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Educación en Costa Rica: un bien común en riesgo (porque “no me dio la gana publicarla”)

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Un derecho en retroceso

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 (CONARE) alerta sobre una crisis profunda en el sistema educativo nacional. Lo que por décadas se construyó como un bien común social —una educación pública amplia, gratuita y promotora de igualdad— se ve hoy vulnerado por malas decisiones políticas, desfinanciamiento y una conducción errática. El país enfrenta el peor retroceso en inversión educativa de los últimos 40 años, acompañado de rezagos en aprendizajes, inequidades crecientes y debilitamiento institucional.

La política dominante: el ajuste fiscal por encima del derecho

La caracterización que realiza el Informe es clara: la política educativa reciente ha estado subordinada a la lógica del ajuste fiscal. La educación se ha tratado como una variable de recorte, en lugar de un motor estratégico de desarrollo. Esto se expresa en:

  1. Presupuesto del MEP ajustado por debajo de la regla fiscal.
  2. Inversión universitaria por estudiante similar a la de hace dos décadas.
  3. Eliminación de programas de equidad y debilitamiento de apoyos a poblaciones vulnerables.
  4. Reducción en la rectoría técnica e improvisación en políticas educativas.

Este enfoque convierte a la educación en un “gasto” a contener y no en un bien público que sostiene ciudadanía, cohesión social y democracia.

La ironía de la “Ruta de la Educación”: ¿plan o capricho?

Como si la crisis no bastara, Costa Rica vivió en 2025 una escena digna de tragicomedia política. La entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, no solo dejó inconclusa la supuesta “Ruta de la Educación” que el gobierno Chaves anunció con bombos y platillos en 2023: en una plaza pública declaró con aplomo que “no me dio la gana publicarla” para que no se la “despedazaran” los diputados (Chinchilla, 2025).

Con esa frase lapidaria, la educación nacional pasó de ser asunto de políticas públicas a convertirse en expresión de un estado de ánimo ministerial. Lo que en otros países se elabora con indicadores, líneas base, planes de trabajo y participación ciudadana, en Costa Rica terminó reducido a la voluntad —o el desgano— de una funcionaria que prefirió la ovación de plaza antes que la transparencia institucional (Müller, 2025).

La historia posterior no fue menos grotesca: el MEP admitió que el nuevo ministro Leonardo Sánchez, quien además fue viceministro durante la gestación de la supuesta ruta, no recibió ningún documento oficial. Lo que hubo fueron diapositivas sueltas, conferencias de prensa y promesas que nunca se concretaron en una política verificable (Bolaños, 2025). En síntesis: la “Ruta de la Educación” existió en la narrativa, pero no en la realidad.

Este episodio refleja, con tintes satíricos, lo que el Estado de la Educación ya advertía con datos duros: la improvisación en la conducción educativa y la pérdida de la rectoría técnica del MEP. Si el país había carecido de plan ministerial durante tres años, la confesión de la exjerarca terminó de desnudar el problema: Costa Rica atravesó una crisis educativa monumental sin brújula y sin hoja de ruta.

Las declaraciones de la exministra Anna Katharina Müller —al decir que “no me dio la gana publicar” la Ruta de la Educación— no son un gesto aislado, sino reflejo de una crisis estructural. El Décimo Estado de la Educación 2025 confirma que el MEP operó tres años sin plan ministerial, lo que dejó al sistema sin rumbo y profundizó el deterioro institucional.

El informe evidencia la improvisación y el vaciamiento técnico: recortes en programas de equidad, ausencia de evaluaciones y debilitamiento de la rectoría educativa. Todo esto se traduce en rezagos de aprendizajes, brechas crecientes y erosión de la cultura democrática.

Cuando una política nacional depende de un “no me dio la gana”, lo que se revela es un Estado atrapado entre ajuste fiscal e improvisación, donde la educación deja de ser bien común y derecho democrático para convertirse en víctima de los humores del poder.

Educación básica: sin rumbo y con rezagos

En la educación preescolar y primaria, el informe subraya la ausencia de un plan ministerial durante tres años, lo que dejó a las aulas sin norte. La pobreza de evaluaciones y la falta de estrategias de nivelación acentuaron el rezago estudiantil. Niñas y niños salen de primaria sin las competencias mínimas de lectura y matemáticas, lo que compromete su trayectoria futura.

Educación secundaria: desigualdades que se profundizan

La secundaria enfrenta los mayores niveles de exclusión y desigualdad. Modalidades rurales, colegios técnicos y comunidades indígenas operan en condiciones adversas que perpetúan brechas históricas. La promoción de estudiantes aumentó, pero sin controles de calidad, lo que genera un “éxito vacío”: más títulos, pero menos aprendizajes. A la par, se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, vulnerando el derecho a una formación integral.

Educación universitaria: conflictos y estancamiento

El nivel universitario tampoco escapa a la crisis. La inversión por estudiante volvió a niveles de hace veinte años y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) crece por debajo de lo necesario. Las universidades públicas enfrentan nuevos conflictos políticos y recortes, mientras las privadas carecen de adecuada fiscalización. A pesar de que las universidades ampliaron la cobertura y aportaron en investigación y acción social, el país no aprovecha plenamente el “bono de secundaria” y pierde la oportunidad de elevar el logro educativo universitario.

Educación para la democracia: más allá de lo instrumental

El Informe advierte que reducir la educación a un enfoque meramente instrumental —centrado en certificaciones, pruebas y “eficiencia” fiscal— significa perder de vista su valor más profundo: formar ciudadanía democrática y garantizar igualdad de condiciones para participar en la vida social.

Una educación democrática no se limita a transmitir contenidos académicos, sino que cultiva pensamiento crítico, respeto a la diversidad, capacidades de diálogo y sentido de pertenencia comunitaria. Programas debilitados o eliminados —como los de equidad, afectividad, sexualidad o inclusión digital— eran parte de este esfuerzo de formación integral. Su ausencia deja un vacío que impacta no solo en los aprendizajes, sino en la posibilidad de que las nuevas generaciones ejerzan plenamente su ciudadanía.

Algunos puntos clave señalados por el Informe:

  • Retroceso en la democratización social: las brechas en acceso, aprendizajes y trayectorias educativas muestran que la educación ya no garantiza igualdad de oportunidades. Los sectores más pobres, las zonas rurales y los pueblos indígenas son los más afectados.

  • Déficit en la democratización cultural y política: la eliminación de programas como el de Afectividad y Sexualidad Integral refleja un retroceso en la posibilidad de garantizar formación en derechos humanos, convivencia y respeto a la diversidad.

  • Universidades y democracia: el informe reconoce a las universidades públicas como espacios de democratización del conocimiento, pero advierte que los recortes presupuestarios y la presión política limitan su capacidad de cumplir ese rol.

  • La educación como soporte democrático: al debilitarse la educación pública, también se erosiona la cohesión social y la participación ciudadana, pues disminuye la posibilidad de formar sujetos críticos y con igualdad de condiciones para incidir en la vida nacional.

Reconstruir el pacto educativo

El informe concluye que es posible salir de esta crisis con una nueva generación de políticas educativas, fundamentadas en evidencia científica y en un acuerdo nacional que devuelva a la educación su carácter de bien común. Entre las propuestas están: regresar al 8% del PIB en inversión, crear un sistema integral de evaluación, fortalecer la formación docente y articular redes locales de apoyo a los centros educativos.

En resumen, la educación costarricense atraviesa una encrucijada: seguir bajo la lógica del ajuste fiscal y la improvisación —donde la “Ruta de la Educación” puede depender de la gana o desgana de un jerarca—, o recuperar su papel como herramienta de equidad, democracia y desarrollo humano.

Referencias

Puede descargar la infografía aquí.

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Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

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El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.

Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:

“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.

La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.

El “cálculo” político

La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.

El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.

El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?

En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.

Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón

En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.

Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.

Las experiencias vecinales lo confirman:

  • La falta de agua y la incertidumbre sobre su disponibilidad se han vuelto problemas cotidianos.
  • Los desbordamientos e inundaciones, cada vez más frecuentes, generan temor y cuestionan la ausencia de gestión preventiva.
  • La mezcla de negocios dentro de barrios residenciales genera tensiones que, con el tiempo, han consolidado un desorden que degrada la armonía comunitaria y reduce el valor residencial de las viviendas.

Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.

Intervención Javier Sánchez – CODECE
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¿Está Escazú relegando la participación ciudadana a un papel sin incidencia real en su Plan Regulador?

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Próxima sesión clave Martes 19 de agosto: El Concejo Municipal de Escazú discutirá nuevamente el tema tras recibir el dictamen de su Comisión Jurídica. Organizaciones como CODECE y vecinos llaman a llenar la sala para exigir que se respete la figura de la Comisión Especial y, con ella, la voz y voto de la comunidad en la planificación del territorio.

El pasado 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú rechazó —por cinco votos contra dos— restituir la Comisión Especial del Plan Regulador, el mecanismo que permitía a personas y comunidades participar de manera directa en la definición del futuro territorial del cantón. Los dos votos a favor, emitidos por Mario Arce y Marcela Quesada, representan la posición minoritaria que defendió activamente la participación ciudadana frente a un Concejo mayoritariamente cerrado a la inclusión vecinal (Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller). En su lugar, se mantiene la figura de una supuesta “Oficina del Plan Regulador” sin representación vecinal, lo que, en la práctica, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso y a talleres sin carácter vinculante.

Esta decisión, lejos de ser un asunto meramente administrativo, refleja un modelo institucional donde la participación se concibe como un trámite formal, no como un ejercicio efectivo de incidencia.

¿Qué dice la legislación costarricense?

La Constitución Política (artículo 9) establece que Costa Rica es una república “popular, representativa y participativa”. Esto implica que el pueblo no solo elige representantes, sino que también tiene derecho a involucrarse directamente en la toma de decisiones públicas.

En materia urbanística, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) es clara:

  • El Plan Regulador es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y define usos de suelo, zonas de protección y áreas de expansión.

  • La ley y su reglamento reconocen a las Comisiones Especiales del Plan Regulador como órganos que integran representación técnica y ciudadana, con voz y voto en todas las fases: diagnóstico, formulación, aplicación y revisión.

  • La participación no se limita a “opinar” en audiencias públicas; debe garantizarse en todo el ciclo de planificación.

Reducir la participación ciudadana a una única audiencia de consulta o a talleres recopilatorios —que, según la Ley de Planificación Urbana, no son vinculantes en cuanto a sus resultados— contradice el espíritu participativo de la norma y debilita el control ciudadano sobre decisiones que pueden modificar de forma significativa e irreversible el entorno ambiental, social y económico del territorio.

Consultar no es participar

Un error frecuente en la gestión pública es confundir consulta con participación.

  • Consultar es pedir opinión (a veces, tarde y sin consecuencias reales en la decisión).

  • Participar es tener espacios permanentes y con capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y planes.

En los planes reguladores, la verdadera participación significa:

  • Acceso temprano a la información y a los estudios técnicos.

  • Derecho a proponer modificaciones y escenarios.

  • Poder de decisión en las comisiones mixtas donde se delibera el contenido del plan.

  • Seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprobado.

Cuando las comunidades son excluidas de las fases iniciales y solo se les convoca para validar (o no) un documento ya cerrado, la participación se convierte en un ejercicio simbólico.

Un retroceso democrático

En el fondo, la decisión del Concejo Municipal no es un hecho aislado: es un síntoma de una tendencia peligrosa en la gestión pública, donde se vacían de contenido los mecanismos de participación establecidos por la ley.

Al eliminar la Comisión Especial del Plan Regulador y delegar todo en una oficina técnica sin representación ciudadana:

  • Se concentra el poder en pocas manos, reduciendo el control social.

  • Se invisibiliza el conocimiento local que aportan comunidades, asociaciones y personas con experiencia directa sobre las necesidades y particularidades del territorio.

  • Se rompe la confianza institucional, pues la ciudadanía percibe que sus aportes no tienen valor real en las decisiones finales.

  • Se sienta un precedente que otros municipios podrían imitar, debilitando progresivamente la cultura democrática.

En términos políticos, se trata de una regresión: se pasa de un modelo de democracia participativa a uno meramente representativo y tecnocrático, donde las decisiones se toman puertas adentro, bajo la lógica de que “los expertos saben mejor”. Este enfoque no solo contradice el marco legal costarricense, sino que también erosiona la legitimidad de las políticas urbanas y abre la puerta a decisiones con sesgo político o económico.

Lo que está en juego

La manera en que se construye un plan regulador tiene efectos que duran décadas. No es un documento técnico más:

  • Define cómo y dónde se puede construir, qué áreas se protegen, dónde habrá comercio, industria o vivienda.

  • Determina el uso y la conservación de recursos naturales, incluyendo agua, suelos, bosques y zonas de riesgo.

  • Moldea la identidad cultural y paisajística del cantón, influenciando su atractivo, su calidad de vida y su cohesión social.

Cuando se excluye a la ciudadanía de estas decisiones, se corre el riesgo de:

  • Facilitar la especulación inmobiliaria y la urbanización descontrolada.

  • Desproteger áreas de alto valor ambiental o patrimonial por falta de presión comunitaria.

  • Aumentar conflictos socioambientales, ya que las decisiones se perciben como impuestas y no consensuadas.

  • Perder oportunidades de desarrollo inclusivo, porque se ignoran visiones, propuestas y necesidades que solo emergen del diálogo con quienes habitan el territorio.

En términos democráticos, lo que está en juego es el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y en términos prácticos, lo que se arriesga es la sostenibilidad misma del territorio: un plan regulador sin participación activa puede ser funcional para intereses privados, pero es incapaz de garantizar un equilibrio entre desarrollo, justicia social y protección ambiental.

La pregunta clave es: ¿sirve para algo “consultar” si al final las decisiones ya están tomadas, o si las observaciones llegan demasiado tarde para incidir? La participación real demanda más que un espacio formal: exige reconocimiento, análisis y transformación de lo consultado en el contenido final del plan.

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Costa Rica en el Índice de Desarrollo Humano 2025: políticas que avanzan, exclusiones que perduran

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Costa Rica vuelve a destacar en el Informe de Desarrollo Humano 2025 al ubicarse en el puesto 62 con un HDI de 0.833, dentro del grupo de países de desarrollo humano muy alto. Este resultado no es fruto del azar: responde a décadas de políticas sociales sostenidas y factores estructurales que han marcado el rumbo del país.

La inversión histórica en educación pública gratuita, la seguridad social universal, la ausencia de ejército y la estabilidad democrática han permitido construir una base sólida de salud, conocimiento y bienestar. Estos pilares explican que, incluso con limitaciones económicas, el país haya logrado mantener mejoras constantes en esperanza de vida, escolaridad y calidad de vida.

La importancia de la política social en el desarrollo humano

El progreso de Costa Rica no se entiende sin reconocer el papel central de sus políticas sociales, que han funcionado como motores sostenidos de bienestar y cohesión. Estas políticas no son simples programas aislados, sino decisiones de Estado que han moldeado el rumbo del país:

Educación pública gratuita
Desde hace más de 150 años, la educación gratuita y obligatoria ha garantizado que generaciones enteras tengan acceso al conocimiento, independientemente de su origen social. Esta apuesta permitió construir una fuerza laboral preparada, atraer inversión y fomentar innovación, reduciendo brechas de desigualdad.

Seguridad social universal
El sistema de salud y pensiones, basado en la Caja Costarricense de Seguro Social, cubre a prácticamente toda la población. Esto se traduce en indicadores de salud comparables con países desarrollados, mayor esperanza de vida y una red de protección que evita que millones caigan en pobreza extrema ante enfermedades o vejez.

Ausencia de ejército
Desde 1948, Costa Rica destinó recursos antes usados para la defensa a educación, salud e infraestructura social. Esta decisión no solo consolidó su reputación internacional como país pacífico, sino que liberó recursos fiscales para fortalecer políticas inclusivas y garantizar servicios públicos de calidad.

En conjunto, estas políticas no son un gasto, sino una inversión en las capacidades de la población, que se reflejan en el Índice de Desarrollo Humano y en la resiliencia del país ante crisis globales. Sostenerlas y actualizarlas es clave para que Costa Rica siga siendo un referente de desarrollo humano en la región.

Datos de Costa Rica según el HDR 2025

Indicador

Valor

Puesto mundial HDI

62

HDI 2023

0.833

Esperanza de vida al nacer

80.8 años

Años esperados de escolaridad

16.3 años

Años promedio de escolaridad

8.8 años

INB per cápita (PPP 2021)

23,417 USD

HDI ajustado por desigualdad

0.678 (pérdida del 18.6 %)

Índice ajustado por presiones planetarias (PHDI)

0.774

Un trayecto histórico de avance en desarrollo humano

Costa Rica muestra una evolución constante en el Índice de Desarrollo Humano (HDI), reflejando décadas de políticas públicas sostenidas. A continuación, un recorrido por los hitos más relevantes:

Año

HDI

Contexto histórico

1990

0.677

Inicio de registros internacionales; el país ya destacaba en educación y salud en comparación regional.

2000

0.734

Consolidación de la educación universal y expansión de la seguridad social, con mejoras en esperanza de vida y alfabetización.

2010

0.785

Políticas de inversión social y estabilidad económica elevan el bienestar; se aproxima al grupo de desarrollo humano muy alto.

2015

0.808

Costa Rica ingresa oficialmente al grupo de desarrollo humano muy alto.

2020

0.822

Antes de la pandemia, mantiene su ascenso sostenido gracias a políticas inclusivas.

2021

0.826

Recuperación parcial tras los efectos del COVID‑19.

2023

0.833

Máximo histórico, puesto 62 a nivel mundial, consolidando un liderazgo regional.

Tendencia general:
En poco más de tres décadas, Costa Rica aumentó su IDH en más de un 20 %, lo que evidencia que invertir en las capacidades de las personas genera progreso sostenible. En 2023, el país se ubicó en la posición 62 de 193 países y en el puesto 7 en América Latina.

Desafíos globales, respuestas locales

El pasado 2 de julio de 2025, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en San José el Informe de Desarrollo Humano 2025: Una cuestión de elección: personas y posibilidades en la era de la Inteligencia Artificial. El evento, que reunió a autoridades nacionales, agencias internacionales y referentes del sistema de Naciones Unidas, ofreció una mirada actualizada sobre los retos y oportunidades del desarrollo humano en el contexto global y nacional.

El informe advierte sobre un estancamiento del desarrollo humano a nivel mundial, producto del aumento de las desigualdades entre países y de las presiones que enfrenta el modelo de desarrollo tradicional. Desde 2020, el IDH global no ha logrado recuperar su ritmo de crecimiento, y por cuarto año consecutivo crece la brecha entre los países con IDH muy alto y aquellos con IDH bajo o medio.

En ese contexto, se enfatizó que la inteligencia artificial no debe ser vista como una amenaza de sustitución humana, sino como una herramienta para potenciar la creatividad, personalizar la educación y la salud, y democratizar las oportunidades de desarrollo.

Inteligencia artificial y desarrollo: oportunidades con cautela

Uno de los aportes del informe es una encuesta global sobre percepciones en torno a la inteligencia artificial (IA). Si bien el 50 % de las personas considera que su trabajo podría automatizarse, un 60 % cree que la IA tendrá un impacto positivo y abrirá nuevas oportunidades laborales. En países con IDH bajo o medio, el 70 % espera que la IA aumente su productividad, y dos tercios creen que usarán IA en el ámbito educativo, laboral o de salud en el próximo año.

El informe también alerta sobre los riesgos de exclusión, concentración de poder y profundización de desigualdades, por lo que urge a mantener un compromiso ético que subordine la innovación tecnológica al bienestar humano.

Las deudas pendientes de la política social costarricense

Aunque Costa Rica mantiene una sólida posición en desarrollo humano, los datos también revelan retos urgentes que requieren atención para evitar retrocesos:

  • Desigualdad persistente: El IDH ajustado por desigualdad muestra una pérdida del 18.6 %. Comunidades rurales, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes enfrentan barreras estructurales para acceder a educación, salud y empleo digno.

  • Brechas en calidad educativa: La cobertura educativa es amplia, pero la calidad varía considerablemente. Las escuelas rurales sufren de deficiencias en infraestructura, tecnología y disponibilidad de docentes especializados.

  • Riesgos para la seguridad social: La Caja Costarricense de Seguro Social, clave del sistema, está bajo presión por el envejecimiento de la población, el trabajo informal y la evasión de aportes. Su sostenibilidad requiere reformas profundas y consensuadas.

  • Protección frente a nuevos desafíos: El sistema aún no está preparado para enfrentar los efectos de la automatización, la precarización laboral juvenil o el cambio climático. Se requieren políticas activas que acompañen estos procesos de transformación.

  • Brechas de género: Aunque el país tiene un Índice de Desarrollo de Género de 0.975 (posición 55 de 170), persisten desigualdades en salud reproductiva, acceso al empleo formal y participación política.

Costa Rica y la sostenibilidad: un diferencial regional

Un aspecto positivo destacado en el informe es la baja pérdida del IDH ajustado por presiones planetarias: solo un 7.1 %, lo que permite a Costa Rica ascender 37 posiciones en esta categoría. Esto refleja políticas ambientales activas y un compromiso sostenido con la protección de los ecosistemas.

Los desafíos ante la disminución de la política social

A pesar de estos logros, el informe alerta sobre tendencias globales de debilitamiento de la política social y ambiental. En Costa Rica, los recortes presupuestarios, la presión fiscal y un discurso que minimiza el gasto social y la política ambiental como inversión podrían comprometer avances alcanzados durante décadas.

Reducir la política social significaría poner en riesgo las bases que explican el éxito del país en desarrollo humano: la protección ambiental, el acceso universal a salud, la educación de calidad y los programas que sostienen a las poblaciones más vulnerables. Mantener y fortalecer estas políticas no es solo una cuestión ética; es estratégico para asegurar que Costa Rica no pierda su posición de liderazgo regional.

El caso Ngöbe de Sixaola: el espejo de una política social que excluye

La situación del pueblo Ngöbe asentado en Sixaola revela, con crudeza, cómo las estadísticas nacionales pueden ocultar realidades profundamente desiguales. Pese a los avances globales del país en desarrollo humano, este grupo indígena enfrenta exclusión estructural en cada uno de los pilares de la política social: educación, salud, trabajo y territorio.

Las trabas para acceder a programas del IMAS por no contar con títulos de propiedad, la imposibilidad de realizar trámites digitales por barreras tecnológicas o lingüísticas, y la discriminación directa en la atención institucional demuestran que el diseño de la política social no incorpora una perspectiva intercultural ni territorial.

En salud, la saturación del sistema público, la ausencia de horarios compatibles con las condiciones laborales de la población Ngöbe y la violencia obstétrica hacia mujeres indígenas cuestionan el principio de universalidad del acceso. Además, el corte del servicio de agua potable, pese a existir leyes que prohíben esas prácticas, refuerza la negligencia sistemática hacia comunidades ya precarizadas.

 

En el ámbito laboral, el pueblo Ngöbe sigue expuesto a condiciones de semi-esclavitud en fincas bananeras y plataneras, sin protección sindical efectiva ni fiscalización estatal constante. Las mujeres, en particular, sufren una triple opresión: por ser indígenas, pobres y trabajadoras, con testimonios alarmantes de acoso sexual, despidos arbitrarios y racismo cotidiano.

Finalmente, la ausencia de un territorio indígena reconocido impide el acceso pleno a derechos y refuerza un patrón de desarraigo, invisibilidad y vulnerabilidad institucional. Sin tierra, no hay autonomía. Sin reconocimiento, no hay dignidad.

El caso Ngöbe no es una excepción: es un síntoma de cómo el modelo de bienestar costarricense puede fallar cuando no reconoce la diversidad socioterritorial del país. Si se quiere hablar de desarrollo humano real, será necesario mirar de frente estas deudas históricas y construir una política social verdaderamente inclusiva, con participación activa de los pueblos originarios y desde sus propias formas de vida.

Defender la política social como bien común

Las políticas sociales de Costa Rica no son meros instrumentos técnicos ni gastos aislados: son bienes comunes sociales, construidos a lo largo de décadas por decisiones colectivas que apostaron por la equidad y la solidaridad. La educación pública gratuita, la seguridad social universal y la ausencia de ejército no solo mejoran indicadores; tejen vínculos de confianza y corresponsabilidad que sostienen la vida democrática y el sentido de comunidad.

Defender y fortalecer estas políticas es defender el suelo común donde se cultiva el bienestar de todas las personas, especialmente en tiempos de incertidumbre global. Renunciar a ellas sería debilitar el tejido solidario que permite a la sociedad cuidarse a sí misma, garantizar derechos y abrir oportunidades para que cada generación viva con dignidad y esperanza.

Pueden descargar el resumen en español aquí.

Referencias:

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, julio 15). “Nos tratan como si no fuéramos de aquí”: Pueblo Ngöbe de Sixaola visibiliza abandono institucional y exige territorio. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nos-tratan-como-si-no-fueramos-de-aqui-pueblo-ngobe-de-sixaola-visibiliza-abandono-institucional-y-exige-territorio/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). Informe sobre desarrollo humano 2025: Una cuestión de elección. Personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial (Pedro Conceição, Dir.). https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/pnud-costa-rica-presenta-informe-de-desarrollo-humano-2025

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). A matter of choice: People and possibilities in the age of AI (Informe sobre desarrollo humano 2025). https://hdr.undp.org

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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

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📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

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El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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Rebelión Popular en Panamá: Voces desde la Resistencia

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El pasado sábado 5 de julio, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) organizó un conversatorio virtual e híbrido para analizar la crítica situación social y política que atraviesa Panamá. La actividad reunió a destacadas voces del pensamiento y la militancia latinoamericana: Giovanni Beluche (académico y dirigente sindical), Priscilla Vásquez (Propuesta Socialista Panamá – UIT-CI), David Morera (PRT Costa Rica – Sección de la Liga Internacional Socialista), y Paola Zeledón (Pan y Rosas / La Izquierda Diario).

El evento abordó el contexto de movilización social panameña que ha estallado en respuesta al intento de reinstalar un proyecto minero rechazado por el pueblo, la criminalización de luchadores sociales, la crisis del sistema de pensiones, y la represión brutal encabezada por el gobierno de José Raúl Mulino. Las ponencias destacaron la valentía del pueblo panameño frente a un modelo neoliberal autoritario, apoyado por el imperialismo estadounidense y respaldado por sectores empresariales locales.

Los y las expositoras señalaron que la ofensiva represiva no ha logrado apagar la llama de una rebelión que articula a trabajadores bananeros, docentes, estudiantes, pueblos indígenas y sectores urbanos en lucha. También se enfatizó el papel de la solidaridad internacional, la importancia de rechazar cualquier salida burguesa a la crisis y la necesidad de construir alternativas políticas desde abajo, con independencia de clase.

Durante la actividad, se recordó el legado de resistencia de Panamá y se denunció la instalación encubierta de bases militares, la impunidad de la clase política y la violencia ejercida contra mujeres y comunidades originarias. En un ambiente de análisis crítico y compromiso militante, se reiteró el llamado a romper el cerco mediático y a sostener activamente la solidaridad desde Centroamérica y más allá.

Este encuentro fue una muestra clara de que las luchas en Panamá no son locales ni aisladas: son parte de una batalla continental contra el autoritarismo, el saqueo y la subordinación imperialista. Y como afirmó uno de los panelistas, “la clase trabajadora panameña ha dado un ejemplo a todo el continente: la lucha no ha terminado, apenas comienza”.

Panamá hoy: entre la resistencia popular y el endurecimiento autoritario

La situación actual en Panamá es el resultado de una profunda crisis del modelo neoliberal impuesto desde hace décadas, agudizada por un gobierno que responde a los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Bajo la administración de José Raúl Mulino, el país ha entrado en una etapa de represión abierta, concentración del poder y despojo de derechos sociales, especialmente contra quienes se movilizan.

En los últimos meses, Panamá ha vivido un levantamiento popular multisectorial sin precedentes recientes. Las calles han sido ocupadas por educadores, estudiantes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, movimientos feministas y ambientalistas. Las demandas han sido claras: derogación de la Ley 421 que precariza las pensiones, rechazo a la reapertura del proyecto minero Cerro Colorado, defensa del río Indio frente a la amenaza de embalses, y oposición a la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en suelo panameño.

Estas luchas, sin embargo, han sido enfrentadas con una brutal represión de Estado. Se han documentado detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, desapariciones y asesinatos, especialmente contra mujeres, jóvenes y personas indígenas. Sindicatos combativos como el SUNTRACS han sido criminalizados, y líderes sociales enfrentan persecución, exilio o prisión. La represión no solo busca desarticular las protestas, sino también imponer miedo como estrategia política.

A pesar de este contexto, la lucha panameña ha demostrado una resiliencia histórica. Las raíces de esta resistencia se hunden en procesos previos: la gesta por la recuperación del Canal, la lucha contra la invasión militar estadounidense de 1989, y las huelgas sindicales de las últimas décadas. Hoy, esa memoria vuelve a florecer en un pueblo que no está dispuesto a ser silenciado.

Esta crisis también expone el agotamiento del modelo político panameño: un sistema profundamente desigual, sin garantías democráticas reales, y con una economía que favorece a una élite oligárquica mientras más del 50% de la población vive en condiciones de informalidad y pobreza. La supuesta “prosperidad panameña”, muchas veces mostrada como ejemplo por organismos financieros, esconde una profunda fractura social, especialmente en las zonas rurales, indígenas y empobrecidas.

En este contexto, las movilizaciones no solo son un acto de defensa: son una apuesta por un nuevo horizonte democrático y popular. La lucha en Panamá interpela al resto de Centroamérica y del continente, recordándonos que frente al avance del autoritarismo y el capital, la unidad, la solidaridad y la organización desde abajo son la clave para sostener la esperanza y abrir caminos nuevos.

La protesta social: bien común que teje comunidad e identidad

Más allá de la coyuntura panameña, el encuentro impulsado por el PRT permitió reflexionar sobre un aspecto fundamental para los pueblos de Nuestra América: la protesta social como un bien común. En un contexto de creciente autoritarismo y criminalización de la disidencia, la protesta no es solo un derecho: es una práctica colectiva que crea vínculos, fortalece identidades populares y reconstruye lo común en medio de la fragmentación impuesta por el modelo neoliberal.

Las voces participantes en el conversatorio subrayaron que las luchas que hoy movilizan a docentes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, juventudes y mujeres en Panamá no surgen del vacío: brotan de una memoria colectiva de dignidad y organización que se actualiza en cada marcha, huelga o bloqueo. Así, la protesta se convierte en territorio simbólico y afectivo, donde el pueblo se reconoce, se encuentra, y reafirma su potencia transformadora.

Proteger y acompañar estas expresiones es fundamental. No solo porque enfrentan regímenes autoritarios, sino porque son semillas de otro mundo posible, donde los pueblos no se resignan al despojo ni a la obediencia, sino que reafirman su derecho a decidir sobre su destino y sobre los bienes comunes que sostienen la vida.

Desde esta mirada, la protesta social es parte del patrimonio vivo de los pueblos, una fuente de aprendizaje democrático, un acto de cuidado mutuo y una herramienta esencial para la defensa de la justicia social, ambiental y territorial.

Tejiendo puentes: el valor político de los conversatorios internacionales

La realización de este tipo de encuentros por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica no es un gesto menor. En medio de un contexto regional marcado por el avance de proyectos autoritarios, la fragmentación social y la criminalización de la protesta, generar espacios de diálogo entre pueblos y organizaciones representa un acto profundamente político y necesario.

Este conversatorio sobre la situación en Panamá no solo brindó información y análisis de coyuntura. También permitió fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña de las resistencias, haciendo visibles las conexiones que existen entre las luchas sociales en ambos países y en toda la región. En un momento en que el capital y el autoritarismo avanzan de manera transnacional, la solidaridad y la articulación desde abajo también deben ser internacionales.

El hecho de que una organización costarricense convoque y escuche activamente a voces panameñas en lucha –y que lo haga con una perspectiva crítica, desde la independencia de clase y el internacionalismo– es una apuesta por construir tejidos de confianza, memoria compartida y acción común. Estos espacios permiten que quienes resisten en un territorio sepan que no están solos ni aislados, y que su lucha resuena más allá de las fronteras impuestas.

Además, fortalecen la pedagogía política popular: invitan a reflexionar, a cuestionar el modelo dominante, y a ensayar nuevas formas de organización y acompañamiento entre pueblos. Son, en sí mismos, actos de construcción de lo común continental, donde la palabra, la escucha y la reflexión se convierten en herramientas para la emancipación colectiva.

En tiempos donde los gobiernos endurecen sus fronteras y los medios silencian la protesta, la iniciativa de espacios como estos se vuelve un gesto urgente de cuidado político, de memoria viva y de apuesta estratégica por una América Latina unida desde sus luchas, no desde los discursos institucionales.

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Municipalidad de San Rafael de Heredia enfrenta cuestionamientos por intervenciones no autorizadas en el Cerro Chompipe

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó formalmente al Concejo Municipal de San Rafael de Heredia que intervenga ante las acciones impulsadas por el alcalde Jorge Arias Santamaría en la zona del Cerro Chompipe, territorio ubicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y protegido por la Ley 65 como área inalienable del Estado.

Según la denuncia presentada José Francisco Alfaro Carvajal, el alcalde ha impulsado acciones como la instalación de cámaras trampa y planes de amojonamiento en la finca 4-156766-000 sin contar con autorización del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Estas intervenciones, realizadas sin aval institucional y en una zona categorizada como patrimonio natural del Estado, podrían constituir una usurpación de competencias e infringir normativas ambientales vigentes.

El SINAC confirmó en distintos oficios que no ha otorgado permisos ni convenios con la Municipalidad para realizar estudios, delimitar terrenos o desarrollar planes de manejo en esta área protegida. Asimismo, un informe de inspección del Parque Nacional Braulio Carrillo alertó sobre la falta de cooperación del alcalde ante solicitudes de verificación y recomendó aplicar medidas de prevención administrativa bajo el principio indubio pro natura.

CONCEVERDE solicita al Concejo Municipal tomar acciones inmediatas para que se concrete el traspaso registral de la finca al MINAE, se prohíba toda intervención sin aval institucional y se delimite claramente la responsabilidad del gobierno municipal en estos hechos. La situación se encuentra bajo seguimiento del MINAE, la Sala Constitucional y la ciudadanía organizada.

Pueden acceder a la documentación aquí.

Si desean conocer más sobre el traspaso de la propiedad, pueden consultar la nota web «Finca pendiente de traspaso en el Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural«.

Patrimonio natural en riesgo legal

Dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, en el sector del Cerro Chompipe, se ubica la finca 4-156766-000. Esta propiedad, protegida por la Ley N.º 65 de 1888 como zona inalienable y cubierta de bosque, califica legalmente como Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575. No obstante, a pesar de una orden expresa de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109), esta finca aún figura inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El SINAC solicitó su traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) desde julio de 2024, pero el trámite no se ha concretado. Esta dilación genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a intervenciones no autorizadas, como la instalación de cámaras trampa o intentos de amojonamiento, sin permisos del ente rector.

La falta de inscripción a nombre del Estado debilita la capacidad de las instituciones ambientales para ejercer vigilancia, aplicar planes de manejo y garantizar la conservación efectiva del área. Mientras esta situación persista, la finca se mantiene en una especie de “limbo legal”, donde el riesgo de vulneración al patrimonio natural es latente. La resolución judicial exige además informes periódicos sobre los avances en recuperación de terrenos protegidos, lo que refuerza la urgencia de una respuesta institucional concreta y diligente.

La importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión del patrimonio natural

El desarrollo de acciones como la instalación de cámaras trampa o los planes de amojonamiento en áreas protegidas requiere una coordinación interinstitucional rigurosa. Estas actividades, aunque puedan tener fines de conservación o investigación, deben ejecutarse dentro del marco legal y en sintonía con las políticas y planes de manejo establecidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Cuando una municipalidad actúa de forma unilateral, sin los permisos ni el acompañamiento técnico necesario, se generan múltiples riesgos: desde la alteración de ecosistemas sensibles hasta la anulación de procesos de planificación estatal ya en marcha. Además, tales acciones pueden desembocar en conflictos legales, pérdida de legitimidad institucional y vulneraciones al principio de indubio pro natura, que prioriza la protección ambiental ante la duda.

La colaboración transparente y basada en competencias claras entre municipios, ministerios, áreas de conservación y comunidades es clave para garantizar la defensa efectiva del patrimonio natural del Estado. En contextos de alta fragilidad ecológica como el Cerro Chompipe, esta articulación se vuelve aún más urgente y estratégica.

¿Qué es el Patrimonio Natural del Estado y por qué debe ser protegido?

El Patrimonio Natural del Estado en Costa Rica está definido por el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575, como el conjunto de bosques y terrenos forestales que pertenecen a las reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables, las fincas inscritas a nombre del Estado o de las municipalidades, instituciones autónomas y otros entes públicos. Este patrimonio es administrado por el MINAE y representa una de las herramientas más importantes del país para garantizar la conservación ambiental y el acceso a bienes comunes naturales.

La finca 4-156766-000, ubicada en el Cerro Chompipe, cumple con todas las condiciones legales para formar parte de este patrimonio: está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, se encuentra en una zona que ha contado con protección legal desde 1888 mediante el Decreto N.º 14 —que creó la Reserva Forestal Central, declarando inalienables los terrenos boscosos clave para el abastecimiento de agua— y posee cobertura boscosa protegida. Por ello, cualquier intervención en esta área debe estar sujeta a controles legales estrictos y ser autorizada por las autoridades ambientales competentes.

La defensa del Patrimonio Natural del Estado no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad ética ante las generaciones presentes y futuras. Ignorar esta normativa debilita los mecanismos de conservación y pone en riesgo los ecosistemas que sustentan la vida y el bienestar en el país.

Referencias:

Alfaro Carvajal, J. F. (2025, 3 de julio). Solicitud de intervención del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia sobre acciones en Cerro Chompipe (Oficio CNVJF/151/25). Colectivo CONCEVERDE.

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). (2025, 25 de junio). Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025. Respuesta a solicitud sobre finca 4-156766-000 y actuaciones en el Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 23 de junio). Informe de Gira SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025: Inspección en finca 4-156766-000, Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 25 de julio). Carta-SINAC-ACC.DR-0485-2025: Exhorto al respeto de la resolución 2023-017109 y solicitud de información a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

Crédito imagen de cabecera Ameria Rueda.

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Finca pendiente de traspaso en el Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural

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Esta nota informativa se elabora gracias al seguimiento constante y las labores de incidencia desarrolladas por el ciudadano Marco Levy Virgo, quien ha ejercido su derecho a la participación y al control ciudadano para exigir la protección efectiva del Patrimonio Natural del Estado en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

¿Qué es el Parque Nacional Braulio Carrillo?
El Parque Nacional Braulio Carrillo es una de las joyas naturales más importantes de Costa Rica. Se extiende entre la Cordillera Volcánica Central y las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47 mil hectáreas de bosques húmedos, montañas, ríos y una biodiversidad excepcional. Este parque protege ecosistemas clave para el equilibrio ecológico del país, incluyendo zonas de captación de agua, corredores biológicos y hábitats de especies endémicas y amenazadas. Desde su creación, ha estado bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y es parte de la red de Áreas Silvestres Protegidas administradas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

¿Qué está ocurriendo?

En el sector del Cerro Chompipe, dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se encuentra la finca 4-156766. Esta propiedad cuenta con cobertura boscosa y, por tanto, califica como Patrimonio Natural del Estado bajo el artículo 13 de la Ley Forestal (N.º 7575). Sin embargo, aún aparece inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo que contradice una resolución de la Sala Constitucional (2023-017109), que ordenó su inscripción a nombre del Estado.

Aunque el SINAC solicitó formalmente el traspaso desde julio de 2024, la municipalidad no ha realizado el trámite registral. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación sobre el destino de la finca y la eficacia de la institucionalidad ambiental para garantizar la protección de los bienes comunes naturales.

 ¿Por qué es grave esta dilación?

La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su tutela sobre la finca, dejando espacio a posibles intervenciones ilegales, uso indebido del terreno o gestión inconsulta. La ausencia de seguridad jurídica sobre la titularidad del bien debilita los mecanismos de control, planificación y vigilancia por parte del MINAE, y obstaculiza la implementación de medidas efectivas de conservación.

Además, ya se ha reportado la presencia de cámaras trampa y posibles acciones de amojonamiento no autorizadas en la finca. Si bien el MINAE negó haber otorgado permisos para tales actividades y anunció una prevención administrativa contra el alcalde de San Rafael de Heredia, estas acciones revelan cómo la indefinición institucional puede abrir brechas para el uso indebido de áreas protegidas.

Acciones ciudadanas por la transparencia

Frente a esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, presentó una solicitud formal al MINAE (oficio AEL-00272-2025) exigiendo un cronograma detallado con responsables y fechas para completar el traspaso, aplicar sanciones en caso de actividades no autorizadas y asegurar el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional.

La solicitud también enfatiza la necesidad de remitir informes trimestrales —con acceso público— sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos, tal como lo exige la resolución judicial.

Una ciudadanía vigilante en defensa del patrimonio natural

Este caso evidencia los límites de la voluntad institucional y la necesidad de una ciudadanía activa. La vigilancia ciudadana, expresada mediante solicitudes formales, denuncias públicas y seguimiento a los compromisos del Estado, es un componente clave en la defensa de los bienes comunes. Gracias a esta presión, el tema ha sido mantenido en la agenda pública y ha obligado a las autoridades a pronunciarse.

Mientras el traspaso sigue sin concretarse, la finca 4-156766 continúa en una especie de limbo legal, con riesgos latentes para su integridad ambiental. En contextos donde los intereses políticos, municipales o privados pueden entrar en conflicto con los principios de conservación, la acción ciudadana es vital para asegurar que la protección ambiental no sea solo un discurso, sino una práctica respaldada por hechos concretos y oportunos.

Crédito imagenes: Semanario Universidad.

Sobre las fuentes
Esta nota informativa se elaboró a partir del análisis de los siguientes documentos oficiales:

Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025, emitido el 25 de junio de 2025 por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), firmado por el Ministro Franz Tattenbach Capra. Este oficio responde a una solicitud presentada por José Francisco Alfaro Carvajal, de la organización CONCEVERDE, respecto a la situación de la finca 4-156766.

Oficio AEL-00272-2025, presentado el 1 de julio de 2025 por el ciudadano Marco Levy Virgo, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Este documento solicita al MINAE un cronograma detallado con responsables y plazos para el cumplimiento de las acciones comprometidas en el oficio anterior, además de exigir medidas de transparencia y vigilancia efectiva.