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Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

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Vecinos del centro de Puerto Viejo advierten sobre una preocupante intervención en un pequeño bosque ubicado cerca de la calle del Gueto, dentro de una propiedad vinculada a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una vecina de la zona, tras sufrir la caída de un árbol sobre su vivienda, presentó una demanda solicitando la tala de dos árboles específicos que representan un peligro evidente. Sin embargo, el caso ha derivado en una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del sistema judicial.

Según indicó un ingeniero del AyA que inspeccionó recientemente el sitio, existe una orden judicial para talar el bosque más allá de los árboles señalados, en lo que parece ser una interpretación errónea o arbitraria de la solicitud original. Esta decisión, tomada sin considerar la particularidad del ecosistema local ni el criterio técnico especializado, representa un grave exceso de atribuciones por parte del juez.

Es preocupante que resoluciones de este tipo se dicten de manera tan generalizada y sin un análisis contextual. El bosque en cuestión, aunque pequeño, forma parte de un corredor ecológico, provee servicios ambientales importantes y es parte del paisaje que la comunidad desea conservar. Resolver a ciegas, sin conocer el territorio ni escuchar adecuadamente a las partes involucradas, refleja una desconexión institucional que puede tener consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.

Las personas vecinas de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades, organizaciones ambientales y a la ciudadanía en general para que ejerzan presión y detengan esta acción innecesaria e inconsulta. La comunidad no ha solicitado la destrucción de un ecosistema, sino la atención a un riesgo puntual con sensatez y responsabilidad.

El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó una visita al lugar para documentar la situación actual del bosque. A través de una serie de fotografías, se puede observar el estado del ecosistema y la dimensión del impacto.

Después de su visita, nos comparte su apreciación: “Esta mañana fui al lugar e hice una documentación fotográfica del terreno donde están talando los árboles. Aunque dicen que solo están cortando las copas, en realidad están eliminando casi una tercera parte del árbol, y en algunos casos dejan apenas el tronco, lo cual está prohibido. Es importante que se sepa que esta área forma parte del terreno destinado a la planta de tratamiento de aguas negras. Conozco bien ese lugar porque en varias ocasiones he ido a observarlo, ya que tenía entendido que ahí mismo se planeaba construir dicha planta.”

Estos videos forman parte de los registros realizados por Philippe durante su visita al lugar, con el propósito de verificar y documentar los daños ocasionados.

Fotografías

Vicios frecuentes en decisiones judiciales sobre manejo de árboles y ecosistemas

En múltiples territorios del país, las acciones judiciales relacionadas con el derribo de árboles o el manejo de vegetación en zonas habitadas se han caracterizado por una serie de prácticas que resultan altamente problemáticas desde el enfoque ambiental y comunitario.

Uno de los principales vicios es la falta de precisión técnica en las resoluciones: las órdenes de corta suelen basarse en informes verbales o descripciones generales, sin delimitar claramente los árboles que deben ser intervenidos, lo que deja margen para interpretaciones amplias y, en algunos casos, tala excesiva. Esto se agrava cuando las ejecuciones no cuentan con un plan de manejo ambiental ni con supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.

Otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentar lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional. Esta asimetría revela una orientación que prioriza la eliminación de riesgos visibles, pero minimiza o ignora los valores ecológicos y culturales de los territorios.

Además, muchas de estas decisiones se toman sin participación efectiva de las comunidades, y sin considerar los saberes locales ni los contextos socioecológicos. Esto refuerza una lógica tecnocrática y centralista que deslegitima la voz de quienes habitan y defienden los territorios.

En lugar de aplicar soluciones desproporcionadas que pueden provocar más daño que beneficio, es urgente promover mecanismos de evaluación rigurosa, participación comunitaria vinculante y enfoques integrales que conjuguen la seguridad con la conservación ambiental.

La paradoja de la justicia ambiental: rapidez para destruir, lentitud para proteger

Esta situación revela una contradicción cada vez más evidente en la forma en que opera el sistema judicial frente a los temas ambientales. Cuando se trata de autorizar talas, construcciones o acciones que implican la degradación de ecosistemas, las resoluciones parecen fluir con sorprendente agilidad. En este caso, una solicitud puntual para mitigar un riesgo terminó en una orden para arrasar con un bosque entero, sin estudios ambientales, sin participación comunitaria, y con una ejecución inmediata.

En contraste, cuando las comunidades exigen medidas para proteger territorios, frenar actividades ilegales o garantizar el resguardo de bienes naturales comunes, los procesos suelen dilatarse, se exigen pruebas técnicas complejas, y rara vez se dictan medidas cautelares con la misma urgencia. Esta disparidad refleja una preocupante orientación institucional que favorece la intervención y la desprotección por encima de la precaución y la conservación.

Si la justicia actúa con tanto ímpetu para destruir, debería al menos mostrar el mismo compromiso para proteger. La comunidad de Puerto Viejo no puede aceptar que decisiones tan serias y con impactos irreversibles se tomen sin diálogo, sin comprensión del territorio, y sin respeto por el entorno natural que nos sostiene.

La importancia de la conservación del bosque y la diferencia entre la tala selectiva y la tala total

Los bosques urbanos y periurbanos cumplen una función ecológica esencial, no solo como espacios de recreación para las comunidades, sino como reguladores del clima, del ciclo del agua y hábitats para diversas especies. Sin embargo, cuando se presentan riesgos relacionados con árboles deteriorados o peligrosos, se deben tomar decisiones de manejo que garanticen la seguridad sin comprometer el ecosistema.

La tala selectiva o controlada es una intervención puntual y cuidadosamente planificada, que se realiza con el objetivo de eliminar árboles que están deteriorados o que representan un peligro inmediato para la seguridad de las personas o propiedades. Este tipo de intervención, cuando se realiza correctamente, minimiza el impacto ambiental, preservando la biodiversidad y las funciones ecológicas del bosque, como la regulación de la temperatura, la humedad, y la protección del suelo y los cuerpos de agua.

Por otro lado, la tala total o poda masiva de un bosque es una intervención destructiva que elimina grandes áreas de vegetación sin tener en cuenta las particularidades del ecosistema. Este tipo de acción no solo destruye el hábitat de muchas especies, sino que altera el equilibrio ecológico, afectando los corredores biológicos y la capacidad del bosque para regular el clima y el ciclo del agua. Además, una tala masiva pone en riesgo la biodiversidad local y puede tener efectos irreversibles en el ecosistema a corto y largo plazo.

Por tanto, es fundamental que las decisiones relacionadas con el manejo de los bosques y los árboles sean tomadas con conocimiento del territorio y en diálogo con las comunidades. No es lo mismo cortar un árbol deteriorado por razones de seguridad, que talar un bosque entero sin justificación ni necesidad, lo cual puede tener consecuencias graves y duraderas para el ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

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Cuidar lo que otros quieren destruir: crónica del monitoreo ambiental

Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.

En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.

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En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.

Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.

Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.

Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio

Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.

Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.

Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur

Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.

El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.

La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.

Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.

Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica

En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.

Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.

La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.

Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.

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Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

La fragilidad de las medidas de protección.

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero....¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.

Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

 Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

  • Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
  • Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
  • Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
  • Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
  • Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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Sentires y Saberes: Del Campo al Plato conversamos con Ryan Galt

Exploramos con el investigador Ryan Galt los principales hallazgos de su investigación, en la que analiza los trayectos históricos del sistema agroalimentario en Costa Rica entre 1960 y 2014. En esta conversación, se abordan los impactos del modelo neoliberal en la producción agrícola, los cambios en la dieta y las transformaciones socioeconómicas del país. Una mirada crítica y reveladora sobre cómo producimos y consumimos alimentos.  

¿Quieres saber qué es un sistema agroalimentario?

Pueden ver la conferencia en el Marco de las Jornadas de Investigación y Acción Social en la UCR-2025 aquí

 

 

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“Ya está hecho el daño”: urgencia y abandono en la defensa ambiental del Caribe Sur

“Continúa la devastación en los humedales del Caribe Sur”, nos alerta Philippe Vangoidsenhoven. Justo hoy, 8 de abril, ha levantado una nueva alerta por la afectación a dos humedales de la zona. Por un lado, se identificó la intervención en un terreno contiguo al que ya había denunciado —y que cuenta con medidas cautelares (ver nota aquí)—. Se trata de una propiedad que es patrimonio natural del Estado.

Durante su revisión ocular, Philippe confirmó el chapeo y evidenció nuevas intervenciones: se ha vuelto a levantar una cerca que había sido previamente derribada. Según relata, el estado de abandono es “impresionante”. En sus palabras: “En un país conocido mundialmente por proteger su medio ambiente, para quienes intentamos defenderlo, se vuelve casi imposible hacerlo.”

Philippe también cuestiona la lentitud de las respuestas institucionales: “Después de tantos años de defensa ambiental, muchas veces las conclusiones toman años, y cuando por fin se logra algo, el humedal ya ha sido destruido.” Hoy mismo reportó esta situación a las autoridades, a quienes entregó toda la información, y recibió la promesa de que enviarán personal al sitio.

Esta experiencia deja claras lecciones sobre la vigilancia ambiental. ¿Quién fue? Philippe insiste en la importancia del monitoreo constante para evitar este tipo de daños. Como él mismo señala: “Por eso siempre es mejor agarrarlos en el acto. Si yo hubiera visto gente chapeando, caigo con las autoridades, con la policía, y eso se detiene ahí mismo; se llevan a esas personas a la comisaría.”

La impotencia, dice, nace de “cuando uno se da cuenta solo después de que ya está hecho el daño”.

Por otro lado, Philippe también denunció un segundo evento ocurrido en Playa Negra, donde se evidenció el dragado de una quebrada en un terreno. La situación ya fue reportada a las autoridades competentes. Esta área está siendo investigada por una presunta tala. Gracias al accionar de Philippe, la máquina fue retirada del zanjón, aunque aún permanece en el terreno, junto con la persona operaria.

Este tipo de situaciones se ha vuelto parte de la “normalidad” en el Caribe Sur, donde se talan árboles indiscriminadamente, en algunos casos con permisos cuestionables y en otros sin ningún tipo de autorización, todo con el fin de dividir los terrenos en lotes para su posterior construcción.

La vigilancia comunitaria: clave para la defensa ambiental

Lo ocurrido en los humedales del Caribe Sur pone en evidencia la urgencia de fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del territorio y los bienes comunes. Cuando el Estado no actúa con la celeridad que requieren los ecosistemas en riesgo, es la comunidad organizada la que puede marcar la diferencia. El monitoreo constante, las denuncias oportunas y la documentación ciudadana se convierten en mecanismos esenciales para frenar la destrucción ambiental antes de que sea irreversible.

La vigilancia comunitaria no solo permite alertar sobre acciones ilegales o destructivas, sino que también ejerce presión para que las instituciones cumplan con su deber. Además, refuerza el sentido de pertenencia, empodera a las personas defensoras y crea redes de protección ante posibles represalias.

¿Qué implican estos daños? Consecuencias del chapeado y dragado

Las acciones como el chapeado y el dragado en humedales costeros tienen consecuencias profundas y, muchas veces, irreversibles. Aunque a simple vista puedan parecer intervenciones menores, alteran de forma significativa el equilibrio ecológico de estos ecosistemas frágiles y vitales.

El chapeado, al eliminar la vegetación superficial, expone el suelo a la erosión, reduce la capacidad de retención de agua y elimina hábitats esenciales para especies animales y vegetales. Muchas plantas nativas que cumplen funciones de filtrado, protección de suelos y captura de carbono desaparecen, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a inundaciones, salinización y pérdida de biodiversidad.

Por otro lado, el dragado de quebradas modifica el curso natural del agua, altera el flujo hídrico y puede destruir zonas de reproducción y alimentación de peces, anfibios y aves acuáticas. También afecta la calidad del agua y contribuye a la degradación de cuerpos de agua conectados, como ríos y manglares.

En conjunto, estos daños comprometen no solo la salud del ecosistema, sino también los servicios ambientales que brindan los humedales costeros: protección contra tormentas, recarga de acuíferos, captura de carbono, y provisión de recursos para comunidades locales. Además, cuando estas acciones se realizan en propiedades del Estado o en zonas con medidas cautelares, se transgrede el marco legal y se debilita la institucionalidad ambiental.

Proteger los humedales no es solo una obligación ecológica: es una responsabilidad social y una necesidad urgente frente al cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad.

Croquis de ubicación de los eventos

Chapeado

Tala

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¿Será el mar el último juez del humedal? El caso de Punta Uva

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente presión debido a ocupaciones irregulares, deforestación y modificaciones del ecosistema que amenazan su equilibrio ambiental. En Punta Uva, dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, se ha reportado la degradación de un humedal y la alteración del bosque costero.

Diversos expedientes administrativos y judiciales dan cuenta de la transformación causada por actividades humanas. A pesar de las denuncias e investigaciones realizadas, el daño ambiental no ha sido abordado con la seriedad que merece por parte de las instancias judiciales.

Personas defensoras del territorio, como Philippe Vangoidsenhoven, han manifestado su preocupación por la continuidad de estas actividades y han impulsado procesos de vigilancia ambiental, lo que ha derivado en más denuncias ante las autoridades, pero el ninguneo sigue siendo la respuesta dominante.

Impacto Ambiental y Denuncias en Punta Uva

Esta zona de alto valor ecológico ha sido intervenida durante años. Diversos informes han señalado la transformación del humedal debido a la eliminación de vegetación, excavación de zanjas de drenaje y la instalación de cercas perimetrales.

Un reportaje publicado por La Nación el 27 de diciembre de 2019 evidenció la magnitud del daño ambiental: las autoridades detuvieron un proyecto turístico que incluía cinco cabinas y una recepción, tras denuncias por afectación al ecosistema e invasión de la ZMT.

Un Inventario del Abandono: Impactos Socioambientales sin Regulación

Los siguientes hechos representan un panorama acumulativo de acciones con consecuencias directas sobre el humedal de Punta Uva y su entorno natural.

Destrucción del Ecosistema

  • Eliminación de vegetación del humedal y del sotobosque.

  • Tala de árboles jóvenes, afectando la regeneración natural del bosque.

  • Excavación de zanjas de drenaje, alterando la función del humedal.

  • Relleno de áreas con tierra y lastre, modificando el uso del suelo.

  • Quema de vegetación baja, ramas y troncos, contribuyendo a la degradación del ecosistema.

Acciones Realizadas

  • Instalación de cercas con postes de cemento y alambre de púas.

  • Uso de parte del terreno para actividades comerciales.

  • Construcciones.

Violencia e Intimidación contra Personas Defensoras Ambientales

  • Denuncias de amenazas, insultos y agresiones verbales contra quienes han alzado la voz.

  • Incidentes de obstrucción a la documentación de los daños ambientales.

  • Actos de hostigamiento por parte de personas involucradas en estas actividades.

Papeles Llenos, Bosques Vacíos: El Contraste entre las Denuncias y la Realidad Ambiental

Durante más de 20 años, se han registrado diversas acciones y reportadas en relación con los terrenos en esta región costera protegida:

  • 2008: Autoridades ambientales ordenaron la suspensión de obras y la restitución del terreno a su estado natural.

  • 2009-2010: Se presentaron nuevas denuncias por eliminación de cobertura vegetal y posibles cambios en el uso del suelo.

  • 2018-2019: Se documentaron intervenciones adicionales, incluyendo denuncias por afectación al ecosistema.

A pesar de múltiples denuncias realizadas por Philippe Vangoidsenhoven, el juicio se perdió y las medidas cautelares fueron levantadas, permitiendo que las actividades continúen hasta el día de hoy. Según Vangoidsenhoven, las autoridades judiciales prefieren esperar a que el juicio en Limón avance.

Si es un humedal… pero ¿qué le vamos a hacer?”

Vangoidsenhoven señala que, a pesar de la inacción de las autoridades, ya se realizaron estudios que confirman que el terreno es un humedal. Sin embargo, las construcciones persisten.

En una ocasión, el MINAE paralizó las obras, pero a los pocos días la construcción se reanudó. Philippe relata que, al reportar esto, le respondieron: “Ya fuimos y notificamos, no podemos hacer más”.

Esta situación le resulta indignante. Para él, es muestra de la incompetencia institucional, pues en otros casos similares, las autoridades han regresado con la policía y detenido a quienes laboraban en el sitio. En el Caribe Sur, concluye, “las cosas funcionan según quién las pide”.

Un Vacío que Beneficia, pero Ignora el Mar

Para el defensor ambiental, toda esta situación beneficia a la Municipalidad. Durante años de monitoreo, ha observado cómo se otorgan permisos sin considerar restricciones, sin importar si se trata de un humedal o una zona pública.

“Han decidido no entender que la zona pública se mide desde la pleamar ordinaria, y no por los mojones”, señala.

“Usan los mojones porque es lo más fácil. Pero lo que estamos viendo es que el mar ya ha reclamado gran parte de la zona pública en algunos tramos. Todo se tiene que mover hacia atrás”, advierte.

Philippe nos hace un recuento de las omisiones y menciona un caso que ejemplifica esta irresponsabilidad:

«En Puerto Viejo construyeron pegado a los mojones. Ahora resulta que en esa área ya no hay zona pública, ya se fue todo. Y no solo eso, el mar está entrando y ha erosionado alrededor de dos metros debajo de esa construcción», explica.

La preocupación es generalizada:

«En toda la costa, donde deberían medirse los 50 metros de la zona pública, lo máximo que se puede medir son 20 metros. En algunos lugares, incluso menos. En Puerto Viejo centro, por ejemplo, el mar ya ha sobrepasado la línea de los mojones».

Esta situación no es nueva. Philippe recuerda el caso de Beach Break y la carretera:

«Un fin de semana, JAPDEVA y la municipalidad tuvieron que movilizar toda la maquinaria disponible para colocar enormes rocas —de más de metro y medio de diámetro— frente a la carretera. Si no hubieran hecho eso, el mar se la habría llevado. Hoy en día, esas rocas siguen sosteniéndola, pero aun así, si el mar sigue subiendo, volverá a pasar. Oficialmente, el nivel del mar ha aumentado 1.5 cm, pero en la superficie esto se traduce en cientos de metros. Con más oleaje y más fuerza golpeando la costa, el impacto es evidente».

Si no se toman medidas serias de protección ambiental y se reconoce la importancia de las regulaciones y los ecosistemas costeros, Philippe advierte que, paradójicamente, no serán las instituciones las que regulen:

«Será el mar el que haga cumplir la ley y termine demoliendo todo esto», sentencia.

La Problemática es Integral

Después de años de monitoreo y denuncia, Vangoidsenhoven concluye:
“El problema es judicial y también municipal, sobre la zona pública. Se escucha a las autoridades hablando por todos lados, pero a ellas no les importa nada. Los humedales siguen siendo ignorados. Siguen usando el argumento de que no aparecen oficialmente declarados como humedales, y aprovechan esa desinformación para continuar con todo esto”.

Riesgos para las Personas Defensoras del Medio Ambiente

Nada de esto ha sido gratuito. Las personas que han promovido denuncias y procesos de monitoreo ambiental han sufrido hostigamiento e intimidación. Según testimonios de Vangoidsenhoven, los incidentes han incluido agresiones verbales, físicas y obstrucción a su labor.

Uno de los eventos más graves ocurrió el 16 de septiembre de 2019: mientras realizaba un monitoreo ambiental, una persona le lanzó una piedra que le fracturó un dedo. La situación fue muy grave, ya que tuvo que ser trasladado al Hospital Tony Facio en Limón, donde se valoró la posibilidad de amputar la mitad del dedo. Philippe explicó al doctor que es zurdo y que, de perder el dedo, tendría serias dificultades para continuar con sus labores cotidianas. Finalmente, y por suerte, el doctor logró unir el hueso y, según cuenta Philippe, «hoy día lo puedo usar normal».

Esta situación ha afectado su seguridad, estabilidad emocional y económica. Ha tenido que destinar tiempo y recursos a su protección, lo que ha impactado su negocio y su calidad de vida.

Imágenes con contenidos delicados. Son parte de los traumatismos sufridos por Philippe en su mano izquierda.

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El Marco Legal y la Importancia de la Zona Marítimo Terrestre

La ZMT en Costa Rica está regulada por la Ley N.º 6043, que establece que los primeros 50 metros desde la pleamar ordinaria son de uso público y no pueden ser apropiados ni modificados. Los siguientes 150 metros pueden ser concesionados bajo estrictas regulaciones ambientales.

El Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, además, cuenta con protección especial bajo la Convención RAMSAR, lo que refuerza su importancia para la conservación de humedales.

Conclusión: Urgencia de Regulación y Protección Ambiental

En el oficio No. 030-2008-UCA-ACLAC-MINAE se solicitaron medidas cautelares como la suspensión inmediata de las obras, el desalojo y la demolición de construcciones dentro de la ZMT, así como la restitución de la zona a su estado natural y el pago por el daño ambiental causado. Pero al paso de los años, todo cambió.

El caso de Punta Uva es una muestra dolorosa de los obstáculos que enfrenta la protección ambiental en el Caribe Sur. La expansión de actividades no reguladas y la falta de medidas efectivas han provocado una degradación ambiental que afecta la biodiversidad y las comunidades locales.

La legislación ambiental debe aplicarse con rigor para garantizar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las personas que los defienden. La vigilancia ciudadana, el empoderamiento comunitario y la acción institucional coordinada son claves para revertir los daños y evitar que se repitan casos como este.

A falta de justicia, vendrán las olas

Cuando las instituciones fallan y la impunidad se impone, la naturaleza encuentra sus propios caminos para responder. La marea que avanza no distingue permisos ni escrituras; arrastra consigo la negligencia y el abandono institucional. La frase de Philippe Vangoidsenhoven resuena como advertencia y como sentencia: si el Estado no protege los bienes comunes, será el mar —con su fuerza paciente pero implacable— quien imponga los límites. El tiempo de actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que las olas arrasen no solo con lo construido, sino con la esperanza de justicia ambiental.

Esta nota se preparó a partir del testimonio de Philippe Vangoidsenhoven y la información contenida en expedientes judiciales.

Esta situación no es ajena al contexto regional

Mientras se escribe este texto, el daño ambiental en toda la región del Caribe continúa. Es probable que las personas inicialmente responsables ya hayan vendido las propiedades, obteniendo ganancias económicas significativas. Sin embargo, el daño causado al ecosistema es irreversible y perdurará, afectando la biodiversidad y la salud ambiental de la zona.

Las acciones de ocupación y degradación no solo han comprometido la integridad del humedal y el bosque original, sino que también han dejado una huella negativa que impactará a las generaciones futuras.

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una presión creciente sobre sus ecosistemas por el desarrollo urbano no regulado, el turismo descontrolado y la ocupación ilegal de tierras protegidas. A pesar de la existencia de regulaciones ambientales, la falta de cumplimiento y la corrupción han facilitado la degradación de estos ecosistemas.

Además, la criminalización y persecución de personas defensoras del ambiente es una constante en la región. Esto genera un clima de impunidad para los agresores y pone en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades locales.

Este caso es una muestra más de la alta vulnerabilidad de estos territorios y evidencia el abandono institucional en la aplicación efectiva de regulaciones ambientales. No obstante, aún es posible recuperar parte del equilibrio ecológico si se fortalece la protección legal, se promueve la restauración ambiental y se respalda con firmeza a las personas y comunidades que defienden el territorio.

¿Por qué sube el nivel del mar y qué significa para Costa Rica?

El aumento del nivel del mar es una de las consecuencias más visibles del cambio climático. Se debe principalmente al derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como al calentamiento de los océanos, que expande el volumen del agua. Este proceso se agrava con la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, que tradicionalmente han actuado como barreras naturales frente a la erosión y las inundaciones.

En Costa Rica, y en particular en el Caribe Sur, el impacto ya es evidente: el mar avanza sobre las costas, erosiona terrenos protegidos por ley, degrada ecosistemas como humedales y manglares, y pone en riesgo a comunidades locales que dependen directamente del entorno costero para su subsistencia. Ante esta realidad, los humedales costeros se vuelven aliados clave en la adaptación al cambio climático. Su vegetación densa y su capacidad de retención hídrica permiten amortiguar el impacto de marejadas, tormentas y oleajes extremos, protegiendo tanto la biodiversidad como la infraestructura y los medios de vida humanos. Además, estos ecosistemas almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el calentamiento global. Su conservación y restauración no solo es urgente, sino esencial para garantizar un futuro resiliente y sostenible.

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Inseguridad Jurídica y Abusos: La Dura Realidad de Finca Dos Ríos

Campesinos denuncian amenazas de desalojo y venta irregular de tierras en Finca Dos Ríos, Guácimo de Limón

La comunidad campesina de Finca Dos Ríos, en Guácimo de Limón, una zona afectada por inundaciones, enfrenta una grave situación de despojo y amenazas de desalojo. Tras perder sus cultivos el año pasado, desde hace años se han visto obligados a comprar sus propias tierras, tras haber sido víctimas de la inseguridad jurídica derivada del abandono y engaño sufrido por una compañía bananera que quebró a inicios de los años 2000. Dicha empresa se retiró sin pagar las prestaciones a sus trabajadores, quienes se vieron forzados a tomar las tierras para sobrevivir. Ahora, enfrentan la presión de comprarlas nuevamente a precios elevados y bajo condiciones irregulares. Esta información ha sido recopilada a partir de testimonios de personas que viven esta realidad y que han decidido alzar su voz ante la injusticia que enfrentan.

Venta forzada y amenazas

Los campesinos denuncian que se les está obligando a comprar tierras que han trabajado por años, bajo la amenaza de ser desalojados. Aseguran que los vendedores no cuentan con documentación legal que los acredite como propietarios legítimos y que muchas de las transacciones se realizan sin transparencia. Además, mencionan que las tierras que se les ofrecen a precios exorbitantes son las mismas que ellos han trabajado y mejorado durante años. En algunos casos, quienes han intentado regularizar su situación han sido rechazados sin motivo aparente, quedando en una situación de incertidumbre total.

Los testimonios recogidos indican que algunas personas han sido amenazadas directamente por quienes intentan vender las tierras, recibiendo presiones constantes para que abandonen sus hogares. Otros han sido notificados con órdenes de desalojo sin haber tenido acceso a un proceso legal claro ni la posibilidad de defender sus derechos.

Procesos judiciales detenidos

Los afectados también señalan que los juicios relacionados con estas tierras han sido suspendidos en varias ocasiones sin explicación convincente, lo que impide su acceso a la justicia. A pesar de presentar pruebas y argumentaciones en su defensa, los procesos no avanzan, dejando a las familias en un estado de indefensión. Según los testimonios, existe una percepción de corrupción y manipulación en estos procesos, lo que genera aún más incertidumbre y temor en la comunidad.

En algunos casos, personas que han intentado ponerse al día con pagos y acuerdos han visto cómo, de manera repentina, se les rechazan los pagos o se les devuelven las cuotas ya abonadas, dejándolos sin opciones para regularizar su situación. Estos eventos irregulares generan gran incertidumbre en la comunidad, ya que evidencian la falta de un proceso claro y justo. La arbitrariedad en la aceptación o rechazo de pagos parece responder a la falta de regulación y a la suma de omisiones institucionales, lo que deja a los campesinos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Resistencia y llamado a la solidaridad

A pesar de las amenazas y la incertidumbre, la comunidad sigue resistiendo y buscando apoyo para frenar estos desalojos. Muchos llevan décadas luchando por sus tierras y no están dispuestos a ceder ante presiones que consideran injustas. En los testimonios recogidos, las personas afectadas expresan su temor, pero también su determinación de seguir defendiendo su derecho a la tierra.

Los campesinos hacen un llamado a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que investiguen estos casos y detengan estas prácticas que los ponen en riesgo. Piden que se garantice un proceso justo y que se respete su derecho a vivir y trabajar en las tierras que han habitado y cultivado por generaciones.

Esta denuncia busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias campesinas y que sigue ocurriendo en silencio. La comunidad espera que su situación sea escuchada y atendida antes de que más personas sean despojadas de sus hogares y su medio de vida.

El acceso a la tierra y la legislación en Costa Rica

El acceso a la tierra es un derecho fundamental para las personas campesinas, ya que les permite garantizar su sustento, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico. En Costa Rica, la Constitución y diversas leyes reconocen el derecho de los trabajadores agrícolas a acceder a tierras productivas, especialmente cuando han sido ocupadas y trabajadas de manera legítima por largos periodos. Sin embargo, la inseguridad jurídica y la falta de regulación han generado múltiples conflictos en comunidades rurales, donde familias campesinas han sido despojadas de tierras que han habitado y cultivado durante generaciones.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) es la institución encargada de promover el acceso a tierras para personas en condición de vulnerabilidad y de velar por la regularización de asentamientos campesinos. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo de estas políticas ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre legal, a merced de actores privados que buscan apropiarse de los terrenos mediante prácticas irregulares.

Es crucial que el Estado costarricense garantice el acceso justo a la tierra y brinde seguridad jurídica a las comunidades campesinas, asegurando que sus derechos sean protegidos y que se ponga fin a los abusos que ponen en riesgo su estabilidad y medios de vida.

Normativa internacional sobre el derecho a la tierra y su reconocimiento en Costa Rica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la tierra y la protección de las comunidades campesinas frente al despojo y la inseguridad jurídica. Entre estos, destacan:

  • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP): Este instrumento reconoce el derecho de los campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección contra desalojos forzosos e injustos.
  • Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Aunque dirigido principalmente a pueblos indígenas, este convenio protege los derechos sobre tierras y territorios, enfatizando la consulta previa y el respeto a los derechos adquiridos de las comunidades rurales.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Este tratado obliga a los Estados a garantizar el acceso a la tierra y medios de producción como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ambos instrumentos establecen el derecho a la propiedad y la protección contra la privación arbitraria de bienes.

A pesar de estos compromisos, en la práctica muchas comunidades campesinas en Costa Rica enfrentan dificultades para acceder y mantener sus tierras. La falta de implementación efectiva de estos tratados y la omisión de las autoridades para garantizar el acceso equitativo a la tierra han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

La Importancia de Proteger el Modo de Vida Campesino en Costa Rica

El modo de vida campesino es esencial para Costa Rica, ya que garantiza la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la identidad cultural del país. Los campesinos son guardianes de la biodiversidad y productores de alimentos básicos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la economía local. Además, su conocimiento tradicional sobre la tierra y los ecosistemas ayuda a mitigar el cambio climático. Proteger sus derechos, garantizar el acceso a la tierra y fomentar políticas de apoyo es clave para un desarrollo sostenible y equitativo.

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El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

  • Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.

  • Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.

  • Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.

  • Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores  pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

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¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío

En el marco del Festival del Agua, organizado por la Municipalidad de Guatuso para conmemorar el Día Mundial del Agua y realizado este 20 de marzo del 2025, la comunidad de Maquengal se hizo presente no solo como asistente, sino como protagonista de una alerta ambiental. Vecinas y vecinos entregaron cartas dirigidas al alcalde Carlos Sequeira Orozco y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Mariana Jiménez Arce, en las que exponen su preocupación por el impacto ambiental de la extracción de material del Río Frío y exigen medidas urgentes para su protección.

Un llamado a la acción en defensa del río

Desde hace años, los habitantes de Maquengal han sido testigos del deterioro progresivo del Río Frío, producto de la explotación indiscriminada de sus recursos. Esta actividad ha generado cambios severos en el ecosistema, incluyendo:

  • La alteración del cauce y la disminución del caudal.
  • La erosión de las riberas y una sedimentación descontrolada.
  • Peligros para la seguridad de quienes usan el río para actividades recreativas y de subsistencia.
  • La pérdida de espacios naturales esenciales para la comunidad.

Uno de los casos más emblemáticos es la Poza del Roncador, un sitio de encuentro y recreación que, debido al impacto ambiental, ha sido gravemente afectado. La erosión y el desprendimiento de piedras de gran tamaño han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona, transformando un espacio vibrante en un lugar deteriorado y peligroso.

Además, la comunidad ha observado una alarmante pérdida de cobertura forestal en las márgenes del río, lo que afecta la biodiversidad y contribuye a la erosión de las riberas. En pocas semanas, el nivel del agua ha cambiado de manera visible, evidenciando la rapidez con la que el ecosistema está siendo afectado.

Exigencias de la comunidad

Ante esta crisis ambiental, las personas vecinas de Maquengal han solicitado a las autoridades que:

  • No se otorguen más concesiones para la explotación de cauces de dominio público, asegurando la protección de los ecosistemas y los bienes naturales comunes.
  • Se limite la concesión de permisos privados y se prioricen proyectos que realmente beneficien el bienestar comunal, evitando la sobreexplotación del río.
  • Se regule estrictamente la extracción de material, permitiéndola solo para fines esenciales como el mantenimiento de vías cantonales y bajo criterios ambientales rigurosos.
  • Se realice una evaluación técnica y ambiental del daño acumulado en las partes altas del río y se implementen medidas de restauración de manera inmediata.

Asimismo, la comunidad recordó al alcalde Carlos Sequeira Orozco su compromiso de campaña de realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideran que este es el momento oportuno para cumplir con ese compromiso, pues solo con información clara y actualizada se podrán tomar decisiones responsables en beneficio del bien común.

“No podemos seguir ignorando esta realidad”

Las y los habitantes de Maquengal han dejado claro que no están en contra del desarrollo del cantón, pero rechazan que este se haga a costa de la vida y la sostenibilidad de sus ecosistemas. En su carta, expresan con firmeza que conocen la normativa ambiental y la realidad del cambio climático, pero cuestionan la falta de acciones concretas para abordar la crisis del Río Frío.

El deterioro ambiental ya no es solo una preocupación técnica, sino una vivencia cotidiana para la comunidad. La pérdida de espacios naturales, la inseguridad en áreas que antes eran de recreación y el temor de que en el futuro solo queden recuerdos del río, los ha llevado a alzar la voz y exigir soluciones.

Ahora, la comunidad espera respuestas y acciones inmediatas por parte de la Municipalidad y las autoridades ambientales. Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir defendiendo el Río Frío, su biodiversidad y su importancia como fuente de vida y bienestar para las futuras generaciones.

La participación ambiental comunitaria: Un derecho y una herramienta de cambio

La participación ambiental es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y el Acuerdo de Escazú (2018), los cuales establecen que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, a participar en la toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y el Código Municipal reconocen el derecho de las comunidades a involucrarse en la gestión ambiental y exigir la protección de los recursos naturales.

Este derecho no solo permite que las comunidades sean escuchadas, sino que también fortalece la gobernanza ambiental, promoviendo la transparencia y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Cuando las comunidades participan activamente en la defensa de su entorno, se convierten en actores clave para la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

Un ejemplo de esto es la reciente acción de la comunidad de Maquengal, en Guatuso, donde sus habitantes, preocupados por la explotación del Río Frío, se movilizaron y presentaron cartas al alcalde y a la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Esta acción no solo visibiliza el impacto ambiental de la extracción de materiales en el río, sino que también representa un ejercicio concreto de participación ambiental, donde la comunidad exige el cumplimiento de normativas ambientales y la implementación de medidas de protección y restauración ecológica.

Casos como el de Maquengal demuestran que la participación ciudadana es esencial para la defensa del ambiente. No se trata solo de denunciar, sino de involucrarse en la construcción de soluciones sostenibles. Cuando una comunidad se une en la defensa de su territorio, genera cambios reales y refuerza la conciencia ambiental para las futuras generaciones.

Algunas imágenes del Río Frío

Les compartimos esta infografía que resume las alertas de la comunidad de Maquengal en torno al Río Frío.

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Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/