Desde hace varios meses, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven ha venido realizando un monitoreo activo de las actividades de tala «controlada» en los terrenos utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en zonas de alta fragilidad ecológica. Si bien esta tala fue ordenada por los tribunales de justicia, lo que debería ser una práctica regulada y responsable se ha convertido en motivo de alerta y preocupación, debido a múltiples irregularidades detectadas en el terreno.
Uno de los casos más recientes, documentado por el propio Vangoidsenhoven, evidencia la intervención sobre árboles de gran tamaño —algunos con diámetros superiores a un metro, en excelente estado de salud y con raíces intactas—. Si bien la tala autorizada fue para ocho árboles, en la actual intervención podrían haberse afectado al menos quince árboles jóvenes, debido a la falta de aplicación de buenas prácticas en el proceso. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos de estos árboles podrían haber sido talados de forma completa, en lugar de aplicar el procedimiento recomendado de cortes progresivos desde la copa hacia la base, destinado a minimizar el impacto en el ecosistema. Esta práctica habría provocado el arrastre de árboles jóvenes, arbustos, bejucos y vegetación secundaria.
Tala descontrolada y arrastre de vegetación: impactos irreversibles en la regeneración del bosque
Cuando un árbol adulto cae de manera abrupta y sin planificación técnica:
- Destruye la regeneración natural: Se eliminan los retoños y arbolitos que crecen bajo su sombra y que están destinados a reemplazarlo en el ciclo de vida del bosque.
- Compacta el suelo: El impacto del tronco sobre la superficie degrada la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la germinación futura.
- Rompe la conectividad ecológica: Las lianas, bejucos y epífitas que conectan copas y permiten el desplazamiento de fauna o la vida de otras plantas desaparecen.
- Altera el microclima: La apertura brusca del dosel provoca cambios de luz, humedad y temperatura que afectan la biodiversidad del sotobosque.
Además, se ha documentado presunta contaminación de un arroyo adyacente debido al uso de motosierras y equipos mecánicos que habrían derramado aceite o combustible. Esto pone en riesgo el ecosistema acuático y contraviene de forma directa varias normativas ambientales. Es importante recordar que las zonas ribereñas tienen protección legal de al menos 15 metros a cada lado del cauce, y cualquier intervención forestal o mecánica en estas franjas constituye una infracción ambiental.
Omisiones legales a simple vista
Las observaciones hechas por el monitoreo comunitario permiten identificar posibles omisiones a normas ambientales clave en Costa Rica, entre ellas:
- Ley Forestal No. 7575
- Artículo 14: Prohíbe la tala y cualquier intervención en zonas de protección alrededor de cuerpos de agua.
- Artículo 17: Protege las áreas de regeneración natural, incluso en propiedades privadas.
- Ley de Vida Silvestre No. 7317
- Reconoce la importancia del ecosistema completo, no solo de árboles adultos, incluyendo fauna, flora menor y estructuras ecológicas.
- Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE
- Define zonas de protección obligatoria de 15 metros a cada lado de cauces permanentes, donde está prohibida cualquier actividad de chapea o tala.
- Ley de la Biodiversidad No. 7788
- Exige un enfoque integral y ecosistémico en la gestión de los recursos naturales, reconociendo la interacción entre todos los componentes vivos y no vivos del bosque.
- Artículo 50 de la Constitución Política
- Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
(Imagen: Presencia de hidrocarburos en el agua.)
El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.
Más allá de los casos específicos relacionados con el AyA, existen otras prácticas extendidas en el Caribe Sur que también amenazan la integridad de los ecosistemas. Estas acciones, aunque no siempre vinculadas directamente a proyectos de infraestructura, forman parte del mismo patrón de transformación territorial bajo lógicas que privilegian el control y la “limpieza” del paisaje.
La chapea: una amenaza silenciosa a la continuidad del bosque
Otra práctica ampliamente cuestionada en el Caribe Sur, es la chapea indiscriminada del sotobosque. Aunque a veces se presenta como una “limpieza” del terreno, en realidad, elimina de raíz la regeneración forestal: bejucos, lianas, bromelias, arbustos y otras especies fundamentales para la salud del ecosistema.
Como explica Philippe:
“Si uno chapea constantemente, el bosque va a morir. Puede tardar 100 o 200 años, pero sin hijos que crezcan, no hay reemplazo para los árboles viejos que caen. Lo que queda es un palo solito, sin vida, sin conexión.”
Estas plantas sostienen el equilibrio hídrico, forman parte de la red trófica de animales y aves, y permiten la sucesión ecológica. Su desaparición progresiva transforma al bosque en una estructura hueca, sin capacidad de regeneración ni resiliencia frente al cambio climático.
¿Qué entiende el MINAE por “bosque”?
Uno de los aspectos más discutidos por observadores y defensores ambientales es la visión reduccionista con que el MINAE define los ecosistemas forestales. En la práctica institucional, muchas veces se considera bosque únicamente cuando hay árboles adultos visibles, ignorando las fases intermedias del crecimiento, la estructura del sotobosque, la presencia de epífitas, y la fauna que depende de esta complejidad.
El resultado es una política permisiva ante la degradación paulatina del bosque, donde se autoriza tala y chapea sin tomar en cuenta los efectos acumulativos, ni el carácter interdependiente de los ecosistemas tropicales.
“El bosque no es solo árboles grandes. Es todo el sistema. Sin regeneración, sin lianas, sin conexión entre copas, el bosque pierde su esencia”, insiste Philippe.
Estas vigilantes y monitoreando
Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de fiscalización ambiental y de reconocer el valor de las redes de vigilancia comunitaria, como las que operan en Talamanca. Las instituciones no pueden seguir operando bajo una lógica de cumplimiento formal mientras en el terreno ocurren prácticas destructivas que afectan la integridad ecológica de los territorios.
La defensa del bosque comienza con entenderlo en su totalidad, y continúa con la denuncia, la organización comunitaria y la presión colectiva para que se respeten tanto la ley como el equilibrio de la naturaleza.
¿Qué es un bosque? Más allá de la visión técnica
Desde una mirada técnica-institucional, el bosque suele definirse de forma reducida: una extensión de terreno con árboles adultos, cierta densidad de cobertura arbórea y altura mínima. Esta concepción, utilizada en muchas normativas y por el propio Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiende a ignorar elementos fundamentales del ecosistema forestal, como su dinámica regenerativa, su complejidad estructural y sus interrelaciones biológicas.
Pero desde una perspectiva ecológica integral, un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo, compuesto por:
- Estructuras múltiples: Dosel, sotobosque, capa de regeneración, suelo vivo.
- Diversidad de formas de vida: Árboles, arbustos, herbáceas, hongos, bejucos, epífitas, líquenes, bacterias, fauna aérea, terrestre y acuática.
- Procesos ecológicos dinámicos: Regeneración natural, ciclos de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, sucesión ecológica.
- Conectividad funcional: Relaciones de mutualismo, cadenas tróficas, vínculos hídricos y climáticos.
Un bosque no es estático ni homogéneo. Es una red compleja de relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y su salud depende precisamente de esa diversidad y de su capacidad de autorregenerarse. Eliminar, simplificar o romper estas relaciones —como sucede con la tala inadecuada o la chapea indiscriminada— transforma un ecosistema resiliente en un espacio degradado y vulnerable.
El bosque como bien común
Reconocer esta complejidad lleva a un cambio de paradigma: los bosques no pueden ser tratados como simples recursos maderables o zonas de “aprovechamiento racional”. Son bienes comunes, sistemas esenciales para el equilibrio climático, el ciclo del agua, la vida silvestre y la salud comunitaria. Su valor no es solo económico, sino ecológico, cultural y espiritual.
En contextos como Talamanca, donde los territorios indígenas y rurales conviven con áreas de conservación, el bosque es también memoria, medicina, alimento, vida. De ahí que los monitoreos comunitarios —como el que realiza Philippe y otras personas de la zona— no solo documentan daños: defienden una forma de relación con la naturaleza que es colectiva, respetuosa y con visión de largo plazo.
Monitoreo comunitario: defensa activa del bien común
Frente a una institucionalidad que muchas veces falla en prevenir o detener las malas prácticas, la vigilancia socioambiental ejercida por las comunidades se convierte en una herramienta vital de defensa territorial. No se trata solo de evidenciar irregularidades, sino de proteger activamente los ciclos de vida que sostienen la existencia misma del bosque.
Este tipo de monitoreo, ejercido con conocimiento local, sensibilidad ecológica y compromiso ético, nos recuerda que:
- El bosque no se defiende desde una oficina. Se defiende caminándolo, observándolo, y exigiendo respeto.
- Los bienes comunes no son propiedad del Estado ni del mercado. Son responsabilidad compartida de las comunidades.
- No hay justicia ambiental sin justicia territorial y participación comunitaria.
