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La memoria viva de La Guaria: 60 años de educación y comunidad en el Valle la Estrella

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En el Valle la Estrella, Limón, la historia de la Escuela La Guaria es también la historia de una comunidad que ha sabido cuidar uno de sus bienes comunes más valiosos: la educación.
El texto “Escuela La Guaria: 60 aniversario (1965–2025)”, escrito por Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social del MEP, recupera con sensibilidad y rigor la memoria de esta institución educativa que nació del esfuerzo solidario de familias campesinas, lideradas por figuras como Santos Zeledón.

Más que una conmemoración, el documento es una invitación a pensar el presente desde las huellas del pasado: a reconocer que la escuela no solo enseña, sino que teje comunidad, identidad y esperanza colectiva.
Soto plantea un desafío profundo: actualizar la misión educativa en un contexto marcado por la desigualdad y la exclusión, y reactivar la participación comunal como eje del bienestar educativo.

A través de testimonios, relatos inéditos y reflexiones sobre la educación pública, este texto nos recuerda que la memoria no es nostalgia: es una forma de resistencia y de construcción de futuro. En un país donde los bienes comunes sociales —como la escuela, el agua o la salud— enfrentan riesgos crecientes, recuperar la historia de La Guaria es reafirmar que el derecho a aprender y a convivir dignamente sigue siendo una tarea colectiva.

Desafíos para el futuro: una escuela que piense su comunidad

En su texto, Luis Alberto Soto no se limita a conmemorar; propone una agenda de transformación. Señala que, tras seis décadas de historia, la Escuela La Guaria enfrenta retos que van más allá de la infraestructura o los recursos materiales. El desafío principal consiste en reconstruir la comunidad educativa como sujeto colectivo, capaz de imaginar y construir la educación que necesita el Valle la Estrella en las próximas décadas.

Entre los puntos que destaca el autor están:

  • Modernizar la oferta educativa con un enfoque integral, que incluya arte, deporte y pedagogías lúdicas que fortalezcan el aprendizaje significativo.

  • Combatir la exclusión y la marginación social, especialmente en contextos rurales y costeros que han sido históricamente relegados.

  • Reactivar el protagonismo comunal, recuperando experiencias organizativas que ya han contribuido al bienestar, como la lucha por el agua potable.

  • Promover el bienestar integral —físico, mental, social y económico— como condición indispensable para el éxito educativo.

Estos desafíos, más que un diagnóstico, son un llamado a la acción: a recuperar la memoria como herramienta para repensar el presente y fortalecer la educación pública como bien común, enraizada en la vida, la dignidad y el desarrollo de las comunidades.

Puede descargar el documento aquí : Escuela La Guaria: 60 aniversario (1965–2025)

Autor: Luis Alberto Soto Ramírez

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CODECE: 40 años de memoria, comunidad y defensa de los Cerros de Escazú

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El taller “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras” reafirmó el papel de la organización como defensora de la memoria, la cultura y la naturaleza escazuceña.

El pasado 2 de octubre, en San Antonio de Escazú, se realizó un emotivo encuentro convocado por la Asociación para la Conservación y Defensa de los Cerros de Escazú (CODECE), con el acompañamiento del Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Bajo el título “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras”, el taller reunió a vecinas, vecinos y personas vinculadas a la organización para revisar su trayectoria, recuperar la memoria histórica de la comunidad y reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa del territorio.

Memoria viva y raíces culturales

El historiador Jorge Montoya abrió la jornada con una exposición sobre la historia campesina y cultural de San Antonio, invitando a mirar a Escazú no como un “lugar de descanso”, sino como un espacio de trabajo, intercambio y vida comunal. Recordó la importancia de los cerros Estucurru —hoy Cerro de la Cruz y Piedra Blanca— como corazón geográfico y espiritual del territorio, y resaltó el papel de figuras como Pedro Arias y Héctor Fuentes, guardianes de la creatividad popular a través de la música, la alfarería y las mascaradas.
Montoya subrayó que preservar la cultura es mantener viva la memoria del pueblo, y que esa identidad debe vincularse con la defensa ambiental actual.

CODECE: cuatro décadas de organización y resistencia

El presidente de CODECE, Javier Sánchez, presentó una sistematización de los 40 años de historia de la organización, marcada por la defensa del agua, la tierra y la identidad escazuceña.

Desde su surgimiento en 1985, tras la movilización que impidió la construcción de infraestructura en el cerro San Miguel, CODECE ha atravesado distintas etapas: desde la organización comunal y la creación de la primera Oficina Legal Ambiental del país, hasta el impulso de iniciativas de autofinanciamiento como El Encanto de la Piedra Blanca.

Hoy, la organización enfrenta nuevos retos frente a la presión inmobiliaria, la expansión urbana y la visitación masiva a los cerros. Aun así, continúa articulando comunidad, cultura y naturaleza.

Desafíos y compromisos renovados

El espacio de diálogo permitió identificar tres líneas de trabajo para fortalecer el futuro de CODECE:

  • Ampliar la participación comunitaria, integrando nuevas generaciones y sectores.

  • Proteger los Cerros de Escazú frente a amenazas ambientales y regular la visitación turística.

  • Reforzar el vínculo entre memoria, cultura y ambiente, mediante actividades culturales, productos audiovisuales y campañas de sensibilización.

El taller concluyó recordando que defender los Cerros de Escazú es también defender la memoria y la identidad escazuceña. CODECE reafirma su papel como espacio de memoria viva y acción colectiva, comprometido con el cuidado del territorio y la construcción de comunidad.

Descargá el boletín completo:
“CODECE y la defensa de los Cerros de Escazú: memoria, historia y desafíos actuales”
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La lucha por la tierra y la vida en Nueva Esperanza

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El pasado 20 de setiembre realizamos una visita a la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, donde conocimos a la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza. Este grupo ha dedicado casi tres décadas a cultivar de manera agroecológica, manteniendo vivas las tradiciones de sus familias campesinas y defendiendo la salud de sus comunidades a través de alimentos sanos y libres de químicos.

Para ellas, la tierra no es solo un medio de subsistencia, sino un espacio de memoria, encuentro y transmisión de saberes. En sus parcelas se sembraban frijoles, hortalizas y maíz; allí se reunían las familias, se compartían alimentos y se fortalecían los lazos comunitarios. La agroecología fue una apuesta consciente: cuidar el ambiente, la salud y la vida, diferenciándose de los modelos productivos dependientes de agrotóxicos.

Entre la siembra y la desconfianza institucional

Desde los inicios del proyecto, las mujeres de Nueva Esperanza tocaron puertas buscando apoyo para fortalecer su producción. Solicitaron semillas, acompañamiento y herramientas para crecer de forma sostenible. Sin embargo, las respuestas institucionales fueron negativas una y otra vez. “Nos decían que era por no tener escritura, pero después nos dimos cuenta de que sí apoyaban a otras personas en condiciones similares. Entonces decidimos hacerlo solas”, relatan.

El proyecto avanzó sin apoyos estatales directos: con esfuerzo propio levantaron su siembra de hortalizas, maíz y frijoles, consolidando un espacio colectivo que era al mismo tiempo productivo, familiar y comunitario. Con el paso del tiempo, lograron también establecer vínculos con universidades públicas y otras organizaciones solidarias que les brindaron acompañamiento técnico y formativo, así como apoyo para el desarrollo de infraestructura que fortaleció su capacidad de producción y organización comunitaria.

Años después, llegó el golpe más fuerte: la invasión de la parcela. La respuesta institucional, lejos de brindar protección efectiva, se convirtió en una cadena de obstáculos. El grupo emprendió un largo proceso legal para recuperar la tierra. Lograron ganar desalojos en cuatro ocasiones, presentaron documentación y contaron con el respaldo de un juzgado agrario, que ordenó la restitución de la finca. Sin embargo, cuando todo parecía listo para ejecutar la orden, otra institución —que supuestamente debía apoyar a la asociación— frenó el desalojo sin explicación clara.

La experiencia, además de costosa en tiempo y recursos, fue profundamente desgastante. “Logramos todo solas y cuando ya estaba listo, lo detienen. No entendemos cómo una institución que dice apoyarnos puede hacer esto”, expresan. A esto se suma el dolor de ver destruida la infraestructura que habían construido durante años de trabajo colectivo y alianzas con otras instituciones. Para ellas, el caso revela no solo la fragilidad de la seguridad jurídica de las campesinas, sino también la desprotección que enfrentan frente a un aparato institucional que muchas veces actúa sin transparencia ni coordinación.

Una historia de trabajo y organización comunitaria

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza tiene sus raíces en la vida campesina de la zona norte fronteriza, marcada por la migración, el trabajo agrícola y la tradición de familias enteras dedicadas al campo. En los años noventa, un grupo de mujeres decidió organizarse para darle continuidad a los aprendizajes heredados de abuelos y padres agricultores, pero también para abrir un camino propio: la agricultura orgánica.

El proyecto creció con esfuerzo colectivo. Levantaron una pequeña casa-cocina con horno para preparar alimentos, organizaron ventas comunitarias, sembraron frijoles y hortalizas, y crearon un espacio que funcionaba tanto para la producción como para la vida social. Allí las familias se reunían, cocinaban juntas y sostenían una dinámica de cooperación que trascendía lo económico: era una escuela de vida en comunidad.

Durante más de dos décadas, la asociación no solo produjo alimentos sanos, sino que también se convirtió en un referente de organización de mujeres en un contexto donde el campo suele asociarse a los hombres. Su presencia desafiaba estereotipos de género y demostraba que las mujeres podían liderar proyectos agrícolas innovadores y sostenibles.

El quiebre llegó hace aproximadamente cuatro años, cuando la parcela fue invadida. La pérdida de ese espacio no significó solo el freno de la producción: también interrumpió un tejido social y comunitario construido durante casi 30 años. El despojo implicó incertidumbre, dolor y la sensación de que instituciones que antes parecían aliadas dejaron de estar presentes. “Nos sentimos atropelladas, nuestro trabajo ha sido desvalorizado”, expresan ellas.

A pesar de este golpe, la asociación no se ha desintegrado. Por el contrario, se sostiene en la persistencia y en la certeza de que la lucha por la tierra es también la lucha por la dignidad.

Mujeres en el campo: una realidad invisibilizada

La situación que atraviesa esta asociación no es aislada. En Costa Rica, y particularmente en las zonas rurales fronterizas, las mujeres campesinas enfrentan múltiples obstáculos para sostener sus proyectos de vida. La desigualdad en el acceso a la tierra, la falta de reconocimiento al trabajo agrícola femenino y la ausencia de políticas efectivas que garanticen su seguridad productiva generan condiciones de vulnerabilidad constantes.

A menudo son ellas quienes sostienen la agricultura familiar y la transmisión de los saberes agroecológicos, pero sus aportes siguen siendo invisibilizados. El campo continúa cargado de estereotipos que asocian el trabajo agrícola al hombre, dejando a las mujeres en un segundo plano a pesar de ser pilares fundamentales en la siembra, el cuidado de los cultivos y la organización comunitaria.

Frente a estas realidades, experiencias como la de Nueva Esperanza ponen en evidencia la necesidad de replantear el papel de las instituciones públicas en el acompañamiento a mujeres organizadas. Reconocer sus luchas, escuchar sus demandas y garantizar el acceso a la tierra son pasos indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Persistencia y esperanza

Las mujeres de Nueva Esperanza lo resumen en una consigna clara: seguir luchando, no rendirse. Tocan puertas una y otra vez, insisten en su derecho a la tierra, y mantienen la unidad como fuerza principal para resistir.

Su ejemplo interpela a toda la sociedad: ¿qué significa producir alimentos sanos en un mundo dominado por la prisa y la rentabilidad? ¿Por qué quienes defienden la agroecología encuentran más trabas que apoyos? ¿Qué futuro estamos construyendo cuando proyectos comunitarios de casi 30 años son despojados y desatendidos?

La visita a Nueva Esperanza deja una certeza: en cada semilla sembrada por estas mujeres late una apuesta por el bien común, por la vida digna y por un país que aún tiene una deuda profunda con quienes trabajan la tierra.

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40 años de memoria, territorio y comunidad: la historia viva de CODECE

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En este episodio de Sentires y Saberes conversamos con Javier Sánchez, presidente de CODECE, en el marco de la conmemoración de sus 40 años de historia. Javier nos comparte un recorrido por la trayectoria de la organización: desde sus inicios en un San Antonio de Escazú rural hasta los logros más recientes en conservación, incidencia y organización comunitaria. Nos habla de hitos clave como el Plan Regulador de Escazú, la defensa del agua y los procesos de regeneración de fincas, así como de los aprendizajes en paciencia, compromiso y trabajo colectivo que CODECE ha cultivado a lo largo de cuatro décadas.

Escucha la entrevista completa para conocer cómo la memoria, la organización comunitaria y la defensa del territorio se entrelazan en esta historia viva.

Invitación a las actividades del 40 aniversario

Las celebraciones por los 40 años de CODECE continúan durante octubre con caminatas, conversatorios, días de campo y espacios de encuentro comunitario. ¡Te invitamos a sumarte, compartir y celebrar esta historia colectiva de lucha y esperanza!

No te pierdas también las imágenes con la programación completa, disponibles en nuestras redes y materiales del Observatorio.

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Bonos de Carbono en Pueblos Indígenas – Apuntes para el debate

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En este video recogemos voces y reflexiones de comunidades cabécares y bribris de Talamanca, quienes analizan colectivamente el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF). Desde Alto Coén y Barrio Escalante, se cuestionan los impactos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus implicaciones para la autonomía y la vida comunitaria.

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EZLN: el bien común frente a la tormenta y el día después

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha insistido en que el futuro de la humanidad depende de la capacidad de resistir y recomenzar desde lo colectivo. Durante el 2025, los zapatistas han lanzado una invitación a reflexionar sobre la tormenta y el día después, desplegando una reflexión radical que parte de una hipótesis inquietante: ¿qué pasa cuando el mundo tal como lo conocemos —con sus instituciones, tecnologías y certezas— se derrumba?

La tormenta como diagnóstico del presente

La “tormenta” no es una catástrofe imaginaria del futuro, sino la condensación de múltiples crisis actuales: cambio climático, violencia patriarcal, racismo estructural, destrucción de territorios, guerras y despojo. El EZLN la nombra como algo que ya se vive en carne propia, especialmente en los pueblos originarios que enfrentan la devastación desde hace siglos.

El planteamiento zapatista subraya que lo que se presenta como “excepcional” para el Norte Global —huracanes, pandemias, guerras, colapsos financieros— no es sino la normalidad para quienes siempre han habitado en los márgenes. Así, la tormenta es la intensificación de un sistema que, al crecer, devora todo lo que encuentra a su paso.

El riesgo del día después: repetir el mismo mundo

Pero el núcleo de la reflexión zapatista no es sólo la denuncia de la tormenta, sino la advertencia sobre el “día después”. Una vez colapsado el sistema, el peligro es que las personas intenten reconstruir sobre las mismas bases: Estado centralizado, propiedad privada, jerarquías patriarcales y raciales, explotación del trabajo y de la naturaleza.

El EZLN recuerda que esa ha sido la lógica de muchos procesos históricos: movimientos que nacieron para resistir un poder acaban reproduciendo sus mismos vicios. Por eso la reconstrucción no puede ser una “continuidad con cambios”, sino un recomenzar desde otros principios.

El bien común como horizonte

Frente a esa encrucijada, el zapatismo coloca el bien común como eje. No lo entiende como una consigna abstracta ni como el patrimonio regulado por el Estado, sino como la práctica concreta de la asamblea comunitaria.

En esa asamblea, cada persona ofrece sus saberes: cultivar, curar, construir, enseñar, reparar, imaginar. El valor de alguien no se mide por títulos ni por acumulación de riqueza, sino por lo que aporta a la vida colectiva. La organización se orienta a garantizar lo esencial: comida, salud, educación, techo, respeto. El bien común es, en ese sentido, una ética de lo necesario compartido.

Imaginación política: otros mundos posibles

El zapatismo insiste en la necesidad de la imaginación. No se trata de reconstruir el edificio que se derrumbó, sino de crear otros mundos. Sus reflexiones están plagadas de escenas en las que la danza, la música, el dibujo, el teatro o la narración aparecen como semillas de comunidad. El arte no es lujo, sino modo de sostener la esperanza y la memoria en medio de la tormenta.

Del mismo modo, la ciencia aparece no como aparato de prestigio académico, sino como saber aplicado al servicio de la vida. Así, los colectivos de “ciencia aplicada” intentan encontrar soluciones concretas: energía para un quirófano, dispositivos para mejorar la salud, tecnologías comunitarias. El mensaje es claro: la ciencia y el arte, para ser parte del día después, deben despojarse de privilegios y ponerse al servicio de la vida común.

Los desafíos del recomenzar

El día después, advierte el EZLN, no será idílico. Implica tensiones, contradicciones y la posibilidad de repetir errores. La tentación de volver a jerarquías patriarcales, a divisiones raciales, a la lógica del dinero y la paga está siempre presente. Por eso, recomenzar no es un acto único, sino un proceso de vigilancia crítica y de creación permanente.

La clave está en que el bien común no sea sólo discurso, sino práctica cotidiana: decidir en común, compartir tareas, evitar la concentración de poder, reconocer y respetar las diferencias. El “día después” es, en última instancia, el espacio donde se juega la posibilidad de que un mundo nuevo no sea copia degradada del viejo.

Una invitación

El pensamiento zapatista sobre la tormenta y el día después es, al mismo tiempo, un diagnóstico y una invitación. Diagnóstico, porque muestra que la tormenta ya está aquí y que la destrucción avanza. Invitación, porque llama a imaginar y construir colectivamente el día después sin repetir las cadenas de opresión.

El bien común, entendido como práctica concreta de vida en común, es el horizonte. La tormenta no es el final, sino la oportunidad de recomenzar. La pregunta que queda abierta es si tendremos la audacia y la humildad para hacerlo.

El bien común en clave zapatista

Las reflexiones del EZLN sobre la tormenta y el día después están atravesadas por una idea central: el bien común como práctica viva. A diferencia de las concepciones tradicionales que lo reducen a la gestión estatal de servicios públicos o a un principio jurídico abstracto, en el zapatismo el bien común se experimenta en lo cotidiano, en la organización comunitaria y en la autonomía de los pueblos.

En sus cartas, el EZLN subraya que la asamblea es el espacio donde el bien común se hace realidad. Allí, cada persona comparte sus capacidades —desde el arte y la ciencia hasta los oficios más sencillos— con el fin de sostener la vida colectiva. El bien común no está en manos de una autoridad central, sino en el compromiso de cada quien con la comunidad. No se mide en utilidades ni en indicadores económicos, sino en la posibilidad de que todas y todos vivan con dignidad.

Otro rasgo distintivo es que el bien común, para el zapatismo, no excluye a nadie. Se funda en la diversidad y en el reconocimiento de las diferencias, sean de género, generación, etnia o saber. De ahí que las mujeres, las infancias y los pueblos originarios tengan un lugar protagónico en la defensa de la vida. El bien común se nutre de la pluralidad, y no de la homogeneidad.

Asimismo, el EZLN plantea que el bien común debe defenderse de dos grandes amenazas: la mercantilización y el poder jerárquico. La primera convierte la tierra, el agua, la cultura o el conocimiento en mercancías. La segunda concentra decisiones en pocas manos, anulando la participación comunitaria. Frente a ello, la apuesta zapatista es clara: lo común se cuida colectivamente, con responsabilidades compartidas y con mecanismos que impidan la acumulación y la dominación.

En este horizonte, el bien común es inseparable de la autonomía. No se trata sólo de administrar recursos, sino de generar formas de vida donde la comunidad pueda decidir qué producir, cómo educar, cómo sanar y cómo gobernarse. En esa autonomía se juega la capacidad de resistir a la tormenta y de preparar el día después.

Mirar hacia los pueblos en movimiento

Volver la mirada a las reflexiones de los pueblos en movimiento, como lo hace el EZLN, es reconocer que en sus prácticas y pensamientos de resistencia y liberación se tejen claves que siguen vigentes frente a la crisis actual. Su apuesta por la vida colectiva, la autonomía y el bien común no es sólo una experiencia local de Chiapas, sino un espejo que permite repensar los desafíos de toda Nuestra América.

En un contexto donde los bienes comunes están amenazados por la expansión extractiva, la privatización y la violencia, la palabra zapatista abre un horizonte de esperanza y crítica. Nos recuerda que la defensa del agua, de la tierra, de los saberes, de los cuerpos y de las memorias no puede desligarse de la lucha por formas de organización más justas, horizontales y plurales.

La práctica zapatista demuestra que el bien común no es un ideal distante, sino una realidad que se construye cada día en la asamblea, en la comunidad y en la autonomía. Esa experiencia concreta enriquece las nociones de los bienes comunes desde una clave latinoamericana y caribeña, donde los pueblos enfrentan tormentas semejantes y buscan también recomenzar sin repetir las cadenas del pasado.

En este cruce de caminos, mirar hacia el EZLN es recordar que hay resistencias vivas que iluminan la posibilidad de otros mundos. Mundos donde la dignidad, la memoria y la vida en común se convierten en los verdaderos fundamentos del día después.

Si quieres profundizar en las reflexiones del EZLN y explorar más sobre su pensamiento y prácticas en torno al bien común, la autonomía y la vida colectiva, puedes visitar sus notas y comunicados oficiales en: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/

¡Descarga nuestra infografía y descubre cómo los pueblos en movimiento, como el EZLN, nos enseñan a entender y defender los bienes comunes en la vida cotidiana! Una mirada clara y visual que te invita a reflexionar sobre autonomía, comunidad y otros mundos posibles.

Pueden descargar la infografía aquí

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De la siembra a resistir el despojo: la historia de la Asociación de Mujeres Productoras de Nueva Esperanza

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En la entrevista realizada en la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, las integrantes de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza comparten su experiencia de casi tres décadas de trabajo colectivo en torno a la agroecología. Relatan cómo construyeron un espacio comunitario para cultivar alimentos sanos, transmitir saberes a nuevas generaciones y sostener la vida campesina desde la organización de mujeres.

También hablan de las dificultades que hoy enfrentan tras la invasión de la tierra que trabajaban, de la falta de apoyo institucional y del impacto que esta situación ha tenido en sus proyectos y en la vida de la comunidad. Pese a la adversidad, mantienen firme la convicción de defender la tierra como patrimonio colectivo y continuar luchando por la dignidad, la justicia y el bien común.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa y conocer de cerca esta historia de resistencia y esperanza.

 

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El agua como bien común bajo presión: lecciones globales y desafíos para Costa Rica

with No Comment COMUNIDADESCrisis climática

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó recientemente su informe State of Global Water Resources 2024, que advierte sobre el estado crítico de los recursos hídricos en un planeta cada vez más afectado por el cambio climático. Aunque el documento no ofrece balances nacionales detallados, sus hallazgos permiten reflexionar sobre los retos de regiones como Centroamérica y el Caribe, altamente vulnerables a fenómenos extremos y a la presión sobre sus bienes comunes naturales.

Un año récord en calor y extremos

El 2024 fue catalogado como el año más cálido desde que se tienen registros, con un aumento sostenido de la temperatura media global. Bajo esas condiciones, fenómenos como El Niño intensificaron sequías en algunas zonas y lluvias extremas en otras, evidenciando que el agua es un bien común en riesgo, cuya gestión requiere información confiable y cooperación internacional.

Centroamérica y el Caribe: vulnerabilidad y vacíos de información

La región continúa siendo subrepresentada en la observación hidrológica mundial. Pese a algunos esfuerzos de integración en redes de monitoreo, aún existen vacíos en registros sobre caudales, aguas subterráneas o humedad del suelo. Esto dificulta anticipar y mitigar los impactos de sequías prolongadas, huracanes o lluvias torrenciales, fenómenos que se repiten con mayor intensidad en los últimos años.

Centroamérica subrepresentada: un vacío preocupante

Aunque el informe de la OMM busca ofrecer una visión global, la escasa representación de Centroamérica en las redes de monitoreo hidrológico constituye un motivo de alarma. Esta ausencia de datos limita la capacidad de entender con precisión los impactos que fenómenos como El Niño, los huracanes o las sequías tienen en la región.

La situación es especialmente delicada porque Centroamérica es una de las zonas más frágiles del continente en términos hídricos y climáticos:

El Corredor Seco Centroamericano, que se extiende desde el sur de México hasta el Pacífico de Costa Rica, es un territorio donde las sequías prolongadas afectan de manera recurrente a las comunidades rurales, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria, la salud y la migración forzada.

Al mismo tiempo, la región enfrenta lluvias extremas y huracanes cada vez más intensos en el Caribe, generando un ciclo de vulnerabilidad doble: falta de agua en algunos territorios y exceso destructivo en otros.

A estas condiciones se suman vulnerabilidades estructurales como la dependencia de la agricultura de subsistencia, la pobreza rural, la débil planificación territorial y la escasa capacidad institucional para responder de manera integrada.

Que Centroamérica aparezca con poca visibilidad en los balances globales significa que uno de los territorios más expuestos y con menos resiliencia frente a la crisis climática queda insuficientemente diagnosticado. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la cooperación regional, ampliar las redes de monitoreo y colocar al agua en el centro de las estrategias de adaptación.

Costa Rica: entre la abundancia y la presión sobre el recurso

Aunque Costa Rica suele percibirse como un país privilegiado en disponibilidad de agua, enfrenta tensiones que revelan una realidad más compleja:

Acuíferos bajo presión: en distintas regiones se han señalado riesgos de sobreexplotación y contaminación, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad futura de reservas estratégicas.

Eventos extremos: sequías en el Pacífico Norte e inundaciones en el Caribe y el Valle Central se han vuelto más frecuentes, afectando comunidades, producción agrícola e infraestructura.

Contaminación de ríos y mantos acuíferos: la expansión de la agroindustria, especialmente en monocultivos intensivos como piña, banano y caña de azúcar, ha estado asociada a la contaminación por agroquímicos de aguas superficiales y subterráneas. Esto afecta tanto a comunidades rurales que dependen de acueductos locales como a ecosistemas frágiles.

Impactos de la minería no metálica: la extracción de arena, grava y piedra en cauces de ríos genera alteraciones físicas en los lechos, erosión de márgenes, afectación de la biodiversidad acuática y cambios en la dinámica hidrológica. Estas actividades, que abastecen principalmente la construcción, han sido señaladas como una fuente de deterioro en ríos del Valle Central y otras regiones, con consecuencias directas para el caudal, la calidad del agua y la seguridad de las comunidades aledañas.

Ecosistemas compartidos: lagos, humedales y ríos de importancia ecológica y social reflejan que el agua trasciende fronteras administrativas y exige enfoques de gestión que integren la dimensión territorial y regional.

Lo que tienen en común los casos críticos

Más allá de la cantidad de agua disponible, el desafío principal está en su gobernanza. La fragmentación institucional, la superposición de competencias y la ausencia de información integral dificultan una gestión coordinada y sostenible. Esta situación abre espacios a conflictos sociales y a un uso desigual del recurso, especialmente cuando los intereses económicos entran en tensión con las necesidades comunitarias y ambientales.

Frente a estas limitaciones, comunidades organizadas —a través de ASADAS, colectivos socioambientales y redes vecinales— han jugado un papel fundamental en la defensa y vigilancia del agua como bien común. Sus esfuerzos muestran que la gobernanza hídrica no puede depender únicamente de instituciones técnicas: requiere participación social activa, mecanismos de control ciudadano y un enfoque de justicia en el acceso.

La necesidad de una justicia socioecológica en la gestión del agua

El agua no es solo un recurso natural: es un soporte de vida que articula comunidades, ecosistemas y culturas. Sin embargo, las tensiones en torno a su uso y distribución muestran que los impactos no se reparten de manera equitativa. En Costa Rica, como en muchas partes del mundo, las comunidades rurales y periféricas suelen enfrentar los mayores riesgos: contaminación de acueductos locales, sobreexplotación de acuíferos de los que dependen, o afectaciones por proyectos extractivos y de infraestructura.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, abordar el agua como bien común implica reconocer al mismo tiempo:

  • La dimensión ambiental, que exige garantizar caudales ecológicos, proteger acuíferos y humedales, y asegurar la resiliencia frente al cambio climático.

  • La dimensión social, que requiere equidad en el acceso, participación efectiva de las comunidades en las decisiones y respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento.

  • La dimensión intergeneracional, que obliga a pensar en la sostenibilidad a largo plazo, evitando comprometer reservas estratégicas y ecosistemas para beneficio inmediato de sectores económicos.

Esta mirada permite entender que la crisis del agua no es únicamente un problema técnico, sino también ético y político: se trata de decidir colectivamente cómo se reparte, quién asume los costos de la degradación y qué modelo de desarrollo se privilegia. Avanzar hacia una justicia socioecológica supone democratizar la gestión hídrica, reconocer la voz de comunidades históricamente invisibilizadas y situar la defensa del agua en el centro de las agendas de justicia ambiental y climática.

Poco margen

El informe mundial confirma que el agua se encuentra cada vez más amenazada por el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. En el caso de Costa Rica, este panorama demanda acciones urgentes: fortalecer la gestión sostenible de los acuíferos, mejorar los sistemas de alerta temprana, atender los impactos de la agroindustria y la minería no metálica sobre ríos y mantos acuíferos, y ampliar los espacios de participación comunitaria en las decisiones.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, la gestión del agua no puede reducirse a cálculos técnicos o a balances de oferta y demanda: implica reconocer derechos, reparar desigualdades y garantizar que las comunidades y los ecosistemas tengan un lugar en las prioridades de política pública.

El agua no reconoce fronteras políticas ni institucionales. Protegerla como bien común exige cooperación, vigilancia social y un compromiso ético con la vida y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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El rugido que no se oye: comunidades de Maquengal denuncian ante el presidente la agonía del Río Frío

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Conoce su denuncia pública aquí.

Durante la visita del presidente Rodrigo Chaves a Río Celeste, integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: el jaguar ya no ruge en Maquengal, porque el Río Frío está siendo destruido. Le entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.

El río que se apaga

El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido transformaciones alarmantes. El monitoreo comunitario ha documentado erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal,  todo  como  resultado  de  la  extracción  intensiva  de  materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.

Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales. La afectación es doble: por un lado, se borró un espacio de encuentro; por otro, se cerró la puerta a un turismo que pudo ser alternativa económica para Guatuso, pero que las instituciones locales decidieron ignorar.

 

“¿Qué turista querrá venir a Guatuso si lo que encuentra son canteras, ruido de maquinaria y un río agonizante?”, interpelan en su carta.

¿Para quién es el desarrollo?

Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal. En su mensaje al presidente, la voz colectiva fue firme: quieren desarrollo, pero no a costa de convertirse en simples proveedores de piedra para proyectos ajenos. Reclaman un modelo económico que los respete como protagonistas, basado en el turismo rural, la producción local y la conservación.

El silencio del jaguar

En un tono cargado de simbolismo, la carta concluye con una imagen poderosa: “Hoy el río está en silencio. Y aquí, donde antes la vida brotaba en abundancia, ya ni el jaguar se asoma”. El felino, guardián de los bosques y ríos, se convierte en emblema de la pérdida que viven: si el jaguar calla, es porque el territorio mismo está en riesgo.

El Grupo de Defensa de la Cuenca advierte que no se trata solo de piedras o de un cauce alterado, sino de la vida cultural, económica y social de Maquengal y Guatuso entero. La lucha es por el derecho a permanecer en sus tierras sin que la juventud se vea obligada a emigrar ante un futuro hipotecado por la extracción.

Escuchar la voz del río y del pueblo

La presencia de las comunidades en la visita presidencial no fue un gesto protocolario. Fue un acto de dignidad: exigir que se escuche el rugido silenciado del jaguar y detener la destrucción del Río Frío. El mensaje quedó entregado en manos del presidente; ahora, las comunidades esperan respuestas que no se queden en promesas.

En el mismo acto, el presidente Rodrigo Chaves resaltó la belleza natural de la zona y afirmó que sí es posible hacer progreso sin necesidad de dañar la naturaleza, al tiempo que invitó al SINAC a redoblar sus esfuerzos en el cuidado del ambiente. Las comunidades esperan que esas palabras no se queden en discurso y se traduzcan en acciones concretas para frenar la destrucción del río.

Con la entrega de la denuncia pública y la carta, la comunidad de Maquengal y el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ya hicieron su parte: documentaron los daños, alzaron la voz con respeto y colocaron sus propuestas sobre la mesa. Ahora, el turno está del otro lado. La pregunta es si el presidente y su gobierno darán prioridad a un territorio que denuncia abandono, pérdida de su patrimonio natural y exclusión de las decisiones.

Lo que está en juego no es menor: detener la destrucción del Río Frío, atender las necesidades de Maquengal y abrir un camino de desarrollo justo y sostenible. La comunidad ya habló con claridad. El silencio no puede ser ahora la respuesta del Estado.

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Cuidar la vida y lo común: aprendizajes de la auditoría social comunitaria

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Durante julio y agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso “Auditoría social desde nuestras organizaciones: ¿estamos pensando en nuestro bienestar?”, organizado desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica. La propuesta buscó abrir un espacio de formación y acción crítica para que comunidades y colectivos fortalecieran sus herramientas de vigilancia popular, incidencia y defensa del bien común.

La convocatoria partió de una premisa clara: la auditoría social no debe reducirse a revisar presupuestos o documentos, sino entenderse como una forma de acción colectiva que protege el agua, vigila proyectos que impactan los territorios, exige salud y educación dignas, y promueve formas de vida respetuosas de los saberes locales. Más que una cuestión técnica, se trata de preguntarse si las decisiones públicas mejoran o deterioran el bienestar comunitario.

Durante el proceso se apostó por un método participativo y horizontal, en el que cada persona y colectivo aportó desde sus propias experiencias y territorios. No se trató de transmitir recetas técnicas, sino de construir colectivamente preguntas, indicadores y herramientas que respondieran a la realidad concreta de quienes defienden la vida y lo común en sus comunidades. Esta pedagogía de educación popular permitió que el curso se viviera como un espacio de encuentro, escucha y creación compartida.

Al mismo tiempo, se buscó vincular el monitoreo comunitario con la acción transformadora. La auditoría social se trabajó como un proceso vivo que combina el registro de lo que ocurre en los territorios con la capacidad de convertir esos datos y experiencias en fuerza colectiva para exigir cambios. En un contexto marcado por la crisis socioambiental y la exclusión de las voces comunitarias en la toma de decisiones, el proceso reafirmó que la vigilancia desde abajo no solo es legítima, sino necesaria para garantizar derechos y abrir caminos de bienestar.

Síntesis de aprendizajes colectivos

A lo largo del proceso, las y los participantes construyeron aprendizajes clave que muestran que auditar no es un ejercicio frío ni distante, sino un camino de cuidado, memoria y organización:

  • Auditar también es sentir: poner en el centro los afectos, los vínculos y los saberes comunitarios frente al lenguaje técnico que suele invisibilizarlos.

  • Indicadores vivos: medir el bienestar desde lo que duele, lo que soñamos y lo que cuidamos; no solo en cifras, sino en preguntas sobre seguridad, arraigo, dignidad, espacios colectivos y acceso a los recursos para la vida.

  • Monitoreo como cuidado: observar y registrar es también devolver la voz a la comunidad, generar confianza y convertir lo documentado en fuerza colectiva.

  • Comunicación responsable: aprender a señalar con veracidad, buena fe y lenguaje cuidadoso, protegiendo a las comunidades de riesgos legales y fortaleciendo la incidencia pública.

  • Defensa integral del bienestar: incluir la dimensión cultural, espiritual y simbólica —como los lugares sagrados, la medicina natural y los saberes de las personas mayores— como parte de los indicadores de bienestar.

  • Registro y memoria: valorar la documentación (fotos, videos, bitácoras) como herramienta para sostener procesos, fortalecer la identidad y potenciar la incidencia.

  • Constancia y sostenibilidad: reconocer que planear según las capacidades y sostener procesos en el tiempo convierte los aprendizajes en cambios duraderos.

Aprendizajes sesión a sesión
Boletín 1-Indicadores vivos: auditar también es sentir

La primera sesión abrió con la canción “Qué bonita es esta vida”, como un gesto político y pedagógico: recordar que el bienestar se construye desde los sentires cotidianos y no solo desde indicadores fríos. Se cuestionó el lenguaje técnico de la política pública, que suele invisibilizar la dignidad, el arraigo y las alegrías compartidas. Desde ahí se construyeron indicadores vivos, como el diálogo comunitario, la seguridad, la participación en espacios colectivos, el acceso a la tierra y el trabajo digno.

Las formas de monitoreo propuestas incluyeron talleres inductivos, entrevistas, mapeos comunitarios, registros colectivos de salud, asambleas, cafés comunitarios y movilizaciones. La conclusión fue clara: auditar no es solo vigilar, es decidir desde los territorios lo que importa para la política pública.

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Boletín 2- Monitoreo con cuidado: memoria y lugares sagrados

La segunda sesión dio un paso más con un ejercicio práctico: auditar la invisibilización de lugares sagrados, tomando como referencia el cementerio indígena en Quitirrisí, compartido por la compañera Fressy. Esto permitió reflexionar sobre cómo valorar la oralidad, la espiritualidad y la memoria comunitaria frente a los lenguajes técnicos de planos y registros.

Se experimentó con distintas técnicas de monitoreo comunitario, comprendiendo que no se trata de aplicarlas todas, sino de usarlas en el momento oportuno, respetando la confianza y los ritmos de la comunidad. Se discutió además la importancia de diseñar niveles de profundización: información que nutra a la comunidad, que fortalezca identidades y que también sirva para incidir en la política pública.

En este punto también se introdujeron materiales sobre cómo comunicar el monitoreo, destacando principios de veracidad, buena fe, proporcionalidad y precisión, así como estrategias para protegerse de demandas tipo SLAPP.

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Boletín 3-Comunicar para incidir: del registro a la acción colectiva

La tercera sesión marcó el cierre de la fase de formación y estuvo dedicada a la comunicación de los hallazgos. Se resaltó que el registro no es un trámite, sino memoria, defensa y proyección. Documentar acciones mediante fotos, videos, bitácoras y testimonios permite visibilizar el valor del trabajo comunitario, respaldar demandas, fortalecer identidades e inspirar a otras comunidades.

Se presentaron instrumentos de comunicación tanto interna como externa: reseñas “¿Sabías que…?”, boletines, videos testimoniales, redes de acción, exposiciones comunitarias y notas de prensa. Se subrayó que la constancia y la planificación según capacidades son esenciales para sostener la comunicación y convertirla en una herramienta de incidencia real.

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Boletín 4-Aprendizajes en Quitirrisí: saberes ancestrales como auditoría social

El cierre se realizó con una gira a Quitirrisí, donde los aprendizajes dialogaron con saberes indígenas. Allí se reconocieron los conocimientos ancestrales como indicadores vivos del bienestar: la medicina natural compartida por Zoraida Hernández, la producción local de la Finca Los Itabos con Cristina Castro, el cementerio como lugar sagrado junto a Fernando, Fressy y María Bejarano, y los tintes naturales enseñados en un taller de tejido.

Estos espacios mostraron que el bienestar incluye lo cultural, espiritual y comunitario. Se reafirmó que la auditoría social también se expresa en resistir despojos, defender la cosmogonía, valorar los saberes de las personas mayores y sostener procesos intergeneracionales. El cierre en Quitirrisí fue también una apertura: la certeza de que la auditoría social desde la educación popular es motor de cambio y herramienta para cuidar la memoria, la vida y la dignidad de los pueblos.

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Un cierre que abre caminos

El proceso de Auditoría social para nuestro bienestar no se concibió como un curso aislado, sino como un ejercicio de educación popular latinoamericana y caribeña. Lo trabajado confirma que auditar desde abajo no es solo un derecho, sino una práctica transformadora que fortalece a las comunidades en su capacidad de exigir, incidir y proponer.

Como parte de esta memoria colectiva, les compartimos también el video construido durante la gira a Quitirrisí, donde se recogen las voces, aprendizajes y sentires que dieron vida a este proceso.