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El precio del silencio: cuando denunciar un daño ambiental pone en riesgo la vida

🌫️ Silencio forzado, extractivismo en libertad
La amenaza y el miedo están dejando a la naturaleza sin defensores visibles.

En distintos rincones de Costa Rica, vecinas y vecinos que alzan la voz para defender el agua, los bosques, los humedales o los territorios comunales enfrentan una realidad cada vez más peligrosa. Lo que antes parecía un hecho aislado, una excepción preocupante, se va transformando en una tendencia constante y normalizada: denunciar un daño ambiental puede significar exponerse a represalias que van desde lo legal hasta lo físico y psicológico. La defensa del ambiente se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo.

Desde el trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, hemos empezado a detectar con más claridad un patrón que se repite y se intensifica. Semana a semana, documentamos situaciones de daño ambiental —desmontes, rellenos de humedales, contaminación, destrucción de cauces, cercamientos ilegales—, y junto a esos registros emergen otras realidades invisibles: personas que, tras denunciar o intentar denunciar, reciben amenazas directas o indirectas.

Muchas de estas personas terminan optando por el silencio, no porque falten pruebas, sino porque el miedo supera la capacidad de respuesta institucional. Se viven momentos de crisis emocional, llanto, ansiedad profunda y un sentimiento de estar completamente expuestos. Incluso cuando se cuenta con videos, fotografías y geolocalización precisa, la voz se apaga. El silencio no es elección libre, es mecanismo de supervivencia.

Esto genera un profundo daño no solo en la persona que vive el miedo, sino en el tejido social. La comunidad se repliega, la desconfianza crece y la posibilidad de actuar colectivamente se debilita. El miedo se transforma en norma. Se genera un ciclo perverso donde el silencio del presente alienta la impunidad futura.

En una democracia ambiental sana, cada denuncia debería ser protegida, cada persona que defiende los bienes comunes debería contar con respaldo y resguardo. Pero en la práctica cotidiana de los territorios, la realidad es otra. Defender el ambiente, en muchos casos, es resistir desde la soledad y bajo amenaza. Y eso no puede seguir siendo tolerado.

El silenciamiento como castigo: ¿cómo se disciplina a quien defiende?

El silenciamiento no es accidental: es parte de un sistema. Se disciplina a quien habla, se castiga al que se atreve, se intimida al que denuncia. Y se hace no solo a través de amenazas físicas o legales, sino también mediante mecanismos más sutiles pero igual de efectivos: la sospecha, el aislamiento, el rumor, el descrédito, el desgaste emocional.

Este patrón de disciplinamiento comienza muchas veces con advertencias vagas, comentarios sueltos, miradas en la comunidad. Luego, se intensifica: llamadas anónimas, presencia de personas extrañas cerca de la casa, mensajes en redes sociales, presión en el entorno familiar. En algunos casos, incluso se da la infiltración en espacios organizativos para sembrar confusión o frenar iniciativas de denuncia colectiva.

El mensaje que se transmite es claro: “hablar tiene consecuencias”. Y cuando estas consecuencias no solo son legales, sino que tocan la vida cotidiana, la familia, el empleo o la seguridad física, muchas personas optan por replegarse. El miedo se convierte en estrategia de control, y el silencio en forma de defensa.

Esta forma de disciplinar no es nueva, pero ha cobrado fuerza en contextos donde se entrecruzan intereses económicos, turísticos, inmobiliarios y del crimen organizado. No es lo mismo enfrentarse a un mal vecino que a una estructura económica poderosa o a un grupo con capacidad de ejercer violencia organizada. La impunidad de estos actores refuerza el mensaje: quien habla, pierde.

Frente a este escenario, urge comprender que el silenciamiento es violencia estructural. No se trata solo de “personas con miedo”, sino de una estrategia de poder para desmovilizar la defensa de los bienes comunes. Visibilizar cómo se castiga el habla es el primer paso para recuperar la voz. Cada vez es más común escuchar el comentario: “mejor no comparta el video, porque los de la maquinaria, la tala, la extracción, el negocio… lo vieron grabando, y eso puede traerle problemas”. Esa frase resume el miedo instalado.

¿Qué país estamos construyendo?

La defensa ambiental en Costa Rica se ha convertido en un campo de tensión entre los principios escritos en las leyes y la realidad que se vive en los territorios. Mientras se proclama la sostenibilidad, se silencia a quienes la reclaman. Mientras se celebra la democracia, se castiga a quienes participan activamente en protegerla desde lo común.

El precio del silencio es alto. No solo se pierde una voz, se pierde una oportunidad de frenar el daño. Cada vez que una persona decide no hablar por miedo, un ecosistema queda más vulnerable, una comunidad queda más sola, una forma de vida digna se debilita.

Como sociedad, debemos preguntarnos qué estamos permitiendo cuando el miedo es más fuerte que el derecho. ¿Qué tipo de país queremos ser si quienes defienden la vida tienen que esconderse para no morir? ¿Qué significa la justicia si no hay garantías para hablar?

 

No basta con indignarse ante la tala o la contaminación. Debemos actuar también ante el silenciamiento. Visibilizar estas realidades es apenas el primer paso. Necesitamos redes de apoyo, respuestas institucionales concretas, articulación territorial y una profunda ética del cuidado mutuo.

Porque no hay democracia sin voces. Y no hay voces si el miedo manda. Defender el ambiente no debe ser un acto de valor individual, sino una responsabilidad compartida. Y eso solo será posible si dejamos de mirar hacia otro lado y comenzamos a proteger, de verdad, a quienes nos cuidan a todas y todos.

Desde el Observatorio: no es solo preocupación, es indignación

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, no escribimos estas líneas con distancia académica ni con neutralidad técnica. Las escribimos desde la impotencia de ver, una y otra vez, cómo personas que se acercan con valor a denunciar un daño ambiental terminan silenciadas por el miedo, enfrentando amenazas, presiones y abandono institucional. Las escribimos también desde la indignación de saber que muchas veces tenemos pruebas claras de lo que ocurre, pero no podemos publicarlas para no exponer aún más a quienes las generaron.

Nos duele profundamente tener que archivar denuncias por razones de seguridad, ver a personas quebrarse emocionalmente por querer hacer lo correcto, y saber que detrás de cada caso silenciado hay no solo un bien común en riesgo, sino una vida, una familia, una comunidad golpeada por el miedo. Es inaceptable que en Costa Rica, defender el ambiente signifique poner en peligro la existencia propia.

Pero también reafirmamos que no vamos a callar lo que estamos viendo. Aunque no siempre podamos hacer público cada caso, sí vamos a seguir registrando, acompañando, tejiendo redes de cuidado, documentando los silencios y nombrando lo que muchos quieren ocultar. Porque ese también es un acto de resistencia y de memoria colectiva.

Creemos que la defensa del ambiente no puede recaer solo en personas valientes aisladas. Es responsabilidad del Estado, de las instituciones, de las universidades públicas, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto crear condiciones para que la voz comunitaria no sea un acto heroico, sino un derecho protegido.

Por eso seguiremos insistiendo, aunque duela, aunque se nos cierren puertas, aunque muchas veces tengamos que escribir desde el límite entre la denuncia y el resguardo. Porque creemos profundamente que la vida, la dignidad y los bienes comunes no se defienden con miedo, se defienden con comunidad. Y eso, aún en el silencio, aún en la sombra, sigue siendo posible.

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Una nutria, un paredón y una advertencia: la vida silvestre también sufre el extractivismo en Maquengal

Un video grabado recientemente por personas vecinas de Maquengal muestra una escena que, aunque breve, es profundamente reveladora: una nutria intenta subir por el paredón que ha dejado la maquinaria de extracción en el cauce del Río Frío. Resbala, insiste, se esfuerza… pero lo que antes era un flujo natural de agua, hoy es una barrera hostil y artificial.

Este fragmento de vida salvaje interrumpida no es una anécdota menor. Es el reflejo de una transformación más amplia, más silenciosa y más dañina de lo que muchos imaginan.

El río transformado: del hábitat al obstáculo

La minería no metálica en cauces de ríos, como la que se ha autorizado recientemente en Maquengal, no solo extrae piedras y arena. También rompe la continuidad ecológica del río, altera su cauce natural, provoca la sedimentación excesiva, modifica los flujos de agua y cambia la estructura de los márgenes. Estas transformaciones afectan directamente a la flora y fauna que depende del río para vivir.

Las nutrias, por ejemplo, necesitan cuerpos de agua limpios, con acceso libre a ambas orillas y abundante alimento. Son especies indicadoras del estado de salud de los ríos. Cuando tienen dificultades para desplazarse o desaparecen, es señal de que algo grave está ocurriendo en el ecosistema.

El extractivismo no distingue entre seres humanos y no humanos

Lo que sucede en Maquengal no es solo un conflicto entre una empresa concesionaria y una comunidad afectada. También es una lucha por la defensa de las múltiples formas de vida que habitan el territorio.

Los paredones y cortes abruptos que deja la maquinaria interrumpen los corredores biológicos, destruyen madrigueras, contaminan el agua con sedimentos y reducen la disponibilidad de alimento. Las aves acuáticas pierden sus zonas de anidación. Los peces enfrentan cambios en la temperatura y el oxígeno del agua. Los anfibios y reptiles ven alteradas sus zonas húmedas.

En otras palabras: el modelo extractivo erosiona los cimientos mismos de la vida.

Ver para no olvidar: el video que lo dice todo

No hay voz en off. No hay grandes discursos. Solo una nutria intentando volver al río.

El trabajo minero comenzó el jueves 31 de julio, y tan solo cuatro días después, se grabó a la nutria tratando de resistir la invasión de su hábitat. La rapidez con que el impacto se hizo visible da cuenta de la gravedad del daño ambiental que provocan estas actividades.

“Están matando el Río Frío” – Testimonio de Carlos Calderón, vecino de Treminio  (La Amapola)

En medio del dolor y la indignación, Carlos Calderón comparte su testimonio sobre lo que ha significado para la comunidad la presencia de maquinaria extractiva en el cauce del Río Frío. Su voz recuerda los días en que las nutrias eran parte del paisaje cotidiano, cuando se las veía nadar, cazar y convivir cerca del puente de La Amapola. Hoy, tras el avance de la minería no metálica, esas escenas han desaparecido.

“Les quitaron su hábitat… y su fuente de alimentación”, lamenta.

Su testimonio es más que una denuncia: es un llamado urgente a detener la destrucción de la vida silvestre y a defender el río como bien común. No solo se está perdiendo biodiversidad, también se están arrebatando los vínculos afectivos, culturales y comunitarios que unen a las personas con su entorno natural.

Escuchá el testimonio completo y sumate a la defensa del Río Frío.

Defender el río es defender toda forma de vida

El caso de Maquengal es un llamado urgente a replantear las formas en que se autorizan y ejecutan los proyectos extractivos en los ríos de Costa Rica. No se trata únicamente de derechos humanos, acceso al agua o participación ciudadana. También se trata del derecho de la naturaleza a seguir existiendo.

Cada paredón que levanta la draga es un muro contra la vida.

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La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío

El pasado 3 de agosto, vecinas y vecinos de diversas comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal para manifestar su profunda preocupación por el avance de nuevas concesiones mineras sobre el cauce del Río Frío. El conversatorio, convocado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, fue un espacio de encuentro y denuncia ante una situación que amenaza de forma directa la vida comunitaria y los ecosistemas locales.

Un río bajo asedio

El encuentro se realizó en un contexto alarmante: recientemente fue otorgada una nueva concesión privada para la extracción de material del cauce, con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30. Esta se suma a más de 17 concesiones —algunas activas y otras caducas— que afectan la cuenca.

El caso más reciente ha generado indignación particular: la apertura de una zona de extracción a escasos 300 metros de la Escuela Palmital, en un camino comunitario que nunca fue atendido por la Municipalidad. Ese camino servía como acceso al río, un espacio que la comunidad utilizaba para recreación, descanso y conexión con la naturaleza. Hoy, ese mismo camino es recorrido por maquinaria pesada que extrae material para beneficio privado, sin que la comunidad reciba ningún aporte a cambio.

Las personas participantes denunciaron que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes, a pesar de que existen normas que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente los territorios. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, lamentó una vecina. El malestar es generalizado: no hubo proceso participativo, no existe control comunitario sobre el uso del río y el pago que realiza la empresa concesionaria al Estado es simbólico frente a los daños ocasionados.

El río no se agota solo: impactos acumulativos y desigualdad

Vecinas y vecinos relataron con preocupación los cambios que han vivido en las últimas décadas: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos como el cacao, modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Para la comunidad, estos efectos están ligados a la combinación de actividad extractiva, deforestación, y un modelo de desarrollo sin planificación territorial.

“Antes nos decían que el agua era inagotable. Hoy sabemos que no es cierto”, comentó un vecino con años de experiencia en gestión de recursos hídricos.

El daño no es solo ecológico. También es social, económico y cultural. Las formas tradicionales de vida en torno al río se han visto alteradas, mientras los caminos se deterioran sin recibir mantenimiento, a pesar de que toneladas de material salen del territorio cada año.

Se pierde el río, se cierran oportunidades: afectaciones al uso recreativo y al turismo rural comunitario

El Río Frío no solo es fuente de agua y vida para las comunidades de Guatuso: también ha sido, por generaciones, un espacio de encuentro, recreación y posibilidad. Sus márgenes y aguas tranquilas permitían que familias se bañaran, descansaran bajo la sombra o compartieran en comunidad los fines de semana. “Ahí íbamos a refrescarnos, a pasar un rato bonito. Ahora ya no se puede ni bajar, está tomado por las máquinas”, relató una persona vecina durante el conversatorio.

Uno de los caminos comunitarios que daba acceso al río fue recientemente intervenido por la empresa concesionaria. Lo que antes era una ruta hacia el río hoy es un acceso exclusivo para maquinaria pesada. La presencia constante de camiones y equipo de extracción no solo representa un riesgo para la seguridad, sino que ha generado un ambiente hostil, con ruido, barro y deterioro paisajístico que aleja cualquier posibilidad de uso recreativo.

Este deterioro también impacta directamente los proyectos de turismo rural comunitario, una alternativa económica que varias familias de la zona habían comenzado a desarrollar o tenían en perspectiva. El entorno natural del río —su belleza escénica, la posibilidad de caminar entre senderos, descansar en sus orillas o conocer su biodiversidad— era un atractivo claro para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, con el avance de la extracción, estas posibilidades se desvanecen.

“¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?”, comentó un vecino.

Lo que se pierde no es solo un paisaje. Se pierden ingresos familiares, empleos potenciales, proyectos de vida y un modelo de desarrollo alternativo que apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y el respeto al territorio.

Así, la extracción no solo deja un cauce devastado: también arrasa con los sueños de quienes imaginaban un futuro distinto para su comunidad.

¿Qué daños causa la extracción de materiales al río?

La comunidad identificó una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces:

  • Alteración del cauce natural: la extracción cambia el curso del río, provocando desbordamientos en zonas no previstas.
  • Aumento de la erosión: la remoción constante del lecho del río debilita sus márgenes, favoreciendo derrumbes y pérdida de suelo.
  • Pérdida de biodiversidad: peces, insectos acuáticos y otros organismos ven afectado su hábitat por el aumento del sedimento y el ruido.
  • Afectación de nacientes y humedales: la sobreexplotación altera el equilibrio hídrico, secando zonas que antes mantenían humedad constante.
  • Contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca: el uso de maquinaria pesada genera ruidos continuos y en época seca las partículas en el aire que afectan la salud de las personas.
  • Interrupción de caminos y acceso a fincas: la presencia de tajos y maquinaria ha bloqueado rutas usadas por la comunidad, afectando la producción y la

Además, potencialmente la falta de control y fiscalización permite que las extracciones se realicen sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

¿Qué hacer ante esta situación?

La comunidad acordó continuar fortaleciendo la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana.

También se planteó la urgencia de abordar problemáticas asociadas, como la deforestación, la expansión desregulada de proyectos privados y la falta de planificación desde los gobiernos locales. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

“Tenemos que actuar ya. No podemos quedarnos en palabras. El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, concluyó una de las participantes.

Para seguir informados

Las comunidades hacen un llamado urgente a defender el Río Frío como bien común. Se han abierto canales de comunicación, se prepara la documentación legal

necesaria y se construyen alianzas para acciones comunitarias, mediáticas y jurídicas.

El río no se vende. Se defiende.

El puente también sufre: alerta por posibles daños en La Amapola

Durante el conversatorio, las personas vecinas expresaron una creciente preocupación por el deterioro del puente de La Amapola, Terminio (construido en el año 2022, CNE, Municipalidad de Guatuso, con un costo de 388 millones de colones), infraestructura clave para la conectividad de la zona. De acuerdo con los testimonios, recientemente se habrían solicitado permisos para que maquinaria vinculada a las concesiones de minería no metálica transitara por debajo del puente, lo cual ha generado sospechas sobre su estado actual.

Vecinas y vecinos advierten que este tipo de tránsito —pesado, constante y no supervisado adecuadamente— podría haber afectado la base estructural del puente, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las personas que lo utilizan diariamente. Las condiciones actuales del puente fueron documentadas mediante fotografías compartidas por la comunidad, en las que ya se observan posibles signos de daño.

“Este puente fue clave para que no quedáramos aislados durante las últimas emergencias. No podemos permitir que lo debiliten con maquinaria que ni siquiera está al servicio de la comunidad”, señaló una participante.

Además de la preocupación estructural, se suma la indignación por la forma en que se gestionan estos permisos, en muchos casos sin consulta previa a la comunidad y sin un monitoreo técnico visible por parte de las autoridades competentes. El paso de maquinaria bajo el puente, con fines extractivos, contrasta con la falta de inversión pública para mejorar caminos, accesos y puentes al servicio del pueblo.

El caso del puente de La Amapola se convierte así en otro símbolo del desequilibrio entre las prioridades del modelo extractivo y las necesidades reales de la población local. Lo que debería protegerse como infraestructura comunitaria, termina expuesto al riesgo por decisiones que se toman lejos de la gente.

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Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

2004

2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.

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Nueva intervención en el río preocupa a Maquengal: ¿Se construye un nuevo plantel en el cauce del Río Frío?

Una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como el Paso, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad de Maquengal. Vecinas y vecinos denuncian que, a simple vista y con lógica evidente, lo que se estaría habilitando es un plantel de carga para el material que pretenden extraer en los alrededores de la vega del río.

En un video grabado el pasado 31 de julio, se documenta cómo una sola retroexcavadora removió una gran cantidad de material en apenas siete horas. La magnitud de la intervención y su velocidad preocupan, sobre todo por la ausencia de información clara.

La comunidad ha compartido también una fotografía comparativa del mismo sector tomada en abril de este año, en la que se aprecia un nivel de agua más extendido hacia la orilla, lo cual evidencia un impacto directo en el cauce: cambio en la geomorfología del río, aumento de factores erosivos para las márgenes del río y alteración del flujo natural del río. A esto se suma que, al aumentar la destrucción causada por la retroexcavadora, es más propenso que se venga la tierra falseada en las partes de la montaña, lo cual tendrá un impacto para las zonas bajas de Guatuso.

Estas acciones se suman a una larga lista de denuncias realizadas desde 2022 por el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, que ha insistido en la necesidad de suspender nuevas concesiones, realizar un diagnóstico ecológico participativo y frenar el avance del extractivismo desregulado que amenaza el equilibrio ambiental del cantón.

La pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿qué desarrollo estamos priorizando si el precio es la pérdida de nuestro principal afluente y la creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades?

El Comité reitera su llamado a las autoridades locales y nacionales: escuchar a la comunidad, fiscalizar las intervenciones en tiempo real y detener los abusos antes de que desaparezca hasta la última piedra del río.

Abril 2025

31 Julio 2025

Galería multimedia

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Por la defensa del Río Frío y la seguridad de nuestras comunidades – Carta abierta a las autoridades de Guatuso y a la comunidad

Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al paso de la onda tropical n.º 16, han traído nuevamente escenas dolorosas para nuestro cantón: viviendas anegadas, caminos intransitables, familias evacuadas y el temor creciente de quienes habitamos cerca de los ríos. Estas inundaciones no son un fenómeno nuevo, pero su frecuencia e intensidad nos obligan a preguntarnos qué factores locales están agravando los impactos de la naturaleza sobre nuestro territorio.

Desde el año 2022, la comunidad de Maquengal viene alertando sobre un tema que no puede seguir ignorándose: la extracción intensiva de materiales (arena y piedra) del Río Frío. Sabemos que las inundaciones no se deben únicamente a esta actividad y que existen otros factores que influyen —como fenómenos climáticos extremos y deficiencias en la gestión del territorio—; sin embargo, hemos denunciado públicamente cómo esta extracción, lejos de ser una medida controlada para el bien común, ha sido promovida como un recurso económico sin una adecuada evaluación de sus impactos, contribuyendo a agravar la vulnerabilidad de nuestras comunidades.

En espacios públicos, programas de radio y actividades comunales, hemos mostrado los efectos visibles en el río: pozas desaparecidas, erosión de riberas, maquinaria destruyendo isletas, caudal disminuido y una sedimentación creciente que afecta incluso humedales como Caño Negro.

Lo más preocupante es que, ante años de denuncias, la gran respuesta de la administración municipal anterior fue declarar, como “herencia”, la aprobación de 30 años más de explotación sobre el Río Frío. Esa decisión, lejos de garantizar el bienestar de las comunidades, ha significado la continuidad de una política extractiva que debilita el cauce, reduce la capacidad de conducción de las aguas y agrava los riesgos que hoy vivimos con las inundaciones.

Estos no son problemas aislados ni meramente ambientales; tienen consecuencias directas sobre la seguridad de nuestras comunidades. Cuando se extraen grandes volúmenes de material del cauce, el río pierde su estabilidad natural y su capacidad de contenerse. La alteración del lecho y la destrucción de retenes naturales provocan mayor erosión, facilitan el desprendimiento de piedras grandes y generan acumulaciones de sedimento aguas abajo. Así, cuando llegan lluvias intensas, el agua ya no encuentra un cauce seguro y comienza a desbordarse con más facilidad, afectando planicies, fincas y viviendas.

Sabemos que la actual administración municipal, durante su campaña electoral, prometió realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideramos que este es el momento oportuno para honrar ese compromiso. Un diagnóstico serio, participativo y público permitiría tomar decisiones responsables, basadas en información clara, y orientar verdaderas políticas de manejo de cuencas que prioricen la vida, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

Por eso hoy, ante esta nueva emergencia que vive nuestro cantón, reiteramos un llamado urgente que venimos haciendo desde hace más de dos años:

  1. Revisión inmediata de las concesiones: Evaluar todas las concesiones y permisos de extracción vigentes sobre el Río Frío.
  2. Moratoria en nuevas concesiones: Suspender la entrega de nuevos permisos hasta contar con un diagnóstico ambiental actualizado, transparente y con participación comunitaria.
  3. Garantías de transparencia: Asegurar que la comunidad pueda verificar que se está extrayendo el material correcto y en la cantidad autorizada.
  4. Evaluación de daños acumulados: Realizar un estudio técnico riguroso que documente los impactos en la cuenca alta y baja del río, considerando su relación con la creciente vulnerabilidad ante inundaciones.
  5. Restauración y fiscalización: Impulsar planes de restauración ecológica y reforzar la supervisión para evitar prácticas extractivas excesivas como las ocurridas en años anteriores.
  6. Cumplimiento de compromisos ambientales: Elaborar el diagnóstico ecológico del cantón, que debe ser la base de todas las decisiones relacionadas con el ambiente.

Existen experiencias y mecanismos que pueden ayudar a avanzar en este camino, tales como:

– Publicar informes claros y accesibles.

– Implementar controles de pesaje confiables.

– Realizar auditorías ambientales abiertas a la comunidad.

– Reconocer y fortalecer el papel de los comités de vigilancia comunitaria como actores clave en el monitoreo.

No nos mueve la oposición al progreso ni al mantenimiento de caminos, sino la defensa de un bien común vital. El Río Frío no es solo un banco de materiales; es un patrimonio hídrico, cultural y ecológico que sostiene la vida de Maquengal, de Guatuso y de toda la región norte.

Invitamos a nuestras autoridades municipales y ambientales a que escuchen la voz de la comunidad, que se informen de los datos y testimonios que desde 2022 venimos compartiendo. Y convocamos a todas y todos los vecinos del cantón a sumar esfuerzos para que estas inundaciones no sean vistas solo como eventos inevitables de la naturaleza, sino como una señal de que debemos cambiar la forma en que tratamos nuestros ríos.

Que esta carta sea un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cuidar lo que nos da vida.

Por nuestros hijos y nietos, por la seguridad de nuestras comunidades y por el respeto al agua que nos sostiene.

Con respeto y firmeza, Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío – Maquengal

Si quieren conocer más sobre el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, sobre sus señalamientos y propuestas pueden visita la nota «Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío»

Galería

Las siguientes fotografías muestran el impacto de la extracción intensiva realizada durante los últimos ocho años. Ya se observan afectaciones en las partes altas del territorio. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia cómo el río se ha hundido, socavando el paredón, arrasando con el camino existente y alcanzando una profundidad de aproximadamente metro y medio.

Esta nota fue elaborada por la comunidad de Maquengal, en el cantón de Guatuso, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan la cuenca del Río Frío y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. A través de este pronunciamiento público, buscan llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía en general sobre la urgencia de detener prácticas extractivas que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades ante inundaciones y otros riesgos. El Observatorio de Bienes Comunes publica este comunicado con el fin de amplificar la voz comunitaria y contribuir a la defensa de los bienes comunes.

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Costa Rica sin voz en Ramsar: el retroceso de Costa Rica en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

En plena COP15 de la Convención Ramsar, Costa Rica destaca por su ausencia. Mientras otros países reportan avances y amenazas sobre sus humedales, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no ha emitido una sola actualización sustantiva entre 2022 y 2025.

Una conferencia clave en tiempos de crisis ecosistémica

Del 23 al 31 de julio de 2025 se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Ramsar, el tratado internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales, por su papel esencial en la biodiversidad, la regulación hídrica y la sostenibilidad de la vida humana.

Esta edición representa un momento clave para examinar el estado de más de 2.500 sitios Ramsar en todo el mundo, coordinar acciones frente a su deterioro y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte. Según el informe oficial de la Secretaría (COP15 Doc.9), Costa Rica no figura entre los 29 países que actualizaron sus Fichas Informativas Ramsar (FIR) ni los mapas de sus sitios durante el periodo 2022–2025.

El panorama general también es preocupante: el 74 % de los sitios Ramsar a nivel global tienen información desactualizada, y en el 52 % de los casos no se ha reportado ninguna actualización reciente. En medio de esta crisis de seguimiento, la situación de Costa Rica destaca negativamente, ya que no se registraron nuevas designaciones, ampliaciones ni reportes sobre amenazas ecológicas en sus humedales, pese a múltiples denuncias documentadas por organizaciones sociales y medios de comunicación. La única explicación posible desde el marco institucional sería que los procesos se encuentren actualmente en etapa de actualización técnica aún no reportada oficialmente.

Tres años de silencio en la era Chaves Robles

Este periodo coincide plenamente con el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles y su Ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach, iniciado en mayo de 2022. Durante la administración, se ha recortado el financiamiento a programas ambientales clave, debilitado instituciones como el SINAC y promovido visiones de desarrollo centradas en la desregulación territorial.

La inacción de Costa Rica en el marco de la Convención Ramsar es coherente con la política ambienta impulsada por la administración, refleja una política caracterizada por la omisión y la inercia. La falta de actualizaciones técnicas y legales es especialmente grave considerando que los humedales son bienes comunes fundamentales para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica.

Sitios Ramsar sin seguimiento ni vigilancia efectiva

Costa Rica cuenta con doce humedales declarados de importancia internacional, como Caño Negro, Térraba-Sierpe o Palo Verde entre los más conocidos. Sin embargo, según el informe Ramsar 2025, ninguno de estos sitios fue actualizado durante el trienio revisado. Esto incluye la omisión de información técnica, cartográfica y ecológica en el sistema oficial Ramsar.

Además, el país no figura entre aquellos que reportaron modificaciones en las condiciones ecológicas de sus humedales, como lo exige el Artículo 3.2 de la Convención. Esta omisión se agrava al considerar la abundante evidencia empírica y periodística sobre múltiples afectaciones recientes.

Denuncias en el territorio: señales de alerta para los humedales

Pese al silencio institucional, diversos medios y actores comunitarios han documentado múltiples amenazas a humedales protegidos, lo que evidencia la falta de seguimiento y monitoreo. Algunas situaciones destacadas incluyen:

Humedales Ramsar

  • Caño Negro: La sedimentación acelerada por actividades agrícolas y la expansión de cultivos agroindustriales sin control están transformando su ecosistema, mientras la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente para detener el deterioro.

  • Térraba-Sierpe: Hay una alerta sobre  el interés de instalar un relleno sanitario que pondría en riesgo las aguas, además, la Fiscalía Ambiental de Osa ordenó medidas de restauración ante ocupación ilegal dentro del humedal (Chacón Soto, 2025; Ministerio Público, 2025).

  • Palo Verde: El sitio ha experimentado cambios significativos en sus características ecológicas, particularmente en su régimen hidrológico, como resultado de actividades agrícolas y ganaderas en los alrededores, así como por la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

  • Humedales Caribe Noreste: El sitio ha experimentado cambios notables en sus características ecológicas, principalmente en su régimen hidrológico, como consecuencia de la construcción de canales artificiales en la zona. (Chacón, 2025; Ramsar Convention Secretariat, 2024; Convención Ramsar, 2025).
  • Gandoca-Manzanillo: Este sitio ha sufrido graves amenazas por permisos de construcción irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, y una reducción no técnica de aproximadamente el 40 % del área reconocida como humedal.

Situaciones de presión en torno a los humedales

  • Caribe Sur: El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y el accionar de diversas organizaciones ha permitido reportar tala, drenaje y uso comercial de humedales en zonas como Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, evidenciando  permisividad institucional (Observatorio de Bienes Comunes, 2025).
  • Playa Negra (Talamanca): En febrero de 2025, se denunció un intento de relleno de humedal en plena Zona Marítimo Terrestre, detenido gracias a la intervención ciudadana y del Ministerio Público (Martinez, 2025).

  • Estero del río Lagarto (Sámara): En 2024, la Sala Constitucional ordenó estudios tras comprobarse afectaciones por obras privadas sobre un ecosistema frágil (CRHoy, 2024).
¿Reconocimiento internacional?: Humedales mencionados en el informe

Aunque el Estado costarricense no presentó reportes formales sobre el estado de sus humedales entre 2022 y 2025, el documento oficial para la COP15 de la Convención Ramsar sí reconoce dos casos críticos en el país. En su Anexo 4a, que enumera los sitios con alteraciones ecológicas confirmadas por las autoridades nacionales o verificadas por la Secretaría, aparecen los humedales Ramsar Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe como parte de los 185 sitios a nivel mundial con expedientes abiertos bajo el artículo 3.2.

Este registro internacional refuerza lo que ha sido ampliamente denunciado en territorio nacional:

  • En Gandoca-Manzanillo, se han documentado construcciones irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, ocupaciones dentro del humedal y una reducción no técnica del 40 % del área reconocida, impulsada por la Directriz 09-2023 del MINAE. Este caso ha generado denuncias ante la Convención Ramsar y solicitudes de revisión al Ministerio del Ambiente. En julio de 2025, la Sala Constitucional anuló el Plan de Manejo vigente, señalando que viola el principio constitucional de un ambiente sano y la Convención Ramsar.

  • En Térraba-Sierpe, la situación también es alarmante. El sitio fue incluido en la lista por afectaciones ecológicas no reportadas oficialmente. Entre ellas destacan la contaminación potencial asociada a una planta de tratamiento, ocupaciones ilegales y la orden de medidas de restauración por parte de la Fiscalía Ambiental de Osa. Esta omisión en los reportes estatales viola el artículo 3.2, que exige informar sobre cualquier cambio en las condiciones ecológicas de los humedales protegidos.

Esta se encuentra detenida por el momento, gracias a la resistencia organizada de la comunidad de Salamá, en Osa. En junio de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Concejo Municipal declaró como “inconveniente para los intereses del cantón” un proyecto privado de relleno sanitario promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L., que pretendía instalarse en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe. Entre los riesgos identificados destacaban la contaminación por lixiviados, el impacto sobre nacientes y quebradas no contempladas, así como afectaciones potenciales a este ecosistema protegido. La movilización comunitaria, junto con intervenciones clave como la del diputado Ariel Robles ante SETENA, fue determinante para detener esta iniciativa, que violaba normativas relacionadas con áreas silvestres protegidas. Este caso demuestra el rol crucial de la participación social en la defensa de los humedales frente a proyectos incompatibles con su valor ecológico y cultural.

También se mencionan los casos del Parque Nacional Palo Verde y el Humedal Caribe Noreste, donde se reportan proyectos de infraestructura y cambios ecológicos sin actualizaciones estatales. Cabe recordar que los Estados Parte deben remitir información periódica a la Convención Ramsar cada seis años, y en este caso no se ha hecho desde hace más de seis años (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

El hecho de que estos sitios figuren en el informe oficial de la COP15, pese al silencio del gobierno costarricense, evidencia una grave desconexión entre la realidad ecológica y los compromisos internacionales asumidos por el país. También subraya el papel clave que cumplen la vigilancia ciudadana, la acción judicial y la presión social para visibilizar y denunciar las amenazas sobre estos bienes comunes.

¿Qué explica esta omisión?

La desconexión entre los hechos documentados y el silencio en los reportes oficiales responde a factores estructurales y políticos:

  • Fragmentación institucional: La gestión de humedales recae en múltiples entidades con escasa coordinación (SINAC, AyA, municipalidades, etc.).

  • Desfinanciamiento ambiental: La política de austeridad del gobierno limita la capacidad operativa de las instituciones ambientales.

  • Modelo de desarrollo extractivo: Se fomenta la inversión turística e inmobiliaria incluso sobre territorios protegidos, sin evaluaciones integrales ni participación social efectiva.

  • Desregulación ambiental: Se debilitan marcos normativos y controles institucionales en nombre de la «reactivación económica», lo que facilita actividades nocivas en ecosistemas frágiles.

  • Corrupción y captura institucional: Funcionarios y autoridades favorecen intereses privados mediante decisiones discrecionales, omisiones deliberadas o trámites irregulares que permiten el avance de proyectos extractivistas sobre áreas protegidas.

Esta inercia no es solo técnica: es una forma de violencia institucional que invisibiliza los conflictos ecológicos y facilita la mercantilización de territorios esenciales para la vida.

Del discurso verde a la acción ausente

Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre una narrativa de sostenibilidad y liderazgo ambiental. Sin embargo, la ausencia total de acciones en el marco de la Convención Ramsar entre 2022 y 2025 evidencia una fractura entre el discurso ambiental y la práctica estatal. Esta omisión no es aislada: es coherente con el más reciente informe de labores del presidente ante la Asamblea Legislativa, en el cual no se mencionó ningún avance en torno a la política ambiental; de hecho, ni siquiera se aludió al tema. (Observatorio Bienes Comunes, 2025)

Más allá de los informes, lo que está en juego son los territorios del agua, los ciclos ecológicos y los modos de vida que dependen de los humedales. Frente al avance del extractivismo turístico, el desinterés gubernamental y la burocracia sin voluntad, urge reactivar la vigilancia pública y fortalecer la participación comunitaria en la defensa de estos ecosistemas como bienes comunes esenciales para la vida digna.

“Sitios Ramsar de Costa Rica: Estado de conservación y principales amenazas”

Indicaciones:
🟢 Buen estado general
🟡 Estado intermedio / presión moderada
🔴 Estado crítico / alta presión

Sitio RamsarUbicaciónÁrea (ha)Estado
Parque Nacional Palo VerdeGuanacaste~18 418🟡 Sedimentación y presión agrícola
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño NegroAlajuela~9 969🟡 Cambios hidrológicos y sedimentación
Parque Nacional TortugueroLimón~26 156🟡 Presión turística
Humedal Nacional Térraba-SierpePuntarenas~27 000🔴 Ocupaciones ilegales y contaminación
Parque Nacional Isla del CocoPacífico oceánico~99 623🟢 Buen estado general, pesca ilegal externa
Laguna RespingueGuanacaste~245🟡 Baja atención institucional
Parque Nacional Marino Las BaulasGuanacaste~439🟡 Expansión inmobiliaria cercana
Estero de Puntarenas (no es parte Ramsar, sin embargo de importancia)Puntarenas~24 000🔴 Contaminación crónica y expansión portuaria
Humedal MaquenqueZona Norte~59 692🟡 Presión agrícola
Manglares de Potrero GrandeGuanacaste~139🟡 Fragmentación y expansión ganadera
Refugio Nacional de Vida Silvestre TamarindoGuanacaste~500🟡 Presión turística y expansión urbana
Embalse ArenalGuanacaste/Alajuela~5 000🟡 Cambios ecológicos por represas y turismo
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-ManzanilloLimón~5 013🔴 Conflictos de uso del suelo, turismo sin control
Humedal Caribe NoresteLimón~100 000🟡 Fragmentación, deforestación y falta de gestión
Turberas de TalamancaCordillera de Talamanca~19 000🟢 Buen estado general, aunque vulnerable al cambio climático
¿Qué son las Fichas Informativas Ramsar y por qué su actualización es crucial?

La actualización de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y los mapas oficiales de los sitios es una obligación clave dentro de la Convención Ramsar y cumple funciones fundamentales para la protección real de los humedales. Su importancia radica en al menos cinco aspectos:

Seguimiento ecológico riguroso: Las FIR recopilan datos técnicos actualizados sobre el ecosistema del sitio: tipo de humedal, especies presentes (incluidas las amenazadas), servicios ecosistémicos, amenazas actuales y acciones de manejo. Sin estos datos, no se puede evaluar ni responder al deterioro ecológico.

Delimitación clara del territorio protegido: Los mapas actualizados definen los límites legales y geográficos del sitio Ramsar. Esto es clave para evitar invasiones, proyectos mal ubicados o disputas sobre uso del suelo. Sin mapas precisos, los humedales quedan vulnerables a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o turística.

Base legal y administrativa: La FIR y el mapa son los instrumentos que respaldan las medidas de protección ante tribunales, autoridades ambientales o proyectos con potencial impacto.
Sin una FIR vigente, la defensa jurídica del sitio se debilita.

Cumplimiento de compromisos internacionales: Ramsar exige actualizar estas fichas al menos cada seis años. No hacerlo puede implicar el incumplimiento de obligaciones multilaterales y afecta la credibilidad ambiental del país.

Transparencia y participación: La información pública actualizada permite que comunidades locales, investigadores y organizaciones puedan monitorear, denunciar y proponer acciones de mejora, fortaleciendo la gobernanza ambiental.

Referencias:

Arrieta, Esteban (2025, 2 de marzo). Frenar obras en Gandoca‑Manzanillo es urgente, según Defensoría ante la Sala IV. La República. Recuperado de:
https://www.larepublica.net/noticia/frenar-obras-en-gandoca-manzanillo-es-urgente-segun-defensoria-ante-la-sala-iv

Chacón, Vinicio. (2025, 24 de julio). Gandoca‑Manzanillo y Parque Nacional Palo Verde incluidos en informe Ramsar sobre humedales con “cambios negativos”. Semanario Universidad. Recuperado de:
https://semanariouniversidad.com/pais/gandoca-manzanillo-y-parque-nacional-palo-verde-incluidos-en-informe-ramsar-sobre-humedales-con-cambios-negativos/

Convención Ramsar. (2025). Informe de la Secretaría de conformidad con el Artículo 8.2 sobre la Lista de Humedales de Importancia Internacional (COP15 Doc.9). https://www.ramsar.org/document/cop15-doc9

Córdova, Javier. (2013, 25 de enero). Humedales Ramsar sobreviven en Costa Rica casi sin protección: crítica de Contraloría. Semanario Universidad. Recuperado de:
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CRHoy. (2024, julio 5). Sala IV ordena estudios sobre humedales afectados en Sámara. Recuperado de https://www.crhoy.com/nacionales/sala-iv-ordena-a-sinac-estudios-sobre-humedales-en-playa-samara/

Defensoría de los Habitantes. (2025, 26 de febrero). Defensoría solicitó medida cautelar en caso Gandoca‑Manzanillo. Defensoría de los Habitantes, República de Costa Rica. Recuperado de:
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El País.cr. (2025, 16 de julio). Sala IV anula Plan de Manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo por vulnerar protección ambiental. El País.cr. Recuperado de:
https://www.elpais.cr/2025/07/16/sala-iv-anula-plan-de-manejo-del-refugio-gandoca-manzanillo-por-vulnerar-proteccion-ambiental/

Martínez, Alonso. (2025, febrero 12). Ambientalistas denuncian relleno ilegal en Playa Negra, Talamanca. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/02/ambientalista-denuncia-intento-de-rellenar-humedal-en-playa-negra-puerto-viejo

Ministerio Público de Costa Rica. (2025, 17 de julio). Hombre deberá suspender actividades económicas en terrenos del Estado dentro de humedal Térraba-Sierpe. Ministerio Público. Recuperado de:
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/nj2025/hombre-debera-suspender-actividades-economicas-en-terrenos-del-estado-dentro-de-humedal-terraba-sierpe

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 17 de junio). Comunidad de Salamá logra otro paso para frenar el “basurero”: Concejo Municipal de Osa declara inviable el proyecto privado. Gestión de residuos, Impacto ambiental, Relleno sanitario Osa. Recuperado de Observatorio Bienes Comunes UCR Recuperado de: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidad-de-salama-logra-otro-paso-para-frenar-el-basurero-concejo-municipal-de-osa-declara-inviable-el-proyecto-privado

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 14 de julio). Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo. Observatorio de Bienes Comunes. Recuperado de:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/ La República+3Observatorio de Bienes Comunes+3Observatorio de Bienes Comunes

Observatorio de Bienes Comunes. (2025, 16 de mayo). Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe sur costarricense. Universidad de Costa Rica. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/relleno-tras-relleno-la-agonia-de-los-humedales-en-el-caribe-sur-costarricense

Observatorio Bienes Comunes (2025, 4 mayo) ¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025. Recuperado de https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/ambientalismo-oficial-informe-de-labores-del-presidente-chaves-2024-2025/

Pomareda, Fabiola. (2025, 14 de marzo). Convención Ramsar pedirá aclaraciones a ministro Franz Tattenbach sobre denuncia de desprotección a humedales de Gandoca‑Manzanillo. Semanario Universidad. Recuperado de:
https://semanariouniversidad.com/pais/convencion-ramsar-pedira-aclaraciones-a-ministro-franz-tattenbach-sobre-denuncia-de-desproteccion-a-humedales-de-gandoca-manzanillo/

Ramsar Convention Secretariat. (2024). COP14 national report: Costa Rica. Ramsar Convention on Wetlands. Recuperado de:
https://www.ramsar.org/document/cop14-national-reports-costa-rica

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Despojos racistas: Rostros de la «transición verde»

En esta conversación profunda y urgente con Josefa Sánchez Contreras, abordamos cómo las luchas ambientales están siendo cooptadas por discursos que, en nombre de salvar el planeta, perpetúan formas de despojo racista y colonial. Hablamos del colonialismo energético, las falsas soluciones verdes, el engaño de la transición energética, y los retos de construir ecologismos realmente antirracistas y anticoloniales. Josefa comparte desde su experiencia de lucha, señalando la importancia de los saberes territoriales, comunitarios e indígenas frente a una ecología de mercado que invisibiliza resistencias y reproduce violencias históricas.

🔴 Una entrevista que interpela, incomoda y abre caminos hacia otras formas de defender la vida y el territorio.

Si desean conocer más sobre la obra de Josefa, puden leer:

Crédito de imagen: Semanario Universidad.

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Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en «botín»

Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña

Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.

Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.

Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”

Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.

Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.

Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.

Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes

Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:

“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”

El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.

A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.

Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.

El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización

La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.

Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.

Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.

Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.

Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.

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Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó formalmente la nulidad de la Ley 9223, denunciando su carácter fraudulento y su impacto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Documentos técnicos respaldan la denuncia y evidencian omisiones, permisividad institucional y un patrón de urbanización encubierta en terrenos protegidos.

El 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología elevó una solicitud formal ante la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se declare la nulidad total de la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”.

Según Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, esta ley constituye un fraude legal, promovido para favorecer intereses inmobiliarios a costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), un sitio de importancia ecológica reconocido internacionalmente como sitio Ramsar 783.

Las principales demandas de la Asociación incluyen:

  • La nulidad de la ley por falta de sustento técnico y por vulnerar principios de conservación.

  • Investigación de funcionarios responsables de omitir y manipular informes ambientales.

  • Medidas urgentes para garantizar la protección del sitio Ramsar y de las personas defensoras ambientales en la región.

Documentos clave que sustentan la denuncia

📄 Informe del Tribunal Ambiental Administrativo (2011):
La finca conocida como Puket, ubicada dentro del área estatal del REGAMA, fue inspeccionada y se documentó una serie de alteraciones ambientales —tala, canales de drenaje, fraccionamiento de terreno— sobre un área de 9.1 hectáreas. El informe confirma que el terreno presenta características de bosque húmedo y humedal, reforzando su valor como patrimonio natural, y anticipa un posible cambio de uso del suelo encubierto bajo prácticas irregulares.

📄 Informe jurídico del SINAC (2019):
El documento SINAC-ACTO-AL-55-2019 expone las irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 9223: falta de expediente técnico válido, eliminación deliberada de recomendaciones técnicas, y omisión de criterios ambientales fundamentales. Además, evidencia que más de 200 permisos de uso han sido emitidos en áreas excluidas del REGAMA, sin controles ni criterios ambientales claros.

📄 Oficio TAA 0-361-2023:
El Tribunal Ambiental Administrativo, en respuesta a una solicitud de seguimiento, confirma que la finca Puket sigue en situación de impacto ambiental y que el informe técnico original (2011) permanece sin formalización en los expedientes. Esta falta de trazabilidad institucional revela un patrón de desatención frente a denuncias ambientales reiteradas.

¿De qué se trata la Ley 9223?

La Ley 9223, titulada oficialmente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, fue promulgada con el objetivo aparente de regularizar la situación jurídica de las personas que habitan en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), particularmente en el Caribe Sur de Costa Rica. Se justificó como una medida para proteger los derechos de habitantes afrodescendientes y otros pobladores históricamente asentados en la región, quienes enfrentaban inseguridad jurídica debido a la superposición de sus viviendas y territorios con una zona protegida declarada como área silvestre protegida.

No obstante, diversas investigaciones, denuncias y documentos oficiales han revelado múltiples irregularidades en el proceso de aprobación de esta ley. Entre los principales cuestionamientos destacan:

  1. Ausencia de estudios técnicos adecuados para justificar la desafectación de 406 hectáreas del área protegida, incluyendo más de 200 hectáreas de bosque, algunas en excelente estado de conservación.
  2. Violación de principios ambientales fundamentales, como el principio precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad.
  3. Modificaciones en el contenido técnico del informe del SINAC, eliminando recomendaciones y conclusiones críticas que desaconsejaban la exclusión de áreas boscosas y costeras.
  4. Otorgamiento de más de 200 permisos municipales en la zona desafectada, incluso durante el proceso de acción de inconstitucionalidad, sin garantías ambientales ni técnicas.
  5. Exclusión de terrenos estratégicos como el del antiguo Hotel Las Palmas-Hotel Suerre, que había sido recuperado por el Estado tras largos procesos judiciales, pero que fue eliminado del REGAMA sin justificación clara.

Además, los informes técnicos señalaban que la desafectación incluía zonas de humedal, bosque anegado y áreas con gran valor ecológico, sin que se hubieran aplicado estudios de impacto ambiental adecuados ni se valorara la funcionalidad ecológica de los ecosistemas implicados. Esto ha generado un serio riesgo de degradación ambiental del Sitio Ramsar 783, afectando directamente la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado.

En resumen, la Ley 9223 ha sido ampliamente denunciada por ambientalistas y organizaciones sociales como una normativa hecha a la medida de intereses inmobiliarios y turísticos, y no como una respuesta real a las necesidades de las comunidades históricas del Caribe Sur. Diversos sectores han solicitado su nulidad total por fraude, omisiones técnicas y violaciones legales, especialmente en lo que respecta a la protección del ambiente y la gestión de áreas silvestres protegidas.

Una vigilancia que evidencia el vacío institucional

Más que llevar el caso a instancias nacionales, el esfuerzo sostenido de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y de su presidente Marco Levy Virgo ha permitido visibilizar las incongruencias institucionales, la incapacidad de dar seguimiento efectivo a las denuncias y la forma en que muchos casos se cierran sin responder a la evidencia. Desde 2017, han documentado omisiones, contradicciones y negligencias que ponen en entredicho el cumplimiento del marco legal ambiental. Su labor no solo denuncia, sino que obliga a las instituciones a enfrentar el espejo de su inacción y a reconocer el papel fundamental de la vigilancia comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

Participación ambiental como garantía de lo común

La sistemática documentación de omisiones, contradicciones y negligencias que ha realizado la Asociación para el Desarrollo de la Ecología revela algo más profundo que un simple fallo administrativo: evidencia una institucionalidad ambiental que, en muchos casos, no logra cumplir con sus propias obligaciones de protección, seguimiento y cumplimiento. Frente a ello, el acompañamiento comunitario y la participación informada se convierten en pilares fundamentales no solo para denunciar, sino para sostener la legalidad ambiental desde las comunidades.

La vigilancia ejercida por las comunidades no es solo un ejercicio de denuncia, es una forma activa de cuidado colectivo de los bienes comunes. Cuando las instituciones no llegan, retroceden o desatienden, son las voces locales las que mantienen viva la defensa del patrimonio natural. Reconocer y fortalecer estos procesos es clave para asegurar que el marco legal ambiental no quede en papel, sino que se traduzca en acción, protección y justicia ecológica.