Interrumpimos brevemente este análisis para un comentario editorial de nuestro corresponsal especial, Ken Brockman:
—Estimada audiencia. El tema de hoy es fascinante. Diversos sectores han descubierto que el ICE está atrasado, que no innovó lo suficiente y que no logró adaptarse a las nuevas tecnologías energéticas. Un hallazgo verdaderamente sorprendente.
Los científicos aún investigan cómo ocurrió este misterioso fenómeno. Las principales hipótesis apuntan a extraterrestres, maldiciones ancestrales o alguna fuerza sobrenatural imposible de identificar. Aunque una línea secundaria de investigación sugiere que quizás tuvo algo que ver una larga serie de decisiones políticas que limitaron su capacidad de inversión, planificación y desarrollo. Pero esa teoría sigue siendo considerada demasiado incómoda para el horario familiar.
Lo que sí parece claro es la secuencia de los acontecimientos: primero se cuestiona a una institución pública, luego se le restringe, después se le fragmenta, más tarde se señala que ya no responde como antes y finalmente se utiliza ese deterioro como prueba irrefutable de que es necesario reemplazar el modelo que la hizo posible.
Los especialistas han bautizado este fenómeno como el Síndrome de la Bicicleta Desarmada: consiste en quitarle una rueda a una bicicleta, después la cadena, luego los pedales, para finalmente presentar un estudio técnico concluyendo que la bicicleta tiene serios problemas de movilidad. O, para usar un ejemplo más directo, es como romperle las piernas a alguien y años después presentar un proyecto para privatizar las caminatas porque la persona ya no corre tan rápido.
Y aquí aparece un detalle particularmente interesante para los investigadores. Resulta que muchos de los sectores y actores que hoy señalan el supuesto atraso del ICE y promueven el proyecto de armonización son los mismos que durante años impulsaron decisiones que contribuyeron a restringir, debilitar o limitar la capacidad de acción de la institución. Un giro argumental tan inesperado como encontrar al pirómano dirigiendo la comisión especial sobre prevención de incendios.
Pero volvamos a la seriedad que exige el tema.
Porque la pregunta importante no es si el ICE enfrenta desafíos tecnológicos. Por supuesto que los enfrenta. Como cualquier institución pública del mundo, necesita modernizarse, innovar y adaptarse a nuevos escenarios energéticos.
La verdadera pregunta es otra: ¿estamos discutiendo cómo fortalecer la capacidad pública para enfrentar esos desafíos o estamos utilizando un deterioro políticamente inducido para justificar una transformación que algunos sectores vienen impulsando desde hace años?
Y con esa reflexión cerramos esta edición especial. Porque, al final, aquí no se discuten vatios. Se discuten derechos. Y también memoria.
Fin de la transmisión
Porque cuando hablamos de electricidad no hablamos únicamente de cables, plantas o mercados. Hablamos del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la comunicación y, en última instancia, de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna.
La discusión sobre el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) ha sido presentada principalmente como un debate técnico. Se habla de eficiencia, modernización, competencia y actualización institucional. Sin embargo, detrás del lenguaje especializado se encuentra una discusión profundamente política: ¿quién debe planificar, coordinar y controlar uno de los bienes estratégicos más importantes para la vida colectiva?
La energía eléctrica no es una mercancía cualquiera. Su acceso condiciona la salud, la educación, la producción, las comunicaciones y las posibilidades mismas de una vida digna. Por ello, la forma en que una sociedad organiza su sistema eléctrico expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado, los bienes comunes y el interés público.
Un cambio de paradigma
Durante décadas Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico basado en la planificación pública de largo plazo, encabezada principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió construir una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y el Caribe, ampliar el acceso a regiones históricamente excluidas y desarrollar una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables.
El proyecto de armonización plantea una transformación significativa de ese modelo. Aunque mantiene la propiedad pública de determinadas infraestructuras y no propone la venta del ICE, introduce una nueva arquitectura institucional basada en la creación de un Mercado Eléctrico Nacional, la apertura de espacios para nuevos agentes privados y la reorganización de las funciones de planificación y operación del sistema.
La pregunta fundamental es si esta reforma fortalece el modelo solidario construido durante décadas o si representa una transición hacia una lógica de mercado en la gestión de la electricidad.
La energía convertida en mercado
Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Mercado Eléctrico Nacional donde diversos agentes podrán comprar, vender y comercializar energía bajo reglas de competencia.
El discurso oficial sostiene que la competencia permitirá reducir costos, aumentar la eficiencia y atraer inversiones. No obstante, esta visión parte de una premisa ideológica específica: que los mecanismos de mercado son la mejor forma de organizar sectores estratégicos.
La experiencia internacional demuestra que esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. En numerosos países los procesos de liberalización eléctrica produjeron concentración económica, debilitamiento de la capacidad pública de planificación y una creciente influencia de actores privados sobre decisiones estratégicas.
La discusión, por tanto, no es únicamente económica. También es democrática. ¿Quién define las prioridades energéticas del país? ¿Las necesidades colectivas o las señales del mercado?
De la planificación pública a la planificación indicativa
Otro cambio relevante es la sustitución de la planificación pública tradicional por un modelo denominado “planificación indicativa”.
Bajo este esquema, el Estado deja de identificar directamente los proyectos estratégicos para el desarrollo eléctrico. En su lugar, diversos agentes presentan proyectos que compiten entre sí mediante mecanismos de mercado y subastas.
La diferencia puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.
En el modelo histórico, la planificación partía de una visión integral del desarrollo nacional. En el nuevo esquema, la expansión del sistema depende cada vez más de las decisiones de inversión de actores individuales y de los incentivos económicos disponibles.
Se produce así un desplazamiento silencioso: la planificación deja de ser un instrumento central de conducción pública y se convierte progresivamente en un mecanismo de orientación para mercados.
ECOSEN y la fragmentación institucional
El proyecto propone además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución que asumiría funciones de operación, coordinación y administración del mercado eléctrico.
Sus defensores argumentan que esto permitirá una gestión más especializada e independiente. Sin embargo, también implica trasladar competencias que históricamente han estado concentradas en instituciones públicas consolidadas.
En muchos procesos de reforma neoliberal la fragmentación institucional ha sido un paso previo a la apertura de mercados. No se eliminan necesariamente las instituciones existentes, pero sí se redistribuyen sus funciones, reduciendo su capacidad de conducción estratégica.
La pregunta no es únicamente quién opera el sistema, sino quién adquiere capacidad real para orientar su futuro.
Nuevos actores, nuevas relaciones de poder
El proyecto incorpora figuras como comercializadores, agregadores de demanda y grandes consumidores con acceso directo al mercado.
Estas figuras crean nuevas oportunidades de negocio dentro del sector eléctrico y modifican la estructura tradicional de relaciones entre productores, distribuidores y usuarios.
La apertura de nuevos espacios económicos suele presentarse como sinónimo de democratización. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados eléctricos tienden a concentrarse alrededor de actores con capacidad financiera, tecnológica y jurídica para competir en condiciones favorables.
Por ello, resulta legítimo preguntarse quiénes serán los principales beneficiarios de estas transformaciones y quiénes asumirán los riesgos asociados.
Una disputa sobre los bienes comunes
La discusión sobre el proyecto de armonización no debería reducirse a cálculos tarifarios o modelos regulatorios. Lo que está en juego es una definición más profunda sobre el papel de la energía dentro de la sociedad costarricense.
Si la electricidad es concebida como un bien común estratégico, la prioridad debe ser garantizar el acceso universal, la solidaridad territorial, la sostenibilidad socioambiental y la planificación democrática de largo plazo.
Si, por el contrario, la energía es entendida principalmente como un mercado, la eficiencia económica y la competencia tenderán a convertirse en los criterios predominantes para organizar el sistema.
La verdadera discusión no es técnica. Es una discusión sobre el país que queremos construir.
Más allá de la armonización
La palabra armonización sugiere consenso, equilibrio y coordinación. Sin embargo, detrás de este proyecto existen intereses, visiones de desarrollo y concepciones distintas sobre el papel del Estado y los bienes comunes.
Por ello, antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable abrir una discusión pública amplia e informada. No se trata solamente de reorganizar instituciones o crear nuevos mercados. Se trata de decidir quién controlará la energía en Costa Rica durante las próximas décadas.
La historia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez se presentan como rupturas. Con frecuencia llegan bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la actualización institucional. Precisamente por eso es necesario debatir no solo los mecanismos propuestos, sino también el modelo de sociedad que estos ayudan a construir.
La electricidad como derecho social y bien común
Hablar de electricidad únicamente en términos de mercados, tarifas o eficiencia económica es olvidar que detrás de cada kilovatio consumido existen personas, comunidades y territorios que dependen de este servicio para ejercer otros derechos fundamentales.
La electricidad permite el acceso al agua potable mediante sistemas de bombeo, sostiene el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades, posibilita las comunicaciones, la producción de alimentos y el desarrollo de actividades económicas. En la actualidad, incluso el acceso a la información, la educación virtual y numerosos servicios públicos dependen de una conexión eléctrica permanente. Por ello, la electricidad no puede entenderse únicamente como una mercancía: constituye una condición básica para la vida digna.
Reconocer la electricidad como un derecho social implica asumir que su provisión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad o de la capacidad de pago de las personas. Significa aceptar que toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, debe tener garantizado un acceso seguro, continuo y asequible a este servicio esencial.
Esta visión fue uno de los pilares que orientó históricamente la construcción del sistema eléctrico costarricense. La electrificación rural, la expansión de la cobertura nacional y la búsqueda de tarifas solidarias respondieron a la idea de que la energía debía servir al desarrollo del país en su conjunto y no únicamente a la generación de ganancias.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre el proyecto de armonización trasciende las cuestiones regulatorias. Lo que está en juego es si la electricidad continuará siendo concebida como un instrumento para garantizar bienestar colectivo, cohesión social y desarrollo territorial equilibrado, o si pasará a organizarse principalmente a partir de las dinámicas propias de los mercados eléctricos.
Defender la electricidad como derecho social no significa rechazar la innovación tecnológica, la participación de nuevos actores o la necesidad de mejorar la gestión del sistema. Significa recordar que la energía es demasiado importante para quedar subordinada exclusivamente a criterios comerciales. La pregunta central no es quién puede generar más electricidad o quién puede venderla más barato. La pregunta fundamental es al servicio de quién debe estar organizado el sistema eléctrico nacional.
En tiempos de crisis climática, desigualdad creciente y disputas por los bienes comunes, defender la electricidad como derecho social es también defender una idea de país donde la energía sea un patrimonio colectivo orientado al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y no simplemente un espacio más para la competencia y la acumulación económica.
La discusión sobre la armonización eléctrica es apenas una expresión de un debate mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando bienes esenciales para la vida son reorganizados bajo la lógica del mercado? ¿Qué enseñanzas dejan las experiencias de privatización en América Latina? ¿Qué papel juegan la organización social, la participación ciudadana y la defensa de los bienes comunes en estas disputas?
Estas son algunas de las preguntas que aborda el documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica, donde se exploran conceptos clave para comprender las reformas eléctricas, las experiencias regionales de privatización y resistencia, y los desafíos que enfrenta Costa Rica en la definición de su futuro energético.
El documento completo ya está disponible para descarga aquí.
