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De la denuncia al compromiso: comunidades de Upala logran acuerdos para atender sus caminos

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La organización de las comunidades de Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco comienza a dar resultados. Después de denunciar públicamente el deterioro de sus caminos y anunciar una manifestación pacífica para exigir respuestas, Mario Cortez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Ledezma nos informa sobre los nuevos compromisos que obtuvieron: la Municipalidad acordó aproximadamente 31 millones de colones para rutas cantonales y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) acordó iniciar trabajos en uno de los caminos a partir del martes.

Lo ocurrido nos recuerda que las comunidades no son espectadoras de sus propias condiciones de vida. Cuando las necesidades se acumulan y las respuestas no llegan, la organización colectiva permite hacer visibles los problemas, posicionar las demandas y abrir espacios de negociación.

Cuando las comunidades se organizan, sus demandas se hacen escuchar

Hace unos días, las asociaciones de desarrollo de Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco alzaron la voz para denunciar las condiciones de la ruta nacional 170 y de varios caminos municipales. La situación afectaba actividades fundamentales para la vida cotidiana: el acceso a los servicios de salud, la asistencia a la escuela, el traslado de las cosechas y la posibilidad de desplazarse entre comunidades.

Ante la falta de respuestas concretas, las organizaciones anunciaron una manifestación pacífica para exigir compromisos que permitieran atender la problemática. Su demanda era clara: no bastaba con escuchar promesas; necesitaban acuerdos concretos y fechas para el inicio de las obras.

Ahora, las comunidades comparten noticias alentadoras sobre las gestiones realizadas. Según la información comunicada por sus representantes, la Municipalidad aprobó aproximadamente 30 millones de colones para atender rutas cantonales. Además, informan que representantes de CONAVI se presentaron ante las comunidades y alcanzaron un acuerdo para comenzar los trabajos de reparación de uno de los caminos el próximo martes.

Estos avances constituyen una respuesta a las gestiones comunitarias y abren una nueva etapa: dar seguimiento a los compromisos para que se traduzcan en mejoras efectivas para las poblaciones.

La voluntad comunitaria de defender la vida cotidiana

Lo sucedido en estas comunidades permite reconocer el valor de la organización comunal, especialmente en territorios rurales donde las poblaciones enfrentan dificultades para conseguir que sus necesidades sean atendidas.

Organizarse, denunciar públicamente, buscar espacios en los medios de comunicación y anunciar una manifestación pacífica son formas legítimas de participación mediante las cuales las comunidades ejercen su derecho a expresar sus preocupaciones y exigir respuestas.

Estas acciones adquieren especial relevancia cuando las personas deben insistir durante años para que se atiendan necesidades que afectan directamente su vida cotidiana. En estos contextos, las comunidades no siempre cuentan con los mismos recursos, capacidades de incidencia o posibilidades de interlocución que las instituciones responsables de atender sus demandas. Frente a estas desventajas, la articulación entre asociaciones permite compartir esfuerzos, fortalecer su capacidad de negociación y construir una voz colectiva.

En Upala, cinco comunidades decidieron unir sus voces porque reconocieron que sus dificultades no eran problemas aislados. El deterioro de los caminos afectaba a distintas poblaciones y comprometía condiciones fundamentales para estudiar, trabajar, cuidar y sostener la vida comunitaria.

La respuesta que ahora comunican muestra la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo sin renunciar a la exigencia de soluciones. La disposición comunitaria para organizarse y posicionar sus demandas permitió colocar el problema en la agenda pública y avanzar hacia compromisos concretos.

Afiche de invitación a la manifestación difundido por parte de las asociaciones.

Del compromiso a las obras: la importancia de dar seguimiento

Los acuerdos alcanzados representan un paso importante, pero también plantean un desafío: verificar que los compromisos anunciados se cumplan.

La aprobación de recursos por parte de la Municipalidad para las rutas cantonales y el acuerdo comunicado con CONAVI deberán traducirse en intervenciones que respondan a las necesidades señaladas por las comunidades. Por eso, será importante conocer el alcance de las obras, los caminos que serán atendidos y los avances de los trabajos anunciados.

Este seguimiento no resta valor a los acuerdos alcanzados. Por el contrario, permite fortalecer la participación ciudadana y reconocer que las comunidades tienen un papel fundamental en la vigilancia de los compromisos públicos que afectan sus condiciones de vida.

Un camino transitable no es únicamente una obra de infraestructura. Es una condición para que una ambulancia pueda llegar hasta una vivienda, para que la niñez acceda a la educación, para que las familias campesinas transporten sus cosechas y para que las personas puedan desplazarse sin que las condiciones de las vías se conviertan en un obstáculo permanente.

Por eso, atender estos caminos significa también responder a necesidades de salud, educación, trabajo y organización comunitaria.

Organizarse también es construir comunidad

La experiencia de Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco nos deja una reflexión que va más allá de los acuerdos anunciados.

Las comunidades conocen de primera mano las dificultades que atraviesan sus territorios. Son sus habitantes quienes enfrentan cotidianamente las consecuencias de los caminos deteriorados y quienes identifican lo que está en juego cuando las respuestas institucionales tardan en llegar.

Su organización permite convertir esas experiencias dispersas en una demanda colectiva, construir interlocución con las instituciones y reclamar condiciones que consideran indispensables para vivir dignamente.

Lo ocurrido también nos invita a mirar la participación ciudadana más allá de los mecanismos formales. Participar es reunirse, compartir preocupaciones, construir acuerdos, denunciar aquello que afecta a la comunidad y ejercer presión para que las necesidades sean atendidas. Es, además, sostener la voluntad de actuar colectivamente incluso cuando existen dificultades y desventajas para hacerse escuchar.

Las noticias que llegan desde Upala son motivo para reconocer el esfuerzo de las organizaciones comunitarias y la importancia de los compromisos alcanzados. Por una parte, la aprobación de recursos municipales para las rutas cantonales representa un avance en la atención de las necesidades señaladas; por otra, el acuerdo con CONAVI abre la posibilidad de iniciar trabajos en uno de los caminos. Ahora corresponde dar seguimiento para que estos compromisos se conviertan en obras y las mejoras lleguen a quienes las necesitan.

Porque cuando una comunidad se organiza para defender sus caminos, también está defendiendo sus posibilidades de cuidar, trabajar, estudiar y permanecer en su territorio.

La experiencia de estas cinco comunidades nos recuerda que la organización colectiva importa: las demandas compartidas pueden abrir caminos para que las necesidades de la población sean escuchadas y atendidas. Y que la participación comunitaria no termina cuando se anuncia un acuerdo; continúa en la tarea de vigilar su cumplimiento y defender las condiciones que hacen posible una vida digna.

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«Ya no se puede ni a caballo»: comunidades de Upala exigen caminos transitables

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Asociaciones de desarrollo de Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco denuncian el deterioro de caminos nacionales y municipales que afecta el acceso a la salud, la educación y el trabajo. Las comunidades anuncian un cierre de calles para el miércoles 14 de octubre, siempre que no reciban una respuesta clara a sus solicitudes y demandas, y exigen compromisos concretos para atender la situación.

¿Qué sucede cuando una ambulancia tiene dificultades para llegar hasta una vivienda? ¿Qué pasa cuando asistir a la escuela se convierte en un desafío y las familias campesinas encuentran obstáculos para trasladar sus cosechas? ¿Qué significa vivir en una comunidad donde los caminos se deterioran durante años sin recibir la atención necesaria?

Estas preguntas forman parte de la vida cotidiana de las comunidades vecinas de Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco, en Upala. Sus habitantes denuncian el deterioro de la ruta nacional 170 y de varios caminos municipales que conectan sus comunidades. Frente a esta situación, las asociaciones de desarrollo se han unido para exigir respuestas y hacer visible un problema que, según señalan, lleva años sin una solución efectiva.

«Ya no se puede transitar, bueno, solo que a caballo, porque ya ni a moto ni carro», explica Mario, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Ledezma. Para describir las condiciones de uno de los caminos, recurre a una imagen que permite dimensionar lo que enfrentan: «Es como ir en un río seco».

No se trata únicamente de huecos, piedras o lastre desaparecido. Se trata de las dificultades que encuentran las personas para desplazarse, atender sus necesidades y sostener sus actividades cotidianas.

Trece años sin intervención: el camino de La Jefa

Uno de los casos que más preocupa a las comunidades es el de la calle conocida como La Jefa, un camino municipal de 1,67 kilómetros, identificado con el código 2-13-403-032. De acuerdo con la denuncia de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Ledezma, este camino lleva más de 13 años sin recibir una intervención adecuada, pese a que cuenta con código y, según la información aportada por la organización, presupuesto anual.

Las condiciones descritas por los vecinos incluyen grandes huecos, piedras y sectores donde se acumula el agua. La situación dificulta el tránsito de motocicletas y vehículos, hasta el punto de que, según Salomón, el camino prácticamente solo puede recorrerse a caballo.

Pero hay algo más urgente que el deterioro de la superficie. La comunidad reporta la presencia de más de 100 niños y niñas vinculados a la escuela local, así como nueve personas adultas mayores en fase terminal que requieren atención médica. Según explica Mario, las ambulancias ingresan con frecuencia para trasladar pacientes al hospital, pero el estado del camino dificulta su desplazamiento. «Hay adultos mayores en fase terminal […] y ya definitivamente no pueden pasar», señala.

La descripción obliga a mirar el camino desde otro lugar. Allí donde la infraestructura no permite el tránsito adecuado, también se dificulta el ingreso de quienes necesitan atención médica. Una vía deteriorada puede convertir un traslado indispensable en una situación mucho más compleja para pacientes, familias y personal de emergencias. ¿Cómo se sostiene el cuidado de la vida cuando llegar hasta una vivienda depende de las condiciones de un camino que lleva años sin atención?

Caminos que conectan comunidades, pero que también pueden dejarlas aisladas

La denuncia comprende otras vías que conectan a las comunidades y permiten el acceso a sus actividades cotidianas. Las asociaciones identifican tres caminos municipales que requieren atención:

-Calle principal: 2,4 kilómetros. Código 2-13-032.

-Calle La Jefa: 1,67 kilómetros. Código 2-13-403-032.

-Calle La Culebra: 2,8 kilómetros. Código 2-13-271-032.

Según la información proporcionada por Mario, estas vías presentan problemas de deterioro y falta de intervención. En el caso de uno de los caminos que comunica la escuela con San Bosco, señala que fue intervenido hace aproximadamente 14 años y que desde entonces no ha recibido nuevas obras de mantenimiento.

Para los vecinos, existe una contradicción difícil de ignorar: algunos de estos caminos están identificados administrativamente y, según la denuncia, cuentan con presupuestos anuales, pero sus condiciones continúan deteriorándose. Esta situación forma parte de las preocupaciones que las comunidades buscan poner en conocimiento público.

Los caminos no son espacios aislados del resto de la vida comunitaria: son las vías que permiten trasladarse, acceder a servicios, transportar productos y mantener los vínculos entre poblaciones vecinas. Cuando una calle se vuelve prácticamente intransitable, las consecuencias no recaen solamente sobre quienes viven junto a ella. También afectan a las comunidades que dependen de esa conexión para desarrollar sus actividades cotidianas.

Cuando el camino se deteriora, la vida cotidiana también

Las consecuencias del abandono vial no se limitan al transporte. Se extienden a diferentes dimensiones de la vida comunitaria.

La salud depende también de las condiciones del territorio: La atención médica no comienza cuando una persona ingresa al hospital. También depende de las posibilidades de llegar hasta ella, trasladarla oportunamente y garantizar que las familias puedan acceder a los servicios de salud. Cuando una ambulancia encuentra dificultades para ingresar, las condiciones del camino se convierten en un problema para quienes necesitan atención y para las personas que los cuidan.

En Los Ledezma, la preocupación por las personas adultas mayores en fase terminal muestra la dimensión humana de esta situación. No hablamos de una simple incomodidad durante el recorrido, sino de las dificultades que enfrentan las comunidades para amaíz, arroz y frijoles. Los cultivos más fuertes son el maíz, los frijoles y el tiquisque; también se produce yuca. Esta producción constituye una fuente importante de sustento para los hogares.

Cuando los caminos se encuentran deteriorados, sacar los productos se vuelve más difícil, el transporte puede encarecerse y el acceso a bienes y servicios puede complicarse. Para las comunidades rurales, los caminos son parte de las condiciones materiales que hacen posible el trabajo y la vida cotidiana. Por eso, la preocupación de los vecinos no se limita a poder circular por una calle. También se relaciona con las posibilidades de sostener sus actividades productivas, transportar lo que cosechan y mantener los vínculos económicos con otras comunidades.na realidad que no debería pasar inadvertida: hay pacientes que deben ser trasladados en condiciones especialmente difíciles y familias que viven con la preocupación de cómo responder ante una emergencia. Un camino transitable también es una condición para cuidar y acompañar la vida.

La educación necesita condiciones para sostenerse: Las asociaciones también denuncian problemas relacionados con la infraestructura educativa. Según la información aportada por la comunidad, 115 niños y niñas se ven afectados por una situación en la que cada grupo recibe apenas dos días de clases por semana. La comunidad esperaba que la escuela estuviera lista en 2025, pero esa entrega no se concretó.

Este señalamiento permite reconocer otra dimensión de las dificultades que enfrentan las familias. La educación necesita espacios adecuados y condiciones que permitan sostener los procesos de aprendizaje. Cuando estas condiciones no están garantizadas, las consecuencias alcanzan a la niñez, a sus familias y al conjunto de la comunidad. Las posibilidades de aprender y desarrollar una vida digna no deberían depender del lugar donde se nace ni de las dificultades que existan para acceder a una escuela. La preocupación expresada por los vecinos es también un llamado a mirar las necesidades de la niñez rural y las condiciones en que se desarrolla su educación.

El trabajo campesino también necesita caminos transitables: Las vías comunales permiten transportar cosechas, movilizar productos y sostener intercambios comerciales. En esta zona hay una importante actividad productiva de tubérculos y granos básicos, entre ellos maíz, arroz y frijoles. Los cultivos más fuertes son el maíz, los frijoles y el tiquisque; también se produce yuca. Esta producción constituye una fuente importante de sustento para los hogares.

Cuando los caminos se encuentran deteriorados, sacar los productos se vuelve más difícil, el transporte puede encarecerse y el acceso a bienes y servicios puede complicarse. Para las comunidades rurales, los caminos son parte de las condiciones materiales que hacen posible el trabajo y la vida cotidiana. Por eso, la preocupación de los vecinos no se limita a poder circular por una calle. También se relaciona con las posibilidades de sostener sus actividades productivas, transportar lo que cosechan y mantener los vínculos económicos con otras comunidades.

La organización comunitaria también necesita espacios: A estas dificultades se suma la ausencia de un local comunal para reuniones y actividades colectivas, según la denuncia vecinal. La falta de este espacio limita las posibilidades de encontrarse, organizar actividades y fortalecer los procesos de coordinación.
Sin embargo, las asociaciones de desarrollo han encontrado una forma de enfrentar el problema: unirse para hacer una denuncia compartida. La articulación entre Los Ledezma, Fátima, Villanueva, El Delirio y San Bosco muestra que las consecuencias del deterioro vial no se detienen en los límites de una comunidad. Se trata de una problemática territorial que afecta a poblaciones conectadas entre sí. Frente a dificultades compartidas, la organización comunal permite reconocer necesidades comunes, sumar esfuerzos y construir una voz colectiva para hacer visibles sus demandas.

Cinco comunidades que decidieron unir sus voces

La ruta nacional 170 atraviesa los territorios donde viven y trabajan estas poblaciones. Su deterioro, junto con el de los caminos municipales, afecta a comunidades que comparten necesidades y que, según explican sus representantes, llevan tiempo buscando respuestas.

Por eso, las asociaciones de desarrollo han decidido actuar conjuntamente. Su demanda no se limita a un tramo específico: buscan que se atiendan tanto la ruta nacional como los caminos municipales.

Mario explica que las organizaciones quieren dar a conocer la situación en medios de comunicación y redes sociales para que la problemática trascienda el ámbito local. En su llamado, señalan al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Municipalidad de Upala como las instituciones de las que esperan respuestas y compromisos concretos.

La exigencia es clara: no quieren quedarse únicamente con promesas; necesitan conocer las fechas de inicio de las obras y contar con compromisos documentados. «No vamos a parar hasta que nos den una fecha definitiva de inicio de obras, con documento en mano donde se comprometan ellos a cumplir», advierte Mario.

Como medida de presión, y siempre que no reciban una respuesta clara a sus solicitudes y demandas, las asociaciones anunciaron una huelga con cierre de calles para el miércoles 14 de octubre de 2026, que se mantendrá hasta contar con una definición y una respuesta concreta al problema. También solicitaron apoyo para difundir la situación en medios de comunicación y redes sociales, con el propósito de que más personas conozcan las condiciones que enfrentan estas comunidades. Su llamado busca visibilizar una problemática que atraviesa la vida cotidiana de sus habitantes y que, para ellos, requiere una respuesta concreta.

¿Qué significa garantizar caminos transitables?

La situación de Los Ledezma nos invita a pensar en algo que suele pasar inadvertido: la infraestructura forma parte de las condiciones que sostienen la vida en común. Un camino permite que una persona llegue a una consulta médica, que una niña asista a la escuela, que una familia transporte sus productos y que las comunidades mantengan sus vínculos con otros territorios. Cuando esas vías se deterioran y no reciben atención oportuna, las dificultades se extienden a distintas dimensiones de la vida cotidiana.

Por eso, el problema no puede reducirse a la reparación de una superficie de lastre o a la intervención de determinados kilómetros. También es necesario reconocer cómo las condiciones de la infraestructura influyen en las posibilidades de cuidar, estudiar, trabajar y participar en la vida comunitaria.

La denuncia de las asociaciones pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué significa vivir dignamente en un territorio rural cuando las condiciones básicas para desplazarse, estudiar, trabajar y cuidar a otras personas no están garantizadas?

Los caminos son parte de los bienes y las condiciones materiales que hacen posible la vida compartida. Su deterioro afecta la relación entre las comunidades y los servicios que necesitan, pero también puede limitar las posibilidades de sostener actividades productivas y fortalecer los vínculos entre vecinos.

En este contexto, escuchar a las comunidades permite reconocer dimensiones del problema que no siempre aparecen cuando se habla de infraestructura únicamente en términos de kilómetros, presupuestos u obras. Detrás de cada camino hay personas que necesitan trasladarse, familias que cuidan a sus seres queridos, niños y niñas que tienen derecho a aprender y trabajadores que dependen de esas vías para desarrollar sus actividades.

La denuncia de las asociaciones también muestra el valor de la organización comunitaria. Frente a una problemática que afecta a varias poblaciones, sus habitantes han decidido unir sus voces para compartir sus preocupaciones y exigir que sus necesidades sean atendidas. Hacer visible esta realidad es también reconocer el derecho de las comunidades a expresar lo que viven, señalar aquello que afecta sus condiciones de vida y reclamar respuestas.

Desde Los Ledezma, el mensaje es directo: las comunidades necesitan caminos transitables y compromisos que se cumplan. Porque un camino no es solamente una vía para llegar de un lugar a otro. Es también una condición para cuidar la vida, sostener el trabajo y mantener viva la comunidad.

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Territorio Tayní Cabécar alza la voz: la falta de puentes mantiene incomunicado al territorio indígena

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Mientras la Asamblea Legislativa se trasladaba a Limón para realizar una sesión solemne, Hugo Céspedes Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, intentaba llegar hasta ese espacio para exponer las necesidades de su territorio. No pudo hacerlo. Los ríos habían crecido y, una vez más, la ausencia de puentes convirtió al territorio en un espacio incomunicado.

El sábado 29 de agosto, la Asamblea Legislativa realizó una sesión solemne en la Casa de la Cultura de Limón. Para Hugo Céspedes Morales, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, aquella actividad representaba una oportunidad para llevar directamente ante diputadas y diputados de la República una realidad que las comunidades indígenas del Valle de La Estrella enfrentan desde hace años: la falta de infraestructura básica para garantizar la movilidad segura dentro y fuera de su territorio.

Su intención era asistir, conversar con las autoridades y explicar las múltiples consecuencias que tiene la ausencia de puentes sobre los ríos que atraviesan Tayní Cabécar. Sin embargo, no logró llegar. Las fuertes lluvias habían provocado el aumento de los caudales y los pasos habituales quedaron interrumpidos.

La situación encierra una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Poder Legislativo se trasladaba hasta Limón en un gesto de acercamiento territorial, una de las voces que buscaba llegar desde un territorio indígena de la misma provincia quedó imposibilitada de hacerlo precisamente por las condiciones de abandono que pretendía denunciar.

Desde el propio territorio, Céspedes Morales decidió grabar un mensaje dirigido a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo y a la opinión pública. Su intervención no se limita a describir una dificultad provocada por el invierno. Lo que plantea es una realidad estructural: cuando los ríos crecen, Tayní Cabécar queda aislado porque no cuenta con los puentes necesarios para garantizar la circulación de las personas.

Una crecida que afecta educación, salud y economía

La falta de puentes atraviesa la vida cotidiana de las comunidades de múltiples maneras. No se trata únicamente de la imposibilidad de trasladarse de un punto a otro, sino de una condición que puede interrumpir el acceso a servicios fundamentales y afectar directamente las posibilidades de las personas para estudiar, trabajar, atender su salud o sostener la economía familiar.

Cuando los ríos aumentan su caudal, docentes y estudiantes enfrentan dificultades para llegar a los centros educativos. El personal docente puede quedar aislado sin posibilidad de trasladarse a sus lugares de trabajo, mientras que niñas, niños y jóvenes ven interrumpido su acceso a la educación. Lo mismo ocurre con los servicios de salud: tanto pacientes como personal médico encuentran obstáculos para movilizarse hacia los centros de atención o para llegar a las comunidades.

Céspedes Morales menciona esta situación al referirse a diferentes servicios presentes en el territorio, entre ellos el EBAIS de Alto Coén y otros espacios de atención en comunidades como Jabuy y Boca Coén. Cuando las condiciones del río impiden el paso, la atención médica se vuelve incierta y las personas que necesitan trasladarse deben esperar o enfrentarse al riesgo de intentar cruzar.

La economía local tampoco queda al margen de esta situación. Buena parte de las familias del territorio depende de actividades productivas vinculadas con cultivos como banano, plátano, frijoles y cacao. Pero producir no garantiza poder vender. Cuando los caminos quedan interrumpidos y no existen puentes para asegurar el tránsito, los compradores e intermediarios no pueden ingresar con normalidad y los productos tampoco pueden salir hacia los lugares de comercialización.

De esta manera, una crecida afecta simultáneamente la educación, la salud y los medios de vida de las comunidades. Lo que desde fuera podría ser interpretado como un problema de conectividad revela, en realidad, una situación mucho más profunda: la infraestructura ausente condiciona el ejercicio cotidiano de derechos fundamentales.

El riesgo de tener que cruzar

Frente a la ausencia de puentes, muchas personas deben enfrentarse a una decisión que no debería formar parte de su vida cotidiana: permanecer aisladas o intentar cruzar un río crecido.

Docentes que necesitan llegar a sus centros de trabajo, estudiantes que buscan asistir a clases, pacientes que requieren atención médica, personal de salud que debe trasladarse hacia las comunidades y productores que necesitan movilizar sus cosechas comparten una misma vulnerabilidad. Para continuar con sus actividades, pueden verse obligados a atravesar ríos cuyas condiciones cambian radicalmente durante las lluvias.

En su mensaje, el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena advierte que esta situación no ha sido únicamente una fuente de incomodidades o pérdidas económicas. La falta de puentes y la necesidad de atravesar ríos han tenido consecuencias humanas graves para las comunidades, incluyendo la pérdida de seres queridos.

Esta dimensión resulta fundamental para comprender la urgencia de la demanda. La construcción de puentes no puede ser presentada como una mejora secundaria o como una obra que pueda esperar indefinidamente dentro de las prioridades institucionales. Para las personas que habitan el territorio, contar con una ruta segura puede marcar la diferencia entre acceder o no a atención médica, entre llegar o no a la escuela y, en situaciones extremas, entre proteger o poner en riesgo la propia vida.

Una demanda que no ha encontrado respuesta

Céspedes Morales señala que, desde la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar, se han realizado múltiples gestiones ante las instituciones competentes para solicitar atención a esta problemática. Sin embargo, según expresa en el video, las comunidades continúan enfrentando las mismas dificultades cada vez que los ríos aumentan su caudal.

Por ello, su llamado se dirige directamente a las diputadas y diputados de la República, así como al Poder Ejecutivo. La solicitud es que las autoridades no conozcan la situación únicamente a través de informes, oficios o reuniones realizadas lejos del territorio, sino que visiten Tayní Cabécar y observen directamente las condiciones en las que viven las comunidades.

La invitación tiene una carga política importante. No se trata solamente de pedir una visita institucional. Es también una forma de cuestionar la distancia que existe entre los espacios donde se toman las decisiones y los territorios que deben convivir diariamente con sus consecuencias.

La experiencia del 29 de agosto lo ilustra con claridad: una representación política se reunió en Limón, pero el presidente de una Asociación de Desarrollo Indígena no pudo llegar hasta ese espacio porque los ríos le cerraron el paso.

La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué significa acercar las instituciones a los territorios si las condiciones de abandono continúan impidiendo que los propios habitantes puedan llegar a los espacios donde se toman las decisiones?

Que las instituciones lleguen al territorio

El mensaje de Tayní Cabécar plantea una inversión necesaria de la lógica habitual. No debería recaer exclusivamente sobre las comunidades la responsabilidad de superar largas distancias, caminos precarios y ríos crecidos para lograr que las instituciones escuchen sus demandas.

Las instituciones también deben desplazarse.

Deben recorrer los territorios, conocer sus condiciones materiales y comprender que las desigualdades territoriales no desaparecen porque se realicen actividades oficiales fuera de San José. Para algunas comunidades, la distancia con el Estado no se mide únicamente en kilómetros. Se mide en ríos sin puentes, caminos interrumpidos, dificultades para acceder a servicios y años de gestiones que no se traducen en soluciones.

La demanda expresada por Hugo Céspedes Morales es concreta: la construcción urgente de puentes en los ríos del territorio indígena Tayní Cabécar.

Sin embargo, detrás de esta solicitud existe una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado se relaciona con los territorios indígenas. Garantizar infraestructura básica no debería depender de la capacidad de una comunidad para insistir una y otra vez ante las instituciones ni de que una situación de emergencia vuelva visible, temporalmente, un problema que existe desde hace años.

La ausencia de puentes produce aislamiento, pero también expresa una forma de marginación territorial. Cuando una comunidad queda incomunicada cada vez que llueve con fuerza, el problema no es únicamente natural. La lluvia revela una vulnerabilidad construida por la falta de inversión y por la ausencia de respuestas oportunas.

Una voz que busca romper el aislamiento

El video compartido por la Asociación de Desarrollo Indígena Tayní Cabécar busca precisamente atravesar las barreras que ese día impidieron el paso físico de su representante.

Si Hugo Céspedes Morales no pudo llegar hasta la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, su mensaje busca que la situación del territorio llegue hasta las autoridades y a la sociedad costarricense por otros medios.

El llamado es urgente y concreto: que diputadas, diputados y representantes del Poder Ejecutivo visiten Tayní Cabécar, conozcan directamente las condiciones que enfrentan sus comunidades y respondan a una necesidad que afecta la educación, la salud, la producción y la seguridad de quienes habitan el territorio.

Porque cuando un río crece sin que exista un puente para atravesarlo, no solamente se interrumpe un camino.

Se dificulta el acceso a la escuela, a la atención médica y a los espacios de trabajo. Se detiene la circulación de productos y se afectan los ingresos de las familias. Se profundiza el aislamiento y, en los casos más graves, se ponen vidas en riesgo.

La voz que llega desde Tayní Cabécar es, por ello, un llamado de atención a las autoridades nacionales: los territorios no deberían tener que esperar a que ocurra una tragedia para que una necesidad largamente conocida sea atendida.

La invitación está hecha.

Que las autoridades lleguen al territorio.

Que recorran sus caminos y conozcan sus ríos.

Que escuchen a las comunidades.

Y que esa escucha, finalmente, se traduzca en respuestas concretas.

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¿Quién tiene derecho a preguntar sobre el territorio? Una reflexión desde Río Frío, Maquengal ante la Semana Geológica

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«Estamos cansados de que nos ignoren»

“Estamos cansados de que nos ignoren las instituciones, los grandes jerarcas y también el gobierno local.”

Esta es una de las sensaciones que expresa el Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro al encontrarse nuevamente con iniciativas institucionales que llegan al territorio mientras sus preguntas, preocupaciones y años de organización siguen sin recibir una respuesta efectiva.

En ese contexto se anuncia una Semana Geológica en Guatuso, impulsada por la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad. Una actividad que, en otro escenario, podría ser una oportunidad para conocer mejor el territorio y aportar a su protección. Pero para una comunidad que lleva años observando, documentando y denunciando las transformaciones del río y los efectos de la extracción de materiales, la pregunta es inevitable:

¿Cómo se siente que lleguen nuevos estudios sobre el territorio cuando quienes llevan años defendiendo y produciendo conocimiento sobre ese mismo territorio sienten que siguen siendo ignorados?

No se trata de estar en contra de la ciencia ni de cuestionar la necesidad de conocer mejor el territorio. Se trata de algo más básico: ¿qué lugar ocupa la comunidad cuando las instituciones deciden qué preguntar, qué investigar y quiénes tienen derecho a producir conocimiento sobre el lugar que habitan?

Esta nota nace de esa incomodidad y de esa pregunta.

La Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso realizarán una Semana Geológica en el cantón. Una actividad de esta naturaleza podría ser una oportunidad valiosa para producir conocimiento sobre el territorio, comprender sus transformaciones y aportar elementos para su protección. Pero antes de celebrar la llegada de nuevos estudios y especialistas conviene detenerse en una pregunta más incómoda: ¿qué lugar ocupa la comunidad que lleva años observando, denunciando y pensando el territorio cuando las instituciones deciden qué investigar y cómo hacerlo?

La pregunta es especialmente relevante en Río Frío, Maquengal, donde existe un proceso comunitario que desde hace años viene señalando las transformaciones provocadas por la extracción de materiales, la pérdida de espacios históricamente utilizados por la población, las afectaciones sobre el río y las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha ido modificando la relación de la comunidad con uno de sus principales bienes comunes. Desde 2022, las personas vecinas han venido alertando sobre la extracción intensiva de arena y piedra y solicitando a las autoridades que atiendan sus preocupaciones, aportando datos, testimonios y observaciones construidas desde su experiencia territorial.

Por eso, el problema que hoy queremos señalar no es que llegue más conocimiento científico al territorio. El problema es que se pretenda producir conocimiento sobre un territorio ignorando deliberadamente a quienes ya están produciendo conocimiento sobre él.

No hay nada anticientífico en que una comunidad pregunte, cuestione un estudio, señale una contradicción, demande información o plantee otra interpretación sobre lo que está ocurriendo en su río. Al contrario: preguntar, contrastar, observar, discutir evidencias y exigir que las afirmaciones puedan ser revisadas forman parte de una cultura científica. Lo que resulta profundamente problemático es que las instituciones utilicen la autoridad de “lo técnico” para cerrar esas preguntas antes de escucharlas.

La anticiencia también puede tener sello institucional

Quizá sea necesario invertir una idea que con demasiada facilidad se instala en estos debates. Se suele acusar de “anticiencia” a las comunidades cuando cuestionan determinados estudios, cuando desconfían de las instituciones o cuando defienden conocimientos construidos desde su experiencia. Pero pocas veces nos preguntamos si puede existir una forma institucional de anticiencia.

Sí puede existir.

Una institución practica una forma de anticiencia cuando convierte la ciencia en autoridad incuestionable, cuando utiliza los estudios técnicos como argumento para clausurar preguntas, cuando descalifica conocimientos porque no fueron producidos dentro de sus propios procedimientos y cuando decide de antemano que las personas que habitan un territorio no tienen nada relevante que aportar al conocimiento sobre él.

La ciencia no se fortalece cuando se la coloca por encima de la sociedad como una autoridad que no debe ser interrogada. Se fortalece precisamente cuando sus métodos, datos, interpretaciones y conclusiones pueden ser discutidos, contrastados y revisados.

Por eso, si una universidad llega a un territorio con la pretensión de estudiar su realidad pero decide ignorar a quienes llevan años observándola, documentándola y denunciando sus transformaciones, no está defendiendo la ciencia frente a la “anticiencia comunitaria”. Está empobreciendo la propia producción científica al excluir deliberadamente una fuente de conocimiento relevante.

El reciente debate publicado en Nature resulta particularmente pertinente. Sus autores advierten que las decisiones sobre ciencia y política suelen producirse principalmente entre personas expertas e instituciones, mientras la ciudadanía queda al margen, y plantean que la participación pública debería incorporarse desde la definición de las prioridades de investigación, no únicamente después de que el conocimiento ya ha sido producido.

Pero en Maquengal el problema es todavía más evidente: las preguntas ya existen. La comunidad lleva años formulándolas.

Maquengal no está pidiendo que le crean; está pidiendo que la escuchen

La comunidad no está diciendo que su experiencia deba sustituir a la geología, la hidrología, la ingeniería o cualquier otro campo científico. Tampoco está pidiendo que sus afirmaciones sean aceptadas automáticamente por el hecho de provenir de personas que viven en el lugar.

Está pidiendo algo mucho más elemental: que aquello que observa sea considerado una fuente legítima de preguntas y que pueda entrar en diálogo con el conocimiento técnico.

Esto es muy distinto.

Una persona que vive junto al río durante décadas puede reconocer transformaciones que un estudio puntual difícilmente puede captar. Puede recordar cómo era el cauce, dónde estaban las pozas, cuáles eran los lugares de encuentro, cómo se comportaba el agua, qué cambios comenzaron a producirse y cuándo. Puede identificar modificaciones en el paisaje que no aparecen en una fotografía aérea o en una medición realizada durante un período determinado.

Ese conocimiento no tiene que ser aceptado sin discusión. Tiene que ser escuchado, documentado, contrastado y puesto en diálogo con otras formas de conocimiento.

Eso es investigación.

Lo contrario es decidir que una experiencia deja de ser conocimiento simplemente porque no posee el lenguaje institucional de un informe técnico.

El propio artículo de Nature sostiene que las comunidades poseen conocimientos relevantes y que la investigación mejora cuando diferentes formas de conocimiento pueden encontrarse y contrastarse. Incluso señala que los procesos participativos permiten formular preguntas más vinculadas con las prioridades reales de las poblaciones afectadas.

El problema comienza cuando se estudia el territorio como si nadie lo hubiera pensado antes

Hay algo particularmente preocupante cuando una institución académica llega a un territorio conflictivo y actúa como si el conocimiento comenzara con su llegada.

Río Frío-Maquengal no es una hoja en blanco.

Hay una historia de transformaciones, una memoria del río, experiencias de extracción, conflictos por el acceso, cambios en los usos del espacio, preocupaciones ambientales y una organización comunitaria que ha decidido intervenir públicamente sobre estas cuestiones.

Todo esto ya forma parte del territorio.

Ignorarlo no produce neutralidad. Produce una determinada interpretación del territorio: aquella en la que las preguntas de la comunidad dejan de ser relevantes hasta que una institución externa decide formularlas.

Y allí aparece una cuestión fundamental sobre el poder.

Quien define las preguntas también define, en buena medida, qué realidad será visible. Quien determina qué información cuenta establece qué problemas podrán aparecer en los resultados. Quien decide quién participa y quién no participa está estableciendo una jerarquía sobre los saberes y sobre las personas capaces de producirlos.

Por eso la discusión sobre la Semana Geológica no puede reducirse a si los estudios serán técnicamente buenos. También debemos preguntar cómo se definieron sus preguntas, qué conocimientos fueron considerados previamente y quiénes participaron en la construcción de la agenda de investigación.

Cuando la ciencia llega después de que la comunidad ha sido ignorada

La preocupación aumenta cuando recordamos lo ocurrido anteriormente.

El 20 de agosto de 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal de Maquengal con participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de estudiantes e investigadores de la Universidad de Costa Rica que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para conversar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas sobre la situación del río. La actividad fue cancelada a último momento y nunca fue reprogramada.

Posteriormente, el Grupo de Defensa de la Cuenca presentó ante el Concejo Municipal una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales. Allí planteó preocupaciones concretas relacionadas con la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones. La respuesta institucional no significó la apertura de un proceso sostenido de diálogo. En su lugar, apareció en la zona de extracción un rótulo que anunciaba la “legalidad” de la concesión y advertía sobre el ingreso durante la operación de maquinaria.

Este antecedente importa porque muestra que el problema actual no aparece de la nada.

Primero se ignoran las preguntas de la comunidad. Después se producen respuestas institucionales que no resuelven esas preguntas. Y posteriormente se convocan nuevos procesos técnicos sin que el grupo comunitario que ha venido planteando el conflicto sea reconocido como interlocutor.

Así, la producción de conocimiento corre el riesgo de convertirse en una nueva etapa de la misma exclusión.

De la exclusión del territorio a la exclusión del conocimiento

Lo ocurrido en Maquengal puede entenderse entonces como parte de un proceso más amplio. Primero se transforma un espacio de uso común. Después se restringe el acceso. Posteriormente se legitima esa transformación mediante argumentos administrativos y jurídicos. Y finalmente se produce conocimiento sobre el territorio sin incorporar plenamente a quienes han cuestionado ese proceso.

Son distintas dimensiones de una misma jerarquía.

El río deja de ser reconocido principalmente como espacio común y comienza a ser tratado como espacio de extracción. La comunidad deja de ser reconocida como sujeto con capacidad de decisión y comienza a aparecer como población afectada. Y sus conocimientos dejan de ser considerados parte de la comprensión del territorio para convertirse, en el mejor de los casos, en opiniones que pueden ser escuchadas después de que otras personas hayan definido el problema.

Por eso resulta tan importante no separar la discusión ambiental de la discusión sobre participación.

Cuando la comunidad denuncia la pérdida de acceso al río, no está hablando solamente de recreación. Está hablando de la transformación de un espacio común. Cuando cuestiona la extracción, no está simplemente diciendo que no le gusta una actividad económica. Está preguntando qué modelo de desarrollo está transformando su territorio. Y cuando cuestiona los estudios o solicita información, no está rechazando la ciencia. Está ejerciendo precisamente el derecho a discutir las decisiones que pretenden producir conocimiento y políticas sobre su propia vida.

Una universidad pública no puede colocarse por encima del territorio

Esto adquiere una importancia particular cuando hablamos de la Universidad de Costa Rica.

La universidad pública no debería entender su presencia territorial como la llegada de una institución que posee el conocimiento y que se dispone a transferirlo hacia una comunidad que supuestamente carece de él. Esa relación reproduce una jerarquía que contradice buena parte de la tradición de extensión, acción social y compromiso público que debería caracterizar a una universidad financiada por la sociedad.

La universidad pública puede y debe producir conocimiento especializado. Pero su carácter público no se deriva únicamente de que sus investigaciones sean técnicamente rigurosas. También depende de cómo establece sus relaciones con la sociedad, a quién escucha, qué conocimientos reconoce y qué posibilidades abre para que las personas afectadas participen en la producción y discusión del conocimiento.

El artículo de Nature plantea justamente que las universidades deberían avanzar hacia formas de investigación coproducida y reconocer institucionalmente el trabajo realizado junto a las comunidades. También advierte que los mecanismos de participación requieren tiempo, recursos y capacidades para enfrentar las desigualdades de poder que aparecen cuando se encuentran diferentes formas de conocimiento.

Esto no debería verse como una concesión de la academia hacia las comunidades. Es una transformación necesaria de la propia práctica universitaria.

¿Una Semana Geológica para quién?

Por eso, la pregunta frente a la Semana Geológica no es si debemos tener más ciencia en Guatuso. Por supuesto que necesitamos conocimiento científico. Lo que debemos discutir es qué tipo de relación establece ese conocimiento con el territorio y con las personas que lo habitan.

¿La Semana Geológica llega para investigar un territorio previamente definido desde fuera o puede incorporar las preguntas que la comunidad viene construyendo?

¿Llega para explicar el territorio a quienes viven en él o para construir conocimiento junto a quienes ya tienen una experiencia acumulada sobre sus transformaciones?

¿Los resultados servirán únicamente para producir informes y actividades académicas o podrán alimentar también las discusiones comunitarias sobre el futuro del río?

Y hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿para qué se quiere caracterizar geológicamente el territorio? Si el propósito es conocer mejor sus condiciones, sus dinámicas y sus riesgos, ese conocimiento puede contribuir al cuidado y a la defensa del territorio. Pero si la caracterización termina siendo utilizada principalmente para identificar dónde existe más material disponible y facilitar nuevas actividades extractivas, entonces la ciencia estaría cumpliendo una función muy distinta: no comprender el territorio para cuidarlo, sino conocerlo para extraerlo.

¿La comunidad será reconocida como una fuente de conocimiento y como interlocutora o será nuevamente colocada en el lugar de población que debe recibir los resultados?

Estas no son preguntas contra la ciencia. Son preguntas sobre la responsabilidad social de la ciencia.

Y aquí conviene ser claros: no corresponde exigirle a la comunidad que demuestre que no es “anticientífica” cada vez que cuestiona una decisión universitaria o municipal. Esa exigencia reproduce el mismo estereotipo que debemos evitar. El punto de partida debería ser otro: la comunidad tiene derecho a cuestionar, preguntar, disentir y producir conocimiento sin que ese ejercicio sea convertido automáticamente en rechazo de la ciencia.

Maquengal no necesita permiso para pensar su propio territorio

El Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro ha sido claro: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya.” Esa frase debería ser leída no como una estrategia para distanciarse de una supuesta acusación de anticiencia, sino como una definición política del problema.

La comunidad no está pidiendo privilegios ni una autoridad exclusiva sobre el conocimiento. Está reclamando reconocimiento como sujeto territorial.

Está diciendo que el río no es solamente un cauce que puede ser medido, intervenido o explotado. Es también un espacio de vida común. Está diciendo que una concesión puede ser legal y, al mismo tiempo, producir consecuencias sociales y ambientales que merecen ser discutidas. Está diciendo que la experiencia de quienes han visto transformarse el río durante décadas no puede ser descartada porque no venga acompañada de un sello institucional.

Y está diciendo algo todavía más profundo: que no puede existir una verdadera defensa del territorio si quienes lo habitan son excluidos de las decisiones sobre su futuro.

Por eso, la discusión sobre la Semana Geológica debería ser también una oportunidad para que la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso revisen su propia relación con Maquengal.

No se trata de incorporar a la comunidad como un gesto decorativo de participación. Se trata de reconocer que ya existe un proceso de producción de conocimiento en marcha y que cualquier nueva investigación sobre el territorio debería encontrarse con ese conocimiento, dialogar con él, contrastarlo, discutirlo y, cuando corresponda, dejarse interpelar por él.

La ciencia no pierde autoridad cuando escucha.

La pierde cuando se utiliza como autoridad para no escuchar.

La universidad no se debilita cuando una comunidad cuestiona sus investigaciones.

Se debilita cuando necesita silenciar esas preguntas para sostener su autoridad.

Y una municipalidad no fortalece su gestión territorial cuando se limita a exhibir la legalidad de una decisión.

La fortalece cuando permite que quienes viven las consecuencias de esa decisión puedan participar realmente en su discusión.

Lo que está en juego en Río Frío-Maquengal no es una disputa entre ciencia y anticiencia. Esa formulación ya contiene una trampa: coloca a las instituciones del lado del conocimiento y a la comunidad en el lugar de quien debe demostrar que merece ser escuchada. La disputa es otra.

Es por quién puede producir conocimiento sobre el territorio, quién puede formular sus preguntas, qué saberes son reconocidos y quién tiene capacidad para intervenir en las decisiones que afectan los bienes comunes.

Y allí la pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda: ¿Quién tiene derecho a preguntar sobre el territorio?

Maquengal ya está preguntando. La cuestión es si la Universidad y la Municipalidad están dispuestas a escuchar.

Referencia:

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 8 de octubre). De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas. Observatorio de Bienes Comunes.

Tyler, C., Akerlof, K. L., al-Gharbi, M., Bedsted, B., Boeira, L., Brown, T., Christopherson, E., Scheufele, D. A., Farooque, M., Head, B. W., Piquado, T., & Pedersen, D. B. (2026). Six ways to put the public at the heart of science and policy. Nature, 655, 34–37. https://doi.org/10.1038/d41586-026-01981-z

Una disculpa necesaria

Desde el Observatorio de Bienes Comunes queremos ofrecer una disculpa a la comunidad de Maquengal y al Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro.

Como parte de una universidad pública, no podemos mirar hacia otro lado cuando nuestra propia institución reproduce prácticas que hemos cuestionado a lo largo de este proceso: ningunear a la comunidad, desconocer sus conocimientos y reforzar el estereotipo de que quienes cuestionan las decisiones técnicas son personas “anticientíficas” o contrarias al desarrollo.

La comunidad de Maquengal no está contra la ciencia. Ha preguntado, observado, documentado, contrastado y exigido respuestas. Eso también es una forma de producir conocimiento. Lo preocupante no es que la comunidad cuestione los estudios; lo preocupante es una institucionalidad que utiliza la autoridad de lo técnico para evitar ser cuestionada.

Por eso queremos ser claros: no corresponde pedirle a Maquengal que demuestre que no es “anticiencia”. Corresponde a las instituciones demostrar que están dispuestas a escuchar, dialogar y reconocer los conocimientos que la comunidad ha construido sobre su propio territorio.

Lamentamos que la Universidad de Costa Rica vuelva a reproducir una relación en la que el conocimiento institucional parece tener prioridad sobre la palabra de quienes viven y defienden el río. Y lamentamos que la comunidad tenga que seguir insistiendo para ser reconocida como interlocutora.

También queremos aclarar algo frente a cualquier cuestionamiento sobre por qué no solicitamos previamente información sobre los acuerdos, coordinaciones o decisiones tomadas entre las distintas instituciones involucradas. No nos corresponde validar los intereses, acuerdos o arreglos establecidos entre instituciones. Nuestro papel es observar, problematizar y hacer pública la preocupación que generan las decisiones tomadas y, especialmente, las formas en que la institucionalidad se relaciona con las comunidades. Dar a conocer esa percepción y abrir una discusión pública sobre esas prácticas también forma parte de nuestro compromiso con los bienes comunes y con una universidad pública al servicio de la sociedad.

Esta disculpa también nos compromete a seguir señalando estas prácticas dentro de nuestra propia universidad. Maquengal ya tiene voz, conocimiento y organización. Lo que falta no es darle voz a la comunidad; lo que falta es que las instituciones aprendan a escucharla.

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Densificación, agua y espacios públicos: las claves para entender la propuesta de modificación del Plan Regulador de Escazú

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La Comisión del Plan Regulador de Escazú celebró el pasado 29 de julio una sesión extraordinaria para informar sobre los avances de la modificación que contempla reformas parciales en los distritos de Escazú Centro y San Antonio. Durante la sesión, la administración municipal brindó detalles sobre el alcance del proceso, que hasta el momento no ha iniciado labores concretas debido a cambios normativos a nivel nacional.

Una contratación que aún no arranca

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la situación de la empresa consultora contratada para llevar adelante esta modificación. Según explicó el funcionario municipal encargado de la presentación, la contratación fue adjudicada el año pasado, pero aún no se ha dado la orden de inicio para la ejecución de los trabajos.

La razón principal es la entrada en vigor del Mapriot (Manual de Planes Reguladores como Instrumentos de Ordenamiento Territorial), un nuevo instrumento normativo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) que establece requisitos más exigentes para cualquier modificación o creación de planes reguladores. Dado que el proceso de contratación se realizó bajo la normativa anterior, la administración decidió suspender temporalmente el inicio de labores para evitar que el estudio fuera rechazado por el INVU y se perdieran recursos públicos.

«Si avanzábamos hace ocho meses, prácticamente nos iban a decir ‘empiece de cero’. Los recursos públicos hay que cuidarlos», señaló el funcionario.

Actualmente, la administración se encuentra en una fase preliminar de análisis, previa a la elaboración de los estudios técnicos que sustentarán la propuesta de modificación. Aunque no se brindó una fecha exacta para el inicio de los trabajos, se indicó que la Comisión del Plan Regulador será el primer espacio donde se presentarán los avances.

Exclusiones y alcances de la modificación

Una de las aclaraciones más relevantes de la sesión fue que la modificación no incluye la zona agrícola ni la zona protectora de los cerros de Escazú. El funcionario municipal fue enfático en este punto: la propuesta se limitará a las áreas urbanas de los distritos de Escazú Centro y San Antonio, respetando las zonas que actualmente están protegidas por su valor ambiental.

Además, se informó que no habrá cambios de zonificación ni creación de nuevas zonas. La modificación utilizará las mismas categorías de suelo existentes desde el 2005, ya que cualquier modificación a la zonificación implicaría perder la viabilidad ambiental actualmente vigente y someterse a un nuevo proceso de evaluación ambiental.

Densificación habitacional como eje central

El principal objetivo de la modificación es mejorar las condiciones de densidad en zonas residenciales, permitiendo que propietarios de terrenos con ciertas características puedan desarrollar una segunda unidad residencial en su propiedad.

Según la administración, la demanda de usos de suelo que ha llegado al departamento de Gestión Urbana en los últimos años muestra un patrón recurrente: personas que desean ampliar sus viviendas para que sus hijos o hijas puedan independizarse, pero que no cuentan con el metraje suficiente bajo la normativa actual.

La propuesta buscaría ajustar parámetros como altura, cobertura y retiros, siempre dentro de los límites establecidos por la viabilidad ambiental. No obstante, se aclaró que la parte comercial no será beneficiada por esta modificación, ya que cualquier cambio en ese sentido implicaría una modificación a la zonificación existente.

El modelo de las «capas»: una herramienta para entender y cuestionar el ordenamiento territorial

Uno de los momentos más valiosos de la sesión fue la explicación técnica sobre cómo se toman las decisiones en el ordenamiento territorial. Comprender este modelo es fundamental para que la ciudadanía pueda leer, cuestionar y dar seguimiento a las propuestas que se presenten en el futuro.

La metáfora del queque de capas: Imaginemos el territorio como un queque de varias capas. Cada capa representa una dimensión distinta que debe ser analizada antes de tomar decisiones sobre el uso del suelo, la densidad o la altura de las edificaciones. La clave es que las capas superiores no pueden superar los límites que imponen las capas inferiores.

Capa 1 La viabilidad ambiental (el límite máximo): Esta es la capa más fundamental. La viabilidad ambiental establece el límite máximo de desarrollo posible en un territorio, con base en estudios sobre la fragilidad del suelo, la capacidad de carga del ecosistema, la disponibilidad de agua y otros factores ambientales.

En el caso de Escazú, la viabilidad ambiental actual fue aprobada en el 2009 y establece, por ejemplo, que en ciertas zonas se podría construir hasta 14 pisos. Este es el techo máximo, el límite que no se puede rebasar bajo ninguna circunstancia.

Capa 2 Infraestructura y servicios públicos: Sobre la capa ambiental se superpone la de infraestructura urbana: vialidad, redes de agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas de drenaje pluvial, transporte público, entre otros.

Aquí ocurre una primera reducción del potencial constructivo. Aunque la viabilidad ambiental permita 14 pisos, si las calles son estrechas, si la red de agua no tiene la capacidad suficiente o si no hay un sistema de alcantarillado adecuado, el desarrollo real tendrá que ser menor.

Por ejemplo, el ancho de las vías determina el potencial constructivo en altura debido al denominado «efecto sombra»: cuando se construyen edificios muy altos en calles estrechas, se bloquea la luz solar, afectando la calidad de vida en el entorno urbano.

Capa 3 Usos de suelo y normativa local: Una tercera capa es la de los usos de suelo permitidos y la normativa urbanística local. Aquí se definen, por ejemplo, si una zona es residencial, comercial o mixta; cuáles son los retiros obligatorios; qué porcentaje del terreno puede ser construido (cobertura); y qué usos específicos están autorizados.

¿Cómo se toman las decisiones en la práctica?

Lo que la administración municipal debe hacer es bajar desde el límite máximo (la viabilidad ambiental) hasta un parámetro que sea viable técnica y socialmente. El estudio que realizará la empresa consultora consistirá precisamente en analizar todas estas capas para determinar cuál es el potencial constructivo real de cada zona.

Para la ciudadanía, la pregunta clave en las próximas etapas del proceso será: ¿la administración está ajustando los parámetros a la realidad de la infraestructura existente, o está decidiendo ignorar esas limitaciones y apostar por un desarrollo que la ciudad no puede sostener?

Lo que debe pedir la ciudadanía en las próximas etapas

Cuando se presenten los estudios y las propuestas concretas, quienes habitan el cantón pueden formular preguntas como:

  • Sobre la viabilidad ambiental: ¿Se está respetando el límite máximo que establece la viabilidad ambiental? ¿O se está intentando modificar ese límite?

  • Sobre infraestructura: ¿Los parámetros propuestos consideran la capacidad real de las vías, el agua potable y el alcantarillado? ¿Se han hecho estudios que demuestren que la infraestructura puede soportar el aumento de densidad?

  • Sobre el efecto sombra: ¿Se ha analizado cómo las nuevas alturas afectarán la iluminación natural y la calidad de vida en los espacios públicos y viviendas cercanas?

  • Sobre servicios públicos: ¿El aumento de población que genera la densificación puede ser atendido por los servicios de salud, educación, transporte y seguridad existentes?

  • Sobre espacios públicos: ¿Se está garantizando que el aumento de densidad vaya acompañado de suficientes áreas verdes, aceras y espacios de convivencia?

Preocupaciones ciudadanas: agua, espacios públicos y gentrificación

Durante el espacio de atención al público, vecinos y vecinas expresaron sus principales preocupaciones en torno a la modificación y, en general, al futuro del ordenamiento territorial en Escazú.

Aguas residuales: una deuda pendiente

Uno de los temas que generó mayor debate fue el tratamiento de aguas residuales. Vecinas señalaron que la municipalidad exige a los particulares contar con sistemas de tratamiento adecuados para obtener permisos de construcción, mientras que la infraestructura pública de alcantarillado sanitario en el cantón presenta un rezago inaceptable.

«Si yo voy a hacer una casa, lo primero que me piden es: ¿dónde está mi planta de tratamiento? Entonces yo le digo a la administración: ¿dónde está su planta de tratamiento?», cuestionó una vecina, quien además denunció los olores a cloaca que afectan diversas zonas del cantón, incluso frente a la propia municipalidad.

Desde la administración se aclaró que el Ministerio de Salud considera sistemas de tanque séptico mejorado como plantas de tratamiento, y que la propuesta de modificación incentivaría estas mejoras como condición para el desarrollo de segundas viviendas. Sin embargo, se reconoció que la red de alcantarillado sanitario es competencia del AyA, aunque también se recordó que los municipios pueden asumir esa competencia si así lo deciden.

En ese sentido, un miembro de la comisión informó que hace aproximadamente tres meses se aprobó en el concejo municipal una moción para iniciar un proceso de diálogo con los cantones vecinos (Santa Ana, Mora y Acosta) con el objetivo de explorar la posibilidad de impulsar, con apoyo de cooperación internacional, un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales para el oeste del área metropolitana.

Agua potable: disponibilidad versus infraestructura

Otro tema crítico fue la disponibilidad de agua potable. Vecinos señalaron que, aunque el AyA asegura que hay dotación de agua, la infraestructura de distribución es insuficiente, lo que se traduce en cortes de agua recurrentes, especialmente los miércoles.

Se advirtió que cualquier aumento de densidad debe considerar este factor, ya que sin la infraestructura adecuada, el problema de suministro se agravaría. Desde la administración se indicó que, aunque la modificación pueda autorizar mayores densidades, cada permiso de construcción requiere la viabilidad del AyA sobre la disponibilidad de agua potable, lo que actúa como un filtro adicional.

Desde la perspectiva del modelo de capas, el agua potable es una de las capas de infraestructura que debe ser analizada rigurosamente. La pregunta que la ciudadanía debe mantener presente es: ¿se está verificando que haya suficiente agua para la nueva densidad que se autoriza?

Espacios públicos y movilidad

Vecinos también plantearon la necesidad de que la modificación considere la ampliación de espacios públicos, aceras y áreas verdes. Se señaló que el desarrollo del centro de Escazú ha sido históricamente limitado en este aspecto, y que el mejoramiento de parámetros urbanísticos debería ir acompañado de condiciones que garanticen espacios para la movilidad peatonal y el disfrute público.

Desde la administración se mencionaron experiencias recientes en proyectos de obra pública donde se ha logrado la cesión voluntaria de parte de propiedades para ampliar aceras, a cambio de la construcción de estas por parte de la municipalidad. Sin embargo, se reconoció que en algunos casos ha sido necesario recurrir a procesos de expropiación.

En el marco del modelo de capas, los espacios públicos son parte de la infraestructura urbana que debe ser dimensionada adecuadamente para absorber el crecimiento poblacional. Una densificación sin espacios públicos suficientes compromete la calidad de vida y la cohesión social.

Habitabilidad y permanencia de las comunidades

Una de las preocupaciones recurrentes entre las personas vecinas de Escazú es el impacto que el aumento de densidad podría tener en la vida cotidiana de quienes habitan el cantón. Existe la interrogante sobre si el desarrollo urbano que se promueve con modificaciones como esta podría generar cambios en el tejido social y en las condiciones de permanencia de las comunidades que históricamente han vivido en el territorio.

Esta preocupación se suma a los ejes de trabajo que diversos movimientos ciudadanos han venido planteando en el cantón: el derecho a la vivienda, la protección de los espacios públicos y la defensa de la calidad de vida frente a la presión urbanística. La pregunta sobre cómo el incremento del valor de las propiedades y la transformación del territorio podrían afectar el arraigo de la población local sigue siendo un tema central en la agenda ciudadana.

Próximos pasos

La administración municipal se comprometió a presentar los avances de la modificación en la Comisión del Plan Regulador una vez que los estudios técnicos estén más avanzados. Posteriormente, se realizarán talleres de participación ciudadana y una audiencia pública, tal como lo establece la normativa vigente.

La Comisión del Plan Regulador continuará siendo el espacio donde la ciudadanía organizada y la administración dialoguen sobre el futuro del territorio, con el desafío de equilibrar el desarrollo urbano con la protección ambiental y la garantía de servicios básicos para la población.

Te invitamos a consultar el manual elaborado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), una herramienta que brinda información y orientaciones para comprender mejor los procesos relacionados con la planificación territorial y el ordenamiento urbano.

Descargalo aquí

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Ciudadanía activa: propuesta y monitoreo en torno al Plan Regulador de Escazú

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Esta entrevista fue realizada el 29 de julio, horas antes de la sesión de la Comisión del Plan Regulador en la que la administración municipal informaría sobre los avances de la modificación. La conversación con Javier Sánchez, presidente de CODECE, documenta las preocupaciones y expectativas ciudadanas que antecedieron a esa sesión. Las reflexiones aquí planteadas —sobre participación, acceso a la información, protección de espacios públicos y prevención de la gentrificación— mantienen plena vigencia más allá de los detalles coyunturales que se conocieron posteriormente.

La construcción de un plan regulador no es únicamente un ejercicio técnico. Es, sobre todo, un proceso de política pública que define cómo se transforma el territorio, cuáles intereses se priorizan y qué condiciones tendrán las comunidades para habitar sus barrios en los próximos años. Por esa razón, la participación ciudadana no puede limitarse a las audiencias públicas o a la consulta de documentos ya elaborados; requiere organización, propuesta y seguimiento permanente.

En una nueva edición de Sentires y Saberes, conversamos con Javier Sánchez, presidente de CODECE, organización comunal ambiental con una amplia trayectoria en la defensa del ordenamiento territorial en Escazú. La entrevista, realizada el 29 de julio, recupera el contexto del proceso que ha vivido el cantón durante el último año, marcado por la movilización ciudadana que logró mantener la representación comunitaria dentro de la Comisión del Plan Regulador y fortalecer un espacio de seguimiento y propuesta sobre las decisiones relacionadas con el territorio.

La participación no es solo reacción: también es propuesta

La historia de CODECE en Escazú es un ejemplo de participación propositiva. Desde los años 90, esta organización ha trabajado activamente en la formulación del plan regulador, logrando incidencia concreta: en el primer plan regulador, CODECE impulsó la zonificación de la zona protectora de los cerros de Escazú, una herramienta que ha permitido regular el crecimiento urbano y proteger el área natural más cercana a San José.

Esta experiencia demuestra que la ciudadanía organizada no solo vigila, sino que también propone. No se trata únicamente de oponerse o de reaccionar ante decisiones municipales, sino de construir alternativas, aportar conocimiento técnico y comunitario, y negociar en los espacios institucionales para incidir en el rumbo del territorio.

Vigilancia y propuesta: dos caras de una misma participación

La entrevista con Javier Sánchez fue realizada horas antes de la sesión convocada por la Comisión del Plan Regulador para conocer los avances de las reformas parciales en los distritos de Escazú Centro y San Antonio. En ese momento, existía preocupación por el escaso acceso a la información y por el trabajo que podría estar desarrollando una empresa consultora contratada por la Municipalidad.

Durante la sesión del 29 de julio, sin embargo, se informó que la empresa consultora aún no ha iniciado labores y que las actividades previstas para este proceso tampoco han comenzado. Esta actualización modifica parte del contexto inmediato de la entrevista, pero las reflexiones de fondo mantienen plena vigencia: la ciudadanía no puede esperar a que los procesos estén cerrados para participar. Debe estar presente desde el inicio, formulando preguntas, pero también proponiendo soluciones y alternativas para el desarrollo del territorio.

Preguntas que construyen, no solo que fiscalizan

Uno de los principales aprendizajes que deja la experiencia de CODECE es que participar también significa formular preguntas, pero no desde una postura meramente fiscalizadora, sino desde la búsqueda de soluciones compartidas:

  • -¿Qué cambios se pretenden realizar y bajo qué criterios técnicos y ambientales?

  • -¿Cómo pueden estos cambios beneficiar la habitabilidad de las comunidades?

  • -¿Qué mecanismos existen para garantizar la protección de espacios públicos y áreas verdes?

  • -¿Cómo se previenen procesos de gentrificación que puedan desplazar a quienes han habitado históricamente el cantón?

  • -¿Qué alternativas existen para mejorar la infraestructura urbana sin sacrificar la calidad de vida?

Estas preguntas no son solo un ejercicio de control; son el punto de partida para construir respuestas colectivas y propuestas ciudadanas que enriquezcan el debate público.

Propuestas ciudadanas para el ordenamiento territorial

Desde su experiencia, CODECE plantea líneas de acción que trascienden la crítica y se convierten en propuestas concretas para el futuro de Escazú:

  • -Priorizar la habitabilidad de las comunidades, garantizando que las personas que han nacido y construido el cantón puedan seguir viviendo en él.

  • -Proteger y ampliar los espacios públicos y áreas verdes, entendiéndolos como bienes comunes esenciales para la calidad de vida.

  • -Prevenir la gentrificación, promoviendo políticas que eviten el desplazamiento de las poblaciones locales por el aumento desmedido del costo de la vivienda.

  • -Exigir estudios técnicos y ambientales rigurosos que sustenten cualquier modificación al plan regulador.

  • -Fortalecer los espacios de participación institucional, como la Comisión del Plan Regulador, para que sean canales efectivos de incidencia ciudadana.

Desafíos para una participación ciudadana activa y propositiva

El proceso que vive actualmente Escazú deja lecciones que trascienden este cantón y resultan relevantes para cualquier comunidad involucrada en procesos de ordenamiento territorial y gestión ambiental:

  • -Organizarse desde el inicio de los procesos, antes de que las decisiones estén definidas y los proyectos se encuentren avanzados.

  • -Exigir y aportar información pública clara, completa y oportuna, como condición indispensable para una participación informada.

  • -Fortalecer las organizaciones comunitarias, ya que la participación colectiva tiene mayor capacidad de incidencia y propuesta que las acciones individuales.

  • -Comprender el territorio como un bien común, donde las decisiones sobre el uso del suelo afectan la calidad de vida, el acceso a la vivienda, la movilidad, el patrimonio natural y las generaciones futuras.

  • -Dar seguimiento permanente a las políticas públicas, entendiendo que la participación no concluye con una audiencia o una consulta, sino que implica monitorear la implementación y proponer ajustes cuando sea necesario.

  • -Incorporar la dimensión ambiental en la planificación territorial, procurando que las decisiones contemplen la protección de áreas verdes, corredores biológicos, zonas de recarga hídrica y demás ecosistemas estratégicos.

  • -Promover procesos transparentes y abiertos al diálogo, donde la diversidad de voces contribuya a construir mejores decisiones para el conjunto de la comunidad.

Seguimos escuchando a la ciudadanía

En el Observatorio de Bienes Comunes continuaremos dando seguimiento a este proceso porque entendemos que monitorear las políticas públicas es una forma de participación, pero no es la única. La ciudadanía organizada tiene la capacidad de proponer, construir alternativas y negociar en los espacios institucionales para incidir en el rumbo del territorio.

La experiencia de CODECE en Escazú demuestra que la participación propositiva es posible y necesaria. No se trata de esperar a que las decisiones lleguen para reaccionar, sino de estar presentes desde el inicio, con preguntas, con propuestas y con la convicción de que el territorio es un bien común que nos pertenece a todas y todos.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa y a mantenerte atento a las próximas actualizaciones sobre el proceso del Plan Regulador de Escazú.

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Festival del Felino: cuando una comunidad se encuentra para aprender, conservar y celebrar su territorio

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¿Qué se necesita para organizar un festival comunitario? ¿Qué aprendizajes deja una iniciativa construida desde el compromiso colectivo? ¿Cómo fortalece una comunidad su relación con la naturaleza a través del encuentro?

Este video reúne las voces de personas organizadoras, participantes y habitantes de Piedades Sur de San Ramón para reflexionar sobre el significado del Festival del Felino, una iniciativa que trasciende la realización de una feria y se convierte en un espacio de educación, intercambio de saberes y construcción comunitaria.

Estas personas nos dan a conocer el trabajo que hay detrás de la organización de este tipo de actividades: meses de planificación, articulación entre organizaciones, voluntariado y una convicción compartida de que la conservación también se construye fortaleciendo los vínculos entre las personas.

El recorrido también invita a comprender la estrecha relación entre Piedades Sur y los felinos silvestres que habitan sus bosques. Lejos de ser únicamente un símbolo de la biodiversidad, estos animales forman parte de la historia, la identidad y los desafíos cotidianos de un territorio que busca promover formas de convivencia respetuosas con la vida silvestre.

A lo largo del video emerge una idea común: los festivales comunitarios son mucho más que eventos. Son espacios donde circulan conocimientos, se fortalecen redes de colaboración, se reconoce el trabajo de quienes cuidan el territorio y se inspira a nuevas generaciones a asumir un papel activo en la protección de la naturaleza.

En tiempos en que los desafíos ambientales requieren respuestas colectivas, experiencias como el Festival del Felino recuerdan que la conservación no depende únicamente de políticas públicas o proyectos técnicos. También nace del encuentro entre personas, del diálogo de saberes y de la capacidad de una comunidad para organizarse alrededor de aquello que considera valioso.

Le invitamos a conocer estas historias y a descubrir por qué, en Piedades Sur, celebrar a los felinos silvestres también significa celebrar la organización comunitaria y el compromiso con el territorio.

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Colectivo Antonio Saldaña denuncia uso irrespetuoso de la figura de Pablu Presbere y una nueva forma de violencia contra la memoria indígena

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El presente pronunciamiento fue emitido por el Colectivo Antonio Saldaña, integrado por personas del pueblo indígena bribri, como respuesta a una publicación difundida por la página Exilio Costa Rica, la cual —según señala el colectivo— utiliza la figura histórica de Pablu Presbere de una manera que tergiversa su significado dentro de la memoria, espiritualidad y cosmovisión bribri.

A través de esta denuncia, el colectivo no solo cuestiona el uso simbólico de uno de los principales referentes de la resistencia indígena en Costa Rica, sino que plantea una reflexión más amplia sobre las formas en que los pueblos originarios continúan enfrentando prácticas de apropiación, simplificación y reinterpretación externa de sus saberes, historias y valores culturales.

Meleruk, 12 de julio del 2026

Colectivo Antonio Saldaña

Ante la publicación realizada por la página Exilio Costa Rica, manifestamos lo siguiente:

Como miembros de una comunidad indígena bribri y del Colectivo Antonio Saldaña, condenamos y repudiamos con la más alta indignación el uso de la “figura” del caudillo de la resistencia e identidad indígena, Pablu Presbere, al considerarlo una forma de denigrar su gesta histórica en defensa del Pueblo Indígena.

El mensaje publicado adultera nuestra filosofía, cosmovisión y espiritualidad como pueblo originario. Constituye una profanación de nuestros valores y una falta de respeto hacia nuestra identidad colectiva.

Es un agravio a nuestra dignidad indígena que se nos presente como seres irracionales, sin voluntad o sin capacidad intelectual para comprender, analizar y decidir sobre nuestra propia realidad.

A la naturaleza le debemos reverencia y respeto; no la divinizamos.

A nuestros líderes y mártires les debemos memoria, admiración y profundo respeto, pero no son ídolos ni seres divinos. Fueron personas inspiradas por los mandatos del Gran Sibö, pero no son del mismo nivel.

Ellos defendieron la naturaleza, la dignidad y la identidad de nuestros pueblos, principios que hoy continúan siendo amenazados por el mundo dominante. Para nosotros resulta indiferente la ideología desde la cual se ejerza esa dominación, ya sea de Occidente, Oriente, colorado, verde, derecha o izquierda; sencillamente reconocemos prácticas capitalistas que han sido históricamente ruines y explotadoras. Sus narrativas suelen estar orientadas al aprovechamiento de los recursos, mientras los pueblos originarios continúan siendo atropellados y vulnerados.

Exigimos, de la manera más enérgica, respeto hacia nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión y nuestra identidad cultural.

Defienda su ideología mediante una argumentación política de altura, honesta y responsable, sin recurrir a formas solapadas de adoctrinamiento.

Han sido suficientes más de 500 años de imposiciones y adoctrinamientos.

Los pueblos indígenas somos racionales, tenemos pensamiento propio y sabemos discernir.

Firmamos desde el territorio Bribri de Talamanca.

Sobre la violencia epistémica y la imposición de narrativas externas

Consideramos necesario señalar que este tipo de expresiones no constituyen únicamente una falta de respeto simbólico o una interpretación equivocada de nuestra historia. Forman parte de prácticas más profundas de violencia epistémica, mediante las cuales se intenta imponer una forma externa de comprender, representar y definir quiénes somos los pueblos indígenas.

La violencia epistémica ocurre cuando se niega la validez de nuestros propios conocimientos, nuestra memoria histórica, nuestra espiritualidad y nuestras formas de interpretar el mundo. Se manifiesta cuando otras personas pretenden explicar nuestra identidad desde categorías ajenas, reduciendo nuestras luchas, nuestros símbolos y nuestros referentes históricos a ideas que no corresponden con nuestra cosmovisión.

Durante más de 500 años hemos enfrentado intentos de despojo no solo de nuestros territorios, sino también de nuestras formas de pensar, nombrar y comprender la vida. La imposición de narrativas externas ha buscado presentar nuestras culturas como inferiores, atrasadas o incapaces de producir conocimiento propio.

Por ello, reivindicamos que los pueblos indígenas no somos objetos de estudio, símbolos decorativos ni herramientas para justificar discursos políticos ajenos. Somos pueblos con memoria, pensamiento crítico, capacidad de análisis y derecho a interpretar nuestra propia historia desde nuestros propios saberes.

El respeto hacia nuestros pueblos implica reconocer que existen otras formas legítimas de comprender la relación entre humanidad, naturaleza, espiritualidad, territorio y comunidad. No aceptamos que nuestra cosmovisión sea utilizada, tergiversada o instrumentalizada para fines políticos o ideológicos que contradicen nuestros valores.

Defender a Pablu Presbere, nuestra memoria colectiva y nuestros principios culturales no significa convertirlos en figuras ajenas a nuestra espiritualidad, sino reconocer el profundo significado que tienen dentro de nuestra historia y nuestra identidad como pueblo bribri.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Diez años de denuncias ambientales en Guatuso: lo que revelan los expedientes del SITADA sobre la minería en Río Frío

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Entre 2015 y 2025, al menos dieciocho expedientes registrados en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) documentan una historia de conflictividad persistente alrededor de la extracción de materiales en Guatuso. Más allá del resultado de cada denuncia, la lectura conjunta de estos registros permite identificar tendencias sobre la evolución del conflicto, la respuesta institucional y el papel del monitoreo comunitario en la defensa del territorio.

Durante la última década, el cantón de Guatuso ha sido escenario de una sucesión de denuncias relacionadas con la extracción de materiales en cauces, alteraciones de ríos y posibles infracciones a la legislación minera y ambiental. Aunque cada expediente responde a hechos particulares y tuvo resultados administrativos distintos, su revisión conjunta permite reconstruir un proceso de conflictividad que se ha mantenido vigente durante más de diez años.

Los expedientes abarcan distintos sectores del cantón, entre ellos Pataste, La Rivera, Maquengal, el río Frío y el río La Muerte, y documentan denuncias presentadas por personas vecinas, organizaciones, propietarios de fincas, cuerpos policiales y diferentes instituciones públicas.

Un conflicto que no comenzó recientemente

La cronología muestra que la conflictividad alrededor de la minería no metálica en Guatuso no es un fenómeno reciente.

El primer expediente localizado corresponde a 2015, cuando se denunció una presunta extracción de materiales en Pataste, San Rafael de Guatuso. En los años siguientes aparecen nuevos registros relacionados con extracción en el río La Muerte y en un brazo del río Frío, incluyendo denuncias por actividades fuera de áreas concesionadas y extracción sin autorización.

Para 2020 las denuncias comienzan a incorporar elementos adicionales, como la desviación de cauces, la eliminación de cobertura forestal y afectaciones sobre propiedades privadas, reflejando que las preocupaciones de las comunidades ya no se limitaban únicamente a la extracción de materiales. Lejos de desaparecer, el conflicto continúa durante los años siguientes y presenta un incremento visible en la cantidad de expedientes registrados entre 2023 y 2025.

Las denuncias evolucionaron junto con el conflicto

La revisión de los expedientes evidencia una transformación importante en el tipo de situaciones denunciadas. Mientras los primeros registros se concentran principalmente en la extracción de materiales de los cauces, los expedientes más recientes incorporan una visión más amplia de los impactos sobre el territorio.

Entre las denuncias presentadas en los últimos años aparecen referencias a:

  • -destrucción de islas fluviales;
  • -socavación de árboles ribereños;
  • -apertura de caminos y patios de acopio;
  • -movimientos de tierra;
  • -abastecimiento de combustible a maquinaria dentro del cauce;
  • -construcción de diques y desvíos temporales del río;
  • -cuestionamientos sobre expedientes ambientales y coordenadas de proyectos;
  • -utilización de estudios elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) como evidencia técnica.

Esta evolución muestra que las denuncias dejaron de enfocarse únicamente en una actividad extractiva para incorporar una preocupación creciente por las transformaciones acumulativas del paisaje y de los ecosistemas ribereños.

Más actores participan en la vigilancia del territorio

Otra tendencia que reflejan los expedientes es la ampliación de los actores involucrados. Las primeras denuncias fueron impulsadas principalmente por personas particulares. Con el paso de los años aparecen informes elaborados por la Fuerza Pública, inspecciones técnicas, actuaciones de la Dirección de Geología y Minas, intervenciones de la Dirección de Aguas, coordinación con el SINAC y remisiones al Ministerio Público y a la Fiscalía.

Especialmente durante 2023 se registran varios expedientes consecutivos derivados de operativos policiales en el río La Muerte, donde se documentó la presencia de maquinaria y se realizaron remisiones para investigación penal. La evolución de los expedientes sugiere que el conflicto dejó de ser únicamente una preocupación comunitaria para involucrar progresivamente a distintas instituciones del Estado.

¿Qué muestran las respuestas institucionales?

Los resultados de las investigaciones administrativas fueron diversos.

Una parte importante de los expedientes concluyó con resoluciones de archivo, «sin lugar» o por no haberse logrado comprobar los hechos denunciados. En otros casos las autoridades señalaron que no fue posible identificar responsables o que existían concesiones que respaldaban determinadas actividades. Algunos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para investigaciones adicionales y varios permanecen actualmente en trámite.

Dentro del conjunto revisado destaca un expediente correspondiente a 2021 que concluyó con una resolución favorable a la denuncia y fue remitido tanto al Registro Nacional Minero como al Ministerio Público.

Esta diversidad de resultados evidencia que los expedientes no permiten afirmar automáticamente la existencia de infracciones en todos los casos denunciados. Sin embargo, sí muestran que las denuncias han sido persistentes, reiteradas y suficientemente relevantes para activar durante una década distintos mecanismos de investigación administrativa y judicial.

El monitoreo comunitario: una memoria del territorio

Más allá de los resultados administrativos, los expedientes también permiten identificar otro fenómeno de gran relevancia: el papel del monitoreo comunitario como mecanismo de vigilancia ambiental.

Una parte importante de las denuncias nace de la observación cotidiana realizada por personas vecinas, propietarios de fincas, organizaciones locales y comunidades que habitan el territorio. Son estas personas quienes detectan cambios en los cauces, presencia de maquinaria, apertura de caminos, extracción de materiales o modificaciones en los ecosistemas ribereños y deciden activar los mecanismos institucionales de denuncia.

Esta vigilancia social no sustituye las competencias de las instituciones públicas ni determina, por sí sola, la existencia de una infracción. Sin embargo, constituye el primer eslabón de la protección ambiental. Sin esas observaciones iniciales, muchas inspecciones técnicas, informes institucionales e investigaciones administrativas probablemente nunca llegarían a realizarse.

Los propios expedientes muestran cómo este monitoreo ha fortalecido sus capacidades. Mientras las primeras denuncias se apoyaban principalmente en reportes ciudadanos o fotografías, los registros más recientes incorporan estudios cartográficos elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), documentación técnica e información ambiental cada vez más detallada.

También resulta significativo que las preocupaciones comunitarias parecen anticipar la evolución del conflicto. Las primeras denuncias advertían sobre extracción de materiales; años después los expedientes describen posibles afectaciones más complejas, como la destrucción de islas fluviales, la socavación de árboles, la apertura de accesos, patios de acopio, abastecimiento de combustible dentro del río y modificaciones del cauce mediante diques y caminos temporales.

Los expedientes del SITADA no solo registran denuncias; también documentan una década de vigilancia ciudadana sobre un mismo territorio. Leídos en conjunto, muestran que la protección ambiental no comienza cuando una institución realiza una inspección, sino mucho antes: cuando las comunidades observan, registran, comparan, conservan memoria y deciden convertir esas observaciones en denuncias formales. En esa secuencia, el monitoreo comunitario aparece como una pieza fundamental para comprender conflictos ambientales que, lejos de ser hechos aislados, se desarrollan de forma acumulativa a lo largo del tiempo.

Una década de registros que invita a mirar el conjunto

Cada expediente responde a circunstancias particulares y debe interpretarse conforme a sus propias actuaciones y resoluciones. Sin embargo, la lectura conjunta de los registros disponibles permite identificar tendencias que difícilmente serían visibles al analizar un solo caso.

Durante diez años persisten denuncias sobre extracción de materiales, modificaciones de cauces, afectaciones a ecosistemas ribereños y conflictos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales en Guatuso. También se observa una evolución en la calidad de la evidencia aportada, una participación cada vez mayor de distintas instituciones públicas y una creciente complejidad en los impactos denunciados.

Más que una sucesión de hechos aislados, los expedientes del SITADA revelan la existencia de un proceso continuo de conflictividad socioambiental. En ese contexto, el monitoreo comunitario, la memoria territorial y el acceso a mecanismos públicos de denuncia se convierten en herramientas esenciales para comprender cómo evolucionan los conflictos ambientales y para fortalecer la gestión y protección de los bienes comunes.

En pocas palabras: ¿Qué revelan diez años de expedientes?
Lo que muestran los expedientesTendencia identificada
Las denuncias se mantienen durante diez años.Persistencia del conflicto socioambiental.
Los impactos denunciados se vuelven más diversos y complejos.Escalada en la complejidad de las afectaciones.
Las comunidades documentan cambios antes de las inspecciones institucionales.El monitoreo comunitario funciona como sistema de alerta temprana.
La evidencia presentada mejora con el tiempo.Fortalecimiento de las capacidades comunitarias de documentación.
Participan cada vez más instituciones.Mayor institucionalización del conflicto.
Existen respuestas administrativas diversas.La gestión institucional combina archivos, investigaciones y procesos en trámite.
El conflicto permanece en el mismo territorio.Las afectaciones presentan un carácter acumulativo.

Refrencia: La información presentada se elaboró mediante la revisión y sistematización de los expedientes públicos disponibles en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), utilizando como criterio de búsqueda la etiqueta «Extracción de materiales en cauce de dominio público». Posteriormente, los expedientes fueron depurados para identificar aquellos correspondientes al cantón de Guatuso y analizados con el fin de identificar tendencias temporales, tipos de denuncia, instituciones competentes, resultados de las inspecciones y resoluciones administrativas.

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Cuando una comunidad cuida un río: más de una década de memoria y vigilancia sobre el río Pizote

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Antes que un informe técnico, antes que una inspección institucional y antes que cualquier expediente administrativo, hubo una comunidad que comenzó a observar. Durante más de una década, personas vecinas de Birmania de Upala han recorrido las orillas del río Pizote —también conocido como río Niño—, han fotografiado sus cambios, han compartido sus preocupaciones y han solicitado que las transformaciones que perciben sean investigadas. Esa historia, construida desde la memoria y la vigilancia comunitaria, constituye hoy uno de los registros más importantes para comprender la situación de este río de la Zona Norte.

En la discusión pública sobre los conflictos ambientales suele ponerse atención únicamente cuando aparece un estudio técnico o una resolución institucional. Sin embargo, los procesos de deterioro de un ecosistema casi nunca comienzan ahí. Antes de los informes, casi siempre existe una comunidad que observa, compara, recuerda y documenta.

Eso ha ocurrido en Birmania, distrito de Dos Ríos, cantón de Upala.

Durante más de diez años, habitantes de esta comunidad han construido una memoria colectiva sobre las transformaciones del río Pizote, también conocido como río Niño. Lo que comenzó como conversaciones entre vecinos sobre cambios en el cauce se convirtió, con el paso del tiempo, en recorridos comunitarios, registros fotográficos, solicitudes de inspección, denuncias, reuniones institucionales y un esfuerzo permanente por comprender qué estaba ocurriendo con uno de los bienes comunes más importantes del territorio.

Hoy, distintos informes públicos, inspecciones institucionales y registros comunitarios permiten reconstruir una historia mucho más amplia que la de un hecho aislado. Se trata de una experiencia de vigilancia comunitaria que demuestra el papel fundamental que desempeñan las comunidades en la protección de los ecosistemas.

Un río que conecta territorio, comunidad y vida

El río Pizote forma parte de la red hídrica que nace en las faldas del volcán Rincón de la Vieja y atraviesa comunidades agrícolas y ganaderas de la Zona Norte de Costa Rica.

Durante generaciones ha sido mucho más que un curso de agua. Ha sido un lugar para aprender a nadar, pescar, compartir en familia y encontrarse con otras personas de la comunidad. También constituye un corredor ecológico que sostiene la biodiversidad y contribuye al equilibrio ambiental de la cuenca.

Por eso, cuando un río cambia, quienes primero lo perciben son las personas que conviven diariamente con él. Las comunidades conocen dónde existían antiguas pozas, recuerdan el comportamiento del agua durante el invierno, identifican la vegetación ribereña y reconocen cuándo el paisaje comienza a transformarse. Ese conocimiento cotidiano constituye una forma de ciencia comunitaria que complementa los estudios técnicos y aporta información indispensable para comprender los procesos ambientales.

La persistencia de quienes nunca dejaron de observar

Si hoy es posible reconstruir buena parte de la historia reciente del río Pizote, es gracias al trabajo constante de personas que decidieron mantener viva la memoria del territorio.

Entre ellas destaca David Menjívar, vecino de Birmania y uno de los principales impulsores de la vigilancia comunitaria sobre el río durante más de una década.

Su aporte ha trascendido la denuncia puntual. Durante años ha recorrido el río, documentado cambios mediante fotografías y videos, conservado registros, compartido información con instituciones, acompañado inspecciones y promovido que las preocupaciones de la comunidad no quedaran en el olvido.

Su trabajo ha permitido construir una memoria ambiental del río que hoy resulta invaluable. Muchas de las observaciones que actualmente forman parte del debate público fueron registradas inicialmente por personas de la comunidad que, como David, comprendieron que proteger un río también implica observarlo, registrar sus transformaciones y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones.

Esa trayectoria fue recuperada recientemente en un episodio del pódcast Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes. En esa conversación, David recuerda un río que durante décadas fue espacio de recreación, encuentro comunitario y convivencia, al tiempo que comparte las transformaciones que ha observado a lo largo de su vida.

Más allá de una entrevista, su testimonio constituye un ejercicio de memoria territorial. Demuestra que el conocimiento ambiental no nace únicamente de los estudios especializados; también se construye desde la experiencia cotidiana de quienes habitan un territorio durante décadas.

Su historia reivindica una dimensión poco reconocida de la defensa ambiental: la paciencia de quienes dedican años a observar, registrar y cuidar un bien común sin abandonar el compromiso con su comunidad.

Una historia que comenzó mucho antes

Las preocupaciones sobre el estado del río Pizote no son recientes. Desde al menos 2015, David Menjivar y varias personas vecinas comenzaron a advertir cambios en distintos sectores del cauce. A partir de esos primeros reportes se realizaron inspecciones por parte de diferentes instituciones, incluyendo actuaciones policiales y visitas técnicas, mientras la comunidad continuaba recopilando información sobre las transformaciones observadas.

Con el paso de los años, lejos de desaparecer, las preocupaciones persistieron. En 2021, organizaciones comunitarias recuperaron a partir de una noticia en redes sociales parte de esa memoria colectiva y recordaron que ocho años atrás ya se habían documentado modificaciones importantes en el río. Entre las observaciones registradas se encontraban la formación y desaparición de pozas, caída de árboles, cambios en la profundidad del cauce y otras transformaciones observadas tanto aguas arriba como aguas abajo de sectores donde históricamente se desarrollan actividades de extracción de materiales.

En esa misma oportunidad también se planteó la necesidad de estudiar con mayor profundidad situaciones percibidas por la comunidad, como la disminución del caudal en algunos sectores, procesos de erosión, pérdida de vegetación ribereña y cambios en especies asociadas al ecosistema del río.

Asimismo, se hizo referencia a la existencia de diversos expedientes relacionados con concesiones para extracción de material en el sector, según la información disponible en el Catastro Minero nacional, así como a la necesidad de valorar los riesgos asociados a procesos de desbordamiento y erosión que afectaban a familias de la comunidad.

Aquella recuperación de información no buscaba establecer conclusiones definitivas, sino poner en común un conjunto de observaciones acumuladas durante años y solicitar que fueran analizadas mediante estudios técnicos e investigaciones institucionales.

Las alertas continúan

Durante 2026 la comunidad volvió a expresar su preocupación tras observar nuevos cambios en distintos sectores del río. Luego de varios episodios de lluvia, personas vecinas señalaron que la disminución del caudal permitió apreciar con mayor claridad procesos que, desde su perspectiva, requerían una evaluación especializada.

Las observaciones comunitarias hicieron énfasis en posibles cambios del lecho del río, procesos de erosión y alteraciones que consideraban necesario investigar mediante inspecciones independientes. También insistieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar transparencia en el seguimiento institucional.

Como ha ocurrido desde hace varios años, la comunidad reiteró que corresponde a las autoridades competentes determinar, mediante procedimientos técnicos y administrativos, las causas de las transformaciones observadas y definir las medidas que resulten necesarias para la protección del río.

Los informes técnicos dialogan con la memoria comunitaria

Recientemente, un informe elaborado por el gobierno local (Municipalidad Upala, 2026) incorporó nuevas observaciones derivadas de una inspección realizada en el sitio.

El documento registra, entre otros aspectos, procesos de socavamiento en algunos sectores del río, incorpora registros fotográficos y consigna diversas observaciones técnicas y administrativas realizadas durante el recorrido.

Más que constituir un punto de partida, este informe se suma a un proceso de seguimiento construido durante años por la comunidad.

Su principal valor radica en que aporta nuevos elementos para comprender un proceso que las personas vecinas habían venido documentando mucho antes de la elaboración del informe.

La vigilancia comunitaria también produce conocimiento

Uno de los aprendizajes más importantes que deja la experiencia del río Pizote es que las comunidades producen información ambiental de enorme valor público.

  • -Cada fotografía tomada durante años.
  • -Cada recorrido por las orillas del río.
  • -Cada conversación entre generaciones.
  • -Cada solicitud de inspección.
  • -Cada registro conservado.

Todo ello constituye un patrimonio de conocimiento que complementa el trabajo científico e institucional.

La vigilancia comunitaria no reemplaza las competencias de las autoridades ni los estudios especializados. Los fortalece. Permite identificar señales tempranas, orientar investigaciones y construir una comprensión más amplia de los procesos que experimentan los territorios.

También representa una forma concreta de cuidado. Porque cuidar un río no significa únicamente reaccionar cuando aparece un problema evidente. Significa observarlo de manera permanente, conservar su memoria, compartir información y mantener vivo el vínculo entre las personas y el territorio.

Cuidar la memoria para cuidar los bienes comunes

La historia del río Pizote deja una enseñanza que trasciende a Birmania. Los bienes comunes se protegen cuando las comunidades participan activamente en su cuidado. Cuando registran los cambios del paisaje. Cuando dialogan con las instituciones. Cuando recuperan la memoria de quienes han vivido toda una vida junto al río. Cuando las nuevas generaciones aprenden que la defensa del territorio comienza por conocerlo.

En esa historia, el trabajo de David Menjívar ocupa un lugar fundamental. Su constancia demuestra que la defensa de un río no siempre ocurre en los grandes titulares. Muchas veces se construye caminando una y otra vez sus orillas, guardando fotografías durante años, conversando con vecinos, acompañando inspecciones y sosteniendo la convicción de que la memoria también puede convertirse en una forma de protección.

En tiempos de crisis climática y de crecientes presiones sobre los ecosistemas, esa experiencia recuerda que las comunidades no solo son testigos de las transformaciones ambientales. Son también productoras de conocimiento, guardianas de la memoria territorial y protagonistas indispensables en la construcción de una gestión ambiental más democrática.

Porque los ríos no se cuidan únicamente desde los expedientes o los informes técnicos. También se cuidan desde la mirada atenta de quienes nunca dejan de caminar junto a ellos.

Referencia:

CRM Costa Rica Multimedia TV. (2021, 5 de marzo). Vecinos y vecinas de la comunidad de Birmania de Upala han venido planteando la necesidad de evaluar a profundidad los impactos ambientales que ha sufrido el río Pizote

Municipalidad de Upala. (2026). Informe MU-MA-INF-001-2026. Informe de inspección ambiental sobre el río Pizote. Gestión Ambiental, Municipalidad de Upala.