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Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

La fragilidad de las medidas de protección.

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero....¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.

Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

 Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

  • Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
  • Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
  • Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
  • Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
  • Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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Una universidad al servicio de la vida – La visión transformadora de Ignacio Ellacuría

En un contexto de creciente desconexión entre las universidades y la realidad social —acentuado por los cuestionamientos a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la creciente deslegitimación de sus autoridades—, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra publica el documento de trabajo titulado «La universidad como fuerza transformadora – La visión de Ignacio Ellacuría» (abril 2025), en el que se reivindica una educación comprometida con la justicia, los derechos humanos y los bienes comunes.

A partir del legado del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría, la publicación lanza una interpelación directa a las universidades públicas: ¿están cumpliendo su misión histórica o simplemente replican estructuras de poder y privilegio? Lejos de quedarse en la crítica, el documento propone una alternativa concreta: una universidad viva, crítica, popular y solidaria, capaz de «ponerse en lugar del pobre» y de convertirse en conciencia crítica del país.

Uno de los ejes centrales del texto es la defensa de la educación como bien común social, no como mercancía. Inspirado en la “filosofía de la realidad histórica” de Ellacuría, se plantea que el conocimiento debe ser producido y compartido en función de las mayorías, como herramienta para la transformación social. Desde esa lógica, se recupera el ejemplo de los mártires de la UCA como símbolo de una autoridad universitaria distinta: ética, cercana al pueblo, dispuesta a incomodar al poder y a encarnar el saber con valentía.

El documento invita a repensar profundamente los fines y métodos de la educación superior, y deja abiertas preguntas clave: ¿qué universidad necesitamos? ¿Puede la educación convertirse en un instrumento colectivo de liberación? ¿Cómo recuperamos el valor público del conocimiento?

📄 Documento completo disponible aquí

Les compartimos este video realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla para conocer algunos datos biográficos y del pensamiento de Ignacio Ellacuría

Crédito del video Radio San José.

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Inseguridad Jurídica y Abusos: La Dura Realidad de Finca Dos Ríos

Campesinos denuncian amenazas de desalojo y venta irregular de tierras en Finca Dos Ríos, Guácimo de Limón

La comunidad campesina de Finca Dos Ríos, en Guácimo de Limón, una zona afectada por inundaciones, enfrenta una grave situación de despojo y amenazas de desalojo. Tras perder sus cultivos el año pasado, desde hace años se han visto obligados a comprar sus propias tierras, tras haber sido víctimas de la inseguridad jurídica derivada del abandono y engaño sufrido por una compañía bananera que quebró a inicios de los años 2000. Dicha empresa se retiró sin pagar las prestaciones a sus trabajadores, quienes se vieron forzados a tomar las tierras para sobrevivir. Ahora, enfrentan la presión de comprarlas nuevamente a precios elevados y bajo condiciones irregulares. Esta información ha sido recopilada a partir de testimonios de personas que viven esta realidad y que han decidido alzar su voz ante la injusticia que enfrentan.

Venta forzada y amenazas

Los campesinos denuncian que se les está obligando a comprar tierras que han trabajado por años, bajo la amenaza de ser desalojados. Aseguran que los vendedores no cuentan con documentación legal que los acredite como propietarios legítimos y que muchas de las transacciones se realizan sin transparencia. Además, mencionan que las tierras que se les ofrecen a precios exorbitantes son las mismas que ellos han trabajado y mejorado durante años. En algunos casos, quienes han intentado regularizar su situación han sido rechazados sin motivo aparente, quedando en una situación de incertidumbre total.

Los testimonios recogidos indican que algunas personas han sido amenazadas directamente por quienes intentan vender las tierras, recibiendo presiones constantes para que abandonen sus hogares. Otros han sido notificados con órdenes de desalojo sin haber tenido acceso a un proceso legal claro ni la posibilidad de defender sus derechos.

Procesos judiciales detenidos

Los afectados también señalan que los juicios relacionados con estas tierras han sido suspendidos en varias ocasiones sin explicación convincente, lo que impide su acceso a la justicia. A pesar de presentar pruebas y argumentaciones en su defensa, los procesos no avanzan, dejando a las familias en un estado de indefensión. Según los testimonios, existe una percepción de corrupción y manipulación en estos procesos, lo que genera aún más incertidumbre y temor en la comunidad.

En algunos casos, personas que han intentado ponerse al día con pagos y acuerdos han visto cómo, de manera repentina, se les rechazan los pagos o se les devuelven las cuotas ya abonadas, dejándolos sin opciones para regularizar su situación. Estos eventos irregulares generan gran incertidumbre en la comunidad, ya que evidencian la falta de un proceso claro y justo. La arbitrariedad en la aceptación o rechazo de pagos parece responder a la falta de regulación y a la suma de omisiones institucionales, lo que deja a los campesinos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Resistencia y llamado a la solidaridad

A pesar de las amenazas y la incertidumbre, la comunidad sigue resistiendo y buscando apoyo para frenar estos desalojos. Muchos llevan décadas luchando por sus tierras y no están dispuestos a ceder ante presiones que consideran injustas. En los testimonios recogidos, las personas afectadas expresan su temor, pero también su determinación de seguir defendiendo su derecho a la tierra.

Los campesinos hacen un llamado a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que investiguen estos casos y detengan estas prácticas que los ponen en riesgo. Piden que se garantice un proceso justo y que se respete su derecho a vivir y trabajar en las tierras que han habitado y cultivado por generaciones.

Esta denuncia busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias campesinas y que sigue ocurriendo en silencio. La comunidad espera que su situación sea escuchada y atendida antes de que más personas sean despojadas de sus hogares y su medio de vida.

El acceso a la tierra y la legislación en Costa Rica

El acceso a la tierra es un derecho fundamental para las personas campesinas, ya que les permite garantizar su sustento, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico. En Costa Rica, la Constitución y diversas leyes reconocen el derecho de los trabajadores agrícolas a acceder a tierras productivas, especialmente cuando han sido ocupadas y trabajadas de manera legítima por largos periodos. Sin embargo, la inseguridad jurídica y la falta de regulación han generado múltiples conflictos en comunidades rurales, donde familias campesinas han sido despojadas de tierras que han habitado y cultivado durante generaciones.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) es la institución encargada de promover el acceso a tierras para personas en condición de vulnerabilidad y de velar por la regularización de asentamientos campesinos. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo de estas políticas ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre legal, a merced de actores privados que buscan apropiarse de los terrenos mediante prácticas irregulares.

Es crucial que el Estado costarricense garantice el acceso justo a la tierra y brinde seguridad jurídica a las comunidades campesinas, asegurando que sus derechos sean protegidos y que se ponga fin a los abusos que ponen en riesgo su estabilidad y medios de vida.

Normativa internacional sobre el derecho a la tierra y su reconocimiento en Costa Rica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la tierra y la protección de las comunidades campesinas frente al despojo y la inseguridad jurídica. Entre estos, destacan:

  • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP): Este instrumento reconoce el derecho de los campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección contra desalojos forzosos e injustos.
  • Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Aunque dirigido principalmente a pueblos indígenas, este convenio protege los derechos sobre tierras y territorios, enfatizando la consulta previa y el respeto a los derechos adquiridos de las comunidades rurales.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Este tratado obliga a los Estados a garantizar el acceso a la tierra y medios de producción como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ambos instrumentos establecen el derecho a la propiedad y la protección contra la privación arbitraria de bienes.

A pesar de estos compromisos, en la práctica muchas comunidades campesinas en Costa Rica enfrentan dificultades para acceder y mantener sus tierras. La falta de implementación efectiva de estos tratados y la omisión de las autoridades para garantizar el acceso equitativo a la tierra han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

La Importancia de Proteger el Modo de Vida Campesino en Costa Rica

El modo de vida campesino es esencial para Costa Rica, ya que garantiza la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la identidad cultural del país. Los campesinos son guardianes de la biodiversidad y productores de alimentos básicos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la economía local. Además, su conocimiento tradicional sobre la tierra y los ecosistemas ayuda a mitigar el cambio climático. Proteger sus derechos, garantizar el acceso a la tierra y fomentar políticas de apoyo es clave para un desarrollo sostenible y equitativo.

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Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

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Grecia arriba

Grecia, mucho más que zonas francas: voces ciudadanas en acción

En este episodio de Sentirse Saberes, nos trasladamos a Grecia, Costa Rica, para explorar los desafíos y potencialidades de este cantón en medio de su transformación económica y social. Junto a representantes de organizaciones ambientales, académicos y líderes comunitarios, abordamos temas clave como:

El impacto del crecimiento urbano y las zonas francas en el ecosistema y la vida cotidiana de la comunidad.
El papel de la organización ciudadana para la protección del medio ambiente y la recuperación del tejido social.
La juventud como motor de cambio, sus desafíos y el rol de la educación ambiental.
El Observatorio Ciudadano del Agua y su trabajo en la conservación del río Agualote.

🎙️ ¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento con la preservación de la identidad local y el bienestar comunitario? ¿Qué retos enfrenta la comunidad para fortalecer su entorno y su calidad de vida? ¡Acompáñanos en esta conversación inspiradora y descubre las voces que están transformando Grecia!

🔊 Escúchalo ahora y únete al diálogo.

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Injerencia, Privatización y Deuda: Las Amenazas que Acechan a la CCSS

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución.

🚨 Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento.

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

💬 La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

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Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.

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Educación, Diversidad y Bienes Comunes Sociales: Un Llamado a la Inclusión

El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.

Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.

El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.

Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller

“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).

¿Por qué preocuparnos?

El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.

Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.

Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.

📌 Descubre nuestra infografía sobre minoría, minoritario y subalternidad, y únete a la conversación por una sociedad más justa e inclusiva.

PDFImagen

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La emigración como derecho humano: Reflexión ante la deportación

Ante las vergonzosas acciones del Gobierno de Estados Unidos al implementar mecanismos de deportación de personas migrantes (eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un «estado de emergencia en la frontera», el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes, traslado de las personas en aviones militares y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales), recordamos que la emigración es un derecho humano. Este derecho se basa en el principio de libertad de movimiento, reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13). Esto incluye la posibilidad de salir de cualquier país, incluido el propio, y regresar.

Puntos clave a tener en cuenta:

  1. Derecho a buscar mejores condiciones de vida: La migración es una herramienta para escapar de la pobreza, la violencia o la persecución.
  2. Reconocimiento de contextos forzados: Los refugiados y desplazados necesitan protección especial bajo el derecho internacional.
  3. Responsabilidad compartida: Los Estados tienen la obligación de garantizar vías seguras y respetar los derechos de las personas migrantes.

Les compartimos unas palabras de Eduardo Galeano sobre la relación entre emigración y solidaridad, recordándonos que no debemos olvidar estos valores esenciales.

Textos de Eduardo Galeano:

Envenado. Los emigrantes, ahora. Revista de Pensamiento Penal.

Los emigrantes no se van porque quieran, sino porque los echan. Revista Temas de Nuestra América.

Les invitamos a reflexionar y problematizar este contexto adverso que enfrenta la lucha por los derechos humanos.

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Convocatoria: Proceso de reflexión ¿Aún sigue vigente la transformación? Crisis Educativa y Educación Popular

¿Qué educación queremos para qué tipo de sociedad?

La versión mercantilizada de la educación se ha convertido en la respuesta dominante en múltiples espacios educativos. Ante esta realidad, enfrentamos un desafío crucial: construir propuestas educativas que busquen la transformación y la profundización de nuestros derechos sociales y culturales.

Estamos en medio de una disputa por los sentidos de la educación, que no es otra cosa que el debate sobre el proyecto de sociedad que queremos construir. Esta disputa se materializa en leyes, reglamentos, programas de estudio y otros dispositivos que dan forma al sistema educativo.

Se nos presenta una falsa dicotomía entre educación básica y universitaria, técnica y humanista, como si una representara una visión privilegiada a expensas de la otra. Sin embargo, abordar estos argumentos de manera superficial nos aleja de una reflexión esencial:

¿Qué tipo de educación queremos para construir la sociedad que soñamos?

En este espacio de diálogo, reflexionaremos sobre preguntas clave:

  • ¿Qué se cuestiona realmente en un sistema educativo?
  • ¿Qué elementos se utilizan para desacreditarlo?

Te invitamos a participar y reflexionar sobre la coyuntura educativa actual.

Duración:
5 sesiones: 19 y 26 de febrero, 5, 12 y 19 de marzo.

Horario:
6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Lugar:
Kioscos Socioambientales, San Pedro.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/JiAD9jyKQPpUqu4d9

Para más información, descarga la convocatoria o escribe a:
📧 observatoriobienescomunes@gmail.com