Han pasado varias semanas desde que el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó ante el Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales en el sector de Maquengal. Aquella intervención, ocurrida el 2 de septiembre, marcó un momento clave de participación ciudadana, en el que la comunidad puso sobre la mesa preocupaciones concretas: la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones.
Sin embargo, la respuesta institucional no fue abrir espacios de diálogo, sino reforzar el mismo modelo que la comunidad cuestiona. Semanas después, en lugar de recibir una convocatoria o un informe sobre la “consulta a la asesoría legal” prometida durante la sesión, las personas vecinas encontraron un rótulo instalado en la zona de extracción. En él, se anuncia la “legalidad” de la concesión y se advierte que la población no debe ingresar cuando la maquinaria está en operación. Lo más preocupante es que, debido a la intervención misma de la maquinaria, la zona ya no es apropiada para el disfrute público, como lo fue durante años. Hasta la fecha, ninguna institución ha explicado ni justificado por qué un sitio que era de acceso y recreación comunitaria ha sido transformado en una cantera, desplazando a la comunidad de su propio espacio común.
De espacio comunitario a zona prohibida
El gesto, aparentemente administrativo, fue leído en Maquengal como una respuesta simbólica y política: el río que antes era un bien común, un lugar para bañarse, descansar o encontrarse, ahora está oficialmente cerrado a la comunidad. Las personas vecinas lo interpretan como una forma de exclusión institucional, que no solo ignora sus preocupaciones, sino que las sanciona por atreverse a expresarlas.
El Grupo de Defensa de la Cuenca ha insistido en que su reclamo no es contra el desarrollo ni contra la municipalidad, sino contra una forma de desarrollo que los deja fuera. “Lo que pedimos es equilibrio, consulta y transparencia”, señalaron en su carta. También advirtieron que el discurso de “legalidad” no puede usarse como excusa para desconocer los derechos ciudadanos, ni para privatizar espacios que históricamente fueron de uso común.
El abandono institucional y las jerarquías del desarrollo
Lo ocurrido en Maquengal expone con claridad una tendencia que trasciende este caso particular: la institucionalidad que debería proteger los bienes comunes termina actuando como garante del extractivismo. En lugar de escuchar las alertas de la comunidad, se prioriza el cumplimiento formal de trámites y concesiones que, aunque “legales”, resultan social y ambientalmente injustos.
Este abandono institucional se traduce en un esquema de premio y castigo: las comunidades que se alinean con las decisiones oficiales son reconocidas como “colaboradoras”, mientras que aquellas que cuestionan o defienden su territorio son tratadas como un obstáculo. En el caso de Maquengal, el castigo se manifiesta en la pérdida del acceso al río, la falta de información y la indiferencia institucional frente a los daños ambientales y sociales que la población vive a diario.
Un modelo que se cierra sobre sí mismo
Al sustituir la consulta por el silencio, y la participación por rótulos que legitiman la exclusión, la institucionalidad refuerza un modelo de desarrollo cerrado, que no dialoga con las comunidades y que normaliza la degradación de sus territorios. Lo que está en juego en Maquengal no es solo la calidad del agua o la estabilidad de un cauce: es el derecho de una comunidad a decidir sobre su entorno, a defender sus bienes comunes y a ser parte activa del futuro de su territorio.
Maquengal no se calla
Pese a las respuestas evasivas, el Grupo de Defensa del Río Frío mantiene su compromiso de visibilizar la situación. Desde sus propias palabras, la comunidad insiste: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya. No puede haber desarrollo a costa de nuestras vidas, de nuestros espacios, de nuestra palabra”.
El silencio institucional no detiene la defensa comunitaria. Maquengal sigue alzando la voz para recordar que el río no es una cantera, sino un espacio de vida compartida. Y que cada vez que se coloca un rótulo para restringir el acceso, se borra un pedazo de historia, de encuentro y de dignidad colectiva.
Indignación justificada: cuando la institucionalidad promete diálogo y entrega silencio
A la falta de respuesta formal a la carta presentada ante el Concejo Municipal se suma otro hecho que profundiza la sensación de abandono en Maquengal. El pasado 20 de agosto 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal del poblado, con la participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de personas estudiantes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para dialogar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas directas a la situación del río Frío.
Sin embargo, la actividad fue cancelada a último momento, sin explicación clara y, lo más preocupante, nunca se reprogramó. Este hecho, aunque aparentemente menor, se ha convertido en símbolo de una práctica institucional reiterada: convocar sin escuchar, prometer participación sin concretarla y convertir el diálogo en una formalidad vacía.
Para las personas de Maquengal, esta cancelación confirma lo que ya venían percibiendo: no existe un interés real en comprender ni atender la situación de la comunidad. Se les sigue viendo como un “poblado disperso”, un territorio periférico cuya voz puede ser ignorada sin consecuencias.
La indignación es, por tanto, legítima. No se trata solo de una reunión perdida, sino de la reiteración de un patrón de exclusión que niega el reconocimiento político de la comunidad. En lugar de acompañar a Maquengal, las instituciones públicas parecen reproducir una jerarquía territorial donde unos pocos deciden y otros —los que viven las consecuencias— son reducidos al silencio.
Se castiga a quien imagina otro futuro para Maquengal
Lo ocurrido en Maquengal no es un hecho aislado: refleja una manera de gobernar los territorios donde pensar distinto se vuelve motivo de castigo. A la comunidad no se le escucha porque se atrevió a cuestionar la forma en que se decide sobre su propio entorno. Se les responde con silencio, con cancelaciones, con rótulos y advertencias, como si defender el río y la vida común fuera una falta de respeto a la autoridad.
Maquengal no pide privilegios; exige lo mínimo: ser parte de las decisiones que afectan su territorio. Pero la institucionalidad parece temer al pensamiento crítico que nace desde las comunidades, porque ese pensamiento revela las contradicciones de un modelo que llama “desarrollo” a la extracción, y “orden” a la exclusión.
Hoy, lo que se castiga en Maquengal no es la protesta, sino la posibilidad misma de imaginar otra forma de desarrollo: una basada en el respeto, la participación y la defensa de los bienes comunes. Cuando nos cierran las puertas del río, lo que antes llamábamos turismo hoy podríamos llamarlo visitar las ruinas del río Frío. Porque eso es lo que sentimos: el temor de que, si todo sigue igual, lo único que quede sea un gran rótulo que diga “Bienvenidos a las ruinas del Río Frío”.
Aun así, la comunidad no renuncia a su esperanza. Anhelamos poder restaurar el río, detener las concesiones y reforestar, recuperar al menos lo que queda. Porque cada árbol, cada tramo de agua y cada recuerdo colectivo que aún persiste son también semillas de futuro. Aunque las instituciones cierren puertas, Maquengal insiste en abrir caminos para la dignidad y la vida compartida.
Testimonio desde Maquengal:
