En Maquengal de Guatuso, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ha venido planteando preguntas sobre la protección del río y el modelo de desarrollo que transforma su comunidad. Sus gestiones muestran una tensión que va más allá de un conflicto ambiental: ¿qué lugar tienen las comunidades en las decisiones sobre aquello que sostiene sus vidas? Una reflexión que dialoga con el capítulo «Armonía con la naturaleza» del Informe Estado de la Nación 2026.
Maquengal: una comunidad que pregunta por el futuro de su río
En Maquengal de Guatuso, la defensa del Río Frío no es una discusión abstracta sobre la protección de la naturaleza. Es una preocupación que atraviesa la vida cotidiana de una comunidad que observa las transformaciones de su río y las consecuencias que estas pueden tener sobre sus espacios de encuentro, recreación y convivencia.
El Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ha venido señalando los efectos que relaciona con la extracción de materiales en el cauce, el movimiento de maquinaria y la acumulación de sedimentos. Sus preocupaciones también se extienden al acceso público al río, un espacio que ha sido utilizado por la comunidad para bañarse, compartir y realizar actividades comunales que, además, han permitido generar ingresos locales.
La posible pérdida de estos espacios no representa solamente una afectación ambiental. Significa comprometer prácticas, relaciones y oportunidades que forman parte de la vida comunitaria. El río no es únicamente un lugar del que se extraen materiales: también es un espacio de encuentro, recreación y construcción de comunidad.
Por eso, las preguntas que plantea el grupo van más allá de una actividad extractiva. Interpelan el modelo de desarrollo que se impulsa en Guatuso y sus prioridades: ¿qué se entiende por desarrollo?, ¿quiénes reciben sus beneficios?, ¿quiénes asumen sus consecuencias?, ¿qué lugar ocupan las necesidades y las decisiones de las comunidades?
En este proceso, el grupo ha realizado gestiones, reunido firmas y compartido sus preocupaciones sobre las transformaciones del río. Ha buscado que sus observaciones sean escuchadas y que las decisiones se discutan considerando sus implicaciones ambientales y sociales. Sin embargo, la experiencia también ha estado marcada por las dificultades para obtener respuestas y sostener espacios de diálogo.
En Maquengal, frente a una comunidad que pregunta, documenta y propone, el silencio se ha convertido en una respuesta.
Esta situación nos lleva a una pregunta fundamental: ¿de qué sirve reconocer la participación ciudadana como parte de la gobernanza ambiental si las comunidades no encuentran condiciones reales para ser escuchadas e incidir en las decisiones que afectan sus vidas?
La participación ciudadana: ¿un recurso para la gestión o una capacidad política colectiva?
Esta pregunta también permite acercarnos críticamente al capítulo «Armonía con la naturaleza» del Informe Estado de la Nación 2026. El informe identifica un debilitamiento de la política ambiental costarricense, expresado en la pérdida de prioridad política, el deterioro de capacidades institucionales, las dificultades de fiscalización y la reducción de espacios para los criterios técnicos y científicos.
En ese escenario, reconoce a la sociedad civil como un actor central de la gobernanza ambiental. Destaca su participación mediante acciones colectivas, denuncias, vigilancia, producción de conocimiento, incidencia en espacios de decisión y desarrollo de buenas prácticas ambientales.
El capítulo también identifica distintas expresiones de esta participación: por una parte, los conflictos socioambientales y las gestiones institucionales o judiciales; por otra, las prácticas ambientales impulsadas por comunidades, organizaciones, instituciones y otros actores. El mapeo presentado registra 62 buenas prácticas desarrolladas entre 1987 y 2026, en ámbitos como la gestión de residuos, la educación ambiental, la producción agroecológica, la protección del agua y la biodiversidad.
Este reconocimiento es importante. Sin embargo, desde la perspectiva de los bienes comunes, conviene profundizar en una cuestión: ¿estamos comprendiendo la participación ciudadana únicamente como una contribución a la gestión ambiental o también como una capacidad política colectiva para decidir sobre las condiciones que sostienen la vida?
La experiencia de Maquengal permite observar esta diferencia. La comunidad no se limita a colaborar con iniciativas de protección ambiental ni a señalar un problema para que las instituciones lo atiendan. Su organización expresa una capacidad para cuestionar las prioridades del desarrollo, producir conocimiento desde la experiencia territorial y reclamar un lugar en las decisiones sobre el futuro de su comunidad.
Participar, en este sentido, no significa solamente ser consultado, presentar una denuncia o colaborar con una política pública. Significa también poder formular preguntas, construir argumentos, organizarse, establecer prioridades y disputar las decisiones que afectan los bienes comunes.
Cuando esta dimensión política queda fuera de la discusión, existe el riesgo de reconocer la participación comunitaria por sus aportes a la gestión, pero no por su capacidad de cuestionar cómo se distribuye el poder de decidir.
Los bienes comunes: más que recursos naturales que debemos administrar
Pensar desde los bienes comunes permite ampliar la discusión. Un río no puede comprenderse únicamente como un recurso natural disponible para distintos usos o actividades económicas. Es parte de un entramado de relaciones ecológicas, sociales, culturales y comunitarias que hacen posible la vida.
En Maquengal, el Río Frío está relacionado con el acceso a espacios de recreación, las actividades comunales, las posibilidades de encuentro y las formas en que las personas construyen vínculos con su entorno. Su importancia no se agota en su valor económico ni en los materiales que pueden extraerse de su cauce.
Esta mirada nos invita a preguntarnos qué sucede cuando la naturaleza se aborda principalmente desde su aprovechamiento económico y las relaciones comunitarias que dependen de ella quedan relegadas. También nos obliga a discutir quién define los usos del territorio y cuáles intereses terminan teniendo mayor capacidad de incidir en las decisiones.
Desde esta perspectiva, defender los bienes comunes no consiste únicamente en proteger determinados espacios naturales. Implica cuidar las relaciones y las condiciones sociales que permiten sostenerlos, así como reconocer a las comunidades como sujetos capaces de participar en su defensa y construcción.
Esto no significa trasladar a las comunidades las responsabilidades que corresponden al Estado. La protección ambiental requiere instituciones con capacidades, recursos, presencia territorial y disposición para cumplir sus obligaciones. La organización comunitaria no sustituye esas responsabilidades: las interpela, las acompaña y, cuando es necesario, exige que se cumplan.
El silencio frente a las gestiones de una comunidad organizada muestra precisamente por qué la participación necesita algo más que mecanismos formales. Requiere interlocución, reconocimiento y posibilidades efectivas de incidir.
Tres dimensiones para construir lo común
La defensa de los bienes comunes también nos permite reconocer tres dimensiones que se relacionan entre sí y que resultan fundamentales para fortalecer la participación como capacidad política colectiva.
1. Defender e instituir lo común: La defensa de un río, un bosque o una fuente de agua no se limita a evitar su deterioro. También implica construir acuerdos, prácticas y formas de organización que permitan sostener esos bienes en el tiempo. Defender lo común supone preguntarse qué queremos cuidar y qué condiciones necesitamos para hacerlo colectivamente.
2. Construir capacidades de formación política: Los conflictos socioambientales también son espacios de aprendizaje. En ellos, las comunidades relacionan sus experiencias cotidianas con procesos económicos, decisiones institucionales y modelos de desarrollo. Aprenden a formular preguntas, identificar responsabilidades, reconocer intereses y construir argumentos colectivos. La participación tiene, por tanto, una dimensión pedagógica y política: permite comprender las relaciones de poder que atraviesan el territorio y fortalecer las capacidades para intervenir en ellas.
3. Producir conocimientos y aprendizajes colectivos: Las comunidades producen conocimientos a partir de su relación cotidiana con los territorios. Reconocen cambios en los ríos, identifican afectaciones, conservan memorias y construyen interpretaciones sobre lo que sucede en sus espacios de vida. Estos saberes no deben ser tratados como información secundaria, sino como aportes fundamentales para comprender los problemas socioambientales y construir respuestas. Su reconocimiento también exige que puedan dialogar con los conocimientos técnicos y científicos en condiciones de respeto y reciprocidad.
Estas dimensiones permiten comprender que la participación no es un complemento de la política ambiental. Es una capacidad que se construye mediante la organización, el aprendizaje, la producción de conocimiento y la acción colectiva.
Del manejo de los recursos al sostenimiento de la vida
El capítulo «Armonía con la naturaleza» ofrece elementos para comprender las dificultades institucionales y los desafíos de la política ambiental costarricense. Pero la experiencia de Maquengal nos invita a ampliar la discusión: no basta con preguntarnos si existen políticas, mecanismos de fiscalización o espacios de participación. También necesitamos preguntarnos qué modelo de desarrollo orienta las decisiones y qué posibilidades tienen las comunidades de intervenir en su definición.
Cuando el desarrollo se mide principalmente por el aprovechamiento económico de los bienes naturales, pueden quedar invisibilizadas otras dimensiones de la riqueza: la recreación, la convivencia, la memoria, las relaciones comunitarias y las condiciones ecológicas que sostienen la vida.
La perspectiva de los bienes comunes introduce otra manera de formular el problema. En lugar de preguntar únicamente cómo administrar los recursos naturales, nos invita a discutir qué debemos cuidar colectivamente, para quiénes, bajo qué acuerdos y con qué formas de participación y decisión.
Esto supone reconocer que las comunidades no son únicamente poblaciones afectadas por las transformaciones del territorio. Son sujetos colectivos que pueden producir conocimientos, construir alternativas y participar en la definición de sus futuros.
Construir lo común también es construir alternativas políticas
La experiencia de Maquengal y las reflexiones que suscita el Informe Estado de la Nación nos permiten reconocer una tensión central: mientras se destaca la importancia de la participación ciudadana en la gobernanza ambiental, muchas comunidades siguen enfrentando dificultades para que sus preocupaciones sean escuchadas y sus conocimientos considerados en las decisiones.
Por eso, necesitamos ir más allá de una concepción de la participación como colaboración, consulta o vigilancia. La defensa de los bienes comunes requiere fortalecer las capacidades colectivas para intervenir en las decisiones sobre el territorio, cuestionar las prioridades del desarrollo y construir otras formas de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros.
Los bienes comunes constituyen una alternativa política porque abren la posibilidad de discutir aquello que con frecuencia se presenta como una decisión exclusivamente técnica o económica: quién decide, qué se protege, qué se transforma y qué formas de vida se consideran importantes.
Maquengal nos recuerda que defender un río también es defender la posibilidad de que una comunidad tenga voz sobre su futuro. Y nos plantea una advertencia: cuando las comunidades se organizan, preguntan y proponen, pero encuentran silencio, no estamos solamente ante una dificultad de comunicación. Estamos ante un problema sobre las condiciones reales de la participación y la distribución del poder de decisión.
Los bienes comunes no se sostienen únicamente mediante leyes, instituciones o políticas públicas. También se sostienen en las relaciones que construimos, los conocimientos que compartimos, las responsabilidades que asumimos y las luchas colectivas que permiten defender aquello que hace posible la vida.
La pregunta, entonces, no es solamente cómo proteger la naturaleza. Es cómo construir colectivamente las condiciones para decidir sobre aquello que nos sostiene.









