Seguridad, exclusión y deshumanización: cuando los derechos se convierten en fichas de negociación
¿Qué sucede cuando una sociedad comienza a aceptar que algunas personas deben sacrificarse para que otras puedan vivir con seguridad, prosperidad o tranquilidad?
En Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins, el Capitolio gobierna mediante el miedo, el espectáculo y la desigualdad. Los distritos sostienen materialmente al sistema, pero sus habitantes deben competir en una arena donde la supervivencia de unos depende de la eliminación de otros. Mientras el espectáculo concentra la atención, las relaciones de poder que lo hacen posible permanecen en segundo plano.
¿Y si utilizáramos esa imagen para mirar la política costarricense?
Las disputas por el financiamiento de la educación pública y las políticas sociales, las transformaciones laborales, las decisiones ambientales, los acuerdos comerciales y las respuestas frente a la violencia parecen asuntos separados. Sin embargo, todos abren una pregunta común: ¿quién define las prioridades del Estado y quién termina soportando las consecuencias de sus decisiones?
En estas discusiones, la negociación suele presentarse como una necesidad: hay que llegar a acuerdos, aceptar concesiones y comprender que los recursos son limitados. Pero ¿por qué tantas veces la negociación comienza por determinar qué derechos deben sacrificarse, en lugar de discutir las condiciones que producen su deterioro?
El concepto de necropolítica, desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, permite examinar cómo el poder distribuye desigualmente la exposición a la violencia, el abandono y las condiciones degradadas de existencia. No se refiere únicamente a matar, sino también a las formas en que determinadas poblaciones quedan expuestas a mayores riesgos y reciben menor protección.
La metáfora de Los Juegos del Hambre nos ayuda a conectar estas preguntas. No porque todas las decisiones políticas sean equivalentes, sino porque permite examinar quién establece las reglas, quién decide los sacrificios y quiénes deben asumir sus costos.
La arena: convertir los derechos en sacrificios
En Los Juegos del Hambre, la desigualdad aparece como una condición inevitable. La competencia distrae de las reglas que organizan el sistema y presenta la supervivencia individual como la única salida posible.
En la política costarricense encontramos una tensión semejante cuando la educación pública, las políticas sociales o la protección ambiental se presentan como gastos que compiten con otras prioridades; cuando las garantías laborales aparecen como obstáculos para la competitividad, o cuando las necesidades de las comunidades se subordinan a determinados proyectos económicos.
Cada discusión tiene sus particularidades, pero todas requieren examinar cómo se distribuyen los recursos, los beneficios y los costos.
La promoción de centros de datos, por ejemplo, plantea interrogantes sobre el consumo de agua y energía, el uso del territorio y la distribución de los beneficios de la inversión. La discusión sobre la jornada laboral 4×3 remite, a su vez, al tiempo de descanso, los cuidados y la capacidad de las personas para organizar sus vidas.
No se trata de asumir que toda inversión es perjudicial o que cualquier reforma constituye una amenaza. Se trata de preguntar bajo qué condiciones se toman las decisiones y quién tiene capacidad para enfrentar sus consecuencias.
Cuando los derechos se presentan como obstáculos y las pérdidas como inevitables, la discusión deja de centrarse en cómo garantizar mejores condiciones de vida y pasa a determinar quién debe conformarse con menos.
Los tributos: ¿quién paga el precio del desarrollo?
En el mundo de Suzanne Collins, los distritos producen los recursos que sostienen al Capitolio, pero no participan en igualdad de condiciones en las decisiones que organizan sus vidas.
Esta imagen invita a examinar las relaciones entre desarrollo, poder y distribución de recursos en Costa Rica.
El crecimiento económico y la atracción de inversiones suelen justificarse por los beneficios que prometen. Sin embargo, sus resultados no se distribuyen automáticamente de manera equitativa. Los costos ambientales, laborales y sociales pueden recaer sobre poblaciones que tienen menos recursos para afrontarlos y menos capacidad para incidir en las decisiones.
Algo similar ocurre cuando se discuten las condiciones de financiamiento de las instituciones públicas. Quienes pueden pagar servicios privados tienen alternativas frente al deterioro de la oferta pública; quienes dependen de ella pueden ver restringidas sus posibilidades de atención, educación y bienestar.
Estas diferencias importan porque los sacrificios no se experimentan de la misma manera. Una restricción puede ser una dificultad temporal para algunos sectores y una barrera decisiva para otros.
Por eso, evaluar una política económica requiere más que contabilizar inversiones, empleos o ingresos. También exige examinar sus consecuencias territoriales y sociales.
¿Quién recibe los beneficios del desarrollo, quién asume sus costos y quién tiene voz para decidir cómo se distribuyen?
El Capitolio también negocia: el TLC con Israel
Las relaciones comerciales también expresan prioridades políticas. Un caso relevante es el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel, cuyo expediente legislativo es el 25.542.
En octubre de 2026, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el tratado. Entre sus preocupaciones señaló aspectos relacionados con los derechos humanos, la protección ambiental, la participación ciudadana y la identificación del origen de mercancías procedentes de territorios palestinos ocupados. El tratado continuaba en trámite legislativo.
Este debate se desarrolla en el contexto del genocidio contra el pueblo palestino y de las discusiones internacionales sobre las responsabilidades de los Estados y sus relaciones económicas con Israel. Por ello, no puede reducirse a una cuestión técnica sobre aranceles y oportunidades de mercado.
En septiembre de 2026, una comisión legislativa rechazó solicitudes para recibir en audiencia a la cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica y al especialista en derecho internacional Nicolás Boeglin, quienes podían aportar criterios al análisis del tratado.
Estos hechos plantean preguntas sobre la relación entre los intereses comerciales y las obligaciones internacionales del país. ¿Cómo se evalúan las implicaciones de un acuerdo comercial cuando existen graves cuestionamientos sobre los derechos humanos? ¿Qué mecanismos permiten identificar el origen de las mercancías? ¿Qué lugar ocupan las consideraciones éticas, ambientales y jurídicas en las decisiones económicas?
La discusión no consiste en afirmar que un tratado comercial sea equivalente a otras formas de violencia. Consiste en examinar las responsabilidades que acompañan a las decisiones estatales y los límites que deben orientar sus relaciones económicas.
En Los Juegos del Hambre, el Capitolio establece las reglas de una competencia que oculta las relaciones de poder detrás del espectáculo. En este caso, la pregunta es qué aspectos quedan fuera de la discusión cuando los beneficios comerciales ocupan el centro del debate.
Un acuerdo no debería evaluarse únicamente por sus oportunidades económicas, sino también por sus implicaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.
Chorreras: cuando una comunidad se convierte en un problema que resolver
En noviembre de 2025, alrededor de 73 familias de Chorreras, en Cutris de San Carlos, fueron desalojadas de terrenos ubicados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. El operativo incluyó la demolición de las estructuras que ocupaban las familias. El caso se relaciona con la ocupación de terrenos estatales dentro de un área silvestre protegida.
El caso obliga a considerar dos responsabilidades: la protección de los ecosistemas y la atención de las consecuencias sociales de las decisiones estatales.
La defensa de un área protegida no elimina la necesidad de examinar qué ocurre con las personas que pierden sus viviendas, sus relaciones comunitarias y sus condiciones cotidianas de subsistencia. Tampoco significa que la protección ambiental deba suspenderse, sino que las respuestas institucionales deben considerar las dimensiones sociales del conflicto.
Desde la perspectiva de la necropolítica, interesa observar qué sucede cuando una comunidad queda reducida a un problema territorial que debe resolverse. El espacio aparece como aquello que debe recuperarse, mientras las condiciones de vida de quienes lo habitan pueden quedar relegadas.
La cuestión es cómo se articulan la protección ambiental, las responsabilidades institucionales y los derechos de las personas afectadas.
En Los Juegos del Hambre, los distritos existen en función de las necesidades del Capitolio. En Chorreras, la metáfora invita a preguntar quién tiene capacidad para decidir sobre el territorio y qué lugar ocupan las familias afectadas en esa decisión.
La protección de los bienes comunes y la atención de las condiciones de vida no deberían tratarse como objetivos necesariamente incompatibles.
Los descartables: cuando algunas muertes parecen importar menos
En agosto de 2023, Rodrigo Chaves se refirió a los homicidios mediante la expresión «es entre ellos que se matan», en un contexto de creciente preocupación por la violencia. La declaración generó controversia sobre la manera en que el Gobierno interpretaba la crisis de homicidios.
La frase permite plantear una pregunta: ¿quiénes son esos «ellos» que aparecen separados del resto de la sociedad?
El crimen organizado y la violencia homicida requieren respuestas institucionales. Sin embargo, cuando las víctimas se presentan como parte de un mundo ajeno, existe el riesgo de que sus muertes se perciban como menos relevantes o previsibles.
La necropolítica invita a examinar cómo se construyen esas fronteras morales: quién merece preocupación, quién recibe reconocimiento como víctima y quién queda reducido a una categoría que parece explicar o justificar su muerte.
No se trata de ignorar las circunstancias de cada homicidio ni de equiparar situaciones diferentes. Se trata de preguntar si esas diferencias terminan debilitando la obligación de investigar la violencia y proteger a las comunidades afectadas.
Cuando algunas muertes dejan de interpelarnos porque creemos que pertenecen a «otros», la desigualdad también empieza a organizar nuestro reconocimiento de la vida.
El espectáculo del castigo: la cárcel como advertencia
En julio de 2026, Laura Fernández planteó la posibilidad de llevar estudiantes de barrios considerados peligrosos al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), con la intención de mostrarles las consecuencias de involucrarse en actividades delictivas. La propuesta provocó cuestionamientos sobre su eficacia preventiva y sobre el riesgo de estigmatizar a jóvenes por el lugar donde viven.
La iniciativa convierte la cárcel en una advertencia dirigida a una población previamente identificada como problemática. El barrio donde vive un estudiante aparece como una señal de riesgo y el encierro como un destino que debe evitar.
Sin embargo, prevenir la violencia requiere considerar también las oportunidades educativas, laborales, culturales y comunitarias disponibles para la juventud. Mostrar las consecuencias del delito no sustituye la necesidad de construir condiciones para que existan alternativas reales.
La inauguración del CACCO, el 14 de octubre de 2026, amplió esta discusión. El centro tiene una capacidad anunciada de 5.100 personas y se inspira en el modelo penitenciario salvadoreño. El Gobierno lo presenta como una herramienta contra el crimen organizado, mientras el modelo de seguridad asociado a las megacárceles plantea interrogantes sobre las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.
Una cárcel de alta seguridad no constituye por sí misma una expresión de necropolítica. La cuestión es qué concepción de seguridad se fortalece cuando el castigo ocupa un lugar central en el discurso público.
En Los Juegos del Hambre, el espectáculo recuerda a los distritos quién tiene el poder. Cuando el encierro se presenta como advertencia pública, cabe preguntar si la exhibición del castigo desplaza la discusión sobre prevención, reinserción y condiciones sociales de la violencia.
La seguridad no se mide solamente por la capacidad de encerrar, sino también por la de prevenir la violencia y construir condiciones para la convivencia.
La gran negociación: ¿quién decide qué derechos se sacrifican?
El financiamiento de la educación pública, las políticas sociales, las condiciones laborales, la protección ambiental, los acuerdos comerciales y las respuestas frente a la violencia son asuntos diferentes. No tienen las mismas causas ni producen necesariamente los mismos efectos.
Sin embargo, todos pueden examinarse desde una preocupación compartida: cómo se establecen las prioridades públicas, quién participa en su definición y quién asume sus consecuencias.
La negociación es parte de la democracia. Permite construir acuerdos, resolver conflictos y conciliar intereses. El problema aparece cuando se utiliza para presentar el sacrificio de determinados derechos como una condición inevitable, sin discutir suficientemente las alternativas ni la distribución de los costos.
¿Por qué la protección ambiental se presenta a veces como un obstáculo para la inversión? ¿Por qué el financiamiento de la educación pública debe justificarse continuamente? ¿Por qué los costos de determinadas transformaciones laborales recaen sobre quienes tienen menor capacidad para afrontarlos? ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos cuando entran en tensión con intereses comerciales?
Estas preguntas permiten conectar debates que, tratados por separado, pueden ocultar las relaciones de poder que los atraviesan.
En la arena, los participantes compiten dentro de reglas que no han establecido. La atención se concentra en sobrevivir, mientras el sistema que organiza la competencia permanece fuera de foco.
Algo semejante puede ocurrir cuando las necesidades colectivas se presentan como intereses enfrentados y la política queda reducida a decidir quién debe ceder.
La pregunta no es solamente quién gana una negociación, sino quién definió sus condiciones y qué alternativas quedaron fuera de la discusión.
Salir de la arena: disputar las condiciones de vida
La metáfora de Los Juegos del Hambre también permite imaginar la posibilidad de cuestionar las reglas de la competencia.
Frente a los conflictos analizados, no basta con identificar quién soporta los costos de las decisiones. También es necesario preguntarse cómo se construyen alternativas, qué actores pueden intervenir y qué capacidades colectivas permiten transformar las condiciones existentes.
La defensa de la educación pública, el trabajo digno, los derechos humanos, la protección ambiental y las condiciones de vida de las comunidades no tiene por qué convertirse en una competencia entre causas. Son dimensiones relacionadas con la posibilidad de sostener una vida digna.
La organización social permite recuperar las experiencias de quienes enfrentan estos problemas, producir conocimiento colectivo y formular propuestas que no se limiten a escoger entre sacrificios.
Esto no significa negar los conflictos, las restricciones materiales o la necesidad de tomar decisiones. Significa que las prioridades deben discutirse democráticamente y que sus consecuencias no deberían recaer sistemáticamente sobre quienes tienen menos poder para influir en ellas.
La necropolítica ofrece una herramienta para examinar precisamente esa distribución desigual de la protección y la vulnerabilidad. Su utilidad no consiste en convertir cualquier decisión cuestionable en una manifestación del mismo fenómeno, sino en preguntar cuándo las políticas y los discursos contribuyen a deshumanizar poblaciones, normalizar su sufrimiento o reducir la protección que reciben.
El TLC con Israel, el desalojo de Chorreras, los discursos sobre la violencia y las políticas penitenciarias son escenarios distintos. Cada uno requiere un análisis específico, pero todos nos invitan a examinar cómo se definen las prioridades y qué lugar ocupa la vida en las decisiones públicas.
Volvamos, entonces, a la pregunta inicial: ¿qué sucede cuando una sociedad comienza a aceptar que algunas personas pueden ser expulsadas, estigmatizadas o abandonadas sin que su sufrimiento provoque la misma preocupación que el de otras?
Quizás el mayor riesgo sea acostumbrarnos a la arena: asumir que no existen alternativas y que la única discusión posible consiste en decidir quién debe sacrificarse esta vez.
Los derechos necesitan condiciones materiales, instituciones que los sostengan y comunidades capaces de defenderlos. No deberían convertirse en fichas de cambio ni depender de que otras personas pierdan los suyos.
Porque el problema no es solamente quién gana los Juegos del Hambre. Es por qué hemos llegado a aceptar que la sociedad debe funcionar como una arena en la que unas vidas se sostienen a costa de otras.
Para seguir profundizando
Notas de prensa utilizadas
Corte Internacional de Justicia. (2024, 19 de julio). Legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem: Advisory opinion.
Costa Rica adopta el modelo penitenciario de Bukele con la inauguración de una nueva megacárcel. (2026, 14 de octubre). El País.
Costa Rica opens mega-prison as organized crime fight intensifies. (2026, 14 de octubre). Reuters.
Chaves incumplió promesa de resolver situación de 73 familias desalojadas en Chorreras. (2025, 28 de noviembre). CR Hoy.
Chaves sí reafirmó que “es entre ellos que se matan” al hablar de la crisis de homicidios. (2025, 11 de noviembre). Radioemisoras UCR.
Comisión rechaza recibir a cónsul palestina y experto en derecho internacional por TLC con Israel. (2026, 11 de septiembre). Delfino.cr.
El mito del paraíso verde y sostenible: Costa Rica arrastra al menos nueve retrocesos ambientales. (2026, 24 de julio). La Nación.
Excursiones estudiantiles a una megacárcel: la última receta contra el narco que divide a Costa Rica. (2026, 13 de julio). El País.
Madrigal, L. M. (2025, 26 de noviembre). Autoridades desalojaron asentamiento ilegal de coligalleros en Chorreras, Cutris. Delfino.cr.
Consejo Universitario de la UCR recomienda no aprobar TLC con Israel. (2026, 6 de octubre). Delfino.cr.
TLC entre Costa Rica e Israel: nuevas preguntas en el trámite legislativo. (2026, 22 de septiembre). Delfino.cr.
Vargas, N. (2025, 19 de julio). Minae ordena desalojar a más de 73 familias por invasión de refugio de vida silvestre. La Nación.
Sánchez, S. (2026, 16 de julio). Reglamento emitido por Rodrigo Chaves prohíbe visitas de menores a circuitos de alta contención, pero Laura Fernández impulsa llevar estudiantes al Cacco. La Nación.
