En este video recogemos voces y reflexiones de comunidades cabécares y bribris de Talamanca, quienes analizan colectivamente el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF). Desde Alto Coén y Barrio Escalante, se cuestionan los impactos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus implicaciones para la autonomía y la vida comunitaria.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha insistido en que el futuro de la humanidad depende de la capacidad de resistir y recomenzar desde lo colectivo. Durante el 2025, los zapatistas han lanzado una invitación a reflexionar sobre la tormenta y el día después, desplegando una reflexión radical que parte de una hipótesis inquietante: ¿qué pasa cuando el mundo tal como lo conocemos —con sus instituciones, tecnologías y certezas— se derrumba?
La “tormenta” no es una catástrofe imaginaria del futuro, sino la condensación de múltiples crisis actuales: cambio climático, violencia patriarcal, racismo estructural, destrucción de territorios, guerras y despojo. El EZLN la nombra como algo que ya se vive en carne propia, especialmente en los pueblos originarios que enfrentan la devastación desde hace siglos.
El planteamiento zapatista subraya que lo que se presenta como “excepcional” para el Norte Global —huracanes, pandemias, guerras, colapsos financieros— no es sino la normalidad para quienes siempre han habitado en los márgenes. Así, la tormenta es la intensificación de un sistema que, al crecer, devora todo lo que encuentra a su paso.
Pero el núcleo de la reflexión zapatista no es sólo la denuncia de la tormenta, sino la advertencia sobre el “día después”. Una vez colapsado el sistema, el peligro es que las personas intenten reconstruir sobre las mismas bases: Estado centralizado, propiedad privada, jerarquías patriarcales y raciales, explotación del trabajo y de la naturaleza.
El EZLN recuerda que esa ha sido la lógica de muchos procesos históricos: movimientos que nacieron para resistir un poder acaban reproduciendo sus mismos vicios. Por eso la reconstrucción no puede ser una “continuidad con cambios”, sino un recomenzar desde otros principios.
Frente a esa encrucijada, el zapatismo coloca el bien común como eje. No lo entiende como una consigna abstracta ni como el patrimonio regulado por el Estado, sino como la práctica concreta de la asamblea comunitaria.
En esa asamblea, cada persona ofrece sus saberes: cultivar, curar, construir, enseñar, reparar, imaginar. El valor de alguien no se mide por títulos ni por acumulación de riqueza, sino por lo que aporta a la vida colectiva. La organización se orienta a garantizar lo esencial: comida, salud, educación, techo, respeto. El bien común es, en ese sentido, una ética de lo necesario compartido.
El zapatismo insiste en la necesidad de la imaginación. No se trata de reconstruir el edificio que se derrumbó, sino de crear otros mundos. Sus reflexiones están plagadas de escenas en las que la danza, la música, el dibujo, el teatro o la narración aparecen como semillas de comunidad. El arte no es lujo, sino modo de sostener la esperanza y la memoria en medio de la tormenta.
Del mismo modo, la ciencia aparece no como aparato de prestigio académico, sino como saber aplicado al servicio de la vida. Así, los colectivos de “ciencia aplicada” intentan encontrar soluciones concretas: energía para un quirófano, dispositivos para mejorar la salud, tecnologías comunitarias. El mensaje es claro: la ciencia y el arte, para ser parte del día después, deben despojarse de privilegios y ponerse al servicio de la vida común.
El día después, advierte el EZLN, no será idílico. Implica tensiones, contradicciones y la posibilidad de repetir errores. La tentación de volver a jerarquías patriarcales, a divisiones raciales, a la lógica del dinero y la paga está siempre presente. Por eso, recomenzar no es un acto único, sino un proceso de vigilancia crítica y de creación permanente.
La clave está en que el bien común no sea sólo discurso, sino práctica cotidiana: decidir en común, compartir tareas, evitar la concentración de poder, reconocer y respetar las diferencias. El “día después” es, en última instancia, el espacio donde se juega la posibilidad de que un mundo nuevo no sea copia degradada del viejo.
El pensamiento zapatista sobre la tormenta y el día después es, al mismo tiempo, un diagnóstico y una invitación. Diagnóstico, porque muestra que la tormenta ya está aquí y que la destrucción avanza. Invitación, porque llama a imaginar y construir colectivamente el día después sin repetir las cadenas de opresión.
El bien común, entendido como práctica concreta de vida en común, es el horizonte. La tormenta no es el final, sino la oportunidad de recomenzar. La pregunta que queda abierta es si tendremos la audacia y la humildad para hacerlo.
Las reflexiones del EZLN sobre la tormenta y el día después están atravesadas por una idea central: el bien común como práctica viva. A diferencia de las concepciones tradicionales que lo reducen a la gestión estatal de servicios públicos o a un principio jurídico abstracto, en el zapatismo el bien común se experimenta en lo cotidiano, en la organización comunitaria y en la autonomía de los pueblos.
En sus cartas, el EZLN subraya que la asamblea es el espacio donde el bien común se hace realidad. Allí, cada persona comparte sus capacidades —desde el arte y la ciencia hasta los oficios más sencillos— con el fin de sostener la vida colectiva. El bien común no está en manos de una autoridad central, sino en el compromiso de cada quien con la comunidad. No se mide en utilidades ni en indicadores económicos, sino en la posibilidad de que todas y todos vivan con dignidad.
Otro rasgo distintivo es que el bien común, para el zapatismo, no excluye a nadie. Se funda en la diversidad y en el reconocimiento de las diferencias, sean de género, generación, etnia o saber. De ahí que las mujeres, las infancias y los pueblos originarios tengan un lugar protagónico en la defensa de la vida. El bien común se nutre de la pluralidad, y no de la homogeneidad.
Asimismo, el EZLN plantea que el bien común debe defenderse de dos grandes amenazas: la mercantilización y el poder jerárquico. La primera convierte la tierra, el agua, la cultura o el conocimiento en mercancías. La segunda concentra decisiones en pocas manos, anulando la participación comunitaria. Frente a ello, la apuesta zapatista es clara: lo común se cuida colectivamente, con responsabilidades compartidas y con mecanismos que impidan la acumulación y la dominación.
En este horizonte, el bien común es inseparable de la autonomía. No se trata sólo de administrar recursos, sino de generar formas de vida donde la comunidad pueda decidir qué producir, cómo educar, cómo sanar y cómo gobernarse. En esa autonomía se juega la capacidad de resistir a la tormenta y de preparar el día después.
Volver la mirada a las reflexiones de los pueblos en movimiento, como lo hace el EZLN, es reconocer que en sus prácticas y pensamientos de resistencia y liberación se tejen claves que siguen vigentes frente a la crisis actual. Su apuesta por la vida colectiva, la autonomía y el bien común no es sólo una experiencia local de Chiapas, sino un espejo que permite repensar los desafíos de toda Nuestra América.
En un contexto donde los bienes comunes están amenazados por la expansión extractiva, la privatización y la violencia, la palabra zapatista abre un horizonte de esperanza y crítica. Nos recuerda que la defensa del agua, de la tierra, de los saberes, de los cuerpos y de las memorias no puede desligarse de la lucha por formas de organización más justas, horizontales y plurales.
La práctica zapatista demuestra que el bien común no es un ideal distante, sino una realidad que se construye cada día en la asamblea, en la comunidad y en la autonomía. Esa experiencia concreta enriquece las nociones de los bienes comunes desde una clave latinoamericana y caribeña, donde los pueblos enfrentan tormentas semejantes y buscan también recomenzar sin repetir las cadenas del pasado.
En este cruce de caminos, mirar hacia el EZLN es recordar que hay resistencias vivas que iluminan la posibilidad de otros mundos. Mundos donde la dignidad, la memoria y la vida en común se convierten en los verdaderos fundamentos del día después.
Si quieres profundizar en las reflexiones del EZLN y explorar más sobre su pensamiento y prácticas en torno al bien común, la autonomía y la vida colectiva, puedes visitar sus notas y comunicados oficiales en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/
¡Descarga nuestra infografía y descubre cómo los pueblos en movimiento, como el EZLN, nos enseñan a entender y defender los bienes comunes en la vida cotidiana! Una mirada clara y visual que te invita a reflexionar sobre autonomía, comunidad y otros mundos posibles.
Pueden descargar la infografía aquí
En la entrevista realizada en la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, las integrantes de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza comparten su experiencia de casi tres décadas de trabajo colectivo en torno a la agroecología. Relatan cómo construyeron un espacio comunitario para cultivar alimentos sanos, transmitir saberes a nuevas generaciones y sostener la vida campesina desde la organización de mujeres.
También hablan de las dificultades que hoy enfrentan tras la invasión de la tierra que trabajaban, de la falta de apoyo institucional y del impacto que esta situación ha tenido en sus proyectos y en la vida de la comunidad. Pese a la adversidad, mantienen firme la convicción de defender la tierra como patrimonio colectivo y continuar luchando por la dignidad, la justicia y el bien común.
Te invitamos a escuchar la entrevista completa y conocer de cerca esta historia de resistencia y esperanza.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó recientemente su informe State of Global Water Resources 2024, que advierte sobre el estado crítico de los recursos hídricos en un planeta cada vez más afectado por el cambio climático. Aunque el documento no ofrece balances nacionales detallados, sus hallazgos permiten reflexionar sobre los retos de regiones como Centroamérica y el Caribe, altamente vulnerables a fenómenos extremos y a la presión sobre sus bienes comunes naturales.
El 2024 fue catalogado como el año más cálido desde que se tienen registros, con un aumento sostenido de la temperatura media global. Bajo esas condiciones, fenómenos como El Niño intensificaron sequías en algunas zonas y lluvias extremas en otras, evidenciando que el agua es un bien común en riesgo, cuya gestión requiere información confiable y cooperación internacional.
La región continúa siendo subrepresentada en la observación hidrológica mundial. Pese a algunos esfuerzos de integración en redes de monitoreo, aún existen vacíos en registros sobre caudales, aguas subterráneas o humedad del suelo. Esto dificulta anticipar y mitigar los impactos de sequías prolongadas, huracanes o lluvias torrenciales, fenómenos que se repiten con mayor intensidad en los últimos años.
Aunque el informe de la OMM busca ofrecer una visión global, la escasa representación de Centroamérica en las redes de monitoreo hidrológico constituye un motivo de alarma. Esta ausencia de datos limita la capacidad de entender con precisión los impactos que fenómenos como El Niño, los huracanes o las sequías tienen en la región.
La situación es especialmente delicada porque Centroamérica es una de las zonas más frágiles del continente en términos hídricos y climáticos:
El Corredor Seco Centroamericano, que se extiende desde el sur de México hasta el Pacífico de Costa Rica, es un territorio donde las sequías prolongadas afectan de manera recurrente a las comunidades rurales, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria, la salud y la migración forzada.
Al mismo tiempo, la región enfrenta lluvias extremas y huracanes cada vez más intensos en el Caribe, generando un ciclo de vulnerabilidad doble: falta de agua en algunos territorios y exceso destructivo en otros.
A estas condiciones se suman vulnerabilidades estructurales como la dependencia de la agricultura de subsistencia, la pobreza rural, la débil planificación territorial y la escasa capacidad institucional para responder de manera integrada.
Que Centroamérica aparezca con poca visibilidad en los balances globales significa que uno de los territorios más expuestos y con menos resiliencia frente a la crisis climática queda insuficientemente diagnosticado. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la cooperación regional, ampliar las redes de monitoreo y colocar al agua en el centro de las estrategias de adaptación.
Aunque Costa Rica suele percibirse como un país privilegiado en disponibilidad de agua, enfrenta tensiones que revelan una realidad más compleja:
Acuíferos bajo presión: en distintas regiones se han señalado riesgos de sobreexplotación y contaminación, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad futura de reservas estratégicas.
Eventos extremos: sequías en el Pacífico Norte e inundaciones en el Caribe y el Valle Central se han vuelto más frecuentes, afectando comunidades, producción agrícola e infraestructura.
Contaminación de ríos y mantos acuíferos: la expansión de la agroindustria, especialmente en monocultivos intensivos como piña, banano y caña de azúcar, ha estado asociada a la contaminación por agroquímicos de aguas superficiales y subterráneas. Esto afecta tanto a comunidades rurales que dependen de acueductos locales como a ecosistemas frágiles.
Impactos de la minería no metálica: la extracción de arena, grava y piedra en cauces de ríos genera alteraciones físicas en los lechos, erosión de márgenes, afectación de la biodiversidad acuática y cambios en la dinámica hidrológica. Estas actividades, que abastecen principalmente la construcción, han sido señaladas como una fuente de deterioro en ríos del Valle Central y otras regiones, con consecuencias directas para el caudal, la calidad del agua y la seguridad de las comunidades aledañas.
Ecosistemas compartidos: lagos, humedales y ríos de importancia ecológica y social reflejan que el agua trasciende fronteras administrativas y exige enfoques de gestión que integren la dimensión territorial y regional.
Más allá de la cantidad de agua disponible, el desafío principal está en su gobernanza. La fragmentación institucional, la superposición de competencias y la ausencia de información integral dificultan una gestión coordinada y sostenible. Esta situación abre espacios a conflictos sociales y a un uso desigual del recurso, especialmente cuando los intereses económicos entran en tensión con las necesidades comunitarias y ambientales.
Frente a estas limitaciones, comunidades organizadas —a través de ASADAS, colectivos socioambientales y redes vecinales— han jugado un papel fundamental en la defensa y vigilancia del agua como bien común. Sus esfuerzos muestran que la gobernanza hídrica no puede depender únicamente de instituciones técnicas: requiere participación social activa, mecanismos de control ciudadano y un enfoque de justicia en el acceso.
El agua no es solo un recurso natural: es un soporte de vida que articula comunidades, ecosistemas y culturas. Sin embargo, las tensiones en torno a su uso y distribución muestran que los impactos no se reparten de manera equitativa. En Costa Rica, como en muchas partes del mundo, las comunidades rurales y periféricas suelen enfrentar los mayores riesgos: contaminación de acueductos locales, sobreexplotación de acuíferos de los que dependen, o afectaciones por proyectos extractivos y de infraestructura.
Desde una perspectiva de justicia socioecológica, abordar el agua como bien común implica reconocer al mismo tiempo:
La dimensión ambiental, que exige garantizar caudales ecológicos, proteger acuíferos y humedales, y asegurar la resiliencia frente al cambio climático.
La dimensión social, que requiere equidad en el acceso, participación efectiva de las comunidades en las decisiones y respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento.
La dimensión intergeneracional, que obliga a pensar en la sostenibilidad a largo plazo, evitando comprometer reservas estratégicas y ecosistemas para beneficio inmediato de sectores económicos.
Esta mirada permite entender que la crisis del agua no es únicamente un problema técnico, sino también ético y político: se trata de decidir colectivamente cómo se reparte, quién asume los costos de la degradación y qué modelo de desarrollo se privilegia. Avanzar hacia una justicia socioecológica supone democratizar la gestión hídrica, reconocer la voz de comunidades históricamente invisibilizadas y situar la defensa del agua en el centro de las agendas de justicia ambiental y climática.
El informe mundial confirma que el agua se encuentra cada vez más amenazada por el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. En el caso de Costa Rica, este panorama demanda acciones urgentes: fortalecer la gestión sostenible de los acuíferos, mejorar los sistemas de alerta temprana, atender los impactos de la agroindustria y la minería no metálica sobre ríos y mantos acuíferos, y ampliar los espacios de participación comunitaria en las decisiones.
Desde una perspectiva de justicia socioecológica, la gestión del agua no puede reducirse a cálculos técnicos o a balances de oferta y demanda: implica reconocer derechos, reparar desigualdades y garantizar que las comunidades y los ecosistemas tengan un lugar en las prioridades de política pública.
El agua no reconoce fronteras políticas ni institucionales. Protegerla como bien común exige cooperación, vigilancia social y un compromiso ético con la vida y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.
Durante la visita del presidente Rodrigo Chaves a Río Celeste, integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: el jaguar ya no ruge en Maquengal, porque el Río Frío está siendo destruido. Le entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.
El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido transformaciones alarmantes. El monitoreo comunitario ha documentado erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal, todo como resultado de la extracción intensiva de materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.
Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales. La afectación es doble: por un lado, se borró un espacio de encuentro; por otro, se cerró la puerta a un turismo que pudo ser alternativa económica para Guatuso, pero que las instituciones locales decidieron ignorar.
“¿Qué turista querrá venir a Guatuso si lo que encuentra son canteras, ruido de maquinaria y un río agonizante?”, interpelan en su carta.
Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal. En su mensaje al presidente, la voz colectiva fue firme: quieren desarrollo, pero no a costa de convertirse en simples proveedores de piedra para proyectos ajenos. Reclaman un modelo económico que los respete como protagonistas, basado en el turismo rural, la producción local y la conservación.
En un tono cargado de simbolismo, la carta concluye con una imagen poderosa: “Hoy el río está en silencio. Y aquí, donde antes la vida brotaba en abundancia, ya ni el jaguar se asoma”. El felino, guardián de los bosques y ríos, se convierte en emblema de la pérdida que viven: si el jaguar calla, es porque el territorio mismo está en riesgo.
El Grupo de Defensa de la Cuenca advierte que no se trata solo de piedras o de un cauce alterado, sino de la vida cultural, económica y social de Maquengal y Guatuso entero. La lucha es por el derecho a permanecer en sus tierras sin que la juventud se vea obligada a emigrar ante un futuro hipotecado por la extracción.
La presencia de las comunidades en la visita presidencial no fue un gesto protocolario. Fue un acto de dignidad: exigir que se escuche el rugido silenciado del jaguar y detener la destrucción del Río Frío. El mensaje quedó entregado en manos del presidente; ahora, las comunidades esperan respuestas que no se queden en promesas.
En el mismo acto, el presidente Rodrigo Chaves resaltó la belleza natural de la zona y afirmó que sí es posible hacer progreso sin necesidad de dañar la naturaleza, al tiempo que invitó al SINAC a redoblar sus esfuerzos en el cuidado del ambiente. Las comunidades esperan que esas palabras no se queden en discurso y se traduzcan en acciones concretas para frenar la destrucción del río.
Con la entrega de la denuncia pública y la carta, la comunidad de Maquengal y el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ya hicieron su parte: documentaron los daños, alzaron la voz con respeto y colocaron sus propuestas sobre la mesa. Ahora, el turno está del otro lado. La pregunta es si el presidente y su gobierno darán prioridad a un territorio que denuncia abandono, pérdida de su patrimonio natural y exclusión de las decisiones.
Lo que está en juego no es menor: detener la destrucción del Río Frío, atender las necesidades de Maquengal y abrir un camino de desarrollo justo y sostenible. La comunidad ya habló con claridad. El silencio no puede ser ahora la respuesta del Estado.
Durante julio y agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso “Auditoría social desde nuestras organizaciones: ¿estamos pensando en nuestro bienestar?”, organizado desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica. La propuesta buscó abrir un espacio de formación y acción crítica para que comunidades y colectivos fortalecieran sus herramientas de vigilancia popular, incidencia y defensa del bien común.
La convocatoria partió de una premisa clara: la auditoría social no debe reducirse a revisar presupuestos o documentos, sino entenderse como una forma de acción colectiva que protege el agua, vigila proyectos que impactan los territorios, exige salud y educación dignas, y promueve formas de vida respetuosas de los saberes locales. Más que una cuestión técnica, se trata de preguntarse si las decisiones públicas mejoran o deterioran el bienestar comunitario.
Durante el proceso se apostó por un método participativo y horizontal, en el que cada persona y colectivo aportó desde sus propias experiencias y territorios. No se trató de transmitir recetas técnicas, sino de construir colectivamente preguntas, indicadores y herramientas que respondieran a la realidad concreta de quienes defienden la vida y lo común en sus comunidades. Esta pedagogía de educación popular permitió que el curso se viviera como un espacio de encuentro, escucha y creación compartida.
Al mismo tiempo, se buscó vincular el monitoreo comunitario con la acción transformadora. La auditoría social se trabajó como un proceso vivo que combina el registro de lo que ocurre en los territorios con la capacidad de convertir esos datos y experiencias en fuerza colectiva para exigir cambios. En un contexto marcado por la crisis socioambiental y la exclusión de las voces comunitarias en la toma de decisiones, el proceso reafirmó que la vigilancia desde abajo no solo es legítima, sino necesaria para garantizar derechos y abrir caminos de bienestar.
A lo largo del proceso, las y los participantes construyeron aprendizajes clave que muestran que auditar no es un ejercicio frío ni distante, sino un camino de cuidado, memoria y organización:
Auditar también es sentir: poner en el centro los afectos, los vínculos y los saberes comunitarios frente al lenguaje técnico que suele invisibilizarlos.
Indicadores vivos: medir el bienestar desde lo que duele, lo que soñamos y lo que cuidamos; no solo en cifras, sino en preguntas sobre seguridad, arraigo, dignidad, espacios colectivos y acceso a los recursos para la vida.
Monitoreo como cuidado: observar y registrar es también devolver la voz a la comunidad, generar confianza y convertir lo documentado en fuerza colectiva.
Comunicación responsable: aprender a señalar con veracidad, buena fe y lenguaje cuidadoso, protegiendo a las comunidades de riesgos legales y fortaleciendo la incidencia pública.
Defensa integral del bienestar: incluir la dimensión cultural, espiritual y simbólica —como los lugares sagrados, la medicina natural y los saberes de las personas mayores— como parte de los indicadores de bienestar.
Registro y memoria: valorar la documentación (fotos, videos, bitácoras) como herramienta para sostener procesos, fortalecer la identidad y potenciar la incidencia.
Constancia y sostenibilidad: reconocer que planear según las capacidades y sostener procesos en el tiempo convierte los aprendizajes en cambios duraderos.
La primera sesión abrió con la canción “Qué bonita es esta vida”, como un gesto político y pedagógico: recordar que el bienestar se construye desde los sentires cotidianos y no solo desde indicadores fríos. Se cuestionó el lenguaje técnico de la política pública, que suele invisibilizar la dignidad, el arraigo y las alegrías compartidas. Desde ahí se construyeron indicadores vivos, como el diálogo comunitario, la seguridad, la participación en espacios colectivos, el acceso a la tierra y el trabajo digno.
Las formas de monitoreo propuestas incluyeron talleres inductivos, entrevistas, mapeos comunitarios, registros colectivos de salud, asambleas, cafés comunitarios y movilizaciones. La conclusión fue clara: auditar no es solo vigilar, es decidir desde los territorios lo que importa para la política pública.
La segunda sesión dio un paso más con un ejercicio práctico: auditar la invisibilización de lugares sagrados, tomando como referencia el cementerio indígena en Quitirrisí, compartido por la compañera Fressy. Esto permitió reflexionar sobre cómo valorar la oralidad, la espiritualidad y la memoria comunitaria frente a los lenguajes técnicos de planos y registros.
Se experimentó con distintas técnicas de monitoreo comunitario, comprendiendo que no se trata de aplicarlas todas, sino de usarlas en el momento oportuno, respetando la confianza y los ritmos de la comunidad. Se discutió además la importancia de diseñar niveles de profundización: información que nutra a la comunidad, que fortalezca identidades y que también sirva para incidir en la política pública.
En este punto también se introdujeron materiales sobre cómo comunicar el monitoreo, destacando principios de veracidad, buena fe, proporcionalidad y precisión, así como estrategias para protegerse de demandas tipo SLAPP.
La tercera sesión marcó el cierre de la fase de formación y estuvo dedicada a la comunicación de los hallazgos. Se resaltó que el registro no es un trámite, sino memoria, defensa y proyección. Documentar acciones mediante fotos, videos, bitácoras y testimonios permite visibilizar el valor del trabajo comunitario, respaldar demandas, fortalecer identidades e inspirar a otras comunidades.
Se presentaron instrumentos de comunicación tanto interna como externa: reseñas “¿Sabías que…?”, boletines, videos testimoniales, redes de acción, exposiciones comunitarias y notas de prensa. Se subrayó que la constancia y la planificación según capacidades son esenciales para sostener la comunicación y convertirla en una herramienta de incidencia real.
El cierre se realizó con una gira a Quitirrisí, donde los aprendizajes dialogaron con saberes indígenas. Allí se reconocieron los conocimientos ancestrales como indicadores vivos del bienestar: la medicina natural compartida por Zoraida Hernández, la producción local de la Finca Los Itabos con Cristina Castro, el cementerio como lugar sagrado junto a Fernando, Fressy y María Bejarano, y los tintes naturales enseñados en un taller de tejido.
Estos espacios mostraron que el bienestar incluye lo cultural, espiritual y comunitario. Se reafirmó que la auditoría social también se expresa en resistir despojos, defender la cosmogonía, valorar los saberes de las personas mayores y sostener procesos intergeneracionales. El cierre en Quitirrisí fue también una apertura: la certeza de que la auditoría social desde la educación popular es motor de cambio y herramienta para cuidar la memoria, la vida y la dignidad de los pueblos.
El proceso de Auditoría social para nuestro bienestar no se concibió como un curso aislado, sino como un ejercicio de educación popular latinoamericana y caribeña. Lo trabajado confirma que auditar desde abajo no es solo un derecho, sino una práctica transformadora que fortalece a las comunidades en su capacidad de exigir, incidir y proponer.
Como parte de esta memoria colectiva, les compartimos también el video construido durante la gira a Quitirrisí, donde se recogen las voces, aprendizajes y sentires que dieron vida a este proceso.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), el instrumento que marcará el rumbo del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Con respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proceso se anuncia como participativo y multisectorial.
Desde el Observatorio de Bienes Comunes (OBC), señalamos que lo vivido en el lanzamiento reflejó un desfase entre la retórica y la práctica: discursos oficiales sin diálogo real, un público reducido a espectadores y un énfasis en los beneficios económicos de la biodiversidad más que en su conservación efectiva.
La pregunta es inevitable: ¿se construirá una estrategia desde las comunidades y para la biodiversidad, o desde los escritorios y para el mercado?
Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos la visión de la biodiversidad como bien común, que plantea desafíos concretos para la formulación de la ENB. No se trata solo de cumplir metas numéricas o generar espacios de consulta simbólicos, sino de reconocer que la biodiversidad sostiene la vida, la cultura y los territorios, y que su cuidado requiere participación efectiva, gestión colectiva y justicia socioambiental.
Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes (OBC), la actualización de la ENB no puede limitarse a discursos sobre “uso sostenible” o beneficios económicos. Entender la biodiversidad como bien común implica que la estrategia debe reconocer:
Que la biodiversidad sostiene vida, cultura y territorios, más allá de su valor financiero.
La necesidad de gestión colectiva, respetando saberes locales, prácticas tradicionales y derechos de pueblos indígenas y comunidades costeras y campesinas.
Que la conservación requiere participación efectiva y justicia socioambiental, no solo talleres simbólicos o consulta formal.
La importancia de decisiones que consideren generaciones presentes y futuras, garantizando la continuidad de ecosistemas y prácticas comunitarias.
En este marco, una ENB que solo enfatice beneficios económicos o metas cuantitativas corre el riesgo de desconectar la estrategia de las comunidades y territorios que protegen la biodiversidad.
La ENB también enfrenta el desafío de la mercantilización de la biodiversidad, donde se prioriza la lógica de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”:
Se reduce la biodiversidad a un recurso para el mercado, dejando fuera a quienes la han cuidado históricamente.
Se corren riesgos sobre la conservación de especies y ecosistemas, especialmente en territorios frágiles o bajo presión de megaproyectos.
Los fondos y proyectos de conservación tienden a concentrarse en actores económicos poderosos, en lugar de distribuirse equitativamente en los territorios y fortalecer la gestión comunitaria.
El OBC advierte que sin reconocer la biodiversidad como bien común, la ENB puede terminar reforzando desigualdades de poder, priorizando intereses privados y reproduciendo dinámicas de exclusión y despojo. Integrar esta perspectiva es fundamental para que la estrategia sea legítima, efectiva y justa, conectada con la realidad territorial y social del país.
En este contexto, resulta crucial analizar cómo se ha desarrollado el proceso de actualización de la ENB: por un lado, lo que se anuncia en el discurso oficial; por otro, la experiencia concreta de participación en los talleres y eventos. Esta tensión entre forma y fondo revela hasta qué punto la estrategia refleja realmente la visión de la biodiversidad como bien común, o si sigue subordinada a intereses económicos y lógicas de mercado.
El OBC identifica dos planos interconectados en la actualización de la ENB:
Discurso oficial (Minae–PNUD–GEF): se presenta como participativo, multisectorial, alineado con el Marco Kunming–Montreal, vital para el desarrollo sostenible y con promesas de inclusión de diversos sectores.
Experiencia concreta en el lanzamiento: participación entendida como presencia en talleres, sin reglas claras sobre cómo los aportes incidirán en el documento final ni mecanismos de rendición de cuentas, mostrando una brecha entre forma y fondo.
Puntos positivos
La actualización antes de su vencimiento (2025) es crucial para mantener la vigencia de la política ambiental.
Financiamiento internacional y acompañamiento del PNUD aseguran recursos, visibilidad y la posibilidad de integrar estándares globales.
Alineamiento con el Marco Kunming–Montreal: metas de protección del 30% de áreas, restauración ecológica, financiamiento y equidad de género.
La convocatoria amplia a múltiples sectores reconoce que la biodiversidad es un bien común que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas.
Participación sin metodología clara: talleres sin protocolos, sin trazabilidad de aportes ni devolución razonada, reducen la inclusión a un trámite simbólico.
Débil centralidad en la biodiversidad: se prioriza su “uso” y beneficios económicos, invisibilizando su rol como bien común y su importancia para la vida de comunidades locales.
Riesgo de captura institucional o sectorial: sin seguimiento independiente, la ENB puede reflejar intereses de jerarcas o grupos con poder económico, en lugar de las comunidades.
Débil institucionalidad de seguimiento: indicadores poco robustos, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública.
Para que la ENB sea legítima y efectiva, la participación debe ser plena y vinculante:
-Protocolos metodológicos públicos y validados antes de los talleres.
-Mecanismos de devolución razonada que expliquen cómo se integran o no los aportes.
-Repositorio abierto con versiones, insumos y actas.
-Instancia independiente de revisión ciudadana y auditoría de indicadores y fondos.
-Garantías de que la participación incida en el texto normativo y en la implementación posterior.
Estas medidas reflejan la perspectiva del OBC: la biodiversidad como bien común, custodiada por comunidades, pueblos indígenas y defensoras ambientales, no solo un recurso para mercados o financiamiento internacional.
Desde la perspectiva del Observatorio: hablar de biodiversidad implica reconocer conflictos socioambientales en curso:
-Desalojos en costas y humedales: comunidades históricas expulsadas mientras megaproyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios obtienen permisos exprés.
-Defensores criminalizados: personas que protegen ecosistemas enfrentan hostigamiento, judicialización y violencia.
-Captura de recursos y decisiones: los beneficios de la biodiversidad se concentran en actores económicos poderosos, dejando a las comunidades fuera de la gestión y del cuidado real del territorio.
Los casos hablan por sí solos:
Sergio Rojas (asesinado en 2019) y Jhery Rivera (asesinado en 2020) fueron líderes indígenas bribri y brörán que defendían la recuperación de territorios.
Jairo Mora (asesinado en 2013) fue un joven ambientalista que protegía tortugas marinas en Limón.
Juan Bautista Alfaro Rojas (2025) es un activista ambiental de Costa Rica que enfrenta demandas legales por denunciar impactos ecológicos en una zona turística de Guanacaste.
Philippe Vangoidsenhoven y Pablo Sibar, defensores ambientales, han denunciado la falta de protección efectiva pese a amenazas constantes.
Estos nombres evidencian que en Costa Rica defender la biodiversidad puede costar la vida. Y que, lejos de brindar garantías, el Estado ha mostrado indiferencia y desprotección, incluso en el marco de compromisos internacionales de derechos humanos y biodiversidad.
El OBC advierte que sin reconocer estos procesos, la ENB corre el riesgo de ser un documento desconectado de la realidad territorial y social.
El proceso arranca con respaldo internacional y buenas intenciones, pero carece de credibilidad participativa.
Forma: un proceso “participativo” anunciado como inclusivo.
Fondo: sin reglas claras, trazabilidad ni control ciudadano, la participación puede quedarse en un gesto político sin capacidad transformadora.
Para el OBC, la ENB será legítima solo si reconoce:
Sin estas condiciones, la “participación” será apenas otra foto en redes sociales, mientras la realidad territorial sigue marcada por desalojos, megaproyectos y concentración de poder.
| Vacío o preocupación | Perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes |
|---|---|
| Participación sin metodología clara | Los talleres carecen de protocolos publicados; no hay trazabilidad de aportes ni devolución razonada. La participación se reduce a un acto simbólico: se invita a hablar, pero la decisión final queda en manos del Ejecutivo y aliados técnicos. Las comunidades que custodian la biodiversidad quedan fuera del centro del proceso. |
| Débil centralidad en la biodiversidad | Se prioriza el uso económico de los ecosistemas sobre su valor como bien común. Esto invisibiliza la relación cotidiana de comunidades indígenas, campesinas y costeras con sus territorios, y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas estratégicos. |
| Riesgo de captura institucional o sectorial | Sin seguimiento independiente, la estrategia puede reflejar intereses de jerarcas o actores con poder económico en lugar de las comunidades. La consulta superficial y la ausencia de paneles independientes refuerzan desigualdades de poder. |
| Débil institucionalidad de seguimiento | Indicadores poco claros, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública limitan la verificación ciudadana. Esto desconecta la ENB de la realidad territorial y debilita la capacidad de las comunidades para exigir resultados. |
El Acuerdo de Escazú garantiza derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación pública vinculante y protección de defensores ambientales. A primera vista, la ENB y Escazú podrían parecer instrumentos complementarios; sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, los vacíos y limitaciones de la ENB reflejan una tensión estructural.
Gran parte de las críticas que recibe la estrategia —participación simbólica, ausencia de trazabilidad de fondos, indicadores débiles y protección insuficiente para comunidades y defensoras— no son errores aislados, sino expresiones del rechazo o la despriorización de la administración actual hacia el Acuerdo de Escazú y sus principios de participación, transparencia y justicia ambiental.
Participación real vs. simbólica: Escazú exige que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en decisiones ambientales. La ENB, en cambio, mantiene un modelo de consulta superficial, sin devolución razonada ni mecanismos vinculantes.
Protección de defensoras y comunidades: Escazú promueve medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente; la ENB no establece garantías claras frente a desalojos, hostigamiento o criminalización.
Transparencia y rendición de cuentas: Escazú obliga a acceso público a información y control ciudadano. La ENB sigue mostrando vacíos en indicadores y financiamiento, limitando la fiscalización y control social.
En síntesis, las limitaciones de la ENB reflejan un patrón institucional y político, y no meros errores técnicos. Para que la estrategia cumpla con los estándares de sostenibilidad y legitimidad, debe integrar explícitamente mecanismos de participación vinculante, auditoría ciudadana y protección de quienes cuidan la biodiversidad, reconociéndola como un bien común y conectando su gestión con los derechos y saberes de las comunidades locales.
Una Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un plan que define cómo un país protegerá, restaurará y usará de manera sostenible su biodiversidad. No se trata solo de cuidar especies o ecosistemas, sino de articular políticas, acciones y financiamiento que garanticen que la biodiversidad siga siendo un bien común para las comunidades, el territorio y el futuro del país.
En el caso de Costa Rica, la ENB busca orientar decisiones sobre conservación, restauración, investigación, financiamiento y participación ciudadana, vinculando objetivos ambientales con dimensiones sociales, culturales y económicas.
El Marco Kunming–Montreal es un acuerdo internacional que establece metas globales de biodiversidad para todos los países firmantes, como:
Proteger al menos el 30% de los ecosistemas y áreas prioritarias.
Restaurar ecosistemas degradados.
Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.
Promover participación inclusiva de pueblos indígenas y comunidades locales.
Integrar la biodiversidad en decisiones de desarrollo económico y planificación territorial.
Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, estos instrumentos solo tienen sentido si la participación no es simbólica, si se reconoce que la biodiversidad es un bien común y si las decisiones se conectan con quienes históricamente la han cuidado: comunidades locales, pueblos indígenas y defensoras ambientales. Sin esta perspectiva, la estrategia corre el riesgo de ser un documento técnico desconectado de la realidad territorial y social.
Referencias
Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Sin crítica, sin reglas, sin participación: la actualización de la estrategia de biodiversidad de Costa Rica comienza sin credibilidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/sin-critica-sin-reglas-sin-participacion-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-biodiversidad-de-costa-rica-comienza-sin-credibilidad
Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Minae llama a la ciudadanía a participar de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/minae-llama-a-la-ciudadania-a-participar-de-la-actualizacion-de-la-estrategia-nacional-de-biodiversidad
En los márgenes de las grandes narrativas nacionales florecen historias que sostienen la vida. Este nuevo cuaderno de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes recupera la experiencia de Emma Hilario (1959-2014), mujer andina que convirtió los comedores populares en trincheras de organización, cuidado y dignidad en medio de la violencia política y la pobreza en el Perú.
Más que un relato biográfico, el cuaderno es una herramienta pedagógica y política: invita a reflexionar sobre cómo la cocina compartida y la autogestión comunitaria se convierten en prácticas de resistencia y en verdaderas escuelas de lo común, donde se aprende a sostener la vida colectivamente.
Emma Hilario (1959-2014) fue una mujer andina y dirigente comunitaria que dedicó su vida a los comedores populares en Lima. Como promotora y presidenta de la Comisión Nacional de Comedores Populares, defendió la autogestión y la organización como respuesta a la exclusión social. En 1991 sobrevivió a un atentado y posteriormente se exilió en Costa Rica, donde siguió vinculada a procesos de educación popular y lucha social. Su vida es un testimonio de valentía y de compromiso con el derecho a la vida digna, una historia que este cuaderno recupera como acto de memoria política.
El cuaderno propone una mirada que entrelaza memoria, política y vida cotidiana. Entre sus principales aportes destacan:
La vida cotidiana como trinchera política, donde el acto de cocinar y compartir se convierte en un ejercicio de resistencia.
La autogestión comunitaria como pedagogía democrática, aprendida en la práctica de sostener colectivamente la alimentación en contextos de crisis.
El cuidado como categoría política, que trasciende lo privado y se convierte en fundamento para la vida en común.
La memoria como futuro, donde recuperar la voz de Emma Hilario y de las mujeres organizadas en comedores populares permite proyectar nuevas formas de justicia y solidaridad.
Estos aportes convierten al cuaderno en una herramienta para pensar los bienes comunes desde la experiencia concreta de mujeres que hicieron de la cocina un espacio de dignidad.
Más allá de su función alimentaria, los comedores populares son presentados en el cuaderno como escuelas vivas de comunidad. Allí se aprende a gestionar recursos, a organizar turnos, a distribuir tareas, pero sobre todo a construir un sentido del común.
Son espacios de aprendizaje colectivo, donde cada decisión –desde cómo cocinar hasta cómo defender recursos– se convierte en una lección de democracia práctica.
Funcionan como territorios de cuidado compartido, donde la comida se entiende como vínculo y no solo como necesidad biológica.
Permiten reconocer el valor de lo común, ya que la olla y la mesa se sostienen gracias al aporte de todas, sin apropiaciones individuales, generando prácticas que cuestionan la lógica del mercado y la privatización.
Se constituyen en espacios de memoria y resistencia, porque en cada plato servido se preserva la historia de lucha de las mujeres que, frente a la pobreza y la violencia, sostuvieron la vida con dignidad
En este sentido, los comedores son pedagógicos porque enseñan a vivir juntos, a compartir y a resistir desde lo cotidiano, recordándonos que el bien común se cocina y se cuida.
El cuaderno no solo homenajea a Emma Hilario, sino que también invita a repensar las prácticas actuales de organización comunitaria. Reconocer a los comedores populares como espacios de pedagogía del común es un paso para comprender cómo las luchas por la vida digna se dan, muchas veces, en lo más sencillo: alrededor de una mesa compartida.
El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.
Crédito de imagenes: Centro de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y Somos Periodismos.
Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.
La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.
Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.
Lo que viene: selección de representantes
Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.
Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario
Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?
Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.
El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.
La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.
El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.
Un proceso en disputa
La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.
Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.
Un nuevo capítulo para Escazú
Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.
El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.
Herramientas y técnicas participativas disponibles
El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:
Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.
El movimiento socioambiental Defensa de la Cuenca del Río Frío, junto a más de 150 personas del pueblo de Maquencal y comunidades aledañas en Guatuso de Alajuela, entregaron este viernes un documento de denuncia ciudadana al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. La acción busca detener el deterioro del ecosistema del río Frío frente a décadas de extracción minera no metálica en su cauce.
En el documento entregado y respaldado por más de 150 firmas, las comunidades denuncian la “extracción irracional” de material minero no metálico en el Río Frío, la cual se ha extendido por más de tres décadas, con registros de concesiones desde 1991. Según expresaron, este modelo extractivo ha significado un “consumo excesivo en el tiempo, una extracción desmedida y una degradación absoluta del ecosistema”.
La denuncia se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el movimiento solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que no se otorguen más concesiones sobre el Río Frío y que se realicen estudios técnico-científicos rigurosos para determinar el verdadero impacto ambiental de las actividades mineras en la cuenca.
El movimiento Defensa de la Cuenca del Río Frío insiste en que esta lucha no se trata solo de preservar el río, sino también de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Al respecto, recordaron el Principio 3 de la Declaración de Río de 1992: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”.
Con esta acción y el respaldo ciudadano expresado en las firmas, las comunidades esperan que el MINAE escuche la voz colectiva y actúe en defensa del interés público, priorizando el derecho a un ambiente sano sobre los intereses extractivos que han puesto en riesgo la vida del Río Frío y de quienes dependen de él.
Pueden ver la denuncia ciudadana aquí.
Por motivos de privacidad, no se publican en esta nota las firmas ni los números de cédula de las personas firmantes.
