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Vivir bajo amenaza permanente: lo que revelan las voces de Calle Álvarez

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En la comunidad de Calle Álvarez, en San Rafael de Guatuso, las personas no hablan únicamente de inundaciones. Hablan de miedo, de limitaciones cotidianas y de una amenaza constante que ha terminado por marcar la forma en que viven, se movilizan y proyectan su futuro.

Los testimonios recogidos recientemente permiten entender algo fundamental: lo que enfrenta la comunidad no es solo un problema natural. Es una situación de vulnerabilidad que se ha ido construyendo con el tiempo, a partir de decisiones institucionales, falta de inversión pública y ausencia de planificación territorial.

Como expresan testimonios de personas vecinas de Calle Álvarez, el problema no se vive únicamente cuando el río crece, sino todos los días:

“Uno vive con la preocupación de que en cualquier momento vuelve a pasar lo mismo.”
Pedro Martínez (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Una comunidad que quiere quedarse

Las personas que viven en Calle Álvarez no están pensando en irse. Al contrario, muchos vecinos y vecinas nacieron allí, crecieron allí o tienen más de 20 y 30 años de vivir en el barrio. Hablan de un lugar tranquilo, solidario, donde las personas se conocen y se ayudan.

Sin embargo, esa vida comunitaria convive con una preocupación constante: cada vez que el río crece, el barrio puede quedar aislado.

“El problema serio que tenemos ahorita es que tenemos, cuando el río llena, cuando el río se inunda, no tenemos salida para ningún lado.”
Pedro Martínez Alexander Romero (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Esta contradicción marca la vida cotidiana: una comunidad con arraigo, pero sin condiciones mínimas para vivir con tranquilidad.

Las limitaciones que se vuelven parte de la vida diaria

Los testimonios no se quedan en una descripción general del problema. Muestran cómo la situación termina afectando directamente las condiciones de vida:

-dificultad para salir del barrio cuando llueve fuerte,
-miedo a quedar incomunicados en una emergencia médica,
-personas adultas mayores que prácticamente no pueden movilizarse,
-viviendas expuestas a cada temporada de lluvias,
-incertidumbre permanente sobre el futuro del barrio.

“Si alguien se enferma cuando el río crece, ¿cómo sale? Eso es lo que más miedo da.”
(Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

“Pero por esto de las inundaciones, que es una situación que nos ha afectado…es una incertidumbre, un miedo que tenemos siempre cada vez que llueve.”
Rosa Duarte (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Esto no es solo un problema de infraestructura. Es una limitación real al derecho a vivir con seguridad, movilidad y tranquilidad.

La amenaza no es solo el río

Con frecuencia, las inundaciones se explican únicamente por la cercanía con el río. Sin embargo, los testimonios muestran que la amenaza se vuelve más grave cuando las instituciones no actúan.

Las personas señalan que cuando llegaron al barrio no sabían que el problema era tan serio. Con los años han visto cómo la situación no mejora, cómo se siguen tomando decisiones sin considerar a la comunidad y cómo la respuesta institucional se reduce a excusas o silencios.

“Todo está abandonado, no se ha hecho nada y lo que se hace es como más bien tratar de tapar la luna con un dedo.” Rosa Duarte (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

La amenaza, entonces, deja de ser solo natural y se convierte en una amenaza social: la sensación de que el problema existe, pero nadie lo asume como una prioridad.

Leer Calle Álvarez desde la gestión del riesgo

La situación que vive la comunidad también puede entenderse desde los enfoques actuales de gestión del riesgo, que plantean algo clave: los desastres no se explican solo por fenómenos naturales, sino por las condiciones de vulnerabilidad que se van acumulando en el tiempo.

Desde esta perspectiva, lo que ocurre en Calle Álvarez no es únicamente el efecto de las crecidas del río, sino el resultado de varios factores:

-falta de inversión en infraestructura básica,
-ausencia de planificación territorial coherente,
-decisiones que permiten construir en zonas vulnerables,
-y falta de estudios técnicos claros que orienten las decisiones públicas.

Esto significa que el riesgo no nace solo del territorio; también se produce en la forma en que se toman —o se evitan— ciertas decisiones institucionales.

La comunidad no es solo víctima

Otro elemento fundamental de los enfoques contemporáneos de gestión del riesgo es reconocer que las comunidades no son únicamente “víctimas”, sino actores con conocimiento y capacidad para comprender su territorio y proponer soluciones.

Los testimonios recogidos en Calle Álvarez muestran precisamente eso. Las personas no solo describen los problemas; también plantean preguntas clave: dónde están los estudios técnicos, por qué se aplican criterios distintos en barrios cercanos y por qué una comunidad ubicada a pocos metros del centro del cantón sigue enfrentando condiciones de vulnerabilidad.

Pero además, los testimonios muestran algo todavía más importante: la comunidad no enfrenta la situación sola. Las personas se apoyan entre sí, se avisan cuando el río empieza a crecer, ayudan a quienes tienen más dificultades para movilizarse y se organizan para enfrentar las situaciones más difíciles.

“Aquí cuando pasa algo, los vecinos son los primeros que ayudan.”
Alexander Romero (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

“Uno no está solo. Siempre hay alguien que avisa, alguien que ayuda, alguien que está pendiente.”
Yadir  Cruz (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Este apoyo mutuo no aparece en los discursos institucionales, pero es lo que permite que muchas personas puedan enfrentar la situación cada vez que el río crece.

“Si no fuera por los vecinos, esto sería todavía más difícil.”
Pedro Martínez (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Esto cambia completamente la forma de entender lo que ocurre en Calle Álvarez. Las personas no solo se reconocen como afectadas; también han construido formas de organización cotidiana para protegerse y cuidarse mutuamente.

“Necesitamos que nos arreglen las condiciones, y lo único que nosotros pedimos es que nos arreglen la calle, que nos hagan bien el zanjo, ojalá con cunetas, y que se acuerden de nosotros que existimos acá.”
Anayanci Jirón (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

Estas preguntas y estas formas de colaboración muestran algo fundamental: la comunidad no está esperando pasivamente una solución. Está defendiendo su territorio y sosteniendo, desde la práctica, la posibilidad de una vida digna.

Cuando la vulnerabilidad se siente en el cuerpo

En Calle Álvarez, la desigualdad no es un concepto abstracto. Se siente en la vida cotidiana.

-Se siente en la preocupación cuando empieza a llover.
-Se siente en la incertidumbre sobre el futuro del barrio.
-Se siente en la frustración de ver que pasan los años sin soluciones reales.

“Uno solo quiere vivir tranquilo.”
Jessica Martínez (Testimonio de persona vecina de Calle Álvarez)

La vulnerabilidad no es solo un riesgo físico. Es una forma de vivir marcada por la inseguridad y la sensación de que la comunidad no está siendo escuchada.

El derecho a la vida digna no puede depender de la lluvia

Lo que ocurre en Calle Álvarez no debería ser normal. No debería ser normal que una comunidad quede aislada cada vez que llueve. No debería ser normal que una emergencia médica dependa de si el río crece o no. No debería ser normal que las personas vivan con miedo cada temporada de lluvias.

El derecho a una vida digna no se limita al acceso a vivienda. También implica condiciones básicas de seguridad, movilidad, acceso a servicios y reconocimiento por parte de las instituciones públicas.

Cuando una comunidad vive bajo amenaza permanente, cuando las decisiones públicas aumentan la vulnerabilidad en lugar de reducirla, cuando el abandono institucional se vuelve parte del paisaje, lo que está en juego no es solo una calle ni un barrio: es el derecho de las personas a vivir con dignidad.

Por eso este caso importa. Porque no habla solo de Calle Álvarez. Habla de cómo se toman las decisiones sobre el territorio, de quién es escuchado y de quién queda esperando respuestas que nunca llegan.

Y también recuerda algo fundamental: la vida digna no debería ser una aspiración; debería ser un derecho garantizado para todas las comunidades.

Referencias:

Observatorio de Bienes Comunes UCR (2026), Vivir entre inundaciones y excusas: testimonios desde Calle Álvarez, video publicado en YouTube.

Paradigmas ante situaciones de emergencia. Material de divulgación elaborado a partir de la sistematización de experiencias de atención a la emergencia y reconstrucción después del huracán Mitch en Centroamérica (Lent, García, Gómez-Hermosillo y Jara, Red de Educación Popular Alforja, 1999; actualización de Oscar Jara, 2010).

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Más allá del aula, entre ríos, calles y decisiones: aprendizaje sobre desigualdades socioambientales en Guatuso

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El pasado 8 de febrero, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizaron una gira educativa al cantón de Guatuso, en el marco del curso de Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica. La visita permitió conocer de primera mano dos situaciones socioambientales que revelan tensiones profundas en la gestión del territorio: el caso de Calle Álvarez y la problemática en Maquengal asociada al Río Frío.

Más que una observación externa, la gira se convirtió en un ejercicio de diálogo entre saberes, donde la experiencia comunitaria fue central para problematizar categorías como gestión del riesgo, extractivismo, bienes comunes y participación ambiental.

Calle Álvarez: gestión del riesgo más allá de lo técnico

En Calle Álvarez, a escasos metros del centro del cantón y del Río Frío, más de 30 familias enfrentan cada año el aislamiento cuando las lluvias intensas vuelven intransitable la vía de acceso. La demanda histórica por mejorar la calle ha recibido respuestas que reducen el problema a un asunto presupuestario o técnico: “la inversión es muy alta”.

Sin embargo, el intercambio con la comunidad permitió ir más allá de esa lectura. La gestión del riesgo no puede limitarse a cálculos de costos o a intervenciones de ingeniería. Es, ante todo, una cuestión política que implica reconocer a las personas como sujetas de derecho y como actores con conocimiento situado sobre su propio territorio.

Las y los vecinos conocen los patrones del río, las zonas más vulnerables, los puntos críticos donde el agua golpea con mayor fuerza. No incluir esas voces en la planificación no solo debilita las soluciones, sino que reproduce relaciones verticales donde la institucionalidad decide sin escuchar. Cuando la gestión del riesgo se define únicamente desde despachos técnicos, se pierde la dimensión social del problema.

Además, la paradoja es evidente: mientras se argumenta falta de recursos para garantizar un acceso seguro, se mantiene la extracción de materiales del propio río. Esto abre preguntas sobre prioridades institucionales y sobre cómo se definen las urgencias públicas.

Para el estudiantado, el caso permitió reflexionar sobre una idea clave: la vulnerabilidad no es “natural”. Se construye cuando las decisiones públicas no incorporan participación real, planificación territorial coherente y medidas preventivas. Gestionar el riesgo implica también democratizar la toma de decisiones, reconocer desigualdades y construir soluciones junto con las comunidades.

Maquengal: extractivismo y erosión de la vida cotidiana

En Maquengal, la problemática gira en torno al impacto acumulado de la explotación de materiales en el Río Frío. La alteración del cauce, la erosión de las riberas y la pérdida de cobertura forestal no son solo indicadores ambientales: son señales de un modelo extractivo que reconfigura el territorio.

Durante la visita, emergió una reflexión más amplia sobre el extractivismo. No se trata únicamente de extraer piedra y arena; se trata de un patrón de desarrollo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad ecológica y social. El río deja de ser un bien común para convertirse en fuente de insumos.

Este proceso erosiona múltiples dimensiones de la vida. Espacios de recreación como la Poza del Roncador, antes punto de encuentro comunitario, se deterioran o desaparecen. La pérdida de estos lugares no es menor: afecta la convivencia, la identidad territorial y las formas de habitar el entorno.

Asimismo, el extractivismo limita otros proyectos económicos y de vida. Actividades vinculadas al turismo rural, al disfrute sostenible del río o a prácticas productivas compatibles con la conservación se ven desplazadas por una lógica que no deja margen para alternativas. Cuando la actividad extractiva se intensifica sin controles rigurosos, reduce las posibilidades de diversificación económica y condiciona el futuro del territorio.

La comunidad ha respondido con organización y exigencias concretas: limitar concesiones, realizar evaluaciones técnicas del daño acumulado y cumplir compromisos de diagnóstico ecológico. Esta acción colectiva evidencia que la defensa del río es también defensa de formas de vida, de memoria y de posibilidades futuras.

Aprendizajes desde el territorio

La gira permitió al estudiantado confrontar conceptos teóricos con realidades concretas. La gestión del riesgo dejó de entenderse como un asunto meramente técnico para asumirse como un proceso político que requiere participación activa. El extractivismo dejó de ser una categoría abstracta para mostrarse como una dinámica que transforma —y a veces deteriora— la vida cotidiana.

El intercambio con Calle Álvarez y Maquengal reafirmó que la política ambiental no se define solo en marcos normativos, sino en decisiones locales que afectan directamente la dignidad, la seguridad y las oportunidades de las comunidades.

Salir del aula permitió comprender que allí donde una calle se inunda o un río se erosiona, también se disputa el sentido del desarrollo. Y que sin participación comunitaria efectiva y sin límites claros a las lógicas extractivas, las desigualdades socioambientales tienden a profundizarse.

La experiencia en Guatuso dejó una enseñanza central: la formación política requiere escuchar, problematizar y construir conocimiento junto a quienes viven cotidianamente las consecuencias —y las resistencias— de las decisiones públicas.

La gira como experiencia formativa y compromiso ético

La gira educativa a Guatuso no solo permitió analizar conflictos socioambientales concretos; constituyó una experiencia formativa integral para las personas estudiantes. Escuchar directamente a las comunidades de Calle Álvarez y Maquengal implicó salir del marco exclusivamente teórico y confrontar las categorías aprendidas en clase con situaciones reales, complejas y atravesadas por relaciones de poder.

En este proceso, la formación académica se enriqueció al incorporar la dimensión humana y territorial de la política ambiental. Conceptos como gestión del riesgo, extractivismo, planificación territorial o participación ciudadana dejaron de ser nociones abstractas para convertirse en herramientas de interpretación crítica ancladas en experiencias concretas. El aprendizaje no se produjo únicamente por observación, sino a través del diálogo respetuoso con quienes viven cotidianamente estas problemáticas.

Además, el intercambio generó un aporte recíproco. Las comunidades compartieron su conocimiento situado, su memoria del territorio y sus estrategias organizativas; el estudiantado aportó preguntas, marcos analíticos y una lectura política que puede fortalecer la visibilización de estos casos. Este encuentro entre saberes académicos y saberes comunitarios amplía la comprensión de los conflictos y abre posibilidades de colaboración futura.

La gira reafirmó que la formación en Ciencias Políticas no puede desvincularse de la realidad territorial. Comprender la política ambiental exige escuchar a las personas, reconocer desigualdades estructurales y asumir que las decisiones públicas tienen efectos concretos sobre la vida cotidiana. En ese sentido, experiencias como esta fortalecen no solo el conocimiento técnico, sino también la sensibilidad ética y el compromiso con la justicia socioambiental.

Finalmente, el recorrido por Guatuso dejó una convicción clara: aprender en el territorio transforma la mirada. Permite entender que la política no es una abstracción distante, sino una práctica que se juega en cada calle que se inunda, en cada río que se erosiona y en cada comunidad que decide organizarse para defender sus bienes comunes.

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“¿Cómo es posible?”: la pregunta que revela la inconsistencia institucional en Calle Álvarez

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La pasada visita del Observatorio de Bienes Comunes a la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, sigue generando hallazgos que confirman la dimensión estructural del abandono institucional. Tras la publicación del caso —donde se evidenció la falta de inversión pública, la contradicción en la planificación territorial y la persistente extracción de materiales del Río Frío— nuevos testimonios refuerzan la pregunta central: ¿cómo es posible que una comunidad ubicada a menos de 500 metros del centro del cantón reciba respuestas que parecen más excusas que criterios técnicos?

Una lógica que no cierra

Durante una conversación reciente, un vecino de Calle Álvarez expresó con claridad la contradicción que vive la comunidad:

“Aquí lo que se escucha es que las instituciones no pueden hacer nada por nosotros, porque lo que hagan aquí —si rellenan o arreglan— afecta al centro. Pero uno se queda asustado… ¿Cómo es posible? Si somos parte del centro. ¿Cómo han rellenado y pavimentado San Rafael de Guatuso y nunca han tomado en cuenta que nosotros somos afectados?”

Este testimonio expone una situación que trasciende el deterioro físico de la calle. Se trata de una decisión institucional basada en criterios poco consistentes, donde las razones técnicas se invocan de manera selectiva: sirven para bloquear intervenciones en unos sectores, pero desaparecen cuando se avalan obras en otros.

El barrio más antiguo… y el menos atendido

La comunidad recuerda que Calle Álvarez es el barrio más antiguo de San Rafael de Guatuso. Sin embargo, cuando solicitan soluciones para el aislamiento que enfrentan en cada inundación, la respuesta es un “no se puede” constante.

Paradójicamente, mientras se niegan intervenciones en esta zona argumentando posibles afectaciones aguas abajo, otros barrios sí han recibido rellenos, pavimentación e intervenciones completas, sin que las instituciones planteen los mismos reparos hidráulicos.

La pregunta del vecino resume el sentimiento colectivo:
¿Cómo es posible que se use el argumento del riesgo solo cuando conviene, pero no para garantizar condiciones básicas de seguridad y movilidad?

¿Dónde están los estudios técnicos?

La comunidad también señala la ausencia de información clara:

“¿Dónde están los ingenieros hidráulicos de la Comisión de Emergencias? ¿Dónde están los estudios reales que digan qué se puede hacer para minimizar inundaciones y permitir que quienes quedamos incomunicados podamos salir en una emergencia?”

Esta ausencia de criterios actualizados y transparentes refuerza la percepción de improvisación y desigualdad institucional. Sin estudios sólidos, las restricciones parecen más una barrera política que una consideración técnica.

Aislamiento no es destino: es decisión

Lo que vive Calle Álvarez no es un hecho “natural” ni un problema inevitable. Es el resultado de una cadena de decisiones públicas que ha permitido:

  • -La extracción de materiales del río sin considerar los impactos acumulados.
  • -La autorización de proyectos en zonas vulnerables.
  • -La falta de inversión en infraestructura mínima para garantizar acceso.
  • -La ausencia de criterios uniformes y coherentes para planificar el territorio.

La vulnerabilidad, en este caso, no es una condición del territorio, sino una condición producida.

Seguimiento y llamado a la responsabilidad pública

Desde el Observatorio de Bienes Comunes continuaremos documentando y acompañando este caso. El testimonio del vecino no es una anécdota: es una evidencia clara de las contradicciones institucionales que profundizan las desigualdades territoriales.

Calle Álvarez exige —y merece— respuestas técnicas reales, decisiones transparentes y, sobre todo, la garantía de que ninguna comunidad quede aislada en emergencias por falta de voluntad política.

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Calle Álvarez: cuando el abandono institucional se vuelve parte del paisaje

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En Guatuso, a escasos metros del Río Frío, la comunidad de Calle Álvarez vive una paradoja que se repite en muchos territorios rurales del país: estar cerca del centro, pero lejos de las decisiones. Esa distancia simbólica —que se mide más en prioridades institucionales que en kilómetros— ha dejado a más de 30 familias atrapadas entre las inundaciones y una institucionalidad que aparece sólo para administrar excusas.

Como parte del trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, visitamos la comunidad para conversar con vecinos y conocer de primera mano la situación. Don Pedro Luis Martínez, habitante nativo de la zona, abre una ventana a un abandono que ya dejó de parecer coyuntural. Durante años, la comunidad ha solicitado un acceso seguro para evitar quedar incomunicada cada vez que el río crece. La respuesta que reciben es un eco repetido: “la inversión es muy alta”. Un mantra que, con el tiempo, se vuelve sentencia.

La ironía —esa que abunda en los conflictos socioambientales— es que el mismo municipio que declara no tener recursos para lastrear la calle mantiene como política activa la extracción de material del propio Río Frío. Piedra y arena salen todos los días del cantón, mientras las calles del barrio se transforman en barriales en invierno y nubes de polvo en verano. El recurso se va; el problema se queda.

El abandono institucional no sólo se siente: se interpreta. “Aquí nos tratan como ciudadanos de tercera categoría”, dice don Pedro. En esa frase se condensa el peso del ninguneo histórico que cargan muchas comunidades rurales. No es solo la calle intransitable; es la sensación de que las decisiones públicas se calculan según la cantidad de votos, no según la dignidad de las personas.

Proyectos a cualquier precio

Mientras Calle Álvarez espera soluciones básicas, surgen proyectos en zonas de alta vulnerabilidad, contradiciendo criterios elementales de planificación territorial. Se interviene donde no se debe, sin estudios actualizados, sin control sobre la extracción de materiales y sin tomar en serio el incremento de eventos extremos ligado al cambio climático.

La comunidad, conocedora de su territorio, observa cómo se levantan nuevos proyectos mientras ellos siguen aislados con cada crecida del río. Esa disonancia revela un patrón ya familiar: el desarrollo que avanza sin brújula termina costando caro, especialmente a quienes menos margen tienen para asumir el impacto.

La política más allá del voto

Calle Álvarez no está lejos. No es remota. No es “dispersa”, como algunos intentan justificar. Está a menos de 500 metros del centro del cantón. Lo que sí está lejos —y cada vez más— es la voluntad institucional de construir con las comunidades y no a pesar de ellas.

Este caso recuerda algo esencial: la política no se reduce al acto del voto. Se expresa, sobre todo, en cómo las instituciones cuidan, escuchan y garantizan condiciones de vida digna para todas las personas. Cuando una comunidad queda aislada con cada lluvia, cuando se permite construir en zonas de riesgo, cuando el río se debilita por la extracción mientras sus vecinos piden auxilio, ahí también se está haciendo política… y su ausencia también deja huella.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos acompañando este caso y señalando las responsabilidades institucionales que, lejos de ser abstractas, determinan la seguridad y la vida cotidiana de comunidades como Calle Álvarez.
Desigualdades socioambientales que se sienten en el cuerpo

El caso de Calle Álvarez no es un accidente ni una excepción perdida en la periferia del país. Es un espejo donde se reflejan las desigualdades socioambientales que atraviesan Costa Rica y que se profundizan cuando la gestión del territorio responde más a intereses económicos o electorales que al bienestar colectivo.

La extracción de materiales sin control efectivo, la construcción de proyectos habitacionales en zonas de riesgo, la falta de planificación y la ausencia de inversión pública básica no son fallas aisladas: son mecanismos que producen vulnerabilidad. La gente no “es vulnerable” por naturaleza; se vuelve vulnerable cuando las instituciones no cumplen su función.

En comunidades como Calle Álvarez, estas decisiones terminan acumulándose en la vida cotidiana: calles que se hunden o se deshacen, aislamiento durante inundaciones, emergencias sin acceso, enfermedades agravadas por el polvo, hogares que nunca están del todo seguros. La desigualdad se manifiesta en el terreno, en la piel, en la manera en que las crecidas del río golpean más fuerte a quienes menos han sido escuchados.

Cuando el Estado permite que la fragilidad del territorio avance y que las personas queden expuestas, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo natural y se convierte en un efecto político. Por eso este caso importa, y por eso seguiremos acompañándolo: porque revela cómo las decisiones —y las omisiones— siguen marcando quién puede vivir con dignidad y quién queda esperando soluciones que nunca llegan.

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“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

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En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

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De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas

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Han pasado varias semanas desde que el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó ante el Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales en el sector de Maquengal. Aquella intervención, ocurrida el 2 de septiembre, marcó un momento clave de participación ciudadana, en el que la comunidad puso sobre la mesa preocupaciones concretas: la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones.

Sin embargo, la respuesta institucional no fue abrir espacios de diálogo, sino reforzar el mismo modelo que la comunidad cuestiona. Semanas después, en lugar de recibir una convocatoria o un informe sobre la “consulta a la asesoría legal” prometida durante la sesión, las personas vecinas encontraron un rótulo instalado en la zona de extracción. En él, se anuncia la “legalidad” de la concesión y se advierte que la población no debe ingresar cuando la maquinaria está en operación. Lo más preocupante es que, debido a la intervención misma de la maquinaria, la zona ya no es apropiada para el disfrute público, como lo fue durante años. Hasta la fecha, ninguna institución ha explicado ni justificado por qué un sitio que era de acceso y recreación comunitaria ha sido transformado en una cantera, desplazando a la comunidad de su propio espacio común.

De espacio comunitario a zona prohibida

El gesto, aparentemente administrativo, fue leído en Maquengal como una respuesta simbólica y política: el río que antes era un bien común, un lugar para bañarse, descansar o encontrarse, ahora está oficialmente cerrado a la comunidad. Las personas vecinas lo interpretan como una forma de exclusión institucional, que no solo ignora sus preocupaciones, sino que las sanciona por atreverse a expresarlas.

El Grupo de Defensa de la Cuenca ha insistido en que su reclamo no es contra el desarrollo ni contra la municipalidad, sino contra una forma de desarrollo que los deja fuera. “Lo que pedimos es equilibrio, consulta y transparencia”, señalaron en su carta. También advirtieron que el discurso de “legalidad” no puede usarse como excusa para desconocer los derechos ciudadanos, ni para privatizar espacios que históricamente fueron de uso común.

El abandono institucional y las jerarquías del desarrollo

Lo ocurrido en Maquengal expone con claridad una tendencia que trasciende este caso particular: la institucionalidad que debería proteger los bienes comunes termina actuando como garante del extractivismo. En lugar de escuchar las alertas de la comunidad, se prioriza el cumplimiento formal de trámites y concesiones que, aunque “legales”, resultan social y ambientalmente injustos.

Este abandono institucional se traduce en un esquema de premio y castigo: las comunidades que se alinean con las decisiones oficiales son reconocidas como “colaboradoras”, mientras que aquellas que cuestionan o defienden su territorio son tratadas como un obstáculo. En el caso de Maquengal, el castigo se manifiesta en la pérdida del acceso al río, la falta de información y la indiferencia institucional frente a los daños ambientales y sociales que la población vive a diario.

Un modelo que se cierra sobre sí mismo

Al sustituir la consulta por el silencio, y la participación por rótulos que legitiman la exclusión, la institucionalidad refuerza un modelo de desarrollo cerrado, que no dialoga con las comunidades y que normaliza la degradación de sus territorios. Lo que está en juego en Maquengal no es solo la calidad del agua o la estabilidad de un cauce: es el derecho de una comunidad a decidir sobre su entorno, a defender sus bienes comunes y a ser parte activa del futuro de su territorio.

Maquengal no se calla

Pese a las respuestas evasivas, el Grupo de Defensa del Río Frío mantiene su compromiso de visibilizar la situación. Desde sus propias palabras, la comunidad insiste: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya. No puede haber desarrollo a costa de nuestras vidas, de nuestros espacios, de nuestra palabra”.

El silencio institucional no detiene la defensa comunitaria. Maquengal sigue alzando la voz para recordar que el río no es una cantera, sino un espacio de vida compartida. Y que cada vez que se coloca un rótulo para restringir el acceso, se borra un pedazo de historia, de encuentro y de dignidad colectiva.

Indignación justificada: cuando la institucionalidad promete diálogo y entrega silencio

A la falta de respuesta formal a la carta presentada ante el Concejo Municipal se suma otro hecho que profundiza la sensación de abandono en Maquengal. El pasado 20 de agosto 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal del poblado, con la participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de personas estudiantes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para dialogar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas directas a la situación del río Frío.

Sin embargo, la actividad fue cancelada a último momento, sin explicación clara y, lo más preocupante, nunca se reprogramó. Este hecho, aunque aparentemente menor, se ha convertido en símbolo de una práctica institucional reiterada: convocar sin escuchar, prometer participación sin concretarla y convertir el diálogo en una formalidad vacía.

Para las personas de Maquengal, esta cancelación confirma lo que ya venían percibiendo: no existe un interés real en comprender ni atender la situación de la comunidad. Se les sigue viendo como un “poblado disperso”, un territorio periférico cuya voz puede ser ignorada sin consecuencias.

La indignación es, por tanto, legítima. No se trata solo de una reunión perdida, sino de la reiteración de un patrón de exclusión que niega el reconocimiento político de la comunidad. En lugar de acompañar a Maquengal, las instituciones públicas parecen reproducir una jerarquía territorial donde unos pocos deciden y otros —los que viven las consecuencias— son reducidos al silencio.

Se castiga a quien imagina otro futuro para Maquengal

Lo ocurrido en Maquengal no es un hecho aislado: refleja una manera de gobernar los territorios donde pensar distinto se vuelve motivo de castigo. A la comunidad no se le escucha porque se atrevió a cuestionar la forma en que se decide sobre su propio entorno. Se les responde con silencio, con cancelaciones, con rótulos y advertencias, como si defender el río y la vida común fuera una falta de respeto a la autoridad.

Maquengal no pide privilegios; exige lo mínimo: ser parte de las decisiones que afectan su territorio. Pero la institucionalidad parece temer al pensamiento crítico que nace desde las comunidades, porque ese pensamiento revela las contradicciones de un modelo que llama “desarrollo” a la extracción, y “orden” a la exclusión.

Hoy, lo que se castiga en Maquengal no es la protesta, sino la posibilidad misma de imaginar otra forma de desarrollo: una basada en el respeto, la participación y la defensa de los bienes comunes. Cuando nos cierran las puertas del río, lo que antes llamábamos turismo hoy podríamos llamarlo visitar las ruinas del río Frío. Porque eso es lo que sentimos: el temor de que, si todo sigue igual, lo único que quede sea un gran rótulo que diga “Bienvenidos a las ruinas del Río Frío”.

Aun así, la comunidad no renuncia a su esperanza. Anhelamos poder restaurar el río, detener las concesiones y reforestar, recuperar al menos lo que queda. Porque cada árbol, cada tramo de agua y cada recuerdo colectivo que aún persiste son también semillas de futuro. Aunque las instituciones cierren puertas, Maquengal insiste en abrir caminos para la dignidad y la vida compartida.

Testimonio desde Maquengal:
¡Es horrible! Ya podemos oír el fuerte ruido de las máquinas. Dejará de ser agradable y habitable si las máquinas se acercan más a nuestra propiedad. ¡Aquí se demuestra que el medio ambiente y las personas están completamente desatendidos! Vinimos aquí para mantener la mayor distancia posible de la actividad comercial. Incluso aceptamos un acceso muy difícil a nuestra propiedad. ¿Qué tenemos ahora? Es como si viviéramos en una zona industrial. La extracción de piedra debería, al menos, no llegar a nuestra propiedad. Eso sería muy importante. Después de unos 1000 metros, ya es una zona protegida. Pero no me sorprendería que también ignoraran eso. ¿Dónde están todas las organizaciones de conservación de la naturaleza en el país? Si un cazador furtivo o un leñador (ilegal) es capturado y se resiste, incluso lo encarcelan si la situación se complica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se extraen las piedras, también se destruyen innumerables seres vivos y nuestros sueños de ecoturismo se destruyen antes de que puedan siquiera comenzar. ¡Me entristece mucho que a los humanos no nos importe la naturaleza! ¡El ojo de Dios lo ve todo!
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
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¿Hasta la última piedra? El Río Frío bajo amenaza por minería no metálica

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La comunidad de Maquengal en Guatuso vuelve a alzar la voz. Esta vez, con más urgencia que nunca.

A pesar de años de las advertencias comunitarias y las evidencias sobre el daño ambiental, la administración anterior de la Municipalidad de Guatuso aprobó una nueva concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más. Mientras tanto, maquinaria pesada ya está escarbando en la poza ubicada cerca de la base del puente de cemento, removiendo material de forma intensiva y alterando drásticamente el cauce del río.

El impacto es tangible. Las pozas ya no están, la sedimentación impide la navegación, las corrientes disminuyen, los espacios de recreación se han vuelto inseguros, y los bordes del río se erosionan visiblemente. Lo que antes era parte del paisaje vivo de la comunidad, hoy es un recuerdo en peligro de desaparecer.

“Esto ha venido a matar el río. Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR, el humedal de Caño Negro, que no estamos cuidando”, expresó una persona vecina. El Río Frío no solo es un símbolo cultural y económico para la región, sino el principal afluente del Humedal Caño Negro, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y protegido bajo la Convención RAMSAR.

Cuando se arranca el río, se arranca la vida

La extracción sin regulación no solo pone en riesgo ecosistemas: también daña infraestructura pública, propiedades privadas y genera condiciones propicias para inundaciones y pérdida de suelos. Este riesgo es más que una posibilidad futura: ya está ocurriendo en la poza cercana a la base del puente de cemento que une Maquengal con la Amapola, donde actualmente maquinaria remueve material sin un monitoreo claro. Las alteraciones al cauce y al entorno inmediato podrían comprometer la estabilidad del propio puente, aumentar la erosión de las riberas y agravar las afectaciones aguas abajo.

Es decir, el afán por “sacar hasta la última piedra” termina dejando un vacío que se siente en lo ambiental, lo social y lo económico. La remoción del lecho del río no solo altera su curso natural, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes viven a su alrededor.

El caso de Maquengal es más que una denuncia: es una lección de participación ambiental comunitaria. En marzo de este año, durante el Festival del Agua, vecinas y vecinos entregaron cartas al alcalde Carlos Sequeira y a autoridades ambientales, recordando el compromiso asumido de hacer un diagnóstico ecológico del cantón. Esta solicitud no es caprichosa: es una necesidad urgente, especialmente cuando ya se están interviniendo zonas sensibles del río sin un control efectivo y con impactos visibles que podrían ser irreversibles.

Voces por la protección del Río Frío

En Maquengal, la defensa del río no es un asunto técnico ni lejano: es cotidiano, vivido, sentido. Las personas vecinas se preguntan por qué se insiste en extraer piedra del Río Frío, mientras existen otros cauces que podrían asumir esa carga sin tanta afectación.

“¿Por qué todas las piedras grandes se las llevan del Río Frío? ¿Por qué no se hace un equilibrio con otros ríos como el Celeste, el Venado o el Samen, que también tienen bastante piedra? Aquí ya están sacando hasta las piedras grandes, las que le dan forma al río, las que sostienen sus orillas.”

La preocupación va más allá de Maquengal. Vecinos de otras zonas del cantón han señalado cómo el dragado también ha afectado humedales y otros afluentes del Río Frío. En lugares como Buenavista, donde el mismo río Celeste ofrecía pozas naturales, hoy las familias recuerdan con tristeza cómo esos espacios desaparecieron.

“Han sacado manzanas enteras de humedal. Lo vemos en Llanos, lo vemos en Buenavista, y el gobierno local no hizo nada. Antes la gente se bañaba en Semana Santa, ahora las pozas ya no están.”

Frente a este abandono institucional, muchas personas se preguntan qué ha hecho el gobierno local en todos estos años.

“¿Qué ha estado haciendo la municipalidad mientras todo esto pasa? La población sí ha estado observando, denunciando, pero las veredas del río se destruyen, los humedales se secan, y seguimos sin respuestas claras. ¿A dónde vamos a llegar si no se detiene esto?”

Las voces del territorio, lejos de ser ruido, son un llamado urgente: dejar descansar al río, repensar las prioridades, y cuidar lo que aún late antes de que lo borren hasta la última piedra.

¿Desarrollo para quién?

Las comunidades no están en contra del desarrollo. Están en contra del saqueo, del uso intensivo de un bien común para el lucro de unos pocos, sin respetar los límites ecológicos ni los derechos de quienes viven en el territorio. Mientras se extrae el material, las personas vecinas de Maquengal pierden el potencial turístico del Río Frío, que antes atraía visitantes por su belleza natural y su biodiversidad. Pero aún más grave: pierden también su espacio recreativo local, el lugar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartían, se bañaban, pescaban y construían sus vidas cotidianas.

Como expresan con firmeza sobre la relación entre el humedal de Caño Negro y el río Frío: “no se puede seguir vendiendo al mundo un sitio de valor ambiental si no se está cuidando ni monitoreando”.

Frente al extractivismo, la comunidad propone un camino distinto:

  • Priorizar proyectos que beneficien el bienestar.

  • Regular con criterios ambientales.

  • Evaluar los daños acumulados y restaurar los ecosistemas.

  • Escuchar y respetar la voz de quienes han vivido, cuidado y defendido el río toda su vida.

Participar es un derecho, manternos es un deber

El Acuerdo de Escazú y la Ley Orgánica del Ambiente reconocen el derecho de las personas a participar en las decisiones ambientales. Y eso es precisamente lo que hace Maquengal: ejercer su derecho a defender un río que aún vive, que aún canta, pero que está siendo silenciado a golpe de retroexcavadora.

No podemos permitir que la minería no metálica borre nuestras pozas, nuestros recuerdos, nuestra seguridad, nuestra biodiversidad.

Porque cuando se agota hasta la última piedra, lo que queda es el vacío de lo que fuimos.

¿Qué es la minería no metálica y por qué afecta tanto?

La minería no metálica es la extracción de materiales como arena, piedra, grava, caliza, arcilla y otros minerales que no contienen metales. En Costa Rica, esta actividad se realiza principalmente para abastecer la industria de la construcción: carreteras, puentes, edificios y desarrollos inmobiliarios.

Aunque no se trate de oro o cobre, los impactos ambientales de esta minería pueden ser igual de devastadores, especialmente cuando se realiza en cauces de ríos o zonas sensibles:

  • Modifica el cauce natural del río, alterando sus flujos y aumentando el riesgo de

  • Provoca erosión en las riberas, afectando árboles, vegetación y vida

  • Contribuye a la sedimentación, lo que daña la calidad del agua y reduce el hábitat de muchas especies acuáticas.

  • Disminuye el caudal, afectando a las personas que dependen del río para consumo, agricultura o recreación.

  • Fragmenta los ecosistemas, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de los humedales de cumplir funciones clave, como el control de inundaciones o la regulación del clima local.

Cuando esta actividad no se regula adecuadamente, se convierte en una forma de extractivismo destructivo que sacrifica el largo plazo en nombre de un beneficio inmediato y desigual.
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Gentrificación ¿Qué es eso?

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El pasado viernes 17 de enero de 2025, participamos en el plantón contra la gentrificación y dialogamos con varias personas asistentes para profundizar en este fenómeno, sus implicaciones en la naturaleza y su impacto en las comunidades locales. Les invitamos a reflexionar sobre los contextos que están intensificando estos procesos.

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Intensificación de construcciones en Costa Rica ¿Qué implica? Mecanismos del extractivismo inmobiliario

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En la última década hemos asistido en Costa Rica a una explosión del negocio inmobiliario, que ha venido a cambiar el paisaje en nuestras ciudades, pero también, y con mayor intensificación en las costas de nuestro país. Guanacaste representa tal vez el lugar dónde esta intensificación ha marcado, sin embargo, lo vemos presente en los cerros del Valle Central, también, en Pacífico central, Península de Osa y Caribe Sur empiezan a aparecer en este recuento de los territorios dónde las construcciones son protagonistas, no sólo del cambio de paisaje, sino también, del despojo de las comunidades locales a través del forzamiento del cambio de uso del suelo, la expropiación y privatización.

Por esta razón, nos parece importante reflexionar sobre los mecanismos que están presentes detrás de este «extractivismo inmobiliario» para que nos permite comprender los alcances y límites que representa su accionar, así como los efectos que están siendo intensificados en nuestros territorios.

Les compartimos esta infografía para invitar a este debate.

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