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¿Qué ha pasado con los bienes naturales? Principales hallazgos del Informe Estado de la Nación 2024

A partir de la publicación del Informe Estado de la Nación 2024, compartimos los principales hallazgos del capítulo 4 de Armonía con la Naturaleza. ¿Qué tendencias podemos encontrar? ¿Qué desafíos representa el contexto actual?

El informe nos presenta un escenario de mayor cercamiento a los bienes naturales, el dato más destacado lo podemos ver en la reducción de la cobertura arbórea del país, dónde sólo en el 2023 se redujo un 82% de la cobertura en bosque natural.

También, el escenario de agotamiento de agua, dónde los escenarios de estrés y déficit hídrico empiezan a ser la norma. Además, destaca la reducción del área de cultivo de granos básicos, lo cual repercute de forma directa sobre la soberanía alimentaria del país, pero también, en el deterioro de las condiciones de las personas campesinas, agricultoras y trabajadoras del campo.

Esperamos que esta infografía motive la lectura del informe y el debate público de estos temas que atraviesan nuestra sociedad.

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Una vez más, racismo institucional

Este 19 de setiembre del 2024 se dictaminó la absolución de Juan Eduardo Varela por el homicidio del líder indígena Jehry Rivera, una resolución que decide evadir  las acciones de violencia perpetradas, remarca que es una «cosa»  entre indígenas, delega la responsabilidad a un «Estado» que no ha asumido la responsabilidad y enuncia un posicionamiento sesgado a favor de la legitimación del despojo territorial indígena tildándolo de estar rodeado de «aspectos oscuros» y un deber de respeto a una supuesta «institucionalidad».

A pesar que un señor identificado como Juan Eduardo Varela Rojas confesó en una actividad pública frente al viceministro de Justicia (2021), haber sido la persona que asesinó a Jehry Rivera Rivera.

El párrafo anterior, nos lleva de nuevo a la necesidad constante de problematizar las instituciones que están presentes en nuestras sociedades, tribunales que deciden «abstenerse» de su responsabilidad, que aluden a un «Estado» que no ha tomado las acciones para la resolución del conflicto, que es un asunto entre indígenas y que hay una institucionalidad que debe ser respetada, que al mismo tiempo, debemos entender que es aquel «Estado» que no ha asumido su responsabilidad.

Esta maraña de contrasentidos, representa lo que podemos comprender como «Racismos Institucional», es decir esas formas y modos que nuestras instituciones (incluido el Poder Judicial) ha interiorizado a través de los diversos trayectos históricos la «superioridad» de una supuesta «blanquitud», que se manifiesta en  ideas, nociones, estereotipos y prácticas de discriminación, marginación y exclusión que diversos pueblos indígenas, afrodescendientes han sido víctimas.

Estos legados de violencia de los procesos de colonialismo y esclavitud, siguen entramado en nuestras sociedades, por esta razón, ante la presencia de actos como este, así como muchos otros, se vuelve una obligación ética, política y pedagógica revindicar una justicia epistémica y levantar la voz y denunciar su presencia y rechazar la normalización de estos discursos, instituciones y prácticas.

Les compartimos esta infografía para invitar a esta reflexión.

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Persiste la violencia: Contexto de las personas defensoras ambientales en 2023

Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad.  A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.

El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.

Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.

Esta infografía la realizamos en honor al ecologista hondureño Juan López asesinado en 2024.

 

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Bioinsumos corporativos: Interés genuino o negocio interesado

Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?

Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.

Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.

El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.

Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.

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¿Hasta dónde aguanta un ecosistema? Uso de plaguicidas y su impacto ambiental en Costa Rica

El uso de plaguicidas en Costa Rica sigue siendo uno de los conflictos socioambientales más complejos que enfrenta el país, por un lado los estudios reflejan el alto impacto que tienen en la salud de los ecosistemas y en particular sobre la salud humano, sin embargo, asistimos a una institucionalidad que se caracteriza por postergar las decisiones y sectores comercializadores de estas sustancias químicas que funcinan como juez y parte.

En este escenario, aprovechamos la publicación realizada por la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional titulada «Uso de plaguicidas en Costa Rica, el costo oculto de la producción agrícola» para reflexionar sobre los impactos ambientales que tienen estas sustancias en los ecosistemas. Preocupa ya que según datos Costa Rica tiene alrededor de 450 mil héctareas de cultivo continúo, es decir, además del uso intensivo e extensivo, no hay una veda natural.

Los cultivos que utilizan estas sustancias van desde el banano junto con el chile, papa, cebolla y piña que representa el del uso total del 33%, y con un 20% cultivos como plátano, papaya, zanahoria, arroz y repollo.

Bajo este escenario, les invitamos a partir de las afectaciones que tiene la influencia de la agroindustria en el tipo de agricultura que está implementandose en el país, una que privilegia un «supuesto» crecimiento económico por encima de la salud humana y de los ecosistemas de los cuales dependemos.

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Convocatoria Proceso de reflexión Extractivismos Urbanos ¿Qué está pasando en nuestras ciudades?

Los extractivismos urbanos son fenómenos socioambientales que cada vez más presentes en nuestras comunidades urbanas, dado que la expansión de la “mancha gris”, unido a la revalorización de los terrenos o la construcción de megainfraestructuras están siendo impulsadas a través de las lógicas de mercantilización, más que de las necesidades de las personas.

Esto empieza a dar como resultado la privatización de la ciudad a través de la mercantilización del espacio por medio de proyectos urbanísticos y comerciales excluyentes, pero también, empieza a depredar las fronteras naturales, es decir, empieza a expandirse sobre los espacios donde aún se conservaban bosques, tales como los Cerros de Escazú o Loma Salitral en Alajuelita por citar ejemplos.

Algunas de las tendencias que encontramos son:

-Priorizan las áreas “rentables” para los negocios sobre los espacios públicos.

-Deterioro de la calidad de vida de las personas ante el incremento de la contaminación, erosión de los derechos y servicios públicos.

-La «mancha» de cemento impermeabiliza los suelos provocando la sobrecarga en el caudal de los ríos (riesgos de inundaciones), la desaparición de los hábitats de las especies, entre otras afectaciones.

La urgencia de este tema, recae que ante la presión de los intereses corporativos, se empiezan a flexibilizar, por no decir ignorar, la reglamentación y regulación más básica, procurando cambios en la legislación para garantizar el desarrollo intensivo de las actividades urbanísticas como comerciales.

Este proceso de reflexión se plantea desde la lógica de proceso, es decir se construyen los aprendizajes desde el diálogo y debate entre las personas participantes.

Fechas:

  • 4 septiembre 2024
  • 11  septiembre 2024
  • 18  septiembre 2024
  • 25 septiembre 2024
  • 2 octubre 2024
Horario: 9:00 a 12:00 md.
Aula por definir.
Lugar: Instalaciones UCR .San Pedro Montes de Oca

Formulario de inscripción

Para más información pueden ver la convocatoria aquí.

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«ah no, no, vean el desastre, cortaron 23 árboles»: Reflexionamos sobre la importancia de los árboles

A partir de las desafortunadas declaraciones del presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves al «ningunear» los eventos de tala en Gandoca Manzanillo, en Limón. Aprovechamos para invitar a reflexionar sobre la importancia que tienen los árboles como parte de ese entramado de la vida en los ecosistemas de nuestros territorios.

Contrario al sentido común, estos entramados de la vida, hoy en día, son amenazados al ser forzados por el agotamiento y la contaminación, que imposibilitan sus condiciones de reproducción. Los bosques, son parte de esos entramados que están siendo erosionados.

La situación de agotamiento que atraviesan estos bienes naturales pasa por la expansión de actividades extractivas, una de ellas es precisamente la tala de árboles, que influye en la desconexión de los entramados, estos son los que permiten la interacción de diversas especies y de esta manera, crear las condiciones no sólo para la conservación, sino la potencialidad de la reproducción ampliada de la vida.

Sin embargo, situaciones como la que está ocurriendo en Gandoca, reflejan la intensidad del cercamiento de los bienes naturales que está siendo profundizado en nuestros territorios, y las declaraciones presidenciales, sólo son muestra de una clase política indiferente, que prioriza los negocios  por encima de la protección de la vida.

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Los desafíos de Crucitas siguen ahí: «Clima de negocios» Inversiones, ambiente y derechos humanos

En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).

Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:

Gobierno

MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas

Diputaciones

Empresarios-Políticos

Colegio profesional

29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos

Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.

Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.

En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).

Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.

Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera,  cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.

Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.  En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.

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