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De cambios aislados a tendencias territoriales: señales de alerta desde el monitoreo ciudadano en el Caribe Sur

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El siguiente balance recoge observaciones realizadas durante los primeros dos meses del año 2026 en el marco del trabajo de monitoreo territorial que desarrolla el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe Sur de Costa Rica. Más que presentar un recuento detallado de casos específicos, esta revisión busca identificar algunas tendencias y señales de alerta que emergen al observar en conjunto los registros recientes de transformaciones ambientales en la región.

En el Caribe Sur de Costa Rica, muchas de las transformaciones del territorio ocurren de manera gradual y fragmentada. Un árbol menos aquí, un relleno allá, una construcción que aparece donde antes había bosque o humedal. Observados de forma aislada, estos hechos pueden parecer episodios menores. Sin embargo, cuando se registran y comparan a lo largo del tiempo, comienzan a revelar patrones más amplios de transformación ambiental.

El monitoreo territorial que ha realizado durante más de dos décadas el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven permite justamente ese tipo de lectura. Su trabajo, basado en recorridos, fotografías comparativas, observación directa y seguimiento de denuncias, constituye un archivo ciudadano que ayuda a comprender cómo están cambiando los ecosistemas del Caribe Sur.

Este monitoreo ha sido posible gracias a su labor sostenida en el territorio, pero también al aporte de muchas personas vecinas que, al observar cambios o intervenciones en el paisaje, se comunican con él para alertar sobre lo que está ocurriendo. A partir de estas alertas, Philippe visita los sitios, registra las transformaciones mediante fotografías y notas de campo, y documenta la evolución de los procesos en el tiempo. De esta forma, el monitoreo se construye también como un ejercicio colectivo de vigilancia socioambiental desde el territorio.

Más que centrarse en un caso específico, la revisión conjunta de los registros de monitoreo permite identificar tendencias y señales de alerta que invitan a reflexionar sobre el futuro ambiental de la región.

Tendencias que emergen del monitoreo territorial

1. Transformaciones graduales del paisaje

Una de las características más visibles en los registros es que los cambios ambientales rara vez ocurren de forma abrupta. Con frecuencia se trata de procesos acumulativos: primero se elimina parte de la cobertura vegetal, luego se realizan chapeas o intervenciones parciales, posteriormente se rellena el terreno y finalmente aparecen construcciones.

Este tipo de secuencia permite que la transformación del territorio ocurra en etapas, diluyendo la percepción del impacto y dificultando su seguimiento institucional.

2. Presión creciente sobre ecosistemas sensibles

Los registros de monitoreo señalan intervenciones recurrentes en ecosistemas particularmente frágiles desde el punto de vista ambiental, como humedales, bosques costeros, márgenes de quebradas o áreas cercanas a la franja costera.

Estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas clave: regulan el agua, albergan biodiversidad y protegen la dinámica natural del litoral. Cuando se alteran o fragmentan, los impactos pueden extenderse más allá del sitio intervenido.

3. Cambios de uso del suelo asociados a dinámicas inmobiliarias

Otra tendencia que aparece de manera reiterada es la transformación progresiva de terrenos que originalmente presentaban características de bosque o humedal hacia usos vinculados con infraestructura, vivienda o actividades comerciales.

Este proceso suele estar asociado a la creciente valorización del suelo en zonas turísticas del Caribe Sur, donde la expansión inmobiliaria ejerce una presión cada vez mayor sobre el territorio.

4. Fragmentación de los ecosistemas

Incluso cuando algunos elementos naturales permanecen —como el cauce de una quebrada o pequeños parches de vegetación—, el entorno puede transformarse completamente. Esta fragmentación reduce la conectividad ecológica, debilita los corredores biológicos y limita la capacidad de los ecosistemas para mantenerse funcionales.

5. Tensiones entre normativa ambiental y realidad territorial

Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto en materia ambiental. No obstante, los procesos documentados en el monitoreo plantean preguntas sobre la capacidad de fiscalización, seguimiento y control en el territorio.

Cuando intervenciones en ecosistemas sensibles se repiten en el tiempo, surge la necesidad de examinar cómo se están aplicando las normas existentes y cuáles son las capacidades institucionales para prevenir o revertir estos procesos.

El valor del monitoreo ciudadano

Frente a estos escenarios, el monitoreo ambiental realizado por personas que habitan y recorren cotidianamente el territorio adquiere una importancia particular.

Este tipo de observación sostenida permite:

  • Registrar cambios ambientales que ocurren lentamente.

  • Construir memoria territorial sobre procesos de transformación del paisaje.

  • Generar información pública que puede complementar los registros institucionales.

  • Alertar tempranamente sobre posibles impactos en ecosistemas sensibles.

  • Articular redes informales de vigilancia comunitaria, donde las personas vecinas alertan sobre situaciones que luego pueden ser documentadas en terreno.

Más allá de cada caso específico, el monitoreo ciudadano contribuye a visibilizar dinámicas territoriales que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas, y muestra cómo la defensa de los bienes comunes también se construye desde la atención cotidiana que las comunidades ponen sobre su territorio.

Una invitación a explorar el monitoreo del Caribe Sur

El trabajo de registro territorial realizado por Philippe Vangoidsenhoven se encuentra ahora disponible públicamente a través del sitio “Monitoreo Caribe Sur”, una plataforma que reúne reportes, fotografías y documentación generada a lo largo de años de observación del territorio.

El sitio busca fortalecer la memoria ambiental del Caribe Sur y poner a disposición información que puede ser útil para comprender las transformaciones que afectan a la región.

Invitamos a quienes deseen conocer más sobre este trabajo de monitoreo territorial a visitar la página:

Monitoreo Caribe Sur
https://sites.google.com/view/monitoreocaribesur/inicio

Explorar estos registros permite observar el territorio en el tiempo y comprender mejor los procesos que están configurando el presente y el futuro ambiental del Caribe Sur.

Publicaciones de referencia

Para profundizar en los registros y análisis que sustentan este balance, se pueden consultar las siguientes publicaciones elaboradas por Philippe Vangoidsenhoven, disponibles en el sitio Monitoreo Caribe Sur:

Estos reportes presentan documentación más detallada del monitoreo territorial realizado en la región y permiten observar, a partir de registros fotográficos y seguimiento en el tiempo, las transformaciones que han ocurrido en distintos ecosistemas del Caribe Sur.

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Monitoreos de Philippe: registro de impactos ambientales

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Como parte de su trabajo de monitoreo ambiental, Philippe Vangoidsenhoven ha documentado diversas prácticas que generan preocupación tanto en zonas boscosas como en áreas públicas. Sus observaciones permiten visibilizar conflictos y daños potenciales al entorno, evidenciando la vulnerabilidad de estos territorios ante intervenciones humanas desordenadas. A continuación se presentan dos casos recientes que ilustran estas problemáticas.

Caso 1 — Chapeo de bosque privado y agresión a observador

Philippe registró la intervención en un bosque que hasta ahora no había sido tocado. Durante siete u ocho días, un grupo de cuatro o cinco personas realizó labores de chapeo. El terreno pertenece a una empresa ampliamente reconocida por la extracción de material de río y que, además, ha sido denunciada por extraer material de una loma en el cantón de Talamanca.

Tras denuncias previas, los responsables retiraron los rótulos de los camiones para evitar problemas legales. Al consultar a uno de los trabajadores sobre la razón del chapeo, este no ofreció una explicación clara. Philippe advierte que, en muchos casos, este tipo de acciones precede a la tala y posterior loteo de terrenos. En este caso, el bosque es montañoso y se desconoce el objetivo de la intervención.

Durante el monitoreo, Philippe también sufrió un incidente de violencia: mientras tomaba fotografías y registraba la situación con su celular, un hombre del lugar le gritó e intentó intimidarlo desde unos 100 metros, exigiéndole que dejara de tomar fotos. Philippe documentó el evento con la cámara de su carro y su celular, señalando que la percepción de la ley por parte de los responsables parece basarse más en caprichos que en la normativa vigente, lo que dificulta la protección ambiental.

Caso 2 — Uso desordenado de áreas públicas y playas

En otro monitoreo, Philippe observó que, especialmente durante los periodos de vacaciones, la zona pública y las playas sufren un uso desordenado y dañino. Personas que llegan a la zona realizan actividades de parqueo y ocupación de espacios públicos, incluyendo áreas que deberían ser refugio de fauna o patrimonio comunitario.

Philippe describe la situación como un “desastre total”, en la que el control por parte de las autoridades es limitado y la presión social y ambiental se intensifica. Este caso evidencia un problema recurrente en la gestión de espacios públicos y en la protección del litoral costarricense.

Caribe Sur bajo presión

Estos dos casos muestran patrones recurrentes de intervención humana en territorios sensibles, donde tanto la acción privada como el uso desordenado del espacio público generan riesgos significativos para los ecosistemas y la gestión comunitaria. En el Caso 1, el chapeo de un bosque montañoso, acompañado de agresión a un observador, evidencia la vulnerabilidad de los bosques ante prácticas no reguladas y caprichos individuales que pueden anticipar la tala y el loteo de terrenos. La falta de claridad sobre la finalidad de estas intervenciones refleja la debilidad institucional y la dificultad de aplicar la normativa ambiental en contextos de presión extractiva.

En el Caso 2, la ocupación descontrolada de playas y zonas públicas durante periodos de mayor afluencia demuestra cómo la presión social sobre espacios comunes contribuye al deterioro ambiental y al conflicto de usos. La incapacidad de las autoridades para regular estas prácticas refuerza la idea de que los territorios más frágiles —ya sea por su valor ecológico, social o cultural— requieren mecanismos de control y vigilancia más efectivos.

En conjunto, ambos casos revelan cómo actividades aparentemente dispersas o aisladas tienen efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades. Bosques, ríos y playas son territorios vulnerables que no solo sufren daños físicos, sino también tensiones legales, sociales y éticas. La experiencia de Philippe muestra que la defensa ambiental exige monitoreo constante, visibilización de agresiones, y la construcción de capacidades comunitarias para resistir prácticas que ponen en riesgo bienes comunes y patrimonios naturales.

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Monitoreo Comunitario en el Caribe Sur: La Lucha contra la degradación ambiental

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La costa del Caribe Sur es un mosaico de ecosistemas frágiles: playas, humedales, quebradas y bosques que sostienen una biodiversidad invaluable y sustentan la vida cotidiana de las comunidades locales. Sin embargo, estos territorios enfrentan una presión creciente producto de actividades extractivas, deforestación y la ocupación ilegal de zonas públicas. Frente a estas amenazas, el monitoreo comunitario se ha convertido en una línea de defensa fundamental. En primera fila se encuentra la labor incansable de Philippe Vangoidsenhoven, quien, mediante recorridos, fotografías y denuncias, ha documentado patrones preocupantes de impunidad, conflictos sociales y debilitamiento de la institucionalidad ambiental.

Su trabajo revela que lo que ocurre en la zona no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural: la tensión permanente entre intereses individuales, vacíos en educación ambiental y la fragilidad de los mecanismos de control del Estado.

A continuación, un resumen de lo que Philippe ha encontrado en las últimas semanas.

¿Qué se ha documentado recientemente?

Empezamos con buenas noticias: el retiro del contenedor en Cocles —ordenado judicialmente— finalmente permitirá la regeneración del bosque costero. La estructura, ubicada dentro de un área declarada Patrimonio Natural del Estado, generaba un impacto directo sobre el ecosistema al ocupar y alterar una franja clave del bosque costero. Fue la denuncia formal presentada y sostenida únicamente por Philippe la que permitió que el proceso avanzara. Su remoción marca el cierre de un trámite prolongado y abre la posibilidad real de que el ecosistema costero se recupere plenamente. Como señaló él mismo, este avance representa un alivio y una señal positiva para la protección del territorio.

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No obstante, el monitoreo también ha identificado intervenciones que siguen afectando los ecosistemas locales.

Caso 1: Paraiso Road chapea de bosque

Se registra chapea en bosque y limpieza de vegetación sin evidencia de permisos ni controles por parte de las autoridades.

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Caso 2: Tala en Área de Humedal

Se reporta la tala de un árbol de gran tamaño en Playa Negra, dentro de un ecosistema de humedal altamente protegido por su función ecológica y su vulnerabilidad.

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Caso 3: Tala Reiterada en la Ribera de una Quebrada

En Hone Creek persiste la alteración de la zona de protección de una quebrada, donde no solo se ha chapado y fumigado la orilla, sino que con frecuencia se depositan tierra, troncos, ramas y restos de construcción para ir rellenando el humedal y preparar el terreno para futuras edificaciones. En años recientes también se habían talado árboles de gran tamaño en la ribera misma. Aunque MINAE y la Policía ya han visitado el sitio, los propietarios insisten en que pueden “modificar su terreno”, desconociendo que las áreas ribereñas son de dominio público y están sujetas a estricta protección ambiental.

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Caso 4: Conflictos por chapea y fumigación de humedal

Se documenta un ambiente hostil al intentar monitorear la chapea y fumigación del humedal y del bosque. Philippe ha enfrentado reiterados episodios de intimidación, que incluyen amenazas previas, el envenenamiento de sus perros y, más recientemente, haber sido perseguido por un vehículo durante el monitoreo en esta misma zona —hecho ya reseñado en una nota anterior. Todo ello configura un patrón que podría interpretarse como represalias por su labor de documentación y denuncia.

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Caso 5: Rótulo de testigo de alteración en “Beach Break” y Playa Negra

Se registra la intervención de un sitio utilizado como “beach break” mediante maquinaria, chapeo y rellenos en un área declarada patrimonio natural del Estado. Según denuncias reiteradas, el MOPT depositó lastre mediante vagonetas en el lugar, generando un relleno que nunca ha sido removido pese a múltiples reportes ante las autoridades. Aun cuando se han realizado inspecciones, el material permanece y las intervenciones continúan en la zona.

En Playa Negra ocurre una situación similar, se constató la intención de ampliar el relleno para habilitar más construcción. Aunque ese trabajo se detuvo, ya existe un edificio construido sobre un humedal previamente rellenado y dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria, sin un plan regulador costero que lo avale. A pesar de ser una obra levantada en zona pública y en un ecosistema protegido, cuenta con un permiso municipal y no ha sido clausurada, pese a su evidente ilegalidad.

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Caso 6: Expansión Comercial y Ocupación Ilegal de la Zona Pública

En esta zona se observa una expansión comercial que opera plenamente dentro de la playa mediante la instalación de un bus-restaurante, carretas rodantes que en realidad no se mueven, estructuras techadas y plataformas que se presentan como “movibles”, pero que funcionan como locales fijos. A esto se suman postes, luminarias, cableado y otros elementos que consolidan una ocupación estable en un bien público de uso común.

También se ha documentado el uso recurrente de quemas en la playa. Philippe registró fogatas de gran tamaño que se realizan de forma habitual durante la noche, incluyendo la quema de una tabla de surf, cuyos materiales sintéticos liberan fibras y contaminantes que quedan en la arena. La iluminación artificial, que ha sido denunciada tres o cuatro veces sin resultados, permanece encendida y facilita estas prácticas. Estas quemas no solo degradan el ecosistema, sino que representan un riesgo para la fauna, para la integridad de la playa y para las personas usuarias.

A ello se suma la recolección permanente de madera y troncos arrastrados naturalmente por el mar. Esta madera —fundamental para la dinámica ecológica de la playa y que forma parte de su estado natural— es usada en las quemas o retirada para “limpiar” el espacio y adecuarlo a la estética que buscan los comercios. En las mañanas es común ver a dos o tres trabajadores rastreando la arena para dejarla sin una hoja, sin una rama y sin un solo tronco, como si la playa fuese una extensión privada del negocio y no un ecosistema vivo.

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Manipulación del paisaje: la playa como escenario artificial

Más allá de las estructuras y quemas, lo que ocurre en esta zona es una manipulación sistemática del paisaje. La playa se transforma para ajustarse al modelo estético del comercio: una franja “perfecta”, limpia y homogénea, sin restos naturales, sin troncos depositados por las mareas y sin señales de la dinámica ecológica del bosque costero.

Esta limpieza intensiva altera gravemente el ecosistema. Los troncos y ramas que el mar deposita cumplen funciones esenciales: retienen arena, protegen la playa de la erosión, generan microhábitats y forman parte del ciclo natural de los organismos costeros. Eliminarlos no solo empobrece el ecosistema, sino que expande la percepción de que la playa es un terreno maleable para uso comercial.

La suma de estructuras permanentes disfrazadas de móviles, quemas constantes, retiro de material natural y mantenimiento artificial de la arena crea una versión falseada de la playa: una postal estética pensada para el consumo turístico, que oculta la degradación ambiental y la apropiación privada de un bien público de alto valor ecológico.

Esta manipulación paisajística, sostenida día tras día, es parte clave del problema: transforma la playa en un escenario comercial y rompe la relación vital entre el ecosistema, la comunidad y el espacio común que la ley protege.

La Doble Herida: Apropiación Privada de lo Público y Asfixia de los Ecosistemas

Los casos evidencian un patrón claro: la ocupación ilegal de playas y zonas públicas no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que hiere profundamente a las comunidades y a la cultura local.

Para las comunidades: pérdida del espacio común

La zona marítimo-terrestre es, por ley, un bien público indisponible. Su apropiación genera:

  • -Restricción del acceso y disfrute: Las playas, que deberían ser espacios de convivencia y recreación, se transforman en extensiones privadas de bares o negocios.
  • -Desigualdad y competencia desleal: Mientras unos cumplen la ley, otros lucran ilegalmente con un bien común, profundizando brechas sociales y económicas.
  • -Erosión de la cultura local: Las playas son espacios históricos de encuentro, deporte, pesca y celebración. Su privatización desarticula estas prácticas y debilita la identidad comunitaria.

Para los ecosistemas: pérdida de resiliencia y degradación acelerada

Los ecosistemas costeros necesitan espacio para funcionar y adaptarse; cuando se los comprime, se deterioran:

  • -Fragmentación del hábitat: Las luces y estructuras interrumpen rutas de especies sensibles como tortugas marinas, que dependen de playas oscuras para anidar.
  • -Alteración de procesos naturales: Edificaciones en la playa afectan la dinámica de erosión y sedimentación, acelerando la pérdida de arena y aumentando la vulnerabilidad ante tormentas y el cambio climático.
  • -Contaminación lumínica, acústica y física: La actividad comercial intensiva introduce factores disruptivos que afectan la fauna y reducen la capacidad del ecosistema para recuperarse.
La brecha entre el anuncio y la acción: límites de la protección simbólica

La colocación de rótulos que declaran un área como “Patrimonio Natural del Estado” funciona, en teoría, como un acto de reconocimiento oficial y una señal pública de protección. Sin embargo, en los casos de Beach Break y Playa Negra, estos rótulos terminan operando como acciones meramente simbólicas, incapaces de frenar las dinámicas materiales que transforman y degradan el territorio. Cuando el chapeo, los rellenos, la maquinaria y las construcciones continúan sin consecuencias, el rótulo se convierte en una imagen vaciada de contenido: un gesto institucional que no se traduce en control ni en aplicación efectiva de la ley.

Para las personas denunciantes, la contradicción es evidente: mientras se anuncia una intención de proteger, las actividades ilegales avanzan o se consolidan con permisos municipales que ignoran la normativa ambiental. La presión por habilitar nuevos usos —desde rellenos para futuras obras hasta edificios levantados en humedales o dentro de la zona pública— desborda la capacidad o la voluntad estatal para hacer cumplir las regulaciones. En este contexto, el rótulo adquiere un doble carácter: por un lado, afirma un valor ecológico; por otro, evidencia la incapacidad institucional de resguardar ese valor cuando se enfrenta a intereses económicos y a prácticas normalizadas de ocupación ilegal.

El resultado es un paisaje donde los símbolos de protección conviven con la degradación ambiental, generando un sentimiento de frustración y desconfianza hacia el sistema. Las personas defensoras interpretan esta brecha como muestra de un modelo en el que la protección formal existe —declaratorias, rótulos, discursos— pero la protección real se diluye entre trámites lentos, acciones inconsistentes y permisividad frente a intervenciones que, una vez consolidadas, son difíciles de revertir. En última instancia, la experiencia pone en evidencia los límites profundos de las acciones simbólicas cuando no están acompañadas de voluntad política, vigilancia efectiva y capacidad de hacer cumplir la ley frente a las presiones sobre el territorio.

La Ficción de lo “Movible”: Simulaciones que Ocultan Construcciones Permanentes

En varios de los casos documentados, las estructuras instaladas en la playa se presentan como “movibles” —techos livianos, plataformas supuestamente desmontables e incluso buses y carretas rodantes— para eludir la regulación estricta de la zona pública marítimo-terrestre. Sin embargo, las fotografías muestran algo muy diferente: bases estabilizadas, conexiones eléctricas fijas, luminarias enterradas en arena compactada y estructuras que no han cambiado de lugar durante meses o incluso años.

Aunque algunas de estas instalaciones tengan ruedas, la evidencia indica que no se mueven en absoluto. Funcionan como locales comerciales estables: con mesas, sillas, cableado, tarimas y puntos de luz que denotan permanencia operativa. Lo “rodante” y lo “movible” son, en la práctica, un disfraz para encubrir la ocupación continua de un bien de dominio público.

Este tipo de simulación busca normalizar la apropiación progresiva de la playa, bajo la apariencia de temporalidad o flexibilidad, mientras en realidad se consolida un uso privado y lucrativo.

Por qué no se pueden instalar gimnasios, buses, carretas ni estructuras comerciales en la playa

En otros espacios —parques urbanos, polideportivos o zonas privadas con permisos municipales— sí es pertinente y legal instalar gimnasios, food trucks, carretas rodantes o módulos recreativos. En esos lugares se cuenta con:

  • -infraestructura diseñada para soportar cargas y tránsito,

  • -regulación municipal específica,

  • -sistemas de manejo de residuos y aguas grises,

  • -normas de seguridad para usuarios y transeúntes.

La playa, en contraste, es un espacio con características únicas e incompatibles con este tipo de instalaciones:

  • -Es un ecosistema vivo y dinámico, donde el movimiento natural de la arena, las mareas y la fauna requiere espacio libre.

  • -Es un área protegida por ley, de dominio público, que no puede ser cercada ni convertida en extensión comercial.

  • -Es un hábitat crítico, especialmente para especies como tortugas marinas, afectadas por luces, ruido y obstáculos.

  • -Prohíbe construcciones permanentes o semipermanentes, incluso si tienen ruedas o apariencia “movible”.

Movible no significa inocuo: la privatización silenciosa del espacio común

La instalación de buses, carretas y estructuras que no se mueven crea una infraestructura que, aunque se disfrace de temporal, opera como punto fijo de comercialización. Esto detona procesos de:

  • -ampliación de mobiliario,

  • -aumento de iluminación artificial,

  • -introducción de residuos y ruido,

  • -reducción del acceso comunitario,

  • -transformación del paisaje natural en un espacio privatizado.

Lo que inicia como una estructura supuestamente móvil se convierte rápidamente en una ocupación estable, que desplaza usos comunitarios y erosiona la función ecológica de la playa.

La Última Línea del Caribe Sur

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y otros ciudadanos funciona como una alerta temprana ante una crisis socioambiental que avanza silenciosamente. La deforestación, las talas ilegales y la apropiación de zonas públicas no solo constituyen delitos ambientales: también erosionan la democracia, al normalizar la impunidad; afectan la equidad, al permitir privilegios ilegales; y vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano.

Quienes ejercen vigilancia comunitaria representan la última línea de defensa frente al deterioro, a menudo enfrentándose solos a amenazas, hostilidad y burocracias que no responden con la urgencia necesaria. Su trabajo demuestra una verdad esencial: proteger los bienes comunes naturales no es opcional; es una condición para la vida digna hoy y para la supervivencia futura.

El Trabajo de Monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven: La Evidencia en Primer Plano

Los casos documentados no son casualidad: responden a un trabajo metódico y sostenido que comprende:

  • Recorridos constantes en territorio: Revisión periódica de áreas críticas del Caribe Sur, tales como Playa Negra, Hone Creek y la zona de Beach Break.
  • Evidencia fotográfica y videográfica: Uso de cámaras, teléfonos y drones para registrar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades.
  • Denuncias formales: Presentación de evidencia ante instancias ambientales y judiciales, a pesar de respuestas lentas o ineficaces.
  • Visibiliza la corrupción: Su seguimiento constante permite evidenciar irregularidades y presionar para la remoción de funcionarios que han obstaculizado la protección ambiental.
  • Resiliencia ante la intimidación: Decisión de denunciar con nombre propio, pese a amenazas, acoso vecinal y agresiones a sus animales.

Su trabajo confirma que el monitoreo comunitario es una herramienta indispensable para fortalecer la aplicación de la ley, revelar patrones de degradación y generar presión social para la acción institucional.

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Monitoreos ambientales en defensa del territorio: las denuncias de Philippe Vangoidsenhoven

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Desde hace varios años, Philippe Vangoidsenhoven documenta con rigor y persistencia las transformaciones ilegales del paisaje costero en el Caribe sur de Costa Rica. A través de recorridos periódicos, fotografías y reportes georreferenciados, ha evidenciado un patrón sostenido de tala, relleno y construcción en zonas de protección y humedales, muchas veces con la complacencia institucional o la falta de seguimiento efectivo.

Su labor se desarrolla en condiciones profundamente desiguales: sin respaldo institucional, sin protección jurídica ni apoyo técnico, y con recursos limitados que debe autofinanciar. Como muchas personas defensoras ambientales en el país, Philippe actúa desde la convicción de cuidar los bienes comunes frente a un modelo que prioriza la especulación turística y el negocio inmobiliario. Mientras las instituciones se ven sobrepasadas o inactivas, son estos monitoreos ciudadanos los que permiten sostener la vigilancia ambiental y mantener viva la memoria del territorio.

Caso 1: Tala y construcciones junto a un arroyo

En julio de 2021, Philippe denunció ante el MINAE una chapea en la orilla de un arroyo, pero la inspección se realizó tres meses después, cuando ya no era posible constatar el daño. En febrero de 2022 verificó la tala en la zona protegida de 15 metros, y a inicios de 2023 observó la construcción de una casa y un pozo dentro del cauce del arroyo. Aunque el MINAE obligó a dejar que la vegetación se regenerara, no detuvo las obras. Recientemente, se añadieron dos contenedores en la franja de protección y una nueva construcción al otro lado del arroyo, por lo que Philippe volvió a denunciar exigiendo la demolición de las estructuras y la restauración del área.

Galería 2025

Caso 2: Chapeas en la franja costera de REGAMA

Desde hace años, cuadrillas de peones limpian la franja de bosque costero en REGAMA bajo el argumento de “seguridad”, apoyadas incluso por la policía. Sin embargo, Philippe ha documentado que detrás de estas acciones se esconden intereses turísticos: un bar de hotel utiliza la zona para habilitar parqueos, a pesar de que la ley exige mantener una franja mínima de 15 metros libre de intervención en ambos márgenes de los cauces.

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Caso 3: Desmonte en Margarita Road

En el sector de Margarita Road, Philippe ha presentado múltiples denuncias por tala total del terreno y eliminación del sotobosque, lo que constituye un cambio de uso de suelo en un área boscosa ubicada dentro del territorio indígena Kekoldi.

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Caso 4: Río Cocles, la desaparición de la franja de protección

El seguimiento fotográfico confirma que los 15 metros de protección del río Cocles han desaparecido. En el sitio, donde aún se observa agua superficial, el terreno presenta características de humedal. Philippe había advertido sobre esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha agravado. Las talas —registradas desde 2019— muestran un patrón sostenido en terrenos tanto privados como públicos, dentro del área REGAMA.

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Caso 5: Extracción y venta ilegal de tierra

Otro monitoreo revela la extracción ilegal de tierra para rellenos de terrenos, bosques y humedales. Aunque una de las fincas fue detenida tras las denuncias, en otras continúa el saqueo. Philippe advierte que la tierra se ha convertido en un nuevo negocio en el Caribe sur, donde varias lomas están siendo raspadas para su venta.

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Despúes
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Implicaciones de un patrón que avanza sobre los ecosistemas costeros

Los casos documentados por Philippe revelan un proceso de transformación profunda del territorio, donde las zonas de protección y los humedales pierden su función ecológica. Cada tala, relleno o construcción no solo modifica el paisaje: interrumpe los flujos del agua, fragmenta los hábitats y debilita los equilibrios que sostienen la vida en los ecosistemas costeros.

En los márgenes de ríos y quebradas, la desaparición de la vegetación ribereña acelera la erosión, contamina los cauces y reduce la capacidad natural de infiltración del agua. Los rellenos sobre humedales eliminan espacios vitales para la recarga acuífera y para especies que dependen de esos ambientes. Estos procesos, repetidos en distintas localidades, configuran un patrón de pérdida silenciosa, donde el deterioro se acumula sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Las implicaciones también son sociales: el avance de intereses privados sobre áreas comunes restringe el acceso al territorio y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. Detrás de cada denuncia no solo hay un daño ambiental, sino la expresión de un conflicto entre dos formas de entender el espacio costero: como bien común o como recurso para la especulación inmobiliaria.

Patrones que se repiten y defensores desprotegidos

Los monitoreos de Philippe muestran una constante: el deterioro ambiental no ocurre de manera aislada, sino como parte de un entramado donde la falta de control, la permisividad institucional y los intereses económicos se combinan. Chapeas, talas, rellenos y construcciones avanzan sobre zonas protegidas mientras los mecanismos de vigilancia estatal actúan con lentitud o no logran detener el daño.

Este tipo de seguimiento ciudadano se vuelve crucial en contextos de estrés institucional, como el que vive hoy Costa Rica, donde por omisión, impotencia o sobrecarga, las instituciones ambientales no dan abasto. Frente a esa fragilidad, los registros independientes —fotográficos, georreferenciados y persistentes— son los que permiten sostener la memoria del territorio y exigir rendición de cuentas.

Sin embargo, quienes realizan este trabajo lo hacen sin protección ni apoyo oficial. Philippe financia de su propio bolsillo cada desplazamiento, equipo y denuncia. En uno de sus monitoreos perdió su dron —una herramienta esencial para registrar los daños desde el aire—, que había sido adquirido gracias a la solidaridad de una vecina.  Tuvo que volver a pedir apoyo para reemplazarlo. Esa es la vida del defensor ambiental en el Caribe sur: sostener con esfuerzo y convicción una tarea que el Estado debería acompañar, proteger y reconocer.

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Los ecosistemas costeros desaparecen ante la indiferencia institucional

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En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.
Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.
El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.

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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

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Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.
Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.
Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.
Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.
El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

with No Comment extractivismosPARTICIPACIÓN

El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.
  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.
  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.
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Monitoreo ciudadano evidencian reincidencia y debilidad institucional en el Caribe Sur

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En las últimas semanas, el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven ha documentado nuevas intervenciones ilegales en humedales, zonas públicas y áreas protegidas del Caribe Sur. Sus recorridos, cámara en mano, han registrado desde rellenos con material de construcción en Playa Negra hasta tala y quema de vegetación en propiedades cercanas a quebradas, con indicios de futuros desarrollos comerciales.

Estos casos no son hechos aislados. Philippe acumula más de 25 denuncias —muchas ahora bajo su nombre— en un trayecto de apenas 2,5 km, todas respaldadas por fotografías, videos y ubicación exacta. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser tardías o inconsistentes, y en ocasiones, las mismas autoridades parecen desconocer la normativa que deberían aplicar.

El propio monitoreo revela un patrón preocupante: oficiales y funcionarios con criterios personales que contravienen la ley, como la aceptación de chapeas en zonas de protección alegando razones de “seguridad”, sin considerar el daño ecológico y la prohibición expresa en la legislación ambiental. Este vacío de formación técnica y jurídica en quienes deben fiscalizar abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, debilitando la protección de los ecosistemas y generando un clima de impunidad.

En un contexto donde la presión inmobiliaria sobre la zona marítimo terrestre y humedales es cada vez mayor, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar para la defensa ambiental. Pero sin una capacitación sólida de las autoridades y un compromiso real con la aplicación de la ley, las denuncias seguirán acumulándose sin que el deterioro ambiental se detenga.

Caso 1: Relleno municipal en humedal de Playa Negra

Durante un desplazamiento hacia Puerto Viejo, Philippe observó maquinaria municipal depositando material en un área de Playa Negra que corresponde a un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre. Este sitio ya había sido rellenado años atrás con el argumento de construir un centro educativo, pero en su momento se permitió la intervención alegando que no figuraba en la lista oficial de humedales. Posteriormente, la Fiscalía Ambiental confirmó que sí se trataba de un humedal protegido y ordenó paralizar las obras. A pesar de ello, el relleno volvió a ejecutarse, evidenciando un incumplimiento reiterado

Caso 2: Tala total y preparación para un supermercado

En otro punto, Philippe documentó la tala de todos los árboles de un terreno, el desecho de la biomasa y el posterior relleno del área. En el lugar se instaló un rótulo con permisos visibles, y según información recabada, el objetivo sería instalar un supermercado. Aunque la municipalidad colocó un sello de clausura, la afectación ya estaba consumada: la cobertura vegetal desapareció y con ella, hábitats y funciones ecológicas clave.

Caso 3: Quema en área cercana a quebrada y hostigamiento vecinal

En una propiedad próxima a una quebrada, Philippe registró la quema de vegetación, presuntamente provocada con gasolina por un vecino. El fuego afectó árboles y un panal de zompopas de gran tamaño, y generó humo denso que alcanzó varias viviendas. El hecho desencadenó tensiones y amenazas, en un contexto donde “limpiezas” y aperturas de paso se mezclan con conflictos interpersonales. Para Philippe, la situación representa un doble riesgo: el daño ambiental y la creciente hostilidad hacia quienes denuncian.

Caso 4: Reincidencia en zona cerca de “Flor de China” (más sobre este caso aquí)

Más recientemente, Philippe constató la colocación de nuevo material en un área cercana a Flor de China, previamente denunciada por rellenos ilegales. El lugar cuenta con un rótulo oficial que lo identifica como “Patrimonio del Estado”, lo que debería implicar su protección absoluta. Sin embargo, el depósito se realizó a plena vista, sin que la señalización ni las denuncias anteriores frenaran la intervención. La reiteración del daño en un mismo sitio confirma la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
Una constante: falta de capacitación y aplicación desigual de la ley

En varios de los operativos presenciados, Philippe ha encontrado a oficiales y funcionarios que aplican criterios personales por encima de la normativa, por ejemplo, defendiendo el “chapeo” en zonas protegidas bajo el argumento de prevenir robos. Esta visión desconoce el papel del sotobosque en la protección de suelos y fauna, y contradice lo que establece la legislación ambiental. En otros casos, incluso reconociendo que un área es de protección, se decide continuar con intervenciones bajo justificaciones subjetivas.

La falta de capacitación técnica y jurídica de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir la ley permite que decisiones arbitrarias debiliten la protección ambiental. En un escenario de creciente presión inmobiliaria, esta deficiencia institucional se convierte en un factor que alimenta la impunidad, dejando la carga de la vigilancia casi exclusivamente en manos de la ciudadanía organizada.

Cuando la última línea de defensa es la ciudadanía

La pregunta que queda es: ¿qué ocurre cuando quienes deben aplicar la ley no lo hacen de forma correcta, y la única defensa real del ambiente recae sobre personas que no cuentan con ninguna garantía institucional, cobertura ni reconocimiento legal para protegerse?

En el pasado, fue parte del programa Covirenas —un mecanismo de voluntariado del MINAE—, pero le fue retirado el carnet después de intervenir para documentar una acción ilegal como las que hoy sigue reportando. En aquella ocasión, su participación se dio con el objetivo de dar seguimiento y poder atestiguar las razones de las medidas que tomarían las autoridades ante el evento, además de aportar su conocimiento sobre el caso. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que, en lugar de aprovechar su colaboración, se le sancionó y se le excluyó del programa.

Hoy, sin respaldo institucional, continúa con su labor de monitoreo por convicción y sentido de responsabilidad, asumiendo los riesgos que eso implica. El problema es que, si la ley no es correctamente aplicada por quienes tienen la obligación de hacerlo, y quienes la defienden desde la ciudadanía quedan expuestos, el sistema de protección ambiental se sostiene únicamente por un frágil hilo de voluntad individual.

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Tierra removida, árboles talados y amenazas veladas: alertas desde el Caribe Sur

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El pasado 25 de julio de 2025, Philippe Vangoidsenhoven —vecino y defensor ambiental de Puerto Viejo— se dirigía hacia Hone Creek cuando observó una escena que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más común en el Caribe Sur. A la altura de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, había gran presencia de maquinaria pesada: una retroexcavadora que salía hacia la calle, un furgón con tarima y dos vagonetas que, cargadas de tierra, dejaban caer material sobre la vía pública. Esta tierra caída no parecía un simple descuido, sino que evidenciaba el movimiento masivo de material, lo que hacía presumir que se realizaban trabajos de relleno de terreno como parte de una intervención de mayor envergadura en curso.

Al observar con mayor detalle, Philippe constató un patrón preocupante: primero se retira la tierra negra del terreno, luego se rellena con material presuntamente extraído ilegalmente de una loma y, finalmente, se cubre todo con lastre. Este proceso altera de forma acelerada el paisaje natural, afectando el suelo fértil y facilitando transformaciones que suelen preludiar desarrollos turísticos o urbanísticos sin control ambiental. Y aquí el punto clave no es solo si existen o no permisos: lo alarmante son las implicaciones de fondo que este tipo de acciones tiene sobre el paisaje, los ecosistemas y la vida comunitaria que depende de ellos.

Cuando Philippe decidió documentar la tierra esparcida en la vía, un conductor de vagoneta se le acercó de forma intimidante, preguntando una y otra vez: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?”. Ese momento refleja el riesgo cotidiano que enfrentan quienes, como Philippe, ejercen su derecho a defender el ambiente: hostigamientos, intentos de amedrentamiento y la sensación constante de vulnerabilidad.

Al día siguiente, Philippe regresó al sitio. El terreno ya estaba rellenado y, además, encontró otro punto donde varios árboles habían sido talados, presuntamente sin permisos, para abrir espacio a nuevas construcciones.

¿Por qué nos debe importar la tendencia urbanística en el Caribe Sur?

Porque no se trata de un hecho aislado ni de un simple movimiento de tierra. Cada intervención de este tipo altera el equilibrio ecolológico de la región, afecta la biodiversidad y degrada bienes comunes esenciales como el suelo fértil y el agua limpia. Al repetirse sin control, se va normalizando la idea de que es posible transformar terrenos y paisajes sin procesos transparentes ni evaluaciones ambientales rigurosas, debilitando la protección de áreas frágiles y ecosistemas sensibles: humedales, manglares, cauces de quebradas y la propia Zona Marítimo Terrestre, patrimonio colectivo de todas las personas.

Ignorar esta tendencia abre la puerta a un modelo de desarrollo que privilegia la ganancia privada por encima del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas que las sostienen. Al mismo tiempo, deja desprotegidas a las personas que, como Philippe, se atreven a documentar y denunciar estas prácticas, exponiéndose a riesgos personales por defender el territorio.

Un modelo que transforma el paisaje para urbanizar

El procedimiento observado por Philippe no es nuevo: forma parte de un modelo extendido en varias comunidades costeras. Se trata de preparar terrenos de forma intensiva para urbanización, incluso cuando no se cuenta con permisos claros.
El patrón suele ser así:

Retiro de capa fértil: se extrae la tierra negra rica en nutrientes, a menudo para venderla en otros lugares.

Relleno con material externo: se traen camiones con tierra proveniente de lomas, muchas veces extraída sin autorización.

Cobertura con lastre: se coloca una capa final para estabilizar el terreno y darle apariencia de “lote listo” para construcción.

Con este método, un terreno húmedo o agrícola se transforma rápidamente en un lote urbano, pero a costa de destruir ecosistemas, alterar el drenaje natural y aumentar riesgos de inundación.

El patrón de peligro para quienes defienden el ambiente

Documentar estos procesos no es solo un acto de ciudadanía responsable; también puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Las personas defensoras ambientales, como Philippe, enfrentan patrones de hostigamiento y amenazas cuando exponen prácticas ilegales o irregulares.
Estos riesgos incluyen:

  • Acoso verbal o físico al ser sorprendidas tomando fotos o registrando evidencia.

  • Intimidación indirecta, como seguirlas, bloquearles el paso o interpelarlas agresivamente.

  • Falta de respuesta efectiva de las autoridades, lo que deja a estas personas en situación de indefensión.

Defender el ambiente no debería ser peligroso. Sin embargo, en lugares como el Caribe Sur, quienes alzan la voz se convierten en la primera línea de resistencia ante actividades que transforman los paisajes sin respeto por la ley ni por la vida que sostienen.

¿Qué podemos hacer?

  • Mantenernos informados sobre los cambios en nuestro entorno.

  • Denunciar ante las autoridades competentes (como el 911, MINAE o al SINAC) cuando observamos prácticas que podrían ser ilegales.

  • Respaldar a las personas defensoras ambientales, reconociendo su aporte y exigiendo garantías para su seguridad.

  • Valorar y fortalecer los registros y monitoreos comunitarios, que permiten evidenciar los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. Fotografías, videos y bitácoras son piezas clave para exigir responsabilidades y visibilizar procesos que, de otra forma, quedarían ocultos.

El registro de Philippe no es solo un testimonio; es un llamado urgente a mirar con atención cómo, bajo la apariencia de “mejoras” o “rellenos”, se están transformando paisajes que sostienen la vida y la cultura del Caribe Sur. La vigilancia ciudadana y el seguimiento constante son herramientas esenciales para proteger estos territorios que nos pertenecen a todos y todas.

Registro fotográfico

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.