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Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

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Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/

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Bienes Comunes en Corto – Cuando el Pueblo dijo que no: La lucha contra la Petrolera en Costa Rica

Entre 1998 y 2003, Costa Rica enfrentó una de sus luchas ambientales más importantes: la resistencia contra la exploración y explotación petrolera. En este video, Javier Acuña y Juan Luis Castillo, protagonistas de esta historia, reflexionan sobre la importancia de esa lucha, los aprendizajes que dejó y los desafíos que implicó convencer, articular sectores y fortalecer la solidaridad.

Crédito de la imagen tomado del diario La Nación.
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Alerta en el Caribe Sur: la denuncia que evitó mayor impacto ambiental

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.

En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.

Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.

Prácticas conocidas para cometer delitos

Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.

Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.

Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.

Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.

La importancia de denunciar

Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.

Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.

El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.

Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria

A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.

Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.

Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.

Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica

Aspecto ClaveDescripción
DefiniciónLa Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
PropiedadLa ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesionesLos 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
ProhibicionesSe prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especialSi la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
DenunciasCualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
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Expediente legislativo 24.717 Crucitas entre el Oro y la Naturaleza: ¿Qué Camino Elegirá Costa Rica?

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.

Pueden descargar el documento aquí.

Impactos Ambientales: Un Ecosistema en Peligro

El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.

Minería Ilegal y Crimen Organizado

Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.

¿Qué es la minería a cielo abierto?

La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.

Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica

  • Desde la década de 1990 ha habido debates sobre la minería en Crucitas.
  • Cronología de leyes y sentencias clave:
    • 2002: Se impone una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
    • 2010: Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe esta actividad en todo el país.
    • 2010-2011: Tribunales nacionales anulan la concesión minera a Industrias Infinito S.A. por ilegalidades.
    • 2021-2023: Fallos de la Sala Constitucional ordenan acciones contra la minería ilegal en Crucitas.

El Arbitraje Internacional y la Regulación Vigente

El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.

Alternativas Sostenibles: Más Allá del Extractivismo

Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.

¿Qué sigue?

El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.

Minería a cielo abierto: ¿De que hablamos?

Impactos ambientales

Deforestación y pérdida de biodiversidad
  • La minería a cielo abierto requiere la eliminación de grandes extensiones de bosques y suelos, afectando ecosistemas completos.
  • En zonas como Crucitas (Costa Rica), la minería amenaza especies en peligro de extinción, como la lapa verde (Ara ambiguus), que depende del almendro amarillo para anidar y alimentarse.
  • También afecta corredores biológicos y reservas naturales, fragmentando hábitats y alterando los equilibrios ecológicos.
Contaminación del agua
  • Se generan residuos tóxicos que pueden filtrarse a ríos, acuíferos y lagos, afectando la calidad del agua potable.
  • En la minería de oro, se usa cianuro para disolver el metal, lo que puede ocasionar envenenamiento de cuerpos de agua si no se maneja correctamente.
  • La contaminación por mercurio, usado en la minería artesanal, se bioacumula en peces y afecta a las comunidades humanas cercanas.
Suelo y geología
  • La remoción masiva de tierra provoca erosión, deslizamientos y la pérdida de la capacidad productiva del suelo.
  • Se generan grandes escombreras y relaves (desechos tóxicos), que pueden filtrar metales pesados y sustancias químicas al ambiente.
Emisiones de gases y contaminación del aire
  • La voladura de rocas y el uso de maquinaria generan polvo tóxico y emiten gases de efecto invernadero.
  • Se liberan metales pesados como arsénico y plomo, afectando la salud de las comunidades cercanas.

Impactos sociales y económicos

Conflictos socioambientales
  • La minería a cielo abierto es un foco de conflictos entre comunidades, empresas y gobiernos debido a los impactos ecológicos y la falta de consulta a poblaciones locales.
  • En América Latina, se han documentado numerosos conflictos, donde comunidades indígenas y rurales han resistido proyectos mineros que afectan su territorio.
  • En Costa Rica, el caso de Crucitas ha sido un ejemplo de oposición social sostenida contra la minería a cielo abierto.
Minería ilegal y crimen organizado
  • Cuando los proyectos mineros son detenidos o prohibidos, muchas veces surge minería ilegal, vinculada al narcotráfico, explotación laboral y trata de personas.
  • En Crucitas, el OIJ ha identificado redes de minería ilegal desde 2017, asociadas a tráfico de mercurio, armas y corrupción de funcionarios.
Desplazamiento de comunidades
  • En muchos casos, los proyectos mineros implican desalojos de comunidades que viven en las áreas concesionadas.
  • Se generan cambios en el uso del suelo, afectando actividades económicas tradicionales como la agricultura y la pesca.
Dependencia económica y poca redistribución de beneficios
  • La minería a cielo abierto genera grandes ingresos para las empresas, pero pocos beneficios para las comunidades locales.
  • Muchas veces, los empleos son temporales y desaparecen una vez agotado el recurso.
  • Los gobiernos suelen depender de los ingresos mineros sin invertir en diversificación económica.

Breve cronología

Década de 1990

  • 1996: Decreto Ejecutivo 25700-MINAE declara la veda total del aprovechamiento de árboles en peligro de extinción.

Años 2000-2010

  • 2001 (17 de diciembre): Resolución R-578-2001-MINAE otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito.
  • 2002 (enero): Se publica en La Gaceta la resolución R-578-2001-MINAE.
  • 2002 (junio): Decreto Ejecutivo 30477-MINAE declara una moratoria nacional indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto.
  • 2002: Sentencia 2002-2486 de la Sala Constitucional reconoce la obligación del Estado de proteger la lapa verde y el almendro amarillo.
  • 2004: Sentencia 2004–13414 de la Sala Constitucional anula la resolución R-578-2001-MINAE por falta de estudio de impacto ambiental.
  • 2005 (enero): Resolución 119-2005-SETENA previene a Industrias Infinito por deficiencias en su Estudio de Impacto Ambiental.
  • 2005 (diciembre): Resolución 3638-2005 de SETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto Crucitas.
  • 2007: Presentación de cambio en la viabilidad ambiental del proyecto, posteriormente declarado ilegal.
  • 2008 (febrero): Resolución 170-2008-SETENA modifica la viabilidad ambiental del proyecto.
  • 2008: Decreto Ejecutivo 34801-MINAE declara el proyecto Crucitas de interés público.
  • 2009: Sentencia 2009-17155 de la Sala Constitucional no resuelve la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE.
  • 2010 (diciembre):
    • Sentencia 2010-4399 del Tribunal Contencioso Administrativo anula la concesión minera de Industrias Infinito.
    • Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.

Años 2011-2020

  • 2011 (noviembre): Sentencia 1469-F-S1-2011 de la Sala Primera confirma la anulación del proyecto minero.
  • 2014 (marzo): Infinito Gold presenta demanda ante el CIADI contra Costa Rica.
  • 2015 (noviembre): Sentencia 1438-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo sobre ejecución de la sentencia del 2010, luego anulada en 2017.
  • 2017:
    • Inician reportes sobre extracción ilegal de oro en Crucitas.
    • APREFLOFAS alerta sobre la contaminación por mercurio.
  • 2019:
    • OIJ inicia investigaciones sobre la minería ilegal en Crucitas.
    • Operaciones policiales detectan tráfico de oro y mercurio.
  • 2021 (junio):
    • Laudo del CIADI determina que Costa Rica no debe pagar indemnización a Infinito Gold.
    • Sentencia 2021-20047 de la Sala Constitucional ordena medidas contra la minería ilegal en Crucitas.

Años 2022-2025

  • 2023 (febrero): Nueva sentencia de la Sala Constitucional reitera la necesidad de acciones contra la minería ilegal.
  • 2024 (julio): Decreto Ejecutivo 44564-MINAE declara moratoria en Crucitas.
  • 2024 (septiembre): Investigación periodística revela que oro ilegal de Crucitas es transportado y lavado en Abangares.
  • 2024 (noviembre): El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y para reformar parcialmente el Código de Minería (Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982).
  • 2025 (marzo): APREFLOFAS presenta su criterio sobre el expediente legislativo 24.717 ante la Asamblea Legislativa.
La minería a cielo abierto es una de las actividades más controversiales en términos socioambientales. Su impacto va más allá del daño ecológico, generando desigualdades económicas, conflictos sociales y problemas de salud pública. En países con alta biodiversidad y modelos de desarrollo basados en el turismo y la conservación, como Costa Rica, su legalización pone en riesgo el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.
superior playa negra

Playa Negra en alerta: Retiran material de finca que afectaba humedales

Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.

Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:

«Es una decisión demasiado buena, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevo luchando. Que, en el mismo momento, se diga: ‘saca esa vara de vuelta’. Y, por supuesto, se abrirá un expediente contra esa compañía…»

¿Qué está pasando?

Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.

Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.

La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.

Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.

¿Por qué importa el cuido de los humedales?

Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.

Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.

Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.

Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.

A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.

A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.

Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.

Defensores ambientales: Un pilar clave en la protección del Caribe Sur

Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.

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El grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío: Un llamado a proteger los humedales

Día Mundial de los Humedales: Protejamos Nuestros Ríos

Cada 2 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de los Humedales, recordándonos la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación del clima y el abastecimiento de agua. En Costa Rica, el Humedal de Caño Negro, reconocido como sitio Ramsar, depende directamente del caudal del Río Frío. Sin embargo, este río enfrenta amenazas crecientes debido a la extracción de sus recursos y la falta de una gestión adecuada por parte de las autoridades responsables.

Actualmente, la mayoría de las concesiones otorgadas para la explotación de materiales en los ríos son públicas, pero esto no garantiza que se estén manejando de manera sostenible. Es fundamental que las comunidades de Guatuso y Caño Negro se mantengan vigilantes y exijan transparencia en la administración de estos recursos. La creación de una auditoría ciudadana permitiría un mayor control sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales y evitaría abusos que comprometan la salud del ecosistema.

Regenerar un río es una tarea casi imposible. A diferencia de otras prácticas donde se extrae material y que eventualmente puede recuperarse, un río que ha sido contaminado, dragado y sobreexplotado pierde su capacidad de renovar el agua y mantener la vida. Es por eso que no solo debemos monitorear las concesiones públicas, sino también prevenir cualquier intento de otorgar concesiones privadas que podrían profundizar aún más el deterioro del Río Frío y sus lagunas.

Si se empiezan a otorgar concesiones privadas sin un control adecuado, se corre el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre la conservación ambiental. La falta de regulación efectiva podría acelerar el daño al ecosistema y debilitar la capacidad de recuperación de los humedales. Este escenario pondría en peligro la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que benefician a toda la comunidad.

La protección de los humedales no es solo responsabilidad del gobierno o de organizaciones ambientales. Como ciudadanos, debemos exigir una gestión responsable que priorice el bienestar de los ecosistemas sobre los beneficios económicos de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la administración de los recursos naturales.

En este Día Mundial de los Humedales, hacemos un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros ríos enfrentan amenazas constantes. Debemos organizarnos, denunciar, exigir soluciones y recordar que los humedales son patrimonio de todos. ¡Sigamos vigilantes y defendamos lo que nos pertenece!

Los humedales no tienen fronteras: La importancia de una protección compartida

El grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se une a la celebración del Día Mundial de los Humedales, recordándonos la gran riqueza natural que posee Guatuso. En esta región existen extensas áreas de humedales, como Caño Blanco, un ecosistema de gran importancia para la biodiversidad. También se encuentran otros humedales significativos en Mónico, La Unión y desde Moravia Verde hasta Cañas y la frontera con Nicaragua. Estos ecosistemas no solo albergan una gran diversidad de flora y fauna, sino que también son esenciales para la regulación del agua y la vida de muchas comunidades.

Uno de los aspectos clave de estos humedales es su carácter transfronterizo. Cuando hablamos de su conservación, debemos reconocer que estos ecosistemas no tienen límites políticos. La protección del Humedal de Caño Negro, por ejemplo, no es solo responsabilidad de Los Chiles, sino también de Guatuso, Nicaragua y todas las comunidades que dependen de él. Entender esta interconexión es fundamental para su defensa, ya que las afectaciones en una parte del humedal impactan todo el ecosistema, sin importar en qué país o cantón se encuentren.

La vulnerabilidad está servida

Sin embargo, este frágil ecosistema enfrenta amenazas crecientes. Actividades como la pesca irresponsable, la expansión de piñeras y las empresas de tubérculos han venido a vulnerabilizar aún más los humedales del Río Frío. El uso intensivo de agroquímicos, la contaminación del agua y la alteración de los cauces naturales ponen en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de muchas comunidades locales.

Los humedales no pueden verse únicamente como territorios delimitados por fronteras humanas; son ecosistemas vivos y universales que pertenecen a todos. Su conservación requiere cooperación entre comunidades, países y organizaciones, asegurando que las decisiones que se tomen para su manejo sean integrales y sostenibles. La falta de protección en un sector puede significar la degradación de todo el ecosistema, afectando no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida de quienes dependen de estos cuerpos de agua.

En este Día Mundial de los Humedales, el llamado es claro: debemos reconocer que la defensa de estos ecosistemas nos concierne a todos. La comunidad de Maquengal y el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío reiteran su compromiso de vigilar y exigir una gestión responsable, sin distinciones de fronteras. La protección de los humedales es una tarea compartida, y solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar que sigan cumpliendo su papel vital para las futuras generaciones.

Es importante señalar que en este contexto que estamos atravesando de alta vulnerabilidad de nuestros ecosistemas el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se opone rotundamente a las concesiones privadas para extracción de material.

Galería Caño Negro

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Honduras: Política ambiental bajo las armas Nos acompaña Lucía Vijil Saybe

Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.

Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.

Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.

*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.

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Gentrificación ¿Qué es eso?

El pasado viernes 17 de enero de 2025, participamos en el plantón contra la gentrificación y dialogamos con varias personas asistentes para profundizar en este fenómeno, sus implicaciones en la naturaleza y su impacto en las comunidades locales. Les invitamos a reflexionar sobre los contextos que están intensificando estos procesos.

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Gentrificación y exclusión: Una lucha que no podemos ignorar

El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.

Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.

Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.

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