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COMUNICADO DE PRENSA – Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

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Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

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Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

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A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave

  • Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.

  • Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.

  • Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.

  • Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.

  • Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

ConceptoDefinición / Explicación
Justicia de géneroProceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporalDerecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechosConjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato socialAcuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien públicoReconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economicsEnfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunesRecursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
InterseccionalidadEnfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.
¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

  • La pobreza de las mujeres

  • El acceso a la educación y la salud

  • La violencia de género

  • La participación política y económica

  • Los derechos sexuales y reproductivos

  • La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

  • Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.

  • Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.

  • Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.

  • Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Malcolm X: pensar la libertad desde el antirracismo y lo común

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Cada 19 de mayo, al conmemorar el natalicio de Malcolm X, no solo recordamos a un líder afroamericano, sino a un pensador radical que entendió que la lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba íntimamente conectada con los procesos globales de descolonización. Malcolm X amplió el horizonte del movimiento por los derechos civiles al vincularlo con las luchas de liberación en África, Asia y América Latina, mostrando que el racismo estructural es parte de un sistema colonial aún vigente, sostenido por el capitalismo, el imperialismo y el despojo.

Malcolm X denunció que el colonialismo no solo operaba en territorios formalmente ocupados, sino también en las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la subordinación de los pueblos racializados. Su mirada descolonial desnudó cómo las leyes, los medios y el aparato económico servían para mantener la desigualdad, legitimando el saqueo de recursos, el silenciamiento de las voces subalternas y la negación de derechos básicos.

En esta clave, la descolonización no era para él solo un proceso político, sino una transformación profunda de la conciencia, de las relaciones de poder y de los modos de organización social. Esta visión resuena hoy en las luchas por los bienes comunes, entendidos como aquello que pertenece a todos y todas por derecho colectivo: la tierra, el agua, el conocimiento, la salud, la educación, la memoria, el territorio y la vida misma.

Releer a Malcolm X desde América Latina nos interpela a cuestionar las formas coloniales que aún estructuran nuestras sociedades: el racismo ambiental, el extractivismo, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, o la mercantilización de derechos. Defender los bienes comunes hoy es continuar el legado de Malcolm X: resistir al poder que divide, explota y jerarquiza, y afirmar en cambio la dignidad, la comunidad y la autodeterminación de los pueblos.

Más allá del prejuicio: el racismo como sistema de poder

El racismo estructural no se limita a actitudes individuales de prejuicio o discriminación; es un entramado de relaciones de poder que se ha naturalizado en las instituciones y que reproduce la desigualdad de forma sistemática. A través de leyes que criminalizan a las personas racializadas, medios que refuerzan estereotipos de inferioridad y un aparato económico que concentra riqueza mediante el despojo y la explotación, se perpetúa un orden social jerárquico heredado del colonialismo. Este sistema no solo margina a ciertos cuerpos y culturas, sino que también legitima el saqueo de territorios, el desmantelamiento de derechos colectivos y la invisibilización de las voces que resisten. Malcolm X denunció esta arquitectura de la opresión, revelando que no basta con modificar normas superficiales: es necesario desmantelar las bases estructurales del racismo para construir una sociedad verdaderamente justa.

Conceptos claves en su pensamiento y práctica

1. Racismo estructural:
Para Malcolm X, el racismo no era una cuestión de actitudes personales, sino un sistema organizado de poder que opera a través de las instituciones —leyes, educación, medios, economía— y que perpetúa la desigualdad racial de forma sistemática.

2. Descolonización:
Más allá de la independencia formal de los países, Malcolm X entendía la descolonización como un proceso integral de liberación política, económica y cultural frente al dominio imperialista y racista, tanto en el Sur global como dentro de Estados Unidos.

3. Autodeterminación:
Reivindicó el derecho de los pueblos —incluidos los afroamericanos— a definir su propio destino, organizarse políticamente y rechazar la imposición de modelos ajenos, como vía para reconstruir dignidad y soberanía colectiva.

 

4. Conciencia racial:
Malcolm X promovió una conciencia crítica sobre la historia y la identidad afrodescendiente, como herramienta de emancipación frente a la alienación y el racismo internalizado impuestos por el colonialismo y la cultura dominante.

5. Internacionalismo negro:
Su visión conectó las luchas locales de los afroamericanos con los procesos de liberación en África, Asia y América Latina, planteando una solidaridad anticolonialista y antirracista de alcance global.

6. Crítica al capitalismo:
Malcolm X señaló que el capitalismo se beneficia de la explotación racial y que la justicia racial solo es posible si se confrontan las estructuras económicas que sostienen la desigualdad.

Te invitamos a explorar la infografía adjunta, donde sintetizamos algunas de las ideas centrales del pensamiento de Malcolm X sobre el racismo estructural, el colonialismo y la necesidad de una transformación profunda de las sociedades. A través de sus palabras y su legado, buscamos abrir reflexiones sobre cómo estas luchas siguen vivas hoy en la defensa de los bienes comunes y en la resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de opresión.

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Leer la realidad en el aula: una herramienta para educar con sentido y transformar el mundo – Nuevo cuaderno metodológico

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En tiempos marcados por el desencanto, las desigualdades y el vaciamiento de sentido en muchos espacios educativos, este cuaderno metodológico llega como una invitación urgente y poderosa: leer la realidad para no enseñarla en silencio.

📘 Leer la realidad en el aula, parte de la serie Huellas Cimarronas, es mucho más que un recurso didáctico: es una propuesta pedagógica viva que coloca en el centro la experiencia, el cuerpo, el conflicto, el territorio y la palabra. Inspirado en el pensamiento de Paulo Freire y nutrido por la práctica crítica de educadores como Miguel Escobar Guerrero y Merary Vieyra Carmona en la UNAM, este material propone una pedagogía ética, afectiva y situada.

🔍 ¿Qué encontrarás en este cuaderno?

  • Una guía metodológica para trabajar con docentes, estudiantes y comunidades desde la experiencia cotidiana.

  • Claves para mirar el aula como un territorio político y afectivo, donde las tensiones se convierten en oportunidades pedagógicas.

  • Módulos prácticos sobre escucha activa, conflicto, diálogo de saberes y acción transformadora.

  • Un glosario con conceptos clave como pedagogía afectiva, cultura del silencio, racionalidad inconsciente y digna rabia.

  • Actividades concretas para leer el contexto desde el aula y actuar colectivamente para transformarlo.

💡 Aportes destacados
Este cuaderno rescata la lectura de la realidad como un proceso colectivo, crítico y creativo, y propone herramientas como dramatizaciones (RAPS), entrevistas comunitarias, mapas afectivos y diseños pedagógicos basados en conflictos reales del entorno. Además, articula pensamiento freiriano, psicoanálisis social y saberes comunitarios, proponiendo una pedagogía afectiva que vincula deseo, afecto y acción colectiva.

🌱 Este material está dirigido a docentes, colectivos pedagógicos, estudiantes, educadorxs populares y comunidades organizadas que creen en la educación como un acto de esperanza y resistencia.

🔗 Léelo, compártelo, siémbralo en tu práctica educativa.
Transformar el aula es empezar a transformar el mundo.

Pueden descargar el documento aquí.

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Raíces de lucha campesina: mujeres rurales frente al abandono estatal

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El abandono institucional que permitió la pérdida de una finca cultivada por mujeres durante más de dos décadas

En la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres organizadas bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza ha vivido, desde 2022, el despojo progresivo de una finca que cultivaron y protegieron durante más de 23 años. Este hecho, lejos de ser un conflicto aislado, refleja la gravedad de la inacción institucional, particularmente por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y las consecuencias del abandono estatal en territorios rurales fronterizos.

Durante más de dos décadas, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. La finca, conocida por ellas como “el pulmón de la esperanza”, fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño.

Todo esto cambió en febrero de 2022, cuando comenzaron a ingresar personas y sus familias al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Aunque muchas de estas familias provienen de comunidades cercanas, el conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, sus construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo.

Lejos de intervenir para proteger a quienes venían trabajando la tierra por décadas, el INDER se ha mantenido en una posición ambigua y pasiva. A pesar de múltiples gestiones, la institución no ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado, ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Peor aún, hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales.

A pesar de todo, las mujeres no se han rendido.

“Estamos firmes en esta lucha por alcanzar nuestro objetivo, que es la recuperación de la tierra y la obtención de la escritura que nos corresponde por derecho. Han pasado más de 30 años desde que se formó el asentamiento, de los cuales 27 han sido de ocupación y trabajo continuo, sosteniendo el territorio con esfuerzo, compromiso y dignidad. A pesar de los últimos tres años de usurpación, seguimos presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no nos iremos hasta lograr lo que es justo. Lo decimos con claridad: no se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo.”

El caso refleja un patrón doloroso: cuando los proyectos comunitarios, sobre todo los liderados por mujeres rurales, no son formalizados mediante títulos de propiedad, quedan a merced de intereses ajenos y de la inacción estatal. Esta omisión, más que una falla técnica, constituye una forma de violencia institucional que debilita los procesos comunitarios y contribuye al despojo silencioso de quienes sí cuidan y trabajan la tierra.

Las mujeres de Nueva Esperanza siguen organizadas, exigiendo el reconocimiento legal de su derecho histórico a la tierra y la intervención inmediata de las autoridades para resolver un conflicto que nunca debió haber escalado hasta este punto. Hoy, más que nunca, es urgente que el INDER y demás instituciones cumplan con su mandato: apoyar a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

Cuando el Estado calla: las consecuencias de no reconocer los derechos de las mujeres rurales

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza no es solo una muestra de abandono institucional, sino también una evidencia clara de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país.

La omisión prolongada del INDER, así como la inacción de instituciones como la Fuerza Pública, el Juzgado Agrario y el Ministerio de la Presidencia, ha tenido consecuencias materiales devastadoras: pérdida del acceso a la tierra, destrucción de infraestructura construida colectivamente, desaparición de documentos legales, daños ambientales irreversibles y la paralización total de un proyecto agroecológico comunitario.

Pero más allá de lo material, el impacto emocional, político y social ha sido profundo. Las mujeres han sufrido desilusión, desgaste, miedo y desesperanza. Algunas se han desvinculado del colectivo tras años de lucha infructuosa. Otras persisten, pero cargan con el dolor de ver destruido lo que fue su espacio de encuentro, su fuente de autonomía y su símbolo de dignidad. El silencio institucional no solo las despojó de su tierra, también intentó arrancarles el sentido de pertenencia, de comunidad y de propósito.

No reconocer ni regular el derecho al uso y propiedad de tierras por parte de colectivos organizados—y en particular por mujeres—refuerza desigualdades estructurales de género, clase y territorialidad. También envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden ignorarse si quienes los ejercen no tienen poder político o económico.

Este caso expone cómo el Estado reproduce formas de violencia institucional encubiertas bajo trámites, tecnicismos o supuesta neutralidad. Lo que debió ser un proceso de regularización y reconocimiento legal, se transformó en un escenario de impunidad, donde la especulación, la reventa de terrenos y el clientelismo encontraron espacio fértil para crecer.

Ignorar a las mujeres que cuidan la tierra, que la regeneran y la ponen al servicio de su comunidad, es una forma de despojo con rostro institucional. Si el Estado no actúa para reparar este daño, no solo será cómplice de esta injusticia, sino que continuará erosionando la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

¿Quiénes son las Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza?

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza nació hace más de 25 años en la comunidad de Caño Negro, cantón de Los Chiles, como una iniciativa de mujeres jefas de hogar comprometidas con la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y el desarrollo comunitario. Durante 23 años cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización.

En esta parcela, desarrollaron prácticas de agricultura orgánica, evitando el uso de agroquímicos y apostando por la regeneración del suelo. Sembraban maíz, hortalizas y otros productos básicos, tanto para el consumo propio como para la venta. Lo que no se comercializaba, se repartía entre las asociadas. La producción era fruto del esfuerzo colectivo, y contaron con el acompañamiento técnico de personas estudiantes y profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como con apoyo de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del cultivo, la asociación construyó y mantuvo diversas infraestructuras comunitarias en la finca:

  • Invernadero productivo, diseñado para extender ciclos de cultivo.
  • Granero y bodega, para el almacenamiento de granos y herramientas.
  • Área de empaque y lavado, donde se preparaban las cosechas para su distribución.
  • Cocina colectiva y horno de pan, que servían tanto para la alimentación durante las jornadas de trabajo como para actividades de autogestión económica.
  • Casa de reuniones y oficina administrativa, donde resguardaban documentos y celebraban sus asambleas.
  • Un aula multiusos, destinada a cursos de formación para mujeres y jóvenes, equipada gracias al esfuerzo colectivo y donaciones externas.

La finca no solo era una unidad productiva, sino también un espacio de encuentro, formación y fortalecimiento comunitario, especialmente para mujeres rurales. Por su valor ambiental y simbólico, la llamaban “el pulmón de Nueva Esperanza”, ya que era el único proyecto orgánico de la zona, rodeado de cultivos convencionales.

Este proyecto representa un ejemplo vivo del impacto positivo que tienen las organizaciones de base cuando reciben condiciones mínimas de estabilidad y apoyo institucional. Su desmantelamiento, ante la vista y paciencia de las autoridades, es una pérdida no solo para las mujeres que lo sostuvieron, sino para toda la comunidad y para el país.

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Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

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En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

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Trabajar no debe doler: por salud, seguridad y dignidad laboral

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Nota elaborada por: Andrea Picado Morales

Miles de personas tomaron las calles de la capital para respeto a sus derechos laborales, exigir entornos de trabajos seguros y saludables,  y un alto a la precarización laboral

Dentro de la jornada, destacan las consignas en contra de la explotación laboral, el deterioro de la salud física y mental de quienes trabajan, y la falta de acción del institucional ante estas problemáticas. Carteles como “Trabajamos hasta que el cuerpo colapsa” y “¿Cuántas lágrimas caben en un contrato?” resumieron el clamor popular que se hizo sentir en la manifestación. Las personas trabajadoras denunciaron una creciente sobrecarga laboral que, lejos de ser reconocida, es normalizada por empresas que priorizan sus ganancias sobre la dignidad humana.

“Nos exigen como si fuéramos máquinas, y cuando ya no rendimos, nos desechan”, expresaban en su protesta, reflejando la percepción de ser tratados como recursos reemplazables y no como personas con derechos. La crítica se dirigió también a la inacción institucional, porque el papel aguanta lo que le escriban, pero ¿dónde están los mecanismos que deberían protegerles?, cuestionaron quienes participaron en la marcha.

Organizaciones sociales y sindicales coincidieron en la urgencia de garantizar entornos laborales seguros y saludables, donde el ejercicio del trabajo no implique sacrificar la salud ni la vida. Aseguran que la precarización laboral está alcanzando niveles alarmantes y que la indiferencia institucional solo agrava la crisis.

Este 1° de mayo se dejó en claro que las demandas no son simples reclamos: son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La salud, la seguridad y el respeto en el trabajo no son privilegios, son condiciones básicas que toda persona merece. En un país que se dice democrático, justo y solidario, el trabajo digno no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las personas trabajadoras alzaron la voz para recordarlo: sus derechos no se negocian, se respetan.

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Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

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Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí

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Voces por el ambiente ¿Qué estamos haciendo?

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Por el agua y la vida | Picnic en el río 2025

En este video compartimos una serie de entrevistas con personas lideresas de distintas organizaciones que nos hablan sobre su trabajo en defensa del territorio, el agua y la vida. A través de sus voces, conocemos los desafíos socioambientales que enfrentan en sus comunidades, así como las estrategias que impulsan desde la organización colectiva.

Estas entrevistas fueron realizadas durante la actividad Picnic en el río, el pasado 12 de abril de 2025, un espacio de encuentro y reflexión organizado por el Observatorio del Agua Quebrada Barreal, el Comité de Ecología Integral de la Parroquia de Moravia y la Municipalidad de Moravia. Se trata de esfuerzos que se desarrollan en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, donde también se levantan luchas en defensa de los bienes comunes y el derecho a un ambiente sano.

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Bienes comunes en resistencia: el MST y el Día de la Tierra

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Cada 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y la urgencia de proteger sus recursos. En este contexto, la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil es un ejemplo vivo de cómo las comunidades pueden organizarse para defender los bienes comunes, como la tierra, el agua y las semillas, frente al avance del modelo extractivista y el agronegocio.

A través de la lucha por la reforma agraria, la promoción de la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria, el MST demuestra que es posible habitar la tierra cuidándola, respetando su diversidad y construyendo justicia social. Su experiencia no solo transforma el campo brasileño, sino que ofrece una alternativa concreta y urgente para quienes soñamos con un mundo más justo y en equilibrio con la naturaleza.

Pueden descargar la infografía aquí

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Reseña Histórica: El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

El MST nació en 1984, en un contexto de profundas desigualdades en la distribución de la tierra en Brasil. Durante décadas, millones de campesinos y campesinas fueron expulsados del campo por el avance del agronegocio, la concentración de tierras y la falta de políticas públicas. Frente a esto, comunidades rurales comenzaron a organizarse para ocupar tierras improductivas, con el objetivo de trabajar la tierra y vivir con dignidad.

Desde entonces, el MST ha crecido hasta convertirse en uno de los movimientos sociales más grandes y organizados de América Latina, con presencia en 24 estados de Brasil. Su lucha se basa en tres pilares fundamentales:

  • La reforma agraria popular

  • La soberanía alimentaria

  • La agroecología

El movimiento no solo impulsa la recuperación de tierras, sino que promueve una nueva forma de vida en el campo, con educación popular, producción sustentable, igualdad de género y autogestión comunitaria. A lo largo de su historia, el MST ha creado cientos de escuelas, cooperativas, viveros forestales y redes de comercialización de alimentos sin venenos.

En un mundo marcado por la crisis ecológica y la mercantilización de la vida, el MST representa una alternativa concreta basada en la solidaridad, el compromiso con la Tierra y la resistencia campesina organizada.