extractivismos archivos - Observatorio de Bienes Comunes

El hidrógeno verde y las preguntas que casi nadie está haciendo

julio 8, 2026

with No Comment extractivismos

Durante los últimos años, el hidrógeno verde ha comenzado a ocupar un lugar privilegiado en los discursos sobre la transición energética. Gobiernos, organismos internacionales y empresas lo presentan como una de las principales soluciones para enfrentar la crisis climática y avanzar hacia economías descarbonizadas.

Pero ¿qué ocurre cuando una promesa tecnológica se convierte en una estrategia geopolítica? ¿Quiénes se benefician de esta nueva economía energética? ¿Qué territorios deberán asumir sus costos ambientales y sociales?

Estas son algunas de las preguntas que plantea el dossier «Hidrógeno verde: ¿transición o colonialismo? Apuntes para el debate en Argentina, Uruguay y Chile», una publicación coordinada por Florencia Puente y editada por la Fundación Rosa Luxemburgo, que reúne investigaciones de especialistas de América Latina y el Caribe para analizar críticamente el auge del hidrógeno verde en la región.

Lejos de ofrecer respuestas definitivas, el documento invita a revisar críticamente la narrativa dominante que presenta al hidrógeno verde como una solución incuestionable frente al cambio climático. Sus autores proponen analizar la transición energética desde una perspectiva política, preguntándose quién define sus prioridades, quién controla la infraestructura, quién financia los proyectos y quién asume los impactos territoriales.

La transición también puede reproducir desigualdades

Uno de los principales aportes del dossier consiste en mostrar que la discusión no gira únicamente alrededor de una nueva fuente energética. El problema central es el modelo de transición que se está construyendo.

Mientras los países del Norte Global incrementan su demanda de minerales, agua y energía para sostener sus procesos de descarbonización, numerosos países latinoamericanos y caribeños reforman sus políticas públicas para atraer inversiones destinadas a producir hidrógeno verde de exportación. El riesgo, advierten los autores, es que la transición energética reproduzca viejas relaciones de dependencia, donde el Sur Global continúa aportando territorios, bienes comunes y recursos estratégicos para sostener el consumo de las economías industrializadas.

Desde esta perspectiva, el hidrógeno verde deja de ser únicamente una innovación tecnológica para convertirse en una discusión sobre soberanía energética, justicia ambiental y democracia.

Más preguntas que certezas

El documento también cuestiona algunos de los supuestos que acompañan el entusiasmo alrededor del hidrógeno verde.

Recuerda que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector energético: producirlo requiere grandes cantidades de electricidad, agua e infraestructura especializada. Además, buena parte de los escenarios internacionales proyectan que el crecimiento del hidrógeno no sustituirá completamente a los combustibles fósiles, sino que podría sumarse a ellos, ampliando la demanda energética global.

Los autores también advierten sobre la creciente utilización del concepto de «hidrógeno de bajas emisiones», una categoría que puede facilitar la continuidad del uso de gas fósil mediante tecnologías de captura de carbono, ampliando el margen para el greenwashing y retrasando transformaciones más profundas del modelo energético.

Un debate necesario para Costa Rica

Aunque el dossier se concentra en Argentina, Uruguay y Chile, muchas de las preguntas que plantea resultan especialmente pertinentes para Costa Rica.

El país también impulsa estrategias para desarrollar una economía del hidrógeno verde y promover inversiones vinculadas a este sector. En ese contexto, resulta indispensable ampliar el debate público más allá del optimismo tecnológico.

-¿Cómo se distribuirán los beneficios y los impactos?

-¿Qué implicaciones tendrá sobre el uso del agua, el territorio y la infraestructura energética?

-¿Responderá esta estrategia a las necesidades del país o principalmente a la demanda energética internacional?

Abrir estas discusiones no significa rechazar la innovación, sino fortalecer una transición energética verdaderamente democrática, donde la justicia social, la protección de los bienes comunes y la participación de las comunidades ocupen un lugar central.

Descargar el dossier

Desde el Observatorio de Bienes Comunes consideramos que este documento constituye un valioso insumo para comprender los debates que atraviesan la transición energética en América Latina.

Más que ofrecer respuestas cerradas, invita a formular las preguntas que muchas veces quedan fuera del discurso oficial y a pensar si la descarbonización puede construirse sin reproducir nuevas formas de extractivismo y dependencia.

Puede descargar el dossier completo al final de esta publicación y contribuir al debate sobre el futuro energético de nuestra región.

Pueden descargarl el Dossier aquí.

Pueden descargar la infografía aquí.
PDF – Imagen

729974167_28119720444297494_1133448608866345926_n

Caribe Sur: señales de una transformación territorial en marcha

junio 25, 2026

with No Comment extractivismos

El reciente reporte elaborado por Philippe Vangoidsenhoven documenta una serie de intervenciones ambientales observadas en distintos puntos del Caribe Sur. Aunque cada caso posee sus propias particularidades, en conjunto permiten identificar tendencias que van más allá de situaciones puntuales. Desde el Observatorio de Bienes Comunes consideramos que este material constituye una oportunidad para reflexionar sobre las tensiones que atraviesan actualmente la región: la presión sobre humedales y zonas costeras, la expansión de actividades inmobiliarias y turísticas, las disputas en torno al uso del territorio y los desafíos que enfrenta la protección de los bienes comunes en un contexto de transformación acelerada. Invitamos a las personas interesadas a consultar el reporte completo, así como a seguir el trabajo de documentación y vigilancia ambiental que Philippe Vangoidsenhoven comparte de manera permanente a través de su sitio web y sus redes sociales, una labor que contribuye a construir memoria territorial y a visibilizar procesos que muchas veces pasan desapercibidos en el debate público.

Más información

Lo que revelan años de vigilancia ambiental

Durante años, Philippe Vangoidsenhoven ha documentado cambios en humedales, bosques costeros, quebradas, arroyos y zonas públicas del Caribe Sur de Costa Rica. Sus fotografías, videos, sobrevuelos con dron y denuncias constituyen mucho más que un registro de incidentes ambientales aislados: conforman una memoria territorial que permite observar procesos de transformación que suelen pasar desapercibidos cuando se analizan de manera fragmentada.

Vista de forma individual, cada denuncia parece referirse a un problema específico. Sin embargo, cuando estos registros se observan en conjunto, emerge una imagen más amplia. Lo que aparece es un territorio sometido a presiones crecientes derivadas de la expansión inmobiliaria, el desarrollo turístico y la creciente valorización económica de la tierra.

No se trata únicamente de cambios en el paisaje. Se trata de transformaciones que afectan bienes comunes fundamentales para la vida colectiva, desde humedales y corredores biológicos hasta zonas públicas costeras y cuerpos de agua.

La desaparición silenciosa de los humedales

Uno de los patrones más visibles es la presión constante sobre los humedales. En distintos puntos del Caribe Sur se observan procesos de relleno, nivelación y alteración de terrenos inundables para habilitar nuevos usos constructivos. Estas intervenciones suelen justificarse como mejoras del terreno o preparación para futuros desarrollos, pero sus efectos trascienden los límites de cada propiedad.

Los humedales desempeñan funciones esenciales para la regulación hídrica, la absorción de excedentes de agua durante eventos extremos, la conservación de biodiversidad y el mantenimiento de procesos ecológicos complejos. Su desaparición implica también la pérdida de hábitats, la alteración de flujos naturales de agua y una mayor vulnerabilidad frente a inundaciones.

Más preocupante aún es que muchos de estos cambios ocurren de manera gradual. No desaparecen grandes extensiones de un día para otro; se transforman poco a poco hasta que aquello que alguna vez fue reconocido como humedal deja de ser percibido como tal.

La limpieza del paisaje como forma de ocupación

Otra tendencia recurrente es la eliminación sistemática de vegetación. La chapea constante del sotobosque, la remoción de vegetación costera y la limpieza de franjas protegidas aparecen reiteradamente en distintos sectores del litoral.

Estas prácticas suelen presentarse como labores de mantenimiento, seguridad o embellecimiento. Sin embargo, en muchos casos cumplen una función territorial más profunda: preparar espacios para futuras intervenciones, aumentar el atractivo visual de propiedades o reforzar procesos de apropiación de áreas que legalmente poseen carácter público o protegido.

La transformación comienza muchas veces antes de la construcción. Empieza con la modificación gradual del paisaje.

La creciente presión sobre la zona costera

La Zona Marítimo Terrestre y las áreas de protección asociadas a quebradas, arroyos y humedales se han convertido en espacios particularmente disputados.

Los registros recopilados muestran intentos recurrentes de ampliar usos privados sobre espacios que cumplen funciones públicas y ambientales. Se trata de una tensión permanente entre diferentes formas de entender el territorio: como mercancía, como recurso económico o como bien común.

La importancia de esta discusión radica en que la zona costera no solo constituye un atractivo turístico. También alberga ecosistemas estratégicos y espacios cuyo acceso y conservación tienen una dimensión colectiva.

Cuando las excepciones comienzan a repetirse

Quizá el elemento más revelador de los registros recopilados no sea la magnitud de cada intervención particular, sino su frecuencia.

Lo que antes podía interpretarse como una situación excepcional aparece una y otra vez bajo distintas formas. Cambian los lugares, cambian los actores y cambian las justificaciones, pero ciertos patrones se mantienen.

La presión sobre humedales. La eliminación de cobertura vegetal. La ocupación gradual de espacios públicos. La fragmentación de ecosistemas. Las dificultades institucionales para prevenir o detener algunos procesos.

La repetición constante de estas situaciones obliga a desplazar la pregunta. Ya no se trata únicamente de analizar cada caso por separado. Se vuelve necesario preguntarse qué nos dicen, en conjunto, sobre la dirección que está tomando el territorio.

La importancia de la vigilancia ciudadana

En este contexto, el trabajo desarrollado por Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor que va más allá de la denuncia ambiental.

Sus registros permiten documentar procesos de largo plazo, identificar patrones y construir memoria sobre transformaciones que muchas veces avanzan de manera dispersa y poco visible. Son una forma de observación ciudadana del territorio que contribuye a la defensa de los bienes comunes y al fortalecimiento del debate público sobre el futuro del Caribe Sur.

Porque los cambios territoriales no ocurren únicamente cuando entra una excavadora o cuando inicia una construcción. También ocurren cuando una sociedad deja de percibir ciertas transformaciones como problemáticas.

Y es precisamente ahí donde surge una de las preguntas más importantes para el Caribe Sur contemporáneo: ¿qué sucede cuando las presiones sobre los bienes comunes dejan de ser percibidas como amenazas y comienzan a aceptarse como parte normal del paisaje?

Responder esa pregunta implica mirar más allá de cada denuncia individual y reflexionar colectivamente sobre el tipo de territorio que se está construyendo y sobre quiénes asumen los costos ambientales de ese proceso.

Crédito fotográfico: Todas las fotografías incluidas en esta publicación son autoría de Philippe Vangoidsenhoven y forman parte de su trabajo de documentación y vigilancia ambiental en el Caribe Sur. Las imágenes se utilizan con carácter ilustrativo para acompañar la reflexión sobre las transformaciones territoriales y las presiones que enfrentan los bienes comunes en la región.

«Ya no es el río que conocimos»: memoria, cambios y preocupaciones desde Birmania de Upala

junio 22, 2026

with No Comment COMUNIDADES extractivismos

Un río que conecta territorio, comunidad y vida

Birmania es una pequeña comunidad ubicada en el distrito de Dos Ríos, cantón de Upala, en la Zona Norte de Costa Rica, a unos 32 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Se trata de una región marcada por la producción agrícola y ganadera, atravesada por ríos que nacen en las faldas del volcán Rincón de la Vieja y forman parte de una compleja red hídrica que conecta territorios, comunidades y ecosistemas.

Uno de esos ríos es el Río Niño, también conocido como Río Pizote. Sus aguas han acompañado durante décadas la vida cotidiana de las personas que habitan la zona, convirtiéndose en un espacio de recreación, encuentro comunitario y observación de la naturaleza.

Una conversación desde la experiencia de quienes habitan el territorio

En esta edición de Sentires y Saberes, conversamos con David Menjívar, vecino de Birmania desde hace más de cinco décadas, quien comparte sus recuerdos sobre el río, los cambios que ha observado a lo largo del tiempo y las preocupaciones que existen actualmente en torno a la extracción de materiales de su cauce.

A partir de su experiencia, la conversación permite reflexionar sobre las transformaciones ambientales que experimentan los territorios, el papel de las comunidades en la observación y defensa de los bienes comunes, así como los desafíos institucionales para garantizar la protección de los ecosistemas.

Algunos temas claves:

-El Río Niño ha sido históricamente un espacio de encuentro, recreación y convivencia para las comunidades de la zona.
-Las personas que habitan los territorios suelen ser las primeras en identificar cambios y afectaciones ambientales.
-La extracción continua de materiales del cauce ha generado preocupaciones por la pérdida de vegetación ribereña, cambios en la dinámica del río y afectaciones a especies acuáticas.
-Los procesos de transformación ambiental también impactan prácticas cotidianas y espacios de recreación comunitaria.
-La defensa de los bienes comunes no se limita a las denuncias: incluye acciones de cuido, restauración y observación permanente del territorio.
-El conocimiento comunitario constituye una fuente valiosa para comprender los cambios que experimentan los ecosistemas.
-Las nuevas generaciones cuentan con más herramientas para informarse, participar y asumir un papel activo en el cuidado de la naturaleza.

Más que una entrevista sobre un río, este diálogo nos invita a pensar en la relación entre memoria, territorio y responsabilidad colectiva. Le invitamos a escuchar este nuevo episodio de Sentires y Saberes y conocer la mirada de una persona que ha dedicado gran parte de su vida a observar, cuidar y defender el Río Niño.

Galería

WhatsApp Image 2026-06-09 at 9.40.37 PM (5)

Entre la erosión y la incertidumbre: comunidad alerta sobre la situación del río Pizote-Upala

junio 16, 2026

with No Comment COMUNIDADES extractivismos

Personas vecinas de la comunidad cerca del Río Pizote o también conocido como Río Niño, en el cantón de Upala, han manifestado su preocupación ante lo que consideran posibles afectaciones al cauce y al lecho del río asociadas a actividades de extracción de material que se desarrollan en la zona. Según la comunicación compartida por habitantes que han dado seguimiento al caso durante varios años, las lluvias recientes permitieron observar con mayor claridad cambios en distintos sectores del río que, a su criterio, requieren una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes.

El río Pizote, forma parte de los sistemas hídricos de la zona norte de Costa Rica. Como ocurre con numerosos ríos del país, cumple funciones fundamentales para el equilibrio ecológico de la cuenca, el transporte natural de sedimentos, la recarga de acuíferos y el sostenimiento de diversos ecosistemas asociados. Además, constituye un elemento central en la vida cotidiana de las comunidades que habitan sus alrededores, por lo que cualquier alteración significativa de sus dinámicas naturales genera preocupación entre la población local.

De acuerdo con los reportes vecinales, la disminución del caudal tras varios días de lluvia dejó al descubierto extensas áreas de suelo expuesto en el fondo y las orillas del río. Las personas denunciantes sostienen que estos sectores podrían evidenciar procesos de alteración del lecho, erosión o socavación que habrían pasado desapercibidos durante periodos de mayor caudal.

Según indican, también se habría observado maquinaria realizando movimientos de tierra en las márgenes del río. Las personas vecinas consideran necesario que las autoridades determinen si estas labores corresponden a actividades autorizadas y si se ajustan a las condiciones establecidas en los permisos y regulaciones ambientales vigentes.

La preocupación comunitaria radica en que cualquier modificación significativa del cauce o de las condiciones naturales del río podría generar consecuencias que trascienden el área inmediata de intervención. Diversos estudios sobre gestión de cuencas señalan que las alteraciones en los lechos fluviales pueden modificar patrones de sedimentación, aumentar procesos erosivos, afectar la estabilidad de las márgenes e incrementar la vulnerabilidad ante inundaciones o desbordamientos en determinados sectores.

Asimismo, los cambios en la dinámica natural de los ríos pueden repercutir sobre los ecosistemas asociados, afectar hábitats acuáticos y alterar procesos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. La remoción excesiva de sedimentos o la modificación de las condiciones naturales del cauce pueden impactar la calidad del agua, la reproducción de especies y la capacidad del río para mantener sus funciones ecológicas.

Más allá del río: impactos sobre las comunidades

Las posibles afectaciones a un río no se limitan al deterioro de un ecosistema. Cuando un curso de agua pierde su equilibrio natural, las consecuencias suelen extenderse a la vida cotidiana de las comunidades que habitan su entorno. Por esta razón, las denuncias sobre alteraciones en cauces, extracción de materiales o degradación de las riberas deben ser comprendidas también como asuntos relacionados con la calidad de vida, la seguridad y los derechos de las personas.

Entre las posibles consecuencias se encuentran el aumento de procesos erosivos que pueden comprometer terrenos, caminos, puentes o infraestructura comunitaria. Asimismo, las modificaciones en la dinámica de los sedimentos y del flujo del agua pueden incrementar la vulnerabilidad frente a inundaciones, especialmente durante eventos de lluvia intensa cada vez más frecuentes en el contexto de la crisis climática.

Los impactos también pueden manifestarse en la pérdida de espacios de recreación, encuentro comunitario y vínculo cultural con los ríos. Para muchas comunidades, estos cuerpos de agua no son únicamente elementos del paisaje, sino parte de su historia, de su memoria colectiva y de sus formas de relación con el territorio.

A ello se suma una dimensión menos visible, pero igualmente importante: el desgaste que experimentan las personas que asumen la defensa de los bienes comunes. La necesidad de documentar posibles daños, presentar denuncias, asistir a reuniones y dar seguimiento a procesos institucionales suele implicar una carga significativa de tiempo, recursos y energía emocional. En muchos casos, las comunidades enfrentan largos periodos de incertidumbre mientras esperan respuestas de las autoridades competentes.

Por estas razones, prestar atención a las alertas que surgen desde los territorios resulta fundamental. Las denuncias comunitarias suelen constituir una de las primeras señales de posibles problemas ambientales y permiten activar mecanismos de prevención antes de que los daños alcancen niveles difíciles o imposibles de revertir. Escuchar a quienes viven junto a los ríos, conocen sus cambios y observan cotidianamente sus transformaciones constituye un elemento indispensable para la protección de los ecosistemas y para la construcción de una gestión ambiental más democrática y participativa.

Las personas vecinas afirman haber presentado denuncias ante distintas instancias y sostienen que la respuesta institucional ha sido lenta frente a la magnitud de las preocupaciones planteadas. Aunque reconocen que recientemente se habrían impulsado algunos mecanismos de seguimiento, consideran que resulta necesario fortalecer los procesos de inspección y fiscalización para esclarecer lo que está ocurriendo en el sitio.

En este contexto, la comunidad solicita que las instituciones competentes realicen evaluaciones técnicas independientes que permitan determinar si existe daño ambiental, establecer las posibles causas de las alteraciones observadas y definir las medidas de protección que correspondan. Asimismo, plantean la necesidad de que cualquier eventual responsabilidad, ya sea de empresas concesionarias, entidades públicas o actores particulares, sea investigada y determinada mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Para quienes viven junto al río, la preocupación no se limita a una situación puntual. El caso refleja interrogantes más amplias sobre la capacidad de las instituciones para prevenir daños ambientales, garantizar una supervisión efectiva de las actividades extractivas y responder oportunamente a las alertas que surgen desde las comunidades.

Mientras continúan las gestiones y denuncias, las personas vecinas insisten en que la protección del río Pizote requiere transparencia, acceso a la información y una actuación diligente de las autoridades responsables, con el fin de evitar que posibles afectaciones ambientales se profundicen y generen consecuencias irreversibles para el ecosistema y las comunidades que dependen de él.

Galería

Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro Día Mundial del Medio Ambiente 2026

junio 5, 2026

with No Comment COMUNIDADES extractivismos

Les compartimos el Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío Caño Negro.

¿Qué celebramos cuando nuestros ríos están siendo transformados?

Cada 5 de junio se multiplican los mensajes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Escuchamos hablar de sostenibilidad, conservación y desarrollo verde. Sin embargo, desde las comunidades que habitamos y defendemos la cuenca del Río Frío-Caño Negro, sentimos la necesidad de plantear una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué celebramos cuando nuestros ríos continúan siendo alterados, degradados y sometidos a presiones cada vez mayores?

Costa Rica ha construido una imagen internacional asociada a la protección de la naturaleza. Esa imagen tiene fundamentos importantes, pero también convive con realidades que muchas veces permanecen invisibilizadas. Mientras se habla de desarrollo sostenible, numerosos ríos del país enfrentan procesos de extracción de materiales, alteración de cauces, pérdida de espacios de acceso comunitario, contaminación y presiones crecientes sobre sus ecosistemas.

En nuestra cuenca hemos observado transformaciones que preocupan profundamente a quienes vivimos el territorio día a día. Hemos visto desaparecer espacios que durante generaciones fueron parte de la vida comunitaria. Hemos visto cambios en el cauce, en las pozas, en la dinámica del río y en las posibilidades que las personas tienen de relacionarse con él. Lo que antes era un lugar de encuentro, recreación y convivencia se encuentra cada vez más limitado por procesos que privilegian la explotación de corto plazo sobre el cuidado de largo plazo.

Estas transformaciones no pueden entenderse únicamente como un problema ambiental. Reducir la discusión a aspectos técnicos invisibiliza dimensiones fundamentales de lo que está en juego.

Los ríos son memoria. En sus aguas habitan historias familiares, recuerdos de infancia, aprendizajes compartidos y experiencias que forman parte de la identidad de las comunidades. Las pozas donde generaciones aprendieron a nadar, los sitios donde las familias se reunían durante los fines de semana, los lugares donde las personas encontraron descanso, alegría y convivencia son también parte del patrimonio de nuestros territorios.

Cuando estos espacios desaparecen o se degradan, no se pierde únicamente un paisaje. Se debilitan vínculos comunitarios y se erosionan memorias que ayudan a dar sentido a la vida colectiva.

Los ríos también sostienen formas de producción y de trabajo. Muchas familias dependen de ellos para actividades agropecuarias, para el abastecimiento de agua y para iniciativas económicas vinculadas al turismo rural y comunitario. La pérdida de espacios naturales, el deterioro de los ecosistemas y las modificaciones en los cauces afectan oportunidades que históricamente han permitido construir economías locales más cercanas al territorio y a sus dinámicas naturales.

Sin embargo, quizá la pregunta más importante es la que debemos hacernos pensando en quienes todavía no han nacido.

¿Qué ríos heredarán las futuras generaciones?

Cada poza destruida, cada tramo degradado y cada espacio comunitario perdido representa una experiencia que alguien ya no podrá vivir. Cada intervención que reduce la capacidad del río para sostener la vida disminuye también las posibilidades de que las nuevas generaciones conozcan los territorios que hoy conocemos.

Estamos tomando decisiones cuyos efectos perdurarán mucho más allá de nuestro tiempo. Por eso, la defensa de los ríos no puede entenderse como una preocupación de grupos aislados o de personas particularmente sensibles a los temas ambientales. Se trata de una responsabilidad colectiva con la vida presente y futura.

Nos preocupa especialmente que las advertencias provenientes de las comunidades continúen siendo minimizadas o ignoradas. Quienes habitan los territorios conocen los cambios del río porque los observan diariamente. Saben cuándo desaparece una poza, cuándo aumenta la erosión, cuándo cambia la corriente y cuándo se pierde biodiversidad. Saben cuándo el río deja de ser el río que conocieron.

Ese conocimiento construido desde la experiencia cotidiana constituye una forma legítima de comprender lo que está ocurriendo. No se trata de opiniones sin fundamento. Se trata de años de observación, de convivencia con el territorio y de una relación directa con los procesos que hoy están transformando nuestras cuencas.

Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a las autoridades competentes, a las municipalidades, a las universidades, a las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía para que asumamos una discusión profunda sobre el futuro de nuestros ríos. Necesitamos fortalecer la protección efectiva de las cuencas hidrográficas, mejorar los mecanismos de fiscalización y reconocer que el cuidado de los ríos no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición indispensable para construir un futuro verdaderamente sostenible.

Pero también creemos que ha llegado el momento de formular una pregunta incómoda.

Durante años las comunidades han cumplido su papel. Hemos recorrido los ríos. Hemos documentado cambios. Hemos impulsado denuncias. Hemos participado en reuniones. Hemos solicitado información. Hemos compartido conocimientos. Hemos acompañado procesos de organización comunitaria. Hemos advertido sobre riesgos que muchas veces fueron ignorados o minimizados.

Lo hemos hecho porque amamos nuestros territorios y porque comprendemos que defender los ríos es defender la vida.

Sin embargo, la protección de las cuencas no puede recaer exclusivamente sobre quienes viven junto a ellas.

La responsabilidad es colectiva, pero no es igual para todos.

Quienes tienen competencias legales, recursos públicos, capacidad de fiscalización y poder para tomar decisiones tienen una responsabilidad mayor. Las instituciones públicas tienen la obligación de actuar cuando existen señales de deterioro. Las municipalidades tienen la responsabilidad de velar por el bienestar integral de sus territorios. Las empresas tienen el deber de asumir las consecuencias de los impactos que generan y de comprender que el beneficio económico no puede construirse a costa de los bienes que sostienen la vida colectiva.

Por eso, en este Día Mundial del Medio Ambiente queremos dirigir una serie de preguntas claras a quienes tienen capacidad de decisión, responsables de un modelo que genera ganancias para unos pocos mientras deja a un pueblo desértico, sin ningún beneficio y, sobre todo, sin ningún futuro:

Las comunidades estamos haciendo nuestra parte.

Nos estamos organizando.

Estamos observando.

Estamos documentando.

Estamos denunciando.

Estamos proponiendo.

Estamos alzando la voz.

¿Y ustedes?

¿Están haciendo su parte las instituciones encargadas de proteger nuestros bienes naturales?

¿Están haciendo su parte las municipalidades responsables de ordenar y cuidar los territorios?

¿Están haciendo su parte las empresas que obtienen beneficios económicos de actividades que impactan nuestros ríos?

¿Está haciendo el Estado su parte cuando las comunidades alertan, denuncian y aportan evidencia sobre los daños ambientales, pero sus advertencias son desestimadas o ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de actuar?

Porque el mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente no es repetir discursos sobre sostenibilidad. No es publicar campañas verdes una vez al año. No es acumular declaraciones de buenas intenciones.

El mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente es garantizar que nuestros ríos sigan fluyendo libres, vivos y accesibles para las comunidades que dependen de ellos.

Todavía estamos a tiempo de escuchar lo que los ríos nos están diciendo.

La pregunta es si tendremos la voluntad de hacerlo.

Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro

Correo: defensa.cuencas.guatuso@gmail.com

5 de junio de 2026

Video del 29 de mayo del 2026.

En este video se observan las labores mecanizadas de extracción de material en el río Frío, específicamente en la comunidad de La Amapola. Aunque estas actividades suelen justificarse como necesarias para obras y mejoras locales, cuando se realizan de forma intensiva pueden generar impactos significativos sobre los ecosistemas fluviales: alteración de cauces, pérdida de pozas, erosión de las riberas, afectación de la biodiversidad y reducción de espacios de uso comunitario. Los ríos son mucho más que una fuente de materiales. Son bienes comunes que sostienen la vida, la producción local, la memoria de las comunidades y el bienestar de las futuras generaciones. Por ello, resulta necesario preguntarnos si la extracción que se realiza responde realmente a las necesidades del cantón o si estamos frente a procesos de sobreexplotación destinados a abastecer mercados más amplios a costa del deterioro de nuestro patrimonio natural.

Pueden descargar el comunicado aquí.

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

mayo 24, 2026

with No Comment extractivismos

Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida.

La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Seguridad jurídica: el lenguaje que ordena el debate (y también lo limita)

abril 27, 2026

with No Comment extractivismos

Un ejercicio necesario

Hagamos un ejercicio.

Imaginemos que, en algún lugar del país, recientemente ocurrió un hecho. No diremos exactamente dónde, ni quiénes están involucrados. Solo diremos que una decisión judicial detuvo una intervención sobre un entorno natural.

A partir de ahí, algo predecible comienza a desplegarse.

Distintas voces públicas encienden la alerta. Se habla de “incertidumbre jurídica”, de empleos en riesgo, de inversiones millonarias que podrían frenarse, de la urgencia de reglas claras para sostener el desarrollo. Se construye un relato donde lo que está en juego no es únicamente un caso específico, sino la estabilidad de todo un modelo económico.

El argumento tiene fuerza porque conecta con preocupaciones reales: el trabajo, los ingresos, la posibilidad de sostener proyectos de vida. No es un discurso vacío. Pero precisamente por eso, conviene detenerse no solo en lo que dice, sino en cómo organiza lo que podemos pensar sobre lo que está ocurriendo.

Este ejercicio —aparentemente abstracto— permite tomar distancia. Y en esa distancia, observar patrones que suelen pasar desapercibidos cuando el debate se reduce a nombres propios, cifras o urgencias del momento.

Nombrar también es tomar posición

Cuando una situación se define como un problema de “seguridad jurídica”, no estamos simplemente describiendo la realidad. Estamos eligiendo un marco desde el cual interpretarla.

Ese marco no es neutro.

Colocar la “seguridad jurídica” en el centro implica priorizar la estabilidad de las reglas para la inversión como eje del debate. Desde ahí, otras dimensiones —como la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades o los límites de ciertas actividades— no desaparecen, pero quedan subordinadas, desplazadas a un segundo plano.

El conflicto cambia de forma.

Ya no se discute principalmente si una intervención sobre un entorno natural es adecuada, sostenible o legalmente válida. Se discute, más bien, qué efectos tiene esa intervención (o su detención) sobre la confianza de quienes invierten.

Ese desplazamiento es profundamente político porque reordena las prioridades colectivas.

Define qué se considera urgente, qué se percibe como amenaza y qué aparece como sacrificable. También delimita el tipo de soluciones que se vuelven imaginables: si el problema es la incertidumbre para la inversión, la respuesta tenderá a ser eliminar obstáculos, reducir controles o acelerar procesos.

Así, el lenguaje no solo describe el conflicto. Lo produce en una forma específica.

La decisión judicial: ¿ruptura o expresión del sistema?

Sigamos con el ejercicio.

Imaginemos ahora que la decisión judicial que detiene la intervención no surge de la nada. Que está fundamentada en normativa existente. Que responde a procedimientos establecidos. Que forma parte del mismo entramado institucional que, en teoría, garantiza esas “reglas claras” que se reclaman como indispensables.

En ese sentido, la resolución no es una anomalía. Es una expresión del sistema en funcionamiento.

Sin embargo, cuando esa aplicación de la ley introduce límites —especialmente sobre proyectos económicamente relevantes— comienza a ser interpretada como un factor de inestabilidad.

Aquí aparece una tensión difícil de ignorar.

La seguridad jurídica es celebrada cuando facilita, habilita o da previsibilidad a la inversión. Pero tiende a ser cuestionada cuando esa misma estructura legal actúa para regular, contener o incluso detener determinadas acciones.

No se trata entonces de una oposición entre legalidad e incertidumbre, sino de una disputa sobre qué tipo de legalidad se considera legítima.

¿Es legítima solo aquella que garantiza fluidez a la inversión? ¿O también aquella que impone límites en función de la protección ambiental y el interés colectivo?

La respuesta a estas preguntas no es técnica. Es política.

La asimetría del ejercicio legal

Hay una dimensión clave que suele quedar fuera del encuadre dominante: la profunda desigualdad en la forma en que distintos actores pueden relacionarse con el sistema legal.

En abstracto, la ley se presenta como un terreno común. Un espacio donde todas las partes pueden acudir en igualdad de condiciones. Pero en la práctica, ese acceso está mediado por recursos, capacidades y posiciones de poder muy diferentes.

Algunos actores cuentan con:

-Equipos legales especializados y permanentes
-Capacidad financiera para sostener litigios prolongados
-Posibilidad de asumir costos judiciales como parte de su estrategia
-Influencia suficiente para incidir en los ritmos y alcances de los procesos

Desde esa posición, el sistema legal puede ser utilizado activamente como herramienta: para defender intereses, para presionar, para disputar territorios o incluso para desincentivar la acción de otros actores.

En contraste, quienes participan en la defensa de los territorios y los ecosistemas suelen enfrentar condiciones mucho más precarias:

-Acceso limitado a asesoría legal continua
-Dificultades para asumir costos económicos sostenidos
-Impactos directos en su vida cotidiana ante medidas judiciales
-Desgaste emocional y organizativo derivado de procesos largos e inciertos

En algunos casos, el uso de mecanismos legales contra estas personas no solo busca resolver un conflicto específico, sino generar efectos más amplios de intimidación o desmovilización.

En este escenario, la “seguridad jurídica” se experimenta de manera profundamente desigual.

Para unos, es un marco que ofrece garantías y herramientas. Para otros, puede convertirse en un espacio de riesgo, desgaste e incluso vulnerabilidad.

Reconocer esta asimetría no debilita el Estado de derecho. Al contrario, permite ver dónde sus promesas no se cumplen de forma equitativa.

Desarrollo, empleo y lo que no se discute

El discurso de la seguridad jurídica encuentra uno de sus apoyos más fuertes en la defensa del empleo.

Se presentan cifras, proyecciones, impactos en cadenas productivas. Se construye una imagen donde la estabilidad de la inversión aparece directamente vinculada al bienestar de miles de personas.

Y, en efecto, el empleo importa. Importa profundamente. Pero el problema no es que se hable de empleo. Es cómo se habla de él.

Con frecuencia, el argumento se plantea en términos cuantitativos: cuántos puestos están en juego, cuánto se podría perder. Sin embargo, quedan fuera preguntas igualmente relevantes:

-¿Qué condiciones laborales caracterizan esos empleos?
-¿Qué niveles de estabilidad ofrecen en el mediano y largo plazo?
-¿Qué grado de dependencia generan respecto a un único sector económico?
-¿Qué capacidad tienen las comunidades para incidir en las decisiones que afectan esos territorios?

Además, se omite con frecuencia una relación fundamental: muchas de estas actividades económicas dependen directamente de la salud de los ecosistemas en los que se insertan.

El deterioro ambiental no es un problema separado del desarrollo. Es un límite estructural. Pensar el empleo sin considerar esa base ecológica es, en el fondo, pensar en términos de corto plazo.

Seguridad jurídica como campo de disputa

Lo que este ejercicio permite evidenciar es que la seguridad jurídica no es simplemente una condición técnica que debe cumplirse.

Es también un concepto en disputa.

Un lenguaje que distintos actores utilizan para posicionar sus intereses, legitimar sus demandas y construir sentido sobre lo que está ocurriendo.

En ese campo de disputa, la seguridad jurídica puede ser invocada para:

-Defender la estabilidad de la inversión
-Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental
-Proteger derechos colectivos
-Garantizar condiciones para la participación y la defensa del territorio

El problema surge cuando esa pluralidad se reduce.

Cuando una de esas interpretaciones se impone como la única válida, y las demás son presentadas como obstáculos, excesos o amenazas.

En ese momento, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido y se convierte en un argumento selectivo.

Más allá del juego

El ejercicio de no nombrar lugares ni actores no busca ocultar la realidad, ni diluir responsabilidades.

Busca algo distinto.

Busca mostrar que, incluso cuando se eliminan los detalles, la estructura del conflicto permanece reconocible. Que hay formas de narrar, de argumentar y de posicionar intereses que se repiten en distintos territorios y contextos.

Y que, por lo tanto, lo que está en juego no es únicamente un caso particular.

Es una manera de entender la relación entre ley, desarrollo y naturaleza.

Por eso, la discusión de fondo no es si la seguridad jurídica es necesaria. Lo es, y seguirá siéndolo.

La cuestión es si estamos dispuestos a sostener una idea de seguridad jurídica que sea realmente integral. Una que no funcione solo como garantía para ciertos intereses, sino como un marco que articule de manera equilibrada:

-la actividad económica,
-la protección de los ecosistemas,
-y los derechos de quienes habitan y defienden los territorios.

Porque cuando la ley opera con fuerza hacia un lado
y con fragilidad hacia el otro,
deja de ser una base común.

Y empieza a parecerse, cada vez más, a una expresión de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad.

La inseguridad jurídica que no se nombra

Hay, sin embargo, una dimensión de la seguridad jurídica que rara vez ocupa titulares, comunicados o alertas empresariales. No se mide en millones de dólares ni en proyecciones de inversión. No se presenta como riesgo para la competitividad. Pero existe, y pesa.

Es la inseguridad jurídica que enfrentan quienes defienden los territorios.

En el país, la no ratificación del Acuerdo de Escazú no es un dato menor. Es una decisión política que tiene efectos concretos sobre la vida de las personas que participan en la defensa ambiental y sobre la calidad democrática en la gestión de los conflictos socioambientales.

Escazú no crea derechos nuevos. Refuerza y articula tres pilares básicos: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Pero además —y esto es clave— incorpora un elemento que rara vez se coloca en el centro del debate: la protección de las personas defensoras del ambiente.

En un contexto donde quienes alzan la voz pueden enfrentar demandas, presiones económicas o medidas que afectan directamente su vida cotidiana, la ausencia de un marco robusto de protección no es neutra. Genera condiciones de incertidumbre, desalienta la participación y profundiza las asimetrías ya existentes.

Aquí la pregunta vuelve a aparecer, con más fuerza:

¿qué entendemos por seguridad jurídica cuando quienes defienden el interés público no tienen garantías suficientes para hacerlo sin riesgo?

Porque la seguridad jurídica no debería limitarse a la previsibilidad de las reglas para invertir. También debería implicar que cualquier persona pueda acceder a información clara, participar en decisiones que afectan su entorno y acudir a la justicia sin enfrentar barreras desproporcionadas o consecuencias que comprometan su integridad o sus medios de vida.

Cuando esas condiciones no están aseguradas, lo que existe es otra forma de inseguridad jurídica. Más silenciosa, menos visible, pero profundamente estructural.

Una inseguridad que no se expresa en comunicados ni en cifras de inversión,
pero que define quién puede hablar, quién puede defender y quién puede sostener un conflicto en el tiempo.

Cerrar el debate sin reconocer esta dimensión es dejar incompleta la discusión.

Porque sin garantías para la participación, sin protección efectiva para las personas defensoras y sin acceso equitativo a la justicia, la seguridad jurídica deja de ser un principio compartido.

Y se convierte, nuevamente, en un privilegio.

De “estúpido” a “malintencionado”: cómo se naturaliza la estigmatización de quienes defienden el ambiente

abril 23, 2026

with No Comment extractivismos

En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto Ministra de la Presidencia y presidenta electa Laura Fernández, tuvo lugar un intercambio que, para muchos, pudo pasar desapercibido. Sin embargo, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un ejemplo claro de estigmatización institucional contra personas defensoras del ambiente.

Durante su intervención, el presidente Chaves se refirió al diputado electo Edgardo Araya como “la clase de estúpido que es este ser humano” y “el padre del desastre de Crucitas”. En la misma línea, calificó al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, como “un desvisado”, “de extrema izquierda y nefasto para el país” y “malintencionado”. Por su parte, la presidenta electa aludió a “personas radicalistas” que “engañan” al país con “información falsa”.

Lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe.

Lo que dice el derecho interamericano

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022), es contundente al respecto:

“La difamación y estigmatización de personas defensoras son prácticas comúnmente utilizadas para distorsionar la percepción que se tiene sobre su labor.” (párr. 114)

El documento señala que, en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, funcionarios públicos y actores privados han recurrido a etiquetas como “criminales”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del Estado” para desacreditar a quienes defienden el ambiente (párr. 115). Aunque con un lenguaje distinto, ese mismo patrón discursivo se hizo presente este miércoles en la conferencia del Poder Ejecutivo costarricense.

La CIDH advierte que la estigmatización no constituye un simple exceso retórico. Por el contrario, contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal (párrs. 116–118).

¿Por qué esto importa en Costa Rica?

Costa Rica experimenta una erosión en las condiciones para la defensa ambiental. Aunque no se trate de un escenario de violencia sistemática como en otros países de la región, el país no está exento de hechos extremos: se han registrado asesinatos de personas vinculadas a la defensa del territorio. En este contexto, se acumulan señales de deterioro —conflicto sostenido en territorios indígenas, declaratorias de “no grato” y afiches de “no bienvenidos”— que, lejos de ser aisladas, delinean una tendencia preocupante. A ello se suma el uso de mecanismos de intimidación legal, como las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), reforzando un entorno cada vez más adverso, profundizado por discursos estigmatizantes desde el Poder Ejecutivo.

Estos discursos no solo acompañan este proceso, sino que lo profundizan y legitiman. En primer lugar, normalizan el insulto y la descalificación personal como formas válidas de hacer política y de responder a posiciones críticas, particularmente en materia ambiental. En segundo lugar, deslegitiman la defensa del ambiente al asociarla de manera automática con “fanatismo”, “radicalismo” o “engaño”, sin distinguir entre posturas legítimas y acciones ilegales.

Además, este clima discursivo pone en riesgo el derecho a disentir en temas ambientales, especialmente para comunidades locales, liderazgos indígenas y personas que se oponen a megaproyectos. Finalmente, este tipo de posicionamientos contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo su papel histórico en torno al Acuerdo de Escazú y los estándares desarrollados por la CIDH.

Lo que la CIDH recomienda (y Costa Rica debería escuchar)

El informe dedica un apartado específico a las obligaciones estatales en materia de estigmatización. Entre sus conclusiones, señala:

“Las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.” (párr. 175)

Asimismo, recomienda de forma expresa:

“Crear una campaña de educación y promoción […] Las autoridades, desde los más altos niveles, deben abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las personas defensoras.” (párr. 305, recomendación 2)

Hasta el momento, lejos de promover esta cultura, el Poder Ejecutivo costarricense ha avanzado en sentido contrario.

Más allá de la anécdota: un patrón discursivo

Lo ocurrido el 22 de abril no puede entenderse como un hecho aislado. En los últimos años, desde el Ejecutivo se ha reiterado un patrón discursivo que califica a quienes cuestionan proyectos turísticos, mineros o de infraestructura como “obstruccionistas”, “radicales” o “enemigos del desarrollo”.

Lo novedoso en esta ocasión es la intensidad de la descalificación —dirigida a personas concretas como Araya y Cruz— y la generalización negativa hacia quienes defienden el ambiente, presentados como parte de “corrientes extremas”.

De acuerdo con la CIDH, la estigmatización suele ser el primer eslabón de una cadena que puede escalar hacia el hostigamiento, la criminalización y, en los escenarios más graves, la violencia física (párr. 96). En Costa Rica, aunque no se ha llegado a esos extremos, el discurso oficial comienza a sentar las condiciones para ello.

Cuando el discurso oficial cruza la línea

Señalar la estigmatización desde el Poder Ejecutivo no implica perseguir al gobierno ni restringir la libertad de expresión presidencial. Tampoco se trata de dirimir si un proyecto es viable, beneficioso o no, ni de impedir el desarrollo. Implica, más bien, reconocer que las palabras de quienes ejercen poder público tienen peso, generan efectos y deben ajustarse a ciertos límites, especialmente cuando se refieren a personas que ejercen un derecho fundamental: la defensa del ambiente.

La CIDH ha sido clara: proteger a las personas defensoras comienza por reconocer la legitimidad de su labor y abstenerse de descalificarlas. Un país que se presenta como referente ambiental y de derechos humanos, como Costa Rica, debería comenzar por garantizar ese estándar en su propio discurso institucional.

En este sentido, lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple exceso retórico. Forma parte de un entramado más amplio de violencias que afectan a quienes defienden el ambiente. La siguiente matriz, basada en el informe de la CIDH, permite visualizar cómo estas formas de violencia se articulan y escalan, situando la estigmatización como uno de sus puntos de partida.

Cómo operan las violencias contra personas defensoras del ambiente

Tipo de violencia	¿En qué consiste?	¿Cómo se manifiesta?	Efectos principales	Relación con la estigmatización
Estigmatización y desprestigio	Discursos que deslegitiman la labor de defensa ambiental	Declaraciones públicas, etiquetas como “radicales”, “antidesarrollo”, “enemigos”	Erosiona legitimidad social, aísla a las personas defensoras	Es el punto de partida: construye el clima que permite otras violencias
Amenazas y hostigamiento	Intimidación directa o indirecta contra personas defensoras	Mensajes de amenaza, vigilancia, acoso, agresiones físicas o psicológicas	Genera miedo, limita la participación y la denuncia	Se legitima más fácilmente cuando la persona ya ha sido desacreditada públicamente
Criminalización	Uso indebido del sistema penal para obstaculizar la defensa	Denuncias infundadas, procesos judiciales, prisión preventiva abusiva	Desgasta recursos, inhibe la acción colectiva, castiga la protesta	La estigmatización construye la narrativa que “justifica” la persecución
Ataques a la vida e integridad	Violencia directa contra la integridad física	Atentados, asesinatos, desapariciones forzadas	Elimina liderazgos, genera terror en comunidades	Es el extremo de la cadena, precedido muchas veces por estigmatización y hostigamiento

Fuente: elaboración propia con base en el informe de la CIDH “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022).

¿A quiénes alcanza este tipo de discurso?

Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. En este caso, las descalificaciones se dirigen a figuras con alta exposición pública como Fernando Cruz y Edgardo Araya. Se trata de personas con trayectoria, experiencia institucional y cierto nivel de protección derivado de sus cargos —magistrado y diputado electo—, lo que podría sugerir que están más habituadas a este tipo de confrontaciones.

Sin embargo, el problema no se agota en quienes reciben directamente los ataques. Este tipo de discurso, emitido desde los más altos niveles del poder, no solo impacta a estas figuras: también envía un mensaje más amplio que puede ser replicado y amplificado en otros espacios.

Cuando se normaliza la descalificación personal, se habilita —explícita o implícitamente— que ese mismo trato se reproduzca hacia personas defensoras con menor visibilidad y menor capacidad de protección: liderazgos comunitarios, colectivos locales, juventudes organizadas o personas que participan por primera vez en la defensa de sus territorios.

En esos contextos, las consecuencias pueden ser mucho más graves. A diferencia de figuras públicas consolidadas, estas personas suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad frente al hostigamiento, la intimidación o la violencia, precisamente porque no cuentan con los mismos recursos políticos, mediáticos o institucionales para responder.

Esto no implica minimizar los efectos que estas expresiones tienen sobre Fernando Cruz y Edgardo Araya, quienes también pueden verse afectados en distintos niveles por este tipo de violencia simbólica. Más bien, permite dimensionar el alcance del problema: un discurso estigmatizante no se queda en quienes nombra, sino que se expande, permea y reconfigura las condiciones en las que muchas otras personas ejercen su derecho a defender el ambiente.

En ese sentido, la responsabilidad del discurso público no radica solo en a quién se dirige, sino en todo lo que habilita más allá de ese momento.

¿Qué dice esto sobre la política ambiental de Costa Rica?

Más allá del episodio puntual, este tipo de declaraciones abre una pregunta de fondo sobre el rumbo de la política ambiental en Costa Rica. Cuando desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo se desacredita a quienes defienden el ambiente, no solo se afecta a personas concretas: se redefine el lugar que ocupa la protección ambiental dentro de las prioridades del Estado.

El discurso importa porque orienta la acción pública. Asociar la defensa del ambiente con obstáculo, engaño o radicalismo no es neutral: desplaza el debate desde la deliberación informada hacia la descalificación, y debilita las condiciones para construir políticas ambientales legítimas, participativas y sostenibles.

En un país que ha construido buena parte de su identidad internacional sobre la protección ambiental, este tipo de posicionamientos genera tensiones evidentes. No se trata solo de una contradicción discursiva, sino de una señal política que puede incidir en cómo se toman decisiones sobre territorios, recursos naturales y comunidades.

Esto se vuelve aún más evidente al revisar la propia intervención de la presidenta electa. En su discurso, Laura Fernández reivindica el ambiente como “la gallina de los huevos de oro”, destacando su valor para el turismo, la imagen país y la generación de riqueza. Sin embargo, esa defensa se articula en términos instrumentalizados: el ambiente aparece valioso en la medida en que produce beneficios económicos y reputacionales, no necesariamente como un derecho o un bien común en sí mismo.

Al mismo tiempo, establece una frontera problemática entre “protección” y “fanatismo”, ubicando a quienes cuestionan proyectos o decisiones como “radicalistas” que “engañan” al país y generan “inseguridad jurídica”. Esto no solo simplifica debates complejos, sino que reproduce el tipo de narrativa que organismos como la CIDH han advertido: aquella que desacredita a las personas defensoras al asociarlas con irracionalidad, mala fe o daño al desarrollo.

A ello se suma una idea que parece técnica, pero que también merece ser problematizada: la noción de compensación ambiental basada en cortar árboles y sembrar más, incluso en proporciones mayores. Si bien estas medidas pueden formar parte de herramientas de gestión ambiental, presentarlas como equivalentes directos invisibiliza aspectos clave como la complejidad de los ecosistemas, el tiempo que tarda en regenerarse un bosque, la biodiversidad específica de cada territorio y los impactos acumulativos de la intervención. No todo árbol es intercambiable, ni todo ecosistema es fácilmente “reemplazable”.

Así, el discurso intenta sostener una defensa del ambiente mientras deslegitima a quienes lo defienden en contextos concretos y simplifica las tensiones ecológicas a una lógica de compensación cuantitativa. La tensión no es menor: se reivindica el valor abstracto de la naturaleza, pero se cuestiona —y se desautoriza— a los sujetos que encarnan su defensa en los territorios.

En ese sentido, la pregunta no es menor: ¿se está consolidando una política ambiental que reconoce el valor de quienes defienden la vida en los territorios, o una que los coloca como adversarios del desarrollo? La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, el tipo de país que Costa Rica decida ser.

Referencias:

CIDH (2022). Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 400/22. Puede descargar aquí.

Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2026, 22 de abril). Conferencia presidencial 22-04-2026 -video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tqZw6bY1FVU

Río Frío en alerta: comunidades denuncian décadas de extracción y proponen una zona de cuido

abril 15, 2026

with No Comment extractivismos

Las comunidades de Maquengal y Guatuso, junto al Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro, hicieron público un pronunciamiento en el que alertan sobre el estado crítico del Río Frío, tras más de cuatro décadas de extracción de materiales en su cauce.

Lejos de centrarse únicamente en aspectos técnicos o legales, el documento pone en el centro la experiencia territorial de quienes habitan la cuenca, señalando los impactos acumulativos de un modelo de desarrollo que ha transformado de forma profunda la dinámica del río. Entre los principales efectos identificados destacan la erosión de riberas, la pérdida de pozas, la sedimentación, la disminución del caudal y la profundización del cauce.

Estas transformaciones no son solo ambientales. Las comunidades advierten consecuencias directas sobre la vida cotidiana: limitaciones en el acceso al río, afectaciones a la ganadería y al turismo local, mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deterioro de los humedales vinculados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, del cual el río es su principal afluente.

Uno de los elementos más relevantes del pronunciamiento es la evidencia territorial recopilada en recorridos comunitarios. Según señalan, los tramos sin intervención se han reducido a fragmentos aislados: aproximadamente 800 metros hacia el Parque Nacional Tenorio y 1,6 kilómetros en dirección a El Jorón. Esta fragmentación revela que la afectación no es puntual, sino parte de un proceso continuo de transformación del río.

Además, el documento subraya la importancia estratégica de la cuenca para la seguridad hídrica del cantón. Entre el puente de San Rafael de Guatuso y el Parque Nacional Tenorio se ubican algunos de los principales mantos acuíferos de la zona, lo que refuerza la urgencia de proteger este territorio.

Las comunidades son claras: no se oponen al desarrollo, pero cuestionan un modelo que sacrifica los ríos y debilita las bases que sostienen la vida local. En su lugar, proponen fortalecer alternativas como el turismo rural comunitario, la producción local y la conservación.

En este marco, el pronunciamiento plantea la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el ordenamiento territorial y la gobernanza de la cuenca, señalando la ausencia de una visión integral que articule las decisiones institucionales con las dinámicas ecológicas y las necesidades comunitarias. Se insiste en la importancia de aplicar el principio precautorio y evaluar los impactos acumulativos antes de autorizar nuevas intervenciones.

Como propuesta concreta, las comunidades impulsan la creación de una zona de cuido del Río Frío, orientada a la restauración ecológica, el uso comunitario responsable y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles. Esta iniciativa podría convertirse en un espacio piloto de gestión participativa de la cuenca.

El llamado a las instituciones es claro: reconocer la voz comunitaria, abrir espacios de diálogo no intimidantes, considerar una moratoria a la extracción de materiales y avanzar hacia decisiones basadas en la sostenibilidad y la justicia intergeneracional.

El pronunciamiento cierra con una afirmación que sintetiza su sentido político y ético: hablar hoy no es oponerse, es cuidar. Es asumir la responsabilidad colectiva de decidir qué tipo de desarrollo se quiere para el territorio y para las generaciones futuras.

Pueden descargar el comunicado completo aquí.

Cuando la minería legal convive con el crimen: una historia incómoda para el debate sobre minería ilegal

marzo 9, 2026

with No Comment extractivismos

En el contexto del debate público sobre minería en Costa Rica, algunas voces políticas han planteado que permitir la explotación legal del oro podría contribuir a frenar la minería ilegal y recuperar recursos económicos para el país. Por ejemplo, en febrero de 2026 la presidenta electa Laura Fernández señaló que su gobierno impulsará la aprobación de un proyecto para explotar el oro existente en Crucitas, argumentando que actualmente el metal está siendo extraído por redes ilegales que generan daños ambientales y beneficios para el crimen organizado. Según sus declaraciones, la explotación regulada permitiría que esos recursos se traduzcan en ingresos para el Estado y financien áreas como educación, salud e infraestructura (Arrieta, 2026).

Las declaraciones de la presidenta electa de Costa Rica se inscriben en una discusión más amplia que ha ganado presencia en el debate público costarricense en los últimos años: la idea de que permitir la explotación legal del oro podría ser una forma de enfrentar la minería ilegal que actualmente ocurre en zonas como Crucitas. Bajo este enfoque, la apertura de proyectos regulados permitiría recuperar recursos económicos para el país y, al mismo tiempo, reducir el espacio de acción de las redes criminales vinculadas a la extracción ilegal.

Sin embargo, este planteamiento abre una pregunta clave: ¿existe realmente una relación directa entre permitir minería legal y reducir la minería ilegal?

En el debate sobre la minería suele repetirse un argumento aparentemente simple: si se permite la minería legal, se reduce la minería ilegal. La lógica parece intuitiva: al abrir un mercado regulado, el espacio para las economías criminales disminuiría y las actividades extractivas podrían ser supervisadas por el Estado.

Sin embargo, la experiencia internacional y los estudios sobre economías criminales muestran que la relación entre minería legal e ilegal es mucho más compleja. En muchos casos, ambas actividades no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir dentro de los mismos territorios, mercados y cadenas de suministro.

Algunos episodios dentro de la propia industria minera ilustran esta complejidad. Uno de los más citados ocurrió en 2015, cuando el empresario canadiense Rob McEwen, presidente de McEwen Mining Inc., realizó una declaración pública que generó una polémica internacional sobre la relación entre minería y crimen organizado.

La declaración que incomodó a la industria

En abril de 2015, tras el robo de aproximadamente 8,5 millones de dólares en concentrado de oro en la mina El Gallo 1, ubicada en el estado mexicano de Sinaloa, McEwen fue entrevistado por la cadena canadiense Business News Network para explicar el contexto de seguridad en el que operaba la empresa.

Durante esa entrevista, el directivo describió la realidad de trabajar en territorios donde el crimen organizado tiene presencia consolidada. En sus declaraciones señaló que los cárteles operaban en la zona y que, en términos generales, la empresa mantenía una relación funcional con ellos, en el sentido de coexistir dentro del mismo territorio.

Según sus palabras, cuando la empresa deseaba explorar nuevas áreas, en ocasiones consultaba informalmente si la zona estaba disponible para trabajar. La frase que más repercusión tuvo en medios fue la siguiente:

“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos explorar en algún lugar les preguntamos… y te dicen que regreses en un par de semanas cuando hayan terminado lo que están haciendo.” (McEwen, citado en CNN Expansión, 2015; El Financiero, 2015).

La declaración generó una fuerte reacción mediática y política en México. Diversos analistas interpretaron sus palabras como una admisión de que las empresas extractivas podían verse obligadas a convivir o negociar indirectamente con actores criminales cuando operan en regiones donde el Estado tiene presencia limitada.

Más allá del debate puntual sobre la entrevista, el episodio reveló un problema estructural: muchas actividades económicas legales operan en territorios donde también existen economías criminales. En estas zonas, las fronteras entre lo formal y lo informal pueden volverse difusas debido a factores como la seguridad, el control territorial y las redes económicas locales.

La retractación

Pocos días después de la entrevista, McEwen publicó un comunicado aclarando sus declaraciones. En este documento sostuvo que sus palabras habían sido malinterpretadas por los medios y negó que la empresa tuviera relaciones con organizaciones criminales.

Según explicó, cuando habló de mantener una “buena relación”, se refería en realidad a las comunidades locales y propietarios de tierras, con quienes la empresa suele coordinar para realizar trabajos de exploración (Río Doce, 2015).

En el comunicado, el empresario afirmó explícitamente:

“Ni yo ni ningún miembro del equipo directivo de la empresa ha tenido contacto regular ni relación alguna con miembros de los cárteles.” (McEwen citado en Animal Político, 2015).

La aclaración buscaba cerrar la polémica pública. No obstante, el episodio dejó una discusión abierta sobre las condiciones reales en las que operan muchas industrias extractivas, especialmente en regiones donde la presencia del crimen organizado se ha consolidado a lo largo de décadas.

Incluso cuando las empresas niegan vínculos directos, el simple hecho de operar en territorios donde existen economías criminales implica interacciones indirectas, presiones o dinámicas de coexistencia territorial que rara vez aparecen en el discurso corporativo oficial.

Un problema estructural, no una excepción

El caso de McEwen ilustra un fenómeno más amplio documentado en diversos estudios sobre minería y economías ilegales. En múltiples regiones del mundo se observa la presencia simultánea de:

-empresas mineras formales
-minería artesanal o informal
-minería ilegal organizada
-redes criminales vinculadas al control territorial o financiero

Esto ocurre porque la minería —especialmente la del oro— genera rentas extraordinarias cuando los precios internacionales son elevados. Esa rentabilidad atrae tanto a inversionistas legales como a actores ilegales que buscan capturar parte del valor económico del mineral (Giusti, 2019).

En América Latina, investigaciones sobre economías criminales han mostrado que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas después del narcotráfico. En algunos países incluso ha llegado a superarlo en términos de rentabilidad debido a la relativa facilidad para integrar el mineral al mercado legal una vez extraído (Naciones Unidas, 2020).

En este contexto, la presencia de minería industrial no elimina automáticamente las economías ilegales. Por el contrario, ambas pueden coexistir dentro de las mismas regiones extractivas, generando dinámicas complejas como:

-robo de mineral o concentrados en instalaciones industriales
-infiltración de intermediarios en las cadenas de comercialización
-mezcla de minerales legales e ilegales para su exportación
-extorsión o cobro de “protección” por parte de grupos criminales
-utilización de infraestructura logística existente para movilizar mineral ilegal

Diversos análisis sobre economías criminales señalan que estas actividades suelen formar “economías perversas”, en las que actores legales e ilegales participan de redes económicas que se superponen en el territorio (Nueva Sociedad, 2022).

Lo que esto significa para el debate público

Este tipo de experiencias resulta especialmente relevante cuando en el debate público aparece el argumento de que permitir la minería legal ayudaría a combatir la minería ilegal.

Aunque la idea puede parecer lógica a primera vista, la evidencia comparada sugiere que la relación no es tan directa. La minería ilegal no surge únicamente porque la minería esté prohibida, sino por una combinación de factores estructurales, entre ellos:

-debilidad institucional y limitada presencia del Estado en territorios periféricos
-altos precios internacionales del oro que incentivan la extracción informal
-redes criminales que financian operaciones ilegales
-pobreza y falta de alternativas económicas en comunidades rurales

En estas condiciones, la minería ilegal funciona como una economía paralela altamente rentable, que puede adaptarse incluso en contextos donde existe minería formal y regulada (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

Por esta razón, varios estudios concluyen que legalizar la minería no garantiza reducir la minería ilegal, especialmente si no se fortalecen simultáneamente las capacidades estatales de fiscalización, trazabilidad y control territorial.

El caso de Costa Rica: entre la prohibición y el debate actual

En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto fue prohibida en 2010 tras un intenso debate ambiental y social marcado por preocupaciones sobre la contaminación del agua, la deforestación y la transformación del paisaje. La discusión estuvo estrechamente vinculada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero en Crucitas de Cutris, uno de los episodios más emblemáticos del debate ambiental en el país.

En años recientes, algunos sectores políticos y empresariales han planteado revisar esa prohibición con el argumento de que permitir minería industrial regulada podría ayudar a combatir la minería ilegal en zonas donde ya se registran actividades extractivas clandestinas.

Sin embargo, la evidencia comparada en América Latina sugiere que ambos fenómenos responden a lógicas económicas y organizativas diferentes.

La minería industrial suele operar mediante grandes inversiones, tecnología especializada, permisos ambientales y cadenas formales de exportación. En contraste, la minería ilegal tiende a organizarse a través de redes informales flexibles, con menor inversión inicial, movilidad territorial y una alta capacidad de adaptación a las fluctuaciones del precio internacional del oro.

Investigaciones sobre economías criminales vinculadas a la minería muestran que la actividad ilegal no depende necesariamente de la ausencia de minería formal, sino de factores institucionales y territoriales, como la debilidad de los controles estatales, la existencia de mercados internacionales para el oro y la posibilidad de introducir minerales ilegales en circuitos comerciales aparentemente legales (OEA, 2021; Insight Crime, 2020).

Por esta razón, distintos estudios sostienen que combatir la minería ilegal requiere principalmente políticas de gobernanza territorial, entre ellas:

-fortalecimiento de la presencia estatal en zonas mineras
-sistemas de trazabilidad y certificación del origen del mineral
-control financiero sobre las redes de comercialización
-supervisión de exportaciones y empresas intermediarias
-alternativas económicas para comunidades dependientes de actividades extractivas informales

Sin estos elementos institucionales, modificar la legislación minera por sí sola difícilmente resuelve el problema.

Redes de tráfico de oro y empresas de papel en Costa Rica

Un caso reciente en Costa Rica ilustra con claridad cómo la minería ilegal puede integrarse en estructuras criminales complejas con mecanismos financieros sofisticados, más allá de la actividad extractiva en sí misma.

De acuerdo con un reportaje publicado por InSight Crime el 2 de septiembre de 2020, el periodista Zachary Goodwin documentó la desarticulación de una red dedicada a extraer oro ilegalmente y exportarlo mediante empresas fachada.

A finales de agosto de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica realizaron 32 allanamientos en todo el país y detuvieron a 27 personas vinculadas con la red criminal. Durante los operativos se decomisaron lingotes de oro, drogas, dinero en efectivo y documentación de exportaciones presuntamente falsificada.

La investigación había iniciado en abril de 2019 cuando funcionarios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detectaron un volumen inusualmente alto de exportaciones de oro en la documentación comercial.

Este hallazgo permitió descubrir una estructura criminal organizada en múltiples niveles, que incluía equipos responsables de:

-extracción del oro
-fundición y procesamiento
-transporte interno
-exportación internacional
-lavado de dinero

Según el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, los documentos decomisados indican que la organización habría generado al menos 60 millones de dólares en ventas internacionales de oro (Goodwin, 2020).

Origen del oro ilegal

El oro provenía principalmente de dos zonas:

-Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua
-Parque Nacional Corcovado

En el caso de Crucitas, la extracción ilegal se intensificó después de que el Estado costarricense cancelara en 2011 la concesión minera otorgada a la empresa Infinito Gold Ltd..

Tras la cancelación del proyecto, la infraestructura parcialmente construida fue aprovechada por mineros ilegales, incluidos grupos que cruzaban la frontera desde Nicaragua.

Un informe gubernamental citado en la investigación indicó que entre 2018 y 2019 la minería ilegal en Crucitas se expandió en aproximadamente 70 hectáreas, lo que representó un aumento del 156 % del área explotada. Además, la actividad habría contaminado al menos 35 cuerpos de agua en la región (Goodwin, 2020).

Lavado de oro mediante comercio internacional

El aspecto más relevante del caso no fue únicamente la extracción ilegal, sino el sistema de lavado de activos asociado al comercio internacional del oro.

La investigación determinó que la red utilizaba empresas de comercio exterior y empresas de papel para exportar lingotes de oro a ciudades estadounidenses como:

-Miami
-Los Ángeles
-Houston

Para hacerlo, los implicados falsificaban documentos de exportación que permitían introducir el oro en los mercados internacionales como si fuera de origen legal.

Las autoridades también identificaron la participación de al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien habría asesorado a la organización en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito del metal. Las investigaciones indicaron que podrían existir otros funcionarios involucrados.

Este tipo de mecanismos coincide con las tipologías de lavado de activos vinculadas a minería ilegal identificadas por la Organización de los Estados Americanos, donde se documenta el uso de exportadoras, intermediarios comerciales y manipulación de documentación para introducir oro ilegal en mercados internacionales (OEA, 2021).

Posibles vínculos con otras economías criminales

Durante los operativos también se decomisaron narcóticos y dinero en efectivo, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación paralela para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Diversos estudios sobre economías criminales en América Latina muestran que la minería ilegal puede integrarse con otras actividades ilícitas, incluyendo contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción institucional.

De hecho, investigaciones regionales han señalado que la minería ilegal ha llegado a competir con el narcotráfico como una de las economías criminales más lucrativas en algunas regiones, impulsada por el aumento sostenido del precio internacional del oro (Insight Crime, 2019; OEA, 2021).

Implicaciones para el debate sobre minería en Costa Rica

El caso de Crucitas es especialmente relevante para el debate actual sobre la política minera en Costa Rica porque muestra que la minería ilegal no opera únicamente como actividad artesanal aislada, sino dentro de redes financieras, comerciales y logísticas más amplias.

El caso evidencia al menos tres dinámicas importantes:

1.La minería ilegal puede integrarse en estructuras empresariales y financieras complejas.

2.El lavado de oro depende frecuentemente de canales comerciales formales, como exportadoras o intermediarios.

3.La expansión de la minería ilegal no necesariamente depende de la ausencia de minería legal, sino de la existencia de mercados internacionales y mecanismos de lavado.

Por esta razón, distintos análisis sobre crimen organizado y minería en América Latina advierten que la simple legalización o apertura de proyectos mineros industriales no garantiza la reducción de la minería ilegal.

En muchos contextos, ambos mercados pueden coexistir e incluso entrelazarse a través de cadenas de comercialización, intermediarios y sistemas financieros que permiten mezclar minerales legales e ilegales.

Un debate que requiere más evidencia

El caso de la declaración y posterior retractación del empresario Rob McEwen no demuestra por sí mismo la existencia de una relación sistemática entre empresas mineras y organizaciones criminales. Sin embargo, sí revela un aspecto relevante de las economías extractivas contemporáneas: las economías legales e ilegales pueden coexistir dentro de los mismos territorios.

Esta coexistencia plantea desafíos complejos para la regulación pública, la gobernanza territorial y los mecanismos de supervisión estatal.

Por esa razón, cuando se afirma que legalizar la minería resolverá la minería ilegal, resulta necesario examinar con mayor detenimiento la evidencia comparada y las dinámicas reales de las economías criminales.

La experiencia internacional sugiere que el problema no es únicamente jurídico, sino también institucional y territorial. En muchos casos, lo legal y lo ilegal no se separan simplemente por una norma, sino por la capacidad efectiva del Estado para regular, supervisar y controlar los territorios donde se desarrollan estas actividades.

Como complemento al análisis presentado en este artículo, se incluye a continuación una matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a la minería ilegal. Esta tabla tiene un propósito pedagógico: sintetizar de manera clara algunos de los patrones, prácticas y señales que suelen aparecer cuando las economías criminales asociadas a la extracción ilegal de minerales intentan insertar sus ganancias en circuitos financieros o comerciales formales.

La matriz permite identificar de forma esquemática modalidades de operación, actores involucrados y posibles indicadores de riesgo, lo cual puede resultar útil para investigadores, periodistas, estudiantes o personas interesadas en comprender mejor cómo funcionan estas dinámicas en la región.

Este cuadro fue elaborado a partir de la información contenida en el informe de la Organización de los Estados Americanos: Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe (Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2022), que analiza los mecanismos más comunes utilizados para ocultar o legitimar ganancias provenientes de la explotación minera ilícita en América Latina y el Caribe.

Matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a minería ilegal

Tipología identificada	Descripción del mecanismo	Señales de alerta principales	Implicación para la gobernanza minera
Uso de negocios de alta rotación de efectivo	Empresas aparentemente legales (comercio de alimentos, insumos o transporte) canalizan grandes cantidades de dinero hacia zonas de minería ilegal y ayudan a movilizar el oro extraído.	Grandes movimientos de efectivo; empresas que operan en zonas remotas con actividad financiera desproporcionada; uso frecuente de transporte de valores.	Permite introducir capital ilícito en la economía formal y financiar operaciones mineras ilegales.
Pago de mercancías de contrabando con oro ilegal	El oro extraído ilegalmente se utiliza como medio de pago para mercancías ingresadas ilegalmente al país.	Comercio en zonas fronterizas con pagos en oro o efectivo; empresas vinculadas simultáneamente a comercio y minería.	Integra minería ilegal con otras economías criminales como contrabando o narcotráfico.
Manipulación de exportaciones de chatarra de oro	Exportación o importación de oro reciclado o chatarra con información alterada sobre peso o calidad.	Documentación inconsistente; diferencias entre valor declarado y valor de mercado; empresas intermediarias sin historial comercial.	Facilita introducir oro ilegal en cadenas de comercio internacional.
Tráfico transfronterizo de oro ilícito	Contrabando de oro a países vecinos para aprovechar diferencias fiscales o controles regulatorios más débiles.	Exportaciones de oro desproporcionadas en países sin producción minera relevante; flujos comerciales inusuales en zonas fronterizas.	Aprovecha fronteras porosas y diferencias tributarias entre países.
Uso de jurisdicciones o intermediarios de alto riesgo	Empresas o intermediarios ubicados en jurisdicciones con baja supervisión financiera facilitan el lavado de dinero.	Transferencias internacionales frecuentes a paraísos fiscales o países con controles débiles.	Permite ocultar beneficiarios finales y dificultar investigaciones financieras.
Corrupción de funcionarios públicos	Sobornos o pagos para facilitar licencias, permisos o protección frente a controles estatales.	Funcionarios con patrimonio inexplicable; irregularidades en otorgamiento de permisos mineros.	Debilita las instituciones y permite la continuidad de la minería ilegal.
Tráfico de relaves o residuos mineros	Comercialización ilegal de residuos mineros que contienen metales valiosos recuperables.	Empresas que comercializan relaves sin documentación técnica o ambiental.	Amplía la cadena de explotación ilegal más allá de la mina original.
Uso de casas de empeño	Casas de empeño compran oro sin verificar origen, permitiendo introducir oro ilegal en el mercado.	Altas compras de oro sin trazabilidad o documentación.	Puntos de entrada del oro ilegal al mercado formal.
Contrabando de oro para comercialización en otro país	El oro es transportado clandestinamente para ser vendido en mercados más rentables.	Diferencias significativas entre producción nacional y exportaciones.	Permite lavar oro ilegal a través de mercados externos.
Simulación de producción por empresas mineras	Empresas registradas reportan producción ficticia para justificar la venta de oro ilegal.	Empresas con producción elevada sin capacidad operativa o infraestructura.	Permite mezclar oro ilegal con producción aparentemente legal.
Uso de permisos de formalización minera	Mineros ilegales utilizan registros de minería artesanal o permisos de formalización para comercializar oro ilícito.	Permisos utilizados por terceros o producción mayor a la autorizada.	Debilita programas de formalización minera.
Sobrevaloración de exportaciones	Manipulación del valor declarado del oro para transferir dinero ilícito mediante comercio internacional.	Empresas recién creadas con exportaciones millonarias; discrepancias en precios declarados.	Forma de lavado basada en comercio internacional.
Uso de “correos humanos”	Transporte físico de oro o dinero por personas que cruzan fronteras.	Viajeros con objetos de oro ocultos en equipaje o ropa.	Facilita mover oro sin registro oficial.
Producción ficticia en minas legales inactivas	Minas que oficialmente están cerradas o sin producción reportan ventas de oro.	Empresas sin actividad real pero con ventas o exportaciones importantes.	Permite introducir oro ilegal en cadenas legales.
Préstamos ilícitos para financiar minería ilegal	Financiación de operaciones mediante préstamos informales o usureros vinculados a organizaciones criminales.	Zonas mineras con gran circulación de efectivo y poco uso del sistema bancario.	Conecta minería ilegal con redes de crédito criminal.
Sistemas alternativos de transferencia de dinero	Uso de intermediarios informales o redes paralelas para transferir pagos y remesas de trabajadores mineros.	Pagadores informales y transferencias fuera del sistema financiero.	Dificulta rastrear flujos financieros vinculados a la minería ilegal.

Elaboración propia a partir de Organización de los Estados Americanos (2022) Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe.

Referencias:

Arrieta, Esteban. (2026, febrero 17). Laura Fernández se compromete con plan para explotar el oro que hay en Crucitas. La República. https://www.larepublica.net/noticia/laura-fernandez-se-compromete-con-plan-para-explotar-el-oro-que-hay-en-crucitas

CNN Expansión. (2015, abril 10). Minera canadiense “pide permiso” a cárteles para explorar. https://expansion.mx/negocios/2015/04/10/minera-canadiense-pide-permiso-a-carteles-para-explorar

EFE. (2015, 12 de abril). In Mexico, mining firms play drug cartel politics. News.co.cr.
https://news.co.cr/in-mexico-mining-firms-play-drug-cartel-politics/38164/

El Financiero. (2015, 10 de abril). McEwen Mining admite control de cárteles en exploración minera.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mcewen-mining-admite-control-de-carteles-en-exploracion-minera/

Haldevang, Max de., y Nuño, Analy. (2024, 13 de diciembre). Blood and Ore: Mexican cartel violence silences mine opponents. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
https://www.occrp.org/en/feature/blood-and-ore-mexican-cartel-violence-silences-mine-opponents

Hernández Navarro, Luis. (2017, 9 de mayo). Minería, narco y comunidades indígenas. La Jornada.
https://www.ceccam.org/node/2251

Lohmuller, Michael. (2015, 14 de abril). Empresa minera admite relación con el crimen organizado en México. InSight Crime.
https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/empresa-minera-admite-relacion-crimen-organizado-mexico/

Miranda, Boris. (2016). Las economías perversas del crimen organizado. Nueva Sociedad, (263), mayo-junio.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/8.TC_Miranda_263.pdf

Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2022). Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe. Organización de los Estados Americanos. https://share.google/uKVCMH04mGo9ehLIX

Río Doce. (2015, 13 de abril). Se retracta McEwen: niega que minera tiene relación con cárteles.
https://riodoce.mx/2015/04/13/se-retracta-mcewen-niega-que-minera-tiene-relacion-con-carteles/

Scotland, Jennifer. (2025, 12 de mayo). Gold rush: Organised crime in transition mineral supply chains. Royal United Services Institute (RUSI).
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/gold-rush-organised-crime-transition-mineral-supply-chains

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2016). Organized crime and illegally mined gold in Latin America.
https://globalinitiative.net

Crédito de Imagenes: Semanario Universidad.