirse.
Lo que revela esta presión
Detrás de cada nuevo proyecto de ley minero no hay solo preocupación por las comunidades rurales, sino intereses más amplios que buscan convertir los bienes comunes en renta privada. La insistencia con que vuelve el tema demuestra que, aunque la sociedad costarricense ya dio un paso adelante en 2010, los grupos de presión se resisten a soltar el negocio.
En última instancia, esta dinámica explica por qué la política cae en la pereza mental: es más sencillo ceder ante esos intereses y revivir fórmulas extractivas, que enfrentarlos con propuestas de desarrollo realmente innovadoras y centradas en el bien común.
Crédito imágenes: Semanario Universidad
