«Estamos cansados de que nos ignoren»
“Estamos cansados de que nos ignoren las instituciones, los grandes jerarcas y también el gobierno local.”
Esta es una de las sensaciones que expresa el Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro al encontrarse nuevamente con iniciativas institucionales que llegan al territorio mientras sus preguntas, preocupaciones y años de organización siguen sin recibir una respuesta efectiva.
En ese contexto se anuncia una Semana Geológica en Guatuso, impulsada por la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad. Una actividad que, en otro escenario, podría ser una oportunidad para conocer mejor el territorio y aportar a su protección. Pero para una comunidad que lleva años observando, documentando y denunciando las transformaciones del río y los efectos de la extracción de materiales, la pregunta es inevitable:
¿Cómo se siente que lleguen nuevos estudios sobre el territorio cuando quienes llevan años defendiendo y produciendo conocimiento sobre ese mismo territorio sienten que siguen siendo ignorados?
No se trata de estar en contra de la ciencia ni de cuestionar la necesidad de conocer mejor el territorio. Se trata de algo más básico: ¿qué lugar ocupa la comunidad cuando las instituciones deciden qué preguntar, qué investigar y quiénes tienen derecho a producir conocimiento sobre el lugar que habitan?
Esta nota nace de esa incomodidad y de esa pregunta.
La Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso realizarán una Semana Geológica en el cantón. Una actividad de esta naturaleza podría ser una oportunidad valiosa para producir conocimiento sobre el territorio, comprender sus transformaciones y aportar elementos para su protección. Pero antes de celebrar la llegada de nuevos estudios y especialistas conviene detenerse en una pregunta más incómoda: ¿qué lugar ocupa la comunidad que lleva años observando, denunciando y pensando el territorio cuando las instituciones deciden qué investigar y cómo hacerlo?
La pregunta es especialmente relevante en Río Frío, Maquengal, donde existe un proceso comunitario que desde hace años viene señalando las transformaciones provocadas por la extracción de materiales, la pérdida de espacios históricamente utilizados por la población, las afectaciones sobre el río y las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha ido modificando la relación de la comunidad con uno de sus principales bienes comunes. Desde 2022, las personas vecinas han venido alertando sobre la extracción intensiva de arena y piedra y solicitando a las autoridades que atiendan sus preocupaciones, aportando datos, testimonios y observaciones construidas desde su experiencia territorial.
Por eso, el problema que hoy queremos señalar no es que llegue más conocimiento científico al territorio. El problema es que se pretenda producir conocimiento sobre un territorio ignorando deliberadamente a quienes ya están produciendo conocimiento sobre él.
No hay nada anticientífico en que una comunidad pregunte, cuestione un estudio, señale una contradicción, demande información o plantee otra interpretación sobre lo que está ocurriendo en su río. Al contrario: preguntar, contrastar, observar, discutir evidencias y exigir que las afirmaciones puedan ser revisadas forman parte de una cultura científica. Lo que resulta profundamente problemático es que las instituciones utilicen la autoridad de “lo técnico” para cerrar esas preguntas antes de escucharlas.
La anticiencia también puede tener sello institucional
Quizá sea necesario invertir una idea que con demasiada facilidad se instala en estos debates. Se suele acusar de “anticiencia” a las comunidades cuando cuestionan determinados estudios, cuando desconfían de las instituciones o cuando defienden conocimientos construidos desde su experiencia. Pero pocas veces nos preguntamos si puede existir una forma institucional de anticiencia.
Sí puede existir.
Una institución practica una forma de anticiencia cuando convierte la ciencia en autoridad incuestionable, cuando utiliza los estudios técnicos como argumento para clausurar preguntas, cuando descalifica conocimientos porque no fueron producidos dentro de sus propios procedimientos y cuando decide de antemano que las personas que habitan un territorio no tienen nada relevante que aportar al conocimiento sobre él.
La ciencia no se fortalece cuando se la coloca por encima de la sociedad como una autoridad que no debe ser interrogada. Se fortalece precisamente cuando sus métodos, datos, interpretaciones y conclusiones pueden ser discutidos, contrastados y revisados.
Por eso, si una universidad llega a un territorio con la pretensión de estudiar su realidad pero decide ignorar a quienes llevan años observándola, documentándola y denunciando sus transformaciones, no está defendiendo la ciencia frente a la “anticiencia comunitaria”. Está empobreciendo la propia producción científica al excluir deliberadamente una fuente de conocimiento relevante.
El reciente debate publicado en Nature resulta particularmente pertinente. Sus autores advierten que las decisiones sobre ciencia y política suelen producirse principalmente entre personas expertas e instituciones, mientras la ciudadanía queda al margen, y plantean que la participación pública debería incorporarse desde la definición de las prioridades de investigación, no únicamente después de que el conocimiento ya ha sido producido.
Pero en Maquengal el problema es todavía más evidente: las preguntas ya existen. La comunidad lleva años formulándolas.
Maquengal no está pidiendo que le crean; está pidiendo que la escuchen
La comunidad no está diciendo que su experiencia deba sustituir a la geología, la hidrología, la ingeniería o cualquier otro campo científico. Tampoco está pidiendo que sus afirmaciones sean aceptadas automáticamente por el hecho de provenir de personas que viven en el lugar.
Está pidiendo algo mucho más elemental: que aquello que observa sea considerado una fuente legítima de preguntas y que pueda entrar en diálogo con el conocimiento técnico.
Esto es muy distinto.
Una persona que vive junto al río durante décadas puede reconocer transformaciones que un estudio puntual difícilmente puede captar. Puede recordar cómo era el cauce, dónde estaban las pozas, cuáles eran los lugares de encuentro, cómo se comportaba el agua, qué cambios comenzaron a producirse y cuándo. Puede identificar modificaciones en el paisaje que no aparecen en una fotografía aérea o en una medición realizada durante un período determinado.
Ese conocimiento no tiene que ser aceptado sin discusión. Tiene que ser escuchado, documentado, contrastado y puesto en diálogo con otras formas de conocimiento.
Eso es investigación.
Lo contrario es decidir que una experiencia deja de ser conocimiento simplemente porque no posee el lenguaje institucional de un informe técnico.
El propio artículo de Nature sostiene que las comunidades poseen conocimientos relevantes y que la investigación mejora cuando diferentes formas de conocimiento pueden encontrarse y contrastarse. Incluso señala que los procesos participativos permiten formular preguntas más vinculadas con las prioridades reales de las poblaciones afectadas.
El problema comienza cuando se estudia el territorio como si nadie lo hubiera pensado antes
Hay algo particularmente preocupante cuando una institución académica llega a un territorio conflictivo y actúa como si el conocimiento comenzara con su llegada.
Río Frío-Maquengal no es una hoja en blanco.
Hay una historia de transformaciones, una memoria del río, experiencias de extracción, conflictos por el acceso, cambios en los usos del espacio, preocupaciones ambientales y una organización comunitaria que ha decidido intervenir públicamente sobre estas cuestiones.
Todo esto ya forma parte del territorio.
Ignorarlo no produce neutralidad. Produce una determinada interpretación del territorio: aquella en la que las preguntas de la comunidad dejan de ser relevantes hasta que una institución externa decide formularlas.
Y allí aparece una cuestión fundamental sobre el poder.
Quien define las preguntas también define, en buena medida, qué realidad será visible. Quien determina qué información cuenta establece qué problemas podrán aparecer en los resultados. Quien decide quién participa y quién no participa está estableciendo una jerarquía sobre los saberes y sobre las personas capaces de producirlos.
Por eso la discusión sobre la Semana Geológica no puede reducirse a si los estudios serán técnicamente buenos. También debemos preguntar cómo se definieron sus preguntas, qué conocimientos fueron considerados previamente y quiénes participaron en la construcción de la agenda de investigación.
Cuando la ciencia llega después de que la comunidad ha sido ignorada
La preocupación aumenta cuando recordamos lo ocurrido anteriormente.
El 20 de agosto de 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal de Maquengal con participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de estudiantes e investigadores de la Universidad de Costa Rica que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para conversar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas sobre la situación del río. La actividad fue cancelada a último momento y nunca fue reprogramada.
Posteriormente, el Grupo de Defensa de la Cuenca presentó ante el Concejo Municipal una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales. Allí planteó preocupaciones concretas relacionadas con la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones. La respuesta institucional no significó la apertura de un proceso sostenido de diálogo. En su lugar, apareció en la zona de extracción un rótulo que anunciaba la “legalidad” de la concesión y advertía sobre el ingreso durante la operación de maquinaria.
Este antecedente importa porque muestra que el problema actual no aparece de la nada.
Primero se ignoran las preguntas de la comunidad. Después se producen respuestas institucionales que no resuelven esas preguntas. Y posteriormente se convocan nuevos procesos técnicos sin que el grupo comunitario que ha venido planteando el conflicto sea reconocido como interlocutor.
Así, la producción de conocimiento corre el riesgo de convertirse en una nueva etapa de la misma exclusión.
De la exclusión del territorio a la exclusión del conocimiento
Lo ocurrido en Maquengal puede entenderse entonces como parte de un proceso más amplio. Primero se transforma un espacio de uso común. Después se restringe el acceso. Posteriormente se legitima esa transformación mediante argumentos administrativos y jurídicos. Y finalmente se produce conocimiento sobre el territorio sin incorporar plenamente a quienes han cuestionado ese proceso.
Son distintas dimensiones de una misma jerarquía.
El río deja de ser reconocido principalmente como espacio común y comienza a ser tratado como espacio de extracción. La comunidad deja de ser reconocida como sujeto con capacidad de decisión y comienza a aparecer como población afectada. Y sus conocimientos dejan de ser considerados parte de la comprensión del territorio para convertirse, en el mejor de los casos, en opiniones que pueden ser escuchadas después de que otras personas hayan definido el problema.
Por eso resulta tan importante no separar la discusión ambiental de la discusión sobre participación.
Cuando la comunidad denuncia la pérdida de acceso al río, no está hablando solamente de recreación. Está hablando de la transformación de un espacio común. Cuando cuestiona la extracción, no está simplemente diciendo que no le gusta una actividad económica. Está preguntando qué modelo de desarrollo está transformando su territorio. Y cuando cuestiona los estudios o solicita información, no está rechazando la ciencia. Está ejerciendo precisamente el derecho a discutir las decisiones que pretenden producir conocimiento y políticas sobre su propia vida.
Una universidad pública no puede colocarse por encima del territorio
Esto adquiere una importancia particular cuando hablamos de la Universidad de Costa Rica.
La universidad pública no debería entender su presencia territorial como la llegada de una institución que posee el conocimiento y que se dispone a transferirlo hacia una comunidad que supuestamente carece de él. Esa relación reproduce una jerarquía que contradice buena parte de la tradición de extensión, acción social y compromiso público que debería caracterizar a una universidad financiada por la sociedad.
La universidad pública puede y debe producir conocimiento especializado. Pero su carácter público no se deriva únicamente de que sus investigaciones sean técnicamente rigurosas. También depende de cómo establece sus relaciones con la sociedad, a quién escucha, qué conocimientos reconoce y qué posibilidades abre para que las personas afectadas participen en la producción y discusión del conocimiento.
El artículo de Nature plantea justamente que las universidades deberían avanzar hacia formas de investigación coproducida y reconocer institucionalmente el trabajo realizado junto a las comunidades. También advierte que los mecanismos de participación requieren tiempo, recursos y capacidades para enfrentar las desigualdades de poder que aparecen cuando se encuentran diferentes formas de conocimiento.
Esto no debería verse como una concesión de la academia hacia las comunidades. Es una transformación necesaria de la propia práctica universitaria.
¿Una Semana Geológica para quién?
Por eso, la pregunta frente a la Semana Geológica no es si debemos tener más ciencia en Guatuso. Por supuesto que necesitamos conocimiento científico. Lo que debemos discutir es qué tipo de relación establece ese conocimiento con el territorio y con las personas que lo habitan.
¿La Semana Geológica llega para investigar un territorio previamente definido desde fuera o puede incorporar las preguntas que la comunidad viene construyendo?
¿Llega para explicar el territorio a quienes viven en él o para construir conocimiento junto a quienes ya tienen una experiencia acumulada sobre sus transformaciones?
¿Los resultados servirán únicamente para producir informes y actividades académicas o podrán alimentar también las discusiones comunitarias sobre el futuro del río?
Y hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿para qué se quiere caracterizar geológicamente el territorio? Si el propósito es conocer mejor sus condiciones, sus dinámicas y sus riesgos, ese conocimiento puede contribuir al cuidado y a la defensa del territorio. Pero si la caracterización termina siendo utilizada principalmente para identificar dónde existe más material disponible y facilitar nuevas actividades extractivas, entonces la ciencia estaría cumpliendo una función muy distinta: no comprender el territorio para cuidarlo, sino conocerlo para extraerlo.
¿La comunidad será reconocida como una fuente de conocimiento y como interlocutora o será nuevamente colocada en el lugar de población que debe recibir los resultados?
Estas no son preguntas contra la ciencia. Son preguntas sobre la responsabilidad social de la ciencia.
Y aquí conviene ser claros: no corresponde exigirle a la comunidad que demuestre que no es “anticientífica” cada vez que cuestiona una decisión universitaria o municipal. Esa exigencia reproduce el mismo estereotipo que debemos evitar. El punto de partida debería ser otro: la comunidad tiene derecho a cuestionar, preguntar, disentir y producir conocimiento sin que ese ejercicio sea convertido automáticamente en rechazo de la ciencia.
Maquengal no necesita permiso para pensar su propio territorio
El Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro ha sido claro: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya.” Esa frase debería ser leída no como una estrategia para distanciarse de una supuesta acusación de anticiencia, sino como una definición política del problema.
La comunidad no está pidiendo privilegios ni una autoridad exclusiva sobre el conocimiento. Está reclamando reconocimiento como sujeto territorial.
Está diciendo que el río no es solamente un cauce que puede ser medido, intervenido o explotado. Es también un espacio de vida común. Está diciendo que una concesión puede ser legal y, al mismo tiempo, producir consecuencias sociales y ambientales que merecen ser discutidas. Está diciendo que la experiencia de quienes han visto transformarse el río durante décadas no puede ser descartada porque no venga acompañada de un sello institucional.
Y está diciendo algo todavía más profundo: que no puede existir una verdadera defensa del territorio si quienes lo habitan son excluidos de las decisiones sobre su futuro.
Por eso, la discusión sobre la Semana Geológica debería ser también una oportunidad para que la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Guatuso revisen su propia relación con Maquengal.
No se trata de incorporar a la comunidad como un gesto decorativo de participación. Se trata de reconocer que ya existe un proceso de producción de conocimiento en marcha y que cualquier nueva investigación sobre el territorio debería encontrarse con ese conocimiento, dialogar con él, contrastarlo, discutirlo y, cuando corresponda, dejarse interpelar por él.
La ciencia no pierde autoridad cuando escucha.
La pierde cuando se utiliza como autoridad para no escuchar.
La universidad no se debilita cuando una comunidad cuestiona sus investigaciones.
Se debilita cuando necesita silenciar esas preguntas para sostener su autoridad.
Y una municipalidad no fortalece su gestión territorial cuando se limita a exhibir la legalidad de una decisión.
La fortalece cuando permite que quienes viven las consecuencias de esa decisión puedan participar realmente en su discusión.
Lo que está en juego en Río Frío-Maquengal no es una disputa entre ciencia y anticiencia. Esa formulación ya contiene una trampa: coloca a las instituciones del lado del conocimiento y a la comunidad en el lugar de quien debe demostrar que merece ser escuchada. La disputa es otra.
Es por quién puede producir conocimiento sobre el territorio, quién puede formular sus preguntas, qué saberes son reconocidos y quién tiene capacidad para intervenir en las decisiones que afectan los bienes comunes.
Y allí la pregunta sigue siendo tan sencilla como incómoda: ¿Quién tiene derecho a preguntar sobre el territorio?
Maquengal ya está preguntando. La cuestión es si la Universidad y la Municipalidad están dispuestas a escuchar.
Referencia:
Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 8 de octubre). De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas. Observatorio de Bienes Comunes.
Tyler, C., Akerlof, K. L., al-Gharbi, M., Bedsted, B., Boeira, L., Brown, T., Christopherson, E., Scheufele, D. A., Farooque, M., Head, B. W., Piquado, T., & Pedersen, D. B. (2026). Six ways to put the public at the heart of science and policy. Nature, 655, 34–37. https://doi.org/10.1038/d41586-026-01981-z
Una disculpa necesaria
Desde el Observatorio de Bienes Comunes queremos ofrecer una disculpa a la comunidad de Maquengal y al Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro.
Como parte de una universidad pública, no podemos mirar hacia otro lado cuando nuestra propia institución reproduce prácticas que hemos cuestionado a lo largo de este proceso: ningunear a la comunidad, desconocer sus conocimientos y reforzar el estereotipo de que quienes cuestionan las decisiones técnicas son personas “anticientíficas” o contrarias al desarrollo.
La comunidad de Maquengal no está contra la ciencia. Ha preguntado, observado, documentado, contrastado y exigido respuestas. Eso también es una forma de producir conocimiento. Lo preocupante no es que la comunidad cuestione los estudios; lo preocupante es una institucionalidad que utiliza la autoridad de lo técnico para evitar ser cuestionada.
Por eso queremos ser claros: no corresponde pedirle a Maquengal que demuestre que no es “anticiencia”. Corresponde a las instituciones demostrar que están dispuestas a escuchar, dialogar y reconocer los conocimientos que la comunidad ha construido sobre su propio territorio.
Lamentamos que la Universidad de Costa Rica vuelva a reproducir una relación en la que el conocimiento institucional parece tener prioridad sobre la palabra de quienes viven y defienden el río. Y lamentamos que la comunidad tenga que seguir insistiendo para ser reconocida como interlocutora.
También queremos aclarar algo frente a cualquier cuestionamiento sobre por qué no solicitamos previamente información sobre los acuerdos, coordinaciones o decisiones tomadas entre las distintas instituciones involucradas. No nos corresponde validar los intereses, acuerdos o arreglos establecidos entre instituciones. Nuestro papel es observar, problematizar y hacer pública la preocupación que generan las decisiones tomadas y, especialmente, las formas en que la institucionalidad se relaciona con las comunidades. Dar a conocer esa percepción y abrir una discusión pública sobre esas prácticas también forma parte de nuestro compromiso con los bienes comunes y con una universidad pública al servicio de la sociedad.
Esta disculpa también nos compromete a seguir señalando estas prácticas dentro de nuestra propia universidad. Maquengal ya tiene voz, conocimiento y organización. Lo que falta no es darle voz a la comunidad; lo que falta es que las instituciones aprendan a escucharla.
