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Historias en movimiento: una mirada desde el lente del 1º de mayo

Artículo de María Jimena Tercero Herrera

Desde que tengo memoria, la imagen de personas tomando el espacio público siempre genera un sentimiento particular en el corazón; no hay forma de contemplar sin conmoverse. “La belleza está en la calle”, decía un afiche del Mayo del 68, y este 1º de mayo no fue la excepción: conforme pasaban las nueve, el parque de La Merced se fue llenando de colores, mientras los diversos colectivos —desde los sindicatos del sector público y privado, pasando por movimientos estudiantiles de las principales universidades del país, pueblos indígenas, partidos políticos y agrupaciones de la sociedad civil— se hacían presentes para conmemorar la dignidad y la memoria histórica de la clase trabajadora.

Las denuncias y reivindicaciones no se hicieron esperar. El fantasma que se desplegaba por las voces de la gente reflejaba los estragos posteriores a la aprobación del Plan Fiscal, a casi siete años de su puesta en marcha: la precarización del sector público en materia de educación, el congelamiento de salarios, el debilitamiento deliberado del sistema de salud pública y, por supuesto, las políticas de corte recortista en inversión social, que han sido ya una constante desde hace más de cuarenta año Asimismo, se reivindicó la defensa del Estado social de derecho y sus respectivas instituciones en un año marcado por la discusión alrededor de la privatización del ICE y la administración Chaves Robles atacando un órgano distinto de la institucionalidad costarricense cada miércoles.

La militancia y la cultura han sido cómplices, como lo han atestiguado un sinnúmero de movimientos sociales a lo largo de la historia. La manifestación de este año se caracterizó por el despliegue de bandas, mascaradas, bailes típicos, bombas, entre otras expresiones culturales que reivindican el derecho a una militancia donde se enraízan los afectos de la rabia y la alegría, reapropiándose no solo de la calle, sino del cuerpo mismo.

La denuncia frente a la amenaza creciente de la precarización laboral con necropolíticas que no dejan de ocupar el protagonismo en el discurso del oficialismo y parte del sector legislativo como las Jornadas 4×3 evidencian que los intereses de las clases trabajadoras nunca han estado en el centro de la discusión. De esta manera sindicatos del sector privado como UDECO denuncian las consecuencias de la aprobación de dicho proyecto a nivel de calidad de vida, la persecución de la sindicalización dentro del sector privado, la negligencia del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias por explotación laboral y garantías mínimas de seguridad.

Enmarcado en una coyuntura cuya vocación pretende deshumanizar a las personas privadas de libertad —de la mano con discursos de megacárceles, mano dura y la presentación del modelo bukelista como nuevo laboratorio de éxito punitivo—, la presencia de la agrupación Familia Penitenciaria Unida reivindicando no solo los derechos, sino la dignidad de las personas privadas de libertad, me pareció un despliegue de fuerza frente a la violencia (re)producida por el Estado. Su manifestación surge como respuesta a las nuevas restricciones del régimen de máxima seguridad anunciadas por el Ministerio de Justicia y Paz, en materia de visitas familiares y conyugales, encomiendas, llamadas telefónicas, entre otras.

Finalmente, la ocasión sirvió para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino, cuyo genocidio mediatizado no ha hecho más que mostrar la verdadera cara de la comunidad internacional. Conversando con algunas personas, afirman que Costa Rica no puede llamarse defensora de los Derechos Humanos sin condenar los crímenes de guerra por parte del Estado de Israel, ni mucho menos llevar a cabo un tratado de libre comercio con un país que sistemáticamente asesina niñeces, periodistas y personal de salud con la impunidad del mundo entero. “Si no gritamos frente a esta atrocidad que lleva más de 70 años en curso, no nos va quedar humanidad que defender después”, me decía una señora mayor.

El contar historias es un común denominador de las cosas que me con(mueven), la fotografía particularmente me ha permitido parar el tiempo en las movilizaciones con el objetivo de contemplar las numerosas personas y sus historias en movimiento. Les presento entonces, una pincelada de la vida haciéndose paso entre las grietas este día del orgullo de las clases populares.

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¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025

El presidente de la República ha presentado su informe de labores correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual expone los avances más significativos que ha considerado para el país. Por esta razón, nos ha interesado analizar el texto para identificar las principales dimensiones ambientales destacadas en su discurso. A partir de este análisis, buscamos responder la pregunta: ¿qué tipo de política ambiental promueve la administración Chaves Robles?

A continuación, se exponen los principales hallazgos estructurados en siete ejes analíticos, que permiten comprender tanto los énfasis del informe como sus vacíos más relevantes en materia socioambiental. Este ejercicio de análisis crítico no solo pretende aportar a la comprensión académica del discurso oficial, sino también fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, al visibilizar las prioridades, omisiones y contradicciones de la política pública ambiental. Revisar y cuestionar las narrativas institucionales es esencial para promover una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en las decisiones que afectan los territorios, los bienes comunes y los derechos socioambientales.

Pueden descargar el informe de labores aquí.

Uno de los hallazgos más reveladores del Informe de Labores 2024–2025 del gobierno es la ausencia de un apartado específico dedicado al ambiente. En un contexto nacional e internacional donde la crisis climática y ecológica exige respuestas claras, esta omisión resulta significativa. No solo limita la posibilidad de evaluar con rigor el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, sino que también refleja una priorización política que deja al ambiente como un tema disperso o subordinado a otros ejes. Esta invisibilidad institucional del tema ambiental contrasta con la imagen que el país ha cultivado históricamente como referente en políticas verdes.

¿Qué implica la ausencia del ambiente en el informe de labores presidencial?
La omisión de una sección específica sobre ambiente en el informe de labores del gobierno refleja una despriorización política del tema en la agenda nacional. En un país que ha construido parte de su identidad internacional sobre la sostenibilidad, la falta de un capítulo ambiental estructurado no solo debilita la rendición de cuentas sobre compromisos climáticos y conservación, sino que también invisibiliza los conflictos socioambientales que afectan a comunidades rurales, indígenas y costeras. Esta ausencia impide una evaluación integral del desempeño gubernamental en torno a la biodiversidad, el uso del territorio, el acceso al agua, la justicia ambiental o el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización. En términos de gobernanza, también indica una visión fragmentada del desarrollo, donde el ambiente no es visto como eje transversal de las políticas públicas, sino como un componente accesorio subordinado a otras prioridades.

A falta de un eje ambiental explícito, es necesario inferir la política ambiental del gobierno a partir de referencias fragmentadas distribuidas en otros capítulos del informe. Estas menciones permiten identificar ciertas dimensiones clave en la acción pública: la conexión entre ambiente y productividad local, la reestructuración institucional del MINAE, las acciones en zonas rurales e indígenas, y la política energética orientada a inversión y electrificación. A continuación, se examinan estas dimensiones para comprender qué tipo de política ambiental se impulsa en los hechos, pese a su ausencia formal en la estructura del informe.

1. Conservación asociada a productividad

Uno de los elementos más recurrentes en el informe es la vinculación entre conservación ambiental y desarrollo económico local. Bajo esta lógica, se promueve una visión en la que los ecosistemas son valorados principalmente por su capacidad de generar beneficios económicos sostenibles.

Se destacan iniciativas como:

  1. Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) en territorios indígenas, que se articulan con los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREP) y proyectos productivos locales.
  2. El apoyo a las economías azules, que se expresa en la entrega de motores “limpios” y subsidios a pescadores artesanales.

Este enfoque plantea una conservación orientada a resultados económicos, lo cual merece una revisión crítica sobre su impacto real en la autonomía territorial y la sostenibilidad ecológica a largo plazo.

2. Reforma institucional ambiental

El informe también menciona una reestructuración administrativa general del Estado, dentro de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ocupa un lugar relevante.

En el caso del sector ambiental, esta reforma se orienta a una mayor centralización y coordinación interinstitucional, aunque sin especificar los alcances políticos ni las implicaciones para órganos técnicos clave como el SINAC. Este punto es crucial, pues podría afectar la autonomía técnica y operativa de entidades descentralizadas con competencias ambientales.

3. Alianzas con actores privados y comunitarios

Otro de los pilares del discurso presidencial es la corresponsabilidad en la gestión ambiental, la cual se traduce en diversas formas de articulación con sectores comunitarios y privados.

Aportes señalados:

  1. Contratos con territorios indígenas en el marco del Contrato para la Reducción de Emisiones de Forestales (CREF).
  2. Proyectos socioproductivos impulsados por instituciones como el IMAS.
  3. Promoción de tecnologías de bajo impacto para actividades productivas locales.

Estas alianzas reflejan una estrategia de participación indirecta, que si bien reconoce el papel de actores locales, no siempre garantiza procesos de decisión autónomos ni mecanismos efectivos de consulta.

4. Conservación y gestión ambiental

A lo largo del informe se subrayan múltiples aportes en infraestructura y cobertura institucional. Sin embargo, al examinar estos datos , emergen tensiones entre conservación simbólica y gestión participativa real.

Aportes señalados:

  1. Inversión en infraestructura dentro de áreas protegidas.
  2. Validación de los Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) por 19 territorios indígenas.
  3. Incentivos económicos por contratos de reducción de emisiones.

5. Cambio climático

El tema del cambio climático ocupa un lugar relevante en el informe, aunque con un énfasis en soluciones tecnológicas, centradas en la electrificación, energías limpias y conectividad digital.

Aportes señalados:

  1. Electrificación rural.
  2. Descarbonización.
  3. Impulso a energías renovables y red 5G como motor de innovación.

6. Dimensión socioambiental

En esta sección del informe se hace referencia a proyectos en territorios indígenas y rurales, pero desde un enfoque más asistencialista.

Aportes señalados:

  1. Reconocimiento económico a la conservación indígena.
  2. Proyectos productivos (pesca, turismo, emprendimientos).
  3. Mejora en telecomunicaciones rurales.

7. Gestión pública

El informe menciona esfuerzos de articulación institucional, pero no presenta una visión clara ni mecanismos de control social y evaluación ambiental independiente.

Aportes señalados:

  1. Coordinación entre entidades como IMAS, MICITT, INDER y MINAE.
  2. Inclusión del tema ambiental en algunos proyectos de desarrollo territorial.

El ambiente entre líneas: lo que revelan las leyes mencionadas sobre las prioridades ambientales del gobierno

Identificar los proyectos de ley y leyes mencionadas en el informe de labores presidencial permite entender con mayor claridad qué tipo de política ambiental impulsa realmente el gobierno, más allá de los discursos generales o compromisos internacionales. La selección, el énfasis y el tratamiento que se da a ciertas iniciativas legislativas reflejan prioridades políticas concretas, orientaciones ideológicas y formas de concebir la relación entre ambiente, desarrollo y Estado. 

El informe destaca algunas iniciativas vinculadas al ambiente, aunque de forma indirecta y dispersa. Se mencionan proyectos como el contrato de préstamo con el Banco Mundial para descarbonización (Exp. 24.425), un convenio con la Agencia Francesa para agropaisajes sostenibles (Exp. 24.583), y la Ley de Promoción del Seguro Agropecuario, que abordan temas climáticos desde una lógica de productividad y financiamiento. También se alude a la Ley 7200 en el contexto de generación eléctrica privada. Sin embargo, se omiten proyectos clave en los que se ha participado activamente en su discusión y promoción. Esta omisión no solo evidencia la fragmentación de las políticas, sino también la falta de interés por integrar estos temas fundamentales en una estrategia coherente de sostenibilidad. En conjunto, las menciones ambientales adoptan una visión meramente instrumental, en la que el medio ambiente queda subordinado a objetivos económicos, sin ser considerado parte esencial de un enfoque integral de desarrollo.

Política ambiental en pocas palabras

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¿Qué no profundiza?

Aunque el informe presidencial de labores expone diversas acciones en materia ambiental, persisten vacíos y omisiones significativos que limitan una comprensión integral de los retos socioambientales del país. La siguiente enumeración identifica los principales aspectos que no son abordados en profundidad o que permanecen ausentes en el documento, destacando dimensiones críticas relacionadas con la participación, la justicia socioecológica, la equidad territorial y la sostenibilidad ecosistémica. Estas omisiones no solo restringen la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también reflejan la necesidad de fortalecer enfoques más inclusivos, integrales y participativos en las políticas públicas ambientales.

  1. Predomina una lógica instrumental que concibe al ambiente principalmente como proveedor de servicios —especialmente de carbono— sin integrar una visión ecosistémica más amplia que considere cuencas, suelos y humedales.
  2. Se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la participación ambiental activa e inclusiva de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y los territorios, lo cual limita las oportunidades de incidencia de actores clave, incluyendo organizaciones ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas.
  3. No se emiten alertas ecológicas sobre amenazas críticas como los monocultivos, la expansión urbana acelerada o las crisis hídricas locales.
  4. La respuesta estatal tiende a privilegiar la modernización urbana, sin atender de manera suficiente las desigualdades territoriales ni los impactos diferenciados del cambio climático en zonas rurales e indígenas.
  5. Se omiten sectores clave en las emisiones de carbono, como el agronegocio y las industrias contaminantes, los cuales permanecen sin un abordaje explícito.
  6. No se visibilizan los procesos de consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
  7. Se invisibilizan los conflictos territoriales relacionados con la criminalización de líderes, el acaparamiento de tierras y la escasez de agua.

9. Carece de una perspectiva intercultural e integral que reconozca los marcos normativos y epistemológicos propios de los pueblos indígenas.

10. Hay una falta de transparencia sobre los impactos, los indicadores utilizados y los mecanismos de auditoría social disponibles.

11. Persiste una fragmentación institucional que limita la posibilidad de una planificación ecológica de carácter nacional y articulado.

12. Falta una estrategia clara de adaptación comunitaria, esencial ante la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

13. Se excluye a actores sociales clave de los procesos de toma de decisiones.

14. Se omite por completo la crisis de gestión de residuos sólidos, a pesar de su creciente impacto ambiental y social en comunidades urbanas y rurales. Esta ausencia invisibiliza una problemática estructural que involucra contaminación de suelos y fuentes hídricas, saturación de rellenos sanitarios y falta de infraestructura para el reciclaje, evidenciando la falta de prioridad estatal hacia una transición efectiva hacia modelos de economía circular.

Aspectos a considerar

El informe 2024–2025 plantea una narrativa optimista sobre la política ambiental, centrada en infraestructura, pagos por servicios y avances tecnológicos. Sin embargo, identificamos limitaciones estructurales:

  • Predomina una visión tecnocrática, que no aborda las raíces del conflicto ambiental.

  • Se omiten los principales desafíos del modelo extractivista y las voces de comunidades afectadas.

  • Falta una política ambiental integral, basada en justicia territorial, interculturalidad y participación real.

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Lo que no dice el informe: vacíos y desafíos

Para completar el análisis, es necesario destacar aquellos elementos ausentes en el discurso presidencial, pero fundamentales para evaluar la política ambiental costarricense:

  1. Desalineación entre discurso verde y decisiones controversiales (como la reactivación minera).
  2. Retrocesos en participación, transparencia y presupuesto ambiental.
  3. Débil ejecución de políticas claves como el Plan de Descarbonización.
  4. Amenazas crecientes sobre la biodiversidad (monocultivos, tala en el Caribe Sur, expansión urbana desordenada, pesca no sostenible).

La política ambiental del gobierno se revela fragmentada y subordinada a las prioridades del crecimiento económico, lo que limita su capacidad de responder a los desafíos socioecológicos de manera integral. Avanzar hacia una sostenibilidad real exige transformaciones profundas, entre ellas:

  • Superar la lógica del “capitalismo verde” y transitar hacia un modelo de justicia socioecológica que priorice la equidad y el respeto por los límites ecológicos.

  • Reconocer y garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales sobre sus territorios y recursos, asegurando también su protección y seguridad frente a las amenazas y criminalización.

  • Establecer mecanismos robustos de fiscalización, transparencia y gobernanza local que fortalezcan el control social y la rendición de cuentas.

Y lo que no interesa…
Costa Rica sin Escazú: vulnerabilidad de las personas defensoras y vacíos en participación

Un aspecto notable en la política ambiental reciente es la ausencia de referencias y compromisos explícitos con el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Aunque Costa Rica fue uno de los países impulsores de su adopción, su falta de ratificación y su exclusión en las políticas públicas reflejan un retroceso preocupante en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.

La no adhesión al Acuerdo limita la creación de mecanismos vinculantes que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ambiental inclusiva. Además, debilita la capacidad institucional para proteger a las personas defensoras ambientales frente a las crecientes amenazas, hostigamientos y criminalización que enfrentan, particularmente en contextos de conflictos socioambientales.

En un país históricamente reconocido por su liderazgo ambiental, esta omisión envía señales contradictorias respecto a los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad. La ausencia del Acuerdo de Escazú no solo priva a las comunidades y organizaciones de herramientas legales más robustas, sino que también limita las posibilidades de avanzar hacia una justicia socioambiental integral y participativa.

*La fotografía corresponde a la radiografía de la fractura en el dedo de Philippe Vangoidsenhoven, ocasionada por la agresión de una persona implicada en actos de daño ambiental, ocurrida mientras él realizaba labores de monitoreo. 

Para el seguimiento legislativo:

📌 Proyectos de ley ambientales relevantes en la Asamblea Legislativa (2024–2025)

Caudales Ecológicos en Minería (Exp. 24.722): Introduce límites a concesiones mineras y protege caudales ecológicos, con participación comunitaria y controles contra la concentración empresarial.

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.º 20.212) procura la modernizar la legislación hídrica en Costa Rica, sustituyendo la normativa vigente desde 1942. Diversas voces han señalado preocupaciones respecto a su contenido y posibles implicaciones.

Armonización del Sistema Eléctrico (Exp. 23.414): Propone trasladar la rectoría del sector eléctrico al MINAE y abrir mayor participación privada, generando preocupaciones por tarifas y concentración de poder.

Economía Circular (Exp. 23.847): Busca crear un marco legal para reducir, reutilizar y reciclar materiales, desacoplando crecimiento económico del uso intensivo de recursos.

Ley Marco de Cambio Climático (Exp. 24.588): Establece coordinación interinstitucional y da rango legal a la Dirección de Cambio Climático, fortaleciendo su rol estratégico.

Resiliencia Climática (Exp. 24.300): Formaliza la Dirección de Cambio Climático y asegura su financiamiento, enfocándose en adaptación y fortalecimiento institucional.

Referencias para las citas:

Delfino.cr. (2023, agosto 1). Rodrigo Chaves abierto a valorar la exploración de gas natural en Costa Rica. Recuperado de https://delfino.cr/2023/08/rodrigo-chaves-abierto-a-valorar-la-exploracion-de-gas-natural-en-costa-rica

El País. (2024, mayo 2). Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024. Recuperado de https://www.elpais.cr/2024/05/02/701194/

Semanario Universidad. (2024, julio 22). Chaves comienza su gira por Guanacaste con dardos contra los ecologistas. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-comienza-su-gira-por-guanacaste-con-dardos-contra-los-ecologistas/

La República. (2024, julio 23). Rodrigo Chaves sobre tala en Gandoca – Manzanillo: “Cortaron 23 árboles”. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-sobre-tala-en-gandoca-manzanillo-cortaron-23-arboles

Delfino.cr. (2024, julio 8). Rodrigo Chaves sostiene que oro de Crucitas se puede explotar de manera responsable. Recuperado de https://delfino.cr/2024/07/rodrigo-chaves-sostiene-que-oro-de-crucitas-se-puede-explotar-de-manera-responsable

Ojo al Clima. (2022, noviembre 16). Comercio de productos agrícolas “libres de deforestación”: la propuesta tica que busca socios en COP27. Recuperado de https://ojoalclima.com/articles/comercio-de-productos-agricolas-libres-de-deforestacion-la-propuesta-tica-que-busca-socios-en-cop27

Surcos Digital. (2022, abril 26). Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach. Recuperado de https://surcosdigital.com/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

Tattenbach, F. (2022, octubre 3). Ministro de Ambiente sobre Acuerdo de Escazú: “Podría ser mucho más inconveniente”. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ministro-de-ambiente-sobre-acuerdo-de-escazupodria/RVD7G7P3KZGLFJQTU3E3SH2HMI/story/

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Trabajar no debe doler: por salud, seguridad y dignidad laboral

Nota elaborada por: Andrea Picado Morales

Miles de personas tomaron las calles de la capital para respeto a sus derechos laborales, exigir entornos de trabajos seguros y saludables,  y un alto a la precarización laboral

Dentro de la jornada, destacan las consignas en contra de la explotación laboral, el deterioro de la salud física y mental de quienes trabajan, y la falta de acción del institucional ante estas problemáticas. Carteles como “Trabajamos hasta que el cuerpo colapsa” y “¿Cuántas lágrimas caben en un contrato?” resumieron el clamor popular que se hizo sentir en la manifestación. Las personas trabajadoras denunciaron una creciente sobrecarga laboral que, lejos de ser reconocida, es normalizada por empresas que priorizan sus ganancias sobre la dignidad humana.

“Nos exigen como si fuéramos máquinas, y cuando ya no rendimos, nos desechan”, expresaban en su protesta, reflejando la percepción de ser tratados como recursos reemplazables y no como personas con derechos. La crítica se dirigió también a la inacción institucional, porque el papel aguanta lo que le escriban, pero ¿dónde están los mecanismos que deberían protegerles?, cuestionaron quienes participaron en la marcha.

Organizaciones sociales y sindicales coincidieron en la urgencia de garantizar entornos laborales seguros y saludables, donde el ejercicio del trabajo no implique sacrificar la salud ni la vida. Aseguran que la precarización laboral está alcanzando niveles alarmantes y que la indiferencia institucional solo agrava la crisis.

Este 1° de mayo se dejó en claro que las demandas no son simples reclamos: son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La salud, la seguridad y el respeto en el trabajo no son privilegios, son condiciones básicas que toda persona merece. En un país que se dice democrático, justo y solidario, el trabajo digno no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las personas trabajadoras alzaron la voz para recordarlo: sus derechos no se negocian, se respetan.

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Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

La fragilidad de las medidas de protección.

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero....¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.

Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

 Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

  • Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
  • Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
  • Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
  • Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
  • Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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Una universidad al servicio de la vida – La visión transformadora de Ignacio Ellacuría

En un contexto de creciente desconexión entre las universidades y la realidad social —acentuado por los cuestionamientos a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la creciente deslegitimación de sus autoridades—, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra publica el documento de trabajo titulado «La universidad como fuerza transformadora – La visión de Ignacio Ellacuría» (abril 2025), en el que se reivindica una educación comprometida con la justicia, los derechos humanos y los bienes comunes.

A partir del legado del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría, la publicación lanza una interpelación directa a las universidades públicas: ¿están cumpliendo su misión histórica o simplemente replican estructuras de poder y privilegio? Lejos de quedarse en la crítica, el documento propone una alternativa concreta: una universidad viva, crítica, popular y solidaria, capaz de «ponerse en lugar del pobre» y de convertirse en conciencia crítica del país.

Uno de los ejes centrales del texto es la defensa de la educación como bien común social, no como mercancía. Inspirado en la “filosofía de la realidad histórica” de Ellacuría, se plantea que el conocimiento debe ser producido y compartido en función de las mayorías, como herramienta para la transformación social. Desde esa lógica, se recupera el ejemplo de los mártires de la UCA como símbolo de una autoridad universitaria distinta: ética, cercana al pueblo, dispuesta a incomodar al poder y a encarnar el saber con valentía.

El documento invita a repensar profundamente los fines y métodos de la educación superior, y deja abiertas preguntas clave: ¿qué universidad necesitamos? ¿Puede la educación convertirse en un instrumento colectivo de liberación? ¿Cómo recuperamos el valor público del conocimiento?

📄 Documento completo disponible aquí

Les compartimos este video realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla para conocer algunos datos biográficos y del pensamiento de Ignacio Ellacuría

Crédito del video Radio San José.

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Inseguridad Jurídica y Abusos: La Dura Realidad de Finca Dos Ríos

Campesinos denuncian amenazas de desalojo y venta irregular de tierras en Finca Dos Ríos, Guácimo de Limón

La comunidad campesina de Finca Dos Ríos, en Guácimo de Limón, una zona afectada por inundaciones, enfrenta una grave situación de despojo y amenazas de desalojo. Tras perder sus cultivos el año pasado, desde hace años se han visto obligados a comprar sus propias tierras, tras haber sido víctimas de la inseguridad jurídica derivada del abandono y engaño sufrido por una compañía bananera que quebró a inicios de los años 2000. Dicha empresa se retiró sin pagar las prestaciones a sus trabajadores, quienes se vieron forzados a tomar las tierras para sobrevivir. Ahora, enfrentan la presión de comprarlas nuevamente a precios elevados y bajo condiciones irregulares. Esta información ha sido recopilada a partir de testimonios de personas que viven esta realidad y que han decidido alzar su voz ante la injusticia que enfrentan.

Venta forzada y amenazas

Los campesinos denuncian que se les está obligando a comprar tierras que han trabajado por años, bajo la amenaza de ser desalojados. Aseguran que los vendedores no cuentan con documentación legal que los acredite como propietarios legítimos y que muchas de las transacciones se realizan sin transparencia. Además, mencionan que las tierras que se les ofrecen a precios exorbitantes son las mismas que ellos han trabajado y mejorado durante años. En algunos casos, quienes han intentado regularizar su situación han sido rechazados sin motivo aparente, quedando en una situación de incertidumbre total.

Los testimonios recogidos indican que algunas personas han sido amenazadas directamente por quienes intentan vender las tierras, recibiendo presiones constantes para que abandonen sus hogares. Otros han sido notificados con órdenes de desalojo sin haber tenido acceso a un proceso legal claro ni la posibilidad de defender sus derechos.

Procesos judiciales detenidos

Los afectados también señalan que los juicios relacionados con estas tierras han sido suspendidos en varias ocasiones sin explicación convincente, lo que impide su acceso a la justicia. A pesar de presentar pruebas y argumentaciones en su defensa, los procesos no avanzan, dejando a las familias en un estado de indefensión. Según los testimonios, existe una percepción de corrupción y manipulación en estos procesos, lo que genera aún más incertidumbre y temor en la comunidad.

En algunos casos, personas que han intentado ponerse al día con pagos y acuerdos han visto cómo, de manera repentina, se les rechazan los pagos o se les devuelven las cuotas ya abonadas, dejándolos sin opciones para regularizar su situación. Estos eventos irregulares generan gran incertidumbre en la comunidad, ya que evidencian la falta de un proceso claro y justo. La arbitrariedad en la aceptación o rechazo de pagos parece responder a la falta de regulación y a la suma de omisiones institucionales, lo que deja a los campesinos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Resistencia y llamado a la solidaridad

A pesar de las amenazas y la incertidumbre, la comunidad sigue resistiendo y buscando apoyo para frenar estos desalojos. Muchos llevan décadas luchando por sus tierras y no están dispuestos a ceder ante presiones que consideran injustas. En los testimonios recogidos, las personas afectadas expresan su temor, pero también su determinación de seguir defendiendo su derecho a la tierra.

Los campesinos hacen un llamado a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que investiguen estos casos y detengan estas prácticas que los ponen en riesgo. Piden que se garantice un proceso justo y que se respete su derecho a vivir y trabajar en las tierras que han habitado y cultivado por generaciones.

Esta denuncia busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias campesinas y que sigue ocurriendo en silencio. La comunidad espera que su situación sea escuchada y atendida antes de que más personas sean despojadas de sus hogares y su medio de vida.

El acceso a la tierra y la legislación en Costa Rica

El acceso a la tierra es un derecho fundamental para las personas campesinas, ya que les permite garantizar su sustento, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico. En Costa Rica, la Constitución y diversas leyes reconocen el derecho de los trabajadores agrícolas a acceder a tierras productivas, especialmente cuando han sido ocupadas y trabajadas de manera legítima por largos periodos. Sin embargo, la inseguridad jurídica y la falta de regulación han generado múltiples conflictos en comunidades rurales, donde familias campesinas han sido despojadas de tierras que han habitado y cultivado durante generaciones.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) es la institución encargada de promover el acceso a tierras para personas en condición de vulnerabilidad y de velar por la regularización de asentamientos campesinos. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo de estas políticas ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre legal, a merced de actores privados que buscan apropiarse de los terrenos mediante prácticas irregulares.

Es crucial que el Estado costarricense garantice el acceso justo a la tierra y brinde seguridad jurídica a las comunidades campesinas, asegurando que sus derechos sean protegidos y que se ponga fin a los abusos que ponen en riesgo su estabilidad y medios de vida.

Normativa internacional sobre el derecho a la tierra y su reconocimiento en Costa Rica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la tierra y la protección de las comunidades campesinas frente al despojo y la inseguridad jurídica. Entre estos, destacan:

  • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP): Este instrumento reconoce el derecho de los campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección contra desalojos forzosos e injustos.
  • Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Aunque dirigido principalmente a pueblos indígenas, este convenio protege los derechos sobre tierras y territorios, enfatizando la consulta previa y el respeto a los derechos adquiridos de las comunidades rurales.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Este tratado obliga a los Estados a garantizar el acceso a la tierra y medios de producción como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ambos instrumentos establecen el derecho a la propiedad y la protección contra la privación arbitraria de bienes.

A pesar de estos compromisos, en la práctica muchas comunidades campesinas en Costa Rica enfrentan dificultades para acceder y mantener sus tierras. La falta de implementación efectiva de estos tratados y la omisión de las autoridades para garantizar el acceso equitativo a la tierra han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

La Importancia de Proteger el Modo de Vida Campesino en Costa Rica

El modo de vida campesino es esencial para Costa Rica, ya que garantiza la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la identidad cultural del país. Los campesinos son guardianes de la biodiversidad y productores de alimentos básicos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la economía local. Además, su conocimiento tradicional sobre la tierra y los ecosistemas ayuda a mitigar el cambio climático. Proteger sus derechos, garantizar el acceso a la tierra y fomentar políticas de apoyo es clave para un desarrollo sostenible y equitativo.

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Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

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Grecia arriba

Grecia, mucho más que zonas francas: voces ciudadanas en acción

En este episodio de Sentirse Saberes, nos trasladamos a Grecia, Costa Rica, para explorar los desafíos y potencialidades de este cantón en medio de su transformación económica y social. Junto a representantes de organizaciones ambientales, académicos y líderes comunitarios, abordamos temas clave como:

El impacto del crecimiento urbano y las zonas francas en el ecosistema y la vida cotidiana de la comunidad.
El papel de la organización ciudadana para la protección del medio ambiente y la recuperación del tejido social.
La juventud como motor de cambio, sus desafíos y el rol de la educación ambiental.
El Observatorio Ciudadano del Agua y su trabajo en la conservación del río Agualote.

🎙️ ¿Cómo podemos equilibrar el crecimiento con la preservación de la identidad local y el bienestar comunitario? ¿Qué retos enfrenta la comunidad para fortalecer su entorno y su calidad de vida? ¡Acompáñanos en esta conversación inspiradora y descubre las voces que están transformando Grecia!

🔊 Escúchalo ahora y únete al diálogo.

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Injerencia, Privatización y Deuda: Las Amenazas que Acechan a la CCSS

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución.

🚨 Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento.

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

💬 La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

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Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.