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Buscando las semillas de las piedras: el Río Frío visto desde la comunidad

El Río Frío ha sido, por generaciones, el corazón que sostiene la vida cotidiana en Maquengal y comunidades vecinas. Entre sus piedras se tejían historias, juegos, oficios y aprendizajes que unían a la gente con su territorio. Pero en los últimos años, las y los habitantes han visto transformaciones profundas: pozas que desaparecen, orillas que se desmoronan, cauces que se estrechan y un silencio extraño donde antes “el río cantaba”.

Frente a un deterioro cada vez más visible —y una institucionalidad que muchas veces no logra verlo— nació el monitoreo comunitario que da vida al documento Buscando las semillas de las piedras.

¿Por qué un monitoreo comunitario?

El monitoreo surge de una convicción sencilla y poderosa: quienes viven el río todos los días tienen derecho a nombrar lo que está pasando. No se trata solo de un ejercicio técnico, sino de una acción de defensa y de memoria.

Las comunidades observaron cómo la extracción intensiva de material, el paso de maquinaria y la falta de control debilitaban la estructura del río y alteraban su equilibrio natural. Ante ello, decidieron caminarlo, registrar sus cambios, conversar con quienes lo conocen desde hace décadas y construir una lectura desde el territorio.

Monitorear, en este caso, es una forma de cuidar. Es recuperar la palabra frente a informes que reducen la vida a coordenadas y volúmenes de extracción. Es decir: el río tiene memoria, y nosotros también.

Principales hallazgos del monitoreo

El recorrido —realizado entre la finca de Fernando Murillo y la entrada pública al río— dejó ver un patrón claro y preocupante:

  • -Modificación del cauce: el río ha cambiado de trayecto, profundizándose en canales angostos y perdiendo capacidad de oxigenación.

  • -Desaparición de piedras y alteración del lecho: en tramos donde pasó la maquinaria, las piedras grandes —que dan estructura y estabilidad al cauce— han desaparecido casi por completo, dejando sedimentos finos y un río “cansado”.

  • -Erosión acelerada: orillas inestables, árboles caídos y pérdida de vegetación muestran que la erosión avanza más rápido de lo que puede reponerse.

  • -Pérdida de pozas y afectación ecológica: sitios emblemáticos como la Poza del Remolino se han transformado; especies de fauna se desplazan en busca de mejores condiciones.

  • -Degradación del espacio público: el río dejó de ser un lugar de recreación y encuentro; los paredones y el ruido de maquinaria han fragmentado un espacio que antes era comunal y vivo.

  • -Diferencia entre la mirada institucional y la comunitaria: mientras algunos informes minimizan los impactos, las personas recuerdan un río navegable, fresco y lleno de vida: un contraste que expresa la brecha entre el escritorio y el territorio.

¿Qué aporta este documento a la discusión?

El informe ofrece algo que ningún expediente técnico puede producir por sí solo: una lectura viva, situada y comunitaria del territorio.

Sus aportes centrales son:

  • -Desmontar el mito del “pueblo disperso”: el documento evidencia que el río no está vacío ni marginal. Está habitado, transitado y cuidado por generaciones.

  • -Exponer impactos acumulativos que suelen quedar fuera de los estudios de impacto ambiental, especialmente aquellos relacionados con la pérdida de piedras y el debilitamiento ecológico del cauce.

  • -Mostrar la capacidad comunitaria para producir conocimiento: la memoria, la experiencia cotidiana y la lectura crítica del territorio permiten identificar daños que no aparecen en los informes formales.

  • -Plantear un diálogo necesario entre saber técnico y saber local, donde ninguno sustituye al otro; más bien se complementan y tensionan para construir decisiones más justas.

  • -Reforzar la defensa del río como bien común, no como recurso de extracción ni como espacio “subutilizado”.

Este documento es, en sí mismo, un aporte a la justicia socioambiental: demuestra que el conocimiento también se construye desde las orillas.

Entre las piedras: la fuerza de las voces comunitarias

Buscando las semillas de las piedras es más que un informe: es un acto de dignidad. En cada fotografía, en cada recuerdo compartido, en cada explicación sobre cómo “el río se está cansando”, se afirma una verdad profunda: la comunidad conoce su territorio de una manera que ningún expediente puede reemplazar.

Allí donde las instituciones ven únicamente datos, la comunidad ve vínculos, afectos, memoria y futuro.
Allí donde algunos informes justifican la extracción, las comunidades muestran el deterioro y sus consecuencias.

Este monitoreo recuerda que un río no cabe en un formulario, y que un territorio no se comprende sin escuchar a quienes lo habitan.

Al final, las semillas que se buscan entre las piedras son también semillas de organización y esperanza. Porque aunque el río haya cambiado, las comunidades siguen defendiendo su derecho a vivir en un territorio sano, vivo y respetado.

Defender el Río Frío es defender la vida común. Y esa defensa empieza escuchando —con respeto y con seriedad— las voces que nunca debieron ser invisibilizadas.

La participación ambiental como camino para defender los bienes comunes

La experiencia del Río Frío demuestra que la defensa de los bienes comunes naturales no puede depender únicamente de trámites, expedientes o estudios técnicos: requiere participación activa, cotidiana y consciente de las comunidades que habitan los territorios. Cuando las personas se organizan para mirar, registrar y dialogar sobre lo que ven, la gestión ambiental deja de ser un asunto lejano y se convierte en una práctica de cuidado colectivo.

La participación ambiental no es solo un mecanismo formal; es una forma de democracia territorial. A través del monitoreo, las comunidades recuperan su derecho a interpretar su entorno, a cuestionar decisiones que les afectan y a proponer caminos de restauración. Esta participación fortalece la vigilancia ciudadana, amplía los espacios de incidencia y permite que las decisiones públicas respondan a la realidad vivida, no solo a los indicadores que caben en un expediente.

Defender un río, un humedal o una montaña implica reconocer que los bienes comunes no se sostienen sin vínculos, sin memoria y sin comunidades organizadas. La participación ambiental, cuando nace desde el territorio, se convierte en una herramienta poderosa para frenar el deterioro, visibilizar impactos y construir alternativas justas. Es también una apuesta ética: afirmar que el agua, la tierra y la vida no pueden quedar en manos de intereses extractivos que fragmentan la comunidad y debilitan los ecosistemas.

Por eso, este monitoreo no es solo un registro. Es un ejercicio de ciudadanía ambiental, una forma de proteger lo que nos sostiene y un recordatorio de que la defensa de los bienes comunes empieza escuchando, observando y actuando en conjunto. Allí, entre las piedras y las voces de la gente, germina la posibilidad de un futuro donde los ríos vuelvan a cantar.

Te invitamos a descargar el informe completo del monitoreo comunitario Buscando las semillas de las piedras. En sus páginas encontrarás el recorrido detallado del Río Frío, las voces de quienes lo habitan y los hallazgos que evidencian la urgencia de proteger este bien común. Descargarlo es una manera de acompañar a la comunidad en su defensa del territorio y de sumarte a la construcción de un futuro donde el río vuelva a tener fuerza y vida.

Pueden descargar el informe aquí.

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Monitoreo Comunitario en el Caribe Sur: La Lucha contra la degradación ambiental

La costa del Caribe Sur es un mosaico de ecosistemas frágiles: playas, humedales, quebradas y bosques que sostienen una biodiversidad invaluable y sustentan la vida cotidiana de las comunidades locales. Sin embargo, estos territorios enfrentan una presión creciente producto de actividades extractivas, deforestación y la ocupación ilegal de zonas públicas. Frente a estas amenazas, el monitoreo comunitario se ha convertido en una línea de defensa fundamental. En primera fila se encuentra la labor incansable de Philippe Vangoidsenhoven, quien, mediante recorridos, fotografías y denuncias, ha documentado patrones preocupantes de impunidad, conflictos sociales y debilitamiento de la institucionalidad ambiental.

Su trabajo revela que lo que ocurre en la zona no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural: la tensión permanente entre intereses individuales, vacíos en educación ambiental y la fragilidad de los mecanismos de control del Estado.

A continuación, un resumen de lo que Philippe ha encontrado en las últimas semanas.

¿Qué se ha documentado recientemente?

Empezamos con buenas noticias: el retiro del contenedor en Cocles —ordenado judicialmente— finalmente permitirá la regeneración del bosque costero. La estructura, ubicada dentro de un área declarada Patrimonio Natural del Estado, generaba un impacto directo sobre el ecosistema al ocupar y alterar una franja clave del bosque costero. Fue la denuncia formal presentada y sostenida únicamente por Philippe la que permitió que el proceso avanzara. Su remoción marca el cierre de un trámite prolongado y abre la posibilidad real de que el ecosistema costero se recupere plenamente. Como señaló él mismo, este avance representa un alivio y una señal positiva para la protección del territorio.

No obstante, el monitoreo también ha identificado intervenciones que siguen afectando los ecosistemas locales.

Caso 1: Paraiso Road chapea de bosque

Se registra chapea en bosque y limpieza de vegetación sin evidencia de permisos ni controles por parte de las autoridades.

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Caso 2: Tala en Área de Humedal

Se reporta la tala de un árbol de gran tamaño en Playa Negra, dentro de un ecosistema de humedal altamente protegido por su función ecológica y su vulnerabilidad.

Caso 3: Tala Reiterada en la Ribera de una Quebrada

En Hone Creek persiste la alteración de la zona de protección de una quebrada, donde no solo se ha chapado y fumigado la orilla, sino que con frecuencia se depositan tierra, troncos, ramas y restos de construcción para ir rellenando el humedal y preparar el terreno para futuras edificaciones. En años recientes también se habían talado árboles de gran tamaño en la ribera misma. Aunque MINAE y la Policía ya han visitado el sitio, los propietarios insisten en que pueden “modificar su terreno”, desconociendo que las áreas ribereñas son de dominio público y están sujetas a estricta protección ambiental.

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Caso 4: Conflictos por chapea y fumigación de humedal

Se documenta un ambiente hostil al intentar monitorear la chapea y fumigación del humedal y del bosque. Philippe ha enfrentado reiterados episodios de intimidación, que incluyen amenazas previas, el envenenamiento de sus perros y, más recientemente, haber sido perseguido por un vehículo durante el monitoreo en esta misma zona —hecho ya reseñado en una nota anterior. Todo ello configura un patrón que podría interpretarse como represalias por su labor de documentación y denuncia.

Caso 5: Rótulo de testigo de alteración en “Beach Break” y Playa Negra

Se registra la intervención de un sitio utilizado como “beach break” mediante maquinaria, chapeo y rellenos en un área declarada patrimonio natural del Estado. Según denuncias reiteradas, el MOPT depositó lastre mediante vagonetas en el lugar, generando un relleno que nunca ha sido removido pese a múltiples reportes ante las autoridades. Aun cuando se han realizado inspecciones, el material permanece y las intervenciones continúan en la zona.

En Playa Negra ocurre una situación similar, se constató la intención de ampliar el relleno para habilitar más construcción. Aunque ese trabajo se detuvo, ya existe un edificio construido sobre un humedal previamente rellenado y dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria, sin un plan regulador costero que lo avale. A pesar de ser una obra levantada en zona pública y en un ecosistema protegido, cuenta con un permiso municipal y no ha sido clausurada, pese a su evidente ilegalidad.

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Caso 6: Expansión Comercial y Ocupación Ilegal de la Zona Pública

En esta zona se observa una expansión comercial que opera plenamente dentro de la playa mediante la instalación de un bus-restaurante, carretas rodantes que en realidad no se mueven, estructuras techadas y plataformas que se presentan como “movibles”, pero que funcionan como locales fijos. A esto se suman postes, luminarias, cableado y otros elementos que consolidan una ocupación estable en un bien público de uso común.

También se ha documentado el uso recurrente de quemas en la playa. Philippe registró fogatas de gran tamaño que se realizan de forma habitual durante la noche, incluyendo la quema de una tabla de surf, cuyos materiales sintéticos liberan fibras y contaminantes que quedan en la arena. La iluminación artificial, que ha sido denunciada tres o cuatro veces sin resultados, permanece encendida y facilita estas prácticas. Estas quemas no solo degradan el ecosistema, sino que representan un riesgo para la fauna, para la integridad de la playa y para las personas usuarias.

A ello se suma la recolección permanente de madera y troncos arrastrados naturalmente por el mar. Esta madera —fundamental para la dinámica ecológica de la playa y que forma parte de su estado natural— es usada en las quemas o retirada para “limpiar” el espacio y adecuarlo a la estética que buscan los comercios. En las mañanas es común ver a dos o tres trabajadores rastreando la arena para dejarla sin una hoja, sin una rama y sin un solo tronco, como si la playa fuese una extensión privada del negocio y no un ecosistema vivo.

Manipulación del paisaje: la playa como escenario artificial

Más allá de las estructuras y quemas, lo que ocurre en esta zona es una manipulación sistemática del paisaje. La playa se transforma para ajustarse al modelo estético del comercio: una franja “perfecta”, limpia y homogénea, sin restos naturales, sin troncos depositados por las mareas y sin señales de la dinámica ecológica del bosque costero.

Esta limpieza intensiva altera gravemente el ecosistema. Los troncos y ramas que el mar deposita cumplen funciones esenciales: retienen arena, protegen la playa de la erosión, generan microhábitats y forman parte del ciclo natural de los organismos costeros. Eliminarlos no solo empobrece el ecosistema, sino que expande la percepción de que la playa es un terreno maleable para uso comercial.

La suma de estructuras permanentes disfrazadas de móviles, quemas constantes, retiro de material natural y mantenimiento artificial de la arena crea una versión falseada de la playa: una postal estética pensada para el consumo turístico, que oculta la degradación ambiental y la apropiación privada de un bien público de alto valor ecológico.

Esta manipulación paisajística, sostenida día tras día, es parte clave del problema: transforma la playa en un escenario comercial y rompe la relación vital entre el ecosistema, la comunidad y el espacio común que la ley protege.

La Doble Herida: Apropiación Privada de lo Público y Asfixia de los Ecosistemas

Los casos evidencian un patrón claro: la ocupación ilegal de playas y zonas públicas no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que hiere profundamente a las comunidades y a la cultura local.

Para las comunidades: pérdida del espacio común

La zona marítimo-terrestre es, por ley, un bien público indisponible. Su apropiación genera:

  • -Restricción del acceso y disfrute: Las playas, que deberían ser espacios de convivencia y recreación, se transforman en extensiones privadas de bares o negocios.
  • -Desigualdad y competencia desleal: Mientras unos cumplen la ley, otros lucran ilegalmente con un bien común, profundizando brechas sociales y económicas.
  • -Erosión de la cultura local: Las playas son espacios históricos de encuentro, deporte, pesca y celebración. Su privatización desarticula estas prácticas y debilita la identidad comunitaria.

Para los ecosistemas: pérdida de resiliencia y degradación acelerada

Los ecosistemas costeros necesitan espacio para funcionar y adaptarse; cuando se los comprime, se deterioran:

  • -Fragmentación del hábitat: Las luces y estructuras interrumpen rutas de especies sensibles como tortugas marinas, que dependen de playas oscuras para anidar.
  • -Alteración de procesos naturales: Edificaciones en la playa afectan la dinámica de erosión y sedimentación, acelerando la pérdida de arena y aumentando la vulnerabilidad ante tormentas y el cambio climático.
  • -Contaminación lumínica, acústica y física: La actividad comercial intensiva introduce factores disruptivos que afectan la fauna y reducen la capacidad del ecosistema para recuperarse.
La brecha entre el anuncio y la acción: límites de la protección simbólica

La colocación de rótulos que declaran un área como “Patrimonio Natural del Estado” funciona, en teoría, como un acto de reconocimiento oficial y una señal pública de protección. Sin embargo, en los casos de Beach Break y Playa Negra, estos rótulos terminan operando como acciones meramente simbólicas, incapaces de frenar las dinámicas materiales que transforman y degradan el territorio. Cuando el chapeo, los rellenos, la maquinaria y las construcciones continúan sin consecuencias, el rótulo se convierte en una imagen vaciada de contenido: un gesto institucional que no se traduce en control ni en aplicación efectiva de la ley.

Para las personas denunciantes, la contradicción es evidente: mientras se anuncia una intención de proteger, las actividades ilegales avanzan o se consolidan con permisos municipales que ignoran la normativa ambiental. La presión por habilitar nuevos usos —desde rellenos para futuras obras hasta edificios levantados en humedales o dentro de la zona pública— desborda la capacidad o la voluntad estatal para hacer cumplir las regulaciones. En este contexto, el rótulo adquiere un doble carácter: por un lado, afirma un valor ecológico; por otro, evidencia la incapacidad institucional de resguardar ese valor cuando se enfrenta a intereses económicos y a prácticas normalizadas de ocupación ilegal.

El resultado es un paisaje donde los símbolos de protección conviven con la degradación ambiental, generando un sentimiento de frustración y desconfianza hacia el sistema. Las personas defensoras interpretan esta brecha como muestra de un modelo en el que la protección formal existe —declaratorias, rótulos, discursos— pero la protección real se diluye entre trámites lentos, acciones inconsistentes y permisividad frente a intervenciones que, una vez consolidadas, son difíciles de revertir. En última instancia, la experiencia pone en evidencia los límites profundos de las acciones simbólicas cuando no están acompañadas de voluntad política, vigilancia efectiva y capacidad de hacer cumplir la ley frente a las presiones sobre el territorio.

La Ficción de lo “Movible”: Simulaciones que Ocultan Construcciones Permanentes

En varios de los casos documentados, las estructuras instaladas en la playa se presentan como “movibles” —techos livianos, plataformas supuestamente desmontables e incluso buses y carretas rodantes— para eludir la regulación estricta de la zona pública marítimo-terrestre. Sin embargo, las fotografías muestran algo muy diferente: bases estabilizadas, conexiones eléctricas fijas, luminarias enterradas en arena compactada y estructuras que no han cambiado de lugar durante meses o incluso años.

Aunque algunas de estas instalaciones tengan ruedas, la evidencia indica que no se mueven en absoluto. Funcionan como locales comerciales estables: con mesas, sillas, cableado, tarimas y puntos de luz que denotan permanencia operativa. Lo “rodante” y lo “movible” son, en la práctica, un disfraz para encubrir la ocupación continua de un bien de dominio público.

Este tipo de simulación busca normalizar la apropiación progresiva de la playa, bajo la apariencia de temporalidad o flexibilidad, mientras en realidad se consolida un uso privado y lucrativo.

Por qué no se pueden instalar gimnasios, buses, carretas ni estructuras comerciales en la playa

En otros espacios —parques urbanos, polideportivos o zonas privadas con permisos municipales— sí es pertinente y legal instalar gimnasios, food trucks, carretas rodantes o módulos recreativos. En esos lugares se cuenta con:

  • -infraestructura diseñada para soportar cargas y tránsito,

  • -regulación municipal específica,

  • -sistemas de manejo de residuos y aguas grises,

  • -normas de seguridad para usuarios y transeúntes.

La playa, en contraste, es un espacio con características únicas e incompatibles con este tipo de instalaciones:

  • -Es un ecosistema vivo y dinámico, donde el movimiento natural de la arena, las mareas y la fauna requiere espacio libre.

  • -Es un área protegida por ley, de dominio público, que no puede ser cercada ni convertida en extensión comercial.

  • -Es un hábitat crítico, especialmente para especies como tortugas marinas, afectadas por luces, ruido y obstáculos.

  • -Prohíbe construcciones permanentes o semipermanentes, incluso si tienen ruedas o apariencia “movible”.

Movible no significa inocuo: la privatización silenciosa del espacio común

La instalación de buses, carretas y estructuras que no se mueven crea una infraestructura que, aunque se disfrace de temporal, opera como punto fijo de comercialización. Esto detona procesos de:

  • -ampliación de mobiliario,

  • -aumento de iluminación artificial,

  • -introducción de residuos y ruido,

  • -reducción del acceso comunitario,

  • -transformación del paisaje natural en un espacio privatizado.

Lo que inicia como una estructura supuestamente móvil se convierte rápidamente en una ocupación estable, que desplaza usos comunitarios y erosiona la función ecológica de la playa.

La Última Línea del Caribe Sur

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y otros ciudadanos funciona como una alerta temprana ante una crisis socioambiental que avanza silenciosamente. La deforestación, las talas ilegales y la apropiación de zonas públicas no solo constituyen delitos ambientales: también erosionan la democracia, al normalizar la impunidad; afectan la equidad, al permitir privilegios ilegales; y vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano.

Quienes ejercen vigilancia comunitaria representan la última línea de defensa frente al deterioro, a menudo enfrentándose solos a amenazas, hostilidad y burocracias que no responden con la urgencia necesaria. Su trabajo demuestra una verdad esencial: proteger los bienes comunes naturales no es opcional; es una condición para la vida digna hoy y para la supervivencia futura.

El Trabajo de Monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven: La Evidencia en Primer Plano

Los casos documentados no son casualidad: responden a un trabajo metódico y sostenido que comprende:

  • Recorridos constantes en territorio: Revisión periódica de áreas críticas del Caribe Sur, tales como Playa Negra, Hone Creek y la zona de Beach Break.
  • Evidencia fotográfica y videográfica: Uso de cámaras, teléfonos y drones para registrar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades.
  • Denuncias formales: Presentación de evidencia ante instancias ambientales y judiciales, a pesar de respuestas lentas o ineficaces.
  • Visibiliza la corrupción: Su seguimiento constante permite evidenciar irregularidades y presionar para la remoción de funcionarios que han obstaculizado la protección ambiental.
  • Resiliencia ante la intimidación: Decisión de denunciar con nombre propio, pese a amenazas, acoso vecinal y agresiones a sus animales.

Su trabajo confirma que el monitoreo comunitario es una herramienta indispensable para fortalecer la aplicación de la ley, revelar patrones de degradación y generar presión social para la acción institucional.

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Costa Rica ante el avance del crimen organizado ambiental: tendencias, riesgos y disputas por los bienes comunes

Costa Rica continúa proyectándose internacionalmente como un país verde, democrático y comprometido con la sostenibilidad. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad distinta y profundamente preocupante: el país experimenta un aumento sostenido en los mercados criminales y en la presencia de actores ilícitos vinculados a actividades que depredan la naturaleza. Este deterioro ocurre en paralelo a un debilitamiento de capacidades institucionales y a un incremento de riesgos para las comunidades que defienden sus territorios.

En este escenario, los bienes comunes naturales —bosques, ríos, mares, suelos y biodiversidad— se ven cada vez más disputados por redes criminales, intereses económicos irregulares y comunidades que intentan proteger su entorno y su forma de vida. Las tensiones ambientales ya no deben entenderse únicamente como conflictos puntuales, sino como parte de una transformación estructural que afecta la gobernanza ecológica, la seguridad y la democracia del país.

A continuación se desarrollan las principales tendencias identificadas y, luego, se analizan sus implicaciones para los bienes comunes y para las personas defensoras que los protegen.

Tendencias socioambientales en Costa Rica (2025)

El diagnóstico revela cinco procesos clave que, lejos de ser coyunturales, se consolidan como tendencias críticas para comprender la situación ambiental y territorial del país.

Crecimiento sostenido de la tala ilegal y del tráfico de flora

La tala ilegal persiste como la principal denuncia ambiental en buena parte del territorio nacional. La extracción ilícita de especies de alto valor —como cocobolo y chilamate— se orienta a mercados internacionales y se sostiene mediante redes que operan con la implicación o la tolerancia de agentes públicos encargados de la fiscalización forestal.

Más allá de la pérdida arbórea inmediata, este proceso fragmenta hábitats, debilita corredores biológicos y presiona territorios indígenas y zonas de recarga hídrica que sostienen servicios ecosistémicos fundamentales para comunidades locales.

Aumento del tráfico de fauna silvestre

El tráfico de fauna convierte a Costa Rica en un punto de origen relevante para la extracción ilícita de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones con destino a mercados en América del Norte y Europa. Las redes criminales sofisticadas se apoyan en plataformas digitales y, en ciertos casos, en nexos con estructuras del narcotráfico para evadir controles.

El impacto ecológico es severo: reducción de poblaciones de especies vulnerables, alteración de cadenas tróficas y socavamiento de décadas de esfuerzos de conservación liderados por comunidades y organizaciones locales.

Expansión de la minería ilegal y contaminación por mercurio

La minería ilícita —con antecedentes notorios en zonas como Crucitas— se extiende hacia nuevas áreas, creando focos de degradación ambiental caracterizados por deforestación, erosión, sedimentación y contaminación por mercurio. Estas prácticas suelen asentarse en contextos de explotación laboral de poblaciones migrantes y se desarrollan al margen de controles estatales efectivos.

Los territorios afectados por la minería ilegal se transforman así en enclaves de precariedad socioeconómica, violencia y daño ecológico difícil de revertir.

Puertos, fronteras y mares como zonas críticas del crimen ambiental

La posición estratégica de Costa Rica —fronteras terrestres y accesos marítimos al Caribe y al Pacífico— convierte determinadas zonas en corredores para múltiples actividades ilícitas: tráfico de fauna y flora, contrabando, narcotráfico y rutas migratorias informales. Estas áreas concentran riesgos elevados y concentran tensiones entre intereses económicos, criminales y comunitarios.

Cuando el control estatal es débil, las comunidades costeras, pesqueras e indígenas ven erosionada su capacidad para gestionar y proteger sus recursos.

Debilitamiento de la capacidad estatal para la gestión ambiental

Aunque el país cuenta con marcos legales avanzados, existen problemas persistentes: insuficiente financiamiento para fiscalización, tensiones interinstitucionales, presiones por flexibilizar controles ambientales y limitaciones en la respuesta judicial. En conjunto, estas deficiencias reducen la capacidad preventiva y reactiva del Estado frente a delitos ambientales.

La pérdida de presencia estatal en territorios clave crea vacíos que facilitan la expansión de actividades ilícitas y deja a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad.

Tendencias clave del deterioro ambiental y territorial (2025)
TendenciaDescripciónImpacto socioambiental
Tala ilegal y tráfico de maderaExtracción ilícita de especies de alto valor para mercados internacionales.Pérdida forestal, fragmentación de hábitats, afectación de servicios ecosistémicos.
Tráfico de faunaComercio de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones mediante redes criminales.Reducción de poblaciones, riesgo para especies vulnerables, disrupción ecológica.
Minería ilegalExpansión de operaciones auríferas informales con uso de mercurio y efectos contaminantes.Contaminación hídrica, deforestación, erosión y impactos en salud comunitaria.
Criminalidad en puertos y fronterasCorredores logísticos que facilitan múltiples economías ilícitas.Aumento de violencia, presión sobre comunidades costeras y fronterizas.
Captura institucionalImplicación o tolerancia de funcionarios que facilitan actividades irregulares.Erosión de la gobernanza y menor efectividad en la fiscalización.
Débil fiscalización estatalFalta de recursos y coordinación para implementar controles y sanciones.Incapacidad de respuesta ante delitos ambientales y proliferación delictiva.
Riesgos para comunidades e indígenasExpansión de economías ilícitas en territorios vulnerables.Amenazas, desplazamientos, pérdida de autonomía y derechos territoriales.
Implicaciones para los bienes comunes naturales

Las tendencias descritas configuran una disputa profunda sobre quién controla y se beneficia de los recursos naturales del país. Más que delitos aislados, estamos ante una reconfiguración del acceso y la gobernanza de los bienes comunes.

Privatización de facto de territorios y recursos: La ocupación por redes criminales implica la conversión de bosques, ríos, minas y mares en activos económicos explotados sin rendición de cuentas. En la práctica, esto equivale a una privatización violenta de bienes que deberían gestionarse de manera colectiva.

Debilitamiento de las formas comunitarias de gestión: Comunidades indígenas, rurales y costeras, que históricamente han sido guardianas de territorios y prácticas sostenibles, ven amenazada su capacidad de decisión y gestión. La presencia criminal y la limitada protección estatal reducen su margen de acción y comprometen medios de vida.

Colapso institucional en áreas estratégicas: La penetración de corrupción y la falta de recursos en organismos de fiscalización, administración municipal y sistemas judiciales generan vacíos de autoridad. Esos vacíos permiten que la destrucción ecológica y la explotación ilegal avancen con impunidad.

Integración del crimen ambiental con otras economías ilícitas: La tala, la minería y el tráfico de fauna no operan aisladamente: se articulan con narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Esta integración transforma territorios frágiles en nodos multifuncionales del crimen organizado y multiplica la complejidad de cualquier respuesta pública.

Riesgos y desafíos para las personas defensoras ambientales

El deterioro ambiental y la captura territorial tienen consecuencias directas para la seguridad y el trabajo de quienes defienden los bienes comunes.

Presencia de grupos armados y redes transnacionales: La competencia por recursos estratégicos atrae actores con capacidades violentas y vínculos internacionales, que consideran a defensores y liderazgos comunitarios como obstáculos a eliminar.

Corrupción y captura institucional: Cuando las instancias encargadas de recibir y procesar denuncias están permeadas por actores con intereses en lo ilegal, las vías de respuesta se cierran y las denuncias se vuelven peligrosas para quienes las presentan.

Normalización de la violencia: El crecimiento de economías ilícitas trae consigo amenazas, hostigamientos y agresiones. Los mecanismos de protección existentes enfrentan saturación y restricciones presupuestarias, lo que limita la protección efectiva de personas en riesgo.

Estigmatización y criminalización de defensores: Narrativas que presentan a los defensores como obstáculos al “desarrollo” o como generadores de conflicto erosionan el respaldo social que podría protegerlos y facilitan su persecución o aislamiento.

Desigualdad territorial: Las áreas más afectadas coinciden con territorios históricamente marginados (fronteras, Caribe, territorios indígenas), donde la ausencia estatal y la precariedad estructural aumentan la exposición a riesgos múltiples.

Un momento decisivo para la defensa de los bienes comunes

Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión. Aun cuando mantiene una imagen internacional de liderazgo ambiental, el avance del crimen organizado sobre recursos naturales y el debilitamiento de la gobernanza muestran que la protección de los bienes comunes requiere medidas urgentes y profundas.

Para responder a este desafío es imprescindible: fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar protección efectiva y preventiva para las personas defensoras, transparentar procesos de permisos y concesiones, mejorar la coordinación interinstitucional, y garantizar la participación real de comunidades rurales, indígenas y costeras en la gestión de sus territorios. Sin estas medidas, el vacío dejado por el Estado será ocupado por intereses que ponen en riesgo tanto los ecosistemas como la cohesión social y la democracia.

Referencia

OCINDEX. (2025). Global Organized Crime Index: Costa Rica (Country profile 2025). OCINDEX.

Imágenes de carácter ilustrativo.

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Defender la vida no es delito: patrones de estigmatización y criminalización contra quienes cuidan la naturaleza

El reciente ataque contra las personas abogadas ambientalistas Randall Arauz y Walter Brenes, reconocidas por sus acciones judiciales para detener la comercialización del tiburón martillo, no puede leerse como un hecho aislado. Este suceso se inscribe en una tendencia más amplia de hostigamiento y deslegitimación de las personas defensoras ambientales, que afecta cada vez con más fuerza a América Latina y que empieza a manifestarse con mayor claridad en Costa Rica.

De la defensa ambiental al “enemigo del desarrollo”

En las últimas décadas, los conflictos socioambientales se han intensificado en toda la región. Mientras comunidades y organizaciones defienden sus territorios frente a proyectos extractivos o pesquerías industriales, los Estados y las élites económicas han respondido con una combinación de represión, judicialización y estigmatización.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y de EarthRights International (2020) muestran cómo, bajo el discurso del progreso y la seguridad, se criminaliza a quienes ejercen el derecho legítimo a la participación, la protesta y la defensa del ambiente.

El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional.

En Costa Rica, etiquetas como “ecoterroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del país” reproducen un patrón regional que la investigadora Marina Mendoza (2023) denomina la actualización de la doctrina del enemigo interno: una narrativa que convierte el cuidado del territorio en sospecha política y el disenso ambiental en amenaza al orden económico.

Qué entendemos por estigmatización

La estigmatización es un proceso social de deslegitimación y exclusión simbólica, en el que ciertos actores —autoridades, empresas, medios o figuras de poder— atribuyen etiquetas negativas a quienes defienden derechos humanos o ambientales, distorsionando sus motivos y restándoles credibilidad ante la opinión pública.

Según el estudio de Protection International y la PDDH (2025), este proceso opera mediante tres mecanismos principales:

  • -Reducción moral: presentar a las personas defensoras como fanáticas, violentas o ideologizadas, negando la legitimidad de su causa.

  • -Inversión del conflicto: desplazar el foco del daño ambiental hacia la supuesta “amenaza” que representan quienes denuncian.

  • -Despersonalización: convertir a los defensores en objetos de sospecha o “problemas de orden público”, invisibilizando sus trayectorias humanas y comunitarias.

La estigmatización no solo distorsiona los hechos: erosiona el reconocimiento social del papel que cumplen estas personas en la defensa de los bienes comunes, preparando el terreno para agresiones más graves.

Estrategias de estigmatización y control

Los estudios de EarthRights International (2020) y la CIDH (2015) identifican múltiples estrategias que combinan la dimensión mediática, judicial y política:

  • -Uso político del derecho penal: figuras como “usurpación”, “difamación” o “entorpecimiento” se aplican para criminalizar la protesta o la acción legal.

  • -Campañas mediáticas de desprestigio: titulares y contenidos que asocian la defensa ambiental con agendas extranjeras, “izquierdismo” o sabotaje económico.

  • -Acoso digital y desinformación: redes sociales usadas para hostigar, amenazar o difundir rumores que siembran miedo.

  • -Negligencia institucional: la falta de investigación o sanción de las amenazas refuerza la idea de que agredir a defensores “no tiene consecuencias”.

  • -Apropiación del discurso ambiental: empresas y gobiernos adoptan un lenguaje “verde” para desactivar críticas mientras invisibilizan los impactos reales.

Estas estrategias no solo buscan silenciar voces críticas; también fragmentan los lazos comunitarios, desalientan la participación y debilitan la democracia ambiental.

Estigmatización en el contexto costarricense

Aunque Costa Rica mantiene una imagen de “democracia verde”, los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas.

Los ataques contra Arauz y Brenes, y las amenazas en Talamanca, Osa y la Zona Norte, se dan en contextos donde confluyen crimen organizado, pesca industrial, turismo desregulado y discursos políticos hostiles al Acuerdo de Escazú.

El cuestionamiento al Escazú —que garantiza el acceso a la información, la participación y la protección de defensores ambientales— es parte de una estrategia de desinformación y miedo, que busca impedir una ciudadanía ambiental activa y crítica.

En el fondo, la disputa no es solo jurídica: es cultural y política. Se trata de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio, los recursos y el sentido del desarrollo.

De la estigmatización al riesgo

La estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. Los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos: se convierten en permisos simbólicos para dañar.

La experiencia latinoamericana muestra que la violencia empieza con la palabra: antes del golpe, la cárcel o el asesinato, hay una narrativa que despoja de legitimidad al defensor. Costa Rica aún puede evitar que esa espiral avance, si logra reconocer y detener esas prácticas antes de que se normalicen.

La trampa de la falsa polarización

Uno de los efectos más perniciosos de la estigmatización es la creación de falsas polarizaciones: ambientalistas contra el desarrollo, ambientalistas contra pescadores, ambientalistas contra agricultores. Estas oposiciones simplifican y distorsionan conflictos complejos, reduciendo debates estructurales sobre justicia ambiental a batallas morales entre “progreso” y “obstáculo”.

En realidad, no existe un conflicto esencial entre cuidar la naturaleza y garantizar la producción o el trabajo, sino entre dos formas de entender el desarrollo: una basada en la apropiación y el agotamiento de los bienes comunes, y otra que busca sostener la vida en equilibrio con ellos.

La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público.

Superar esta polarización exige reconstruir el diálogo desde lo común: reconocer que pescadores, agricultores y defensores ambientales no son bandos opuestos, sino parte de una misma defensa del territorio y de la soberanía sobre los bienes que los sostienen.

Frente a la lógica del enfrentamiento, la alianza entre quienes viven del mar y la tierra es la única vía posible para resistir el cercamiento de lo común y construir alternativas de vida digna.

La normalización de la estigmatización

La normalización ocurre cuando la sociedad deja de percibir la estigmatización como una forma de violencia y empieza a considerarla parte del “juego político” o del debate público.

Cuando insultos, burlas o acusaciones contra defensores se vuelven frecuentes y no generan rechazo, se instala una cultura de indiferencia que legitima la agresión.

Esa normalización tiene consecuencias profundas:

  • -Reduce la empatía social, debilitando la solidaridad hacia quienes defienden causas comunes.

  • -Desactiva los mecanismos institucionales de protección, porque las amenazas dejan de verse como graves.

  • -Distorsiona el debate público, sustituyendo el argumento por la difamación.

  • -Refuerza la impunidad, al convertir el miedo y el silencio en prácticas cotidianas.

En ese contexto, la estigmatización deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta estructural de control social.

Desmontar esa normalización implica nombrar el problema, crear espacios de memoria y cuidado, y reafirmar que defender el ambiente no es un privilegio ni una amenaza: es un derecho.

Escazú y la legitimación del silencio

La negativa de Costa Rica a ratificar el Acuerdo de Escazú no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico o jurídico; expresa una alianza tácita entre intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la información y limitar la participación ciudadana en los conflictos ambientales.

En ese contexto, la estigmatización de las personas defensoras cumple una función estratégica: desacreditar al mensajero para preservar el modelo.

Cuando se rechaza un instrumento que protege a quienes defienden los bienes comunes, se envía un mensaje claro: la transparencia y la participación son vistas como amenazas, y no como pilares de la democracia.

Así, la no ratificación de Escazú contribuye a normalizar un clima de desconfianza y hostilidad, donde la defensa ambiental deja de percibirse como un derecho y se convierte, peligrosamente, en un acto de sospecha.

Cuidar a quienes cuidan

Defender la naturaleza no es un acto de confrontación, sino de cuidado del bien común. En tiempos de polarización y pérdida de confianza institucional, proteger a quienes defienden la vida es un imperativo democrático.

La estigmatización busca aislar; la solidaridad, en cambio, reconstruye comunidad.

La defensa ambiental es, en el fondo, una defensa de los bienes comunes: del agua, los bosques, los mares, la tierra y la posibilidad de habitarlos dignamente. Cuando las personas que los protegen son perseguidas o silenciadas, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la trama social que sostiene la vida colectiva.

Los procesos de cercamiento y agotamiento de los bienes comunes —ya sea por la expansión extractiva, la privatización o la captura institucional— avanzan más rápido cuando la sociedad acepta la estigmatización de quienes resisten. En esa frontera, las personas defensoras representan la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida misma.

Protegerlas no es un acto simbólico, es una condición de posibilidad para la democracia ambiental y para imaginar un país donde el bienestar no se mida por el lucro, sino por la capacidad de cuidar lo que nos sostiene en común.

Glosario
ConceptoDefinición
Defensores y defensoras ambientalesPersonas, colectivos o comunidades que promueven y protegen derechos relacionados con el ambiente, el territorio, el agua y la naturaleza, actuando en nombre del interés público.
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal, administrativo o judicial para sancionar o intimidar a quienes ejercen la defensa de derechos. Incluye acusaciones infundadas, procesos judiciales prolongados o uso abusivo de figuras legales.
EstigmatizaciónProceso simbólico que deslegitima y desacredita públicamente a las personas defensoras, a través de discursos, etiquetas y narrativas que las presentan como amenazas, enemigas o antidesarrollo.
Doctrina del enemigo internoLógica heredada de contextos autoritarios según la cual ciertos sectores sociales —antes los insurgentes, hoy los ambientalistas o pueblos indígenas— son tratados como enemigos del Estado o del progreso.
Acuerdo de EscazúTratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 2021.
Bienes comunesRecursos naturales, culturales y sociales compartidos por las comunidades y esenciales para la vida —como el agua, el aire, la biodiversidad y el conocimiento— cuya gestión debe basarse en el cuidado colectivo y no en la apropiación privada.
CercamientoProceso mediante el cual los bienes comunes son apropiados o controlados por intereses privados o estatales, restringiendo el acceso y la participación de las comunidades que los habitan o gestionan.
Democracia ambientalEnfoque que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información, participar en las decisiones y exigir justicia en asuntos ambientales, vinculando la protección del ambiente con la participación ciudadana y los derechos humanos.
Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.

EarthRights International. (2020). Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra: Elementos para la defensa legal desde el análisis de casos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia, con la colaboración de Ana María Vidal Carrasco, Pablo Abdo y Katherine Paucar Quispe. EarthRights International.

López Rodríguez, Mario Alejandro, y Excell, Cristhian. (2017). La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Martínez, Alonso. (2025, 10 Noviembre). Organizaciones se pronuncian ante actos de violencia contra defensores ambientales en Puntarenas. Delfino.CR.

Mendoza, Marina Gabriela. (2023). La instrumentalización del “ecoterrorismo” en el abordaje de la conflictividad socioambiental latinoamericana: los casos de Chile y Perú (2003–2023). Revista de Estudios sobre Genocidio, 18, 88–112. Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Protection International y Fundación Verdad Abierta. (2025). Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia. Protection International y Fundación Verdad Abierta.

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Monitoreos ambientales en defensa del territorio: las denuncias de Philippe Vangoidsenhoven

Desde hace varios años, Philippe Vangoidsenhoven documenta con rigor y persistencia las transformaciones ilegales del paisaje costero en el Caribe sur de Costa Rica. A través de recorridos periódicos, fotografías y reportes georreferenciados, ha evidenciado un patrón sostenido de tala, relleno y construcción en zonas de protección y humedales, muchas veces con la complacencia institucional o la falta de seguimiento efectivo.

Su labor se desarrolla en condiciones profundamente desiguales: sin respaldo institucional, sin protección jurídica ni apoyo técnico, y con recursos limitados que debe autofinanciar. Como muchas personas defensoras ambientales en el país, Philippe actúa desde la convicción de cuidar los bienes comunes frente a un modelo que prioriza la especulación turística y el negocio inmobiliario. Mientras las instituciones se ven sobrepasadas o inactivas, son estos monitoreos ciudadanos los que permiten sostener la vigilancia ambiental y mantener viva la memoria del territorio.

Caso 1: Tala y construcciones junto a un arroyo

En julio de 2021, Philippe denunció ante el MINAE una chapea en la orilla de un arroyo, pero la inspección se realizó tres meses después, cuando ya no era posible constatar el daño. En febrero de 2022 verificó la tala en la zona protegida de 15 metros, y a inicios de 2023 observó la construcción de una casa y un pozo dentro del cauce del arroyo. Aunque el MINAE obligó a dejar que la vegetación se regenerara, no detuvo las obras. Recientemente, se añadieron dos contenedores en la franja de protección y una nueva construcción al otro lado del arroyo, por lo que Philippe volvió a denunciar exigiendo la demolición de las estructuras y la restauración del área.

Galería 2025

Caso 2: Chapeas en la franja costera de REGAMA

Desde hace años, cuadrillas de peones limpian la franja de bosque costero en REGAMA bajo el argumento de “seguridad”, apoyadas incluso por la policía. Sin embargo, Philippe ha documentado que detrás de estas acciones se esconden intereses turísticos: un bar de hotel utiliza la zona para habilitar parqueos, a pesar de que la ley exige mantener una franja mínima de 15 metros libre de intervención en ambos márgenes de los cauces.

Galería

Caso 3: Desmonte en Margarita Road

En el sector de Margarita Road, Philippe ha presentado múltiples denuncias por tala total del terreno y eliminación del sotobosque, lo que constituye un cambio de uso de suelo en un área boscosa ubicada dentro del territorio indígena Kekoldi.

Caso 4: Río Cocles, la desaparición de la franja de protección

El seguimiento fotográfico confirma que los 15 metros de protección del río Cocles han desaparecido. En el sitio, donde aún se observa agua superficial, el terreno presenta características de humedal. Philippe había advertido sobre esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha agravado. Las talas —registradas desde 2019— muestran un patrón sostenido en terrenos tanto privados como públicos, dentro del área REGAMA.

Galería

Caso 5: Extracción y venta ilegal de tierra

Otro monitoreo revela la extracción ilegal de tierra para rellenos de terrenos, bosques y humedales. Aunque una de las fincas fue detenida tras las denuncias, en otras continúa el saqueo. Philippe advierte que la tierra se ha convertido en un nuevo negocio en el Caribe sur, donde varias lomas están siendo raspadas para su venta.

Antes
Despúes
Galería
Implicaciones de un patrón que avanza sobre los ecosistemas costeros

Los casos documentados por Philippe revelan un proceso de transformación profunda del territorio, donde las zonas de protección y los humedales pierden su función ecológica. Cada tala, relleno o construcción no solo modifica el paisaje: interrumpe los flujos del agua, fragmenta los hábitats y debilita los equilibrios que sostienen la vida en los ecosistemas costeros.

En los márgenes de ríos y quebradas, la desaparición de la vegetación ribereña acelera la erosión, contamina los cauces y reduce la capacidad natural de infiltración del agua. Los rellenos sobre humedales eliminan espacios vitales para la recarga acuífera y para especies que dependen de esos ambientes. Estos procesos, repetidos en distintas localidades, configuran un patrón de pérdida silenciosa, donde el deterioro se acumula sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Las implicaciones también son sociales: el avance de intereses privados sobre áreas comunes restringe el acceso al territorio y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. Detrás de cada denuncia no solo hay un daño ambiental, sino la expresión de un conflicto entre dos formas de entender el espacio costero: como bien común o como recurso para la especulación inmobiliaria.

Patrones que se repiten y defensores desprotegidos

Los monitoreos de Philippe muestran una constante: el deterioro ambiental no ocurre de manera aislada, sino como parte de un entramado donde la falta de control, la permisividad institucional y los intereses económicos se combinan. Chapeas, talas, rellenos y construcciones avanzan sobre zonas protegidas mientras los mecanismos de vigilancia estatal actúan con lentitud o no logran detener el daño.

Este tipo de seguimiento ciudadano se vuelve crucial en contextos de estrés institucional, como el que vive hoy Costa Rica, donde por omisión, impotencia o sobrecarga, las instituciones ambientales no dan abasto. Frente a esa fragilidad, los registros independientes —fotográficos, georreferenciados y persistentes— son los que permiten sostener la memoria del territorio y exigir rendición de cuentas.

Sin embargo, quienes realizan este trabajo lo hacen sin protección ni apoyo oficial. Philippe financia de su propio bolsillo cada desplazamiento, equipo y denuncia. En uno de sus monitoreos perdió su dron —una herramienta esencial para registrar los daños desde el aire—, que había sido adquirido gracias a la solidaridad de una vecina.  Tuvo que volver a pedir apoyo para reemplazarlo. Esa es la vida del defensor ambiental en el Caribe sur: sostener con esfuerzo y convicción una tarea que el Estado debería acompañar, proteger y reconocer.

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Defender la vida en tiempos de extractivismo: la escalera de la violencia y los derechos en riesgo

El escalamiento de la violencia y el incumplimiento de los derechos

En Violencias y Derechos en los Extractivismos, Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini proponen una lectura integral de las relaciones entre extractivismo, derechos y violencia en América Latina. Una de sus principales contribuciones es la idea de la “escalera de la violencia”, presentada como un instrumento conceptual que permite identificar y analizar cómo las violaciones de derechos se acumulan y escalan hasta formas extremas de agresión.

Los autores explican que la violencia en los extractivismos no comienza con las armas ni con la represión policial: inicia mucho antes, en los incumplimientos institucionales y normativos que erosionan los derechos de las comunidades y de la naturaleza. La falta de información, la negación del derecho a la consulta, la manipulación de procesos de participación y las reformas legales para flexibilizar los controles ambientales son los primeros peldaños de una escalera que conduce, casi inevitablemente, a formas más graves de violencia.

En los niveles siguientes aparecen la criminalización de la protesta, la estigmatización de líderes comunitarios, el uso del sistema judicial para desmovilizar resistencias y, finalmente, la represión directa, los desalojos forzosos y las agresiones físicas o asesinatos. La escalera de la violencia permite, así, leer el conflicto extractivo como un proceso estructural, donde las violaciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son parte del funcionamiento mismo del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales.

Este instrumento resulta especialmente pertinente porque no solo denuncia los hechos de violencia visibles, sino que revela las formas invisibles e institucionalizadas de violencia, aquellas que se ejercen desde el Estado a través de políticas públicas, marcos legales y decisiones administrativas que facilitan la expansión de los extractivismos. Gudynas denomina a este tipo de prácticas extrahecciones: extracciones que, al vulnerar derechos y apoyarse en la violencia estructural, exceden la simple extracción de recursos para convertirse en mecanismos de despojo.

En este sentido, la “escalera de la violencia” no es solo una metáfora analítica: es una herramienta política y pedagógica que permite a comunidades, movimientos y defensores de derechos identificar tempranamente los procesos de escalamiento y visibilizar la responsabilidad estatal y empresarial en cada etapa. Su utilidad radica en ofrecer un lenguaje común para conectar las luchas locales con un marco más amplio de comprensión de las violencias del desarrollo.

Un marco urgente ante el aumento de la criminalización ambiental

La pertinencia de esta herramienta se hace aún más evidente en el contexto actual de creciente violencia contra las personas defensoras del ambiente y los territorios. El más reciente informe de Global Witness alerta que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza, y que la mayoría de los ataques están vinculados a proyectos extractivos y agroindustriales.

En Costa Rica, estos riesgos se agravan por la decisión estatal de rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca precisamente garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras ambientales. Esta negativa deja en evidencia una brecha entre el discurso ambiental del país y la protección real de quienes sostienen la defensa de los bienes comunes.

Frente a ese escenario, la “escalera de la violencia” propuesta por Gudynas, Gandarillas y Campanini se vuelve una herramienta analítica y ética indispensable: permite identificar tempranamente las señales de escalamiento, comprender las responsabilidades estatales y empresariales, y fortalecer la acción colectiva desde una mirada de derechos humanos y de la naturaleza.

Un libro necesario para pensar los derechos en tiempos de extractivismo

Publicado por el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica (2019) constituye una referencia ineludible para quienes buscan comprender la relación entre el modelo extractivista y la crisis de los derechos humanos en la región.

A partir de una amplia revisión de casos y del informe sombra presentado ante el Examen Periódico Universal de Bolivia (ONU, 2019), el libro muestra cómo los extractivismos —mineros, petroleros o agroindustriales— generan una erosión sostenida del marco de derechos. Sus autores analizan conceptos como efectos derrame, violencia institucionalizada y neoconstitucionalismo latinoamericano, destacando las contradicciones entre las Constituciones que reconocen derechos de la naturaleza y las políticas que los vulneran en nombre del desarrollo.

Más allá del diagnóstico, la obra propone instrumentos para la acción, como las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), que deberían acompañar los estudios de impacto ambiental para garantizar la protección efectiva de las personas y los territorios.

Descargá el libro

Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica
Autores: Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini
Editorial: LaLibre / CLAES / CEDIB (2019)
Descarga aquí.

Pueden descargar el esquema aquí:

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Créditos de imagen: Foto mural de Jairo Voz de Guanacaste. Evidencia de ataque al parabrisas y mano vendada por agresión recibida de Philippe Vangoidsenhoven.

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Rendir cuentas mirando atrás: el MINAE responde al informe de la Contraloría culpando al pasado

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.

Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.

Eludir responsabilidades no es gestión ambiental

El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.

El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.

El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.

Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso

La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.

  • En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

  • En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.

  • En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.

Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.

De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico

Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.

El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.

Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.

Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades

La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.

En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.

Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:

  • Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.

  • Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.

  • Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.

En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.

Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.

Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir

La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.

Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.

Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.

Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables

El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.

Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.

Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.

Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.

Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.

Manual para convivir con un fantasma ministerial

Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.

Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.

Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.

El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.

Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.

Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.

Fuentes:

Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena

Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/

Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/

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Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis

El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) confirma una preocupación que desde hace años levantan las comunidades costeras, campesinas e indígenas: la protección ambiental en Costa Rica se encuentra debilitada por omisiones institucionales y riesgos de corrupción.

La auditoría examinó 59 expedientes de proyectos con viabilidad ambiental aprobada, principalmente en zonas costeras, y concluyó que la gestión del riesgo de corrupción en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) incumple de manera significativa el marco normativo y técnico. En el 74 % de los casos revisados, se detectaron deficiencias graves que comprometen la transparencia, la trazabilidad y la protección efectiva de los ecosistemas.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Portalón de Quepos, donde la SETENA otorgó viabilidad ambiental sin inspección de campo y basándose en un estudio elaborado por un consultor que actuaba simultáneamente como regente forestal. Posteriormente, el SINAC confirmó la existencia de bosque y ecosistemas frágiles, y se documentaron 16 incumplimientos ambientales.

La Contraloría advierte que este tipo de prácticas erosionan la confianza ciudadana y exponen al país a un uso abusivo de los instrumentos ambientales, donde la aprobación de proyectos puede responder más a intereses privados que al bien común.

¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

La EIA es un instrumento preventivo de la política ambiental del Estado. Toda obra, actividad o proyecto que pueda alterar el ambiente debe someterse a este proceso antes de su ejecución, con el fin de identificar, mitigar o compensar impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades.

La SETENA, creada en 1995, es la entidad encargada de analizar los estudios, autorizar las viabilidades ambientales y dar seguimiento a su cumplimiento. En teoría, la EIA busca equilibrar desarrollo y protección ambiental; sin embargo, en la práctica, ha derivado en un proceso burocrático, con escasos controles, baja transparencia y débil participación pública.

Aspecto clavePropósito original de la EIAProblemas actuales identificados por la CGR
Prevención de daños ambientalesEvaluar antes de construir o intervenir ecosistemasViabilidades otorgadas sin inspecciones o con estudios incompletos
Participación ciudadanaGarantizar control social sobre proyectosInformación desactualizada y limitada en la web
Transparencia y trazabilidadDocumentar cada decisión técnicaExpedientes con documentos sin fecha o ausentes
Responsabilidad profesionalExigir independencia y registro de consultoresConsultores actúan como regentes y responsables del mismo proyecto
Seguimiento posteriorVerificar cumplimiento ambientalSeguimiento reactivo, sin base de datos ni alertas
Control institucionalEvitar conflictos de interésFalta de rotación, controles débiles y opacidad
Principales hallazgos del informe de la Contraloría
CategoríaHallazgoDatos relevantesImplicaciones
Verificación técnicaEvaluaciones superficiales o incompletas74 % de los expedientes con inconsistencias; 2 casos con estudios erróneosViabilidades ambientales inválidas
Seguimiento ambientalMonitoreo reactivo y limitadoSETENA desconoce número total de proyectos activos (algunos desde 1995)Falta de control y riesgo de daño ambiental
Inspecciones de campoInsuficientes o inexistentesEn 2025 no hubo planificación de inspeccionesRiesgo de afectaciones no detectadas
Registro de consultoresFalta de control y contradicciones reglamentariasConsultores no inscritos o con roles múltiplesConflictos de interés
Transparencia públicaInformación desactualizada12 de 48 expedientes sin publicarSe debilita el control ciudadano
Ética e integridadSin controles hacia actores externosSin mecanismos de prevención entre funcionarios y consultoresExposición a la corrupción
Presupuesto insuficienteRecorte del 73 % en fondos para inspecciones₡21 millones menos para supervisiónPérdida de capacidad institucional
Un problema estructural: la EIA como trámite y no como garantía

Desde su creación, la SETENA ha acumulado críticas por convertir la Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite más que en un verdadero instrumento de gestión pública. Las comunidades lo han vivido en carne propia: denuncian rellenos en humedales, tala en zonas marítimo-terrestres, destrucción de riberas y expansión inmobiliaria en bosques costeros sin respuestas efectivas del Estado.

Etapa del proceso EIAIntención originalFalla estructural observada
Valoración inicialEvaluar objetivamente la viabilidad ambientalDependencia de estudios privados sin revisión técnica real
Emisión de viabilidadGarantizar compatibilidad entre desarrollo y ambienteAprobaciones con información incompleta o errónea
SeguimientoVerificar cumplimiento ambientalSin sistema de alertas ni inspecciones regulares
Participación ciudadanaFortalecer el control socialProcesos poco accesibles y opacos
Control y sanciónCorregir daños o revocar permisosNula ejecución de garantías ambientales
Cuando quienes exigen “rigurosidad técnica” son quienes menos la practican

El informe también desnuda una contradicción histórica: durante años, comunidades y personas defensoras del ambiente han sido descalificadas por “no tener estudios técnicos”, mientras las instituciones y consultores que sí los elaboran incurren en graves fallas técnicas y éticas.

Cada vez que una comunidad denuncia un daño ambiental, se le responde que “no hay evidencia técnica” o que “la SETENA ya aprobó el proyecto”. Pero la Contraloría muestra que esas resoluciones se basan en documentos sin fecha, estudios que no corresponden al proyecto real y consultores con conflictos de interés.

La autoridad que deslegitima la voz comunitaria en nombre de la técnica carece de rigor técnico en su propio trabajo. Este doble estándar —que invalida saberes locales mientras protege la opacidad institucional— es una forma de violencia epistémica y política, que niega el conocimiento territorial y legitima la impunidad.

Hoy, el Estado confirma lo que las comunidades sabían: las omisiones no eran percepciones, eran realidades encubiertas. Escuchar y reconocer esos saberes será esencial para reconstruir una institucionalidad ambiental al servicio de la vida.

Desde los bienes comunes: volver a confiar en el cuidado compartido

El informe de la Contraloría no solo evidencia fallas administrativas: expone una crisis de confianza pública. Desde la perspectiva de los bienes comunes naturales, revela un Estado que ha perdido su capacidad de cuidar colectivamente lo que pertenece a todas y todos: el agua, los bosques, el suelo y la biodiversidad.

Revertir esta situación exige repolitizar la protección ambiental, fortalecer la transparencia, garantizar participación real y reconocer el valor del conocimiento comunitario en la gestión pública.

No se trata solo de reformar reglamentos, sino de reconstruir la ética pública del cuidado compartido.

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Los ecosistemas costeros desaparecen ante la indiferencia institucional

En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.
Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.

El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.

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Ríos y montañas en riesgo: la huella de la extracción de materiales pétreos

La extracción de materiales pétreos —arena, grava, caliza, basalto, arcillas, entre otros— es una de las actividades extractivas más extendidas en el planeta. Estos insumos son la base de la industria de la construcción y de múltiples procesos industriales: desde el cemento y el concreto hasta la fabricación de vidrio, cerámica e incluso componentes tecnológicos.

Aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, la magnitud de su extracción suele pasar desapercibida. A nivel global, la demanda de materiales pétreos crece sin pausa, impulsada por la urbanización y las infraestructuras que sostienen el modelo de desarrollo actual. La arena, por ejemplo, es el recurso más utilizado del mundo después del agua.

La expansión de una actividad silenciosa

El crecimiento urbano y el desarrollo tecnológico han disparado la extracción de materiales pétreos en ríos, montañas y planicies. Esta actividad combina prácticas de minería terrestre y fluvial, utilizando maquinaria pesada, voladuras con explosivos y dragas que remueven los sedimentos del lecho de los ríos.

Su presencia es visible en las cicatrices abiertas sobre el paisaje: canteras que reemplazan bosques, cauces alterados que se desvían o se secan, y suelos que pierden toda capacidad de regeneración. Las imágenes satelitales y los estudios más recientes muestran que los bancos de material —tanto terrestres como fluviales— se multiplican sin que exista una fiscalización efectiva o una planificación integral que evalúe sus consecuencias.

Impactos visibles y ocultos

La extracción de materiales pétreos transforma ecosistemas enteros. En tierra, genera deforestación, pérdida de suelos fértiles y alteración de la topografía, afectando la capacidad del terreno para retener agua y regular el clima. En ríos y cuerpos de agua, modifica los cauces naturales, aumenta la turbidez y destruye los hábitats de peces y microorganismos.

El dragado intensivo reduce los niveles de agua subterránea y altera la dinámica de los deltas y estuarios. Estas transformaciones favorecen la erosión costera, agravan la pérdida de biodiversidad y debilitan los mecanismos naturales de protección frente a tormentas y marejadas.

A ello se suman impactos menos visibles, pero igualmente graves: contaminación acústica y atmosférica, fragmentación del paisaje y emisiones asociadas a la industria del cemento, que contribuyen de forma significativa al cambio climático.

Gobernanza débil y expansión sin control

La normativa en torno a la extracción de materiales pétreos es, en la mayoría de los países, ambigua, dispersa y débilmente aplicada. Los permisos se tramitan como simples gestiones administrativas, sin que existan mecanismos eficaces de fiscalización ni seguimiento.

El resultado es un modelo extractivo sin control: muchos bancos de material operan en condiciones irregulares o ilegales, sin planes de restauración ambiental, sin participación de las comunidades y con escasa transparencia. Las instituciones encargadas de regular la actividad suelen carecer de coordinación, generando vacíos legales que facilitan la expansión de la minería no metálica.

Los costos recaen en los territorios y comunidades

Si bien la extracción de materiales responde a la demanda de las ciudades y a las dinámicas del mercado, los costos ambientales y sociales recaen en los territorios donde se realiza.

Las comunidades que habitan cerca de los bancos de extracción enfrentan pérdida de suelos agrícolas, contaminación del aire por polvo en suspensión y alteración de sus fuentes de agua. En los casos de extracción fluvial, el desvío de cauces y la eliminación de vegetación ribereña provocan inundaciones, sequías y desplazamientos de población.

A esto se suma un daño menos visible: la pérdida de vínculos culturales con el territorio. Los ríos y montañas degradados dejan de ser espacios de vida, identidad y espiritualidad, convirtiéndose en zonas de desecho o abandono.

La inequidad es estructural: las ganancias se concentran en los centros urbanos y en las empresas que abastecen la industria de la construcción, mientras las comunidades locales cargan con la degradación ambiental y los riesgos a la salud. Esta asimetría convierte la extracción en un problema de justicia socioambiental que exige nuevos marcos éticos y políticos.

Un reto urgente

La extracción de materiales pétreos es un engranaje silencioso del modelo de desarrollo global. Su omnipresencia en la vida moderna —en las carreteras, edificios, pantallas y vidrios— nos recuerda que la comodidad urbana tiene un costo oculto: la destrucción de ecosistemas y la vulnerabilidad de comunidades enteras.

Repensar esta actividad no implica detener el progreso, sino reconocer los límites del planeta y construir alternativas que prioricen la regeneración de los territorios, la transparencia y la participación ciudadana.
Dejar de ver como “normal” la muerte de los ríos o la desaparición de las montañas es el primer paso para imaginar un futuro distinto.

Cuando los ríos dejan de ser ríos

Los lugares donde antes corría el agua, donde las familias se reunían a bañarse o a pescar, se han transformado en canteras abiertas y espacios prohibidos. Allí donde antes había vida, ahora hay polvo, maquinaria y ruido. Este cambio va más allá del daño ecológico: implica la pérdida de los ríos y montañas como espacios públicos y de encuentro social.

Cuando un cauce se convierte en un sitio de extracción, desaparece también su dimensión simbólica y afectiva. El río deja de ser un lugar de paseo, de juego, de contemplación, para volverse una zona cercada, peligrosa o simplemente desolada. El paisaje pierde su capacidad de inspirar pertenencia y se vuelve un vacío industrial.

Esa transformación erosiona el tejido comunitario. Los niños ya no crecen jugando cerca del agua, las fiestas locales desaparecen, los caminos se cierran. Los espacios que antes servían para el descanso o el trabajo compartido se transforman en territorios de uso privado, donde la lógica extractiva reemplaza la del bien común.

Esta pérdida de lo público y lo común es también una pérdida cultural. Los ríos y montañas son parte de la memoria y la identidad colectiva; en ellos se inscriben historias, creencias y prácticas que definen la relación de las comunidades con su entorno. Cuando son reducidos a minas o bancos de material, se rompe el vínculo entre la gente y su territorio, y con ello, la posibilidad de imaginar formas más sostenibles de habitar el mundo.

Dejar de ver a los ríos como simples fuentes de materia prima es reconocerlos nuevamente como espacios de vida, encuentro y derecho colectivo. Recuperar esa mirada es, quizás, el primer paso hacia una verdadera justicia ambiental.

Extracción de materiales pétreos: panorama de México y la región latinoamericana
AspectoMéxico (Informe Ríos y montañas en riesgo, 2024)Tendencias regionales en América Latina y el Caribe
Cantidad de sitios de extracciónMás de 10,000 bancos identificados (activos, abandonados o en expansión).En la mayoría de países no existen registros integrales; subregistro estimado >60%.
Superficie afectadaMás de 73,000 hectáreas, especialmente en cuencas del centro y sur del país.Extensión desconocida en muchos países; se estima cientos de miles de hectáreas degradadas.
Materiales extraídosArena, grava, caliza, basalto, arcillas y tobas volcánicas.Predominan arena, grava y caliza en zonas costeras y fluviales.
Zonas más afectadasCuencas del Valle de México, Huasteca Potosina, ríos Atoyac y Papaloapan, y región del Balsas.En Centroamérica, riberas de ríos como Tempisque, Lempa y Choluteca; en el Caribe, zonas costeras y manglares.
Principales impactos ambientalesAlteración de cauces, erosión, pérdida de suelos fértiles, deforestación y pérdida de biodiversidad.Erosión costera, contaminación del agua, sedimentación excesiva, pérdida de hábitats ribereños.
Impactos socialesContaminación por polvo y ruido, afectación a la agricultura, conflictos territoriales, pérdida de espacios públicos.Desplazamiento de comunidades, afectación a pesca artesanal y turismo, desigualdad territorial.
Nivel de regulaciónMenos del 25% de los bancos cuentan con permisos o evaluaciones ambientales.Regulación fragmentada y débil; alto nivel de informalidad e ilegalidad.
Motivos de expansiónUrbanización, obras de infraestructura y demanda de la industria de la construcción.Urbanización acelerada, megaproyectos turísticos y obras viales (carreteras, puertos, represas).
Dimensión culturalRíos y montañas convertidos en canteras, pérdida de su valor simbólico y comunitario.Procesos similares: pérdida de ríos como espacios de encuentro, recreación y memoria.
Desafío centralRevertir la normalización del deterioro ambiental y garantizar justicia socioambiental.Integrar la defensa de los ríos y montañas como bienes comunes en políticas públicas y ciudadanas.
Reseña del informe

El informe “Ríos y montañas en riesgo: una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México”, elaborado por Manuel Llano, Carla Flores Lot y Carlos Carabaña (CartoCrítica y Fundación Heinrich Böll, 2024), constituye uno de los estudios más exhaustivos sobre una de las actividades extractivas más invisibilizadas: la minería no metálica o de materiales pétreos.

Lejos de la atención mediática que suele tener la minería metálica, la extracción de arena, grava y piedra avanza silenciosamente por todo el territorio, dejando tras de sí profundas huellas ambientales y sociales. El informe parte de un esfuerzo cartográfico sin precedentes: la identificación y georreferenciación de más de 10,000 sitios de extracción —tanto en superficie terrestre como en cauces fluviales—, que revelan la magnitud del fenómeno y su distribución prácticamente nacional.

A lo largo de siete capítulos, los autores analizan los tipos de materiales y métodos de extracción, los impactos ambientales y sociales asociados, el marco legal fragmentado que permite la expansión de la actividad, y una serie de casos concretos que muestran las consecuencias de décadas de explotación descontrolada. Entre ellos destacan los bancos de la Huasteca potosina, el río San Rodrigo en Coahuila y el río La Sierra en Tabasco, donde las montañas y cauces han sido transformados hasta perder su función ecológica.

El documento señala que esta minería, indispensable para el cemento, el vidrio o el asfalto, opera con una regulación débil, dispersa y en gran medida ausente. La falta de vigilancia y de rendición de cuentas ha convertido vastos territorios en zonas degradadas, mientras las ciudades continúan demandando recursos para su expansión.

La investigación pone de manifiesto un patrón de injusticia territorial y ambiental: los beneficios se concentran en los sectores urbanos e industriales, mientras los costos recaen sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas, que ven afectadas sus fuentes de agua, sus suelos y sus modos de vida.

Más que un estudio técnico, Ríos y montañas en riesgo es una denuncia documentada y un llamado urgente a detener la normalización del deterioro. Con datos, mapas y ejemplos precisos, ofrece una mirada integral que combina ciencia, política y ética ambiental, recordando que el progreso material no puede sostenerse sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sostienen.

Puede descargar el informe aquí.