Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental activo en el Caribe Sur, continúa con el seguimiento del caso relacionado con la tala de árboles en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas del AyA en Puerto Viejo.
Según el relato de Philippe, el proceso inició cuando una vecina solicitó al Juzgado Agrario permiso para talar dos árboles que presentaban riesgo hacia su vivienda. Sin embargo, la autorización final contempló la tala de ocho árboles, argumentando condiciones similares de peligro.
Durante una reunión pública organizada por el AyA, en la que estuvo presente Philippe, se habló únicamente de una tala ‘preventiva’ por razones de seguridad, tal como consta en los folletos informativos elaborados por la institución. En ningún momento se mencionó que la madera sería retirada o aprovechada, lo que generó preocupación en el seguimiento posterior.
En una visita reciente al sitio (24 de mayo 2025), Philippe observó que varios de los troncos ya no estaban, además de rastros de aserrín, lo cual indicaría procesamiento de madera en el lugar. Esta observación contrasta con lo dicho por el AyA y con lo establecido en la sentencia judicial, que exige coordinación con SINAC para cualquier disposición de la madera.

“No veo en ningún lado de la resolución que diga que se puede cortar el árbol en pedazos, montarlo y sacarlo. Solo habla de la tala por peligro. ¿Por qué se llevaron todo? Es raro. En el bosque, esos árboles caídos tienen su función ecológica”, señaló Philippe tras leer el fallo judicial.
De acuerdo con el análisis legal realizado, la sentencia del expediente 24-000326-0465-AG permite la corta de los árboles señalados, pero bajo estrictas condiciones: sin dañar la vegetación circundante, sin dejar residuos, y con obligación de coordinar con SINAC cualquier disposición de madera.
El retiro de los troncos sin evidencia de dicho trámite podría constituir una posible violación ambiental, lo que refuerza la importancia de este tipo de monitoreo comunitario. Además, es crucial considerar el manejo adecuado de los residuos de tala, como troncos, ramas y pedazos de madera, ya que estos cumplen funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas. Por ejemplo, la madera caída sirve como refugio para fauna silvestre, contribuye a la retención de humedad, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento del suelo. En bosques tropicales, estos elementos favorecen la regeneración natural y sostienen cadenas tróficas importantes, por lo que su remoción indiscriminada puede alterar significativamente los equilibrios ecológicos locales.
Philippe indica que la situación ya fue comunicada al Ministerio Público, y se mantienen abiertas las dudas sobre:
- ¿Quién retiró los troncos?
- ¿Se tramitó autorización ante SINAC?
- ¿Qué destino tuvo la madera extraída?
Este caso refuerza la necesidad de transparencia y control ciudadano en los procesos que involucran recursos naturales y posibles impactos ambientales. El seguimiento continúa.
Visita de campo de Philippe: zona de humedal y protección de quebradas
Philippe también advierte que el área intervenida corresponde a un humedal, algo evidente al observar la vegetación característica, como hojas largas que sobresalen de las conocidas plantas como Orejas de Burro, típicas de estos ecosistemas. Además, uno de los árboles talados se encontraba a escasos metros de un arroyo visible en fotos y videos tomados en el lugar.
“Debemos tener claro que los arroyos, quebradas y ríos tienen un margen de 15 metros de protección en el que no se puede tocar absolutamente nada”, subrayó Philippe. Recordó que en una ocasión anterior, al consultar a Marcelo Pacheco —exfuncionario del MINAE— sobre un árbol caído en una quebrada, este le indicó que solo se puede mover para facilitar el flujo de agua, pero nunca retirarlo ni aprovecharlo, ya que está dentro de la zona de protección.
A juicio del defensor, lo ocurrido en este caso parece una estrategia para justificar la tala y posterior aprovechamiento de madera: “Estos son trucos para talar los árboles, los cortan en pedacitos. Por eso dicen que va a tardar tres semanas. Pero talar ocho árboles se hace en dos días si se sigue la normativa”.
Material informativo entregado por el AyA


La función ecológica de los árboles caídos
Aunque a simple vista puedan parecer desechos naturales, los árboles caídos cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Al descomponerse, sus troncos y ramas aportan nutrientes al suelo, favoreciendo la fertilidad y el crecimiento de nuevas plantas. Además, funcionan como refugio y fuente de alimento para muchas especies de insectos, hongos, aves, mamíferos y reptiles.
Los árboles caídos también ayudan a retener humedad en el suelo y a reducir la erosión en áreas boscosas. En cuerpos de agua cercanos, los troncos sumergidos proporcionan sombra, oxigenación y hábitat para peces y otros organismos acuáticos. Así, lejos de ser un desperdicio, los árboles caídos son parte vital del ciclo de la vida en los bosques y otros entornos naturales.
¿Cómo debe realizarse legalmente una tala por peligro y el retiro de madera?
En Costa Rica, incluso cuando se autoriza la tala de árboles por peligro, existen normativas ambientales estrictas que regulan el procedimiento y el destino del material extraído. Estos casos se rigen principalmente por la Ley Forestal N° 7575, la Ley de Biodiversidad, y reglamentaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
- Autorización judicial o técnica
Cuando se trata de árboles que representan un peligro, como en este caso, el derribo puede ser autorizado por un juez con base en informes técnicos de entidades como el SINAC o el AyA. Sin embargo, esta autorización no implica automáticamente permiso para disponer o retirar la madera.
- Permiso de aprovechamiento forestal
Para mover, transportar, almacenar o transformar la madera resultante, se requiere un permiso específico de aprovechamiento forestal, gestionado ante el SINAC. Este permiso detalla:
- Qué tipo de madera será aprovechada.
- Volumen estimado.
- Destino final (uso propio, comercialización, etc.).
- Medio de transporte y ruta.
- Guía de transporte
Además del permiso, el retiro de troncos o madera procesada debe ir acompañado de una guía de transporte forestal, que respalda la legalidad del traslado. Esta guía debe estar físicamente presente durante el transporte y ser entregada a solicitud de las autoridades.
¿Qué pasa si se omite este proceso?
El retiro o uso de madera sin estos permisos constituye una infracción a la Ley Forestal, y puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo:
- Decomiso del material.
- Multas.
- Denuncias ante el Ministerio Público por posible delito ambiental.
Por eso, aunque la corta haya sido autorizada judicialmente por motivos de seguridad, el manejo posterior de la madera está estrictamente regulado. Cualquier omisión en este proceso levanta señales de alerta sobre una posible irregularidad.
Philippe afirma que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de nueva extracción: “Si vuelven a trabajar ahí, voy con las autoridades. No van a sacar más madera. Muchas veces ese material se usa para rellenar otros humedales, y eso no puede ser. Si se tala por peligro, se deja el árbol ahí y se acabó el trabajo”.
Material fotográfico sobre los cambios en la región
Las siguientes imágenes, correspondientes a los años 2004 y 2023, muestran la transformación del paisaje en el área cercana a la planta de tratamiento del AyA. En la imagen de 2004 se observa una cobertura boscosa densa y continua, característica de una zona con baja intervención humana. Sin embargo, al comparar con la imagen de 2023, se evidencia una notable reducción del área boscosa, sustituida progresivamente por infraestructuras y asentamientos urbanos. Este contraste ilustra el avance sostenido del proceso de urbanización y el cambio en el uso del suelo, que ha fragmentado los espacios naturales y modificado significativamente la cobertura vegetal de la zona.
2004
2023


Material audiovisual de la visita de campo del 24 de mayo 2025
Estas imágenes se incorporan con fines estrictamente educativos y de interés público, en el marco de una reflexión crítica sobre el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura boscosa y los casos de tala en contextos de posible riesgo ambiental y seguridad pública, con el objetivo de comprender cómo se llevan a cabo estas intervenciones y sus implicaciones.