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Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

mayo 5, 2025

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En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

Inseguridad jurídica sobre la tierra:
Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.
Procesos judiciales interminables:
Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.
Presiones y amenazas de desalojo:
Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.
Deterioro de las condiciones de vida:
Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.
Pérdida de salud y calidad de vida:
El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.
Despojo silencioso:
Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.
Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

Alteración de laderas en Bribrí: riesgos ecológicos y sociales de la remoción de tierra

abril 29, 2025

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Seguimiento a actividades de extracción de tierra en Bribrí

Continuamos dando seguimiento al caso relacionado con la empresa quebradora ubicada en Bribrí, donde se ha observado la operación de maquinaria pesada sobre una loma colindante con su predio principal. De acuerdo con testimonios de personas vecinas y registros fotográficos recopilados, dicha maquinaria estaría realizando labores de remoción de tierra, alterando de manera visible la conformación natural del terreno.

Durante las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se habría indicado que el movimiento de tierra observado corresponde a un deslizamiento natural. No obstante, las evidencias gráficas documentadas muestran la presencia activa de maquinaria, lo que ha generado inquietud en la comunidad respecto al verdadero origen y propósito de dichas intervenciones.

Como se detalló en una nota anterior, esta empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de las autoridades debido a actividades fuera de las áreas autorizadas en su concesión minera. En aquella ocasión, fue requerida a implementar medidas correctivas específicas, las cuales, según consta en la documentación oficial disponible, fueron acatadas.

Actualmente, según información del Catastro Minero, la empresa mantiene abiertos tres procesos administrativos, todos vinculados a actividades de extracción en Cauce de Dominio Público (principalmente arenas y gravas de ríos y quebradas). Sin embargo, es importante señalar que la remoción de tierra en lomas o montañas constituye una actividad distinta, que debe tramitarse mediante una concesión minera de explotación específica, acompañada de los respectivos estudios y permisos ambientales.

Frente a la situación actual, miembros de la comunidad han presentado consultas formales ante la Municipalidad local, con el objetivo de esclarecer el marco jurídico aplicable a la remoción de tierra en terrenos de ladera, considerando que la legislación vigente establece requisitos estrictos para este tipo de actividades fuera de cauces públicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las personas no han recibido una respuesta oficial que clarifique estos aspectos, más allá de un listado general de requisitos.

Cabe destacar que la remoción de tierra en zonas de ladera, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los del Caribe Sur, puede tener consecuencias ambientales graves. Entre ellas se incluyen el aumento de la erosión, la pérdida de cobertura vegetal, la afectación de acuíferos y un incremento en el riesgo de deslizamientos, afectando tanto a la biodiversidad como a la seguridad de las comunidades humanas.

Por estas razones, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen un abordaje riguroso, transparente y preventivo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, en resguardo de los bienes comunes y de la estabilidad ecológica de la región.

Impactos de la extracción de tierra en la flora y fauna de ecosistemas frágiles

La extracción de tierra en lomas y montañas genera una serie de impactos significativos sobre la flora y fauna local, afectando particularmente ecosistemas frágiles como los del Caribe Sur de Costa Rica. La remoción de grandes volúmenes de suelo altera profundamente los procesos ecológicos que sostienen la vida en estos territorios.

Uno de los principales efectos es la destrucción directa de la cobertura vegetal. La remoción de árboles, arbustos y otras plantas elimina especies de importancia ecológica y destruye hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y reptiles. Esta pérdida de vegetación expone el suelo a la erosión, lo que puede degradar fuentes de agua cercanas y fragmentar corredores biológicos vitales.

Además, el ruido y la vibración ocasionados por maquinaria pesada perturban a la fauna silvestre, alterando sus patrones de comportamiento, desplazando a especies sensibles y afectando sus ciclos de reproducción y alimentación. Muchas especies locales, algunas endémicas o en riesgo de extinción, dependen de condiciones específicas de humedad, temperatura y cobertura, las cuales son alteradas significativamente por la actividad extractiva.

La fragmentación del hábitat representa otro efecto grave. La apertura de caminos y la remoción de tierra intensiva crean barreras físicas que dificultan el desplazamiento de los animales, reducen el acceso a fuentes de alimento y agua, y limitan las posibilidades de intercambio genético entre poblaciones, comprometiendo la biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, la alteración de los patrones hidrológicos como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal puede modificar el curso natural de quebradas y nacientes, afectando no solo a las especies acuáticas, sino también a toda la cadena ecológica que depende del acceso a agua limpia y continua.

En suma, la extracción de tierra en zonas de ladera compromete la estabilidad ecológica de los ecosistemas, afectando no solo a la biodiversidad inmediata, sino también a los servicios ambientales esenciales que sustentan la calidad de vida de las comunidades humanas cercanas. Por ello, es fundamental que estas actividades sean sometidas a controles ambientales rigurosos y que se privilegien alternativas que minimicen el daño a los ecosistemas naturales.

Algunas de las especies que habitan esta zona y que han sido captadas por las personas vecinas desde sus patios

Cuadro informativo para diferenciar los tipos de concesión

Aspecto	Extracción en río (OMA – Materiales de arrastre)	Extracción en loma/montaña (tierra sólida)
Tipo de material	Materiales sueltos: arena, grava, piedras de cauces de ríos o quebradas.	Tierra, tosca, arcilla, material de laderas, suelos consolidados.
Permiso	Permiso especial para materiales de arrastre. Se tramita como concesión en cauce público. Requiere derecho de uso municipal.	Concesión minera de explotación (sobre tierra firme). Implica inscripción del área en el Registro Nacional y requiere propiedad o consentimiento del dueño.
Autoridades involucradas	Dirección de Geología y Minas (DGM) + Municipalidad (permiso de uso de cauce).	DGM + Municipalidad (uso de suelo) + SETENA (viabilidad ambiental formal).
Proceso	Más sencillo: solicitud en DGM + aval de Municipalidad + posible evaluación ambiental básica.	Más complejo: solicitud formal de concesión minera, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), certificación de uso de suelo, publicación de edictos, análisis técnico profundo.
Trámite ambiental	En muchos casos basta un formulario D1 ante SETENA.	Normalmente es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.
Tiempos de tramitación	Puede resolverse en varios meses si toda la documentación está completa.	Puede tardar más de un año debido a estudios, audiencias y trámites ante SETENA.
Restricciones comunes	No extraer cerca de nacientes, quebradas protegidas o zonas vulnerables.	Prohibido en áreas de conservación, zonas de recarga acuífera o terrenos con alta pendiente sin medidas de control de erosión.
Fiscalización	Inspecciones periódicas de DGM y SETENA, pero menos intensas.	Fiscalización constante, reportes periódicos de cumplimiento ambiental y visitas de control.
Reforestación/Restauración	No siempre exigida si es en cauces activos.	Obligatoria: presentar plan de restauración de suelos y reforestación después de la explotación.

¿Por qué importa?

Aunque los casos específicos pueden variar, preocupa que buena parte del material extraído de laderas y montañas en la región esté siendo utilizado para el relleno de humedales en el Caribe Sur. Esta práctica no solo contribuye a la pérdida de ecosistemas vitales, sino que también profundiza los impactos ecológicos derivados de actividades extractivas poco reguladas. En zonas con alta fragilidad ambiental, como esta región, la alteración de terrenos naturales y el uso de suelos removidos para modificar humedales representan una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio hidrológico y a la seguridad territorial de las comunidades locales.

De ecosistemas vivos a lotes vacíos: la transformación del Caribe Sur

abril 29, 2025

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En el Caribe Sur de Costa Rica, se está gestando un proceso alarmante de transformación territorial que amenaza profundamente los ecosistemas locales y las formas de vida tradicionales. La dinámica que se observa combina la obtención de permisos de uso de suelo de procedencia cuestionable, la extracción intensiva de recursos maderables y la expansión acelerada de proyectos urbanísticos.

El procedimiento suele repetirse: primero se consigue un permiso, muchas veces bajo argumentos débiles o con interpretaciones laxas de la normativa ambiental. A partir de ahí, se talan los árboles más valiosos, se retira toda la madera de interés comercial, y posteriormente se interviene el terreno con maquinaria pesada. Se eliminan los árboles jóvenes, se rellena el área —muchas veces afectando humedales, corredores biológicos y áreas de conservación—, y finalmente el terreno se divide y lotea para la venta inmobiliaria.

Este modelo de ocupación y urbanización no es aislado ni casual. Se reproduce sistemáticamente en distintos puntos del Caribe Sur, desde zonas de alta biodiversidad hasta áreas rurales antes dedicadas a pequeños usos agrícolas. El patrón que se impone responde a una lógica de mercado que prioriza la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo sobre cualquier consideración ambiental o social.

Las implicaciones de este proceso son profundas: la pérdida de cobertura forestal, la fragmentación de hábitats, la alteración de los ciclos hidrológicos y la creciente presión sobre las comunidades locales. Además, se consolida un modelo de desarrollo excluyente, que favorece a grandes inversionistas y marginaliza a las poblaciones que tradicionalmente han habitado y protegido estos territorios.

Esta discusión va mucho más allá de estar “a favor” o “en contra” del turismo. El problema central radica en el impacto profundo que este modelo de urbanización descontrolada tiene sobre las condiciones ecosistémicas de una región que ya de por sí es altamente vulnerable. El Caribe Sur alberga ecosistemas frágiles, donde pequeños cambios en el uso del suelo pueden desencadenar desequilibrios mayores: afectación de humedales, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, alteraciones en los flujos de agua y mayor exposición a eventos extremos como inundaciones. No se trata de oponerse al desarrollo o al turismo per se, sino de evidenciar cómo, bajo una lógica de especulación inmobiliaria y extractivismo encubierto, se está comprometiendo de manera irreversible la integridad ecológica y la resiliencia futura de toda la región.

Reconocer y nombrar este proceso es fundamental. No se trata solo de “nuevos lotes” o “nuevos desarrollos”; es la profundización de un modelo que subordina la vida, la biodiversidad y el tejido comunitario a la lógica del mercado y la ganancia rápida. Urge visibilizar lo que está ocurriendo en el Caribe Sur y abrir espacios de resistencia y reflexión crítica para defender un territorio que aún guarda una inmensa riqueza natural y cultural, pero que hoy está en grave riesgo.

Este artículo se nutre del trabajo incansable y las reflexiones de Philippe Vangoidsenhoven, quien durante más de veinte años ha ejercido una labor constante de vigilancia, documentación y denuncia ambiental en el Caribe Sur. Gracias a su compromiso ético y a su profunda conexión con el territorio, ha sido posible visibilizar procesos de destrucción ecológica que muchas veces permanecen ocultos o minimizados. Su trayectoria es un testimonio de resistencia y de defensa activa de los bienes comunes, en un contexto donde la presión inmobiliaria y la laxitud de las autoridades amenazan con transformar irreversiblemente la riqueza natural y cultural de la región.

El proceso de transformación ambiental para fines inmobiliarios sigue un patrón que, aunque varía en sus detalles, tiende a repetirse en muchas zonas. A continuación, se expone una secuencia generalizada de etapas que caracterizan este tipo de intervención, desde la obtención inicial de permisos hasta la conversión final del territorio en lotes para venta.

Obtención del permiso: Se gestiona un permiso, a menudo con argumentos débiles o interpretaciones flexibles de la normativa ambiental.

Extracción de recursos: Se talan los árboles valiosos y se extrae la madera con interés comercial.

Intervención del terreno: Se utiliza maquinaria pesada para modificar el terreno, eliminando árboles jóvenes y alterando ecosistemas sensibles.

Transformación del uso del suelo: Se rellena el área, incluso en zonas ambientalmente protegidas.

Loteo y venta: El terreno se divide en lotes y se destina a la venta inmobiliaria.

Tácticas comunes de flexibilización de normas ambientales en procesos de urbanización descontrolada

El avance de desarrollos urbanísticos en regiones ecológicamente sensibles, como el Caribe Sur de Costa Rica, suele apoyarse en tácticas sistemáticas de debilitamiento de la normativa ambiental y de los mecanismos de control público. Entre las prácticas más comunes destacan:

Fraccionamiento fraudulento de terrenos: Un gran lote es subdividido en pequeñas parcelas para evitar la aplicación de regulaciones más estrictas que se imponen a proyectos mayores. Al presentar los desarrollos como iniciativas pequeñas e individuales, se diluyen los requisitos de evaluación de impacto ambiental.
Solicitudes de permisos fragmentados: En lugar de presentar el proyecto de urbanización completo, los promotores ingresan múltiples solicitudes menores, a veces en distintos momentos, para sortear umbrales regulatorios que exigen estudios de impacto ambiental o consultas comunitarias.
Recalificación inconsistente del uso del suelo: A través de gestiones poco transparentes ante municipalidades, zonas que estaban destinadas a conservación o uso agrícola son reetiquetadas como áreas urbanizables, sin evaluaciones técnicas adecuadas ni participación ciudadana efectiva.

Permisos de tala bajo excusas agronómicas: Se obtienen permisos para «mejoramiento de cultivos» o «prevención de plagas», que en la práctica permiten talar extensas áreas de bosque secundario o vegetación de protección, abriendo el camino para futuras urbanizaciones.
Omisión o debilitamiento de estudios técnicos: Muchas veces los estudios de impacto ambiental son elaborados de forma superficial, sin trabajo de campo real o minimizando deliberadamente los riesgos ecológicos. Incluso se contratan consultorías que operan en clara connivencia con los desarrolladores.
Uso de «permisos vencidos» o «no actualizados»: Se utilizan autorizaciones antiguas, emitidas bajo condiciones ambientales y normativas diferentes, para legitimar obras nuevas en contextos donde la situación ecológica actual exigiría medidas de protección más estrictas.

Estas tácticas no son casos aislados, sino prácticas que forman parte de un patrón de flexibilización normativa que beneficia a intereses privados a corto plazo, a costa de la destrucción de ecosistemas y del deterioro de los bienes comunes. Su existencia muestra que el problema no solo es la debilidad de las leyes, sino también la falta de voluntad política para hacerlas cumplir y proteger verdaderamente el patrimonio ambiental.

Galería: Tala, urbanización y transformación del paisaje en el Caribe Sur

Esta galería reúne una serie de imágenes tomadas en distintos puntos del Caribe Sur —Cahuita, Hone Creek, Punta Uva y Playa Negra— que ilustran las múltiples formas en que la tala de árboles se articula con procesos de urbanización acelerada. Cada fotografía documenta momentos clave de este fenómeno: desde la extracción de madera y el uso de maquinaria pesada, hasta la fragmentación de terrenos y la apertura de nuevos caminos para futuros desarrollos inmobiliarios.

Las imágenes son resultado del trabajo de documentación de Philippe Vangoidsenhoven, quien por más de dos décadas ha dedicado su esfuerzo a observar, registrar y denunciar las transformaciones ambientales en esta región. A través de su mirada atenta, esta galería permite evidenciar no solo los impactos visibles sobre los ecosistemas locales, sino también la lógica subyacente de un modelo de ocupación territorial que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades.

Cada caso presentado en la galería constituye una pieza más en el rompecabezas de un proceso más amplio de degradación ecológica, que amenaza con cambiar irreversiblemente el carácter del Caribe Sur. Invitamos a recorrer estas imágenes no solo como un registro gráfico, sino como un llamado urgente a la reflexión y a la acción.

Caso en Cahuita

Caso Hone Creek

Caso en Playa Negra

Caso Punta Uva

Caso Puerto Viejo

Retén Tuba Creek

Tránsito de camiones

Nota: Todas las imágenes y videos incluidos en este documento son de carácter ilustrativo. Su propósito es ofrecer una idea general del contexto y de las situaciones que pueden implicar este tipo de actividades extractivas. No representan casos específicos ni deben interpretarse como evidencia directa de hechos concretos.

La tala sin freno amenaza la vida en el Caribe Sur

abril 27, 2025

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Este fin de semana, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven reportó que, en la calle principal camino a Punta Riel, en el Caribe Sur costarricense, se detectó un camión sin placas cargado con tucas de madera. En el material audiovisual disponible, se observa también la draga utilizada para cargar el furgón, así como la presencia de varios vehículos que, según señala Vangoidsenhoven, «podemos presumir que son los encargados de este desastre». El defensor enfatizó: «Es una barbaridad, y ahora está calmado, imagínese. Hay que hacer algo sobre eso».

Este hallazgo evidencia la intensificación de prácticas de tala, tanto bajo permisos cuestionables como de forma completamente ilegal. La situación se da en un contexto preocupante de extracción forestal descontrolada, mientras las instituciones responsables parecen actuar de manera omisa o desbordada ante el volumen de casos.

El uso de vehículos sin placa es una estrategia común entre los grupos dedicados a la tala ilegal: impide rastrear la propiedad del vehículo, complica las investigaciones judiciales y reduce las posibilidades de sanción. Sin embargo, esta no es la única práctica irregular. También se reportan permisos forestales tramitados con información falsa, movilización de madera fuera de los horarios permitidos, tala encubierta bajo proyectos agrícolas o de infraestructura, y el uso de rutas clandestinas para el transporte de madera.

Vangoidsenhoven agregó que anteriormente se habían decomisado 11 furgones de madera en la zona de Tuba Creek, advirtiendo que el patrón de operación continúa: «Ellos tienen que seguir hacia Limón para procesar la madera, deben ir a un lugar específico que tiene permisos y todo eso. Allí tiene que pasar por el control de puesto. Vamos a ver si los van a parar. La policía los tiene que revisar y comunicarse inmediatamente con la Fiscalía ambiental». No obstante, advirtió sobre una grave limitación: «La policía no está entrenada para ese tipo de cosas. Lo que sucede es que les enseñan cualquier papel y vámonos».

La legislación costarricense, a través de la Ley Forestal N° 7575, establece que toda extracción, transporte y comercialización de productos forestales debe contar con permisos debidamente otorgados, y que el transporte debe hacerse en vehículos identificables, con guías de transporte en regla. El uso de camiones sin placas constituye una infracción a la Ley de Tránsito (Ley N° 9078) y una falta grave en materia ambiental, susceptible de sanciones administrativas y penales. Además, el Código Penal castiga los delitos contra los recursos naturales en su artículo 50 y siguientes.

La situación en el Caribe Sur exige acciones urgentes. No sólo está en riesgo el patrimonio natural, sino también los medios de vida locales, la biodiversidad y los esfuerzos de conservación comunitaria. La situación evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ambientales, judiciales y municipales para contener la ilegalidad y proteger los bosques del Caribe Sur.

Esta nota se realizó con el apoyo del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, cuyo compromiso con la protección del Caribe Sur ha sido fundamental para visibilizar estas denuncias.

Aspectos a considerar sobre la tala ilegal

Ley Forestal N° 7575 (art. 38 y 46): Toda tala debe contar con permisos otorgados por el SINAC. El transporte de madera requiere una Guía de Transporte Forestal y vehículos plenamente identificados.
Ley de Tránsito N° 9078 (art. 98): Circular sin placas es una infracción gravísima, sancionada con multa y decomiso del vehículo.
Código Penal (art. 385): La extracción ilegal de productos forestales puede ser castigada con penas de prisión de 1 a 3 años.
Prácticas ilegales frecuentes:
- Uso de camiones sin placa o con placas falsas.
- Tala en propiedades ajenas o territorios indígenas sin autorización.
- Transporte nocturno para evadir controles.
- Alteración de documentos para legalizar madera extraída ilícitamente.
Impacto ambiental:
- Pérdida acelerada de biodiversidad.
- Aumento de la erosión y degradación del suelo.
- Alteración de fuentes de agua y afectación a las comunidades locales.

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Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

abril 25, 2025

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Vecinos del centro de Puerto Viejo advierten sobre una preocupante intervención en un pequeño bosque ubicado cerca de la calle del Gueto, dentro de una propiedad vinculada a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una vecina de la zona, tras sufrir la caída de un árbol sobre su vivienda, presentó una demanda solicitando la tala de dos árboles específicos que representan un peligro evidente. Sin embargo, el caso ha derivado en una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del sistema judicial.

Según indicó un ingeniero del AyA que inspeccionó recientemente el sitio, existe una orden judicial para talar el bosque más allá de los árboles señalados, en lo que parece ser una interpretación errónea o arbitraria de la solicitud original. Esta decisión, tomada sin considerar la particularidad del ecosistema local ni el criterio técnico especializado, representa un grave exceso de atribuciones por parte del juez.

Es preocupante que resoluciones de este tipo se dicten de manera tan generalizada y sin un análisis contextual. El bosque en cuestión, aunque pequeño, forma parte de un corredor ecológico, provee servicios ambientales importantes y es parte del paisaje que la comunidad desea conservar. Resolver a ciegas, sin conocer el territorio ni escuchar adecuadamente a las partes involucradas, refleja una desconexión institucional que puede tener consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.

Las personas vecinas de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades, organizaciones ambientales y a la ciudadanía en general para que ejerzan presión y detengan esta acción innecesaria e inconsulta. La comunidad no ha solicitado la destrucción de un ecosistema, sino la atención a un riesgo puntual con sensatez y responsabilidad.

El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó una visita al lugar para documentar la situación actual del bosque. A través de una serie de fotografías, se puede observar el estado del ecosistema y la dimensión del impacto.

Después de su visita, nos comparte su apreciación: “Esta mañana fui al lugar e hice una documentación fotográfica del terreno donde están talando los árboles. Aunque dicen que solo están cortando las copas, en realidad están eliminando casi una tercera parte del árbol, y en algunos casos dejan apenas el tronco, lo cual está prohibido. Es importante que se sepa que esta área forma parte del terreno destinado a la planta de tratamiento de aguas negras. Conozco bien ese lugar porque en varias ocasiones he ido a observarlo, ya que tenía entendido que ahí mismo se planeaba construir dicha planta.”

Estos videos forman parte de los registros realizados por Philippe durante su visita al lugar, con el propósito de verificar y documentar los daños ocasionados.

Fotografías

Vicios frecuentes en decisiones judiciales sobre manejo de árboles y ecosistemas

En múltiples territorios del país, las acciones judiciales relacionadas con el derribo de árboles o el manejo de vegetación en zonas habitadas se han caracterizado por una serie de prácticas que resultan altamente problemáticas desde el enfoque ambiental y comunitario.

Uno de los principales vicios es la falta de precisión técnica en las resoluciones: las órdenes de corta suelen basarse en informes verbales o descripciones generales, sin delimitar claramente los árboles que deben ser intervenidos, lo que deja margen para interpretaciones amplias y, en algunos casos, tala excesiva. Esto se agrava cuando las ejecuciones no cuentan con un plan de manejo ambiental ni con supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.

Otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentar lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional. Esta asimetría revela una orientación que prioriza la eliminación de riesgos visibles, pero minimiza o ignora los valores ecológicos y culturales de los territorios.

Además, muchas de estas decisiones se toman sin participación efectiva de las comunidades, y sin considerar los saberes locales ni los contextos socioecológicos. Esto refuerza una lógica tecnocrática y centralista que deslegitima la voz de quienes habitan y defienden los territorios.

En lugar de aplicar soluciones desproporcionadas que pueden provocar más daño que beneficio, es urgente promover mecanismos de evaluación rigurosa, participación comunitaria vinculante y enfoques integrales que conjuguen la seguridad con la conservación ambiental.

La paradoja de la justicia ambiental: rapidez para destruir, lentitud para proteger

Esta situación revela una contradicción cada vez más evidente en la forma en que opera el sistema judicial frente a los temas ambientales. Cuando se trata de autorizar talas, construcciones o acciones que implican la degradación de ecosistemas, las resoluciones parecen fluir con sorprendente agilidad. En este caso, una solicitud puntual para mitigar un riesgo terminó en una orden para arrasar con un bosque entero, sin estudios ambientales, sin participación comunitaria, y con una ejecución inmediata.

En contraste, cuando las comunidades exigen medidas para proteger territorios, frenar actividades ilegales o garantizar el resguardo de bienes naturales comunes, los procesos suelen dilatarse, se exigen pruebas técnicas complejas, y rara vez se dictan medidas cautelares con la misma urgencia. Esta disparidad refleja una preocupante orientación institucional que favorece la intervención y la desprotección por encima de la precaución y la conservación.

Si la justicia actúa con tanto ímpetu para destruir, debería al menos mostrar el mismo compromiso para proteger. La comunidad de Puerto Viejo no puede aceptar que decisiones tan serias y con impactos irreversibles se tomen sin diálogo, sin comprensión del territorio, y sin respeto por el entorno natural que nos sostiene.

La importancia de la conservación del bosque y la diferencia entre la tala selectiva y la tala total

Los bosques urbanos y periurbanos cumplen una función ecológica esencial, no solo como espacios de recreación para las comunidades, sino como reguladores del clima, del ciclo del agua y hábitats para diversas especies. Sin embargo, cuando se presentan riesgos relacionados con árboles deteriorados o peligrosos, se deben tomar decisiones de manejo que garanticen la seguridad sin comprometer el ecosistema.

La tala selectiva o controlada es una intervención puntual y cuidadosamente planificada, que se realiza con el objetivo de eliminar árboles que están deteriorados o que representan un peligro inmediato para la seguridad de las personas o propiedades. Este tipo de intervención, cuando se realiza correctamente, minimiza el impacto ambiental, preservando la biodiversidad y las funciones ecológicas del bosque, como la regulación de la temperatura, la humedad, y la protección del suelo y los cuerpos de agua.

Por otro lado, la tala total o poda masiva de un bosque es una intervención destructiva que elimina grandes áreas de vegetación sin tener en cuenta las particularidades del ecosistema. Este tipo de acción no solo destruye el hábitat de muchas especies, sino que altera el equilibrio ecológico, afectando los corredores biológicos y la capacidad del bosque para regular el clima y el ciclo del agua. Además, una tala masiva pone en riesgo la biodiversidad local y puede tener efectos irreversibles en el ecosistema a corto y largo plazo.

Por tanto, es fundamental que las decisiones relacionadas con el manejo de los bosques y los árboles sean tomadas con conocimiento del territorio y en diálogo con las comunidades. No es lo mismo cortar un árbol deteriorado por razones de seguridad, que talar un bosque entero sin justificación ni necesidad, lo cual puede tener consecuencias graves y duraderas para el ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Cuidar lo que otros quieren destruir: crónica del monitoreo ambiental

abril 16, 2025

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Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.

En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.

En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.

Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.

Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.

Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio

Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.

Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.

Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur

Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.

El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.

La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.

Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.

Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica

En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.

Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.

La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.

Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.

Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

abril 11, 2025

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La fragilidad de las medidas de protección.

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero....¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.

Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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2017

2023

Sentires y Saberes: Del Campo al Plato conversamos con Ryan Galt

abril 9, 2025

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Exploramos con el investigador Ryan Galt los principales hallazgos de su investigación, en la que analiza los trayectos históricos del sistema agroalimentario en Costa Rica entre 1960 y 2014. En esta conversación, se abordan los impactos del modelo neoliberal en la producción agrícola, los cambios en la dieta y las transformaciones socioeconómicas del país. Una mirada crítica y reveladora sobre cómo producimos y consumimos alimentos.

¿Quieres saber qué es un sistema agroalimentario?

Pueden ver la conferencia en el Marco de las Jornadas de Investigación y Acción Social en la UCR-2025 aquí

“Ya está hecho el daño”: urgencia y abandono en la defensa ambiental del Caribe Sur

abril 8, 2025

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“Continúa la devastación en los humedales del Caribe Sur”, nos alerta Philippe Vangoidsenhoven. Justo hoy, 8 de abril, ha levantado una nueva alerta por la afectación a dos humedales de la zona. Por un lado, se identificó la intervención en un terreno contiguo al que ya había denunciado —y que cuenta con medidas cautelares (ver nota aquí)—. Se trata de una propiedad que es patrimonio natural del Estado.

Durante su revisión ocular, Philippe confirmó el chapeo y evidenció nuevas intervenciones: se ha vuelto a levantar una cerca que había sido previamente derribada. Según relata, el estado de abandono es “impresionante”. En sus palabras: “En un país conocido mundialmente por proteger su medio ambiente, para quienes intentamos defenderlo, se vuelve casi imposible hacerlo.”

Philippe también cuestiona la lentitud de las respuestas institucionales: “Después de tantos años de defensa ambiental, muchas veces las conclusiones toman años, y cuando por fin se logra algo, el humedal ya ha sido destruido.” Hoy mismo reportó esta situación a las autoridades, a quienes entregó toda la información, y recibió la promesa de que enviarán personal al sitio.

Esta experiencia deja claras lecciones sobre la vigilancia ambiental. ¿Quién fue? Philippe insiste en la importancia del monitoreo constante para evitar este tipo de daños. Como él mismo señala: “Por eso siempre es mejor agarrarlos en el acto. Si yo hubiera visto gente chapeando, caigo con las autoridades, con la policía, y eso se detiene ahí mismo; se llevan a esas personas a la comisaría.”

La impotencia, dice, nace de “cuando uno se da cuenta solo después de que ya está hecho el daño”.

Por otro lado, Philippe también denunció un segundo evento ocurrido en Playa Negra, donde se evidenció el dragado de una quebrada en un terreno. La situación ya fue reportada a las autoridades competentes. Esta área está siendo investigada por una presunta tala. Gracias al accionar de Philippe, la máquina fue retirada del zanjón, aunque aún permanece en el terreno, junto con la persona operaria.

Este tipo de situaciones se ha vuelto parte de la “normalidad” en el Caribe Sur, donde se talan árboles indiscriminadamente, en algunos casos con permisos cuestionables y en otros sin ningún tipo de autorización, todo con el fin de dividir los terrenos en lotes para su posterior construcción.

La vigilancia comunitaria: clave para la defensa ambiental

Lo ocurrido en los humedales del Caribe Sur pone en evidencia la urgencia de fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del territorio y los bienes comunes. Cuando el Estado no actúa con la celeridad que requieren los ecosistemas en riesgo, es la comunidad organizada la que puede marcar la diferencia. El monitoreo constante, las denuncias oportunas y la documentación ciudadana se convierten en mecanismos esenciales para frenar la destrucción ambiental antes de que sea irreversible.

La vigilancia comunitaria no solo permite alertar sobre acciones ilegales o destructivas, sino que también ejerce presión para que las instituciones cumplan con su deber. Además, refuerza el sentido de pertenencia, empodera a las personas defensoras y crea redes de protección ante posibles represalias.

¿Qué implican estos daños? Consecuencias del chapeado y dragado

Las acciones como el chapeado y el dragado en humedales costeros tienen consecuencias profundas y, muchas veces, irreversibles. Aunque a simple vista puedan parecer intervenciones menores, alteran de forma significativa el equilibrio ecológico de estos ecosistemas frágiles y vitales.

El chapeado, al eliminar la vegetación superficial, expone el suelo a la erosión, reduce la capacidad de retención de agua y elimina hábitats esenciales para especies animales y vegetales. Muchas plantas nativas que cumplen funciones de filtrado, protección de suelos y captura de carbono desaparecen, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a inundaciones, salinización y pérdida de biodiversidad.

Por otro lado, el dragado de quebradas modifica el curso natural del agua, altera el flujo hídrico y puede destruir zonas de reproducción y alimentación de peces, anfibios y aves acuáticas. También afecta la calidad del agua y contribuye a la degradación de cuerpos de agua conectados, como ríos y manglares.

En conjunto, estos daños comprometen no solo la salud del ecosistema, sino también los servicios ambientales que brindan los humedales costeros: protección contra tormentas, recarga de acuíferos, captura de carbono, y provisión de recursos para comunidades locales. Además, cuando estas acciones se realizan en propiedades del Estado o en zonas con medidas cautelares, se transgrede el marco legal y se debilita la institucionalidad ambiental.

Proteger los humedales no es solo una obligación ecológica: es una responsabilidad social y una necesidad urgente frente al cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad.

Croquis de ubicación de los eventos

Chapeado

Tala

¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

abril 7, 2025

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La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.
Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.
Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.
Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.
Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema.

Acciones Realizadas

Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.
Uso de parte del terreno para actividades comerciales.
Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.
Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.
Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.
2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.
2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

“Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales.

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.