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Cuidar la vida y lo común: aprendizajes de la auditoría social comunitaria

Durante julio y agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso “Auditoría social desde nuestras organizaciones: ¿estamos pensando en nuestro bienestar?”, organizado desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica. La propuesta buscó abrir un espacio de formación y acción crítica para que comunidades y colectivos fortalecieran sus herramientas de vigilancia popular, incidencia y defensa del bien común.

La convocatoria partió de una premisa clara: la auditoría social no debe reducirse a revisar presupuestos o documentos, sino entenderse como una forma de acción colectiva que protege el agua, vigila proyectos que impactan los territorios, exige salud y educación dignas, y promueve formas de vida respetuosas de los saberes locales. Más que una cuestión técnica, se trata de preguntarse si las decisiones públicas mejoran o deterioran el bienestar comunitario.

Durante el proceso se apostó por un método participativo y horizontal, en el que cada persona y colectivo aportó desde sus propias experiencias y territorios. No se trató de transmitir recetas técnicas, sino de construir colectivamente preguntas, indicadores y herramientas que respondieran a la realidad concreta de quienes defienden la vida y lo común en sus comunidades. Esta pedagogía de educación popular permitió que el curso se viviera como un espacio de encuentro, escucha y creación compartida.

Al mismo tiempo, se buscó vincular el monitoreo comunitario con la acción transformadora. La auditoría social se trabajó como un proceso vivo que combina el registro de lo que ocurre en los territorios con la capacidad de convertir esos datos y experiencias en fuerza colectiva para exigir cambios. En un contexto marcado por la crisis socioambiental y la exclusión de las voces comunitarias en la toma de decisiones, el proceso reafirmó que la vigilancia desde abajo no solo es legítima, sino necesaria para garantizar derechos y abrir caminos de bienestar.

Síntesis de aprendizajes colectivos

A lo largo del proceso, las y los participantes construyeron aprendizajes clave que muestran que auditar no es un ejercicio frío ni distante, sino un camino de cuidado, memoria y organización:

  • Auditar también es sentir: poner en el centro los afectos, los vínculos y los saberes comunitarios frente al lenguaje técnico que suele invisibilizarlos.

  • Indicadores vivos: medir el bienestar desde lo que duele, lo que soñamos y lo que cuidamos; no solo en cifras, sino en preguntas sobre seguridad, arraigo, dignidad, espacios colectivos y acceso a los recursos para la vida.

  • Monitoreo como cuidado: observar y registrar es también devolver la voz a la comunidad, generar confianza y convertir lo documentado en fuerza colectiva.

  • Comunicación responsable: aprender a señalar con veracidad, buena fe y lenguaje cuidadoso, protegiendo a las comunidades de riesgos legales y fortaleciendo la incidencia pública.

  • Defensa integral del bienestar: incluir la dimensión cultural, espiritual y simbólica —como los lugares sagrados, la medicina natural y los saberes de las personas mayores— como parte de los indicadores de bienestar.

  • Registro y memoria: valorar la documentación (fotos, videos, bitácoras) como herramienta para sostener procesos, fortalecer la identidad y potenciar la incidencia.

  • Constancia y sostenibilidad: reconocer que planear según las capacidades y sostener procesos en el tiempo convierte los aprendizajes en cambios duraderos.

Aprendizajes sesión a sesión
Boletín 1-Indicadores vivos: auditar también es sentir

La primera sesión abrió con la canción “Qué bonita es esta vida”, como un gesto político y pedagógico: recordar que el bienestar se construye desde los sentires cotidianos y no solo desde indicadores fríos. Se cuestionó el lenguaje técnico de la política pública, que suele invisibilizar la dignidad, el arraigo y las alegrías compartidas. Desde ahí se construyeron indicadores vivos, como el diálogo comunitario, la seguridad, la participación en espacios colectivos, el acceso a la tierra y el trabajo digno.

Las formas de monitoreo propuestas incluyeron talleres inductivos, entrevistas, mapeos comunitarios, registros colectivos de salud, asambleas, cafés comunitarios y movilizaciones. La conclusión fue clara: auditar no es solo vigilar, es decidir desde los territorios lo que importa para la política pública.

Puede descargar aquí.

Boletín 2- Monitoreo con cuidado: memoria y lugares sagrados

La segunda sesión dio un paso más con un ejercicio práctico: auditar la invisibilización de lugares sagrados, tomando como referencia el cementerio indígena en Quitirrisí, compartido por la compañera Fressy. Esto permitió reflexionar sobre cómo valorar la oralidad, la espiritualidad y la memoria comunitaria frente a los lenguajes técnicos de planos y registros.

Se experimentó con distintas técnicas de monitoreo comunitario, comprendiendo que no se trata de aplicarlas todas, sino de usarlas en el momento oportuno, respetando la confianza y los ritmos de la comunidad. Se discutió además la importancia de diseñar niveles de profundización: información que nutra a la comunidad, que fortalezca identidades y que también sirva para incidir en la política pública.

En este punto también se introdujeron materiales sobre cómo comunicar el monitoreo, destacando principios de veracidad, buena fe, proporcionalidad y precisión, así como estrategias para protegerse de demandas tipo SLAPP.

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Boletín 3-Comunicar para incidir: del registro a la acción colectiva

La tercera sesión marcó el cierre de la fase de formación y estuvo dedicada a la comunicación de los hallazgos. Se resaltó que el registro no es un trámite, sino memoria, defensa y proyección. Documentar acciones mediante fotos, videos, bitácoras y testimonios permite visibilizar el valor del trabajo comunitario, respaldar demandas, fortalecer identidades e inspirar a otras comunidades.

Se presentaron instrumentos de comunicación tanto interna como externa: reseñas “¿Sabías que…?”, boletines, videos testimoniales, redes de acción, exposiciones comunitarias y notas de prensa. Se subrayó que la constancia y la planificación según capacidades son esenciales para sostener la comunicación y convertirla en una herramienta de incidencia real.

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Boletín 4-Aprendizajes en Quitirrisí: saberes ancestrales como auditoría social

El cierre se realizó con una gira a Quitirrisí, donde los aprendizajes dialogaron con saberes indígenas. Allí se reconocieron los conocimientos ancestrales como indicadores vivos del bienestar: la medicina natural compartida por Zoraida Hernández, la producción local de la Finca Los Itabos con Cristina Castro, el cementerio como lugar sagrado junto a Fernando, Fressy y María Bejarano, y los tintes naturales enseñados en un taller de tejido.

Estos espacios mostraron que el bienestar incluye lo cultural, espiritual y comunitario. Se reafirmó que la auditoría social también se expresa en resistir despojos, defender la cosmogonía, valorar los saberes de las personas mayores y sostener procesos intergeneracionales. El cierre en Quitirrisí fue también una apertura: la certeza de que la auditoría social desde la educación popular es motor de cambio y herramienta para cuidar la memoria, la vida y la dignidad de los pueblos.

Puede descargar aquí.

Un cierre que abre caminos

El proceso de Auditoría social para nuestro bienestar no se concibió como un curso aislado, sino como un ejercicio de educación popular latinoamericana y caribeña. Lo trabajado confirma que auditar desde abajo no es solo un derecho, sino una práctica transformadora que fortalece a las comunidades en su capacidad de exigir, incidir y proponer.

Como parte de esta memoria colectiva, les compartimos también el video construido durante la gira a Quitirrisí, donde se recogen las voces, aprendizajes y sentires que dieron vida a este proceso.

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Estrategia Nacional de Biodiversidad: participación en el papel, exclusión en la práctica

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), el instrumento que marcará el rumbo del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Con respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proceso se anuncia como participativo y multisectorial.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes (OBC), señalamos que lo vivido en el lanzamiento reflejó un desfase entre la retórica y la práctica: discursos oficiales sin diálogo real, un público reducido a espectadores y un énfasis en los beneficios económicos de la biodiversidad más que en su conservación efectiva.

La pregunta es inevitable: ¿se construirá una estrategia desde las comunidades y para la biodiversidad, o desde los escritorios y para el mercado?

Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos la visión de la biodiversidad como bien común, que plantea desafíos concretos para la formulación de la ENB. No se trata solo de cumplir metas numéricas o generar espacios de consulta simbólicos, sino de reconocer que la biodiversidad sostiene la vida, la cultura y los territorios, y que su cuidado requiere participación efectiva, gestión colectiva y justicia socioambiental.

Biodiversidad como bien común: un desafío para la ENB

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes (OBC), la actualización de la ENB no puede limitarse a discursos sobre “uso sostenible” o beneficios económicos. Entender la biodiversidad como bien común implica que la estrategia debe reconocer:

  • Que la biodiversidad sostiene vida, cultura y territorios, más allá de su valor financiero.

  • La necesidad de gestión colectiva, respetando saberes locales, prácticas tradicionales y derechos de pueblos indígenas y comunidades costeras y campesinas.

  • Que la conservación requiere participación efectiva y justicia socioambiental, no solo talleres simbólicos o consulta formal.

  • La importancia de decisiones que consideren generaciones presentes y futuras, garantizando la continuidad de ecosistemas y prácticas comunitarias.

En este marco, una ENB que solo enfatice beneficios económicos o metas cuantitativas corre el riesgo de desconectar la estrategia de las comunidades y territorios que protegen la biodiversidad.

Mercantilización de la biodiversidad: tensiones en la estrategia

La ENB también enfrenta el desafío de la mercantilización de la biodiversidad, donde se prioriza la lógica de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”:

  • Se reduce la biodiversidad a un recurso para el mercado, dejando fuera a quienes la han cuidado históricamente.

  • Se corren riesgos sobre la conservación de especies y ecosistemas, especialmente en territorios frágiles o bajo presión de megaproyectos.

  • Los fondos y proyectos de conservación tienden a concentrarse en actores económicos poderosos, en lugar de distribuirse equitativamente en los territorios y fortalecer la gestión comunitaria.

El OBC advierte que sin reconocer la biodiversidad como bien común, la ENB puede terminar reforzando desigualdades de poder, priorizando intereses privados y reproduciendo dinámicas de exclusión y despojo. Integrar esta perspectiva es fundamental para que la estrategia sea legítima, efectiva y justa, conectada con la realidad territorial y social del país.

En este contexto, resulta crucial analizar cómo se ha desarrollado el proceso de actualización de la ENB: por un lado, lo que se anuncia en el discurso oficial; por otro, la experiencia concreta de participación en los talleres y eventos. Esta tensión entre forma y fondo revela hasta qué punto la estrategia refleja realmente la visión de la biodiversidad como bien común, o si sigue subordinada a intereses económicos y lógicas de mercado.

Dos planos del proceso: discurso y experiencia

El OBC identifica dos planos interconectados en la actualización de la ENB:

  • Discurso oficial (Minae–PNUD–GEF): se presenta como participativo, multisectorial, alineado con el Marco Kunming–Montreal, vital para el desarrollo sostenible y con promesas de inclusión de diversos sectores.

  • Experiencia concreta en el lanzamiento: participación entendida como presencia en talleres, sin reglas claras sobre cómo los aportes incidirán en el documento final ni mecanismos de rendición de cuentas, mostrando una brecha entre forma y fondo.

Valoración del proceso desde el OBC

Puntos positivos

  • La actualización antes de su vencimiento (2025) es crucial para mantener la vigencia de la política ambiental.

  • Financiamiento internacional y acompañamiento del PNUD aseguran recursos, visibilidad y la posibilidad de integrar estándares globales.

  • Alineamiento con el Marco Kunming–Montreal: metas de protección del 30% de áreas, restauración ecológica, financiamiento y equidad de género.

  • La convocatoria amplia a múltiples sectores reconoce que la biodiversidad es un bien común que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas.

Vacíos y preocupaciones
  • Participación sin metodología clara: talleres sin protocolos, sin trazabilidad de aportes ni devolución razonada, reducen la inclusión a un trámite simbólico.

  • Débil centralidad en la biodiversidad: se prioriza su “uso” y beneficios económicos, invisibilizando su rol como bien común y su importancia para la vida de comunidades locales.

  • Riesgo de captura institucional o sectorial: sin seguimiento independiente, la ENB puede reflejar intereses de jerarcas o grupos con poder económico, en lugar de las comunidades.

  • Débil institucionalidad de seguimiento: indicadores poco robustos, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública.

Lo que el OBC considera central para una participación real

Para que la ENB sea legítima y efectiva, la participación debe ser plena y vinculante:

  • -Protocolos metodológicos públicos y validados antes de los talleres.

  • -Mecanismos de devolución razonada que expliquen cómo se integran o no los aportes.

  • -Repositorio abierto con versiones, insumos y actas.

  • -Instancia independiente de revisión ciudadana y auditoría de indicadores y fondos.

  • -Garantías de que la participación incida en el texto normativo y en la implementación posterior.

Estas medidas reflejan la perspectiva del OBC: la biodiversidad como bien común, custodiada por comunidades, pueblos indígenas y defensoras ambientales, no solo un recurso para mercados o financiamiento internacional.

Territorio, comunidades y megaproyectos

Desde la perspectiva del Observatorio: hablar de biodiversidad implica reconocer conflictos socioambientales en curso:

  • -Desalojos en costas y humedales: comunidades históricas expulsadas mientras megaproyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios obtienen permisos exprés.

  • -Defensores criminalizados: personas que protegen ecosistemas enfrentan hostigamiento, judicialización y violencia.

  • -Captura de recursos y decisiones: los beneficios de la biodiversidad se concentran en actores económicos poderosos, dejando a las comunidades fuera de la gestión y del cuidado real del territorio.

Defensores criminalizados y desprotegidos

Los casos hablan por sí solos:

  • Sergio Rojas (asesinado en 2019) y Jhery Rivera (asesinado en 2020) fueron líderes indígenas bribri y brörán que defendían la recuperación de territorios.

  • Jairo Mora (asesinado en 2013) fue un joven ambientalista que protegía tortugas marinas en Limón.

  • Juan Bautista Alfaro Rojas (2025) es un activista ambiental de Costa Rica que enfrenta demandas legales por denunciar impactos ecológicos en una zona turística de Guanacaste.

  • Philippe Vangoidsenhoven y Pablo Sibar, defensores ambientales, han denunciado la falta de protección efectiva pese a amenazas constantes.

  • Y muchas otras personas y organizaciones se pueden suman a esta lista.

Estos nombres evidencian que en Costa Rica defender la biodiversidad puede costar la vida. Y que, lejos de brindar garantías, el Estado ha mostrado indiferencia y desprotección, incluso en el marco de compromisos internacionales de derechos humanos y biodiversidad.

El OBC advierte que sin reconocer estos procesos, la ENB corre el riesgo de ser un documento desconectado de la realidad territorial y social.

No todo es mercado: forma y fondo una provocación desde los Bienes Comunes

El proceso arranca con respaldo internacional y buenas intenciones, pero carece de credibilidad participativa.

  • Forma: un proceso “participativo” anunciado como inclusivo.

  • Fondo: sin reglas claras, trazabilidad ni control ciudadano, la participación puede quedarse en un gesto político sin capacidad transformadora.

Para el OBC, la ENB será legítima solo si reconoce:

  1. la biodiversidad como bien común,
  2. a las comunidades y defensoras como protagonistas centrales,
  3. y la necesidad de justicia ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Sin estas condiciones, la “participación” será apenas otra foto en redes sociales, mientras la realidad territorial sigue marcada por desalojos, megaproyectos y concentración de poder.

⚠️ Cuando la participación se queda en papel: análisis crítico del OBC
Vacío o preocupaciónPerspectiva del Observatorio de Bienes Comunes
Participación sin metodología claraLos talleres carecen de protocolos publicados; no hay trazabilidad de aportes ni devolución razonada. La participación se reduce a un acto simbólico: se invita a hablar, pero la decisión final queda en manos del Ejecutivo y aliados técnicos. Las comunidades que custodian la biodiversidad quedan fuera del centro del proceso.
Débil centralidad en la biodiversidadSe prioriza el uso económico de los ecosistemas sobre su valor como bien común. Esto invisibiliza la relación cotidiana de comunidades indígenas, campesinas y costeras con sus territorios, y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas estratégicos.
Riesgo de captura institucional o sectorialSin seguimiento independiente, la estrategia puede reflejar intereses de jerarcas o actores con poder económico en lugar de las comunidades. La consulta superficial y la ausencia de paneles independientes refuerzan desigualdades de poder.
Débil institucionalidad de seguimientoIndicadores poco claros, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública limitan la verificación ciudadana. Esto desconecta la ENB de la realidad territorial y debilita la capacidad de las comunidades para exigir resultados.
Cuando la estrategia refleja la política: biodiversidad y Escazú en tensión

El Acuerdo de Escazú garantiza derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación pública vinculante y protección de defensores ambientales. A primera vista, la ENB y Escazú podrían parecer instrumentos complementarios; sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, los vacíos y limitaciones de la ENB reflejan una tensión estructural.

Gran parte de las críticas que recibe la estrategia —participación simbólica, ausencia de trazabilidad de fondos, indicadores débiles y protección insuficiente para comunidades y defensoras— no son errores aislados, sino expresiones del rechazo o la despriorización de la administración actual hacia el Acuerdo de Escazú y sus principios de participación, transparencia y justicia ambiental.

  • Participación real vs. simbólica: Escazú exige que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en decisiones ambientales. La ENB, en cambio, mantiene un modelo de consulta superficial, sin devolución razonada ni mecanismos vinculantes.

  • Protección de defensoras y comunidades: Escazú promueve medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente; la ENB no establece garantías claras frente a desalojos, hostigamiento o criminalización.

  • Transparencia y rendición de cuentas: Escazú obliga a acceso público a información y control ciudadano. La ENB sigue mostrando vacíos en indicadores y financiamiento, limitando la fiscalización y control social.

En síntesis, las limitaciones de la ENB reflejan un patrón institucional y político, y no meros errores técnicos. Para que la estrategia cumpla con los estándares de sostenibilidad y legitimidad, debe integrar explícitamente mecanismos de participación vinculante, auditoría ciudadana y protección de quienes cuidan la biodiversidad, reconociéndola como un bien común y conectando su gestión con los derechos y saberes de las comunidades locales.

¿Qué es una Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Marco Kunming–Montreal?

Una Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un plan que define cómo un país protegerá, restaurará y usará de manera sostenible su biodiversidad. No se trata solo de cuidar especies o ecosistemas, sino de articular políticas, acciones y financiamiento que garanticen que la biodiversidad siga siendo un bien común para las comunidades, el territorio y el futuro del país.

En el caso de Costa Rica, la ENB busca orientar decisiones sobre conservación, restauración, investigación, financiamiento y participación ciudadana, vinculando objetivos ambientales con dimensiones sociales, culturales y económicas.

El Marco Kunming–Montreal es un acuerdo internacional que establece metas globales de biodiversidad para todos los países firmantes, como:

  • Proteger al menos el 30% de los ecosistemas y áreas prioritarias.

  • Restaurar ecosistemas degradados.

  • Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.

  • Promover participación inclusiva de pueblos indígenas y comunidades locales.

  • Integrar la biodiversidad en decisiones de desarrollo económico y planificación territorial.

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, estos instrumentos solo tienen sentido si la participación no es simbólica, si se reconoce que la biodiversidad es un bien común y si las decisiones se conectan con quienes históricamente la han cuidado: comunidades locales, pueblos indígenas y defensoras ambientales. Sin esta perspectiva, la estrategia corre el riesgo de ser un documento técnico desconectado de la realidad territorial y social.

Referencias

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Sin crítica, sin reglas, sin participación: la actualización de la estrategia de biodiversidad de Costa Rica comienza sin credibilidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/sin-critica-sin-reglas-sin-participacion-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-biodiversidad-de-costa-rica-comienza-sin-credibilidad

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Minae llama a la ciudadanía a participar de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/minae-llama-a-la-ciudadania-a-participar-de-la-actualizacion-de-la-estrategia-nacional-de-biodiversidad

Juventud

Cocinar la vida en común: Emma Hilario y la pedagogía de los comedores populares

En los márgenes de las grandes narrativas nacionales florecen historias que sostienen la vida. Este nuevo cuaderno de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes recupera la experiencia de Emma Hilario (1959-2014), mujer andina que convirtió los comedores populares en trincheras de organización, cuidado y dignidad en medio de la violencia política y la pobreza en el Perú.

Más que un relato biográfico, el cuaderno es una herramienta pedagógica y política: invita a reflexionar sobre cómo la cocina compartida y la autogestión comunitaria se convierten en prácticas de resistencia y en verdaderas escuelas de lo común, donde se aprende a sostener la vida colectivamente.

Emma Hilario: vida y legado

Emma Hilario (1959-2014) fue una mujer andina y dirigente comunitaria que dedicó su vida a los comedores populares en Lima. Como promotora y presidenta de la Comisión Nacional de Comedores Populares, defendió la autogestión y la organización como respuesta a la exclusión social. En 1991 sobrevivió a un atentado y posteriormente se exilió en Costa Rica, donde siguió vinculada a procesos de educación popular y lucha social. Su vida es un testimonio de valentía y de compromiso con el derecho a la vida digna, una historia que este cuaderno recupera como acto de memoria política.

Aportes conceptuales

El cuaderno propone una mirada que entrelaza memoria, política y vida cotidiana. Entre sus principales aportes destacan:

  • La vida cotidiana como trinchera política, donde el acto de cocinar y compartir se convierte en un ejercicio de resistencia.

  • La autogestión comunitaria como pedagogía democrática, aprendida en la práctica de sostener colectivamente la alimentación en contextos de crisis.

  • El cuidado como categoría política, que trasciende lo privado y se convierte en fundamento para la vida en común.

  • La memoria como futuro, donde recuperar la voz de Emma Hilario y de las mujeres organizadas en comedores populares permite proyectar nuevas formas de justicia y solidaridad.

Estos aportes convierten al cuaderno en una herramienta para pensar los bienes comunes desde la experiencia concreta de mujeres que hicieron de la cocina un espacio de dignidad.

Los comedores populares como espacios pedagógicos

Más allá de su función alimentaria, los comedores populares son presentados en el cuaderno como escuelas vivas de comunidad. Allí se aprende a gestionar recursos, a organizar turnos, a distribuir tareas, pero sobre todo a construir un sentido del común.

  • Son espacios de aprendizaje colectivo, donde cada decisión –desde cómo cocinar hasta cómo defender recursos– se convierte en una lección de democracia práctica.

  • Funcionan como territorios de cuidado compartido, donde la comida se entiende como vínculo y no solo como necesidad biológica.

  • Permiten reconocer el valor de lo común, ya que la olla y la mesa se sostienen gracias al aporte de todas, sin apropiaciones individuales, generando prácticas que cuestionan la lógica del mercado y la privatización.

  • Se constituyen en espacios de memoria y resistencia, porque en cada plato servido se preserva la historia de lucha de las mujeres que, frente a la pobreza y la violencia, sostuvieron la vida con dignidad

En este sentido, los comedores son pedagógicos porque enseñan a vivir juntos, a compartir y a resistir desde lo cotidiano, recordándonos que el bien común se cocina y se cuida.

Para seguir cocinando comunidad

El cuaderno no solo homenajea a Emma Hilario, sino que también invita a repensar las prácticas actuales de organización comunitaria. Reconocer a los comedores populares como espacios de pedagogía del común es un paso para comprender cómo las luchas por la vida digna se dan, muchas veces, en lo más sencillo: alrededor de una mesa compartida.

Pueden descargarlo aquí.

📖 El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.

Crédito de imagenes: Centro de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y Somos Periodismos.

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Escazú abre camino: el reto del diálogo real en el Plan Regulador

Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.

La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.

Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.

Lo que viene: selección de representantes

Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.

Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario

Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?

Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.

El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.

La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.

El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.

Un proceso en disputa

La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.

Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.

Un nuevo capítulo para Escazú

Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.

El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.

Herramientas y técnicas participativas disponibles

El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:

  1. Audiencias públicas: espacios formales donde se presentan avances, se recogen observaciones y se abren canales de diálogo directo con la ciudadanía.
  2. Talleres participativos: dinámicas grupales en las que se trabaja con mapas, dibujos y debates abiertos para recoger percepciones, propuestas y problemáticas locales.
  3. Mapeo comunitario: ejercicios donde las personas habitantes identifican en planos o cartografía sus recorridos, lugares de importancia, zonas de riesgo o sitios de conflicto.
  4. Entrevistas y encuestas: permiten profundizar en las experiencias de distintos sectores de la población, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos.
  5. Mesas temáticas: espacios de discusión especializados (agua, movilidad, riesgo, vivienda, ambiente) que permiten detallar aportes sectoriales.
  6. Recorridos de campo y observación directa: visitas conjuntas a barrios, quebradas, zonas agrícolas o áreas de riesgo para complementar los diagnósticos técnicos con la mirada comunitaria.
  7. Inventarios y diagnósticos participativos: registros elaborados con apoyo de la población local sobre recursos naturales, espacios públicos, prácticas productivas o usos del suelo.

Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.

Extracto de la sesión del Concejo Municipal
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Defensa de la Cuenca del Río Frío denuncia ante el MINAE la extracción minera en Guatuso con más de 150 firmas ciudadanas

El movimiento socioambiental Defensa de la Cuenca del Río Frío, junto a más de 150 personas del pueblo de Maquencal y comunidades aledañas en Guatuso de Alajuela, entregaron este viernes un documento de denuncia ciudadana al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. La acción busca detener el deterioro del ecosistema del río Frío frente a décadas de extracción minera no metálica en su cauce.

En el documento entregado y respaldado por más de 150 firmas, las comunidades denuncian la “extracción irracional” de material minero no metálico en el Río Frío, la cual se ha extendido por más de tres décadas, con registros de concesiones desde 1991. Según expresaron, este modelo extractivo ha significado un “consumo excesivo en el tiempo, una extracción desmedida y una degradación absoluta del ecosistema”.

La denuncia se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el movimiento solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que no se otorguen más concesiones sobre el Río Frío y que se realicen estudios técnico-científicos rigurosos para determinar el verdadero impacto ambiental de las actividades mineras en la cuenca.

El movimiento Defensa de la Cuenca del Río Frío insiste en que esta lucha no se trata solo de preservar el río, sino también de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Al respecto, recordaron el Principio 3 de la Declaración de Río de 1992: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

Con esta acción y el respaldo ciudadano expresado en las firmas, las comunidades esperan que el MINAE escuche la voz colectiva y actúe en defensa del interés público, priorizando el derecho a un ambiente sano sobre los intereses extractivos que han puesto en riesgo la vida del Río Frío y de quienes dependen de él.

Pueden ver la denuncia ciudadana aquí.

Por motivos de privacidad, no se publican en esta nota las firmas ni los números de cédula de las personas firmantes.

Un ejemplo del impacto: antes
Ahora
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Tras movilización ciudadana se abre mesa de negociación por la participación en el Plan Regulador de Escazú

Tras la movilización y presión ciudadana, este viernes 22 de agosto se abrió una mesa de negociación para abordar el tema de la participación en la elaboración del Plan Regulador de Escazú.

En el espacio participan representantes de la alcaldía, las siete personas regidoras del Concejo Municipal y cuatro delegados escogidos por los  movimientos cívicos ciudadanos que se articularon para exigir condiciones reales de incidencia comunitaria. Con esta apertura, se reconoce la legitimidad de las demandas vecinales y se abre una oportunidad para que la voz de la ciudadanía tenga un lugar en la definición del futuro territorial del cantón.

La mesa de negociación se instala en un contexto marcado por el descontento. Tras el pasado 29 de julio, dónde se dio  la decisión de trasladar la responsabilidad del Plan Regulador a una oficina técnica municipal, sin el acompañamiento de la Comisión Especial con representación comunitaria, provocó un amplio rechazo. Vecinas y vecinos denunciaron la reducción de la transparencia, la improvisación en las sesiones del Concejo y la ausencia de condiciones mínimas para la participación.

Ahora, con la instalación de la mesa, los movimientos ciudadanos esperan que se construyan acuerdos concretos que garanticen:

  • La permanencia de un mecanismo de representación comunitaria.

  • Procesos accesibles y transparentes de discusión de las propuestas.

  • Condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda incidir desde las primeras etapas.

 

El próximo martes 26 de agosto, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se presentarán los resultados de esta negociación y las soluciones acordadas entre las partes. Será un momento clave para confirmar si la apertura al diálogo se traduce en compromisos reales y efectivos.

Desde los movimientos ciudadanos el mensaje es claro: la participación en el Plan Regulador no es un privilegio, sino un derecho democrático que garantiza que las decisiones sobre el territorio respondan al interés colectivo y no únicamente a intereses comerciales o particulares.

“Nos vemos el martes”, expresan las organizaciones, reafirmando la convocatoria a la comunidad escazuceña para llenar nuevamente el Concejo Municipal y dar seguimiento a los acuerdos. Pueden ver el post de facebook aquí y seguir toda la información.

La fuerza de la movilización ciudadana

La apertura de la mesa de negociación no fue un gesto espontáneo de la administración municipal, sino el resultado directo de la organización y presión de la ciudadanía. Desde las primeras denuncias de CODECE y colectivos locales, hasta la concentración de más de un centenar de vecinos y vecinas en las afueras del Concejo Municipal, la participación comunitaria se convirtió en el motor que obligó a las autoridades a escuchar y abrir un espacio formal de diálogo.

La movilización ha demostrado que el involucramiento activo de la población puede cambiar el rumbo de decisiones que parecían cerradas. Frente a intentos de limitar la incidencia ciudadana, la respuesta colectiva puso sobre la mesa que el territorio es un asunto de interés público y no exclusivo de oficinas técnicas o de intereses inmobiliarios.

Más allá de la coyuntura inmediata, esta experiencia deja un aprendizaje clave: solo con presencia, vigilancia y articulación comunitaria es posible defender los bienes comunes, el derecho a la ciudad y la transparencia en la gestión municipal.

En Escazú, la voz organizada de la ciudadanía logró abrir una negociación que hasta hace pocos días parecía impensable. El desafío ahora es que los acuerdos se concreten en mecanismos reales de participación, y que la movilización se mantenga como una herramienta de defensa del territorio y la vida comunitaria.

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Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.

Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:

“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.

La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.

El “cálculo” político

La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.

El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.

El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?

En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.

Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón

En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.

Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.

Las experiencias vecinales lo confirman:

  • La falta de agua y la incertidumbre sobre su disponibilidad se han vuelto problemas cotidianos.
  • Los desbordamientos e inundaciones, cada vez más frecuentes, generan temor y cuestionan la ausencia de gestión preventiva.
  • La mezcla de negocios dentro de barrios residenciales genera tensiones que, con el tiempo, han consolidado un desorden que degrada la armonía comunitaria y reduce el valor residencial de las viviendas.

Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.

Intervención Javier Sánchez – CODECE

Cuando un post intenta silenciar a la ciudadanía: el debate por el Plan Regulador de Escazú

En Escazú han aparecido en redes sociales mensajes políticos que, en apariencia, buscan defender la “técnica” y la “responsabilidad institucional” frente al Plan Regulador. Sin embargo, al revisar con cuidado sus afirmaciones y confrontarlas con el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), salta a la vista que se trata de discursos que manipulan los hechos, deslegitiman la organización vecinal y reducen la participación a un mero trámite. En resumen, según el INVU: es cierto que no es obligatoria la creación de una Comisión de Plan Regulador; también es cierto que se trata de una práctica recomendable, reconocida por el manual, porque articula a regidores, técnicos y ciudadanía; y es falso o, al menos, profundamente sesgado afirmar que la Comisión es irrelevante o un “estorbo político”, pues el INVU la define como un espacio fundamental de apoyo y seguimiento. En este análisis, mostramos por qué estas posturas no solo son equivocadas, sino también dañinas para la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.

1. ¿Quién elabora el Plan Regulador?

En los últimos días han circulado en redes sociales mensajes que sostienen que en el pasado el atraso del Plan Regulador de Escazú se debió a que algunos alcaldes lo dejaron en manos de una “comisión de Plan Regulador” sin el conocimiento técnico suficiente. Esta afirmación, aunque puede sonar creíble para quien no conoce el marco normativo, es una simplificación que tergiversa la realidad. El propio manual del INVU aclara que la Comisión de Plan Regulador es un órgano especializado designado o creado por la municipalidad, encargado de participar en las fases de elaboración y gestión, y de brindar acompañamiento al equipo planificador (INVU, 2017, p. 12). No se trata de un actor externo que sustituye a la Municipalidad, sino de una figura reconocida institucionalmente.

Al presentar a las comisiones como espacios incapaces o carentes de compromiso, se oculta que el rezago histórico de muchos cantones responde a problemas más estructurales: falta de recursos, ausencia de voluntad política sostenida, y deficiencias en la coordinación interinstitucional. No fue por “comisiones manipuladas”, sino por la debilidad del Estado en asegurar continuidad a los procesos de planificación. Así lo reconoce el manual al señalar que el INVU, junto con otras instituciones competentes, debe articular esfuerzos y acompañar a los gobiernos locales con equipos multidisciplinarios (INVU, 2017, p. 113).

Además, el manual indica con claridad que el Plan Regulador es un proceso técnico, político y participativo. Nunca ha sido exclusivamente un asunto de especialistas. La visión de que los técnicos “puros” deben controlar todo y los vecinos solo escuchar es contraria a lo que establece la normativa. Se requiere conocimiento especializado, sí, pero también una lectura social, cultural y ambiental que ningún grupo de técnicos puede abarcar por sí solo.

La narrativa que responsabiliza a las comisiones no es ingenua: al culpabilizar a estos espacios vecinales de los rezagos, se construye un enemigo conveniente para justificar el control centralizado por parte de la administración municipal. Se transmite la idea de que solo bajo el mando de un alcalde y su equipo técnico se puede avanzar, eliminando la dimensión política y social de la planificación.

Lo que está en juego aquí es la visión misma de cómo se gobierna el territorio: ¿como un proceso abierto y democrático, donde se reconocen las capacidades de múltiples actores, o como una tarea jerárquica donde la ciudadanía es vista como obstáculo? El manual del INVU, al incluir a las comisiones como actores válidos, desmiente la postura de quienes reducen su papel a un estorbo político.

La participación ciudadana no es un adorno

Otro de los puntos centrales de los discursos que circulan es la idea de que la actual oposición al Plan Regulador responde a una campaña de desinformación impulsada por partidos políticos y candidatos en búsqueda de vitrina electoral. Esto sugiere que los vecinos solo se movilizan cuando están manipulados y que, en ausencia de estas fuerzas partidarias, la ciudadanía no tendría la capacidad ni el interés de organizarse. Se trata de una visión profundamente paternalista y despectiva hacia la ciudadanía.

El manual, en cambio, es enfático al señalar que la participación ciudadana es un requisito fundamental y no puede reducirse a un trámite simbólico. Se define como “un proceso de construcción de acuerdos donde la ciudadanía puede incidir en el contenido del plan” (INVU, 2017, p. 45). Es decir, no se trata de escuchar opiniones para luego desecharlas, sino de generar espacios donde esas opiniones influyan en la propuesta final.

Al sugerir que la organización comunitaria es solo fachada de partidos, se invisibiliza el hecho de que en muchos cantones —incluido Escazú— los procesos de cuestionamiento al Plan Regulador han surgido de vecinos preocupados por temas ambientales, patrimoniales o de desarrollo local. No todas las voces críticas responden a agendas electorales. Este tipo de acusaciones buscan restar legitimidad a la participación y evitar que se discuta el fondo de los problemas.

Además, la ley misma obliga a la participación: la Audiencia Pública está contemplada en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana como un acto legal y administrativo en el que el gobierno municipal debe someter a consulta el Plan Regulador. Presentarla como una concesión graciosa o como una amenaza partidaria es tergiversar su naturaleza. La participación no es una dádiva, es un derecho.

El daño de esta narrativa es profundo. Al insistir en que la ciudadanía no puede organizarse sin ser manipulada, se genera desconfianza en cualquier iniciativa vecinal autónoma. Se establece un marco en el que la comunidad aparece siempre como sospechosa, como masa manipulable, incapaz de pensar por sí misma. Este tipo de discurso no solo erosiona la legitimidad del Plan Regulador, sino que degrada la relación entre ciudadanía e instituciones.

El mito del “criterio técnico puro”

Algunos mensajes en redes también defienden que votar contra una moción ciudadana es “defender los criterios técnicos” y “evitar un error legal”. Aquí se instala otro mito: el de que las decisiones en ordenamiento territorial pueden tomarse únicamente con base en la técnica, como si lo técnico fuera neutral, apolítico y suficiente para guiar el futuro del cantón.

El manual es claro en contradecir esta visión. Define el ordenamiento territorial como un proceso administrativo, político y participativo, sustentado en soportes legales, técnicos y científicos, pero siempre atravesado por la negociación y la toma de decisiones entre diversos actores sociales (INVU, 2017, p. 13). Dejar por fuera lo político o lo participativo es desnaturalizar el proceso.

Los criterios técnicos son indispensables, pero no existen en el vacío. Están condicionados por intereses, visiones de desarrollo, prioridades ambientales y sociales. Un estudio de capacidad de uso del suelo, por ejemplo, no dicta por sí solo qué se debe hacer con un territorio: requiere interpretación, negociación y definición de prioridades. Creer que la técnica es suficiente es una manera de ocultar las decisiones políticas detrás de un lenguaje aparentemente objetivo.

Más aún, el manual advierte que la apropiación social del Plan Regulador es la única garantía de su vigencia y cumplimiento en el tiempo (INVU, 2017, p. 52). Un plan diseñado sin debate social puede ser aprobado formalmente, pero será débil en la práctica, porque carece del respaldo comunitario necesario para su implementación.

Por eso, el argumento de que “defender lo técnico” significa rechazar la moción vecinal es profundamente contradictorio: lo técnico exige abrir espacios de deliberación, no cerrarlos. Lo técnico no puede ser excusa para deslegitimar la política democrática.

La institucionalidad que se enreda sobre sí misma

Los discursos que circulan en redes y se presentan como defensa de la institucionalidad, en realidad la debilitan. Al presentar la crítica como “desinformación” y la participación ciudadana como manipulación, se genera un clima de confrontación donde la confianza en las instituciones se erosiona aún más. Paradójicamente, se acusa a la ciudadanía de crear caos, cuando en realidad son estos relatos los que producen desconfianza al negar el derecho de los vecinos a cuestionar y proponer.

El manual señala que uno de sus objetivos centrales es fortalecer la participación activa, consciente y democrática de diversos actores sociales en la elaboración y gestión de los Planes Reguladores (INVU, 2017, p. 4). La administración municipal debería ser la primera en defender este principio, pero al contrario, se construye un relato en el que los actores sociales son vistos como amenaza y obstáculo.

Este tipo de contradicciones hacen que la institucionalidad se enrede sobre sí misma. Se defiende un Plan Regulador en nombre de la técnica, pero se ataca la participación que lo hace legítimo. Se habla de responsabilidad, pero se descalifica a quienes ejercen su derecho a cuestionar. Se invoca la legalidad, pero se pasa por alto que la ley misma establece la consulta pública como obligación.

La consecuencia es una espiral de desconfianza: los vecinos sienten que sus preocupaciones son invisibilizadas; los políticos refuerzan la idea de que la ciudadanía es incapaz de organizarse sin manipulación; y el Plan Regulador, que debería ser una herramienta de unión y planificación colectiva, se convierte en símbolo de exclusión y conflicto.

Lo que se pierde en este proceso no es solamente un debate técnico sobre zonificación o uso de suelo. Lo que se erosiona es la posibilidad de construir una democracia local fuerte, donde los vecinos y el municipio puedan deliberar con confianza sobre el futuro común.

¿Por qué debemos reflexionar sobre esto?

El Plan Regulador de Escazú no es un simple documento técnico, ni un campo de batalla electoral. Es, ante todo, una herramienta de futuro común. Pretender reducirlo a un asunto exclusivo de técnicos o a un botín político partidario no solo contradice el manual del INVU, sino que socava la confianza en las instituciones y en la democracia local.

El verdadero riesgo para Escazú no está en la crítica vecinal, sino en la incapacidad de la administración para abrirse al diálogo. Al etiquetar toda oposición como “desinformación”, se cierra el espacio de participación que la ley y el manual reconocen como esencial. Sin esa participación, cualquier plan corre el riesgo de fracasar en su implementación, porque carece del respaldo social que lo sostenga en el tiempo.

En un contexto donde la crisis de confianza en las instituciones es cada vez más aguda, insistir en discursos que infantilizan a la ciudadanía es una estrategia peligrosa. No hay democracia sin participación autónoma, crítica y organizada. Escazú merece un Plan Regulador que no solo ordene el territorio, sino que también fortalezca el tejido democrático.

Como bien lo recuerda el INVU:

“La apropiación social del Plan Regulador es la única garantía de su vigencia y cumplimiento en el tiempo” (INVU, 2017, p. 52).

Ese es el reto que está en juego.

Referencia

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). (2017). Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. San José, Costa Rica.

Leer antes de opinar: el manual como punto de partida contra la desinformación

Un aspecto que no puede pasar desapercibido es la facilidad con la que algunas figuras políticas difunden desinformación sobre el Plan Regulador en redes sociales, sin remitirse previamente a la documentación oficial que lo regula. Estos mensajes suelen acusar a las comisiones, desconfiar de la ciudadanía, invocar “criterios técnicos” como si fueran verdades absolutas y omitir la dimensión participativa del proceso. Pero estas afirmaciones se desmoronan cuando se contrastan con el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial, elaborado y aprobado por el INVU, donde se detallan los pasos, responsabilidades y principios que orientan el ordenamiento territorial.

Antes de descalificar a vecinos u organizaciones, es indispensable consultar este manual. Allí se establece con claridad que el ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y participativo, en el cual la ciudadanía no solo tiene derecho a expresarse, sino un rol activo y vinculante (INVU, 2017, p. 13). Ignorar este marco normativo genera mensajes erróneos que confunden a la población y, al mismo tiempo, socavan la confianza en las instituciones públicas.

Además, el manual demuestra que el Plan Regulador no es propiedad de un alcalde, de un equipo técnico ni de un partido político: es una herramienta colectiva que debe construirse desde múltiples miradas. Presentarlo como un asunto exclusivo de especialistas, o usarlo como plataforma de campaña, no solo distorsiona su propósito, sino que alimenta la desinformación que obstaculiza el diálogo social.

Por eso, la invitación es clara: antes de difundir declaraciones en redes sociales que descalifican o polarizan, es necesario informarse en las fuentes oficiales. El manual del INVU no es un documento accesorio, es la base que define las etapas, principios y obligaciones que rigen a las municipalidades y a los actores sociales. Conocerlo es el primer paso para evitar que la discusión pública se vea contaminada por discursos engañosos o interesadamente sesgados.

Fortalecer el Plan Regulador implica, en primera instancia, un compromiso con la verdad y con la ciudadanía. Ese compromiso comienza con algo tan sencillo como leer las fuentes primarias y evitar la circulación de mensajes infundados. Solo así se puede construir confianza y garantizar que el debate democrático sobre el futuro de Escazú se sustente en evidencia, y no en consignas.

La mejor herramienta contra la desinformación es la información pública puesta al servicio de todas las personas.

Pueden descargar el manual aquí.

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¿Está Escazú relegando la participación ciudadana a un papel sin incidencia real en su Plan Regulador?

Próxima sesión clave Martes 19 de agosto: El Concejo Municipal de Escazú discutirá nuevamente el tema tras recibir el dictamen de su Comisión Jurídica. Organizaciones como CODECE y vecinos llaman a llenar la sala para exigir que se respete la figura de la Comisión Especial y, con ella, la voz y voto de la comunidad en la planificación del territorio.

El pasado 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú rechazó —por cinco votos contra dos— restituir la Comisión Especial del Plan Regulador, el mecanismo que permitía a personas y comunidades participar de manera directa en la definición del futuro territorial del cantón. Los dos votos a favor, emitidos por Mario Arce y Marcela Quesada, representan la posición minoritaria que defendió activamente la participación ciudadana frente a un Concejo mayoritariamente cerrado a la inclusión vecinal (Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller). En su lugar, se mantiene la figura de una supuesta “Oficina del Plan Regulador” sin representación vecinal, lo que, en la práctica, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso y a talleres sin carácter vinculante.

Esta decisión, lejos de ser un asunto meramente administrativo, refleja un modelo institucional donde la participación se concibe como un trámite formal, no como un ejercicio efectivo de incidencia.

¿Qué dice la legislación costarricense?

La Constitución Política (artículo 9) establece que Costa Rica es una república “popular, representativa y participativa”. Esto implica que el pueblo no solo elige representantes, sino que también tiene derecho a involucrarse directamente en la toma de decisiones públicas.

En materia urbanística, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) es clara:

  • El Plan Regulador es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y define usos de suelo, zonas de protección y áreas de expansión.

  • La ley y su reglamento reconocen a las Comisiones Especiales del Plan Regulador como órganos que integran representación técnica y ciudadana, con voz y voto en todas las fases: diagnóstico, formulación, aplicación y revisión.

  • La participación no se limita a “opinar” en audiencias públicas; debe garantizarse en todo el ciclo de planificación.

Reducir la participación ciudadana a una única audiencia de consulta o a talleres recopilatorios —que, según la Ley de Planificación Urbana, no son vinculantes en cuanto a sus resultados— contradice el espíritu participativo de la norma y debilita el control ciudadano sobre decisiones que pueden modificar de forma significativa e irreversible el entorno ambiental, social y económico del territorio.

Consultar no es participar

Un error frecuente en la gestión pública es confundir consulta con participación.

  • Consultar es pedir opinión (a veces, tarde y sin consecuencias reales en la decisión).

  • Participar es tener espacios permanentes y con capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y planes.

En los planes reguladores, la verdadera participación significa:

  • Acceso temprano a la información y a los estudios técnicos.

  • Derecho a proponer modificaciones y escenarios.

  • Poder de decisión en las comisiones mixtas donde se delibera el contenido del plan.

  • Seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprobado.

Cuando las comunidades son excluidas de las fases iniciales y solo se les convoca para validar (o no) un documento ya cerrado, la participación se convierte en un ejercicio simbólico.

Un retroceso democrático

En el fondo, la decisión del Concejo Municipal no es un hecho aislado: es un síntoma de una tendencia peligrosa en la gestión pública, donde se vacían de contenido los mecanismos de participación establecidos por la ley.

Al eliminar la Comisión Especial del Plan Regulador y delegar todo en una oficina técnica sin representación ciudadana:

  • Se concentra el poder en pocas manos, reduciendo el control social.

  • Se invisibiliza el conocimiento local que aportan comunidades, asociaciones y personas con experiencia directa sobre las necesidades y particularidades del territorio.

  • Se rompe la confianza institucional, pues la ciudadanía percibe que sus aportes no tienen valor real en las decisiones finales.

  • Se sienta un precedente que otros municipios podrían imitar, debilitando progresivamente la cultura democrática.

En términos políticos, se trata de una regresión: se pasa de un modelo de democracia participativa a uno meramente representativo y tecnocrático, donde las decisiones se toman puertas adentro, bajo la lógica de que “los expertos saben mejor”. Este enfoque no solo contradice el marco legal costarricense, sino que también erosiona la legitimidad de las políticas urbanas y abre la puerta a decisiones con sesgo político o económico.

Lo que está en juego

La manera en que se construye un plan regulador tiene efectos que duran décadas. No es un documento técnico más:

  • Define cómo y dónde se puede construir, qué áreas se protegen, dónde habrá comercio, industria o vivienda.

  • Determina el uso y la conservación de recursos naturales, incluyendo agua, suelos, bosques y zonas de riesgo.

  • Moldea la identidad cultural y paisajística del cantón, influenciando su atractivo, su calidad de vida y su cohesión social.

Cuando se excluye a la ciudadanía de estas decisiones, se corre el riesgo de:

  • Facilitar la especulación inmobiliaria y la urbanización descontrolada.

  • Desproteger áreas de alto valor ambiental o patrimonial por falta de presión comunitaria.

  • Aumentar conflictos socioambientales, ya que las decisiones se perciben como impuestas y no consensuadas.

  • Perder oportunidades de desarrollo inclusivo, porque se ignoran visiones, propuestas y necesidades que solo emergen del diálogo con quienes habitan el territorio.

En términos democráticos, lo que está en juego es el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y en términos prácticos, lo que se arriesga es la sostenibilidad misma del territorio: un plan regulador sin participación activa puede ser funcional para intereses privados, pero es incapaz de garantizar un equilibrio entre desarrollo, justicia social y protección ambiental.

La pregunta clave es: ¿sirve para algo “consultar” si al final las decisiones ya están tomadas, o si las observaciones llegan demasiado tarde para incidir? La participación real demanda más que un espacio formal: exige reconocimiento, análisis y transformación de lo consultado en el contenido final del plan.

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Un apellido difícil, una causa clara: defender la vida en el Caribe Sur

“¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?”
 Mafalda – Quino

Las cosas suceden porque sí; sencillamente, tocaba. La ley de la inercia es difícil de evitar: si te tropiezas y no recuperás el equilibrio, terminás en el suelo. Así fue como conocí al protagonista de esta columna. Sin más, llegó. Resulta que un domingo nos encontramos por la inercia de la conflictividad socioambiental en Costa Rica. En el Caribe Sur le llaman tala y relleno de humedales. Así conocí a Philippe Vangoidsenhoven, precisamente mientras denunciaba daños ambientales en Playa Negra. Pero pronto entendí que su experiencia —tan complicada como pronunciar su apellido por primera vez— se extiende a todo el Caribe Sur..

Desde entonces, una pregunta me ha perseguido constantemente: ¿qué vive esta persona que parece tener dos vidas? Una dedicada a subsistir y arreglárselas como puede, y otra entregada, a capa y espada, a la defensa de los ecosistemas del Caribe Sur, incluso pagando de su propio bolsillo todo lo necesario para documentar y presentar las denuncias.

Nunca se lo he preguntado de forma tan directa, porque podría sonar entrometido. Al final de cuentas, solo soy uno más que llega desde la universidad pública a hacerle preguntas obvias, de esas que —no me cabe duda— debe estar cansado y harto, casi tanto como de la poco sana costumbre de ser demandado y tener que ir a Bribri un día sí y otro también.

Gracias a nuestras conversaciones y mensajes de WhatsApp, hoy puedo escribir este artículo y tratar de sanar esa curiosidad que aquí expongo: ¿cómo será un día en la vida de una persona defensora ambiental? Ojalá esta columna sirva también de guía para las personas universitarias, para que no repitan preguntas obvias.

Lo primero que uno suele preguntar es: ¿ya hizo la denuncia?, ¿llamó a la policía?, ¿reportó al MINAE? Craso error. Lo primero que viven estas personas es un laberinto colmado de obstáculos burocráticos y legales. Las autoridades muchas veces actúan con lentitud o desinterés ante sus denuncias, lo que impide frenar los daños a tiempo. En algunos casos, incluso se otorgan permisos irregulares para actividades que violan normativas ambientales.

Pero supongamos que no puede haber una pared tan alta. Pues sí la hay. Muchas de estas actividades representan intereses muy fuertes. Y aquí viene la segunda cuestión: no basta con un aparato indiferente, sino que también sufren persecución por parte de intereses económicos que buscan garantizar sus ganancias a toda costa.

Es algo “normal” que incomoden. Por eso se exponen a que tanto el Estado como esos intereses promuevan su criminalización y estigmatización. Es frecuente ver sus imágenes en redes sociales como si fueran los incómodos del barrio, enemigos públicos o personas no gratas por negarse a un supuesto “desarrollo”. Esto escala, porque el Estado alimenta esa narrativa, dando cabida a demandas que buscan desestimular, desacreditar o silenciar su labor.

¿Cómo les silencian? Hasta es insulto la pregunta. A Philippe lo han amenazado en la puerta de su negocio, le han matado a sus perros, le han roto el parabrisas, le han lanzado el celular al otro lado del humedal, le han quebrado un dedo y golpeado la cabeza.

Tal vez se pregunten a esta altura: ¿cómo permite Dios tal injusticia? La respuesta es tan simple como triste: hay una ausencia de garantías de protección para las personas defensoras del ambiente. En todo ese entramado legal, no existen mecanismos eficaces ni sostenidos de protección institucional. Es decir, su figura no está contemplada: se les trata como a cualquier otra persona, sin considerar los riesgos de esta labor.

Y cuando creemos que no puede ser peor, surge otra pregunta que deberíamos haber hecho desde el inicio: ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Porque esa simple pregunta puede marcar la diferencia. Estas personas están en un riesgo físico y emocional constante. Todo lo anterior —agresiones, amenazas, hostigamiento— las expone a un peligro real para su integridad.

Así que, cuando escuchemos o leamos la palabra “defensores ambientales”, acerquémonos desde sus experiencias, valoremos sus saberes y prácticas. Y, lo más importante, antes de cualquier cosa, preguntemos siempre: ¿cómo estás?

Observatorio de Bienes Comunes