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Día del Campesino: entre el abandono estatal y la digna rabia de los productores indígenas en Talamanca

Este artículo se desarrolla a partir de una conversación con integrantes de la organización indígena Antonio Saldaña, un colectivo que lucha por los derechos de las personas productoras en Talamanca. En el marco del Día del Campesino, este colectivo alza la voz para denunciar que, mientras el país celebra simbólicamente a quienes trabajan la tierra, las comunidades indígenas continúan enfrentando condiciones de vida marcadas por el abandono institucional, la injusticia económica y la invisibilización sistemática.

Desde hace años, las personas indígenas que se dedican al cultivo de banano, cacao, plátano y otros productos tradicionales enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Nos siguen pagando miseria por el banano mientras las empresas exportadoras se llenan los bolsillos”, señalan desde la organización. Según denuncian, los precios los imponen intermediarios sin ningún control estatal, y los costos de producción superan muchas veces las ganancias obtenidas.

Lejos de las estadísticas oficiales que enarbolan el crecimiento del sector agroexportador, la realidad en los territorios indígenas es de precariedad. Las comunidades enfrentan dificultades para acceder a créditos, infraestructura básica y rutas adecuadas para comercializar sus productos. Además, enfrentan trabas burocráticas e institucionales que limitan su derecho a la tierra y a decidir sobre sus formas de producción.

La organización Antonio Saldaña subraya que esta situación no es nueva, pero se agrava cada año ante la indiferencia estatal y el avance del modelo extractivista que expulsa al campesinado de sus territorios o lo somete a condiciones laborales de cuasi esclavitud. “El Día del Campesino se ha convertido en una fecha decorativa, cuando en realidad debería ser un momento de lucha y memoria. No queremos felicitaciones, queremos justicia y autonomía para trabajar nuestra tierra en paz”, afirma una lideresa bribri.

La lucha de las comunidades en Talamanca no es solo por precios justos o por reconocimiento cultural: es una lucha por la vida, por el derecho a permanecer en los territorios sin ser empujadas a la pobreza o al éxodo. Frente al olvido institucional, las redes de solidaridad, las prácticas agroecológicas, el trueque, el trabajo comunal y los saberes ancestrales se convierten en actos cotidianos de resistencia y dignidad.

Este 15 de mayo, Día del Campesino, las comunidades indígenas de Talamanca nos recuerdan que sin justicia social, sin acceso a tierra, sin respeto a sus formas de vida y sin políticas que los escuchen, no hay nada que celebrar. En cambio, hay mucho por transformar.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Finca Dos Ríos: sembrando dignidad en el Día del Campesino que no llega

Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.

Finca Dos Ríos, ubicada en Guacimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.

“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia 

Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.

A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona  que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.

Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.

Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.

Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria

Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.

En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.

Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.

Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.

Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días.

Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.

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«Basurero» Regional de Osa : Línea del tiempo de un proyecto que amenaza la vida

Desde noviembre de 2024, el proyecto denominado Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Me’at”, ubicado en el cantón de Osa, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos técnicos, administrativos y legales, principalmente debido a su posible impacto ambiental sobre cuerpos de agua presentes en el terreno.

Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de manejo de residuos con un enfoque tecnológico, las evidencias recabadas por distintas instituciones señalan inconsistencias en la información suministrada y omisiones relevantes en el proceso de evaluación ambiental.

Una viabilidad ambiental impugnada

El 22 de noviembre de 2024, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un Recurso de Nulidad Absoluta contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto, marcando el inicio de una investigación formal. Posteriormente, el 14 de enero de 2025, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) emitió la Resolución N.º 0063-2025, que suspende cautelarmente los efectos de la licencia ambiental mientras se realiza una revisión a fondo.

El 22 de enero, la empresa desarrolladora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, intentando revertir la medida, lo que generó un proceso legal paralelo.

Presencia de cuerpos de agua: el punto crítico

La visita técnica de SETENA realizada el 13 de febrero de 2025 reveló un hallazgo determinante: la existencia de una quebrada claramente visible en el terreno no había sido considerada en el Estudio de Impacto Ambiental. En palabras del informe técnico: no hay forma de cómo no verla”, cuestionando así la veracidad y rigurosidad del estudio presentado.

El tema se profundizó aún más tras una inspección de la Dirección de Aguas del MINAE, el 6 de marzo de 2025, cuyo dictamen técnico (DA-UHTPSOG-0109-2025) confirmó la presencia de cinco cuerpos de agua en el sitio: dos quebradas (una intermitente y una permanente) y tres nacientes (dos intermitentes y una permanente).

Estos elementos ponen en duda la idoneidad del terreno para albergar un proyecto de gestión de residuos, debido al riesgo potencial de afectar fuentes hídricas que podrían tener funciones ecológicas y sociales relevantes para el territorio.

Resoluciones y procesos en curso

A lo largo de marzo y abril, SETENA emitió una serie de resoluciones que reflejan tanto la complejidad del caso como la necesidad de mayor claridad técnica:

  • La Resolución 0389-2025 del 12 de marzo suspende el análisis de fondo del recurso de nulidad, en tanto se concluye el proceso de fiscalización interna.

  • La Resolución 0388-2025 rechaza el recurso de revocatoria de la empresa y traslada el expediente al MINAE para continuar el proceso por la vía jerárquica.

  • El 25 de abril, SETENA publica la Resolución 0589-2025, corrigiendo errores materiales en documentos anteriores.

Mientras tanto, la empresa solicitó una prórroga de 12 meses para cumplir con requerimientos técnicos, la cual fue rechazada por SETENA. En su lugar, se le otorgó una extensión de 15 días hábiles, contados desde el 13 de mayo, para entregar la documentación específica solicitada.

Estado actual y necesidad de respuestas claras

El 12 de mayo de 2025, se incorporaron dos documentos clave al expediente:

  • Una solicitud de información por parte del área legal del MINAE.
  • La respuesta de SETENA, donde se aclara que el análisis técnico aún está en proceso y que no se ha emitido una posición final respecto al recurso de nulidad.
¿Qué debemos tener presente?

El caso del proyecto Ka Me’at pone en evidencia la importancia de que los procesos de evaluación ambiental sean rigurosos, transparentes y coherentes con la realidad del territorio. La confirmación oficial de que existen cuerpos de agua activos en el área del proyecto plantea serias dudas sobre la conveniencia de avanzar con una iniciativa de esta naturaleza en esa ubicación específica.

No se trata únicamente de una discusión técnica, sino de una decisión que podría tener consecuencias duraderas sobre los ecosistemas locales y el derecho de las comunidades a un ambiente sano y protegido.

Pueden descargar la infografía aquí:

PDFImagen

Detalle de documentos y eventos citados

El día 22 de noviembre 2024: Diputado Ariel Robles Barrantes interpuso un Recurso de Nulidad Absoluta contra esa viabilidad ambiental. Este es el folio: 98, nombre de archivo: 11519_2024_22112024122759_1.pdf

El día 14 de enero 2025: SETENA emite resolución N° 0063-2025 SETENA. Con esta resolución «Impone una medida cautelar de suspensión de los efectos de la Licencia de Viabilidad Ambiental otorgada». Este es el folio: 121, nombre de archivo: ART 032 RES 0063-2025 EXP D1-0815-2022.pdf

El día 22 de enero 2025: Mediante el Oficio «NOVA-2201-04-2025» la empresa presenta un recurso «RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 0063-2025-SETENA DE LAS 14 HORAS 51 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2025 DICTADA POR LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBEINTAL (SETENA) QUE DICTA MEDIDA CAUTELAR». Este es el folio: 123, nombre de archivo 00761_2025_221202515748_1.pdf

El día 13 de febrero 2025: SETENA visito la finca.  Rescatar el reporte sobre la quebrada: “Ahora bien, dado a que la quebrada es notoria en el campo (no hay forma de cómo no verla), no se entiende por qué el Consultor Ambiental la omitió “no sabemos las razones”, durante el proceso de EIA inicial que se presentó a la SETENA,” Folio: 134, Archivo: SETENA-DT-ASA-0294-2025_D1-0815-2022_VGA_Visita, oficio y otros.pdf

El día 06 de marzo 2025: Dirección de Aguas visitó la finca para dictaminar cuerpos de agua. Hay 5 reportados en total. Dictamen en oficio «DA-UHTPSOG-0109-2025» con fecha del 13 de Marzo 2025. Rescatar el por tanto: DA-UHTPSOG-0109-2025

Por tanto, se determina que lo observado en campo corresponde a dos quebradas y tres nacientes, de las cuales, dos nacientes son intermitentes, una naciente permanente, una quebrada permanente y una intermitente. Folio 140, Archivo: DA-UHTPSOG-0109-2025_Exp-42066-DI_Nuevo Dictamen.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0389-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025.

Según se puede interpretar se mantiene en espera el recurso de nulidad: «PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, se suspende el conocimiento de la gestión de Nulidad por el fondo hasta tanto se concluya con el proceso de fiscalización e investigación que se está realizando por parte del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental». Folio: 155, Archivo: RES-0389-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0388-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025. Según se puede interpretar se rechaza el recurso de revocatoria y se da paso a trasladar el expediente al Ministro de Ambiente.  Folio: 157, Archivo: RES-0388-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Según se interpreta el oficio «SETENA-AJ-0069-2025», se notifica a Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE. Folio: 159, Archivo: SETENA AJ-0069-2025 -D1- 0815-2022 Remisión a la DAJ-Apelación.pdf

El día 25 de abril 2025: Se publica la RESOLUCION N° 0589-2025-SETENA del día 09 de abril de 2025. Corrección de un error material un mal nombrado de un número de resolución. Archivo 163, Archivo: ART 015 RESOLUCION 0589-2025 EXPEDIENTE D1-0815-2022 SETENA.pdf

El día 8 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:170

Archivo: SETENA-DT-ASA-0928-2025_D1-0815-2022_VGA_Ampliación Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Error.pdf

Con consecutivo:  SETENA-DT-ASA-0928-2025.

Asunto:  

Corrección error material oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y ampliación de lo solicitado en el Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y SETENA-DT-ASA-2170-2024

Número del expediente: D1-0815-2022-SETENA

Nombre del proyecto: Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat

Detalle más relevante:

Se rechaza la solicitud, se da 15 días hábiles de plazo a partir del 13 de Mayo 2025. “Analizada la justificación presentada por el desarrollador, se determina que no procede otorgar la ampliación por el plazo de 12 meses como lo solicita el desarrollador, lo anterior debido a que esta Secretaría no ordenó al desarrollador presentar un nuevo criterio que justifique la presentación de Solicitud de Modificación de Criterio Técnico sobre Fuentes de Agua ante la Dirección de Aguas del MINAE. El trámite efectuado ante la Dirección de Aguas de MINAE en la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur (UHTPS), es una gestión no vinculada con lo solicitado por esta Secretaría en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Lo requerido por la SETENA se basa en los criterios técnicos vigentes DA-UHTPSOG-0130-2023 y DA-UHTPSOG-0109-2025, emitidos por dicha Dirección los cuales son de carácter vinculante para con SETENA en el proceso investigación que se lleva a cabo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto es procedente concederle la prórroga, por un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 13 de mayo de 2025; para la presentación de la información solicitada en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025.”

El día 9 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:167

Archivo: Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Mayo 2025.pdf

Con consecutivo:  NOVA-3004–09-2025.

Asunto:  Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025.

Detalle más relevante: Empresa Solicitaba 12 meses para hacer actividades.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 172

Archivo: Oficio DAJ-MINAE-0574-2025 (Legal-MINAE)  a SETENA  D1-0815-2022.pdf

Oficio:  DAJ-DAJ-MINAE-0574-2025

Asunto:  Solicitud de información Expediente D1-0815-2022

Puntos Relevantes:

-Si ASA, ha procedido a analizar la información aportada al expediente requerida en los oficios: SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-2210-2024 2024

-Indicar  ¿En qué estado se encuentra dicho análisis?

-Indicar la fecha exacta en que fue aportada la respuesta al expediente, de conformidad con los plazos dados por SETENA.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 174

Archivo SETENA-SG-0595-2025 RESPUESTA OFICIO DAJ-MINAE-0574-2025.pdf

Asunto:  

Respuesta a oficio DAJ-MINAE-0574-2025

Oficio:  SETENA-SG-0595-2025

Punto Relevante:

Esta Secretaría no ha dado por concluido el análisis de la información solicitada mediante los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Una vez que el desarrollador presente la información requerida, esta será evaluada en conjunto con el área legal, con el fin de emitir una respuesta al señor diputado Ariel Robles en relación con el incidente de nulidad de la resolución N.° 0193-2024-SETENA.

La vigilancia comunitaria: un pilar en la defensa del ambiente

Este seguimiento detallado al caso del proyecto Ka Me’at no ha sido impulsado únicamente por instancias técnicas o legislativas, sino que ha contado con el trabajo incansable de personas organizadas en las comunidades de Osa, quienes han ejercido su derecho —y también su deber— de monitorear, cuestionar y exigir transparencia en los procesos ambientales que les afectan directamente.

A través del análisis de expedientes, visitas al sitio, presentación de recursos, articulación con actores institucionales y generación de información pública, la comunidad ha logrado visibilizar contradicciones y vacíos técnicos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos.

Este proceso demuestra que la participación activa y vigilante de la ciudadanía es clave para proteger los bienes comunes, como el agua, los suelos y la biodiversidad. El derecho a un ambiente sano no se defiende solo desde los escritorios: se construye todos los días desde el territorio, desde las asambleas comunales, desde la organización solidaria y el compromiso colectivo.

La experiencia de Osa es un ejemplo de democracia ambiental viva, donde las voces locales se levantan con fundamento y convicción para recordar que ningún desarrollo es viable si pasa por encima del equilibrio ecológico ni de la vida digna de las personas.

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#HostigamientoAmbiental: cuando la defensa del territorio se convierte en blanco digital

Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.

Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur

En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.

Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:

Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“¿Por qué no se regresa a su país a joder?”
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”

Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.

Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:

Deshumanización

Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.

“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”

Criminalización

Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.

“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.”
“¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”

Estigmatización como extranjero

Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.

“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?”
“Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”

Incitación al odio y violencia simbólica

Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”

Legitimación institucional del hostigamiento

Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.

“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
“El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”

Aislamiento social

Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.

“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.”
“No los necesitamos.”

Cerrar filas frente al odio

Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.

No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.

Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur

En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.

Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.

La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.

Compartimos el recurso de amparo mediante el cual se anula la declaratoria de personas non gratas.

¿De qué estamos hablando?

  1. Desprestigio sistemático y campañas de odio
    Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
  2. Xenofobia y discursos de exclusión
    Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
  3. Incitación al desplazamiento
    Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
  4. Amenazas veladas y explícitas
    Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
  5. Uso instrumental de canales institucionales
    Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
  6. Normalización del discurso de odio
    Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.

Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica

La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:

  1. Estigmatizar y criminalizar
    Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
  2. Aislar comunitariamente
    Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
  3. Avalar simbólicamente la violencia
    Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
  4. Violar derechos humanos
    Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
  5. Potenciar la violencia digital
    Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.

Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente

La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.

Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.

El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.

Defender la tierra no debe significar exponerse al odio

El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.

Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.

Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental

La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:

  1. Fortalecer la seguridad digital
  • Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
  • No compartas datos sensibles públicamente.
  • Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
  • Usa VPN y navegadores privados.
  • Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
  1. Documentar y denunciar los ataques
  • Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
  • Reporta los contenidos en las plataformas.
  • Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
  1. Activar el cuidado colectivo
  • Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
  • Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
  • Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
  1. Visibilizar y politizar la violencia digital
  • Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
  • Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
  • Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.

 Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales

En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.

  1. Auge del extractivismo y criminalización

La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.

  1. Digitalización de las agresiones

Los ataques se manifiestan a través de:

  • Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
  • Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
  • Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
  • Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
  1. Estigmatización mediática e institucional

Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.

  1. Género y violencia digital

Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.

  1. Falta de protección y acceso a justicia

Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.

Instrumentos y patrones comunes

  • Difamación y campañas de desprestigio.
  • Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
  • Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
  • Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
  • Exposición pública de datos personales (doxing).
  • Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.

Implicaciones para las personas víctimas

La violencia digital puede generar:

  • Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
  • Afectaciones emocionales y de salud mental.
  • Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
  • Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
  • Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza

En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios.

AspectoViolencia FísicaViolencia Digital
DefiniciónUso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurrePresencial (hogar, calle, instituciones, etc.).En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Medios utilizadosCuerpo, armas, objetos físicos.Internet, redes sociales, mensajes, videos, imágenes, bots.
EvidenciaHeridas visibles, partes médicas, testimonios.Capturas de pantalla, correos, registros digitales.
VisibilidadPuede ser más evidente para testigos directos.Puede pasar desapercibida o normalizarse fácilmente.
PerpetradoresGeneralmente identificables.Puede ser anónima o provenir de múltiples usuarios (colectiva).
Impacto en la víctimaFísico (heridas, discapacidad), psicológico, emocional.Psicológico, emocional, reputacional; también físico (estrés).
Duración de efectosInmediatos, pero pueden ser duraderos o permanentes.Pueden ser prolongados por la persistencia del contenido digital.
Mecanismos de denunciaPolicía, servicios de salud, instituciones judiciales.Plataformas digitales, policía cibernética, organismos legales.
Relación con otras violenciasPuede estar relacionada con violencia sexual, doméstica, estructural.Frecuentemente se cruza con acoso, censura, persecución política.
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Hone Creek cuando el MINAE se va, la draga vuelve: crónica de un humedal sitiado

En las cercanías de Hone Creek, en el Caribe Sur de Costa Rica, se documenta nuevamente un intento por alterar un ecosistema de humedal mediante el uso de maquinaria pesada. Este caso ha sido seguido de cerca por el ambientalista Philippe Vangoidsenhoven, quien desde marzo de 2024 ha denunciado la intervención con una draga, utilizada para nivelar y drenar el terreno. Gracias a su denuncia, las obras fueron paralizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), evitando en ese momento un daño ambiental mayor.

Las primeras imágenes del 15 de marzo de 2024 muestran claramente la presencia de agua en el terreno, confirmando la naturaleza de humedal. El 2 de abril, el MINAE intervino directamente en el sitio, lo que detuvo las labores de la draga. Aparentemente, la Fiscalía Ambiental también fue alertada en esa ocasión. Para el 8 de abril, las fotos muestran la draga detenida, y la maquinaria retirada temporalmente.

Sin embargo, en mayo de 2025, Philippe volvió al lugar y encontró nuevas señales de intervención: un zanjo reciente a la orilla de la calle, excavado con el mismo propósito de drenaje. “Este es el típico caso: se detiene por un tiempo, parece tranquilo, y de repente reanudan las obras”, comenta. Denuncia que estos intentos son sistemáticos, y que la falta de vigilancia constante permite que continúen impunes. El objetivo, dice, es claro: secar el humedal para modificar su uso.

La presión sobre los humedales del Caribe Sur se ha vuelto constante. A pesar de los esfuerzos institucionales, actores privados continúan intentando transformar estos ecosistemas. La evidencia es clara: el terreno sigue mostrando filtración de agua, vegetación característica y afectaciones por maquinaria. Para los procesos correspondientes, el mismo suelo revela su condición de humedal, lo que permite su reconocimiento legal y la posibilidad de su protección.

Este caso subraya la necesidad urgente de reforzar la vigilancia ambiental, sancionar a quienes reinciden en este tipo de daños, y reconocer que los humedales no solo son áreas protegidas, sino bienes comunes vitales para el equilibrio ecológico de la región.

Galería situación 2025
Galería situación 2024
¿Qué implica continuar con las obras tras la intervención estatal?

La persistencia en realizar obras en zonas de humedal, incluso después de intervenciones por parte de instituciones como el MINAE o la Fiscalía Ambiental, revela una preocupante brecha entre las acciones de control y la efectividad real de las medidas de protección ambiental. Cuando el objetivo de fondo es el lucro —como suele ser el caso en intentos por secar humedales para urbanizar o explotar económicamente el terreno—, las paralizaciones temporales no son suficientes. Quienes impulsan estas transformaciones ilegales suelen adoptar una estrategia de desgaste: detienen momentáneamente, esperan a que pase la vigilancia y luego reanudan discretamente sus actividades.

Esta dinámica pone en evidencia la fragilidad institucional frente a intereses privados persistentes y bien financiados. Además, genera un efecto desalentador para quienes denuncian, pues ven cómo los esfuerzos por proteger el territorio son constantemente burlados. La impunidad de estos actos erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de fiscalización y refuerza la sensación de que los delitos ambientales se pueden cometer sin consecuencias duraderas.

Proteger los humedales requiere más que detener una maquinaria: implica seguimiento continuo, sanciones ejemplares y voluntad política real para frenar un modelo de desarrollo que prioriza el interés privado sobre los bienes comunes. Sin eso, estos ecosistemas seguirán siendo blanco de una presión que avanza a pasos silenciosos, pero constantes.

La importancia de los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica

Los humedales del Caribe Sur de Costa Rica son ecosistemas clave para la salud ambiental y el bienestar humano. Su función principal es la regulación del agua: actúan como esponjas naturales que absorben el exceso de lluvia, previniendo inundaciones y reduciendo el impacto de tormentas, un aspecto crucial en una zona con alta pluviosidad. Además, filtran contaminantes y sedimentos, mejorando la calidad del agua que llega a ríos y al mar Caribe.

Estos ecosistemas también son refugio de una gran diversidad biológica. Albergan especies endémicas y migratorias, como aves, peces y anfibios, muchas de ellas en riesgo. Para las comunidades locales, los humedales representan una fuente de vida y sustento, ya que ofrecen recursos como peces, plantas medicinales y materiales naturales.

Sin embargo, la expansión urbana, el turismo descontrolado y el cambio de uso del suelo amenazan su existencia. La eliminación o alteración de los humedales pone en riesgo la biodiversidad, aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y contribuye a la degradación del clima local. Protegerlos es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un desarrollo sostenible en la región.

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Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega


En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

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Alteración de laderas en Bribrí: riesgos ecológicos y sociales de la remoción de tierra

Seguimiento a actividades de extracción de tierra en Bribrí

Continuamos dando seguimiento al caso relacionado con la empresa quebradora ubicada en Bribrí, donde se ha observado la operación de maquinaria pesada sobre una loma colindante con su predio principal. De acuerdo con testimonios de personas vecinas y registros fotográficos recopilados, dicha maquinaria estaría realizando labores de remoción de tierra, alterando de manera visible la conformación natural del terreno.

Durante las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se habría indicado que el movimiento de tierra observado corresponde a un deslizamiento natural. No obstante, las evidencias gráficas documentadas muestran la presencia activa de maquinaria, lo que ha generado inquietud en la comunidad respecto al verdadero origen y propósito de dichas intervenciones.

Como se detalló en una nota anterior, esta empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de las autoridades debido a actividades fuera de las áreas autorizadas en su concesión minera. En aquella ocasión, fue requerida a implementar medidas correctivas específicas, las cuales, según consta en la documentación oficial disponible, fueron acatadas.

Actualmente, según información del Catastro Minero, la empresa mantiene abiertos tres procesos administrativos, todos vinculados a actividades de extracción en Cauce de Dominio Público (principalmente arenas y gravas de ríos y quebradas). Sin embargo, es importante señalar que la remoción de tierra en lomas o montañas constituye una actividad distinta, que debe tramitarse mediante una concesión minera de explotación específica, acompañada de los respectivos estudios y permisos ambientales.

Frente a la situación actual, miembros de la comunidad han presentado consultas formales ante la Municipalidad local, con el objetivo de esclarecer el marco jurídico aplicable a la remoción de tierra en terrenos de ladera, considerando que la legislación vigente establece requisitos estrictos para este tipo de actividades fuera de cauces públicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las personas no han recibido una respuesta oficial que clarifique estos aspectos, más allá de un listado general de requisitos.

Cabe destacar que la remoción de tierra en zonas de ladera, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los del Caribe Sur, puede tener consecuencias ambientales graves. Entre ellas se incluyen el aumento de la erosión, la pérdida de cobertura vegetal, la afectación de acuíferos y un incremento en el riesgo de deslizamientos, afectando tanto a la biodiversidad como a la seguridad de las comunidades humanas.

Por estas razones, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen un abordaje riguroso, transparente y preventivo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, en resguardo de los bienes comunes y de la estabilidad ecológica de la región.

Impactos de la extracción de tierra en la flora y fauna de ecosistemas frágiles

La extracción de tierra en lomas y montañas genera una serie de impactos significativos sobre la flora y fauna local, afectando particularmente ecosistemas frágiles como los del Caribe Sur de Costa Rica. La remoción de grandes volúmenes de suelo altera profundamente los procesos ecológicos que sostienen la vida en estos territorios.

Uno de los principales efectos es la destrucción directa de la cobertura vegetal. La remoción de árboles, arbustos y otras plantas elimina especies de importancia ecológica y destruye hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y reptiles. Esta pérdida de vegetación expone el suelo a la erosión, lo que puede degradar fuentes de agua cercanas y fragmentar corredores biológicos vitales.

Además, el ruido y la vibración ocasionados por maquinaria pesada perturban a la fauna silvestre, alterando sus patrones de comportamiento, desplazando a especies sensibles y afectando sus ciclos de reproducción y alimentación. Muchas especies locales, algunas endémicas o en riesgo de extinción, dependen de condiciones específicas de humedad, temperatura y cobertura, las cuales son alteradas significativamente por la actividad extractiva.

La fragmentación del hábitat representa otro efecto grave. La apertura de caminos y la remoción de tierra intensiva crean barreras físicas que dificultan el desplazamiento de los animales, reducen el acceso a fuentes de alimento y agua, y limitan las posibilidades de intercambio genético entre poblaciones, comprometiendo la biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, la alteración de los patrones hidrológicos como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal puede modificar el curso natural de quebradas y nacientes, afectando no solo a las especies acuáticas, sino también a toda la cadena ecológica que depende del acceso a agua limpia y continua.

En suma, la extracción de tierra en zonas de ladera compromete la estabilidad ecológica de los ecosistemas, afectando no solo a la biodiversidad inmediata, sino también a los servicios ambientales esenciales que sustentan la calidad de vida de las comunidades humanas cercanas. Por ello, es fundamental que estas actividades sean sometidas a controles ambientales rigurosos y que se privilegien alternativas que minimicen el daño a los ecosistemas naturales.

Algunas de las especies que habitan esta zona y que han sido captadas por las personas vecinas desde sus patios
Cuadro informativo para diferenciar los tipos de concesión

Aspecto

Extracción en río (OMA – Materiales de arrastre)

Extracción en loma/montaña (tierra sólida)

Tipo de material

Materiales sueltos: arena, grava, piedras de cauces de ríos o quebradas.

Tierra, tosca, arcilla, material de laderas, suelos consolidados.

Permiso

Permiso especial para materiales de arrastre. Se tramita como concesión en cauce público. Requiere derecho de uso municipal.

Concesión minera de explotación (sobre tierra firme). Implica inscripción del área en el Registro Nacional y requiere propiedad o consentimiento del dueño.

Autoridades involucradas

Dirección de Geología y Minas (DGM) + Municipalidad (permiso de uso de cauce).

DGM + Municipalidad (uso de suelo) + SETENA (viabilidad ambiental formal).

Proceso

Más sencillo: solicitud en DGM + aval de Municipalidad + posible evaluación ambiental básica.

Más complejo: solicitud formal de concesión minera, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), certificación de uso de suelo, publicación de edictos, análisis técnico profundo.

Trámite ambiental

En muchos casos basta un formulario D1 ante SETENA.

Normalmente es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.

Tiempos de tramitación

Puede resolverse en varios meses si toda la documentación está completa.

Puede tardar más de un año debido a estudios, audiencias y trámites ante SETENA.

Restricciones comunes

No extraer cerca de nacientes, quebradas protegidas o zonas vulnerables.

Prohibido en áreas de conservación, zonas de recarga acuífera o terrenos con alta pendiente sin medidas de control de erosión.

Fiscalización

Inspecciones periódicas de DGM y SETENA, pero menos intensas.

Fiscalización constante, reportes periódicos de cumplimiento ambiental y visitas de control.

Reforestación/Restauración

No siempre exigida si es en cauces activos.

Obligatoria: presentar plan de restauración de suelos y reforestación después de la explotación.

¿Por qué importa?

Aunque los casos específicos pueden variar, preocupa que buena parte del material extraído de laderas y montañas en la región esté siendo utilizado para el relleno de humedales en el Caribe Sur. Esta práctica no solo contribuye a la pérdida de ecosistemas vitales, sino que también profundiza los impactos ecológicos derivados de actividades extractivas poco reguladas. En zonas con alta fragilidad ambiental, como esta región, la alteración de terrenos naturales y el uso de suelos removidos para modificar humedales representan una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio hidrológico y a la seguridad territorial de las comunidades locales.

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De ecosistemas vivos a lotes vacíos: la transformación del Caribe Sur

En el Caribe Sur de Costa Rica, se está gestando un proceso alarmante de transformación territorial que amenaza profundamente los ecosistemas locales y las formas de vida tradicionales. La dinámica que se observa combina la obtención de permisos de uso de suelo de procedencia cuestionable, la extracción intensiva de recursos maderables y la expansión acelerada de proyectos urbanísticos.

El procedimiento suele repetirse: primero se consigue un permiso, muchas veces bajo argumentos débiles o con interpretaciones laxas de la normativa ambiental. A partir de ahí, se talan los árboles más valiosos, se retira toda la madera de interés comercial, y posteriormente se interviene el terreno con maquinaria pesada. Se eliminan los árboles jóvenes, se rellena el área —muchas veces afectando humedales, corredores biológicos y áreas de conservación—, y finalmente el terreno se divide y lotea para la venta inmobiliaria.

Este modelo de ocupación y urbanización no es aislado ni casual. Se reproduce sistemáticamente en distintos puntos del Caribe Sur, desde zonas de alta biodiversidad hasta áreas rurales antes dedicadas a pequeños usos agrícolas. El patrón que se impone responde a una lógica de mercado que prioriza la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo sobre cualquier consideración ambiental o social.

Las implicaciones de este proceso son profundas: la pérdida de cobertura forestal, la fragmentación de hábitats, la alteración de los ciclos hidrológicos y la creciente presión sobre las comunidades locales. Además, se consolida un modelo de desarrollo excluyente, que favorece a grandes inversionistas y marginaliza a las poblaciones que tradicionalmente han habitado y protegido estos territorios.

Esta discusión va mucho más allá de estar “a favor” o “en contra” del turismo. El problema central radica en el impacto profundo que este modelo de urbanización descontrolada tiene sobre las condiciones ecosistémicas de una región que ya de por sí es altamente vulnerable. El Caribe Sur alberga ecosistemas frágiles, donde pequeños cambios en el uso del suelo pueden desencadenar desequilibrios mayores: afectación de humedales, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, alteraciones en los flujos de agua y mayor exposición a eventos extremos como inundaciones. No se trata de oponerse al desarrollo o al turismo per se, sino de evidenciar cómo, bajo una lógica de especulación inmobiliaria y extractivismo encubierto, se está comprometiendo de manera irreversible la integridad ecológica y la resiliencia futura de toda la región.

Reconocer y nombrar este proceso es fundamental. No se trata solo de “nuevos lotes” o “nuevos desarrollos”; es la profundización de un modelo que subordina la vida, la biodiversidad y el tejido comunitario a la lógica del mercado y la ganancia rápida. Urge visibilizar lo que está ocurriendo en el Caribe Sur y abrir espacios de resistencia y reflexión crítica para defender un territorio que aún guarda una inmensa riqueza natural y cultural, pero que hoy está en grave riesgo.

Este artículo se nutre del trabajo incansable y las reflexiones de Philippe Vangoidsenhoven, quien durante más de veinte años ha ejercido una labor constante de vigilancia, documentación y denuncia ambiental en el Caribe Sur. Gracias a su compromiso ético y a su profunda conexión con el territorio, ha sido posible visibilizar procesos de destrucción ecológica que muchas veces permanecen ocultos o minimizados. Su trayectoria es un testimonio de resistencia y de defensa activa de los bienes comunes, en un contexto donde la presión inmobiliaria y la laxitud de las autoridades amenazan con transformar irreversiblemente la riqueza natural y cultural de la región.

El proceso de transformación ambiental para fines inmobiliarios sigue un patrón que, aunque varía en sus detalles, tiende a repetirse en muchas zonas. A continuación, se expone una secuencia generalizada de etapas que caracterizan este tipo de intervención, desde la obtención inicial de permisos hasta la conversión final del territorio en lotes para venta.

Obtención del permiso: Se gestiona un permiso, a menudo con argumentos débiles o interpretaciones flexibles de la normativa ambiental.

Extracción de recursos: Se talan los árboles valiosos y se extrae la madera con interés comercial.

Intervención del terreno: Se utiliza maquinaria pesada para modificar el terreno, eliminando árboles jóvenes y alterando ecosistemas sensibles.

Transformación del uso del suelo: Se rellena el área, incluso en zonas ambientalmente protegidas.

Loteo y venta: El terreno se divide en lotes y se destina a la venta inmobiliaria.

Tácticas comunes de flexibilización de normas ambientales en procesos de urbanización descontrolada

El avance de desarrollos urbanísticos en regiones ecológicamente sensibles, como el Caribe Sur de Costa Rica, suele apoyarse en tácticas sistemáticas de debilitamiento de la normativa ambiental y de los mecanismos de control público. Entre las prácticas más comunes destacan:

  • Fraccionamiento fraudulento de terrenos: Un gran lote es subdividido en pequeñas parcelas para evitar la aplicación de regulaciones más estrictas que se imponen a proyectos mayores. Al presentar los desarrollos como iniciativas pequeñas e individuales, se diluyen los requisitos de evaluación de impacto ambiental.
  • Solicitudes de permisos fragmentados: En lugar de presentar el proyecto de urbanización completo, los promotores ingresan múltiples solicitudes menores, a veces en distintos momentos, para sortear umbrales regulatorios que exigen estudios de impacto ambiental o consultas comunitarias.
  • Recalificación inconsistente del uso del suelo: A través de gestiones poco transparentes ante municipalidades, zonas que estaban destinadas a conservación o uso agrícola son reetiquetadas como áreas urbanizables, sin evaluaciones técnicas adecuadas ni participación ciudadana efectiva.
  • Permisos de tala bajo excusas agronómicas: Se obtienen permisos para «mejoramiento de cultivos» o «prevención de plagas», que en la práctica permiten talar extensas áreas de bosque secundario o vegetación de protección, abriendo el camino para futuras urbanizaciones.
  • Omisión o debilitamiento de estudios técnicos: Muchas veces los estudios de impacto ambiental son elaborados de forma superficial, sin trabajo de campo real o minimizando deliberadamente los riesgos ecológicos. Incluso se contratan consultorías que operan en clara connivencia con los desarrolladores.
  • Uso de «permisos vencidos» o «no actualizados»: Se utilizan autorizaciones antiguas, emitidas bajo condiciones ambientales y normativas diferentes, para legitimar obras nuevas en contextos donde la situación ecológica actual exigiría medidas de protección más estrictas.

Estas tácticas no son casos aislados, sino prácticas que forman parte de un patrón de flexibilización normativa que beneficia a intereses privados a corto plazo, a costa de la destrucción de ecosistemas y del deterioro de los bienes comunes. Su existencia muestra que el problema no solo es la debilidad de las leyes, sino también la falta de voluntad política para hacerlas cumplir y proteger verdaderamente el patrimonio ambiental.

 

Galería: Tala, urbanización y transformación del paisaje en el Caribe Sur

Esta galería reúne una serie de imágenes tomadas en distintos puntos del Caribe Sur —Cahuita, Hone Creek, Punta Uva y Playa Negra— que ilustran las múltiples formas en que la tala de árboles se articula con procesos de urbanización acelerada. Cada fotografía documenta momentos clave de este fenómeno: desde la extracción de madera y el uso de maquinaria pesada, hasta la fragmentación de terrenos y la apertura de nuevos caminos para futuros desarrollos inmobiliarios.

Las imágenes son resultado del trabajo de documentación de Philippe Vangoidsenhoven, quien por más de dos décadas ha dedicado su esfuerzo a observar, registrar y denunciar las transformaciones ambientales en esta región. A través de su mirada atenta, esta galería permite evidenciar no solo los impactos visibles sobre los ecosistemas locales, sino también la lógica subyacente de un modelo de ocupación territorial que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades.

Cada caso presentado en la galería constituye una pieza más en el rompecabezas de un proceso más amplio de degradación ecológica, que amenaza con cambiar irreversiblemente el carácter del Caribe Sur. Invitamos a recorrer estas imágenes no solo como un registro gráfico, sino como un llamado urgente a la reflexión y a la acción.

Caso en Cahuita
Caso en Cahuita
Caso Hone Creek
Caso en Playa Negra
Caso Punta Uva
Caso Puerto Viejo
Retén Tuba Creek
Tránsito de camiones

Nota: Todas las imágenes y videos incluidos en este documento son de carácter ilustrativo. Su propósito es ofrecer una idea general del contexto y de las situaciones que pueden implicar este tipo de actividades extractivas. No representan casos específicos ni deben interpretarse como evidencia directa de hechos concretos.

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La tala sin freno amenaza la vida en el Caribe Sur

Este fin de semana, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven reportó que, en la calle principal camino a Punta Riel, en el Caribe Sur costarricense, se detectó un camión sin placas cargado con tucas de madera. En el material audiovisual disponible, se observa también la draga utilizada para cargar el furgón, así como la presencia de varios vehículos que, según señala Vangoidsenhoven, «podemos presumir que son los encargados de este desastre». El defensor enfatizó: «Es una barbaridad, y ahora está calmado, imagínese. Hay que hacer algo sobre eso».

Este hallazgo evidencia la intensificación de prácticas de tala, tanto bajo permisos cuestionables como de forma completamente ilegal. La situación se da en un contexto preocupante de extracción forestal descontrolada, mientras las instituciones responsables parecen actuar de manera omisa o desbordada ante el volumen de casos.

El uso de vehículos sin placa es una estrategia común entre los grupos dedicados a la tala ilegal: impide rastrear la propiedad del vehículo, complica las investigaciones judiciales y reduce las posibilidades de sanción. Sin embargo, esta no es la única práctica irregular. También se reportan permisos forestales tramitados con información falsa, movilización de madera fuera de los horarios permitidos, tala encubierta bajo proyectos agrícolas o de infraestructura, y el uso de rutas clandestinas para el transporte de madera.

Vangoidsenhoven agregó que anteriormente se habían decomisado 11 furgones de madera en la zona de Tuba Creek, advirtiendo que el patrón de operación continúa: «Ellos tienen que seguir hacia Limón para procesar la madera, deben ir a un lugar específico que tiene permisos y todo eso. Allí tiene que pasar por el control de puesto. Vamos a ver si los van a parar. La policía los tiene que revisar y comunicarse inmediatamente con la Fiscalía ambiental». No obstante, advirtió sobre una grave limitación: «La policía no está entrenada para ese tipo de cosas. Lo que sucede es que les enseñan cualquier papel y vámonos».

La legislación costarricense, a través de la Ley Forestal N° 7575, establece que toda extracción, transporte y comercialización de productos forestales debe contar con permisos debidamente otorgados, y que el transporte debe hacerse en vehículos identificables, con guías de transporte en regla. El uso de camiones sin placas constituye una infracción a la Ley de Tránsito (Ley N° 9078) y una falta grave en materia ambiental, susceptible de sanciones administrativas y penales. Además, el Código Penal castiga los delitos contra los recursos naturales en su artículo 50 y siguientes.

La situación en el Caribe Sur exige acciones urgentes. No sólo está en riesgo el patrimonio natural, sino también los medios de vida locales, la biodiversidad y los esfuerzos de conservación comunitaria. La situación evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ambientales, judiciales y municipales para contener la ilegalidad y proteger los bosques del Caribe Sur.

Esta nota se realizó con el apoyo del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, cuyo compromiso con la protección del Caribe Sur ha sido fundamental para visibilizar estas denuncias.

Aspectos a considerar sobre la tala ilegal

  • Ley Forestal N° 7575 (art. 38 y 46): Toda tala debe contar con permisos otorgados por el SINAC. El transporte de madera requiere una Guía de Transporte Forestal y vehículos plenamente identificados.
  • Ley de Tránsito N° 9078 (art. 98): Circular sin placas es una infracción gravísima, sancionada con multa y decomiso del vehículo.
  • Código Penal (art. 385): La extracción ilegal de productos forestales puede ser castigada con penas de prisión de 1 a 3 años.
  • Prácticas ilegales frecuentes:
    • Uso de camiones sin placa o con placas falsas.
    • Tala en propiedades ajenas o territorios indígenas sin autorización.
    • Transporte nocturno para evadir controles.
    • Alteración de documentos para legalizar madera extraída ilícitamente.
  • Impacto ambiental:
    • Pérdida acelerada de biodiversidad.
    • Aumento de la erosión y degradación del suelo.
    • Alteración de fuentes de agua y afectación a las comunidades locales.
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Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

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Vecinos del centro de Puerto Viejo advierten sobre una preocupante intervención en un pequeño bosque ubicado cerca de la calle del Gueto, dentro de una propiedad vinculada a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una vecina de la zona, tras sufrir la caída de un árbol sobre su vivienda, presentó una demanda solicitando la tala de dos árboles específicos que representan un peligro evidente. Sin embargo, el caso ha derivado en una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del sistema judicial.

Según indicó un ingeniero del AyA que inspeccionó recientemente el sitio, existe una orden judicial para talar el bosque más allá de los árboles señalados, en lo que parece ser una interpretación errónea o arbitraria de la solicitud original. Esta decisión, tomada sin considerar la particularidad del ecosistema local ni el criterio técnico especializado, representa un grave exceso de atribuciones por parte del juez.

Es preocupante que resoluciones de este tipo se dicten de manera tan generalizada y sin un análisis contextual. El bosque en cuestión, aunque pequeño, forma parte de un corredor ecológico, provee servicios ambientales importantes y es parte del paisaje que la comunidad desea conservar. Resolver a ciegas, sin conocer el territorio ni escuchar adecuadamente a las partes involucradas, refleja una desconexión institucional que puede tener consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.

Las personas vecinas de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades, organizaciones ambientales y a la ciudadanía en general para que ejerzan presión y detengan esta acción innecesaria e inconsulta. La comunidad no ha solicitado la destrucción de un ecosistema, sino la atención a un riesgo puntual con sensatez y responsabilidad.

El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó una visita al lugar para documentar la situación actual del bosque. A través de una serie de fotografías, se puede observar el estado del ecosistema y la dimensión del impacto.

Después de su visita, nos comparte su apreciación: “Esta mañana fui al lugar e hice una documentación fotográfica del terreno donde están talando los árboles. Aunque dicen que solo están cortando las copas, en realidad están eliminando casi una tercera parte del árbol, y en algunos casos dejan apenas el tronco, lo cual está prohibido. Es importante que se sepa que esta área forma parte del terreno destinado a la planta de tratamiento de aguas negras. Conozco bien ese lugar porque en varias ocasiones he ido a observarlo, ya que tenía entendido que ahí mismo se planeaba construir dicha planta.”

Estos videos forman parte de los registros realizados por Philippe durante su visita al lugar, con el propósito de verificar y documentar los daños ocasionados.

Fotografías

Vicios frecuentes en decisiones judiciales sobre manejo de árboles y ecosistemas

En múltiples territorios del país, las acciones judiciales relacionadas con el derribo de árboles o el manejo de vegetación en zonas habitadas se han caracterizado por una serie de prácticas que resultan altamente problemáticas desde el enfoque ambiental y comunitario.

Uno de los principales vicios es la falta de precisión técnica en las resoluciones: las órdenes de corta suelen basarse en informes verbales o descripciones generales, sin delimitar claramente los árboles que deben ser intervenidos, lo que deja margen para interpretaciones amplias y, en algunos casos, tala excesiva. Esto se agrava cuando las ejecuciones no cuentan con un plan de manejo ambiental ni con supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.

Otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentar lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional. Esta asimetría revela una orientación que prioriza la eliminación de riesgos visibles, pero minimiza o ignora los valores ecológicos y culturales de los territorios.

Además, muchas de estas decisiones se toman sin participación efectiva de las comunidades, y sin considerar los saberes locales ni los contextos socioecológicos. Esto refuerza una lógica tecnocrática y centralista que deslegitima la voz de quienes habitan y defienden los territorios.

En lugar de aplicar soluciones desproporcionadas que pueden provocar más daño que beneficio, es urgente promover mecanismos de evaluación rigurosa, participación comunitaria vinculante y enfoques integrales que conjuguen la seguridad con la conservación ambiental.

La paradoja de la justicia ambiental: rapidez para destruir, lentitud para proteger

Esta situación revela una contradicción cada vez más evidente en la forma en que opera el sistema judicial frente a los temas ambientales. Cuando se trata de autorizar talas, construcciones o acciones que implican la degradación de ecosistemas, las resoluciones parecen fluir con sorprendente agilidad. En este caso, una solicitud puntual para mitigar un riesgo terminó en una orden para arrasar con un bosque entero, sin estudios ambientales, sin participación comunitaria, y con una ejecución inmediata.

En contraste, cuando las comunidades exigen medidas para proteger territorios, frenar actividades ilegales o garantizar el resguardo de bienes naturales comunes, los procesos suelen dilatarse, se exigen pruebas técnicas complejas, y rara vez se dictan medidas cautelares con la misma urgencia. Esta disparidad refleja una preocupante orientación institucional que favorece la intervención y la desprotección por encima de la precaución y la conservación.

Si la justicia actúa con tanto ímpetu para destruir, debería al menos mostrar el mismo compromiso para proteger. La comunidad de Puerto Viejo no puede aceptar que decisiones tan serias y con impactos irreversibles se tomen sin diálogo, sin comprensión del territorio, y sin respeto por el entorno natural que nos sostiene.

La importancia de la conservación del bosque y la diferencia entre la tala selectiva y la tala total

Los bosques urbanos y periurbanos cumplen una función ecológica esencial, no solo como espacios de recreación para las comunidades, sino como reguladores del clima, del ciclo del agua y hábitats para diversas especies. Sin embargo, cuando se presentan riesgos relacionados con árboles deteriorados o peligrosos, se deben tomar decisiones de manejo que garanticen la seguridad sin comprometer el ecosistema.

La tala selectiva o controlada es una intervención puntual y cuidadosamente planificada, que se realiza con el objetivo de eliminar árboles que están deteriorados o que representan un peligro inmediato para la seguridad de las personas o propiedades. Este tipo de intervención, cuando se realiza correctamente, minimiza el impacto ambiental, preservando la biodiversidad y las funciones ecológicas del bosque, como la regulación de la temperatura, la humedad, y la protección del suelo y los cuerpos de agua.

Por otro lado, la tala total o poda masiva de un bosque es una intervención destructiva que elimina grandes áreas de vegetación sin tener en cuenta las particularidades del ecosistema. Este tipo de acción no solo destruye el hábitat de muchas especies, sino que altera el equilibrio ecológico, afectando los corredores biológicos y la capacidad del bosque para regular el clima y el ciclo del agua. Además, una tala masiva pone en riesgo la biodiversidad local y puede tener efectos irreversibles en el ecosistema a corto y largo plazo.

Por tanto, es fundamental que las decisiones relacionadas con el manejo de los bosques y los árboles sean tomadas con conocimiento del territorio y en diálogo con las comunidades. No es lo mismo cortar un árbol deteriorado por razones de seguridad, que talar un bosque entero sin justificación ni necesidad, lo cual puede tener consecuencias graves y duraderas para el ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.