Denuncia ambiental archivos - Observatorio de Bienes Comunes

En las cercanías de Hone Creek, en el Caribe Sur de Costa Rica, se documenta nuevamente un intento por alterar un ecosistema de humedal mediante el uso de maquinaria pesada. Este caso ha sido seguido de cerca por el ambientalista Philippe Vangoidsenhoven, quien desde marzo de 2024 ha denunciado la intervención con una draga, utilizada para nivelar y drenar el terreno. Gracias a su denuncia, las obras fueron paralizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), evitando en ese momento un daño ambiental mayor.

Las primeras imágenes del 15 de marzo de 2024 muestran claramente la presencia de agua en el terreno, confirmando la naturaleza de humedal. El 2 de abril, el MINAE intervino directamente en el sitio, lo que detuvo las labores de la draga. Aparentemente, la Fiscalía Ambiental también fue alertada en esa ocasión. Para el 8 de abril, las fotos muestran la draga detenida, y la maquinaria retirada temporalmente.

Sin embargo, en mayo de 2025, Philippe volvió al lugar y encontró nuevas señales de intervención: un zanjo reciente a la orilla de la calle, excavado con el mismo propósito de drenaje. “Este es el típico caso: se detiene por un tiempo, parece tranquilo, y de repente reanudan las obras”, comenta. Denuncia que estos intentos son sistemáticos, y que la falta de vigilancia constante permite que continúen impunes. El objetivo, dice, es claro: secar el humedal para modificar su uso.

La presión sobre los humedales del Caribe Sur se ha vuelto constante. A pesar de los esfuerzos institucionales, actores privados continúan intentando transformar estos ecosistemas. La evidencia es clara: el terreno sigue mostrando filtración de agua, vegetación característica y afectaciones por maquinaria. Para los procesos correspondientes, el mismo suelo revela su condición de humedal, lo que permite su reconocimiento legal y la posibilidad de su protección.

Este caso subraya la necesidad urgente de reforzar la vigilancia ambiental, sancionar a quienes reinciden en este tipo de daños, y reconocer que los humedales no solo son áreas protegidas, sino bienes comunes vitales para el equilibrio ecológico de la región.

Galería situación 2025

Galería situación 2024

¿Qué implica continuar con las obras tras la intervención estatal?

La persistencia en realizar obras en zonas de humedal, incluso después de intervenciones por parte de instituciones como el MINAE o la Fiscalía Ambiental, revela una preocupante brecha entre las acciones de control y la efectividad real de las medidas de protección ambiental. Cuando el objetivo de fondo es el lucro —como suele ser el caso en intentos por secar humedales para urbanizar o explotar económicamente el terreno—, las paralizaciones temporales no son suficientes. Quienes impulsan estas transformaciones ilegales suelen adoptar una estrategia de desgaste: detienen momentáneamente, esperan a que pase la vigilancia y luego reanudan discretamente sus actividades.

Esta dinámica pone en evidencia la fragilidad institucional frente a intereses privados persistentes y bien financiados. Además, genera un efecto desalentador para quienes denuncian, pues ven cómo los esfuerzos por proteger el territorio son constantemente burlados. La impunidad de estos actos erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de fiscalización y refuerza la sensación de que los delitos ambientales se pueden cometer sin consecuencias duraderas.

Proteger los humedales requiere más que detener una maquinaria: implica seguimiento continuo, sanciones ejemplares y voluntad política real para frenar un modelo de desarrollo que prioriza el interés privado sobre los bienes comunes. Sin eso, estos ecosistemas seguirán siendo blanco de una presión que avanza a pasos silenciosos, pero constantes.

La importancia de los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica

Los humedales del Caribe Sur de Costa Rica son ecosistemas clave para la salud ambiental y el bienestar humano. Su función principal es la regulación del agua: actúan como esponjas naturales que absorben el exceso de lluvia, previniendo inundaciones y reduciendo el impacto de tormentas, un aspecto crucial en una zona con alta pluviosidad. Además, filtran contaminantes y sedimentos, mejorando la calidad del agua que llega a ríos y al mar Caribe.

Estos ecosistemas también son refugio de una gran diversidad biológica. Albergan especies endémicas y migratorias, como aves, peces y anfibios, muchas de ellas en riesgo. Para las comunidades locales, los humedales representan una fuente de vida y sustento, ya que ofrecen recursos como peces, plantas medicinales y materiales naturales.

Sin embargo, la expansión urbana, el turismo descontrolado y el cambio de uso del suelo amenazan su existencia. La eliminación o alteración de los humedales pone en riesgo la biodiversidad, aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y contribuye a la degradación del clima local. Protegerlos es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un desarrollo sostenible en la región.

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

La alteración del cauce y la disminución del caudal.
La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.