El pasado viernes 17 de enero de 2025, participamos en el plantón contra la gentrificación y dialogamos con varias personas asistentes para profundizar en este fenómeno, sus implicaciones en la naturaleza y su impacto en las comunidades locales. Les invitamos a reflexionar sobre los contextos que están intensificando estos procesos.
El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.
Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.
Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.
En julio de 2025, se prevé la apertura de un relleno sanitario cerca de la comunidad de Salamá, Osa, una región de alto valor ecológico y social. Este proyecto, que abarcará 60 hectáreas y recibirá 3,000 toneladas diarias de basura, ha despertado preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales en las comunidades cercanas.
¿Por qué deberías interesarte?
Este relleno sanitario se ubicará entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, cerca de nacientes y humedales como el Térraba-Sierpe. Los lixiviados, un líquido altamente contaminante que se genera cuando el agua entra en contacto con la basura, podrían afectar el agua que abastece a las comunidades de Finca Puntarenas y Salamá, quienes dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.
Además de la contaminación, el proyecto podría alterar el flujo hídrico de la región, causar pérdida de biodiversidad y generar conflictos socioambientales debido a olores, tráfico y el uso del territorio.
¿Qué podemos aprender?
En nuestra infografía, exploramos los riesgos de este proyecto, su impacto en la naturaleza y la necesidad urgente que tenemos por pensar y exigir a nuestras autoridades alternativas para un manejo más sostenible de los residuos.
Esto es una invitación para que reflexionemos juntos y juntas sobre cómo proteger los bienes naturales y garantizar una mejor calidad de vida para nuestras comunidades.
Les compartimos el Recurso de Amparo dónde la Sala Constitucional le ordena a Presidente de la ASADA de Piedras Blancas de Osa que otorgó disponibilidad de agua a empresa desarrolladora de Relleno Sanitario en Osa a rendir cuentas ante consultas de la comunidad de Salamá de Osa y el diputado Ariel Robles Barrantes.
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de casos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, de las cuales dependen miles de personas para acceder al agua potable, casos como Cipreses de Oreamuno o Barranca de Puntarenas, han sido señales de alerta.
Estos eventos de contaminación, en muchas ocasiones, han estado vinculados a la creciente presión de actividades productivas como los monocultivos o prácticas agrícolas que manejan inadecuadamente los agrotóxicos, e incluso utilizan sustancias prohibidas.
Ante este contexto, el gobierno de la república, a través del Ministerio de Salud, propone una reforma mediante el decreto MS-AJ-CB-2932-2024, que modifica el decreto ejecutivo No. 38924-S del 12 de enero de 2015, conocido como el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. La reforma establece el cambio de “Valores Máximos Admisibles” a “Valor de Alerta”.
Esta propuesta representa una flexibilización de la normativa ambiental, permitiendo una mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas en el agua potable destinada al consumo humano.
La contaminación de nuestras fuentes de agua por sustancias como el mancozeb y el clorotalonil es una muestra de la creciente fragilidad de nuestros territorios. Esto no solo afecta el consumo de agua potable, sino también provoca daños en los ecosistemas que dependen de esos cuerpos de agua.
Cualquier medida de protección y reconocimiento de la importancia de estos bienes comunes, como el agua para nuestras comunidades, no puede ser ignorada. Intentar flexibilizar la normativa vigente y permitir mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas puede tener un impacto negativo potencial en la salud humana y en los ecosistemas.
Por esta razón, les compartimos esta infografía que busca problematizar la actual propuesta y debatir sobre la pertinencia de la flexibilidad en la normativa ambiental.
A partir de la publicación del Informe Estado de la Nación 2024, compartimos los principales hallazgos del capítulo 4 de Armonía con la Naturaleza. ¿Qué tendencias podemos encontrar? ¿Qué desafíos representa el contexto actual?
El informe nos presenta un escenario de mayor cercamiento a los bienes naturales, el dato más destacado lo podemos ver en la reducción de la cobertura arbórea del país, dónde sólo en el 2023 se redujo un 82% de la cobertura en bosque natural.
También, el escenario de agotamiento de agua, dónde los escenarios de estrés y déficit hídrico empiezan a ser la norma. Además, destaca la reducción del área de cultivo de granos básicos, lo cual repercute de forma directa sobre la soberanía alimentaria del país, pero también, en el deterioro de las condiciones de las personas campesinas, agricultoras y trabajadoras del campo.
Esperamos que esta infografía motive la lectura del informe y el debate público de estos temas que atraviesan nuestra sociedad.
Este 19 de setiembre del 2024 se dictaminó la absolución de Juan Eduardo Varela por el homicidio del líder indígena Jehry Rivera, una resolución que decide evadir las acciones de violencia perpetradas, remarca que es una «cosa» entre indígenas, delega la responsabilidad a un «Estado» que no ha asumido la responsabilidad y enuncia un posicionamiento sesgado a favor de la legitimación del despojo territorial indígena tildándolo de estar rodeado de «aspectos oscuros» y un deber de respeto a una supuesta «institucionalidad».
A pesar que un señor identificado como Juan Eduardo Varela Rojas confesó en una actividad pública frente al viceministro de Justicia (2021), haber sido la persona que asesinó a Jehry Rivera Rivera.
El párrafo anterior, nos lleva de nuevo a la necesidad constante de problematizar las instituciones que están presentes en nuestras sociedades, tribunales que deciden «abstenerse» de su responsabilidad, que aluden a un «Estado» que no ha tomado las acciones para la resolución del conflicto, que es un asunto entre indígenas y que hay una institucionalidad que debe ser respetada, que al mismo tiempo, debemos entender que es aquel «Estado» que no ha asumido su responsabilidad.
Esta maraña de contrasentidos, representa lo que podemos comprender como «Racismos Institucional», es decir esas formas y modos que nuestras instituciones (incluido el Poder Judicial) ha interiorizado a través de los diversos trayectos históricos la «superioridad» de una supuesta «blanquitud», que se manifiesta en ideas, nociones, estereotipos y prácticas de discriminación, marginación y exclusión que diversos pueblos indígenas, afrodescendientes han sido víctimas.
Estos legados de violencia de los procesos de colonialismo y esclavitud, siguen entramado en nuestras sociedades, por esta razón, ante la presencia de actos como este, así como muchos otros, se vuelve una obligación ética, política y pedagógica revindicar una justicia epistémica y levantar la voz y denunciar su presencia y rechazar la normalización de estos discursos, instituciones y prácticas.
Les compartimos esta infografía para invitar a esta reflexión.
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Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad. A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.
El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.
Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.
Esta infografía la realizamos en honor al ecologista hondureño Juan López asesinado en 2024.
Conversamos con Damaris Rodríguez para conocer sobre el conflicto que envuelve a Playa Cabuyal ¿Quiénes son los principales actores? ¿Cómo se configuró la situación actual? Compartimos el contexto político de este conflicto y reflexionamos sobre las tensiones que representa la privatización de espacios públicos para nuestras sociedades.
Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?
Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.
Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.
El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.
Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.
Conversamos con Juan Castrillo sobre el balance que hacen ante el inicio de la nueva gestión de la Municipalidad de Guatuso y las implicaciones que tiene esto para el desarrollo local de Maquengal. Nos preguntamos ¿Están pensando en el Río Frío?
