El pasado 3 de agosto, vecinas y vecinos de diversas comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal para manifestar su profunda preocupación por el avance de nuevas concesiones mineras sobre el cauce del Río Frío. El conversatorio, convocado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, fue un espacio de encuentro y denuncia ante una situación que amenaza de forma directa la vida comunitaria y los ecosistemas locales.
Un río bajo asedio
El encuentro se realizó en un contexto alarmante: recientemente fue otorgada una nueva concesión privada para la extracción de material del cauce, con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30. Esta se suma a más de 17 concesiones —algunas activas y otras caducas— que afectan la cuenca.
El caso más reciente ha generado indignación particular: la apertura de una zona de extracción a escasos 300 metros de la Escuela Palmital, en un camino comunitario que nunca fue atendido por la Municipalidad. Ese camino servía como acceso al río, un espacio que la comunidad utilizaba para recreación, descanso y conexión con la naturaleza. Hoy, ese mismo camino es recorrido por maquinaria pesada que extrae material para beneficio privado, sin que la comunidad reciba ningún aporte a cambio.
Las personas participantes denunciaron que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes, a pesar de que existen normas que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente los territorios. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, lamentó una vecina. El malestar es generalizado: no hubo proceso participativo, no existe control comunitario sobre el uso del río y el pago que realiza la empresa concesionaria al Estado es simbólico frente a los daños ocasionados.
El río no se agota solo: impactos acumulativos y desigualdad
Vecinas y vecinos relataron con preocupación los cambios que han vivido en las últimas décadas: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos como el cacao, modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Para la comunidad, estos efectos están ligados a la combinación de actividad extractiva, deforestación, y un modelo de desarrollo sin planificación territorial.
“Antes nos decían que el agua era inagotable. Hoy sabemos que no es cierto”, comentó un vecino con años de experiencia en gestión de recursos hídricos.
El daño no es solo ecológico. También es social, económico y cultural. Las formas tradicionales de vida en torno al río se han visto alteradas, mientras los caminos se deterioran sin recibir mantenimiento, a pesar de que toneladas de material salen del territorio cada año.
Se pierde el río, se cierran oportunidades: afectaciones al uso recreativo y al turismo rural comunitario
El Río Frío no solo es fuente de agua y vida para las comunidades de Guatuso: también ha sido, por generaciones, un espacio de encuentro, recreación y posibilidad. Sus márgenes y aguas tranquilas permitían que familias se bañaran, descansaran bajo la sombra o compartieran en comunidad los fines de semana. “Ahí íbamos a refrescarnos, a pasar un rato bonito. Ahora ya no se puede ni bajar, está tomado por las máquinas”, relató una persona vecina durante el conversatorio.
Uno de los caminos comunitarios que daba acceso al río fue recientemente intervenido por la empresa concesionaria. Lo que antes era una ruta hacia el río hoy es un acceso exclusivo para maquinaria pesada. La presencia constante de camiones y equipo de extracción no solo representa un riesgo para la seguridad, sino que ha generado un ambiente hostil, con ruido, barro y deterioro paisajístico que aleja cualquier posibilidad de uso recreativo.
Este deterioro también impacta directamente los proyectos de turismo rural comunitario, una alternativa económica que varias familias de la zona habían comenzado a desarrollar o tenían en perspectiva. El entorno natural del río —su belleza escénica, la posibilidad de caminar entre senderos, descansar en sus orillas o conocer su biodiversidad— era un atractivo claro para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, con el avance de la extracción, estas posibilidades se desvanecen.
“¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?”, comentó un vecino.
Lo que se pierde no es solo un paisaje. Se pierden ingresos familiares, empleos potenciales, proyectos de vida y un modelo de desarrollo alternativo que apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y el respeto al territorio.
Así, la extracción no solo deja un cauce devastado: también arrasa con los sueños de quienes imaginaban un futuro distinto para su comunidad.
¿Qué daños causa la extracción de materiales al río?
La comunidad identificó una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces:
- Alteración del cauce natural: la extracción cambia el curso del río, provocando desbordamientos en zonas no previstas.
- Aumento de la erosión: la remoción constante del lecho del río debilita sus márgenes, favoreciendo derrumbes y pérdida de suelo.
- Pérdida de biodiversidad: peces, insectos acuáticos y otros organismos ven afectado su hábitat por el aumento del sedimento y el ruido.
- Afectación de nacientes y humedales: la sobreexplotación altera el equilibrio hídrico, secando zonas que antes mantenían humedad constante.
- Contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca: el uso de maquinaria pesada genera ruidos continuos y en época seca las partículas en el aire que afectan la salud de las personas.
- Interrupción de caminos y acceso a fincas: la presencia de tajos y maquinaria ha bloqueado rutas usadas por la comunidad, afectando la producción y la
Además, potencialmente la falta de control y fiscalización permite que las extracciones se realicen sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.
¿Qué hacer ante esta situación?
La comunidad acordó continuar fortaleciendo la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana.
También se planteó la urgencia de abordar problemáticas asociadas, como la deforestación, la expansión desregulada de proyectos privados y la falta de planificación desde los gobiernos locales. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.
“Tenemos que actuar ya. No podemos quedarnos en palabras. El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, concluyó una de las participantes.
Para seguir informados
Las comunidades hacen un llamado urgente a defender el Río Frío como bien común. Se han abierto canales de comunicación, se prepara la documentación legal
necesaria y se construyen alianzas para acciones comunitarias, mediáticas y jurídicas.
El río no se vende. Se defiende.
El puente también sufre: alerta por posibles daños en La Amapola
Durante el conversatorio, las personas vecinas expresaron una creciente preocupación por el deterioro del puente de La Amapola, Terminio (construido en el año 2022, CNE, Municipalidad de Guatuso, con un costo de 388 millones de colones), infraestructura clave para la conectividad de la zona. De acuerdo con los testimonios, recientemente se habrían solicitado permisos para que maquinaria vinculada a las concesiones de minería no metálica transitara por debajo del puente, lo cual ha generado sospechas sobre su estado actual.
Vecinas y vecinos advierten que este tipo de tránsito —pesado, constante y no supervisado adecuadamente— podría haber afectado la base estructural del puente, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las personas que lo utilizan diariamente. Las condiciones actuales del puente fueron documentadas mediante fotografías compartidas por la comunidad, en las que ya se observan posibles signos de daño.
“Este puente fue clave para que no quedáramos aislados durante las últimas emergencias. No podemos permitir que lo debiliten con maquinaria que ni siquiera está al servicio de la comunidad”, señaló una participante.
Además de la preocupación estructural, se suma la indignación por la forma en que se gestionan estos permisos, en muchos casos sin consulta previa a la comunidad y sin un monitoreo técnico visible por parte de las autoridades competentes. El paso de maquinaria bajo el puente, con fines extractivos, contrasta con la falta de inversión pública para mejorar caminos, accesos y puentes al servicio del pueblo.
El caso del puente de La Amapola se convierte así en otro símbolo del desequilibrio entre las prioridades del modelo extractivo y las necesidades reales de la población local. Lo que debería protegerse como infraestructura comunitaria, termina expuesto al riesgo por decisiones que se toman lejos de la gente.
