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Un decreto a la medida de nuestro modelo agroindustrial: agroquímicos y discursos simplificados

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El Decreto Ejecutivo N.° 45310, publicado el 26 de noviembre de 2025, establece el nuevo Reglamento General para las Condiciones de Aplicaciones Terrestres de Agroquímicos. La narrativa oficial lo presenta como una normativa moderna, técnica, rigurosa y necesaria para ordenar la actividad agrícola. Sin embargo, visto desde los bienes comunes y la ecología política, el decreto revela algo distinto: una actualización operativa que mantiene intacta la estructura del modelo agroquímico nacional.

Costa Rica no enfrenta una crisis ambiental por falta de “procedimientos”. La enfrenta por la expansión de un régimen agroexportador intensivo, basado en monocultivos, altas cargas químicas y una gobernanza que históricamente ha priorizado la productividad sobre la sostenibilidad ecosistémica.

Por eso, esta nota plantea una lectura crítica del decreto: no para negar la necesidad de regulación, sino para evidenciar lo que regula, lo que omite y lo que profundiza.

¿Qué regula realmente el Decreto 45310?

El corazón del decreto está en definir cómo se deben aplicar los agroquímicos. Esto incluye criterios operativos, roles, sanciones y condiciones técnico-meteorológicas. Pero una lectura detallada muestra que el instrumento se centra en hacer «más eficiente la aplicación», no en reducir su uso ni en proteger bienes comunes.

Lo que sí regula

El decreto establece:

  • -distancias mínimas de no aplicación (entre 1 y 5 metros),

  • -procedimientos para calibración y uso de equipos,

  • -parámetros de velocidad del viento, temperatura y técnicas operativas,

  • -clasificación de equipos terrestres, incluyendo drones,

  • -obligaciones de aplicadores y patronos,

  • -procesos sancionatorios y administrativos.

En apariencia, se trata de un ordenamiento técnico.

Pero cuando se mira con atención, un patrón se vuelve evidente: las reglas están diseñadas para habilitar una aplicación más ágil, precisa y continua —no para limitarla.

Impactos sobre bienes comunes: lo que el decreto no mira

Aunque el decreto cita leyes ambientales, sus medidas no protegen de forma efectiva los bienes comunes esenciales. Las omisiones son tan importantes como lo que regula.

Agua: el bien común más vulnerable

El reglamento no establece distancias ni protecciones especiales para:

  • -ríos,

  • -arroyos,

  • -quebradas,

  • -nacientes,

  • -acuíferos,

  • -zonas de recarga.

Esto es especialmente grave en regiones donde las fuentes de agua han sido contaminadas históricamente por agroquímicos.

Suelo: la base silenciosa que sostiene la vida

El decreto no menciona:

  • -acumulación de residuos,

  • -persistencia de moléculas,

  • -pérdida de fertilidad,

  • -alteraciones microbianas.

El suelo es tratado únicamente como superficie de cultivo, no como ecosistema vivo.

Biodiversidad: invisibilizada en el reglamento

No se contemplan salvaguardas específicas para:

  • -fauna silvestre,

  • -polinizadores,

  • -corredores biológicos,

  • -zonas de alta fragilidad ecológica.

El ambiente aparece citado como un principio, pero no como un sujeto de protección concreta.

 

¿Qué revela este decreto sobre nuestro modelo agrícola?

Al analizarlo en conjunto, el Decreto 45310 deja ver las prioridades que organizan la política agrícola del país:

  • -el problema no es reducir químicos, sino aplicarlos “correctamente”;

  • -la competitividad agroexportadora pesa más que el principio precautorio;

  • -la regulación pertenece al ámbito técnico, no al participativo;

  • -las comunidades que viven la exposición diaria no están contempladas;

  • -los bienes comunes quedan subordinados a la operatividad productiva.

En otras palabras: se fortalece un modelo que necesita estos químicos para sostenerse. El decreto moderniza y legitima su aplicación, pero no cuestiona su razón de ser.

Impactos sobre bienes comunes: lo que el decreto no mira

Aunque el decreto cita leyes ambientales, sus medidas no protegen de forma efectiva los bienes comunes esenciales. Las omisiones son tan importantes como lo que regula.

La discusión pendiente: ¿cómo transitar hacia otro modelo?

Una política agrícola verdaderamente protectora debería contemplar:

  • -metas concretas para reducir el uso de plaguicidas,

  • -impulso real a la agroecología y la diversificación,

  • -zonas de amortiguamiento amplias y efectivas,

  • -monitoreo de mezclas y efectos acumulativos,

  • -participación de comunidades afectadas en la regulación,

  • -y una visión de los bienes comunes como base de vida, no como límite productivo.

Este decreto no inicia esa transición.
Más bien, hace más eficiente el modelo que ya mostró sus límites.

Sigue la tendencia

El Decreto 45310  confirma una tendencia preocupante: la regulación ambiental en Costa Rica continúa subordinada a la lógica del agronegocio. No transforma nada esencial; apenas ajusta la maquinaria para que el modelo agroquímico funcione con menos fricción y más eficiencia. En lugar de cuestionar la dependencia estructural de los plaguicidas, la norma normaliza y tecnifica esa dependencia, convirtiendo la gestión del riesgo en una serie de verificaciones operativas que ocultan el problema de fondo.

Este decreto es un recordatorio de algo fundamental: cuando una política pública solo ordena procedimientos sin tocar las causas, termina protegiendo el modelo, no a las personas ni a los ecosistemas. Los bienes comunes —el agua, los suelos, la biodiversidad y la salud de las comunidades— quedan relegados a notas de pie de página en un marco regulatorio que privilegia la competitividad y la continuidad productiva.

Si realmente queremos proteger la vida en los territorios, necesitamos asumir preguntas incómodas y estructurales:
-¿Qué agricultura queremos sostener?
-¿A quién beneficia este modelo?
-¿Quién absorbe sus costos?
-¿Y qué territorios quedan en la línea de fuego?

El Decreto 45310 ordena la superficie, pero no toca la raíz. Por eso, la discusión no puede cerrarse aquí.
Lo urgente —y lo honesto— es mantener abierta la mirada crítica sobre el modelo que da forma a estas normas, y sobre las relaciones de poder que deciden qué se regula y qué se deja sin proteger.

La discusión pública ya no puede seguir girando en torno a procedimientos. Es momento de hablar de la estructura, porque es ahí donde se decide el futuro de los territorios y de los bienes comunes

La política agrícola sigue subordinada a la competitividad

El Decreto 45310 incorpora una frase clave: proteger el ambiente siempre que no se obstaculice la competitividad.

Este principio, presentado como razonable, define las prioridades del país: la salud, los ecosistemas y la biodiversidad quedan condicionados al desempeño del sector agroexportador.

Esto refleja:

  • -el peso político del lobby agroindustrial (banano, piña, hortalizas intensivas);

  • -la continuidad de un modelo extractivo-exportador basado en agroquímicos;

  • -una visión tecnocrática que despolitiza el riesgo;

  • -y la marginación de comunidades afectadas en la toma de decisiones.

La protección ambiental no puede depender del rendimiento del modelo químico-productivo. Cuando así ocurre, la regulación se convierte en una herramienta al servicio de la productividad, no del bien común.

¿Qué requiere realmente Costa Rica?

Transformar el modelo requiere más que decretos que optimizan aplicaciones. Necesita una conversación honesta, profunda y participativa sobre:

  • -una reducción sostenida del uso de plaguicidas;

  • -el impulso real a la agroecología y la soberanía alimentaria;

  • -la protección estricta de ríos, nacientes, suelos y corredores biológicos;

  • -la regulación específica de mezclas y sinergias químicas;

  • -la participación activa de las comunidades rurales afectadas;

  • -y un enfoque de bienes comunes que reconozca que la salud de los ecosistemas es condición para la vida, no un obstáculo para la productividad.

Proteger la vida no se logra eliminando una molécula: se logra transformando el sistema que hace necesaria su aplicación continua.

El anuncio sobre el fipronil fue mediáticamente atractivo, pero desvió la atención del punto central: el Decreto 45310 consolida y agiliza un modelo agrícola altamente dependiente de químicos.

Si Costa Rica quiere cuidar a las personas, los territorios y la biodiversidad, necesita mucho más que gestos simbólicos. Necesita una política pública que vaya a la raíz del problema: un modelo que privilegia la competitividad y la aceleración productiva por encima del bienestar y los bienes comunes.

El debate está abierto.
Lo urgente es no perder de vista la estructura.

La participación ausente: una dimensión crítica del Decreto 45310

Un elemento que pasa desapercibido en la discusión pública —pero que resulta crucial desde la ecología política y la justicia socioecológica— es la ausencia total de mecanismos de participación social en la elaboración, aplicación o evaluación del Decreto 45310.

A lo largo del texto normativo, ni una sola vez aparecen conceptos como:

  • -participación ciudadana,

  • -consulta pública,

  • -comunidades afectadas,

  • -transparencia,

  • -rendición de cuentas,

  • -monitoreo comunitario,

  • -denuncias territoriales,

  • -información accesible.

Esto no es una omisión menor: revela la forma en que se construye la política agrícola y ambiental en Costa Rica cuando el tema son los agroquímicos.

Muestra un patrón histórico: las decisiones se toman en espacios cerrados, entre instituciones técnicas y sectores productivos, mientras las comunidades rurales —las que viven la exposición cotidiana— quedan fuera de la mesa. La regulación se formula como asunto estrictamente operativo, donde la eficiencia productiva pesa más que el derecho a participar, a saber y a decidir sobre aquello que afecta la salud y los territorios. Esta forma de gobernar convierte los bienes comunes en simples variables de gestión y reduce la democracia ambiental a un requisito secundario. En el fondo, el decreto reafirma un modelo donde el riesgo se define desde arriba, sin las voces que lo experimentan desde abajo.

 
Una regulación sin territorios ni voces comunitarias

El decreto define con extremo detalle:

  • -requisitos técnicos,

  • -procedimientos operativos,

  • -parámetros meteorológicos,

  • -obligaciones de aplicadores,

  • -sanciones administrativas.

Pero calla completamente sobre las poblaciones rurales que conviven diariamente con las aspersiones, sobre las escuelas rodeadas de monocultivos, sobre las comunidades que han denunciado contaminación del agua y sobre las personas trabajadoras agrícolas más expuestas.

Desde una perspectiva de participación ambiental, esto significa que el decreto:

  • -centraliza el poder regulatorio en el Estado y el sector productivo,

  • -deja fuera a quienes padecen los impactos,

  • -convierte lo ambiental en un asunto de calibración técnica,

  • -y despolitiza la gestión del riesgo, tratándola como un problema de eficiencia operativa.

Sin espacios para la democracia ambiental

Aunque Costa Rica decidió no ratificar el Acuerdo de Escazú, este decreto confirma por qué: su diseño es coherente con una institucionalidad que evita la participación, limita la transparencia y reduce la justicia ambiental a un trámite técnico. La no ratificación no es un accidente político; es parte de la misma lógica que hoy produce una regulación hecha sin comunidades, sin debate público y sin estándares de democracia ambiental:

  • -acceso a la información,

  • -participación pública en decisiones ambientales,

  • -justicia en casos de afectación.

Sin embargo, el Decreto 45310:

  • -no establece instancias de consulta para comunidades rurales,

  • -no contempla mecanismos para que las personas afectadas denuncien violaciones,

  • -no incorpora auditorías sociales territoriales,

  • -no garantiza transparencia sobre aplicaciones, sustancias o mezclas,

  • -no reconoce los conflictos socioambientales vinculados al uso de plaguicidas.

La regulación se formula sin democracia ambiental, y al hacerlo, reproduce las asimetrías de poder que sostienen el modelo agroexportador.

Participación ambiental como condición para una transición real

Una política agrícola que busque proteger la vida y los bienes comunes debería incluir:

  • -monitoreo comunitario del agua y de los agroquímicos aplicados,

  • -consultas públicas previas a emitir normas y excepciones técnicas,

  • -transparencia obligatoria sobre sustancias, volúmenes y zonas de aplicación,

  • -protocolos de participación para escuelas y centros de salud cercanos a cultivos,

  • -comités locales de seguimiento con voz vinculante,

  • -acceso a la información en tiempo real sobre condiciones de aspersión,

  • -mecanismos de denuncia y acompañamiento jurídico para comunidades afectadas.

Nada de esto está presente en el decreto.

La pregunta que queda abierta

Si la regulación agrícola se diseña sin las voces de quienes viven en los territorios y sin mecanismos efectivos de democracia ambiental, ¿a quién sirve realmente?

El Decreto 45310 ordena procedimientos, pero no abre espacios para que las comunidades definan sus prioridades, su seguridad, su salud o el futuro de sus bienes comunes.

Y sin participación ambiental, no hay posibilidad real de transición agroecológica, ni de justicia territorial, ni de protección efectiva de la vida.

Cómo leer esta tabla y por qué importa

Para cerrar el análisis del Decreto 45310, es útil detenerse en las tensiones estructurales que atraviesan la regulación del uso de agroquímicos en Costa Rica. La siguiente tabla ofrece una lectura crítica que condensa los principales elementos discutidos en la nota: el peso de la competitividad, la influencia del agronegocio, la despolitización del riesgo, la exposición desigual de comunidades y el impacto en los bienes comunes.

No busca repetir lo dicho, sino organizar las ideas clave para facilitar su comprensión, permitir comparaciones y abrir preguntas sobre el modelo agrícola que el país sigue reproduciendo. Es una herramienta para mirar el decreto no solo como un texto técnico, sino como el reflejo de decisiones políticas que afectan territorios, ecosistemas y formas de vida.

Eje de análisisQué muestra el decretoLectura crítica desde ecología política y bienes comunes
1. Competitividad como criterio centralLa protección ambiental queda condicionada a “no obstaculizar la competitividad”.La salud y el ambiente se subordinan al rendimiento agroexportador. Se prioriza la viabilidad del agronegocio, no el principio precautorio.
2. Influencia del lobby agroindustrialFlexibiliza distancias, incorpora drones y agiliza aplicaciones.Sectores bananeros y piñeros han impulsado históricamente regulaciones más permisivas; el decreto consolida esa agenda.
3. Modelo extractivo-exportadorReproduce un esquema agrícola dependiente de insumos químicos.El decreto no discute cómo reducir el uso de tóxicos; moderniza la infraestructura para seguir aplicándolos.
4. Agroquímicos como “tecnología inevitable”Enfatiza la precisión técnica como solución (equipos, condiciones, calibración).Reafirma el paradigma químico-productivista: el problema no son los tóxicos, sino cómo se aplican. No abre espacio para agroecología.
5. Despolitización del riesgoSustenta la norma en modelos técnicos, cálculos y estándares internacionales.El riesgo se presenta como asunto técnico, no de justicia ambiental. Se ocultan las desigualdades territoriales.
6. Invisibilización de los procesos acumulativosRegula eventos puntuales (una aplicación, una distancia, una condición).Las crisis ambientales responden a acumulación, sinergias químicas y exposición continua: nada de esto está contemplado.
7. Afectación de bienes comunesNo incluye medidas diferenciadas para agua, suelos o biodiversidad.El agua, el suelo y los polinizadores quedan desprotegidos. Se nombran como “recursos”, no como bienes comunes.
8. Exposición desigual de comunidadesDistancias mínimas (1–5 m), sin participación comunitaria en el diseño.Poblaciones rurales absorben los impactos sin voz en la regulación. Se reproduce la inequidad territorial.
9. Falta de horizonte de transiciónNormativa centrada en eficiencia operativa.No plantea caminos hacia modelos que reduzcan agroquímicos; se limita a hacer más eficiente su uso.
10. Preguntas estructurales abiertasLa norma no aborda el modelo agrícola a largo plazo.El país debe discutir qué agricultura quiere: ¿más intensificación química o transiciones agroecológicas reales?
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Democracia, territorio y bienes comunes en clave Mononoke

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Costa Rica se acerca al ciclo electoral de 2026 en un momento en que el territorio —sus aguas, bosques, cuencas y comunidades— se ha convertido en el verdadero termómetro de la democracia. En este nuevo Documento de Trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, “Democracia, territorio y bienes comunes en clave Mononoke”, se propone una lectura socioambiental del país inspirada en la película La Princesa Mononoke, no como metáfora decorativa, sino como lente crítica para entender un conflicto que ya habitamos.

Cuando las elecciones pasan por el bosque

El documento parte de una afirmación contundente: hablar de democracia sin hablar de territorio es quedarse a mitad del cuento. Las disputas por el agua, el avance del turismo intensivo sobre humedales, la urbanización acelerada y la captura criminal de espacios estratégicos están redefiniendo quién decide y quién queda al margen.
Como en Mononoke, distintos actores ven el bosque —o el territorio— desde intereses contrapuestos: Estado tecnocrático, élites económicas, crimen organizado y comunidades que sostienen la vida cotidiana frente al deterioro institucional.

El agua: la herida que cambia todo

Una de las claves del documento es el lugar central del agua. Se la aborda no como «recurso», sino como ciclo vivo que sostiene culturas, economías y ecosistemas enteros. Herir el agua es herir el territorio completo.
Por eso, el texto propone una lectura que desplaza el lenguaje tecnocrático (“eficiencia”, “gestión”, “recurso”) y lo reemplaza por preguntas más profundas sobre límites ecológicos, justicia y redistribución del poder.

Monitoreo comunitario: criterio de verdad territorial

El análisis destaca un actor que suele quedar fuera del debate electoral: las comunidades que vigilan, documentan y alertan antes de que el Estado llegue —o a veces, pese a que nunca llegue—.
El documento muestra cómo este conocimiento situado:

  • -anticipa conflictos,

  • -expone el vacío institucional,

  • -confronta narrativas oficialistas,

  • y democratiza la vigilancia ambiental.

En tiempos electorales, estos datos no son insumos técnicos: son brújulas políticas.

Lo que dicen (y callan) los planes de gobierno

A partir de la matriz socioambiental construida en el proceso formativo, se identifican dos horizontes en disputa:

1. El modelo dominante (la “Ciudad de Hierro”):

  • -Ambiente como trámite técnico.

  • -Agua como recurso.

  • -Participación simbólica.

  • -Ausencia de conflictos territoriales.

2. El modelo alternativo:

  • -Bienes comunes como eje.

  • -Agua como ciclo.

  • -Gobernanza vinculante.

  • -Reconocimiento de defensoras.

  • -Justicia ambiental y restauración.

Esta distinción permite leer las propuestas no por sus promesas, sino por el tipo de país que configuran.

Los desafíos que siguen

El documento cierra con una serie de retos para el movimiento ecologista y los territorios: politizar el agua, disputar narrativas, fortalecer la protección de defensoras, usar monitoreo comunitario como contrapeso a los discursos electorales y reconocer que el territorio es un conflicto político, no un expediente.

La pregunta Mononoke para Costa Rica

Al final, todo se reduce a una pregunta que atraviesa la película y nuestro momento histórico:
¿Qué mundo queremos sostener cuando las presiones sobre la vida se vuelvan insostenibles?

El Observatorio propone una respuesta tan sencilla como exigente:
La democracia se mide en cuánta vida protege, no en cuántos trámites resuelve.

Leé y descargá el documento completo

Pueden descargar el documento aquí.

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Cuando la tala se disfraza de legalidad: patrones que se repiten en el Caribe Sur

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Durante años, el Caribe Sur ha sido escenario de una tala que avanza sin hacer ruido, mientras un puñado de papeles –permisos, regencias, declaraciones forestales– opera como una especie de blindaje administrativo. Las observaciones y análisis de Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado estos procesos por décadas, ayuda a iluminar la trama: no se trata simplemente de tala ilegal, sino de una legalidad que se retuerce para permitir lo que la ley dice que debe evitar.

El resultado es un paisaje que cambia sin que las instituciones registren el deterioro, y un bosque que desaparece mientras la documentación parece estar siempre “en regla”.

  1. Permisos que se reciclan: la legalidad en bucle

Una de las tendencias más persistentes es el uso reiterado de permisos forestales. Algunos se emplean más allá de su alcance; otros reaparecen para justificar aprovechamientos posteriores; otros simplemente se muestran como escudo ante cualquier inspección.

En la práctica, la presencia de un papel –sin verificación de fondo– se convierte en un salvoconducto para seguir extrayendo.

Es la legalidad como trámite, no como garantía.

  1. El bosque que dejan de llamar bosque

Quizá la maniobra más elocuente es la reclasificación territorial. Luego de años de extracción, ciertas fincas dejan súbitamente de figurar como bosque, aunque lo fueron durante décadas.

Ese simple cambio administrativo legitima lo que ocurre después: si “no es bosque”, entonces no cuenta como afectación, y tanto la tala como la siembra posterior quedan envueltas en una apariencia de normalidad.

Se borra la historia ecológica del lugar para que encaje con el presente que conviene.

  1. Reforestar para volver a talar: la plantación continua

Tras el agotamiento del bosque original, se siembran árboles destinados a ciclos muy cortos de aprovechamiento: troncos de 20 o 30 centímetros, cortados apenas alcanzan valor comercial.

Esta reforestación acelerada funciona como maquillaje verde: se presenta como manejo responsable, pero en realidad sostiene un negocio de extracción constante. Se siembra para talar, y se tala para volver a sembrar.

Es una sustitución progresiva del bosque por una fábrica de madera.

  1. El permiso como escudo y la retirada del Estado

Philippe describe una escena repetida: llega MINAE, se observa la tala, se muestra un permiso, y la inspección termina ahí.

La autoridad no revisa si el documento es válido, pertinente o coherente con lo que ocurre en el terreno. Tampoco investiga si existe un historial de aprovechamientos acumulados.

El papel pesa más que el daño.

  1. Cuando el control llega tarde —o no llega

La fiscalización institucional suele presentarse cuando ya no hay nada que ver: el bosque ya fue tumbado, acarreado o empujado con maquinaria.

Las visitas posteriores se encuentran con rebrotes o áreas recién sembradas y concluyen que “no hay afectación visible”.

Es un control que opera en diferido, sin capacidad de reconstruir lo que ocurrió antes.

El vacío temporal se vuelve parte del mecanismo.

  1. El transporte como punto crítico… y su límite

Durante años, el único control relativamente efectivo ha sido la revisión de furgones cargados de madera en carretera. Ahí sí se detienen camiones, se inspeccionan troncos y se piden documentos.

Pero incluso esa instancia es frágil: la corrupción, los arreglos informales o la presión local pueden diluir el impacto de estas revisiones.

Nada garantiza que el punto de control sea un verdadero cierre de brechas.

La ruta puede convertirse en coladero si quienes vigilan no cuentan con independencia o apoyo institucional.

  1. Conservación de oportunidad: cuando proteger es solo una pausa

En varios casos, las fincas ingresan a esquemas de conservación justo cuando se llega al límite de aprovechamiento. Durante esos años reciben beneficios económicos, mientras esperan a que los permisos vuelvan a activarse.

Una vez termina el periodo, el ciclo de tala se retoma.

Es una conservación que preserva el ingreso, no el bosque.

  1. Tala selectiva que termina siendo tala total

Lo que empieza como extracción de árboles grandes termina en un barrido casi completo del paisaje.

Primero se llevan los gigantes; luego los medianos; luego los más jóvenes; luego los sembrados; luego los recién sembrados.

El bosque se convierte en secuencia de diámetros decrecientes.

La selectividad inicial abre camino al agotamiento sistemático.

  1. La ciudadanía como última defensa

En medio de estas prácticas, Philippe aparece como uno de los pocos que insiste en denunciar, documentar y señalar las contradicciones.

Mientras muchos funcionarios operan en un margen estrecho —por miedo a sanciones internas, por presión comunitaria o por falta de apoyo—, son personas como él quienes sostienen la línea mínima para que estos casos no queden invisibilizados.

La defensa del bosque termina sostenida por quienes se rehúsan a acostumbrarse.

La tala de aprovechamiento como llave para urbanizar: el nuevo patrón en la costa

Philippe advierte sobre un mecanismo que se ha vuelto cada vez más común en zonas del Caribe Sur: usar los permisos de “tala de aprovechamiento” como antesala de procesos de urbanización, loteo y construcción. No se trata de un fenómeno aislado; es un método que se repite con precisión quirúrgica.

El libreto funciona así:

  • Primero se extrae la madera valiosa. Puede haber ocurrido hace años o recién; lo importante es que el bosque ya está debilitado o fragmentado.
  • Luego se solicita un permiso de aprovechamiento para tumbar lo que “queda”: árboles dispersos, especies menores, restos de cobertura.
    En el papel, la finca aparece con pocos árboles por superficie, lo cual facilita justificar el permiso.
  • Una vez ejecutada la tala y con el terreno ralo, las instituciones concluyen que “ya no es bosque”. Esta lectura ignora la historia reciente: hace 3, 5 o 10 años ese mismo terreno sí era bosque continuo, y su reducción está prohibida por ley desde 1995.
  • Con el bosque debilitado, inicia la segunda fase: el loteo. Se rellenan áreas, se trazan caminos, se subdividen las fincas y arranca el mercado inmobiliario. A veces se construyen casas de lujo; otras veces simplemente se venden los lotes.
  • La supervisión institucional llega tarde, atrapada en el “aquí y ahora”: mide la cobertura actual, ignora la pérdida previa y concluye que la zona “no cumple criterios de bosque”.
  • Este patrón se repite en Playa Negra y otros puntos de la costa: grandes extensiones de bosque convertidas en proyectos inmobiliarios bajo una secuencia bien conocida por quienes la ejecutan.

Philippe incluso describe episodios donde, al alertar a la fiscalía, las obras se detienen de inmediato, lo que confirma que el proceso avanza mientras nadie lo vea; cuando se investiga seriamente, se paraliza. Pero sin vigilancia sostenida, el ciclo vuelve a comenzar.

Este uso instrumental de la tala de aprovechamiento no solo fragmenta el bosque en todo el Caribe Sur: abre la puerta para que intereses privados —incluidos capitales opacos— remodelen la costa según su conveniencia, desplazando ecosistemas y encareciendo el territorio.

No es una coincidencia ni un error técnico.

Es una estrategia.

Y hoy es visible como uno de los patrones que más amenaza lo poco que queda del bosque costero en el Caribe Sur.

Una trama que se repite… y que urge detener

Lo que Philippe ha venido mostrando no son historias aisladas. Son patrones.

Son formas de burlar la ley a través de la propia ley.

Son ciclos que degradan el bosque mientras mantienen una apariencia de orden.

Nombrarlos, documentarlos y exponerlos es un paso necesario para frenar una dinámica que, de seguir así, convertirá los últimos bosques del Caribe Sur en simples viveros de aprovechamiento.

Cuando el caso se repite: de hechos aislados a un patrón que corroe la institucionalidad

Lo que Philippe describe no es la excepción geográfica ni temporal. Los relatos, los permisos que aparecen a última hora, la retirada de las autoridades ante cualquier papel, los ciclos de siembra–tala, las revisiones superficiales y la ausencia de seguimiento forman una secuencia que los actores locales reconocen, aceptan o reproducen como parte del “funcionamiento real” del Caribe Sur.

La suma de estos episodios crea un paisaje donde la ley deja de ser herramienta y se convierte en telón: está ahí, pero no orienta ni limita. Las prácticas se normalizan hasta el punto de que cualquier intento de control institucional queda atrofiado por tres fuerzas que se alimentan entre sí:

  1. La repetición sistemática de maniobras —permisos usados como escudo, reclasificación del bosque, extracción progresiva— crea una rutina de impunidad.
  2. Los actores conocen el libreto, saben qué decir, a quién mostrarle qué documento y en qué momento detenerse para luego continuar.
  3. Las instituciones operan desde una fragilidad aprendida, donde inspeccionar no es investigar, y observar no es intervenir.

Con el tiempo, el patrón deja de esconderse: se vuelve paisaje. Las autoridades llegan, ven un terreno ya alterado, revisan documentación fragmentada y, al no encontrar “evidencia inmediata”, se retiran. Así, cada omisión reafirma la idea de que el bosque puede ser desmontado sin consecuencias reales.

En este escenario, la institucionalidad no solo pierde autoridad; pierde memoria.
Cada caso se evalúa como si fuera el primero, sin reconstruir la secuencia previa ni identificar a los actores que la repiten. Y cuando el Estado no conecta los puntos, quienes desean explotar el bosque lo hacen por adelantado.

El resultado es una erosión silenciosa: un sistema que funciona sin funcionar, y un bosque que se desvanece mientras el papel certifica que todo está en orden.

Casos que lo evidencian: cuando el patrón se vuelve territorio

Las observaciones de Philippe no se quedan en análisis generales. Son fruto de recorrer, denunciar y documentar situaciones concretas a lo largo del Caribe Sur. Cada caso apunta a lo mismo: tala de aprovechamiento utilizada para abrir camino al loteo, la venta y la construcción, mientras la institucionalidad responde tarde, o simplemente avala.

Estos son algunos de los ejemplos que él mismo ha acompañado:

  • Camino hacia Cahuita
    Talaron los últimos árboles para lotear y vender con fines de construcción. Philippe denunció la situación, pero la respuesta institucional fue que “no era bosque” y que “todo estaba bien”. La urbanización avanzó sin obstáculos.
  • Calle hacia Cahuita (otro punto del mismo sector)
    El patrón se repite: los últimos árboles fueron talados, se dividió la finca en lotes, se vendieron y luego se construyó. No hubo impedimento ni cuestionamiento.

Terreno en Puerto Viejo
Eliminación total de los árboles. En este sitio pasa una quebrada que fue intubada, ocultando su presencia para poder aplanar y preparar el terreno para construir. Un ecosistema convertido en plataforma inmobiliaria.

Playa Negra
Zona de bosque y humedal. Se eliminaron la mayoría de los árboles, se rellenó y se inició el loteo para venta. Lo que era un ecosistema costero se transformó en una operación comercial acelerada.
  • Punta Uva / REGAMA
    Philippe y otras personas lograron detener temporalmente una carga de madera. El sitio estaba siendo talado y los troncos cargados.
    Al llegar con MINAE, la institución ratificó que “todo estaba bien” porque existía un permiso emitido por un ingeniero forestal.
  • El caso terminó exponiendo algo de mayor escala: ese mismo funcionario fue arrestado posteriormente en la investigación del caso Pacheco Dent, donde se demostró la existencia de permisos ilegales para tala dentro de REGAMA, incluyendo áreas de bosque, humedal y patrimonio natural del Estado. El permiso fue declarado ilegal.

Estos ejemplos muestran que el problema no es hipotético ni excepcional: ocurre en sitios distintos, con actores distintos, pero con la misma secuencia.

La tala se presenta como legal, la urbanización avanza, las denuncias chocan con la inercia institucional y los ecosistemas desaparecen sin dejar huella en los expedientes.

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“Lo que el río revela”: denuncias desde Maquengal sobre los daños ambientales en el río Frío

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En Maquengal, Guatuso, el río Frío sigue transformándose a un ritmo alarmante. Esta vez, la comunidad documentó en video los daños provocados por la minería no metálica, mostrando lo que a simple vista cualquier visitante logra apreciar, pero que durante años ha sido ignorado por las instituciones encargadas de fiscalizar estas actividades.

El registro fue realizado por un vecino de Maquengal, quien ha acompañado por años el monitoreo comunitario del río. Su voz, cargada de indignación y tristeza, funciona como una bitácora visual de un ecosistema que se está agotando frente a la indiferencia institucional.

Un paisaje alterado por la extracción

En el video, se señala uno a uno los puntos más críticos del daño ambiental. La profundidad del cauce —que según él ya supera varios metros—, el arrasamiento de la vegetación en las isletas, y las enormes “lágrimas” o cortes verticales creados por el dragado constante, evidencian un río que ha sido forzado a cambiar.

El vecino nos muestra cómo la maquinaria ha removido piedras y sedimentos para abrir caminos dentro del mismo cauce, dejando montículos artificiales que alteran el flujo del agua y dañan la retención natural del río. Esto no solo fragmenta el ecosistema, sino que aumenta el riesgo de inundaciones, erosión y pérdida irreversible de biodiversidad.

La profundidad del daño: un río excavado más allá del límite permitido

El vecino explica que los concesionarios habrían profundizado el cauce mucho más de lo que establece la normativa técnica. Mientras la regla indica un máximo de un metro y medio en el cauce, las mediciones empíricas de la comunidad sugieren que el dragado habría alcanzado hasta tres metros.

“Hace falta venir con una varilla para medir dónde estaba el nivel y dónde está ahora” indica el vecino, señalando las paredes verticales creadas por la extracción continua.

Su preocupación es directa: la muerte del río es un proceso silencioso, pero evidente. Cada metro de profundidad perdido es, también, un metro de vida que desaparece.

El paisaje que antes sostenía vida

El video rememora un río que antes era espacio de pesca, juego, encuentro y vida comunitaria.
“Muchos años pudimos bañarnos, pescar, caminar de noche a la luz de la luna… hoy todo eso se está perdiendo”, lamenta el vecino.

La pérdida de retención natural, el arrastre de piedras grandes, la desaparición de refugios para peces y aves, y la alteración del flujo del agua están desencadenando un proceso de degradación que amenaza incluso a Caño Negro, ya que el río Frío es uno de sus aportes principales.

Una economía que destruye más de lo que produce

El vecino denuncia un comportamiento empresarial que prioriza el lucro rápido sobre cualquier consideración ambiental o social: “Cuatro gatitos están haciendo dinero con lo que es de todos, mientras el río se destruye.”

La comunidad cuestiona también la expansión simultánea de equipos entre Upala y Maquengal, lo cual evidencia un modelo de explotación intensiva desconectado de la realidad ecológica y social de la zona.

División en la comunidad: entre la defensa del río y la normalización del daño

Una parte de la comunidad se ha organizado para defender el río, pero el veicno reconoce con preocupación que existen personas que justifican la destrucción o la consideran parte “normal” de las concesiones. Ese discurso —dice— debilita la capacidad colectiva para exigir protección ambiental y abre espacio para que el daño avance sin oposición sólida.

Los conocimiento de las comunidades sigue siendo ignorado

La denuncia registrada en este video expone una verdad que se repite en muchos territorios: las instituciones ambientales no están escuchando a las comunidades. Setena, geología, municipalidades y otras instancias han minimizado o descartado observaciones que son obvias para quienes viven a la orilla del río.

El testimonio del vecino es el de una persona que conoce el río desde adentro, que lo ha caminado durante décadas y que puede identificar, sin instrumentos sofisticados, cuándo un ecosistema está sufriendo. Sin embargo, su conocimiento —como el de tantos vecinos y vecinas de Maquengal— ha sido sistemáticamente ninguneado.

Mientras los informes técnicos normalizan la extracción, la comunidad registra daños que ninguna inspección oficial ha querido reconocer. La brecha entre la mirada institucional y la experiencia territorial se vuelve una forma de violencia: una que deslegitima saberes locales y facilita el avance de concesiones que ponen en riesgo los bienes comunes.

El video es más que una denuncia: es un llamado urgente a detener la destrucción y a reconocer que la defensa del río solo es posible si se escucha a quienes lo viven, lo sienten y lo cuidan todos los días.

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MAG reclasifica drones como equipos de fumigación terrestre: ¿avance tecnológico o flexibilización regulatoria?

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció este 28 de noviembre la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 45310, mediante el cual se establece una nueva normativa técnica para regular las aplicaciones terrestres de agroquímicos, incluyendo por primera vez al uso de drones agrícolas o RPAS dentro de esta categoría. El cambio elimina la clasificación anterior que consideraba a los drones como herramientas de fumigación aérea, lo que implicaba un nivel de regulación más exigente por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)*.

En su comunicado, el MAG afirma que esta actualización “define criterios operativos, requisitos técnicos y parámetros de seguridad para productores, operadores y demás actores del sector agropecuario” y que busca “ordenar el uso de estas tecnologías y mejorar la precisión en las aplicaciones”, incorporando lineamientos para la sostenibilidad ambiental y la reducción de riesgos.

Sin embargo, el núcleo del cambio es la reclasificación de los drones como equipos de aplicación terrestre, lo cual habilita el uso de productos aprobados para bombas de motor o bombas de espalda —categoría menos regulada— y excluye únicamente los productos más peligrosos o de uso restringido. Según el ministro Víctor Carvajal, esta medida “elimina muchas limitaciones” al simplificar los requisitos necesarios para la utilización de drones en agricultura.

Desde una mirada técnica y socioambiental, este cambio no es menor. Implica modificar la forma en que el Estado entiende y regula un método que, aunque operado desde tierra, dispersa sustancias químicas desde el aire.

Un cambio regulatorio que reduce controles y amplía el margen de uso

Hasta ahora, los drones estaban sujetos a la regulación de fumigación aérea:
– Necesitaban supervisión del SFE.
– Los productos aplicados debían ser aprobados explícitamente para uso aéreo.
– Se consideraban los riesgos de deriva, exposición humana y afectación a cuerpos de agua.

Con el nuevo decreto, los drones pasan a operar bajo los estándares de las aplicaciones terrestres, mucho menos estrictos. Esto implica:
– Menos controles directos del SFE.
– Mayor cantidad de agroquímicos disponibles para uso con drones.
– Menos análisis previo sobre la deriva y el impacto en comunidades vecinas.

La justificación oficial apela a la precisión tecnológica y a la modernización productiva. Pero desde los territorios, donde comunidades y ecosistemas ya enfrentan altos niveles de exposición a agroquímicos, esta flexibilización puede agravar riesgos existentes.

Implicaciones socioambientales: ¿quién asume los riesgos?

Las zonas rurales donde ya hay conflictos por fumigaciones —como comunidades cercanas a monocultivos de piña, banano o hortalizas— podrían experimentar un aumento en la frecuencia de aplicaciones y una disminución en la capacidad de control institucional.

Aunque el decreto establece distancias mínimas de no aplicación y cercas vivas como barreras naturales, estos mecanismos han demostrado ser insuficientes cuando no se fiscalizan adecuadamente. Además, la efectividad real de una cerca viva para frenar la deriva aérea es limitada si no se acompaña de controles estrictos sobre clima, volúmenes aplicados y condiciones de operación.

A esto se suma que la clasificación como “terrestre” puede invisibilizar los impactos que siguen siendo aéreos, porque la dispersión del agroquímico no ocurre sobre el suelo, sino en forma de gotas que viajan por encima de él. En un país donde los conflictos socioambientales asociados a agroquímicos ya son numerosos y persistentes, el cambio normativo puede aumentar tensiones y desigualdades territoriales.

Tecnología como solución: una mirada educativa y crítica

La narrativa con la que se presenta esta modificación se apoya fuertemente en la idea de que la tecnología es una solución casi automática a los problemas del sector. Los drones son descritos como herramientas más modernas, precisas y seguras, lo cual podría generar la impresión de que reducen de forma significativa los riesgos asociados al uso de agroquímicos.

Sin embargo, es fundamental comprender que los drones son dispositivos aéreos, aunque se operen desde tierra. Esto significa que su funcionamiento depende de condiciones climáticas y que existe riesgo de deriva: el agroquímico puede desplazarse fuera del área de aplicación y llegar a comunidades, cuerpos de agua y ecosistemas cercanos.

La tecnología puede aportar mejoras, pero no elimina la naturaleza del riesgo. Tampoco cambia el modelo agrícola que demanda grandes volúmenes de insumos químicos. Cuando se presenta la tecnología como panacea, se corre el riesgo de ocultar preguntas esenciales:
– ¿Por qué se utilizan tantos agroquímicos en primer lugar?
– ¿Qué impactos generan sobre las personas y los bienes comunes?
– ¿Qué alternativas productivas podrían reducir esa dependencia?

En este sentido, el decreto puede interpretarse como una flexibilización regulatoria que utiliza el prestigio de la innovación para justificar un acceso más amplio a agroquímicos. El debate público se desplaza hacia la herramienta —el dron— y se aleja del modelo que reproduce impactos socioambientales profundos.

La verdadera sostenibilidad requiere algo más que nuevos dispositivos: necesita procesos de participación, escucha territorial, reducción del uso de químicos y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. La tecnología puede complementar, pero no sustituir el análisis crítico ni la protección de los derechos de las comunidades.

¿Qué podemos aprender del caso de Entre Ríos? Un espejo para nuestras luchas socioambientales

El reciente fallo judicial de Entre Ríos, Argentina —que prohibió de manera cautelar las fumigaciones con drones en una zona rural tras confirmarse daño genotóxico crónico en una niña de 12 años— deja varias lecciones valiosas para pensar las disputas ambientales en nuestra región. El caso, impulsado por el padre de la niña y organizaciones socioambientales, logró que la Justicia reconociera algo esencial: cuando la tecnología avanza más rápido que la regulación, los riesgos recaen sobre las comunidades, especialmente sobre niñas, niños y personas trabajadoras del campo.

Lo más significativo del fallo es que no se limita a suspender una práctica puntual. También cuestiona la legislación vigente y la insuficiencia de las distancias de protección establecidas para fumigaciones terrestres y aéreas. La jueza subrayó que la ausencia de registros, protocolos y habilitaciones para drones pulverizadores convierte su uso en ilegal y, por lo tanto, incompatible con la garantía del derecho a la salud y a un ambiente sano. Esto sienta un precedente poderoso para otros territorios donde las comunidades denuncian fumigaciones incontroladas y exposición crónica a agrotóxicos.

La medida revela además el peso que puede tener la evidencia científica cuando se articula con la movilización comunitaria. Los estudios genéticos que confirmaron el daño en la niña fueron determinantes para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo actuara con el principio de precaución: ante la duda, proteger la vida. En un contexto donde las normativas suelen responder más a intereses productivos que a estándares sanitarios, la sentencia abre un camino para discutir qué entendemos por “desarrollo” y quiénes asumen sus costos.

Este caso también expone un patrón que se repite en diversos países latinoamericanos: la brecha entre la realidad tecnológica del modelo agroindustrial y la capacidad del Estado para regularlo. Mientras las empresas implementan sistemas avanzados de aplicación de plaguicidas, los marcos legales permanecen desfasados, sin incorporar nuevas dinámicas de riesgo ni mecanismos de control. En esa brecha, las comunidades quedan desprotegidas, y sus denuncias —como ocurre frecuentemente en Costa Rica— suelen ser minimizadas o descartadas por falta de “pruebas suficientes”.

Finalmente, la experiencia de Aldea Salto recuerda algo fundamental para el Caribe, Centroamérica y cualquier territorio que enfrenta conflictos ambientales: los derechos no se garantizan solos. Requieren de vigilancia social, organización comunitaria, articulación entre actores, acompañamiento legal y, sobre todo, del reconocimiento pleno de que el conocimiento local es tan válido como cualquier otra fuente de evidencia. Así como en Entre Ríos una familia impulsó un cambio judicial con impacto nacional, nuestras comunidades también tienen la capacidad de abrir precedentes y transformar prácticas que dañan la salud, el ambiente y los bienes comunes.

Tipos de fumigación y sus riesgos

1. Fumigación terrestre tradicional: La realizan personas operando bombas de espalda o motobombas.
Riesgos: exposición directa de trabajadores, contaminación del suelo, escurrimientos hacia ríos y quebradas, riesgo de intoxicación aguda.

2. Fumigación con bombas de motor: Usa equipos más potentes que dispersan el químico a mayor distancia.
Riesgos: mayor alcance de la nube química, aumento del riesgo de exposición a terceros, dificultad para controlar volúmenes aplicados.

3. Fumigación aérea: Incluye avionetas o helicópteros.
Riesgos: alta probabilidad de deriva, afectación a viviendas, escuelas y cuerpos de agua; uso principalmente en monocultivos intensivos.

4. Fumigación mediante drones (RPAS): Tecnología operada desde tierra, pero que dispersa químicos desde el aire.
Riesgos: deriva según viento y clima, exposición comunitaria, posibilidad de aumento en frecuencia de aplicaciones, percepción de “seguridad” que podría reducir controles.

*En Costa Rica, la supervisión SFE se refiere a la Supervisión del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) encargada de regular, controlar y fiscalizar todo lo relacionado con:
¿Qué supervisa el SFE?
-Uso, comercialización y aplicación de agroquímicos
Controla que los plaguicidas y otros productos agrícolas se registren, vendan y utilicen de manera autorizada y conforme a la ley.
-Movilización y control de organismos vegetales
Supervisa plagas, enfermedades y riesgos fitosanitarios para proteger la agricultura nacional.
-Certificaciones fitosanitarias
Emite permisos, verificaciones y certificaciones para exportaciones e importaciones agrícolas.
-Buenas prácticas agrícolas
Vigila que las fincas cumplan con normas de manejo adecuado de agroquímicos, almacenamiento, equipos y distancias de seguridad.
-Inspecciones en campo
Puede realizar visitas para verificar denuncias, revisar condiciones de aplicación, equipos de fumigación, registros y cumplimiento de la normativa vigente.
¿Por qué es importante la supervisión del SFE?
El SFE es una de las instituciones clave para evitar daños ambientales y riesgos a la salud humana asociados al uso de agroquímicos. Su supervisión permite:
-Prevenir contaminación de agua, suelos y ecosistemas.
-Reducir intoxicaciones en personas trabajadoras y comunidades.
-Controlar prácticas ilegales o uso de productos no autorizados.
-Garantizar que la producción agrícola cumpla estándares de inocuidad.

Referencias:

Noticias Ambientales. (2025, 12 noviembre). Tras el caso de una niña con daño genético, la Justicia de Entre Ríos prohíbe las fumigaciones con drones. Noticias Ambientales. https://noticiasambientales.com/medio-ambiente/tras-el-caso-de-una-nina-con-dano-genetico-la-justicia-de-entre-rios-prohibe-las-fumigaciones-con-drones/ Noticias Ambientales

Chacón, Vinicio. (2025, 28 noviembre). MAG emite norma técnica que clasifica a los drones como equipos de aplicación terrestre de agroquímicos. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/mag-emite-norma-tecnica-que-clasifica-a-los-drones-como-equipos-de-aplicacion-terrestre-de-agroquimicos/

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Cuando la obstrucción se vuelve política de muerte: el bloqueo a las licencias de cuido

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La decisión del presidente Rodrigo Chaves de mantener bloqueado el proyecto de ley 25.240, indispensable para asegurar el pago de las licencias de cuido a personas cuidadoras de pacientes terminales o menores con enfermedades graves, ha dejado de ser un simple diferendo legislativo. La insistencia del Ejecutivo en no convocar el proyecto, pese a los llamados de diputaciones, mujeres cuidadoras, la DESAF, el ministro de Trabajo e incluso la Contraloría, evidencia una estrategia que produce daño y administra el sufrimiento como herramienta política. Esto es lo que varios marcos teóricos reconocen como necropolítica: la capacidad del Estado de decidir quién puede vivir en condiciones dignas y quién queda expuesto a la vulnerabilidad extrema.

A pesar de que la CCSS aprobó ₡2.700 millones para hacer frente al pago, la falta de la reforma legal —reconocida por todas las instituciones técnicas— sigue impidiendo jurídicamente la transferencia de recursos por encima del 0,5% del Fodesaf. El Presidente continúa afirmando que la ley no es necesaria, aun cuando la propia Contraloría insiste en que la legislación vigente limita el uso de esos fondos y requiere una corrección legal expresa. En este vacío deliberado, miles de familias que cuidan vidas frágiles han sido empujadas a resistir sin ingresos durante meses.

Las manifestaciones de las cuidadoras frente a Casa Presidencial durante varios días seguidos, así como su presencia en la Asamblea Legislativa, no son un gesto simbólico: son una respuesta desesperada a una omisión estatal que afecta la salud, la seguridad económica y la estabilidad emocional de quienes cuidan. Negar la urgencia, dilatar la reforma y colocar la responsabilidad en otras instituciones constituye una forma de violencia institucional sobre cuerpos ya agotados.

Frente a la reactivación temporal de los pagos gracias a la presión social y a la institucionalidad —especialmente la Sala IV y la Contraloría— no debe perderse de vista lo central: mientras el Ejecutivo mantenga la reforma detenida, la vulnerabilidad —y el riesgo de nuevos impagos— permanece abierta.

¿Qué implica que un gobierno ejerza esta capacidad de disposición sobre la vida?

Cuando un Gobierno de la República utiliza su control institucional para administrar la vulnerabilidad, negar derechos reconocidos o colocar a ciertos grupos en condiciones extremas como herramienta política, se modifica algo más profundo que una discusión legislativa: se transforma la naturaleza misma del pacto democrático.

Un gobierno que actúa con esta capacidad de disposición sobre la vida de las personas manda mensajes claros y peligrosos a la población:

1. Que los derechos pueden convertirse en favores: La no convocatoria del proyecto 25.240 demuestra que, si el Ejecutivo lo desea, derechos garantizados por ley pueden volverse inestables, sujetos al humor político del día.

2. Que la institucionalidad puede ser instrumentalizada: Cuando se descarta lo que advierten ministerios, DESAF o Contraloría, el mensaje es que la evidencia técnica importa menos que la narrativa política.

3. Que hay vidas que valen menos en la ecuación estatal: Un Estado que deja a familias sin ingresos sabe lo que hace: produce precariedad selectiva sobre quienes menos capacidad de defensa tienen.

4. Que el cuidado deja de ser un valor público: Al debilitar las licencias de cuido, el Estado comunica que la reproducción de la vida ya no es prioridad colectiva, sino un costo trasladado a los hogares.

5. Que el poder puede operar por desgaste: La dilación calculada muestra una forma de gobernar mediante agotamiento emocional y administrativo, no mediante soluciones.

6. Que el Ejecutivo concentra la decisión sobre quién puede esperar: El control de la agenda legislativa se convierte en una herramienta para definir qué vidas son urgentes y cuáles pueden posponerse.

7. Que la legalidad puede usarse sin romperla, pero vaciándola: La necropolítica no siempre se ejerce con represión abierta: también opera desde la omisión estratégica, que daña sin admitir responsabilidad.

¿Qué es la necropolítica y por qué importa aquí?

El concepto de necropolítica, desarrollado por el filósofo Achille Mbembe, describe cómo los Estados determinan quién puede vivir en condiciones dignas y quién es expuesto a la precariedad, el abandono o la muerte lenta. No se trata solo de violencia directa, sino de decisiones que configuran territorios de vida y territorios de sufrimiento.

En este caso, la necropolítica se expresa en:

  • -La decisión consciente de no convocar un proyecto sabiendo que sin él no se puede pagar el subsidio.

  • -La administración del tiempo como forma de castigo político.

  • -La incertidumbre y el desgaste emocional como mecanismos de disciplinamiento.

  • -La creación de cuerpos sacrificables: mujeres pobres, madres solas, personas cuidadoras agotadas.

Un gobierno ejerce necropolítica cuando hace de la vida un terreno de disputa y del sufrimiento un instrumento de control.

El cercamiento de los bienes comunes sociales: cuando la vida se vuelve frágil

Las licencias de cuido forman parte de los bienes comunes sociales: estructuras colectivas que sostienen la vida, el bienestar y el cuidado. No son favores ni asistencialismo; son instituciones creadas para garantizar que la sociedad no deje atrás a quienes más lo necesitan.

Bloquear el proyecto 25.240 es una forma de cercamiento de esos bienes comunes. Así como los cercamientos históricos privatizaron lo colectivo, hoy asistimos a un proceso donde los sistemas públicos de apoyo se reducen, se condicionan o se vuelven inestables, trasladando la carga a las familias.

Este cercamiento se manifiesta en:

  • -La restricción deliberada de un derecho ya reconocido.

  • -El debilitamiento de los fondos públicos que sostienen la protección social.

  • -El traslado de responsabilidades estatales a hogares vulnerables.

  • -La precarización del cuidado como actividad esencial para la vida.

Ambas dimensiones —necropolítica y cercamiento— convergen en un mismo mensaje: la vida digna deja de ser prioridad estatal y se convierte en un privilegio gestionado políticamente.

Cuando el Estado decide quién puede esperar

La Sala IV ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo reactivar y pagar de inmediato las licencias de cuido, recordando que los derechos a la salud y a la protección familiar no pueden detenerse por falta de presupuesto. En respuesta, la Caja aprobó un presupuesto extraordinario que incluye los fondos necesarios para saldar las licencias pendientes y retomar los trámites que estaban paralizados desde agosto. Además, la Sala resolvió varios amparos a favor de las personas afectadas, obligando a las instituciones a garantizar estos subsidios sin excusas ni retrasos.

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Desalojo en Chorreras: cuando la conservación se usa para expulsar a quienes han vivido a pesar de la frontera

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Las imágenes de un campesino de 70 años arreando su ganado bajo la lluvia en Chorreras, San Carlos, han circulado ampliamente como un recordatorio doloroso de cómo se están gestionando los territorios rurales en Costa Rica. Su llanto, mientras abandona la finca donde ha vivido y trabajado durante casi un cuarto de siglo, reabre un debate que va más allá de un operativo puntual: ¿cómo trata el Estado a las comunidades que han logrado sostener su vida a pesar de la frontera, del abandono institucional y de las contradicciones históricas de la política territorial?

Este giro en el título permite visibilizar algo central: las familias campesinas no solo han habitado la franja fronteriza; han vivido allí a pesar de las condiciones adversas, del aislamiento, de la falta de inversión pública y del estigma que recae sobre quienes construyen vida y arraigo en territorios de alta complejidad política. El desalojo de Chorreras no se explica sin reconocer esta persistencia social y cotidiana.

Lo que ocurre en Chorreras no es un episodio administrativo ni una simple ejecución judicial. Es la manifestación de un conflicto socioambiental más profundo, donde se cruzan la ecología política, la gestión de bienes comunes, la criminalización selectiva y las tensiones arraigadas entre el Estado y las comunidades rurales que han sostenido sus vidas —no gracias a las instituciones, sino muchas veces a pesar de ellas— en la línea fronteriza norte.

Una comunidad marcada por la frontera y por la historia

Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Durante décadas fue una comunidad como muchas otras en la ruralidad costarricense: con escuela, iglesia, caminos y fincas trabajadas por familias que construyeron allí su proyecto de vida. La presencia campesina no era la excepción, sino la norma.

Sin embargo, en los últimos años el territorio ha sido redefinido por el Estado no como comunidad productiva, sino como un espacio de amenaza: una zona “cargada de ocupaciones irregulares”, asociada a minería ilegal, tráfico y otros delitos. Esa narrativa —insistida por el Minae y otras instituciones— no distingue historias, trayectorias ni modos de vida. Todo se fusiona en una categoría única: ocupación ilegal.

Este giro en el discurso estatal es clave. Las mismas familias que por décadas ayudaron a sostener la frontera —muchas veces sin apoyo institucional alguno— ahora son tratadas como intrusas, sospechosas o actores de riesgo.

El desalojo y la construcción de la ilegalidad

Las imágenes del desalojo muestran a Óscar Rojas, un finquero de 70 años, guiando 16 vacas por un camino enlodado. “Casi 25 años de estar aquí y hoy me tiran afuera como cualquier delincuente”, dice entre lágrimas. Su testimonio revela una contradicción central: mientras el gobierno habla de “coligalleros ilegales que ingresaron este año”, el operativo está afectando también a familias de larga data.

La ecología política permite entender esta tensión. Cuando el Estado enfrenta una crisis territorial —como la minería ilegal en Crucitas— suele recurrir a respuestas rápidas basadas en la criminalización y la homogenización. En vez de distinguir responsabilidades, se construye una categoría totalizante que confunde a campesinos con actores de economías ilícitas. Esta estrategia, usada históricamente en procesos de conservación excluyente, legitima desalojos sin diálogo y sin análisis social.

Así, la conservación se convierte en herramienta de expulsión y no de justicia ambiental.

Una conservación sin gente: desposesión en nombre de la naturaleza

Aunque la ley define la franja fronteriza como propiedad del Estado, eso no significa que sea un territorio vacío o sin historia. Por décadas ha funcionado como un bien común de facto, donde comunidades han gestionado el territorio a partir de economías campesinas, ganadería familiar y relaciones sociales que sostienen la vida rural.

La intervención estatal actual rompe ese tejido, imponiendo un modelo vertical de conservación en el que:

  • -no se reconocen derechos consuetudinarios de quienes habitan desde hace décadas,

  • -se ignoran las funciones sociales que cumple la presencia campesina en zonas fronterizas,

  • -y se privilegia un enfoque policial-militar sobre uno socioambiental.

El resultado es una forma de desposesión ambiental: se protege la naturaleza, pero desplazando a quienes históricicamente la han habitado y cuidado. Se preserva el bosque, pero a costa de la vida campesina. Se “recupera” territorio, pero sin reconocer la complejidad de los lazos construidos entre gente y paisaje.

El peso de las decisiones estatales: de Crucitas a Chorreras

El gobierno justifica los desalojos señalando que la zona es un punto de acceso hacia Crucitas, donde opera la minería ilegal. Pero esta explicación omite un dato fundamental: la crisis de Crucitas es resultado directo de decisiones estatales —concesiones, permisos, abandono y fallas de fiscalización— que generaron un territorio fracturado y vulnerable.

Mientras los grandes responsables permanecen impunes, la respuesta institucional recae sobre quienes menos poder tienen: familias campesinas que han vivido ahí mucho antes del auge del oro. Es un patrón común en América Latina: cuando los conflictos socioambientales escalan, la carga se desplaza hacia los márgenes, hacia los mismos territorios que el Estado históricamente dejó abandonados.

El caso de Chorreras revela la incapacidad estatal para diferenciar actores dentro de un territorio complejo. No es lo mismo una familia con 25 años de arraigo que un grupo que ingresa recientemente para actividades ilegales. Pero la política pública actúa como si lo fuera.

Promesas rotas y uso político del territorio

La indignación en Chorreras también se explica porque, en 2023, el propio gobierno había prometido entregar documentos equivalentes a escrituras para regularizar la situación de las familias de la franja fronteriza. Hoy esas mismas familias están siendo desalojadas bajo la acusación de ser ilegales.

Esta contradicción pone en evidencia el uso político y estratégico del territorio fronterizo. Las promesas se activan en momentos de necesidad electoral o de exposición pública; los desalojos se ejecutan luego, cuando las comunidades dejan de ser útiles para la narrativa gubernamental.

El diputado Geison Valverde lo señaló con claridad: el gobierno se escuda en el argumento de que “solo cumple una orden judicial”, aunque fue uno de sus propios ministerios el que impulsó la denuncia.

¿Qué modelo de soberanía queremos en la frontera?

Lo que está en juego en Chorreras no es solo la aplicación de una resolución judicial. Es una disputa por el modelo de relación entre Estado, comunidades y territorios rurales. La soberanía no se construye expulsando campesinos. Se construye reconociendo sus derechos, dialogando con su conocimiento, fortaleciendo sus proyectos y articulando políticas que integren conservación, producción y vida digna.

Desde una perspectiva de justicia socioambiental, cualquier proceso en la franja fronteriza debe incluir:

  • -reconocimiento de derechos de ocupación histórica,

  • -participación comunitaria real en la gestión del refugio y del territorio,

  • -distinción clara entre actividades ilícitas y prácticas campesinas,

  • -desarrollo rural como política de seguridad y no solo como inversión social,

  • -y un enfoque de conservación con gente, no contra la gente.

¿Qué defensa? Bienes comunes o privación

El desalojo de Chorreras nos obliga a preguntarnos qué significa “proteger la naturaleza” y quién asume los costos de esa protección. Si la conservación se construye expulsando a quienes han vivido por décadas en la frontera, lo que se está defendiendo no son los bienes comunes, sino una versión vaciada de territorio: sin campesinos, sin historia y sin voces comunitarias.

Las lágrimas de Don Óscar no solo reflejan la pérdida de una finca. Reflejan la fractura de un país que, en nombre del orden y la conservación, está desmantelando el tejido social que sostiene sus territorios más frágiles.

La ecología política nos recuerda que no hay naturaleza sin gente y que no hay frontera segura sin comunidades fuertes. Recuperar esa verdad es el primer paso para una política que proteja tanto los ecosistemas como la dignidad de quienes han vivido y trabajado en ellos durante generaciones.

Referencias:

Pomareda, Fabiola. (2025, julio 21). Familias de Chorreras notificadas de desalojo apelarán decisión judicial y no abandonarán sus hogares, afirman. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/familias-de-chorreras-notificadas-de-desalojo-apelaran-decision-judicial-y-no-abandonaran-sus-hogares-afirman/

Pomareda, Fabiola. (2025, noviembre 28). Campesinos de Chorreras muestran desalojo: “Así se despide uno de una finca, sacando el ganado, como si fuéramos delincuentes o narcotraficantes”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/campesinos-de-chorreras-muestran-desalojo-asi-se-despide-uno-de-una-finca-sacando-el-ganado-como-si-fueramos-delincuentes-o-narcotraficantes/

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Alertas socioambientales en Puerto Viejo: un monitoreo que vuelve a encender las alarmas

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El más reciente monitoreo realizado por Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe sur vuelve a mostrar, con una crudeza difícil de ignorar, la continuidad de prácticas que erosionan el bosque, las quebradas y la legalidad ambiental en la región. Lo que se observa no es un incidente aislado, sino la repetición de un patrón ya conocido: tala, relleno, ocultamiento de cuerpos de agua y uso turístico-residencial encubierto en áreas donde la protección debería ser la regla, no la excepción.

Caso 1: Cambio de uso de suelo total: bosque eliminado y construcciones en marcha

En una loma antes cubierta por árboles, el terreno aparece hoy completamente pelado. Las imágenes satelitales confirman la eliminación total de la cobertura boscosa, pese a que la legislación prohíbe disminuir la superficie de bosque desde 1994. La presencia de nuevas estructuras sugiere un proceso de construcción avanzado que habría requerido medidas cautelares inmediatas.

Caso 2: Quebradas ocultas y rellenos frente a infraestructura pública

En otro punto del monitoreo se observan alcantarillas colocadas de forma tal que la quebrada queda virtualmente escondida, en un sitio crítico: frente a la planta de tratamiento de aguas negras. La intención parece clara: rellenar el cauce para habilitar la construcción. El registro documenta una presión sistemática sobre los ecosistemas de agua dulce.

Caso 3: Ganadería sin protección ribereña y herbicidas en uso intensivo

Otro sitio muestra una quebrada casi destruida por la tala hasta la orilla, dejando apenas un puñado de árboles. La zona se dedica a la ganadería, donde además se reporta el uso de herbicidas para eliminar la “planta dormilona”. El resultado: riberas expuestas, erosión, pérdida de sombra y afectación directa a la calidad del agua.

Caso 4: Reincidencia y desobediencia: un caso ya paralizado que continúa avanzando

El monitoreo revela que un caso previamente denunciado y detenido ha vuelto a activarse. Se observan nuevos materiales de construcción y nuevamente chapia en las orillas de la quebrada. Esta reincidencia da cuenta de la ausencia de voluntad de cambio por parte de los responsables, y de un Estado que, aunque informado, no logra detener las acciones.

Caso 5: Testimonio que desnuda un sistema fracturado

Philippe nos comparte un ejemplo de tala intensiva ocurrido en una finca vecina a la suya. Durante casi dos décadas ha observado la extracción continua de madera, la emisión de permisos irregulares y la tala de especies protegidas. En el Caribe Sur, estas prácticas se vinculan con la transformación progresiva de fincas completas en proyectos residenciales de lujo. Su testimonio señala la existencia de una cadena de permisos, inspecciones y certificaciones en la que la corrupción actúa como un vector que habilita la degradación ambiental.

En su monitoreo también ha identificado situaciones de presión, intimidación y la presencia de actores locales que obstaculizan los procesos de denuncia, reforzando así la vulnerabilidad de quienes documentan y defienden el territorio.

Caso 6: Beach Break: nuevas estructuras y aumento del impacto del oleaje

El monitoreo registra la colocación reciente de una serie de postes en la franja de playa en Beach Break, zona ya saturada por construcciones y usos irregulares (luces, mesas y otras instalaciones sobre la arena). Los postes fueron sembrados y posteriormente unidos con fajas, sin explicación sobre su función. Su presencia altera el paso natural de las personas a lo largo de la playa.

Paralelamente, el reporte muestra cómo el mar continúa avanzando hasta las estructuras deportivas instaladas en la zona pública. El oleaje ya alcanza la cancha de voleibol, y las imágenes evidencian un retroceso costero creciente. Philippe nos recuerda que en temporadas recientes el agua ha llegado incluso a cruzar la calle, razón por la cual se colocaron grandes rocas como barrera improvisada. El avance del mar sobre arena clara y oscura confirma un proceso de erosión acelerada, previsible pero ignorado por actores locales que siguen instalando nuevas estructuras.

Caso 7: Sacos de arena como contención fallida 

En este punto del litoral se documenta nuevamente la colocación de sacos de arena para detener el avance del mar. La medida, ampliamente utilizada en distintos tramos de la costa, ha demostrado ser insuficiente: los sacos se rompen con facilidad ante la fuerza del oleaje y terminan dispersos en la playa.

Philippe ha dado seguimiento a este caso desde sus primeras intervenciones, y ya existe una nota anterior donde se analiza el proceso constructivo y las irregularidades asociadas. El reporte actual permite ejemplificar con claridad el desenlace típico de estas obras: estructuras colocadas en zona pública marítima, denunciadas desde su inicio, que avanzan hacia una eventual orden de demolición mientras el mar —más rápido que la institucionalidad— continúa reclamando el espacio que le pertenece.
Estrategias para burlar la legalidad ambiental: un patrón que se repite

Los casos documentados muestran que la degradación no ocurre al margen de la ley, sino mediante una serie de maniobras que buscan aprovechar vacíos, retrasos institucionales o debilidades en la fiscalización. Entre las principales estrategias identificadas destacan:

  • Ocultamiento físico de cuerpos de agua

La colocación de alcantarillas para “desaparecer” quebradas es una táctica frecuente. Al simular que el cauce no existe, se justifica el relleno del terreno y se habilita la construcción. Esto elimina las obligaciones legales de protección ribereña y genera daños irreversibles en los ecosistemas de agua dulce.

  • Tala bajo permisos ambiguos o desactualizados

Se reporta el uso de permisos forestales emitidos hace años o gestionados con información imprecisa, que se emplean para justificar la remoción de árboles que no estaban contemplados originalmente. En varias fincas se describe la extracción de especies protegidas bajo amparo de documentos dudosos o facilitados por inspectores que no verifican adecuadamente el estado del bosque.

  • Fragmentación de proyectos para evitar controles

La división de grandes fincas en múltiples lotes permite que las intervenciones parezcan “pequeñas”, dispersas y, por tanto, sujetas a requisitos más débiles. Lo que en conjunto constituye un proyecto turístico-residencial de alto impacto se presenta como una serie de obras menores sin necesidad de estudios ambientales profundos.

  • Uso estratégico del tiempo: avanzar mientras llega la autoridad

Un patrón reiterado es intervenir de manera acelerada –tala, chapia, relleno– antes de que la denuncia presentada por vecinos o personas defensoras resulte en una inspección. Cuando la autoridad llega, gran parte del daño ya está hecho, y lo que queda es un proceso administrativo que avanza mucho más lentamente que la maquinaria y las motosierras.

  • Intimidación y presión a quienes denuncian

El temor también opera como mecanismo. Vecinos relatan presiones directas, hostilidad y vigilancia cuando documentan irregularidades. La intimidación reduce la denuncia y crea un ambiente donde la impunidad se normaliza.

Una advertencia que no podemos ignorar

Los casos documentados por Philippe vuelven a mostrar que los conflictos socioambientales en el Caribe Sur no responden únicamente a infracciones puntuales: son el resultado de una combinación peligrosa entre expansión inmobiliaria, debilitamiento institucional, vacíos de control y una falta persistente de protección real a quienes defienden los bienes comunes.

Las alertas que emergen del monitoreo comunitario muestran una tensión creciente: mientras las comunidades documentan con rigor lo que ocurre en la costa, las decisiones institucionales avanzan con lentitud o se acomodan a intereses económicos que erosionan la protección ambiental. Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos compartiendo estos registros para evidenciar estas disputas y sostener la defensa de los territorios costeros como un asunto de responsabilidad pública.

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Minería en Abangares, bienes comunes y una gobernanza ambiental en crisis: una mirada crítica al Proyecto de Ley 24.932

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La reciente discusión legislativa sobre el Proyecto de Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Exp. 24.932) vuelve a colocar en primer plano uno de los debates más complejos del país: la relación entre economías locales históricamente dependientes de la extracción y la necesidad de proteger los bienes comunes naturales que sostienen la vida en los territorios.
Si bien la minería artesanal en Abangares forma parte de un tejido social y productivo centenario, las condiciones actuales exigen una reflexión más amplia sobre sus impactos, la capacidad del Estado para regularla y los riesgos que enfrentan los ecosistemas.

Este análisis integra los contenidos del proyecto de ley con los hallazgos más recientes de la Contraloría General de la República (Informe DFOE-SOS-IAD-00010-2025), que advierten graves debilidades en la gobernanza ambiental del MINAE. El cruce entre ambos elementos permite comprender que el problema no es solamente minero, sino estructural: Costa Rica atraviesa un deterioro progresivo de su rectoría ambiental en un momento en que las presiones extractivas se incrementan.

Un proyecto enfocado en proteger la actividad, no el territorio

El Proyecto de Ley 24.932 busca garantizar la continuidad de la minería artesanal, otorgando un nuevo marco temporal para que las cooperativas completen la formalización, implementen tecnologías sin mercurio y mantengan activa la economía local.
Sin embargo, el texto se centra en proteger la actividad extractiva, sin crear mecanismos equivalentes que protejan los bienes comunes naturales afectados por ella: el agua, los suelos, las cuencas y los ecosistemas que han resentido la presión extractiva histórica de la zona.

La minería artesanal no es neutra. Aunque opera en menor escala que la industrial, también genera sedimentación, impactos sobre ríos, uso de sustancias contaminantes y afectación de los territorios colindantes. El proyecto no incorpora evaluaciones ecológicas, líneas base ni salvaguardas para asegurar que la continuidad de la actividad no profundice estos impactos.

Una transición tecnológica que se menciona, pero no se garantiza

El proyecto exige a las cooperativas migrar del uso de mercurio a tecnologías amigables con el ambiente, conforme al Convenio de Minamata. Sin embargo:

  • -no define mecanismos de verificación,

  • -no establece responsabilidades ni consecuencias,

  • -no determina plazos ni acompañamiento estatal efectivo,

  • -ni evalúa la viabilidad técnica o económica de la transición.

En un país donde el mercurio ha sido uno de los contaminantes más difíciles de erradicar, y donde la minería artesanal opera con márgenes estrechos de sostenibilidad económica, la ausencia de herramientas concretas abre el riesgo de que la transición quede solo en el papel.

El contexto nacional: un MINAE sin liderazgo, sin estrategia y sin control

El ingrediente más crítico aparece al revisar el informe reciente de la Contraloría General, que concluye que la gobernanza ambiental ejercida por el MINAE incumple el marco normativo y técnico aplicable.

La CGR identifica problemas estructurales que afectan directamente la capacidad del Estado para regular actividades de alto impacto como la minería:

  • -Falta de liderazgo estratégico por parte del ministro rector: no coordina, no articula y no dirige una visión ambiental común para el país.

  • -Fragmentación institucional y traslapes de funciones entre direcciones clave.

  • -Ausencia de una estrategia nacional de implementación de política ambiental, con metas, indicadores y objetivos interrelacionados.

  • -Inexistencia de un sistema de valoración de riesgos ambientales, indispensable en sectores como minería, agua y bosques.

  • -Falta de controles y de rendición de cuentas, incluyendo la ausencia de un sistema integrado de transparencia.

  • -Debilidad ética institucional, sin un código de ética aprobado ni mecanismos robustos para promover integridad pública.

La Contraloría advierte que esta situación pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos ambientales del país, y podría conducir al deterioro progresivo de los recursos naturales.

Esto significa que, en la práctica, el MINAE no cuenta hoy con la capacidad institucional necesaria para supervisar, fiscalizar o acompañar adecuadamente una actividad tan sensible como la minería artesanal.

Cuando un proyecto extractivo se apoya en un Estado ambiental debilitado

La combinación entre un proyecto que habilita más extracción y una institucionalidad ambiental incapaz de ejercer su rectoría genera una condición profundamente riesgosa para los territorios.

La ley supone que el MINAE podrá:

  • -tramitar concesiones,

  • -fiscalizar procesos,

  • -acompañar a cooperativas,

  • -verificar el origen del oro,

  • -garantizar la transición tecnológica,

  • -controlar exportaciones y operaciones,

  • -y proteger los ecosistemas afectados.

Pero los hallazgos de la Contraloría muestran exactamente lo contrario: el ministerio no tiene, hoy, los mecanismos mínimos para ejercer estas funciones.

Aprobado tal como está, el proyecto podría profundizar una “zona gris” donde la minería se expande más rápido que la capacidad estatal para regularla.

Condiciones sociales y socioeconómicas: una comunidad entre la dependencia y la vulnerabilidad

El derrame de la Planta La Luz ocurrido en 2022 volvió a revelar lo que muchas instituciones prefieren no ver: la profunda vulnerabilidad social y económica que atraviesa Abangares. A pesar de la gravedad del evento —que contaminó ríos, afectó fauna y generó temor en las comunidades cercanas— muchas personas prefirieron denunciar de forma anónima por miedo a represalias, reflejando la dependencia histórica del cantón respecto de la minería artesanal y del procesamiento privado de sus desechos.

Esta actividad sostiene a miles de familias en el territorio, pero lo hace en condiciones marcadas por alternativas productivas limitadas, desigualdad, riesgos ambientales normalizados y una exposición cotidiana a posibles afectaciones en la salud. El silencio comunitario no es indiferencia: es el resultado de un modelo económico que coloca a las personas entre la necesidad y el riesgo.

El episodio mostró, una vez más, que la discusión sobre la minería en Abangares trasciende lo técnico o lo legal. Es un tema de justicia social y territorial, en el que las comunidades asumen los costos de una actividad de la que dependen, pero sobre la cual tienen muy poco control.

Bienes comunes naturales: tensiones y riesgos

Desde el enfoque de bienes comunes, los ecosistemas —cuencas, ríos, humedales, suelos, biodiversidad— son tejidos que sostienen la vida, no recursos discretos aislados. El proyecto, sin embargo, trata la minería como un asunto sectorial, sin integrar su impacto sobre los otros bienes comunes en el territorio.

Esta omisión profundiza tensiones como:

  • -la relación entre minería y disponibilidad hídrica,

  • -la calidad del agua y la exposición a mercurio,

  • -la sedimentación en ríos y quebradas,

  • -el aumento del riesgo socioambiental en zonas vulnerables,

  • -la falta de participación real de comunidades más allá de las cooperativas mineras.

En un contexto donde la Contraloría ya alertó sobre el rezago en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, estos riesgos se agravan.

Hacia una discusión más amplia y honesta

El debate sobre Abangares no se resuelve entre “prohibir” y “permitir”.

Lo que el país necesita es un enfoque de gobernanza robusto que permita considerar:

  • -la justicia territorial y económica de las comunidades mineras,

  • -la protección de los bienes comunes naturales como base de la vida,

  • -el fortalecimiento institucional del MINAE desde una perspectiva de justicia ambiental,

  • -el replanteamiento de las actividades económicas en los territorios

  • -la participación comunitaria amplia,

  • -el reconocimiento y la reparación de los daños socioambientales acumulados por la actividad minera,

  • -y la planificación de largo plazo, no solo la administración de urgencias.

Mientras la institucionalidad ambiental siga debilitada, cualquier proyecto que amplíe o flexibilice actividades extractivas corre el riesgo de profundizar desigualdades y deteriorar los ecosistemas.

La encrucijada de Costa Rica frente a la minería

La discusión sobre la minería en Abangares no es únicamente un conflicto local: expone una tensión estructural que Costa Rica no ha logrado resolver desde hace décadas. El país se ha construido internacionalmente como un referente ambiental, basado en la conservación, la protección de cuencas, la descarbonización y una narrativa de bienes comunes ligados al bosque, el agua y la biodiversidad. Sin embargo, en paralelo, enfrenta presiones persistentes para habilitar o flexibilizar actividades extractivas —incluida la minería metálica— que chocan con ese mismo proyecto ambiental.

Esta contradicción atraviesa tanto la política pública como la institucionalidad: Costa Rica mantiene un marco legal restrictivo en minería metálica a cielo abierto, pero al mismo tiempo genera excepciones, prórrogas o mecanismos de continuidad para actividades extractivas que operan en zonas de alta fragilidad ecológica. Es un modelo que intenta convivir con dos lógicas opuestas: la del país “verde” y la del país “extractivo de subsistencia”. Y esa convivencia nunca ha sido resuelta de forma plena, transparente ni participativa.

El Proyecto de Ley 24.932 se inserta exactamente en ese punto de tensión. Busca proteger una actividad económica históricamente relevante para Abangares, pero lo hace dentro de una institucionalidad ambiental debilitada —como lo demuestra la Contraloría— y sin un marco estratégico que permita armonizar la urgencia económica con la protección de los bienes comunes naturales. En este escenario, aprobar más extracción sin fortalecer primero la gobernanza ambiental equivale a profundizar una contradicción ya existente: un país que se declara defensor de la naturaleza, pero carece de las herramientas para resguardar efectivamente sus territorios cuando las presiones económicas se incrementan.

La minería puede tener un lugar en la economía de ciertos territorios, pero ese lugar solo es sostenible si se construye desde un Estado ambiental fuerte, con participación social amplia, mecanismos de control robustos y una visión de país que reconozca que los bienes comunes no pueden ser sacrificados en nombre de la urgencia. Mientras Costa Rica no enfrente de manera honesta esta tensión estructural, la política ambiental seguirá atrapada entre la promesa de conservación y la realidad de un extractivismo que avanza más rápido que la capacidad estatal para regularlo.

Un pronunciamiento colectivo que alerta sobre los riesgos estructurales del Proyecto de Ley 24.932

Un amplio grupo de organizaciones socioambientales, comunitarias, académicas y culturales publicó un pronunciamiento que advierte sobre los riesgos del Proyecto de Ley N.º 24.932. El documento señala que, por más de una década, Abangares ha operado bajo excepciones legales, controles débiles y mecanismos que permiten la legitimación de oro de origen incierto. También alerta sobre la flexibilización del marco normativo, la falta de trazabilidad en las exportaciones, la presencia de economías criminales asociadas a la minería ilegal y los impactos ambientales y de salud vinculados al uso de sustancias tóxicas.

Las organizaciones sostienen que la figura de “minería artesanal” ha sido utilizada para encubrir operaciones de mayor escala y exigen trazabilidad real, auditorías socioambientales, licencias ambientales previas, sanciones efectivas y una coordinación institucional más fuerte. Este pronunciamiento aporta evidencia clave y refuerza la necesidad de revisar a fondo el proyecto de ley, así como abrir un debate nacional serio y participativo sobre el futuro de la minería en Costa Rica.

Pueden ver el pronunciamiento aquí.

Referencia

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). Proyecto de Ley N.º 24.932: Ley para la Protección de la Actividad Minera de Abangares. Asamblea Legislativa.

Contraloría General de la República. (2025). Informe DFOE-SOS-IAD-00010-2025: Auditoría de carácter especial sobre la rectoría ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. CGR.

Delfino.cr. (2025, noviembre). Organizaciones advierten sobre proyecto de ley que amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas en minería de Abangares. Delfino.cr. 

Diversas organizaciones y personas firmantes. (2025). Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley N.º 24.932 y los riesgos socioambientales, económicos y jurídicos asociados a la minería en Abangares

Semanario Universidad. (2022, julio). Abangares enfrenta, temerosa, una tragedia ambiental que desnuda riesgos de la minería. Semanario Universidad.

Crédito de imágenes: La voz de Guanacaste y Semanario Universidad.

Te invitamos a profundizar en un tema clave para el país: la minería en Abangares. ¿Qué la caracteriza realmente? ¿Qué tensiones atraviesa? Conversamos con Cristin Torres, quien explica la dimensión histórica, social y ambiental de esta actividad, así como las contradicciones de un “desarrollo” que las comunidades siguen esperando.


Una entrevista imprescindible para comprender el presente y el futuro del territorio.

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Buscando las semillas de las piedras: el Río Frío visto desde la comunidad

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El Río Frío ha sido, por generaciones, el corazón que sostiene la vida cotidiana en Maquengal y comunidades vecinas. Entre sus piedras se tejían historias, juegos, oficios y aprendizajes que unían a la gente con su territorio. Pero en los últimos años, las y los habitantes han visto transformaciones profundas: pozas que desaparecen, orillas que se desmoronan, cauces que se estrechan y un silencio extraño donde antes “el río cantaba”.

Frente a un deterioro cada vez más visible —y una institucionalidad que muchas veces no logra verlo— nació el monitoreo comunitario que da vida al documento Buscando las semillas de las piedras.

¿Por qué un monitoreo comunitario?

El monitoreo surge de una convicción sencilla y poderosa: quienes viven el río todos los días tienen derecho a nombrar lo que está pasando. No se trata solo de un ejercicio técnico, sino de una acción de defensa y de memoria.

Las comunidades observaron cómo la extracción intensiva de material, el paso de maquinaria y la falta de control debilitaban la estructura del río y alteraban su equilibrio natural. Ante ello, decidieron caminarlo, registrar sus cambios, conversar con quienes lo conocen desde hace décadas y construir una lectura desde el territorio.

Monitorear, en este caso, es una forma de cuidar. Es recuperar la palabra frente a informes que reducen la vida a coordenadas y volúmenes de extracción. Es decir: el río tiene memoria, y nosotros también.

Principales hallazgos del monitoreo

El recorrido —realizado entre la finca de Fernando Murillo y la entrada pública al río— dejó ver un patrón claro y preocupante:

  • -Modificación del cauce: el río ha cambiado de trayecto, profundizándose en canales angostos y perdiendo capacidad de oxigenación.

  • -Desaparición de piedras y alteración del lecho: en tramos donde pasó la maquinaria, las piedras grandes —que dan estructura y estabilidad al cauce— han desaparecido casi por completo, dejando sedimentos finos y un río “cansado”.

  • -Erosión acelerada: orillas inestables, árboles caídos y pérdida de vegetación muestran que la erosión avanza más rápido de lo que puede reponerse.

  • -Pérdida de pozas y afectación ecológica: sitios emblemáticos como la Poza del Remolino se han transformado; especies de fauna se desplazan en busca de mejores condiciones.

  • -Degradación del espacio público: el río dejó de ser un lugar de recreación y encuentro; los paredones y el ruido de maquinaria han fragmentado un espacio que antes era comunal y vivo.

  • -Diferencia entre la mirada institucional y la comunitaria: mientras algunos informes minimizan los impactos, las personas recuerdan un río navegable, fresco y lleno de vida: un contraste que expresa la brecha entre el escritorio y el territorio.

¿Qué aporta este documento a la discusión?

El informe ofrece algo que ningún expediente técnico puede producir por sí solo: una lectura viva, situada y comunitaria del territorio.

Sus aportes centrales son:

  • -Desmontar el mito del “pueblo disperso”: el documento evidencia que el río no está vacío ni marginal. Está habitado, transitado y cuidado por generaciones.

  • -Exponer impactos acumulativos que suelen quedar fuera de los estudios de impacto ambiental, especialmente aquellos relacionados con la pérdida de piedras y el debilitamiento ecológico del cauce.

  • -Mostrar la capacidad comunitaria para producir conocimiento: la memoria, la experiencia cotidiana y la lectura crítica del territorio permiten identificar daños que no aparecen en los informes formales.

  • -Plantear un diálogo necesario entre saber técnico y saber local, donde ninguno sustituye al otro; más bien se complementan y tensionan para construir decisiones más justas.

  • -Reforzar la defensa del río como bien común, no como recurso de extracción ni como espacio “subutilizado”.

Este documento es, en sí mismo, un aporte a la justicia socioambiental: demuestra que el conocimiento también se construye desde las orillas.

Entre las piedras: la fuerza de las voces comunitarias

Buscando las semillas de las piedras es más que un informe: es un acto de dignidad. En cada fotografía, en cada recuerdo compartido, en cada explicación sobre cómo “el río se está cansando”, se afirma una verdad profunda: la comunidad conoce su territorio de una manera que ningún expediente puede reemplazar.

Allí donde las instituciones ven únicamente datos, la comunidad ve vínculos, afectos, memoria y futuro.
Allí donde algunos informes justifican la extracción, las comunidades muestran el deterioro y sus consecuencias.

Este monitoreo recuerda que un río no cabe en un formulario, y que un territorio no se comprende sin escuchar a quienes lo habitan.

Al final, las semillas que se buscan entre las piedras son también semillas de organización y esperanza. Porque aunque el río haya cambiado, las comunidades siguen defendiendo su derecho a vivir en un territorio sano, vivo y respetado.

Defender el Río Frío es defender la vida común. Y esa defensa empieza escuchando —con respeto y con seriedad— las voces que nunca debieron ser invisibilizadas.

La participación ambiental como camino para defender los bienes comunes

La experiencia del Río Frío demuestra que la defensa de los bienes comunes naturales no puede depender únicamente de trámites, expedientes o estudios técnicos: requiere participación activa, cotidiana y consciente de las comunidades que habitan los territorios. Cuando las personas se organizan para mirar, registrar y dialogar sobre lo que ven, la gestión ambiental deja de ser un asunto lejano y se convierte en una práctica de cuidado colectivo.

La participación ambiental no es solo un mecanismo formal; es una forma de democracia territorial. A través del monitoreo, las comunidades recuperan su derecho a interpretar su entorno, a cuestionar decisiones que les afectan y a proponer caminos de restauración. Esta participación fortalece la vigilancia ciudadana, amplía los espacios de incidencia y permite que las decisiones públicas respondan a la realidad vivida, no solo a los indicadores que caben en un expediente.

Defender un río, un humedal o una montaña implica reconocer que los bienes comunes no se sostienen sin vínculos, sin memoria y sin comunidades organizadas. La participación ambiental, cuando nace desde el territorio, se convierte en una herramienta poderosa para frenar el deterioro, visibilizar impactos y construir alternativas justas. Es también una apuesta ética: afirmar que el agua, la tierra y la vida no pueden quedar en manos de intereses extractivos que fragmentan la comunidad y debilitan los ecosistemas.

Por eso, este monitoreo no es solo un registro. Es un ejercicio de ciudadanía ambiental, una forma de proteger lo que nos sostiene y un recordatorio de que la defensa de los bienes comunes empieza escuchando, observando y actuando en conjunto. Allí, entre las piedras y las voces de la gente, germina la posibilidad de un futuro donde los ríos vuelvan a cantar.

Te invitamos a descargar el informe completo del monitoreo comunitario Buscando las semillas de las piedras. En sus páginas encontrarás el recorrido detallado del Río Frío, las voces de quienes lo habitan y los hallazgos que evidencian la urgencia de proteger este bien común. Descargarlo es una manera de acompañar a la comunidad en su defensa del territorio y de sumarte a la construcción de un futuro donde el río vuelva a tener fuerza y vida.

Pueden descargar el informe aquí.