La pasada visita del Observatorio de Bienes Comunes a la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, sigue generando hallazgos que confirman la dimensión estructural del abandono institucional. Tras la publicación del caso —donde se evidenció la falta de inversión pública, la contradicción en la planificación territorial y la persistente extracción de materiales del Río Frío— nuevos testimonios refuerzan la pregunta central: ¿cómo es posible que una comunidad ubicada a menos de 500 metros del centro del cantón reciba respuestas que parecen más excusas que criterios técnicos?
Una lógica que no cierra
Durante una conversación reciente, un vecino de Calle Álvarez expresó con claridad la contradicción que vive la comunidad:
“Aquí lo que se escucha es que las instituciones no pueden hacer nada por nosotros, porque lo que hagan aquí —si rellenan o arreglan— afecta al centro. Pero uno se queda asustado… ¿Cómo es posible? Si somos parte del centro. ¿Cómo han rellenado y pavimentado San Rafael de Guatuso y nunca han tomado en cuenta que nosotros somos afectados?”
Este testimonio expone una situación que trasciende el deterioro físico de la calle. Se trata de una decisión institucional basada en criterios poco consistentes, donde las razones técnicas se invocan de manera selectiva: sirven para bloquear intervenciones en unos sectores, pero desaparecen cuando se avalan obras en otros.
El barrio más antiguo… y el menos atendido
La comunidad recuerda que Calle Álvarez es el barrio más antiguo de San Rafael de Guatuso. Sin embargo, cuando solicitan soluciones para el aislamiento que enfrentan en cada inundación, la respuesta es un “no se puede” constante.
Paradójicamente, mientras se niegan intervenciones en esta zona argumentando posibles afectaciones aguas abajo, otros barrios sí han recibido rellenos, pavimentación e intervenciones completas, sin que las instituciones planteen los mismos reparos hidráulicos.
La pregunta del vecino resume el sentimiento colectivo:
¿Cómo es posible que se use el argumento del riesgo solo cuando conviene, pero no para garantizar condiciones básicas de seguridad y movilidad?
¿Dónde están los estudios técnicos?
La comunidad también señala la ausencia de información clara:
“¿Dónde están los ingenieros hidráulicos de la Comisión de Emergencias? ¿Dónde están los estudios reales que digan qué se puede hacer para minimizar inundaciones y permitir que quienes quedamos incomunicados podamos salir en una emergencia?”
Esta ausencia de criterios actualizados y transparentes refuerza la percepción de improvisación y desigualdad institucional. Sin estudios sólidos, las restricciones parecen más una barrera política que una consideración técnica.
Aislamiento no es destino: es decisión
Lo que vive Calle Álvarez no es un hecho “natural” ni un problema inevitable. Es el resultado de una cadena de decisiones públicas que ha permitido:
- -La extracción de materiales del río sin considerar los impactos acumulados.
- -La autorización de proyectos en zonas vulnerables.
- -La falta de inversión en infraestructura mínima para garantizar acceso.
- -La ausencia de criterios uniformes y coherentes para planificar el territorio.
La vulnerabilidad, en este caso, no es una condición del territorio, sino una condición producida.
Seguimiento y llamado a la responsabilidad pública
Desde el Observatorio de Bienes Comunes continuaremos documentando y acompañando este caso. El testimonio del vecino no es una anécdota: es una evidencia clara de las contradicciones institucionales que profundizan las desigualdades territoriales.
Calle Álvarez exige —y merece— respuestas técnicas reales, decisiones transparentes y, sobre todo, la garantía de que ninguna comunidad quede aislada en emergencias por falta de voluntad política.
