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Ni las dosis “aceptables” son seguras: glifosato provoca tumores en animales según nuevo estudio internacional

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Un nuevo estudio científico realizado por el Instituto Ramazzini y publicado en Environmental Health en 2025 confirma lo que muchas comunidades y movimientos sociales han venido denunciando desde hace años: la exposición prolongada al glifosato y sus formulaciones comerciales puede provocar múltiples tipos de cáncer, incluso desde etapas prenatales (Panzacchi et al., 2025).

¿Qué investigó este estudio?
Durante más de dos años, los investigadores administraron glifosato y dos herbicidas comerciales a ratas Sprague–Dawley desde antes de su nacimiento hasta la vejez. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles «seguros» actualmente autorizados en la Unión Europea: desde la Ingesta Diaria Aceptable (ADI) hasta el Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL) (Panzacchi et al., 2025).

Glifosato: el herbicida más usado del mundo
El glifosato es el ingrediente activo de los herbicidas más utilizados a nivel global, como Roundup y RangerPro. Aunque es ampliamente promovido por la industria como «seguro», su uso ha estado rodeado de controversias desde que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) lo clasificó como probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A) (Guyton et al., 2015).
Ahora, diez años después, el nuevo estudio del Ramazzini Institute refuerza de forma contundente esa advertencia.

¿Qué encontraron?
Los resultados son alarmantes:

  1. Aumento significativo de cánceres: incluyendo leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso, entre otros.
  2. Tumores raros con inicio temprano: muchas muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida.
  3. Efectos desde la vida prenatal: la exposición comenzó en las madres gestantes, reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Según los autores, estas pruebas en animales constituyen una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, y son consistentes con los datos epidemiológicos en humanos (Panzacchi et al., 2025).

¿Por qué debería preocuparnos?
Aunque los estudios en ratas no pueden extrapolarse automáticamente a humanos, los resultados elevan preocupaciones legítimas sobre la seguridad de la exposición crónica al glifosato, especialmente durante el embarazo y la infancia.
Sabemos que el glifosato ha sido detectado en alimentos, agua y polvo doméstico (Benbrook, 2016). Y sin embargo, sigue siendo el pilar de los modelos agrícolas industriales, incluso en zonas altamente pobladas o cerca de escuelas, viviendas y fuentes de agua.

¿Y ahora qué?
Este estudio debería ser una alerta de salud pública. Las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, tienen la responsabilidad de reevaluar los límites de exposición permitidos, garantizar una vigilancia epidemiológica activa y promover alternativas agroecológicas que no pongan en riesgo la salud de las personas.
La evidencia está sobre la mesa: el uso masivo de glifosato no es solo un problema agrícola, es un problema de salud humana.

¿Qué significa que el riesgo esté en las “formulaciones comerciales”?
Cuando hablamos de glifosato, no solo nos referimos al ingrediente activo aislado. En el mercado, este compuesto se vende mezclado con otros químicos que facilitan su absorción en las plantas: estas son las llamadas formulaciones comerciales. Marcas como Roundup o RangerPro, por ejemplo, combinan el glifosato con aditivos conocidos como coadyuvantes, que muchas veces no son revelados completamente al público ni a las autoridades regulatorias (Mesnage & Antoniou, 2018).
¿Por qué esto importa? Porque varios estudios —incluido este del Instituto Ramazzini— han demostrado que estas formulaciones pueden ser aún más tóxicas que el glifosato por sí solo (Panzacchi et al., 2025). En otras palabras: aunque se evalúe la «seguridad» del ingrediente activo aislado, en la vida real las personas están expuestas a mezclas más complejas y potencialmente más dañinas.
El hecho de que incluso a dosis consideradas “seguras” por la Unión Europea se observe un aumento de cánceres en animales, implica que los actuales estándares regulatorios no están protegiendo adecuadamente la salud pública.
Este hallazgo interpela de forma directa a los sistemas de evaluación de riesgos: ¿cómo se están autorizando productos cuyas fórmulas completas permanecen en muchos casos bajo secreto comercial? ¿Por qué las evaluaciones toxicológicas siguen centradas en ingredientes activos aislados, y no en las formulaciones tal y como se utilizan en el campo?
La evidencia es clara: la exposición real incluye mucho más que glifosato, y esa realidad debe reflejarse en las políticas de regulación y protección ambiental. Es urgente avanzar hacia un enfoque precautorio, transparente y centrado en las personas.

Glifosato: ¿qué es y por qué está en el centro de una disputa global?
El glifosato es un herbicida de amplio espectro ampliamente utilizado en la agricultura industrial desde los años 70. Aunque ha sido promovido como una herramienta “eficiente y segura” para el control de malezas, hoy está en el centro de una intensa disputa científica, política y social por sus efectos sobre la salud y el ambiente.

¿Qué es el glifosato?

Químicamente, el glifosato es un compuesto que inhibe una enzima esencial (EPSP sintasa) en la vía del shikimato, un proceso biológico que permite a las plantas producir ciertos aminoácidos. Esta inhibición provoca la muerte de las plantas consideradas «malas hierbas».

Fue patentado por la multinacional Monsanto en 1974 bajo el nombre comercial Roundup, y desde entonces se ha convertido en el herbicida más utilizado del planeta. Su uso se disparó aún más en los años 90, cuando Monsanto introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, como la soya y el maíz transgénico(Fagan, Antoniou, y Robinson, 2016).  

¿Medidas simbólicas o protección real? El caso de EE. UU. y la Unión Europea

En los últimos años, frente al creciente escrutinio científico y social, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado medidas que intentan responder —al menos en apariencia— a las preocupaciones sobre el glifosato. Sin embargo, estas acciones han sido parciales y cuestionadas.

En 2021, Bayer anunció que retiraría el glifosato de los productos de jardinería y uso doméstico en EE. UU., reconociendo de forma implícita el riesgo de litigios por los efectos en la salud. No obstante, la venta para uso agrícola masivo continuó sin restricciones. Es decir, mientras se reduce la exposición en los jardines urbanos, se mantiene (y muchas veces se intensifica) en zonas rurales, agrícolas y cercanas a fuentes de agua y alimentos.

Por su parte, la Unión Europea renovó temporalmente la autorización del glifosato en 2023, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones científicas, ambientales y sociales (Kwiatkowski et al., 2020). La renovación se dio en un contexto de informes técnicos controvertidos, críticas por falta de transparencia en las evaluaciones de riesgo, y evidencias crecientes de sus efectos nocivos.

¿Son suficientes estas medidas?

El reciente estudio del Instituto Ramazzini (2025) demuestra que incluso a dosis «autorizadas» y desde etapas prenatales, el glifosato y sus formulaciones pueden inducir tumores en múltiples órganos, varios de ellos raros, agresivos y de inicio temprano (Panzacchi et al., 2025). Esto plantea una pregunta ineludible:

¿Qué sentido tiene limitar su uso doméstico mientras se permite su aplicación en los cultivos que abastecen nuestra alimentación?

Estas políticas parecen más una estrategia de control reputacional que una respuesta efectiva de salud pública. No basta con retirar el producto del estante del supermercado si su rastro permanece en el agua, los alimentos, el polvo doméstico y el cuerpo de personas expuestas en las zonas rurales.

Frente a la contundencia de los datos científicos actuales, las medidas tomadas hasta ahora lucen insuficientes, inconsistentes y tardías. Lo que se requiere es un cambio estructural en la forma de evaluar, regular y limitar los plaguicidas, basado en el principio precautorio, la ciencia independiente y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Glifosato y Costa Rica: uso intensivo, alertas sanitarias y debates regulatorios

¿Qué tan presente está el glifosato en Costa Rica?

Costa Rica figura entre los países con mayor consumo de pesticidas por hectárea en el mundo, con cifras que oscilan entre 10–35 kg/ha al año (López Delgado, Arias Cruz, y Arias Alfaro, 2016). Desde su introducción en 1982, el uso de glifosato creció de 36 t de ingrediente activo a unos 1 761 t en 2013. El 90 % de los plaguicidas usados en el país son considerados altamente peligrosos, y el glifosato se posiciona como el herbicida más usado, presente en cultivos como palma africana, arroz, café, banano, cítricos y pasturas.

Alertas y prohibiciones locales

En 2019, el Ministerio de Salud prohibió el uso de glifosato y otros herbicidas industriales en áreas públicas, incluyendo aceras, parques y escuelas, por riesgos graves para la salud (Salazar Villanea y Corrales Aguilar, 2021).

Al menos 21 municipalidades, además de instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica, restringieron o prohibieron su uso en sus instalaciones.

A mediados de la última década, un proyecto de decreto nacional para restringir su uso quedó “congelado” por falta de interés político (Zúñiga y Aguilar, 2018).

Impactos en la salud pública y el ambiente

Un informe de 2022 de la ONU, OPS y PNUD alerta que del 2014 al 2020 se registraron 58 muertes por intoxicaciones con plaguicidas. El glifosato fue uno de los agroquímicos más relacionados con intoxicaciones leves (Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas, 2022).

Estudios de la Universidad Nacional y la UCR evidencian que el 90 % del uso de plaguicidas en Costa Rica es altamente tóxico, y que el glifosato es una de las sustancias clave en esta lista (López Delgado et al., 2016).

Se han detectado mezclas de hasta 30 plaguicidas en ríos y polvo de escuelas cercanas a zonas agrícolas, con presencia comprobada en colmenas, perezosos y ecosistemas acuáticos.

Debates y caminos regulatorios

Ante las crecientes alertas, se elaboraron informes oficiales con la intención de prohibir, restringir o reforzar los controles sobre el glifosato, citando los riesgos cancerígenos y crónicos.

No obstante, hasta la fecha no se han aplicado restricciones nacionales contundentes. La normativa sectorial ofrece normativas locales, pero carece de una prohibición o reducción nacional coordinada.

Organismos académicos y científicos, como la Academia Nacional de Ciencias, han promovido proyectos de ley que buscan incorporar el principio precautorio, separación de funciones regulatorias y seguimiento epidemiológico (Academia Nacional de Ciencias, 2017).

¿Es suficiente la respuesta de Costa Rica?

Las acciones hasta ahora han sido fragmentadas: restricciones locales, alertas nacionales y declaraciones de crisis ambiental, pero no un cambio estructural. Frente al nuevo estudio del Instituto Ramazzini (2025), que reveló tumores en ratas expuestas desde etapas prenatales a dosis «seguras», se evidencia que:

  • La presencia continua de glifosato en cultivos, aire, agua y hogares implica que la salud humana sigue expuesta, especialmente en zonas rurales.

  • Las restricciones municipales y el etiquetado verde del producto no garantizan protección si el herbicida se mantiene en la cadena agrícola y ambiental.

  • Costa Rica necesita un marco regulatorio nacional, basado en ciencia independiente, vigilancia de exposiciones, monitoreo ambiental y sustitución por alternativas menos tóxicas.

Hacia un futuro saludable

El país cuenta con un excelente punto de partida: una academia activa, una institucionalidad sensible y ciudadanos conscientes. El próximo paso debería ser transformar estas condiciones en:

  • Una prohibición nacional del uso agrícola del glifosato,

  • Alternativas agroecológicas y sistemas de manejo integrado de malezas,

  • Vigilancia epidemiológica en zonas vulnerables,

  • Etiquetado claro y transparencia total de las formulaciones utilizadas.

Solo así Costa Rica podrá asegurar su derecho constitucional a un ambiente sano y proteger la salud de sus ciudadanos frente a amenazas químicas invisibles pero profundas.

Cronología crítica del glifosato

1974 – Monsanto lanza al mercado el herbicida Roundup, con glifosato como ingrediente activo.

1996 – Comienza la era de los transgénicos resistentes al glifosato: se autoriza en EE. UU. la primera soya «Roundup Ready».

2000s – Diversos estudios independientes alertan sobre efectos tóxicos en células humanas y animales de laboratorio, incluso en dosis bajas.

2015 – La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), parte de la OMS, clasifica al glifosato como «probablemente cancerígeno para humanos» (Grupo 2A), lo que desata una ola de controversias científicas y demandas judiciales.

2016–2019 – En EE. UU., miles de personas presentan demandas contra Monsanto (adquirida por Bayer en 2018), alegando que el uso de Roundup les causó linfoma no Hodgkin. En varios juicios se dictan sentencias millonarias a favor de los demandantes.

2020–2022 – Bayer anuncia que retirará el glifosato de los productos para uso doméstico en EE. UU., aunque mantiene su venta para uso agrícola. La Unión Europea renueva su autorización temporalmente, en medio de intensos cuestionamientos.

2025 – El Instituto Ramazzini publica el estudio más extenso hasta la fecha, demostrando que el glifosato y sus formulaciones comerciales provocan cáncer en ratas incluso a dosis permitidas por autoridades sanitarias europeas. Se observa aparición de tumores desde etapas tempranas de vida.

Créditos de imágenes Semanario Universidad

Referencias:

Academia Nacional de Ciencias. (2017). Informe sobre el principio precautorio y la regulación de plaguicidas en Costa Rica. San José, Costa Rica.
https://www.anc.cr/publicaciones/Informe_principio_precautorio_plaguicidas_ANC.pdf

Benbrook, Charles (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe, 28(1), 3.
https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0

Fagan, John, Antoniou, Michael N., y Robinson, Claire. (2016). GMO Myths and Truths: A Citizen’s Guide to the Evidence on the Safety and Efficacy of Genetically Modified Crops and Foods (3rd ed.). Earth Open Source.
https://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2016/09/GMO-Myths-and-Truths-edition3.pdf

Guyton, Kathryn Z., Loomis, Dana, Grosse, Yann, El Ghissassi, Fatiha, Benbrahim-Tallaa, Lamia, Guha, Neela, Scoccianti, Chiara, Mattock, Heidi, y Straif, Kurt. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology, 16(5), 490–491.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8

Kwiatkowski, Carol F., Naidenko, Olga V., Douvris, Catherine, y Andrews, David Q. (2020). Navigating the scientific uncertainties of PFAS risk. Environmental Science & Technology Letters, 7(5), 343–351.
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255

López Delgado, María, Arias Cruz, Alejandra, y Arias Alfaro, Luis. (2016). Situación del uso de plaguicidas en Costa Rica: diagnóstico y recomendaciones para una política pública nacional. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional.
https://www.una.ac.cr/archivos_pdf/plaguicidas_CR_2016_iret.pdf

Mesnage, Robin, y Antoniou, Michael N. (2018). Ignoring adjuvant toxicity falsifies the safety profile of commercial pesticides. Frontiers in Public Health, 5, 361.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361

Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Organización de las Naciones Unidas. (2022). Informe sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas en Costa Rica, 2014–2020. San José, Costa Rica.
https://www.undp.org/es/costa-rica/publicaciones/informe-intoxicaciones-agudas-plaguicidas-costa-rica-2014-2020

Panzacchi, Simona, Tibaldi, Eva, De Angelis, Luana, Falcioni, Laura, Giovannini, Rita, Gnudi, Federica, Iuliani, Martina, Manservigi, Marco, Manservisi, Fabiana, Manzoli, Isabella, Menghetti, Ilaria, Montella, Rita, Noferini, Roberta, Sgargi, Daria, Strollo, Valentina, Truzzi, Francesca, et al. (2025). Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats. Environmental Health, 24(36).
https://doi.org/10.1186/s12940-025-01187-2

Salazar Villanea, José Joaquín, y Corrales Aguilar, Laura. (2021). Riesgos sanitarios y prohibición del glifosato en áreas públicas de Costa Rica. Ministerio de Salud de Costa Rica.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/descargas/institucional/informes/1862-riesgos-glifosato-espacios-publicos/download

Zúñiga, Margarita, y Aguilar, Diana. (2018). Municipalidades por territorios libres de glifosato: experiencias desde el poder local. Revista Ambientico, 269, 4–9.
https://www.catie.ac.cr/resources/publicaciones/ambientico/ambientico269.pdf

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.

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Los Ángeles se levanta contra la represión migratoria: protestas, militarización y vigilancia bajo la administración Trump

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En medio de un clima de creciente tensión migratoria en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles para rechazar las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien busca regresar al poder en 2025. Las protestas denuncian un aparato de persecución profundamente reforzado, donde la tecnología, la represión policial y el racismo estructural se entrelazan para criminalizar y expulsar a comunidades migrantes enteras (Democracy Now!, 2025a).

Redadas, miedo y resistencia

Una de las escenas que encendió la indignación colectiva fue la redada en un restaurante de San Diego, donde agentes de ICE detonaron granadas de estruendo mientras arrestaban trabajadores migrantes. Estos operativos, lejos de ser aislados, forman parte de un plan coordinado para realizar hasta 3,000 arrestos diarios en caso de un eventual retorno de Trump al poder (Democracy Now!, 2025c). Las acciones han sido calificadas por activistas como «terrorismo de Estado» contra las comunidades racializadas.

Además, el expresidente ha amenazado con utilizar a los marines del Camp Pendleton para contener la migración, en abierta violación a la ley Posse Comitatus, que impide el uso del ejército en funciones policiales internas. Por primera vez en seis décadas, se desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización del gobernador Gavin Newsom, lo que fue percibido como un grave precedente autoritario (Democracy Now!, 2025d).

Un Estado de vigilancia tecnoautoritario

El programa migratorio trumpista no solo actúa con botas en las calles: se apoya también en plataformas digitales de vigilancia masiva. Empresas como Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, han diseñado bases de datos que cruzan información del IRS, Seguridad Social, registros electorales y licencias de conducir. Estos sistemas permiten a ICE rastrear y perfilar personas sin supervisión judicial, todo en nombre de la «seguridad nacional» (Democracy Now!, 2025b).

La opacidad y el carácter privatizado de estos sistemas son especialmente preocupantes. La vigilancia se convierte así en una herramienta para reforzar desigualdades raciales, económicas y políticas, consolidando lo que algunos analistas ya llaman un régimen de apartheid digital.

Voces desde las comunidades migrantes

Frente a esta avanzada represiva, organizaciones como la Haitian Bridge Alliance han denunciado no solo la violencia directa, sino también la deslegalización masiva de personas que contaban con permisos otorgados por la administración Biden. «Hay un trato desigual que refleja un racismo estructural profundo. Mientras los refugiados ucranianos son acogidos, a las personas caribeñas y latinoamericanas se les criminaliza», afirmó Guerline Jozef, directora de la organización (Democracy Now!, 2025c).

Los testimonios abundan: padres detenidos en sus casas frente a sus hijos, comunidades enteras viviendo con miedo a ser deportadas, trabajadoras esenciales siendo perseguidas pese a haber sostenido al país durante la pandemia.

El Sur como frontera interna

Un fenómeno clave es la expansión de lo que se ha llamado «Detention Alley», una franja de cárceles migratorias privadas en Texas, Luisiana y Misisipi, operadas por corporaciones como GEO Group. Allí, miles de personas son encarceladas en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios básicos y sin debido proceso legal. El programa 287(g), una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) de Estados Unidos, que permite a policías locales actuar como agentes de ICE, se ha expandido a más de 500 agencias, reforzando la criminalización cotidiana de la migración (Democracy Now!, 2025a).

Más allá de la ciudadanía: pensar las luchas migrantes desde la autonomía

Las protestas en Los Ángeles no son solo un acto defensivo. Son, también, una expresión política que desafía los límites del orden estatal y de la noción tradicional de ciudadanía. Desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones, como plantea la investigadora María Gabriela Rho (2021), estas luchas deben ser entendidas no solo como demandas de inclusión legal, sino como actos que desbordan y transforman los regímenes existentes.

La migración, en este enfoque, es vista como una fuerza activa que antecede y desestabiliza los dispositivos de control estatal. Lejos de reducirse a peticiones por derechos formales, las luchas migrantes son prácticas cotidianas, invisibles o visibles, que construyen comunidad, sostienen vida y confrontan el orden racial-capitalista desde sus márgenes.

«Las migraciones deben comprenderse dentro de campos de conflicto configurados por las relaciones entre las subjetividades y las prácticas de insubordinación de las personas migrantes y los controles políticos, jurídicos y violencias que intentan gobernarlas» (Rho, 2021).

Vigilancia y represión como erosión de los bienes comunes sociales

Más allá del impacto directo sobre las comunidades migrantes, las políticas migratorias represivas basadas en la vigilancia masiva y la criminalización del movimiento humano erosionan un conjunto más amplio de bienes comunes sociales. Estos bienes, que incluyen la confianza pública, el acceso equitativo a servicios, la convivencia intercultural, el derecho a la ciudad y la solidaridad comunitaria, son desgastados por regímenes que privilegian el control y el castigo sobre el cuidado y la justicia.

La construcción de un Estado vigilante y militarizado no solo afecta a quienes se encuentran en situación migratoria irregular. A mediano y largo plazo, también mina los vínculos sociales que sostienen la democracia, al debilitar el tejido comunitario y normalizar formas de exclusión institucionalizada. Cuando la vigilancia se privatiza y se tecnifica, los derechos básicos dejan de ser universales para transformarse en privilegios selectivos.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, la libre movilidad, la vida digna y la organización social basada en la cooperación no son meros derechos individuales, sino fundamentos colectivos. Su erosión afecta a todas las personas, más allá de su estatus migratorio. Defenderlos implica rechazar el miedo como forma de gobierno, y sostener espacios donde florezcan el cuidado mutuo, la inclusión y la justicia social.

El derecho a moverse, el deber de resistir

Las movilizaciones en Los Ángeles expresan algo más que indignación: son una afirmación de humanidad, de comunidad y de derechos que no caben en las categorías estrechas de los regímenes migratorios actuales. Frente a la amenaza de un segundo mandato de Trump y la profundización del control tecnoautoritario, la defensa de los derechos de las personas migrantes se vuelve una lucha global, que interpela no solo al sistema legal, sino a los fundamentos mismos de la democracia y la justicia.

Las calles hablan. Y en Los Ángeles, gritan: ¡Nadie es ilegal en tierras robadas!

Glosario de conceptos

ICE (Immigration and Customs Enforcement)
Agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos, incluyendo detenciones y deportaciones.

Redada (Raid)
Operativo policial o federal para arrestar a personas, en este caso migrantes, generalmente en lugares de trabajo o viviendas.

Granadas de estruendo (Flashbang grenades)
Dispositivos usados por fuerzas de seguridad para aturdir o desorientar temporalmente a personas durante operativos.

Camp Pendleton
Base militar de los Marines de Estados Unidos en California, mencionada por su posible uso para operaciones migratorias.

Ley Posse Comitatus
Ley estadounidense que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales dentro del país, para evitar militarización interna.

Guardia Nacional
Fuerza militar estatal que puede ser activada en emergencias; su despliegue sin autorización del gobernador es controvertido y raro.

Palantir
Empresa tecnológica estadounidense que desarrolla software de análisis de datos y vigilancia, utilizada por agencias de seguridad.

Peter Thiel
Magnate tecnológico y fundador de Palantir, conocido por su apoyo político y vínculos con la administración Trump.

IRS (Internal Revenue Service)
Agencia federal encargada de la recaudación de impuestos en Estados Unidos.

GEO Group
Corporación privada que opera cárceles y centros de detención migratoria en Estados Unidos y otros países.

Detention Alley
Término usado para describir la concentración de centros de detención migratoria privados en estados del sur de Estados Unidos, como Texas, Luisiana y Misisipi.

Haitian Bridge Alliance
Organización comunitaria que trabaja en defensa de los derechos de migrantes haitianos y caribeños.

Un espejo de nuestra realidad y una advertencia urgente

Las luchas por los derechos de las personas migrantes en Los Ángeles no solo tienen relevancia local o nacional en Estados Unidos; su significado trasciende fronteras y nos interpela profundamente en América Latina y el Caribe. La criminalización de la movilidad humana y la militarización de las fronteras que hoy se viven al norte se reflejan también en nuestra región, donde millones de personas enfrentan desplazamientos forzados por razones económicas, políticas y ambientales, y son sistemáticamente perseguidas, excluidas y estigmatizadas.

Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad se ha agravado con la expansión global de un modelo de control basado en la vigilancia masiva y el uso de tecnologías digitales que, en muchos casos, son fabricadas y exportadas desde Estados Unidos. Empresas como Palantir o grupos vinculados a la industria de la seguridad venden y adaptan estas herramientas a gobiernos y fuerzas policiales en América Latina y el Caribe, contribuyendo a fortalecer regímenes autoritarios y sistemas de represión que violan derechos humanos fundamentales.

Así, las estrategias que hoy criminalizan a las comunidades migrantes en Estados Unidos funcionan también como un laboratorio para el control social que luego se implementa en nuestros países. La militarización de las fronteras, la cooperación entre agencias migratorias y policiales, y la vigilancia digital afectan a quienes migran, pero también a las poblaciones vulnerables dentro de nuestras propias sociedades, erosionando los bienes comunes sociales como la confianza, la solidaridad y la convivencia intercultural.

El lado humano de esta problemática es fundamental. Las familias que huyen, los trabajadores y trabajadoras que sostienen economías enteras, las comunidades que resisten desde sus territorios, todas estas vidas muestran que la movilidad humana es una expresión legítima de búsqueda de dignidad y justicia. La criminalización de estos movimientos no solo deshumaniza, sino que amenaza el derecho universal a moverse libremente, a construir comunidad y a vivir sin miedo.

Por ello, mirar las protestas en Los Ángeles y denunciar las políticas represivas es también una forma de visibilizar las conexiones globales de estas luchas y fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan la violencia migratoria en todas partes. Defender la libertad de movimiento y rechazar el control autoritario es una tarea urgente para América Latina y el Caribe, porque lo que sucede en el norte nos alcanza y nos define como región.

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencias

Democracy Now! (2025a). Thousands protest Trump immigration plans in LA, denounce ICE raids & threat of military on streets. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/makena_kelly

Democracy Now! (2025b). Elon Musk’s SpaceX Starbase fuels fears of surveillance state as it partners with ICE & Border Patrol. 9 de mayo de 2025. https://www.democracynow.org/2025/5/9/starbase

Democracy Now! (2025c). Guerline Jozef: Trump is unleashing a «war on immigrants» & will legalize cruelty against migrants. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/guerline_jozef

Democracy Now! (2025d). Trump claims powers to deploy troops nationwide without governors’ approval if elected again. 9 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/9/trump_presidential_powers_national_guard

Rho, M. G. (2021). Ciudadanía y luchas migrantes. Debates desde la autonomía de las migraciones. Revista Reflexiones, 100(2), 1–19. https://doi.org/10.15517/rr.v100i2.43440

Créditos de imagenes: Democracy Now, Le Monde y Reuters

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Promesas en alta mar, omisiones en tierra firme: lo que Niza revela sobre la política oceánica

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Del 9 al 13 de junio de 2025, la ciudad de Niza, Francia, acoge la tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3), copatrocinada por Costa Rica y Francia. Esta cumbre, bajo el lema “Unidos por la ciencia, unidos por los océanos”, tiene como propósito central ampliar las soluciones científicas, técnicas e innovadoras para enfrentar la crisis oceánica global (ONU, 2025).

El evento reúne a más de 10.000 participantes, entre ellos 70 jefaturas de Estado, representantes multilaterales, científicos, activistas y actores del sector económico-marítimo. En línea con la Agenda 2030, busca acelerar el cumplimiento del ODS 14: Vida submarina, actualmente uno de los objetivos más rezagados (ONU, 2023).

Tres ejes estratégicos orientan la conferencia:

  1. La ratificación e implementación del Tratado Global de los Océanos (BBNJ) (ONU, 2024).
  2. La transición hacia una economía azul justa y sostenible (Greenpeace, 2024).
  3. La producción y acceso abierto al conocimiento científico marino, como base para una gobernanza oceánica inclusiva (UNESCO, 2023).

Crédito imagen: Vicerrectoría Acción Social UCR

Un planeta marino bajo presión: cifras que interpelan

Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Regulan el clima, capturan CO₂, generan oxígeno y sostienen medios de vida esenciales como la pesca y el turismo (FAO, 2022). Sin embargo, los indicadores actuales alertan sobre una crisis sin precedentes:

  1. El 90 % de las poblaciones de peces comerciales están sobreexplotadas o al límite biológico (FAO, 2022).
  2. Ecosistemas costeros como manglares y arrecifes desaparecen tres veces más rápido que los bosques terrestres.
  3. Para 2050, podría haber más plástico que peces en el mar por peso (Jambeck et al., 2015).
  4. En Costa Rica, el nivel del mar ha aumentado en promedio 3 mm anuales, afectando a más de 300 comunidades costeras (PNUD, 2023; SINAC, 2024).

La crisis oceánica no es solo ambiental: es también geopolítica. Los mares se han transformado en escenarios de disputa entre intereses extractivos, estrategias corporativas disfrazadas de sostenibilidad y luchas territoriales por el control de recursos (Roberts, 2023).

Una cumbre necesaria… pero aún insuficiente

La gravedad del deterioro marino exige respuestas estructurales urgentes. Sin embargo, la acción política y diplomática avanza a un ritmo muy inferior al que impone la emergencia.

El Tratado Global de los Océanos, adoptado en 2023 tras dos décadas de negociaciones, aún no ha entrado en vigor: solo 31 de los 60 países requeridos lo han ratificado (ONU, 2024; Smith, 2024). Las trabas no son técnicas, sino geopolíticas.

Mientras tanto, la minería submarina gana impulso. Empresas promueven la extracción de metales raros en ecosistemas profundos, poco conocidos y altamente vulnerables, sin regulación internacional clara (ISA, 2023).

Al mismo tiempo, el discurso de la economía azul aparece cada vez más en foros y políticas. Pero en muchos casos, esta se limita a un maquillaje verde del extractivismo, priorizando inversiones empresariales por encima de los derechos de comunidades costeras, la salud marina o la soberanía territorial (Observatorio de Economía Azul, 2024).

Como advirtió Greenpeace:

“El multilateralismo global no está funcionando: si seguimos así, solo tendremos océanos muertos por conservar” (Greenpeace, 2024).

La responsabilidad sigue pendiente

Las grandes potencias continúan evadiendo sus responsabilidades. Mientras los países industrializados dilatan compromisos financieros y ecológicos, las corporaciones presionan para suavizar regulaciones. A su vez, muchos Estados del Sur Global, atrapados en crisis de deuda, ceden soberanía marina a cambio de inversiones sin garantías ambientales ni beneficios sostenibles (UNDP, 2023).

La paradoja es evidente: quienes menos contaminan, serán los primeros en perder sus costas, sus arrecifes, sus medios de vida… y sus memorias (PNUD, 2024).

Costa Rica: entre la diplomacia ambiental y las omisiones internas

Costa Rica goza de reconocimiento internacional por su diplomacia climática. La coorganización de UNOC3 refuerza su imagen como país comprometido con la protección marina. No obstante, esta proyección contrasta con vacíos estructurales y decisiones internas que cuestionan su coherencia política.

Pese a haber ratificado el Tratado BBNJ y ampliado sus áreas marinas protegidas, el país enfrenta contradicciones preocupantes:

  1. No ha ratificado el Acuerdo de Escazú, esencial para garantizar el acceso a la información ambiental y proteger a las personas defensoras (PNUD, 2024).
  2. Impulsa una reforma para facilitar la minería metálica, incluso en zonas sensibles (Legislativo CR, 2025; MINAE, 2024).
  3. La narrativa de “economía azul” carece de mecanismos claros para evitar su captura por el capital transnacional (Greenpeace, 2024).
  4. Las comunidades costeras permanecen excluidas de la gobernanza marina y sus saberes no se reflejan en instrumentos técnicos como las cuentas oceánicas (MINAE, 2025).

El liderazgo ambiental costarricense parece más sostenido en el discurso diplomático que en transformaciones profundas. Las políticas marinas siguen fragmentadas, con débil articulación institucional, escasa fiscalización y limitados recursos públicos (SINAC, 2024).

Más allá del foro internacional: tareas pendientes

La participación costarricense en Niza debe ir más allá del posicionamiento simbólico. La cumbre representa una oportunidad para revisar críticamente la política marina nacional. Algunas acciones urgentes incluyen:

  1. Aplicar el Tratado BBNJ con enfoque de gobernanza participativa y equidad territorial (ONU, 2024).
  2. Rechazar la minería submarina y cualquier nueva forma de extractivismo en zonas marino-costeras vulnerables (ISA, 2023).
  3. Fortalecer la protección de ecosistemas clave, como el Caribe Sur y el Pacífico Norte (PNUD, 2023).
  4. Promover educación intercultural en comunidades costeras, valorando sus saberes tradicionales (UNESCO, 2023).
  5. Asegurar financiamiento climático para medidas de adaptación, restauración y planificación costera (PNUD, 2024).

Sin una política interna coherente, los compromisos globales podrían terminar como promesas vacías. La defensa de los océanos empieza en casa.

Economía azul: ¿camino hacia la sostenibilidad o nuevo rostro del extractivismo?

La “economía azul” ha ganado terreno como concepto central en los discursos internacionales sobre desarrollo sostenible marino. Presentada como una vía para conciliar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar humano en las zonas costeras y oceánicas, esta narrativa ha sido promovida por instituciones multilaterales, gobiernos y organismos financieros como una “solución de triple impacto”. Sin embargo, el informe de Greenpeace advierte que esta noción está siendo cooptada por intereses corporativos, y carece de salvaguardas sólidas para garantizar su coherencia ambiental, social y climática.

Según Greenpeace, en muchos casos la economía azul reproduce las lógicas del extractivismo clásico, disfrazadas de innovación o sostenibilidad. Proyectos como la pesca industrial “reconocida”, el turismo masivo en ecosistemas frágiles, la bioprospección sin regulación o las promesas de minería en los fondos marinos son presentados como parte de esta agenda, sin evaluar adecuadamente sus impactos ecológicos ni su contribución real al bienestar local.

Crédito imagen: Semanario Universidad.

La captura corporativa de la economía azul

El informe destaca que la economía azul está cada vez más dominada por actores del capital transnacional, cuyas operaciones tienen efectos profundamente desiguales. Las grandes empresas —en especial del sector pesquero, energético y biotecnológico— concentran los beneficios, mientras las comunidades costeras enfrentan la pérdida de acceso a recursos tradicionales, desplazamiento, deterioro ambiental y exclusión de los procesos de gobernanza.

Greenpeace señala que, en ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen una gobernanza justa, la economía azul corre el riesgo de convertirse en una plataforma para profundizar el control corporativo sobre los bienes comunes marinos. El resultado: una economía azul sin azules profundos, donde la protección es secundaria frente al rendimiento económico.

¿Qué falta en la economía azul?

El informe insiste en que cualquier modelo de economía azul verdaderamente transformador debe:

  1. Reconocer los derechos y la participación activa de las comunidades locales e indígenas en la gestión de los territorios marino-costeros.
  2. Evitar el “lavado azul”, es decir, el uso de retórica ambiental para legitimar proyectos destructivos.
  3. Establecer límites claros y vinculantes a las actividades de alto impacto ecológico, como la pesca industrial o la minería submarina.
  4. Asegurar un reparto justo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos marinos y las tecnologías emergentes.
  5. Desarrollar métricas integrales, que evalúen no solo el crecimiento económico, sino también la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar colectivo.

En suma, el informe de Greenpeace plantea que la economía azul no puede ser sostenible si está al servicio del capital financiero global. La sostenibilidad marina no es una etiqueta, sino una práctica que requiere regulación, justicia ambiental, soberanía territorial y participación democrática.

Tratado Global de los Océanos y el desafío 30×30: una síntesis del análisis de Greenpeace

(Pueden descargar el informe de Greenpeace aquí)

En 2023, la ONU adoptó el Tratado Global de los Océanos, un hito diplomático tras casi dos décadas de negociaciones. Se trata del primer acuerdo legalmente vinculante centrado en la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, conocidas como alta mar, que cubren aproximadamente el 61 % de los océanos del mundo.

Este tratado es fundamental para alcanzar el objetivo 30×30, que busca proteger al menos el 30 % del océano global para el año 2030. Sin embargo, el tiempo apremia: la entrada en vigor del tratado depende de que al menos 60 países lo ratifiquen antes de 2025. Hasta ahora, solo la mitad ha dado ese paso.

Amenazas crecientes que no dan tregua

La necesidad de acción es urgente. El informe de Greenpeace documenta un preocupante aumento de las presiones humanas sobre los ecosistemas oceánicos:

  • Entre 2018 y 2022, las horas de pesca industrial en alta mar aumentaron un 8,5 %, alcanzando los 4,4 millones de horas anuales.

  • En las áreas propuestas para conservación bajo el marco 30×30, la presión pesquera creció aún más: +22,5 % en ese mismo periodo.

  • A ello se suman amenazas acumulativas como:

    • Calentamiento, acidificación y desoxigenación de los océanos

    • Contaminación plástica y química

    • Minería submarina emergente, con riesgos irreversibles

    • Tráfico marítimo intensivo, con impactos por ruido, hidrocarburos y derrames

Zonas prioritarias para la conservación

Para ejemplificar cómo se puede aplicar el tratado, Greenpeace identifica tres regiones oceánicas críticas que deberían ser protegidas de manera inmediata:

  1. Montes submarinos Emperador (Pacífico Norte): cordilleras volcánicas profundas ricas en biodiversidad.
  2. Mar de los Sargazos (Atlántico Norte): ecosistema único donde convergen especies migratorias.
  3. Sur del mar de Tasmania y elevación de Lord Howe (Hemisferio Sur): hábitat clave para aves marinas y especies endémicas.

Estas zonas reúnen las condiciones ecológicas y científicas necesarias para ser designadas como Áreas Marinas Protegidas (AMP) bajo el nuevo tratado.

¿Qué recomienda Greenpeace?

Para que el Tratado Global de los Océanos se convierta en una herramienta efectiva —y no en una promesa vacía—, Greenpeace plantea tres acciones urgentes:

  • Ratificar el tratado antes de 2025, asegurando su entrada en vigor y operatividad.

  • Establecer una Comisión Preparatoria, con funciones claras en ciencia, gobernanza y financiamiento.

  • Iniciar de inmediato la planificación de santuarios oceánicos, basados en evidencia científica y participación internacional.

El tiempo de actuar es ahora

La salud de los océanos está en juego. De su equilibrio depende el clima, la alimentación de millones de personas y la biodiversidad planetaria. El Tratado Global de los Océanos representa una oportunidad histórica para cambiar el rumbo y frenar el colapso ecológico en alta mar.

La comunidad internacional tiene las herramientas, el conocimiento y los datos. Lo que falta es voluntad política.

Referencias utilizadas
FAO. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
Greenpeace. (2024). Del Tratado Global de los Océanos a la protección en alta mar. Greenpeace International. Recuperado de https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2024/01/474d7771-30×30-from-global-ocean-treaty-to-protection-at-sea-spanish-full-report.pdf
IPCC. (2023). Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change. Recuperado de https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ipcc.ch
ISA. (2023). Status of Deep-sea Mining Activities. International Seabed Authority. Recuperado de https://www.isa.org.jm/faq-for-media/isa.org.jm
Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771. Recuperado de https://jambeck.engr.uga.edu/wp-content/uploads/2022/02/science.1260352-Jambeck-et-al-2015.pdf
Legislativo Costa Rica. (2025). Proyecto de reforma minera en zonas costeras sensibles. Asamblea Legislativa de Costa Rica. Recuperado de https://ciarglobal.com/costa-rica-presenta-proyecto-de-ley-para-autorizar-la-mineria-en-crucitas/ciarglobal.com
MINAE. (2024). Informe de gestión ambiental costera. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica. Recuperado de https://minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/SEPLASA/Informe%20cierre%20PNDIP-2024.pdfminae.go.cr
MINAE. (2025). Documentos oficiales de copatrocinio y participación en UNOC3. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/documentos/unoc3/037%20COSTA%20RICA%20SIDE%20EVENT%20DESCRIPTION.aspxminae.go.cr
Observatorio de Economía Azul. (2024). Análisis crítico de la economía azul en Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/documentos/unoc3/037%20COSTA%20RICA%20SIDE%20EVENT%20DESCRIPTION.aspx
ONU. (2023). Informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
ONU. (2024). Ratificación del Tratado BBNJ y avances globales. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
ONU. (2025). Documento oficial de la 3.ª Conferencia de la ONU sobre los Océanos. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
PNUD. (2023). Informe sobre vulnerabilidad costera y cambio climático en Centroamérica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-and-energy/climate_change/vulnerability-and-adaptation-to-climate-change-in-latin-america.html
PNUD. (2024). Acceso a la justicia ambiental y el Acuerdo de Escazú. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-and-energy/climate_change/vulnerability-and-adaptation-to-climate-change-in-latin-america.html
Roberts, J. (2023). Global Marine Governance and the South. Ocean Policy Journal, 14(2), 45-60.
SINAC. (2024). Monitoreo del nivel del mar y sus impactos en comunidades costeras. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/SEPLASA/Informe%20cierre%20PNDIP-2024

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Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

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Desde hace varios meses, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven ha venido realizando un monitoreo activo de las actividades de tala «controlada» en los terrenos utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en zonas de alta fragilidad ecológica. Si bien esta tala fue ordenada por los tribunales de justicia, lo que debería ser una práctica regulada y responsable se ha convertido en motivo de alerta y preocupación, debido a múltiples irregularidades detectadas en el terreno.

 

Uno de los casos más recientes, documentado por el propio Vangoidsenhoven, evidencia la intervención sobre árboles de gran tamaño —algunos con diámetros superiores a un metro, en excelente estado de salud y con raíces intactas—. Si bien la tala autorizada fue para ocho árboles, en la actual intervención podrían haberse afectado al menos quince árboles jóvenes, debido a la falta de aplicación de buenas prácticas en el proceso. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos de estos árboles podrían haber sido talados de forma completa, en lugar de aplicar el procedimiento recomendado de cortes progresivos desde la copa hacia la base, destinado a minimizar el impacto en el ecosistema. Esta práctica habría provocado el arrastre de árboles jóvenes, arbustos, bejucos y vegetación secundaria.

Tala descontrolada y arrastre de vegetación: impactos irreversibles en la regeneración del bosque

Cuando un árbol adulto cae de manera abrupta y sin planificación técnica:

  • Destruye la regeneración natural: Se eliminan los retoños y arbolitos que crecen bajo su sombra y que están destinados a reemplazarlo en el ciclo de vida del bosque.
  • Compacta el suelo: El impacto del tronco sobre la superficie degrada la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la germinación futura.
  • Rompe la conectividad ecológica: Las lianas, bejucos y epífitas que conectan copas y permiten el desplazamiento de fauna o la vida de otras plantas desaparecen.
  • Altera el microclima: La apertura brusca del dosel provoca cambios de luz, humedad y temperatura que afectan la biodiversidad del sotobosque.

Además, se ha documentado presunta contaminación de un arroyo adyacente debido al uso de motosierras y equipos mecánicos que habrían derramado aceite o combustible. Esto pone en riesgo el ecosistema acuático y contraviene de forma directa varias normativas ambientales. Es importante recordar que las zonas ribereñas tienen protección legal de al menos 15 metros a cada lado del cauce, y cualquier intervención forestal o mecánica en estas franjas constituye una infracción ambiental.

Omisiones legales a simple vista

Las observaciones hechas por el monitoreo comunitario permiten identificar posibles omisiones a normas ambientales clave en Costa Rica, entre ellas:

  1. Ley Forestal No. 7575
    • Artículo 14: Prohíbe la tala y cualquier intervención en zonas de protección alrededor de cuerpos de agua.
    • Artículo 17: Protege las áreas de regeneración natural, incluso en propiedades privadas.
  2. Ley de Vida Silvestre No. 7317
    • Reconoce la importancia del ecosistema completo, no solo de árboles adultos, incluyendo fauna, flora menor y estructuras ecológicas.
  3. Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE
    • Define zonas de protección obligatoria de 15 metros a cada lado de cauces permanentes, donde está prohibida cualquier actividad de chapea o tala.
  4. Ley de la Biodiversidad No. 7788
    • Exige un enfoque integral y ecosistémico en la gestión de los recursos naturales, reconociendo la interacción entre todos los componentes vivos y no vivos del bosque.
  5. Artículo 50 de la Constitución Política
    • Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

(Imagen: Presencia de hidrocarburos en el agua.)

El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.

Más allá de los casos específicos relacionados con el AyA, existen otras prácticas extendidas en el Caribe Sur que también amenazan la integridad de los ecosistemas. Estas acciones, aunque no siempre vinculadas directamente a proyectos de infraestructura, forman parte del mismo patrón de transformación territorial bajo lógicas que privilegian el control y la “limpieza” del paisaje.

La chapea: una amenaza silenciosa a la continuidad del bosque

Otra práctica ampliamente cuestionada en el Caribe Sur, es la chapea indiscriminada del sotobosque. Aunque a veces se presenta como una “limpieza” del terreno, en realidad, elimina de raíz la regeneración forestal: bejucos, lianas, bromelias, arbustos y otras especies fundamentales para la salud del ecosistema.

Como explica Philippe:

“Si uno chapea constantemente, el bosque va a morir. Puede tardar 100 o 200 años, pero sin hijos que crezcan, no hay reemplazo para los árboles viejos que caen. Lo que queda es un palo solito, sin vida, sin conexión.”

Estas plantas sostienen el equilibrio hídrico, forman parte de la red trófica de animales y aves, y permiten la sucesión ecológica. Su desaparición progresiva transforma al bosque en una estructura hueca, sin capacidad de regeneración ni resiliencia frente al cambio climático.

¿Qué entiende el MINAE por “bosque”?

Uno de los aspectos más discutidos por observadores y defensores ambientales es la visión reduccionista con que el MINAE define los ecosistemas forestales. En la práctica institucional, muchas veces se considera bosque únicamente cuando hay árboles adultos visibles, ignorando las fases intermedias del crecimiento, la estructura del sotobosque, la presencia de epífitas, y la fauna que depende de esta complejidad.

El resultado es una política permisiva ante la degradación paulatina del bosque, donde se autoriza tala y chapea sin tomar en cuenta los efectos acumulativos, ni el carácter interdependiente de los ecosistemas tropicales.

“El bosque no es solo árboles grandes. Es todo el sistema. Sin regeneración, sin lianas, sin conexión entre copas, el bosque pierde su esencia”, insiste Philippe.

Estas vigilantes y monitoreando

Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de fiscalización ambiental y de reconocer el valor de las redes de vigilancia comunitaria, como las que operan en Talamanca. Las instituciones no pueden seguir operando bajo una lógica de cumplimiento formal mientras en el terreno ocurren prácticas destructivas que afectan la integridad ecológica de los territorios.

La defensa del bosque comienza con entenderlo en su totalidad, y continúa con la denuncia, la organización comunitaria y la presión colectiva para que se respeten tanto la ley como el equilibrio de la naturaleza.

¿Qué es un bosque? Más allá de la visión técnica

Desde una mirada técnica-institucional, el bosque suele definirse de forma reducida: una extensión de terreno con árboles adultos, cierta densidad de cobertura arbórea y altura mínima. Esta concepción, utilizada en muchas normativas y por el propio Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiende a ignorar elementos fundamentales del ecosistema forestal, como su dinámica regenerativa, su complejidad estructural y sus interrelaciones biológicas.

Pero desde una perspectiva ecológica integral, un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo, compuesto por:

  • Estructuras múltiples: Dosel, sotobosque, capa de regeneración, suelo vivo.
  • Diversidad de formas de vida: Árboles, arbustos, herbáceas, hongos, bejucos, epífitas, líquenes, bacterias, fauna aérea, terrestre y acuática.
  • Procesos ecológicos dinámicos: Regeneración natural, ciclos de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, sucesión ecológica.
  • Conectividad funcional: Relaciones de mutualismo, cadenas tróficas, vínculos hídricos y climáticos.

Un bosque no es estático ni homogéneo. Es una red compleja de relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y su salud depende precisamente de esa diversidad y de su capacidad de autorregenerarse. Eliminar, simplificar o romper estas relaciones —como sucede con la tala inadecuada o la chapea indiscriminada— transforma un ecosistema resiliente en un espacio degradado y vulnerable.

El bosque como bien común

Reconocer esta complejidad lleva a un cambio de paradigma: los bosques no pueden ser tratados como simples recursos maderables o zonas de “aprovechamiento racional”. Son bienes comunes, sistemas esenciales para el equilibrio climático, el ciclo del agua, la vida silvestre y la salud comunitaria. Su valor no es solo económico, sino ecológico, cultural y espiritual.

En contextos como Talamanca, donde los territorios indígenas y rurales conviven con áreas de conservación, el bosque es también memoria, medicina, alimento, vida. De ahí que los monitoreos comunitarios —como el que realiza Philippe y otras personas de la zona— no solo documentan daños: defienden una forma de relación con la naturaleza que es colectiva, respetuosa y con visión de largo plazo.

Monitoreo comunitario: defensa activa del bien común

Frente a una institucionalidad que muchas veces falla en prevenir o detener las malas prácticas, la vigilancia socioambiental ejercida por las comunidades se convierte en una herramienta vital de defensa territorial. No se trata solo de evidenciar irregularidades, sino de proteger activamente los ciclos de vida que sostienen la existencia misma del bosque.

Este tipo de monitoreo, ejercido con conocimiento local, sensibilidad ecológica y compromiso ético, nos recuerda que:

  • El bosque no se defiende desde una oficina. Se defiende caminándolo, observándolo, y exigiendo respeto.
  • Los bienes comunes no son propiedad del Estado ni del mercado. Son responsabilidad compartida de las comunidades.
  • No hay justicia ambiental sin justicia territorial y participación comunitaria.
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“Un protocolo que no consulta”: Críticas al proceso de la Asamblea Legislativa para definir la consulta indígena

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A partir de los aportes de Gilbert González Maroto (ver aquí post)

Desde hace unos días circula públicamente el documento titulado Términos de Referencia para la Asistencia Técnica para la Gestión Operativa y Financiera del proyecto “Protocolo de Consulta Indígena de la Asamblea Legislativa”, elaborado mediante un convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica (FundaciónUCR) y la Asamblea Legislativa.

A pesar de que el documento afirma tener como objetivo “garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos legislativos que puedan afectarles”, las reacciones desde diversos sectores indígenas y de derechos humanos han sido contundentes: el proceso propuesto no cumple con los estándares mínimos de una consulta indígena legítima.

Esta nota recoge y sistematiza algunas de las observaciones críticas realizadas por el investigador y activista Gilbert González Maroto, así como otras voces que se han pronunciado al respecto.

Un diseño que excluye, no consulta

Uno de los principales cuestionamientos es que el proyecto se limita a realizar cuatro talleres regionales y uno nacional, como única vía de participación. Esto, en un país donde existen ocho pueblos indígenas reconocidos, con 24 territorios oficiales, una enorme diversidad lingüística, cultural y territorial, y una historia de exclusión sistemática.

Además, la consulta estaría dirigida exclusivamente a las 24 asociaciones de desarrollo integral, entidades creadas por ley estatal y que no representan necesariamente las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Estas asociaciones han sido largamente cuestionadas por comunidades que no las consideran legítimas ni participativas, siendo vistas en muchos casos como brazos administrativos del Estado y no como representaciones autónomas.

Junto a estas, se incluyen algunas organizaciones de “representación y asesoría”, como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es un órgano estatal, no autónomo. Varias organizaciones incluidas han manifestado no haber sido consultadas ni informadas sobre su participación.

Comparación con el mecanismo del Poder Ejecutivo

El mecanismo propuesto por la Asamblea Legislativa ni siquiera alcanza los estándares ya existentes en el país, como el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas N.º 042-MP del Poder Ejecutivo (2016), construido en un proceso más amplio, con validación y reconocimiento público.

Este nuevo protocolo legislativo no contempla etapas de consentimiento ni mecanismos de devolución de resultados. No propone metodologías culturalmente adecuadas ni valida las decisiones con estructuras tradicionales.

Es un retroceso, no un avance, y vulnera el principio de progresividad del derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Invisibilización del Pueblo Ngäbe de Sixaola

Una omisión grave del documento es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, reconocido formalmente en la Ley 9710 como población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Aunque el documento menciona algunas asociaciones Ngäbe del sur del país, el Pueblo Ngäbe de Sixaola no aparece entre los territorios o beneficiarios del proceso, lo que constituye una invisibilización de un grupo históricamente marginado y vulnerado.

💬 Una advertencia clara: esto no es una consulta

Como lo señala Gilbert González Maroto, este “protocolo” no es más que un proceso administrativo que se disfraza de consulta. Si continúa bajo los términos actuales, es probable que sea declarado inconstitucional o anulado judicialmente por incumplir los estándares internacionales y nacionales.

“Recomendaría que guarden esos recursos porque los perderán con un salacuartazo, o que propongan una consulta en toda regla”, advierte con razón González Maroto.

Para su análisis y reflexión pueden descargar los términos aquí.

🚫 Invisibles en su propia casa: la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola

Declaración del líder indígena Federico Abrego

Uno de los aspectos más graves del actual proceso de construcción del Protocolo de Consulta Indígena por parte de la Asamblea Legislativa es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, a pesar de que este pueblo ha sido reconocido legalmente en la Ley 9710 como una población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Esta exclusión no es un descuido menor. Es una expresión clara de racismo estructural, centralismo institucional y desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a todos los pueblos indígenas afectados, no solo a aquellos reconocidos por las estructuras del Estado.

Así lo expresa Federico Abrego líder indígena Ngäbe de Sixaola en su testimonio:

“Tal vez por eso es que a nosotros los de acá de Sixaola los Ngäbe no nos toman en cuenta, porque no formamos parte del aparato administrativo del Estado. […] Nosotros tenemos personalidad jurídica como pueblo, y decimos lo que tenemos que decir. Por eso cuestionamos a las asociaciones integrales, porque cuando algo es del pueblo, es del pueblo. Otra persona no puede venir a decir qué hacer.”

Este reclamo evidencia algo fundamental: la autodeterminación no puede ser suplantada por figuras impuestas o validadas únicamente por el aparato estatal. El derecho a la consulta no es un favor ni un trámite: es una obligación legal del Estado costarricense.

Más adelante, el líder relata una experiencia concreta:

“En una reunión de la mesa técnica del año pasado, yo les pregunté por qué nunca nos toman en cuenta, y la ministra presente dijo que ya no nos iban a incluir en la consulta. ¡Así de claro!”

Crédito imagen: Delfino.cr(2023)

⚠️ Exclusión por no tener territorio: una discriminación dentro de la discriminación

Un argumento usado para justificar su exclusión es que el pueblo Ngäbe de Sixaola no posee territorio legalmente reconocido como los demás. Sin embargo, como el testimonio aclara con firmeza:

“Que nosotros no tengamos territorio no quiere decir que no tengamos problemas. ¡Tenemos más problemas todavía que los que tienen territorio!”

Esta afirmación apunta a una forma doble de exclusión: primero, por ser indígenas sin territorio formalmente titulado, y segundo, por ser ignorados incluso por algunas de las propias organizaciones indígenas reconocidas.

El testimonio concluye con una reflexión potente:

“El Convenio 169 es una espada, un instrumento legal clarito. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho. Y duele ver que incluso compañeros indígenas nos discriminan. Eso no debería ser así.”

✊ Lo que este testimonio nos recuerda
  1. Que el Estado debe consultar a todos los pueblos indígenas reconocidos, no solo a los que tienen títulos o estructuras impuestas.
  2. Que los pueblos sin territorio formal tienen derechos, identidad, cultura y autoridad propia, y deben ser tratados con el mismo respeto.
  3. Que la exclusión sistemática no solo proviene del Estado, sino también de mecanismos de representación que han sido cooptados o instrumentalizados.
  4. Que la consulta no se ruega, se exige como derecho colectivo.

Incluir al pueblo Ngäbe de Sixaola no es solo una corrección administrativa: es una deuda histórica, legal y moral que Costa Rica debe saldar si pretende hablar de participación, interculturalidad y democracia verdadera.

¿Qué ha pasado con los procesos anteriores?

Uno de los aspectos más críticos de los intentos institucionales de crear mecanismos de consulta a pueblos indígenas en Costa Rica ha sido la falta de continuidad, transparencia y comunicación directa con los territorios. La experiencia de muchas comunidades es la de ser espectadores —y no protagonistas— de procesos que se desarrollan sin su consentimiento, ni siquiera su conocimiento.

Así lo expresa Jonnhy Buitrago, miembro del colectivo Antonio Saldaña que se encuentra en Talamanca dónde habitan parte de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, al compartir su testimonio:

“Sí, claro, nos gustaría y gracias por el tema, porque la verdad lo desconocemos. El tema de consulta o el protocolo de consulta pasó en la era de Luis Guillermo Solís y también una parte de Carlos Alvarado. Y ahí no volvimos a escuchar nada del tema del protocolo, consulta nada hasta el día de hoy.”

Este testimonio deja claro que, para los pueblos indígenas, los protocolos de consulta no han sido procesos visibles ni accesibles. Pese a que el gobierno costarricense ha impulsado iniciativas como el Mecanismo General de Consulta durante las administraciones anteriores, en muchos territorios no se sabe en qué estado están esos procesos, ni quién los continúa ni cómo se implementan.
Jonnhy continúa:

“Se nos ha hecho un poco difícil tal vez saber algunas informaciones que salen desde la Asamblea Legislativa o el Gobierno, algunas instituciones. Porque a veces nos llega muy tarde, a veces informan, a veces no informan… la mayor parte de la verdad es que nunca casi. Entonces para nosotros siempre ha sido difícil.”

Su testimonio refleja una realidad estructural: la falta de acceso a información oportuna y clara, especialmente en zonas rurales e indígenas. El derecho a la consulta no solo implica preguntar, sino también garantizar que la información llegue de forma adecuada y con tiempo suficiente para la deliberación colectiva.
Y concluye:

“Así como usted, tenemos amigos que nos dicen: ‘Mirá, está pasando tal cosa, ¿has visto tal?’ Bueno, envíeme la información para ver… Así es la manera en que nos enteramos. Que el gobierno nos dé la información directamente a los pueblos indígenas, es difícil. Entonces, hasta el día de hoy, ¿qué pasa con eso?”

Esta pregunta —¿Qué pasa con eso?— condensa la frustración y el desconcierto de muchos territorios que, una y otra vez, son excluidos de los procesos que supuestamente buscan garantizar su participación.

¿Qué hacer?

Ante este escenario, se hace urgente que:

  • Se reestructure el proceso desde cero, en diálogo con los pueblos indígenas legítimamente representados.

  • Se garantice una consulta libre, previa e informada.

  • Se respete el principio de progresividad en materia de derechos indígenas.

  • Se reconozca la diversidad y pluralidad organizativa de los pueblos indígenas más allá de las asociaciones de desarrollo.

Solo así la Asamblea Legislativa podrá cumplir su obligación internacional y nacional, no solo de consultar, sino de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

¿Qué es un proceso de consulta indígena? ¿Y cómo debe hacerse correctamente?

El derecho a la consulta libre, previa e informada es un principio fundamental del derecho internacional que busca proteger la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a decisiones del Estado que puedan afectar sus derechos, territorios, culturas o formas de vida.

Este derecho no es un trámite formal ni una mera recolección de opiniones: es un proceso de diálogo intercultural que debe permitir que los pueblos indígenas influyan, modifiquen o incluso rechacen una medida estatal que les afecte directamente.

Elementos esenciales de una consulta válida

Según el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y las observaciones generales de organismos internacionales, un proceso de consulta debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:

 

1. Libre

Debe realizarse sin coacción, presiones, manipulación ni interferencias externas. Las comunidades deben poder participar desde su propia voluntad y autonomía organizativa.

2. Previa

Debe realizarse antes de adoptar o ejecutar cualquier medida legislativa o administrativa. Las decisiones no deben tomarse de antemano.

3. Informada

Las comunidades deben tener acceso a toda la información relevante sobre el proyecto o ley propuesto, en formatos accesibles y en sus propios idiomas, si corresponde.

4. Culturalmente adecuada

El proceso debe respetar las formas tradicionales de toma de decisiones de cada pueblo, y adaptarse a sus tiempos, lenguas, espacios y formas organizativas propias.

5. Participativa y representativa

La consulta debe involucrar a las instituciones representativas legítimas de los pueblos, no solo a figuras estatales o entidades impuestas, como pueden ser asociaciones de desarrollo no reconocidas por las propias comunidades.

6. De buena fe

Debe haber apertura real al diálogo, sin decisiones preestablecidas. El Estado tiene la obligación de negociar y eventualmente obtener el consentimiento de los pueblos.

7. Con posibilidad de consentimiento

Aunque el Convenio 169 no exige consentimiento en todos los casos, la jurisprudencia internacional ha establecido que en asuntos de gran impacto, como desplazamientos forzados o explotación de recursos, sí debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado del pueblo afectado.

Buenas prácticas recomendadas

Organismos internacionales, como la OIT y el Relator Especial de la ONU, recomiendan una serie de prácticas que fortalecen los procesos de consulta:

  1. Diagnóstico participativo inicial para identificar actores, idiomas y formas organizativas.
  2. Construcción conjunta del cronograma y metodología del proceso.
  3. Garantía de intérpretes y facilitadores interculturales.
  4. Inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores en las decisiones.
  5. Mecanismos de devolución de resultados y validación comunitaria.
  6. Registro sistemático del proceso con fuentes de verificación.
🚫 ¿Qué no es una consulta?

  • No es una reunión informativa ni un taller participativo.

  • No es una simple notificación o aviso del Estado.

  • No es una validación posterior a decisiones ya tomadas.

  • No se realiza con actores no reconocidos por los pueblos.

Cuando estos errores ocurren, la consulta se vuelve ilegítima, y puede ser anulada por tribunales nacionales o internacionales, como ha ocurrido en múltiples países de América Latina.

Incorporar estos elementos en el diseño de un protocolo de consulta no es solo una exigencia legal: es una forma de respeto a la dignidad, la historia y el derecho colectivo de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su futuro.

Consulta indígena y defensa de los bienes comunes: un cierre necesario

La discusión sobre el Protocolo de Consulta Indígena no puede limitarse a un debate técnico o administrativo. En el fondo, lo que está en juego es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, su cultura, su futuro y sus bienes comunes.

Los territorios indígenas albergan ríos, bosques, suelos, semillas, saberes, formas de vida y espiritualidades que no pueden ser reducidos a mercancías o “recursos naturales”. Son bienes comunes, es decir, espacios de vida colectiva que han sido cuidados y gobernados por generaciones de pueblos originarios.

Cuando se niega una consulta legítima y vinculante, no solo se violan derechos humanos, sino que también se debilitan los sistemas de defensa de estos bienes que sostienen la vida en común. En tiempos de crisis climática, extractivismo desenfrenado y mercantilización de la naturaleza, las formas comunitarias de habitar y gobernar el territorio representan alternativas reales y urgentes.

En este sentido, una verdadera consulta indígena no es solo un requisito jurídico: es una herramienta para sostener los bienes comunes frente a los intereses del capital, del mercado y del poder centralizado. Es una expresión concreta de autodeterminación, pero también de cuidado colectivo del planeta.

Frente a una propuesta —tecnocrática, limitada y excluyente—, las voces indígenas y aliadas que defienden una consulta con dignidad no solo reclaman un derecho: están defendiendo las condiciones para que la vida, la diversidad y la justicia sigan siendo posibles.

La forma también decide: la metodología importa

Las metodologías que se eligen para consultar a los pueblos indígenas nunca son inocentes. Cada paso, cada actor convocado (o excluido), cada forma de preguntar o decidir, construye o destruye legitimidad.

Imponer protocolos sin participación real, desde esquemas burocráticos y tecnocráticos, reproduce la lógica colonial de hablar sobre los pueblos, sin hablar con ellos. La forma es fondo.

Por eso, descolonizar este tipo de procesos implica reconocer que la metodología es política. Implica preguntar desde dónde se convoca, a quién se reconoce como interlocutor, con qué tiempos, lenguas, saberes, herramientas.

Cuando no hay vigilancia crítica, estas “consultas” pueden convertirse en herramientas para legitimar la exclusión bajo apariencia de legalidad, profundizando desigualdades históricas en lugar de corregirlas.

Consultas que no transforman, que no redistribuyen poder, que no parten del reconocimiento pleno de los pueblos, no son avances: son simulacros.

La verdadera consulta no es un protocolo escrito.
Es una práctica viva, de diálogo, reconocimiento y justicia.

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¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

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En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

 

El auge del autoritarismo se traduce en:

  • Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

  • Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

  • Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

  • Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

  • Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

  • Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

  • Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

  • Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

  • Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

  • Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números
TemaDato clave¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamentePor bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
 Miles de civiles palestinos asesinados en 2024Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados20+ países con crímenes de guerra documentadosIncluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global110 millones de personas desplazadas en 2024Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa124 periodistas asesinados en 20242/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática1.5 °C de aumento promedio global en 2024Primer año completo en que se supera ese umbral
 3 °C proyección de aumento para finales de sigloSegún datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdadSe frenó casi completamente la reducción de la pobreza globalSegún el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles21 países con leyes que restringen la libertad de expresiónIncluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
 Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTIGhana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de LibiaEmitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censuraMeta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmenteAvances mínimos; predominan “códigos voluntarios”
Grecia arriba

Día Mundial del Ambiente en Costa Rica: ¿qué estamos celebrando realmente?

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Cada 5 de junio, Costa Rica se viste de verde para celebrar el Día Mundial del Ambiente. Las instituciones se llenan de mensajes sobre sostenibilidad, reciclaje y turismo ecológico. Pero mientras tanto, quienes defienden el ambiente —las personas que protegen ríos, bosques y territorios de la destrucción— siguen siendo amenazadas, criminalizadas o ignoradas por el Estado.

La infografía que compartimos hoy nace desde esa contradicción: ¿cómo puede un país que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú presumir de liderazgo ambiental?

Naturaleza para vender, no para vivir

En Costa Rica, la naturaleza se concibe principalmente como un activo turístico. Se vende al mundo una imagen de selvas exuberantes, “pura vida” y armonía ecológica. Sin embargo, esta narrativa omite su dimensión ecosistémica y simbólica, y deja fuera las tramas de vida —humanas y no humanas— que sostienen esos territorios.

La lógica de conservación que predomina sigue siendo utilitaria: conservar para atraer visitantes, no necesariamente para garantizar derechos ni regenerar equilibrios. En este marco, quienes denuncian proyectos turísticos destructivos o agroindustriales ilegales son vistos como obstáculos, no como aliadas del ambiente.

Personas defensoras: incómodas para el modelo verde

La no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del gobierno costarricense no es casual. Este tratado —impulsado originalmente por el país— obliga a los Estados a garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, además de proteger a quienes defienden el ambiente.

Ratificar Escazú implica reconocer que hay violencia ambiental, que el modelo actual genera conflictos y que muchas personas enfrentan riesgos por alzar la voz. En vez de eso, Costa Rica ha optado por maquillar su imagen, mientras se desentiende del abandono y la impunidad que sufren comunidades y pueblos que luchan por su territorio.

Un 5 de junio para exigir coherencia

Este Día Mundial del Ambiente no puede ser solo un acto simbólico. Es momento de mirar más allá del verde turístico y preguntarnos:
¿De qué sirve celebrar la naturaleza si no protegemos a quienes la defienden?
¿A quién beneficia el silencio sobre los crímenes ambientales?

Proteger la vida empieza por reconocer a quienes la sostienen.
Ratificar el Acuerdo de Escazú es una deuda urgente.
Más que un gesto diplomático, es una decisión ética y vital.

La naturaleza no es un recurso, es un sujeto

Hablar de ambiente no es solo hablar de árboles o paisajes. Es reconocer que la naturaleza es un entramado de relaciones vivas: agua, suelo, aire, animales, plantas, microorganismos… y también culturas, memorias y espiritualidades. Es un tejido de la vida del que todas y todos somos parte.

En muchas cosmovisiones indígenas, la naturaleza no es una propiedad ni un “servicio”, sino un sujeto vivo con derechos y dignidad propia. Esta visión cuestiona profundamente la manera en que el Estado costarricense promueve su imagen ambiental: como un lugar para ser visitado, explotado o administrado desde arriba, sin escuchar a quienes la habitan y la defienden.

Defender el ambiente no es conservarlo como postal, sino cuidar los vínculos que lo sostienen. Y quienes se dedican a esa defensa —muchas veces desde la marginalidad, la ruralidad o la resistencia indígena— no son activistas aisladas, sino guardianas de un equilibrio mayor.

Olvidar esto no es solo una injusticia. Es también una amenaza para nuestra propia continuidad como humanidad.

Pueden descargar la infografía aquí

PDF – Imagen

Referencia:

Global Witness. (2025, 3 de junio). Por qué el Acuerdo de Escazú es importante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el Caribe. Global Witness. Recuperado de https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/por-que-el-acuerdo-de-escazu-es-importante-para-las-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-en-el-caribe/

Pomareda García, F. (2025, 14 de mayo). Seis defensores ambientales y cuatro grupos indígenas enfrentan amenazas de muerte y violencia por sus denuncias. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/seis-defensores-ambientales-y-cuatro-grupos-indigenas-enfrentan-amenazas-de-muerte-y-violencia-por-sus-denuncias/

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SINAC no responde a la altura: Refugio Gandoca-Manzanillo sigue en riesgo

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Colocamos a disposición los documentos oficiales mencionados en esta nota:

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha dado seguimiento a la situación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y esta semana compartió la respuesta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente de su Programa Nacional de Humedales (PNH), ante solicitudes urgentes para la protección de este sitio Ramsar de importancia internacional.

La organización ambientalista solicitó información clave y acciones concretas ante irregularidades en la gestión del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) del Caribe sur. Entre las preocupaciones destacan los traslapes catastrales, permisos otorgados en humedales y posibles violaciones al marco legal ambiental, incluido lo dispuesto por la Convención Ramsar.

Sin embargo, el SINAC respondió el 3 de junio mediante un oficio donde el Programa Nacional de Humedales se declara “incompetente” para intervenir, alegando que la administración directa del Refugio y los actos registrales son responsabilidad de la Dirección Regional ACLAC. Con esta respuesta, el SINAC elude el fondo del problema mediante un tecnicismo legal que contradice el rol coordinador y rector que le asigna el propio Decreto Ejecutivo N.º 36427-MINAET.

“Resulta inaceptable que una entidad cuyo mandato es promover, planificar y desarrollar los humedales del país se excuse en competencias burocráticas para no actuar ante una situación crítica”, señaló Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación.

La Convención Ramsar, ratificada por Costa Rica desde 1991, obliga al Estado a garantizar la conservación, uso racional y restauración de los humedales en su territorio. Para ello, se requiere una gestión activa, interinstitucional y con visión ecosistémica, más allá de la fragmentación administrativa que hoy impide la acción efectiva.

El Refugio Gandoca-Manzanillo, incluido en la lista Ramsar como sitio 783, ha sido objeto de múltiples alertas por destrucción de hábitats, tala ilegal, construcción en humedales y debilidad en la delimitación oficial del Patrimonio Natural del Estado. A pesar de sentencias judiciales y medidas cautelares vigentes, el Estado sigue sin implementar un plan de restauración y defensa clara del área.

La Asociación ha exigido que el SINAC convoque, en no más de 15 días hábiles, una reunión interinstitucional para establecer un plan de acción que atienda de forma integral la situación. También solicitó que el Programa Nacional de Humedales asuma un rol activo y de liderazgo, como le exige la legislación nacional e internacional.

En un contexto de emergencia climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la inacción institucional no puede seguir justificándose con argumentos burocráticos. La defensa de los ecosistemas estratégicos como Gandoca-Manzanillo exige voluntad política, articulación efectiva y cumplimiento de compromisos globales asumidos por el país.

Balance de la comunicación entre la Asociación y el SINAC–Programa Nacional de Humedales

Aspecto evaluado

Situación actual según respuesta del SINAC

Análisis crítico

Legalidad administrativa

El Programa Nacional de Humedales declara que no tiene competencia directa sobre traslapes catastrales, administración del Refugio Gandoca-Manzanillo ni gestión del Patrimonio Natural del Estado en ZMT.

Aunque legalmente correcto en cuanto a competencias específicas, esta posición ignora el deber de coordinar y articular acciones interinstitucionales, como establece el Decreto Ejecutivo 36427-MINAET.

Rol rector y de planificación

Se interpreta la función del Programa Nacional de Humedales como limitada a tareas técnicas y de promoción general.

Esta interpretación reduce el alcance de su mandato y desconoce su responsabilidad en liderar políticas nacionales para los humedales, especialmente en sitios críticos como los Ramsar.

Cumplimiento de obligaciones internacionales

No se menciona ni se asume el compromiso de Costa Rica con la Convención Ramsar ni las obligaciones derivadas de su ratificación.

Hay un incumplimiento indirecto de la Convención Ramsar al no actuar frente a amenazas evidentes al sitio Ramsar 783. La falta de acción puede implicar responsabilidad internacional del Estado costarricense.

Enfoque ecosistémico e integral

Se aplica una visión fragmentada del problema, remitida a una sola oficina regional (ACLAC).

Se evidencia una falta de enfoque ecosistémico, desconectado de la realidad compleja del territorio, donde la protección de humedales requiere sinergia entre diversas entidades estatales.

Capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas

El oficio se limita a declarar incompetencia sin proponer soluciones, coordinar con otras oficinas o elevar el tema a la Dirección Ejecutiva del SINAC.

La respuesta refleja una inercia institucional preocupante frente a denuncias legítimas, lo que puede fortalecer la percepción pública de abandono o negligencia estatal.

¿Cuál debería ser el rol del SINAC y el Programa Nacional de Humedales ante conflictos socioambientales?

La respuesta del SINAC, amparada en una lectura estrictamente administrativa de sus funciones, pone en evidencia una desconexión preocupante entre las estructuras institucionales y la realidad ecológica y social de los territorios. Frente a problemáticas complejas como las que afectan al Refugio Gandoca-Manzanillo, las instituciones ambientales no pueden limitarse a funciones burocráticas ni actuar como entes pasivos ante el deterioro ambiental.

Desde un enfoque ecosistémico, la gestión ambiental debe reconocer que los ecosistemas no respetan divisiones político-administrativas ni jerarquías rígidas entre oficinas públicas. Los humedales costeros, como los de Gandoca-Manzanillo, son espacios interconectados que cumplen funciones hidrológicas, reproductivas y culturales esenciales. Su protección requiere un rol articulador y proactivo del Estado, donde el SINAC —y en particular su Programa Nacional de Humedales— debe asumir liderazgo en la coordinación interinstitucional, la prevención de daños y la restauración ecológica.

Además, en contextos donde existen amenazas por urbanización, conflictos sobre la propiedad del suelo, o decisiones administrativas erráticas, la capacidad de respuesta del Estado debe ser integral, transparente y basada en principios de justicia ambiental y precautoriedad. La conservación no puede depender exclusivamente de delimitaciones técnicas ni de trámites formales; debe incorporar la participación ciudadana, el conocimiento local y el respeto por los compromisos internacionales que el país ha ratificado.

Es momento de que instituciones como el SINAC asuman su rol no solo como gestoras de áreas protegidas, sino como guardianas activas del bien común ecológico. Ello implica no “lavarse las manos” frente a vacíos de coordinación, sino liderar procesos de diálogo, articulación y acción estratégica para garantizar la conservación y recuperación de nuestros ecosistemas más frágiles y valiosos.

La ciudadanía como garante activa de los bienes comunes ecológicos

El accionar de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, al interponer solicitudes formales, exigir transparencia y cuestionar la inacción institucional, representa un ejercicio ejemplar de participación ambiental responsable y comprometida. En contextos donde los ecosistemas enfrentan amenazas crecientes —ya sea por omisión estatal, intereses privados o vacíos normativos—, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar insustituible para la defensa del bien común.

Lejos de ser una confrontación, este tipo de iniciativas son una forma legítima de exigir que el Estado cumpla sus funciones, no solo administrativas, sino éticas y ecológicas. En efecto, la ciudadanía no solo tiene el derecho de involucrarse en los asuntos ambientales, sino también el deber de actuar cuando los equilibrios ecosistémicos son vulnerados y los compromisos internacionales del país son ignorados.

Esta coyuntura en Gandoca-Manzanillo evidencia algo más profundo: la urgencia de construir una institucionalidad ambiental verdaderamente articulada, transparente y con visión de largo plazo, donde el rol de las comunidades organizadas, asociaciones locales y movimientos socioambientales no sea marginal, sino reconocido como parte esencial de la gobernanza ecológica.

En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, la acción ciudadana no es solo una herramienta de defensa; es un acto de corresponsabilidad con las generaciones futuras y con los territorios que sostienen la vida. El ejemplo de la Asociación demuestra que la defensa de los humedales, los bosques y los bienes naturales no comienza ni termina en los escritorios institucionales, sino que se forja desde la participación consciente, informada y persistente de quienes habitan y cuidan el territorio.

Marco legal nacional e internacional que obliga al Estado costarricense a actuar ante conflictos en humedales y áreas protegidas

Legislación nacional

  1. Constitución Política de la República de Costa Rica
  • Artículo 50: Reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Obliga al Estado a garantizar, defender y preservar este derecho.
  • La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que este artículo impone un deber activo de tutela ambiental, no solo de regulación formal.
  1. Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554)
  • Art. 2 y 3: El Estado debe garantizar el desarrollo sostenible mediante acciones integradas, coordinadas e intersectoriales.
  • Art. 99: El SINAC es responsable de la gestión del sistema de áreas protegidas y debe garantizar su conservación, restauración y uso racional.
  1. Ley de Biodiversidad (Ley N.° 7788)
  • Art. 7: La administración y conservación de la biodiversidad debe regirse por principios de integralidad, precaución y participación social.
  • Art. 10: Obliga al Estado a establecer medidas para garantizar la integridad ecológica de las áreas protegidas y su conectividad funcional.
  1. Decreto Ejecutivo N.° 36427-MINAET (2011)
  • Crea y define las funciones del Programa Nacional de Humedales, cuya finalidad es “promover, planificar y desarrollar los humedales de Costa Rica”.
  • Esto incluye la articulación institucional, el seguimiento de compromisos internacionales y la coordinación para restaurar ecosistemas degradados.
  1. Ley General de la Administración Pública
  • Art. 4, 11 y 12: Toda actuación administrativa debe ser eficaz, coherente con el interés público y basada en el principio de legalidad.
  • La “incompetencia formal” no exime a las instituciones del deber de actuar coordinadamente cuando los intereses colectivos están en riesgo.

Compromisos internacionales ratificados por Costa Rica

  1. Convención Ramsar sobre los Humedales (Ley N.° 7224)
  • Obliga a Costa Rica a conservar y utilizar racionalmente los humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
  • El artículo 3.2 exige informar sobre cambios ecológicos negativos en los sitios Ramsar y tomar medidas correctivas.
  • El Refugio Gandoca-Manzanillo es el Sitio Ramsar N.° 783, inscrito desde 1996.
  1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley N.° 7416)
  • Impone la obligación de conservar la biodiversidad in situ, incluyendo humedales y sus especies asociadas.
  • Exige planes de manejo, restauración y control frente a actividades humanas que afectan ecosistemas frágiles.
  1. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
  • ODS 14 y 15: Exigen a los Estados proteger ecosistemas marinos y terrestres, restaurar ecosistemas degradados y frenar la pérdida de biodiversidad.
  • Costa Rica ha asumido compromisos públicos ante foros internacionales para su cumplimiento.

Jurisprudencia relevante

  1. Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional
  • Ordena al Estado costarricense delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales en Gandoca-Manzanillo, como parte del Patrimonio Natural del Estado.
La-Reforma-Issac-Villalta

Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria

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Este 3 de junio de 2025, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica discutió una moción que ha encendido alarmas entre estudiantes, docentes y defensores de los derechos humanos. La propuesta busca que la administración consulte “técnicamente” a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial para el abordaje de protestas estudiantiles.

La UEI es una unidad de élite, adscrita al Ministerio de la Presidencia, especializada en operaciones de alto riesgo, antiterrorismo y control de disturbios. Su eventual intervención en contextos universitarios representa un grave retroceso democrático.

La discusión de esta moción ocurre luego de que, en una reciente protesta estudiantil, se exigiera el desarme de los cuerpos de seguridad internos de la universidad. En lugar de abrir espacios de diálogo y escucha, la respuesta parece inclinarse hacia la «militarización» del conflicto social dentro del campus.

Diversos sectores han señalado los riesgos de este enfoque:

  • Se vulnera la autonomía universitaria, principio constitucional que impide la injerencia de fuerzas estatales en asuntos internos.

  • Se criminaliza el derecho a la protesta, legitimado en tratados internacionales y en la Constitución Política.

  • Se abre la puerta a la represión violenta de la disidencia estudiantil, rompiendo con la vocación crítica de la universidad pública.

Frente a esto, es urgente que la comunidad universitaria y la sociedad costarricense se pronuncien y defiendan el carácter democrático, autónomo y crítico de la UCR.

La protesta es un derecho. La universidad no debe ser zona de guerra.

Aunque finalmente la moción para consultar a la Unidad Especial de Intervención (UEI) fue retirada, su sola presentación en el Consejo Universitario deja señales de alarma. Este episodio evidencia cómo persisten tensiones y preocupaciones sobre la gestión de la protesta estudiantil y la autonomía universitaria. Más allá de su resultado inmediato, la discusión refleja un clima en el que se considera viable involucrar fuerzas especializadas en control y represión en espacios académicos, lo que pone en riesgo los principios fundamentales que sostienen la universidad pública. Por ello, es fundamental mantener la vigilancia y el debate abierto para defender la libertad de expresión y el derecho legítimo a la protesta en la UCR.

¿Cómo convertir una protesta estudiantil en misión antiterrorista? La guía exprés de la UEI para la UCR

La Unidad Especial de Intervención (UEI), especializada en operaciones antiterroristas y de alto riesgo, ofrece una serie de asesorías técnicas que podrían aplicarse a la gestión de protestas estudiantiles. Sin embargo, la naturaleza de estas intervenciones, diseñadas para contextos de seguridad extrema, plantea preocupaciones sobre el impacto que tendría su involucramiento en un entorno universitario. A continuación, se describen los tipos de asesoría que esta unidad podría brindar y las posibles implicaciones para la Universidad de Costa Rica.

Tipo de asesoría de la UEIDescripciónImplicaciones para la UCR
Evaluación de riesgos de seguridadAnálisis de posibles amenazas graves, identificando riesgos que puedan afectar la seguridad.Puede justificar una respuesta para fortalecer el control policial ante cualquier manifestación.
Planificación de estrategias de control y contenciónDiseño de tácticas para contener o dispersar manifestaciones consideradas “peligrosas”.Potencial uso de métodos represivos y fuerza desproporcionada.
Entrenamiento en manejo de crisis y disturbiosCapacitación de seguridad universitaria para enfrentar protestas según protocolos policiales.Fortalece el control policial a la respuesta institucional y promueve la represión en el campus.
Monitoreo y vigilancia avanzadaUso de tecnología para seguimiento y control de grupos organizados o líderes de protesta.Invasión a la privacidad y posible criminalización preventiva.
Asesoría en inteligenciaRecolección y análisis de información para anticipar movimientos sociales.Fomenta la persecución política y la desconfianza en la comunidad universitaria.
Más allá de los golpes: formas no armadas de seguridad y represión

Cuando pensamos en seguridad o represión, la imagen común suele ser la de policías armados, gas lacrimógeno o palos. Sin embargo, la represión y el control social también pueden operar de formas mucho más sutiles, pero igual de efectivas para limitar la protesta y la disidencia.

Dispositivos no armados de seguridad y represión incluyen:

  • Vigilancia y monitoreo constante: uso de cámaras, infiltración de agentes, seguimiento digital a líderes y organizaciones estudiantiles para anticipar y desactivar protestas.

  • Control burocrático y administrativo: imposición de normas restrictivas, sanciones disciplinarias, exclusión o criminalización mediante reglamentos internos y procesos administrativos.

  • Manipulación mediática y estigmatización: desinformación, campañas que etiquetan a los manifestantes como violentos o “radicales”, creando un clima de miedo social.

  • Uso de cuerpos de seguridad sin armas letales: presencia de guardias sin armamento visible pero con entrenamiento en control de masas, que generan intimidación psicológica.

  • Negociación selectiva y cooptación: intentos de dividir y debilitar movimientos sociales mediante promesas, incentivos o presiones indirectas.

Estas formas no armadas, aunque no impliquen violencia física directa, restringen el espacio para la protesta, limitan la libertad de expresión y erosionan la autonomía universitaria. La instalación de la Unidad Especial de Intervención (UEI), incluso bajo el argumento de “consultas técnicas”, representa un riesgo real de combinar represión visible con estas formas más invisibles, profundizando el control sobre la comunidad universitaria.

Pueden descargar la infografía aquí

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