Entre 1998 y 2003, Costa Rica enfrentó una de sus luchas ambientales más importantes: la resistencia contra la exploración y explotación petrolera. En este video, Javier Acuña y Juan Luis Castillo, protagonistas de esta historia, reflexionan sobre la importancia de esa lucha, los aprendizajes que dejó y los desafíos que implicó convencer, articular sectores y fortalecer la solidaridad.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
| Aspecto Clave | Descripción |
|---|---|
| Definición | La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto. |
| Propiedad | La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada. |
| Uso y concesiones | Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). |
| Prohibiciones | Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles. |
| Protección especial | Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales. |
| Denuncias | Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental. |
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.
El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.
Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.
La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.
Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica
El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.
Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.
El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.
Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.
Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:
Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.
Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.
La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.
Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.
Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.
Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.
Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.
Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.
A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.
A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.
Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.
Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.
Día Mundial de los Humedales: Protejamos Nuestros Ríos
Cada 2 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de los Humedales, recordándonos la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación del clima y el abastecimiento de agua. En Costa Rica, el Humedal de Caño Negro, reconocido como sitio Ramsar, depende directamente del caudal del Río Frío. Sin embargo, este río enfrenta amenazas crecientes debido a la extracción de sus recursos y la falta de una gestión adecuada por parte de las autoridades responsables.
Actualmente, la mayoría de las concesiones otorgadas para la explotación de materiales en los ríos son públicas, pero esto no garantiza que se estén manejando de manera sostenible. Es fundamental que las comunidades de Guatuso y Caño Negro se mantengan vigilantes y exijan transparencia en la administración de estos recursos. La creación de una auditoría ciudadana permitiría un mayor control sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales y evitaría abusos que comprometan la salud del ecosistema.
Regenerar un río es una tarea casi imposible. A diferencia de otras prácticas donde se extrae material y que eventualmente puede recuperarse, un río que ha sido contaminado, dragado y sobreexplotado pierde su capacidad de renovar el agua y mantener la vida. Es por eso que no solo debemos monitorear las concesiones públicas, sino también prevenir cualquier intento de otorgar concesiones privadas que podrían profundizar aún más el deterioro del Río Frío y sus lagunas.
Si se empiezan a otorgar concesiones privadas sin un control adecuado, se corre el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre la conservación ambiental. La falta de regulación efectiva podría acelerar el daño al ecosistema y debilitar la capacidad de recuperación de los humedales. Este escenario pondría en peligro la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que benefician a toda la comunidad.
La protección de los humedales no es solo responsabilidad del gobierno o de organizaciones ambientales. Como ciudadanos, debemos exigir una gestión responsable que priorice el bienestar de los ecosistemas sobre los beneficios económicos de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la administración de los recursos naturales.
En este Día Mundial de los Humedales, hacemos un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros ríos enfrentan amenazas constantes. Debemos organizarnos, denunciar, exigir soluciones y recordar que los humedales son patrimonio de todos. ¡Sigamos vigilantes y defendamos lo que nos pertenece!
El grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se une a la celebración del Día Mundial de los Humedales, recordándonos la gran riqueza natural que posee Guatuso. En esta región existen extensas áreas de humedales, como Caño Blanco, un ecosistema de gran importancia para la biodiversidad. También se encuentran otros humedales significativos en Mónico, La Unión y desde Moravia Verde hasta Cañas y la frontera con Nicaragua. Estos ecosistemas no solo albergan una gran diversidad de flora y fauna, sino que también son esenciales para la regulación del agua y la vida de muchas comunidades.
Uno de los aspectos clave de estos humedales es su carácter transfronterizo. Cuando hablamos de su conservación, debemos reconocer que estos ecosistemas no tienen límites políticos. La protección del Humedal de Caño Negro, por ejemplo, no es solo responsabilidad de Los Chiles, sino también de Guatuso, Nicaragua y todas las comunidades que dependen de él. Entender esta interconexión es fundamental para su defensa, ya que las afectaciones en una parte del humedal impactan todo el ecosistema, sin importar en qué país o cantón se encuentren.
La vulnerabilidad está servida
Sin embargo, este frágil ecosistema enfrenta amenazas crecientes. Actividades como la pesca irresponsable, la expansión de piñeras y las empresas de tubérculos han venido a vulnerabilizar aún más los humedales del Río Frío. El uso intensivo de agroquímicos, la contaminación del agua y la alteración de los cauces naturales ponen en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de muchas comunidades locales.
Los humedales no pueden verse únicamente como territorios delimitados por fronteras humanas; son ecosistemas vivos y universales que pertenecen a todos. Su conservación requiere cooperación entre comunidades, países y organizaciones, asegurando que las decisiones que se tomen para su manejo sean integrales y sostenibles. La falta de protección en un sector puede significar la degradación de todo el ecosistema, afectando no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida de quienes dependen de estos cuerpos de agua.
En este Día Mundial de los Humedales, el llamado es claro: debemos reconocer que la defensa de estos ecosistemas nos concierne a todos. La comunidad de Maquengal y el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío reiteran su compromiso de vigilar y exigir una gestión responsable, sin distinciones de fronteras. La protección de los humedales es una tarea compartida, y solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar que sigan cumpliendo su papel vital para las futuras generaciones.
Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.
Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.
Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.
*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.
El pasado viernes 17 de enero de 2025, participamos en el plantón contra la gentrificación y dialogamos con varias personas asistentes para profundizar en este fenómeno, sus implicaciones en la naturaleza y su impacto en las comunidades locales. Les invitamos a reflexionar sobre los contextos que están intensificando estos procesos.
El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.
Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.
Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.
En julio de 2025, se prevé la apertura de un relleno sanitario cerca de la comunidad de Salamá, Osa, una región de alto valor ecológico y social. Este proyecto, que abarcará 60 hectáreas y recibirá 3,000 toneladas diarias de basura, ha despertado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales en las comunidades cercanas.
¿Por qué deberías interesarte?
Este relleno sanitario se ubicará entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, cerca de nacientes y humedales como el Térraba-Sierpe. Los lixiviados, un líquido altamente contaminante que se genera cuando el agua entra en contacto con la basura, podrían afectar el agua que abastece a las comunidades de Finca Puntarenas y Salamá, quienes dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.
Además de la contaminación, el proyecto podría alterar el flujo hídrico de la región, causar pérdida de biodiversidad y generar conflictos socioambientales debido a olores, tráfico y el uso del territorio.
¿Qué podemos aprender?
En nuestra infografía, exploramos los riesgos de este proyecto, su impacto en la naturaleza y la necesidad urgente que tenemos por pensar y exigir a nuestras autoridades alternativas para un manejo más sostenible de los residuos.
Esto es una invitación para que reflexionemos juntos y juntas sobre cómo proteger los bienes naturales y garantizar una mejor calidad de vida para nuestras comunidades.
Les compartimos el Recurso de Amparo dónde la Sala Constitucional le ordena a Presidente de la ASADA de Piedras Blancas de Osa que otorgó disponibilidad de agua a empresa desarrolladora de Relleno Sanitario en Osa a rendir cuentas ante consultas de la comunidad de Salamá de Osa y el diputado Ariel Robles Barrantes.
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de casos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, de las cuales dependen miles de personas para acceder al agua potable, casos como Cipreses de Oreamuno o Barranca de Puntarenas, han sido señales de alerta.
Estos eventos de contaminación, en muchas ocasiones, han estado vinculados a la creciente presión de actividades productivas como los monocultivos o prácticas agrícolas que manejan inadecuadamente los agrotóxicos, e incluso utilizan sustancias prohibidas.
Ante este contexto, el gobierno de la república, a través del Ministerio de Salud, propone una reforma mediante el decreto MS-AJ-CB-2932-2024, que modifica el decreto ejecutivo No. 38924-S del 12 de enero de 2015, conocido como el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. La reforma establece el cambio de “Valores Máximos Admisibles” a “Valor de Alerta”.
Esta propuesta representa una flexibilización de la normativa ambiental, permitiendo una mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas en el agua potable destinada al consumo humano.
La contaminación de nuestras fuentes de agua por sustancias como el mancozeb y el clorotalonil es una muestra de la creciente fragilidad de nuestros territorios. Esto no solo afecta el consumo de agua potable, sino también provoca daños en los ecosistemas que dependen de esos cuerpos de agua.
Cualquier medida de protección y reconocimiento de la importancia de estos bienes comunes, como el agua para nuestras comunidades, no puede ser ignorada. Intentar flexibilizar la normativa vigente y permitir mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas puede tener un impacto negativo potencial en la salud humana y en los ecosistemas.
Por esta razón, les compartimos esta infografía que busca problematizar la actual propuesta y debatir sobre la pertinencia de la flexibilidad en la normativa ambiental.
