En el contexto del debate público sobre minería en Costa Rica, algunas voces políticas han planteado que permitir la explotación legal del oro podría contribuir a frenar la minería ilegal y recuperar recursos económicos para el país. Por ejemplo, en febrero de 2026 la presidenta electa Laura Fernández señaló que su gobierno impulsará la aprobación de un proyecto para explotar el oro existente en Crucitas, argumentando que actualmente el metal está siendo extraído por redes ilegales que generan daños ambientales y beneficios para el crimen organizado. Según sus declaraciones, la explotación regulada permitiría que esos recursos se traduzcan en ingresos para el Estado y financien áreas como educación, salud e infraestructura (Arrieta, 2026).
Las declaraciones de la presidenta electa de Costa Rica se inscriben en una discusión más amplia que ha ganado presencia en el debate público costarricense en los últimos años: la idea de que permitir la explotación legal del oro podría ser una forma de enfrentar la minería ilegal que actualmente ocurre en zonas como Crucitas. Bajo este enfoque, la apertura de proyectos regulados permitiría recuperar recursos económicos para el país y, al mismo tiempo, reducir el espacio de acción de las redes criminales vinculadas a la extracción ilegal.
Sin embargo, este planteamiento abre una pregunta clave: ¿existe realmente una relación directa entre permitir minería legal y reducir la minería ilegal?
En el debate sobre la minería suele repetirse un argumento aparentemente simple: si se permite la minería legal, se reduce la minería ilegal. La lógica parece intuitiva: al abrir un mercado regulado, el espacio para las economías criminales disminuiría y las actividades extractivas podrían ser supervisadas por el Estado.
Sin embargo, la experiencia internacional y los estudios sobre economías criminales muestran que la relación entre minería legal e ilegal es mucho más compleja. En muchos casos, ambas actividades no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir dentro de los mismos territorios, mercados y cadenas de suministro.
Algunos episodios dentro de la propia industria minera ilustran esta complejidad. Uno de los más citados ocurrió en 2015, cuando el empresario canadiense Rob McEwen, presidente de McEwen Mining Inc., realizó una declaración pública que generó una polémica internacional sobre la relación entre minería y crimen organizado.
La declaración que incomodó a la industria
En abril de 2015, tras el robo de aproximadamente 8,5 millones de dólares en concentrado de oro en la mina El Gallo 1, ubicada en el estado mexicano de Sinaloa, McEwen fue entrevistado por la cadena canadiense Business News Network para explicar el contexto de seguridad en el que operaba la empresa.
Durante esa entrevista, el directivo describió la realidad de trabajar en territorios donde el crimen organizado tiene presencia consolidada. En sus declaraciones señaló que los cárteles operaban en la zona y que, en términos generales, la empresa mantenía una relación funcional con ellos, en el sentido de coexistir dentro del mismo territorio.
Según sus palabras, cuando la empresa deseaba explorar nuevas áreas, en ocasiones consultaba informalmente si la zona estaba disponible para trabajar. La frase que más repercusión tuvo en medios fue la siguiente:
“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos explorar en algún lugar les preguntamos… y te dicen que regreses en un par de semanas cuando hayan terminado lo que están haciendo.” (McEwen, citado en CNN Expansión, 2015; El Financiero, 2015).
La declaración generó una fuerte reacción mediática y política en México. Diversos analistas interpretaron sus palabras como una admisión de que las empresas extractivas podían verse obligadas a convivir o negociar indirectamente con actores criminales cuando operan en regiones donde el Estado tiene presencia limitada.
Más allá del debate puntual sobre la entrevista, el episodio reveló un problema estructural: muchas actividades económicas legales operan en territorios donde también existen economías criminales. En estas zonas, las fronteras entre lo formal y lo informal pueden volverse difusas debido a factores como la seguridad, el control territorial y las redes económicas locales.
La retractación
Pocos días después de la entrevista, McEwen publicó un comunicado aclarando sus declaraciones. En este documento sostuvo que sus palabras habían sido malinterpretadas por los medios y negó que la empresa tuviera relaciones con organizaciones criminales.
Según explicó, cuando habló de mantener una “buena relación”, se refería en realidad a las comunidades locales y propietarios de tierras, con quienes la empresa suele coordinar para realizar trabajos de exploración (Río Doce, 2015).
En el comunicado, el empresario afirmó explícitamente:
“Ni yo ni ningún miembro del equipo directivo de la empresa ha tenido contacto regular ni relación alguna con miembros de los cárteles.” (McEwen citado en Animal Político, 2015).
La aclaración buscaba cerrar la polémica pública. No obstante, el episodio dejó una discusión abierta sobre las condiciones reales en las que operan muchas industrias extractivas, especialmente en regiones donde la presencia del crimen organizado se ha consolidado a lo largo de décadas.
Incluso cuando las empresas niegan vínculos directos, el simple hecho de operar en territorios donde existen economías criminales implica interacciones indirectas, presiones o dinámicas de coexistencia territorial que rara vez aparecen en el discurso corporativo oficial.
Un problema estructural, no una excepción
El caso de McEwen ilustra un fenómeno más amplio documentado en diversos estudios sobre minería y economías ilegales. En múltiples regiones del mundo se observa la presencia simultánea de:
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-empresas mineras formales
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-minería artesanal o informal
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-minería ilegal organizada
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-redes criminales vinculadas al control territorial o financiero
Esto ocurre porque la minería —especialmente la del oro— genera rentas extraordinarias cuando los precios internacionales son elevados. Esa rentabilidad atrae tanto a inversionistas legales como a actores ilegales que buscan capturar parte del valor económico del mineral (Giusti, 2019).
En América Latina, investigaciones sobre economías criminales han mostrado que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas después del narcotráfico. En algunos países incluso ha llegado a superarlo en términos de rentabilidad debido a la relativa facilidad para integrar el mineral al mercado legal una vez extraído (Naciones Unidas, 2020).
En este contexto, la presencia de minería industrial no elimina automáticamente las economías ilegales. Por el contrario, ambas pueden coexistir dentro de las mismas regiones extractivas, generando dinámicas complejas como:
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-robo de mineral o concentrados en instalaciones industriales
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-infiltración de intermediarios en las cadenas de comercialización
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-mezcla de minerales legales e ilegales para su exportación
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-extorsión o cobro de “protección” por parte de grupos criminales
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-utilización de infraestructura logística existente para movilizar mineral ilegal
Diversos análisis sobre economías criminales señalan que estas actividades suelen formar “economías perversas”, en las que actores legales e ilegales participan de redes económicas que se superponen en el territorio (Nueva Sociedad, 2022).
Lo que esto significa para el debate público
Este tipo de experiencias resulta especialmente relevante cuando en el debate público aparece el argumento de que permitir la minería legal ayudaría a combatir la minería ilegal.
Aunque la idea puede parecer lógica a primera vista, la evidencia comparada sugiere que la relación no es tan directa. La minería ilegal no surge únicamente porque la minería esté prohibida, sino por una combinación de factores estructurales, entre ellos:
-debilidad institucional y limitada presencia del Estado en territorios periféricos
-altos precios internacionales del oro que incentivan la extracción informal
-redes criminales que financian operaciones ilegales
-pobreza y falta de alternativas económicas en comunidades rurales
En estas condiciones, la minería ilegal funciona como una economía paralela altamente rentable, que puede adaptarse incluso en contextos donde existe minería formal y regulada (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).
Por esta razón, varios estudios concluyen que legalizar la minería no garantiza reducir la minería ilegal, especialmente si no se fortalecen simultáneamente las capacidades estatales de fiscalización, trazabilidad y control territorial.
El caso de Costa Rica: entre la prohibición y el debate actual
En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto fue prohibida en 2010 tras un intenso debate ambiental y social marcado por preocupaciones sobre la contaminación del agua, la deforestación y la transformación del paisaje. La discusión estuvo estrechamente vinculada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero en Crucitas de Cutris, uno de los episodios más emblemáticos del debate ambiental en el país.
En años recientes, algunos sectores políticos y empresariales han planteado revisar esa prohibición con el argumento de que permitir minería industrial regulada podría ayudar a combatir la minería ilegal en zonas donde ya se registran actividades extractivas clandestinas.
Sin embargo, la evidencia comparada en América Latina sugiere que ambos fenómenos responden a lógicas económicas y organizativas diferentes.
La minería industrial suele operar mediante grandes inversiones, tecnología especializada, permisos ambientales y cadenas formales de exportación. En contraste, la minería ilegal tiende a organizarse a través de redes informales flexibles, con menor inversión inicial, movilidad territorial y una alta capacidad de adaptación a las fluctuaciones del precio internacional del oro.
Investigaciones sobre economías criminales vinculadas a la minería muestran que la actividad ilegal no depende necesariamente de la ausencia de minería formal, sino de factores institucionales y territoriales, como la debilidad de los controles estatales, la existencia de mercados internacionales para el oro y la posibilidad de introducir minerales ilegales en circuitos comerciales aparentemente legales (OEA, 2021; Insight Crime, 2020).
Por esta razón, distintos estudios sostienen que combatir la minería ilegal requiere principalmente políticas de gobernanza territorial, entre ellas:
-fortalecimiento de la presencia estatal en zonas mineras
-sistemas de trazabilidad y certificación del origen del mineral
-control financiero sobre las redes de comercialización
-supervisión de exportaciones y empresas intermediarias
-alternativas económicas para comunidades dependientes de actividades extractivas informales
Sin estos elementos institucionales, modificar la legislación minera por sí sola difícilmente resuelve el problema.
Redes de tráfico de oro y empresas de papel en Costa Rica
Un caso reciente en Costa Rica ilustra con claridad cómo la minería ilegal puede integrarse en estructuras criminales complejas con mecanismos financieros sofisticados, más allá de la actividad extractiva en sí misma.
De acuerdo con un reportaje publicado por InSight Crime el 2 de septiembre de 2020, el periodista Zachary Goodwin documentó la desarticulación de una red dedicada a extraer oro ilegalmente y exportarlo mediante empresas fachada.
A finales de agosto de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica realizaron 32 allanamientos en todo el país y detuvieron a 27 personas vinculadas con la red criminal. Durante los operativos se decomisaron lingotes de oro, drogas, dinero en efectivo y documentación de exportaciones presuntamente falsificada.
La investigación había iniciado en abril de 2019 cuando funcionarios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detectaron un volumen inusualmente alto de exportaciones de oro en la documentación comercial.
Este hallazgo permitió descubrir una estructura criminal organizada en múltiples niveles, que incluía equipos responsables de:
-extracción del oro
-fundición y procesamiento
-transporte interno
-exportación internacional
-lavado de dinero
Según el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, los documentos decomisados indican que la organización habría generado al menos 60 millones de dólares en ventas internacionales de oro (Goodwin, 2020).
Origen del oro ilegal
El oro provenía principalmente de dos zonas:
-Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua
-Parque Nacional Corcovado
En el caso de Crucitas, la extracción ilegal se intensificó después de que el Estado costarricense cancelara en 2011 la concesión minera otorgada a la empresa Infinito Gold Ltd..
Tras la cancelación del proyecto, la infraestructura parcialmente construida fue aprovechada por mineros ilegales, incluidos grupos que cruzaban la frontera desde Nicaragua.
Un informe gubernamental citado en la investigación indicó que entre 2018 y 2019 la minería ilegal en Crucitas se expandió en aproximadamente 70 hectáreas, lo que representó un aumento del 156 % del área explotada. Además, la actividad habría contaminado al menos 35 cuerpos de agua en la región (Goodwin, 2020).
Lavado de oro mediante comercio internacional
El aspecto más relevante del caso no fue únicamente la extracción ilegal, sino el sistema de lavado de activos asociado al comercio internacional del oro.
La investigación determinó que la red utilizaba empresas de comercio exterior y empresas de papel para exportar lingotes de oro a ciudades estadounidenses como:
-Miami
-Los Ángeles
-Houston
Para hacerlo, los implicados falsificaban documentos de exportación que permitían introducir el oro en los mercados internacionales como si fuera de origen legal.
Las autoridades también identificaron la participación de al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien habría asesorado a la organización en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito del metal. Las investigaciones indicaron que podrían existir otros funcionarios involucrados.
Este tipo de mecanismos coincide con las tipologías de lavado de activos vinculadas a minería ilegal identificadas por la Organización de los Estados Americanos, donde se documenta el uso de exportadoras, intermediarios comerciales y manipulación de documentación para introducir oro ilegal en mercados internacionales (OEA, 2021).
Posibles vínculos con otras economías criminales
Durante los operativos también se decomisaron narcóticos y dinero en efectivo, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación paralela para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.
Diversos estudios sobre economías criminales en América Latina muestran que la minería ilegal puede integrarse con otras actividades ilícitas, incluyendo contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción institucional.
De hecho, investigaciones regionales han señalado que la minería ilegal ha llegado a competir con el narcotráfico como una de las economías criminales más lucrativas en algunas regiones, impulsada por el aumento sostenido del precio internacional del oro (Insight Crime, 2019; OEA, 2021).
Implicaciones para el debate sobre minería en Costa Rica
El caso de Crucitas es especialmente relevante para el debate actual sobre la política minera en Costa Rica porque muestra que la minería ilegal no opera únicamente como actividad artesanal aislada, sino dentro de redes financieras, comerciales y logísticas más amplias.
El caso evidencia al menos tres dinámicas importantes:
1.La minería ilegal puede integrarse en estructuras empresariales y financieras complejas.
2.El lavado de oro depende frecuentemente de canales comerciales formales, como exportadoras o intermediarios.
3.La expansión de la minería ilegal no necesariamente depende de la ausencia de minería legal, sino de la existencia de mercados internacionales y mecanismos de lavado.
Por esta razón, distintos análisis sobre crimen organizado y minería en América Latina advierten que la simple legalización o apertura de proyectos mineros industriales no garantiza la reducción de la minería ilegal.
En muchos contextos, ambos mercados pueden coexistir e incluso entrelazarse a través de cadenas de comercialización, intermediarios y sistemas financieros que permiten mezclar minerales legales e ilegales.
Un debate que requiere más evidencia
El caso de la declaración y posterior retractación del empresario Rob McEwen no demuestra por sí mismo la existencia de una relación sistemática entre empresas mineras y organizaciones criminales. Sin embargo, sí revela un aspecto relevante de las economías extractivas contemporáneas: las economías legales e ilegales pueden coexistir dentro de los mismos territorios.
Esta coexistencia plantea desafíos complejos para la regulación pública, la gobernanza territorial y los mecanismos de supervisión estatal.
Por esa razón, cuando se afirma que legalizar la minería resolverá la minería ilegal, resulta necesario examinar con mayor detenimiento la evidencia comparada y las dinámicas reales de las economías criminales.
La experiencia internacional sugiere que el problema no es únicamente jurídico, sino también institucional y territorial. En muchos casos, lo legal y lo ilegal no se separan simplemente por una norma, sino por la capacidad efectiva del Estado para regular, supervisar y controlar los territorios donde se desarrollan estas actividades.
Como complemento al análisis presentado en este artículo, se incluye a continuación una matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a la minería ilegal. Esta tabla tiene un propósito pedagógico: sintetizar de manera clara algunos de los patrones, prácticas y señales que suelen aparecer cuando las economías criminales asociadas a la extracción ilegal de minerales intentan insertar sus ganancias en circuitos financieros o comerciales formales.
La matriz permite identificar de forma esquemática modalidades de operación, actores involucrados y posibles indicadores de riesgo, lo cual puede resultar útil para investigadores, periodistas, estudiantes o personas interesadas en comprender mejor cómo funcionan estas dinámicas en la región.
Este cuadro fue elaborado a partir de la información contenida en el informe de la Organización de los Estados Americanos: Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe (Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2022), que analiza los mecanismos más comunes utilizados para ocultar o legitimar ganancias provenientes de la explotación minera ilícita en América Latina y el Caribe.
Matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a minería ilegal
| Tipología identificada | Descripción del mecanismo | Señales de alerta principales | Implicación para la gobernanza minera |
|---|---|---|---|
| Uso de negocios de alta rotación de efectivo | Empresas aparentemente legales (comercio de alimentos, insumos o transporte) canalizan grandes cantidades de dinero hacia zonas de minería ilegal y ayudan a movilizar el oro extraído. | Grandes movimientos de efectivo; empresas que operan en zonas remotas con actividad financiera desproporcionada; uso frecuente de transporte de valores. | Permite introducir capital ilícito en la economía formal y financiar operaciones mineras ilegales. |
| Pago de mercancías de contrabando con oro ilegal | El oro extraído ilegalmente se utiliza como medio de pago para mercancías ingresadas ilegalmente al país. | Comercio en zonas fronterizas con pagos en oro o efectivo; empresas vinculadas simultáneamente a comercio y minería. | Integra minería ilegal con otras economías criminales como contrabando o narcotráfico. |
| Manipulación de exportaciones de chatarra de oro | Exportación o importación de oro reciclado o chatarra con información alterada sobre peso o calidad. | Documentación inconsistente; diferencias entre valor declarado y valor de mercado; empresas intermediarias sin historial comercial. | Facilita introducir oro ilegal en cadenas de comercio internacional. |
| Tráfico transfronterizo de oro ilícito | Contrabando de oro a países vecinos para aprovechar diferencias fiscales o controles regulatorios más débiles. | Exportaciones de oro desproporcionadas en países sin producción minera relevante; flujos comerciales inusuales en zonas fronterizas. | Aprovecha fronteras porosas y diferencias tributarias entre países. |
| Uso de jurisdicciones o intermediarios de alto riesgo | Empresas o intermediarios ubicados en jurisdicciones con baja supervisión financiera facilitan el lavado de dinero. | Transferencias internacionales frecuentes a paraísos fiscales o países con controles débiles. | Permite ocultar beneficiarios finales y dificultar investigaciones financieras. |
| Corrupción de funcionarios públicos | Sobornos o pagos para facilitar licencias, permisos o protección frente a controles estatales. | Funcionarios con patrimonio inexplicable; irregularidades en otorgamiento de permisos mineros. | Debilita las instituciones y permite la continuidad de la minería ilegal. |
| Tráfico de relaves o residuos mineros | Comercialización ilegal de residuos mineros que contienen metales valiosos recuperables. | Empresas que comercializan relaves sin documentación técnica o ambiental. | Amplía la cadena de explotación ilegal más allá de la mina original. |
| Uso de casas de empeño | Casas de empeño compran oro sin verificar origen, permitiendo introducir oro ilegal en el mercado. | Altas compras de oro sin trazabilidad o documentación. | Puntos de entrada del oro ilegal al mercado formal. |
| Contrabando de oro para comercialización en otro país | El oro es transportado clandestinamente para ser vendido en mercados más rentables. | Diferencias significativas entre producción nacional y exportaciones. | Permite lavar oro ilegal a través de mercados externos. |
| Simulación de producción por empresas mineras | Empresas registradas reportan producción ficticia para justificar la venta de oro ilegal. | Empresas con producción elevada sin capacidad operativa o infraestructura. | Permite mezclar oro ilegal con producción aparentemente legal. |
| Uso de permisos de formalización minera | Mineros ilegales utilizan registros de minería artesanal o permisos de formalización para comercializar oro ilícito. | Permisos utilizados por terceros o producción mayor a la autorizada. | Debilita programas de formalización minera. |
| Sobrevaloración de exportaciones | Manipulación del valor declarado del oro para transferir dinero ilícito mediante comercio internacional. | Empresas recién creadas con exportaciones millonarias; discrepancias en precios declarados. | Forma de lavado basada en comercio internacional. |
| Uso de “correos humanos” | Transporte físico de oro o dinero por personas que cruzan fronteras. | Viajeros con objetos de oro ocultos en equipaje o ropa. | Facilita mover oro sin registro oficial. |
| Producción ficticia en minas legales inactivas | Minas que oficialmente están cerradas o sin producción reportan ventas de oro. | Empresas sin actividad real pero con ventas o exportaciones importantes. | Permite introducir oro ilegal en cadenas legales. |
| Préstamos ilícitos para financiar minería ilegal | Financiación de operaciones mediante préstamos informales o usureros vinculados a organizaciones criminales. | Zonas mineras con gran circulación de efectivo y poco uso del sistema bancario. | Conecta minería ilegal con redes de crédito criminal. |
| Sistemas alternativos de transferencia de dinero | Uso de intermediarios informales o redes paralelas para transferir pagos y remesas de trabajadores mineros. | Pagadores informales y transferencias fuera del sistema financiero. | Dificulta rastrear flujos financieros vinculados a la minería ilegal. |
Elaboración propia a partir de Organización de los Estados Americanos (2022) Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe.
Referencias:
Arrieta, Esteban. (2026, febrero 17). Laura Fernández se compromete con plan para explotar el oro que hay en Crucitas. La República. https://www.larepublica.net/noticia/laura-fernandez-se-compromete-con-plan-para-explotar-el-oro-que-hay-en-crucitas
CNN Expansión. (2015, abril 10). Minera canadiense “pide permiso” a cárteles para explorar. https://expansion.mx/negocios/2015/04/10/minera-canadiense-pide-permiso-a-carteles-para-explorar
EFE. (2015, 12 de abril). In Mexico, mining firms play drug cartel politics. News.co.cr.
https://news.co.cr/in-mexico-mining-firms-play-drug-cartel-politics/38164/
El Financiero. (2015, 10 de abril). McEwen Mining admite control de cárteles en exploración minera.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mcewen-mining-admite-control-de-carteles-en-exploracion-minera/
Haldevang, Max de., y Nuño, Analy. (2024, 13 de diciembre). Blood and Ore: Mexican cartel violence silences mine opponents. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
https://www.occrp.org/en/feature/blood-and-ore-mexican-cartel-violence-silences-mine-opponents
Hernández Navarro, Luis. (2017, 9 de mayo). Minería, narco y comunidades indígenas. La Jornada.
https://www.ceccam.org/node/2251
Lohmuller, Michael. (2015, 14 de abril). Empresa minera admite relación con el crimen organizado en México. InSight Crime.
https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/empresa-minera-admite-relacion-crimen-organizado-mexico/
Miranda, Boris. (2016). Las economías perversas del crimen organizado. Nueva Sociedad, (263), mayo-junio.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/8.TC_Miranda_263.pdf
Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2022). Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe. Organización de los Estados Americanos. https://share.google/uKVCMH04mGo9ehLIX
Río Doce. (2015, 13 de abril). Se retracta McEwen: niega que minera tiene relación con cárteles.
https://riodoce.mx/2015/04/13/se-retracta-mcewen-niega-que-minera-tiene-relacion-con-carteles/
Scotland, Jennifer. (2025, 12 de mayo). Gold rush: Organised crime in transition mineral supply chains. Royal United Services Institute (RUSI).
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/gold-rush-organised-crime-transition-mineral-supply-chains
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2016). Organized crime and illegally mined gold in Latin America.
https://globalinitiative.net
Crédito de Imagenes: Semanario Universidad.
