Antes de la llegada de Laura Fernández a la Presidencia, el gobierno de Rodrigo Chaves cerraba su período dejando una señal clara sobre la forma en que había venido construyendo su relación con la política ambiental: una creciente confrontación con quienes defendían límites ambientales, una asociación cada vez más explícita entre regulación y obstáculos para la inversión, y una defensa del desarrollo económico como argumento para cuestionar decisiones de las instituciones encargadas de la protección ambiental. El episodio ocurrido en los últimos días de su administración, marcado por los cuestionamientos y descalificaciones hacia quienes interpusieron recursos y decisiones institucionales que frenaban determinadas iniciativas, no puede leerse únicamente como un conflicto puntual. Forma parte de una tendencia más amplia en la que la protección ambiental comienza a ser presentada como una fuente de incertidumbre para la inversión y donde quienes defienden esos límites son colocados discursivamente del lado de los obstáculos al desarrollo. Es sobre este terreno político que Laura Fernández inicia su gobierno.
Los primeros 100 días del gobierno de Laura Fernández permiten identificar algunas señales sobre la orientación que comienza a tomar su administración en materia ambiental. La apuesta por formalizar la minería en Crucitas, las decisiones alrededor de la presión turística en Corcovado y la persistencia de un discurso confrontativo hacia sectores ambientalistas abren una pregunta de mayor alcance: ¿estamos ante una profundización del giro que comenzó durante la administración de Rodrigo Chaves?
Cien días no bastan para definir por completo el rumbo de un gobierno. Sería apresurado convertir este breve período en una explicación definitiva de lo que será toda una administración. Sin embargo, los primeros meses sí permiten observar prioridades, identificar conflictos que adquieren centralidad y reconocer las formas en que un nuevo gobierno comienza a responder a las tensiones que atraviesan al país.
En el caso de Laura Fernández, esta lectura adquiere una particularidad. Su llegada a la Presidencia no representa una ruptura absoluta con el período anterior, sino la continuidad de un bloque político que durante la administración de Rodrigo Chaves ya había mostrado una relación conflictiva con diversos sectores ambientalistas y una disposición creciente a cuestionar los límites que la institucionalidad ambiental establece sobre determinadas actividades económicas.
Los primeros 100 días permiten preguntarse, entonces, qué elementos de ese rumbo se mantienen y cuáles comienzan a profundizarse.
La discusión sobre Crucitas, las tensiones alrededor de la gestión del Parque Nacional Corcovado y las formas en que desde el oficialismo se ha respondido a quienes cuestionan determinadas decisiones ambientales permiten observar algo más que conflictos aislados. En conjunto, estos acontecimientos muestran una forma particular de entender la relación entre desarrollo y naturaleza, donde la conservación parece enfrentar una presión creciente para demostrar su compatibilidad con determinados intereses económicos.
Crucitas: cuando la explotación comienza a presentarse como respuesta
La situación en Crucitas ha ocupado un lugar central dentro de esta discusión. Durante años, el territorio ha sido escenario de minería ilegal, degradación ambiental, presencia de redes dedicadas a la extracción de oro y una evidente incapacidad estatal para controlar de manera sostenida lo que ocurre en la zona.
Frente a este escenario, la posición asumida por la presidenta Laura Fernández ha sido clara: la explotación formal del oro comienza a presentarse como una alternativa necesaria frente a un problema que el Estado no ha logrado resolver.
El argumento parte de una realidad difícil de negar. La minería ilegal continúa y las capacidades institucionales para detenerla son limitadas. Pero el debate comienza a adquirir otra dimensión cuando la incapacidad para controlar una actividad ilegal se convierte en una razón para abrir la discusión sobre la explotación formal.
La pregunta deja de ser únicamente cómo detener la extracción ilegal, restaurar el territorio o recuperar ambientalmente una zona afectada durante años. También comienza a plantearse cómo aprovechar formalmente un recurso que, según esta lógica, continuará siendo extraído de una u otra manera.
Esta forma de construir el problema permite recuperar una de las reflexiones desarrolladas por Eduardo Gudynas alrededor de los extractivismos. La explotación de la naturaleza no se sostiene únicamente mediante proyectos, inversiones o decisiones legales. También requiere discursos que la presenten como necesaria, inevitable o como la única respuesta realista frente a un determinado problema.
En Crucitas comienza a configurarse precisamente esa tensión. La formalización de la minería aparece como una alternativa pragmática, mientras las propuestas que priorizan la restauración o la protección del territorio pueden ser presentadas como posiciones incapaces de responder a la realidad.
Pero esta oposición simplifica un conflicto mucho más complejo. La incapacidad estatal para controlar la minería ilegal no convierte automáticamente la explotación formal en la única alternativa posible. También obliga a preguntarse qué tipo de respuesta pública se construye cuando un problema de gobernanza termina abriendo el camino para una nueva forma de apropiación económica de un territorio.
Corcovado: cuando la conservación comienza a negociarse
El caso de Corcovado permite observar esta tensión desde otro lugar. Aquí no se discute directamente la apertura de una actividad extractiva, sino la capacidad de un área protegida para establecer límites frente a la presión turística.
Las dificultades de la infraestructura sanitaria de la Estación Biológica Sirena llevaron al Sinac a reducir temporalmente el aforo, aplicando el principio precautorio ante el riesgo de afectaciones ambientales. Sin embargo, la medida generó presión de sectores vinculados con la actividad turística y, poco después, el límite de visitación volvió a aumentar.
Más allá de la discusión sobre la pertinencia técnica de cada decisión, el episodio permite observar una dinámica relevante: los límites ambientales pueden comenzar a ser negociados cuando entran en conflicto con intereses económicos. La protección no desaparece necesariamente; las instituciones continúan existiendo y las decisiones siguen presentándose como técnicamente fundamentadas. Lo que cambia es el límite que se considera aceptable.
Este tipo de desplazamiento resulta importante para leer la política ambiental. La flexibilización no siempre ocurre mediante la eliminación de una norma o la apertura explícita de un territorio a una nueva actividad. También puede producirse mediante ajustes sucesivos de los umbrales de protección, reinterpretaciones técnicas o modificaciones de las condiciones bajo las cuales una actividad puede continuar.
Corcovado plantea así una pregunta que trasciende el caso: ¿los límites ambientales están orientando las actividades económicas o son las presiones económicas las que terminan redefiniendo esos límites?
La diferencia es fundamental. En el primer escenario, la actividad económica debe adaptarse a las condiciones ecológicas del territorio. En el segundo, son esas condiciones las que progresivamente deben acomodarse a las necesidades de la actividad económica.
La disputa también ocurre en el lenguaje
Los primeros 100 días de un gobierno no se leen únicamente a través de sus decisiones. También se observan en el lenguaje con el que se construyen los conflictos y se responde a quienes cuestionan determinadas políticas.
En este punto resulta significativa la continuidad de una forma de confrontación que ya había sido característica del oficialismo durante la administración de Rodrigo Chaves. El episodio protagonizado por el entonces presidente y la reacción hacia un diputado electo, luego de las acciones legales relacionadas con la tala de árboles en Playa Panamá, permite observar la manera en que determinados conflictos ambientales pueden transformarse rápidamente en una confrontación contra quienes los cuestionan.
La discusión no se concentra únicamente en la tala, los procedimientos legales o los impactos ambientales. También se desplaza hacia la descalificación de la persona que interpone la acción y hacia la construcción de su posición como una expresión de fanatismo o radicalismo. Este desplazamiento no es menor.
Cuando el debate ambiental comienza a organizarse alrededor de una oposición entre pragmatismo y fanatismo, quienes defienden límites a determinadas actividades económicas pueden ser presentados como personas que se oponen al desarrollo, al empleo o a la prosperidad.
Desde esta perspectiva, las reflexiones de Gudynas permiten observar otro componente de los extractivismos: sus formas de legitimación. La explotación de la naturaleza necesita ser presentada como una actividad necesaria para el bienestar, mientras quienes cuestionan sus impactos pueden ser convertidos en obstáculos para alcanzar ese bienestar.
Así, una discusión sobre minería, conservación o protección de un bosque corre el riesgo de transformarse en otra discusión: quién tiene derecho a cuestionar las decisiones que se toman sobre los territorios. La crítica ambiental deja de ser solamente una diferencia política o técnica y comienza a ser presentada como un problema que debe enfrentarse.
Más que hechos aislados
Crucitas, Corcovado y la confrontación con sectores ambientalistas son conflictos distintos. Sería simplista afirmar que todos responden exactamente a una misma lógica o que los primeros 100 días permiten establecer conclusiones definitivas sobre toda la política ambiental del gobierno de Laura Fernández. Sin embargo, observar estos acontecimientos en conjunto permite identificar algunas señales:
-La primera es una mayor disposición a presentar la explotación de la naturaleza como una respuesta legítima e incluso necesaria frente a determinados problemas. En Crucitas, la formalización de la minería comienza a ocupar un lugar central dentro de las alternativas planteadas para enfrentar la extracción ilegal.
-La segunda tiene que ver con la posición de la conservación frente a las actividades económicas. El caso de Corcovado muestra que los límites ambientales pueden quedar rápidamente sometidos a presión cuando afectan intereses económicos y sociales vinculados a la explotación turística de un territorio. Más aún, muestra cómo una medida precautoria puede ser revisada en un contexto de presión sectorial y poco después de producirse un cambio en la dirección responsable de la gestión del área.
-La tercera se encuentra en el terreno político y discursivo. La confrontación con sectores ambientalistas y la tendencia a presentar determinadas posiciones como radicales o fanáticas contribuyen a reducir el espacio para una discusión pública más amplia sobre las alternativas de desarrollo.
Vistas por separado, estas situaciones pueden parecer conflictos específicos, con actores y circunstancias particulares. Vistas en conjunto, permiten preguntarse si estamos asistiendo a una profundización de una orientación que ya había comenzado a consolidarse durante el gobierno de Rodrigo Chaves: una forma de entender el desarrollo donde la naturaleza aparece cada vez más como un recurso disponible para ser aprovechado y donde los límites ambientales deben justificar constantemente su permanencia.
Cien días y una pregunta abierta
Eduardo Gudynas ha insistido en que el extractivismo no debe entenderse únicamente como un conjunto de actividades dedicadas a extraer recursos naturales. También constituye una forma de organizar la relación entre economía, Estado y naturaleza, con efectos que pueden extenderse hacia las instituciones, la participación ciudadana y la propia manera en que se entiende el desarrollo.
Esta perspectiva permite leer los primeros 100 días de Laura Fernández más allá de una lista de decisiones o declaraciones. La pregunta no es solamente si su gobierno promoverá o no determinados proyectos extractivos.
La cuestión de fondo es qué tipo de relación comienza a construirse entre la actividad económica y los límites que imponen los ecosistemas.
-¿La conservación será entendida como una condición que debe orientar las decisiones sobre el desarrollo?
-¿O comenzará a ser presentada, cada vez con mayor frecuencia, como un obstáculo que debe flexibilizarse cuando entra en conflicto con determinadas actividades económicas?
Los primeros 100 días todavía no ofrecen una respuesta definitiva. Pero sí permiten reconocer señales, prioridades y formas de entender los conflictos. Y esas señales importan.
Porque los cambios en la política ambiental no siempre comienzan con la aprobación de una gran reforma o con la apertura inmediata de un nuevo proyecto. A veces comienzan con algo aparentemente más sutil: con una nueva forma de nombrar la naturaleza, de definir qué se considera una solución realista y de establecer quiénes pueden participar legítimamente en la discusión sobre el futuro de los territorios.
A cien días de iniciado el gobierno de Laura Fernández, quizás esa sea una de las preguntas más importantes que comienza a plantearse: ¿hacia dónde se está moviendo Costa Rica cuando se trata de decidir qué proteger, qué explotar y quién tiene derecho a cuestionar esas decisiones?
Leer la dirección del cambio
Las políticas ambientales no siempre cambian de un día para otro. A veces el desplazamiento ocurre de manera gradual: una excepción, una modificación técnica, un cambio de criterio, una nueva interpretación de una norma o una decisión que parece aislada. Por eso, además de preguntarnos qué decisión toma un gobierno, necesitamos observar hacia dónde se mueve el límite.
Esta tabla propone seguir esas pequeñas variaciones. ¿Se fortalecen las capacidades de protección o se debilitan? ¿Se mantienen los límites ambientales o comienzan a flexibilizarse? ¿La naturaleza continúa siendo entendida como un bien que debe protegerse o aparece cada vez más como un recurso disponible para la inversión y el aprovechamiento económico?
La clave no está en etiquetar inmediatamente cada decisión, sino en seguir la trayectoria. Una decisión aislada puede decir poco; varias decisiones que apuntan en una misma dirección comienzan a revelar una tendencia.
Leer la política ambiental es, también, aprender a reconocer hacia dónde se está moviendo el límite.
| Tendencia observada | ¿Qué significa preguntar? |
|---|---|
| Fortalecimiento de límites | ¿Se están ampliando las capacidades de protección y regulación? |
| Mantenimiento | ¿Se mantienen las reglas y capacidades existentes? |
| Flexibilización | ¿Se modifican límites para facilitar determinadas actividades? |
| Debilitamiento institucional | ¿Se reducen capacidades, controles o autonomía institucional? |
| Expansión extractiva | ¿Se abren nuevas posibilidades de apropiación de bienes naturales? |
| Mercantilización | ¿Un bien común comienza a ser tratado principalmente como recurso económico? |
| Conflicto y confrontación | ¿La crítica ambiental está siendo deslegitimada o criminalizada discursivamente? |
| Democratización | ¿Se amplían los espacios de participación y deliberación sobre las decisiones territoriales? |
Referencias
Arrieta, Esteban (2026, 12 de junio). Laura Fernández a opositores de explotar oro de Crucitas: “Que Dios los perdone, ojalá que el pueblo de Costa Rica no”. La República.
Gudynas, Eduardo (2015). Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. CEDIB y CLAES.
Madrigal, Luis (2026, 23 de abril). Chaves insulta a magistrado de Sala IV y diputado electo tras freno a tala de árboles en Papagayo. Delfino.cr.
Martínez, Alonso (2026, 3 de julio). Minae reubica a director de ACOSA tras presión de sectores turísticos por reducción de aforo en Corcovado. Delfino.cr
May, Sebastian. (2026, 19 de mayo). Laura Fernández invita a diputaciones a gira por Crucitas el 19 de junio. Delfino.cr.
Pomareda, Fabiola. (2026, 28 de julio). Sinac vuelve a aumentar el aforo en Corcovado tras salida de director que alertó por colapso ambiental. Semanario Universidad.
