MOVIMIENTOS archivos - Observatorio de Bienes Comunes

“Un protocolo que no consulta”: Críticas al proceso de la Asamblea Legislativa para definir la consulta indígena

junio 6, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS NOTICIAS TERRITORIOS

A partir de los aportes de Gilbert González Maroto (ver aquí post)

Desde hace unos días circula públicamente el documento titulado Términos de Referencia para la Asistencia Técnica para la Gestión Operativa y Financiera del proyecto “Protocolo de Consulta Indígena de la Asamblea Legislativa”, elaborado mediante un convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica (FundaciónUCR) y la Asamblea Legislativa.

A pesar de que el documento afirma tener como objetivo “garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos legislativos que puedan afectarles”, las reacciones desde diversos sectores indígenas y de derechos humanos han sido contundentes: el proceso propuesto no cumple con los estándares mínimos de una consulta indígena legítima.

Esta nota recoge y sistematiza algunas de las observaciones críticas realizadas por el investigador y activista Gilbert González Maroto, así como otras voces que se han pronunciado al respecto.

Un diseño que excluye, no consulta

Uno de los principales cuestionamientos es que el proyecto se limita a realizar cuatro talleres regionales y uno nacional, como única vía de participación. Esto, en un país donde existen ocho pueblos indígenas reconocidos, con 24 territorios oficiales, una enorme diversidad lingüística, cultural y territorial, y una historia de exclusión sistemática.

Además, la consulta estaría dirigida exclusivamente a las 24 asociaciones de desarrollo integral, entidades creadas por ley estatal y que no representan necesariamente las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Estas asociaciones han sido largamente cuestionadas por comunidades que no las consideran legítimas ni participativas, siendo vistas en muchos casos como brazos administrativos del Estado y no como representaciones autónomas.

Junto a estas, se incluyen algunas organizaciones de “representación y asesoría”, como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es un órgano estatal, no autónomo. Varias organizaciones incluidas han manifestado no haber sido consultadas ni informadas sobre su participación.

Comparación con el mecanismo del Poder Ejecutivo

El mecanismo propuesto por la Asamblea Legislativa ni siquiera alcanza los estándares ya existentes en el país, como el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas N.º 042-MP del Poder Ejecutivo (2016), construido en un proceso más amplio, con validación y reconocimiento público.

Este nuevo protocolo legislativo no contempla etapas de consentimiento ni mecanismos de devolución de resultados. No propone metodologías culturalmente adecuadas ni valida las decisiones con estructuras tradicionales.

Es un retroceso, no un avance, y vulnera el principio de progresividad del derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Invisibilización del Pueblo Ngäbe de Sixaola

Una omisión grave del documento es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, reconocido formalmente en la Ley 9710 como población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Aunque el documento menciona algunas asociaciones Ngäbe del sur del país, el Pueblo Ngäbe de Sixaola no aparece entre los territorios o beneficiarios del proceso, lo que constituye una invisibilización de un grupo históricamente marginado y vulnerado.

💬 Una advertencia clara: esto no es una consulta

Como lo señala Gilbert González Maroto, este “protocolo” no es más que un proceso administrativo que se disfraza de consulta. Si continúa bajo los términos actuales, es probable que sea declarado inconstitucional o anulado judicialmente por incumplir los estándares internacionales y nacionales.

“Recomendaría que guarden esos recursos porque los perderán con un salacuartazo, o que propongan una consulta en toda regla”, advierte con razón González Maroto.

Para su análisis y reflexión pueden descargar los términos aquí.

🚫 Invisibles en su propia casa: la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola

Declaración del líder indígena Federico Abrego

Uno de los aspectos más graves del actual proceso de construcción del Protocolo de Consulta Indígena por parte de la Asamblea Legislativa es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, a pesar de que este pueblo ha sido reconocido legalmente en la Ley 9710 como una población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Esta exclusión no es un descuido menor. Es una expresión clara de racismo estructural, centralismo institucional y desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a todos los pueblos indígenas afectados, no solo a aquellos reconocidos por las estructuras del Estado.

Así lo expresa Federico Abrego líder indígena Ngäbe de Sixaola en su testimonio:

“Tal vez por eso es que a nosotros los de acá de Sixaola los Ngäbe no nos toman en cuenta, porque no formamos parte del aparato administrativo del Estado. […] Nosotros tenemos personalidad jurídica como pueblo, y decimos lo que tenemos que decir. Por eso cuestionamos a las asociaciones integrales, porque cuando algo es del pueblo, es del pueblo. Otra persona no puede venir a decir qué hacer.”

Este reclamo evidencia algo fundamental: la autodeterminación no puede ser suplantada por figuras impuestas o validadas únicamente por el aparato estatal. El derecho a la consulta no es un favor ni un trámite: es una obligación legal del Estado costarricense.

Más adelante, el líder relata una experiencia concreta:

“En una reunión de la mesa técnica del año pasado, yo les pregunté por qué nunca nos toman en cuenta, y la ministra presente dijo que ya no nos iban a incluir en la consulta. ¡Así de claro!”

Crédito imagen: Delfino.cr(2023)

⚠️ Exclusión por no tener territorio: una discriminación dentro de la discriminación

Un argumento usado para justificar su exclusión es que el pueblo Ngäbe de Sixaola no posee territorio legalmente reconocido como los demás. Sin embargo, como el testimonio aclara con firmeza:

“Que nosotros no tengamos territorio no quiere decir que no tengamos problemas. ¡Tenemos más problemas todavía que los que tienen territorio!”

Esta afirmación apunta a una forma doble de exclusión: primero, por ser indígenas sin territorio formalmente titulado, y segundo, por ser ignorados incluso por algunas de las propias organizaciones indígenas reconocidas.

El testimonio concluye con una reflexión potente:

“El Convenio 169 es una espada, un instrumento legal clarito. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho. Y duele ver que incluso compañeros indígenas nos discriminan. Eso no debería ser así.”

✊ Lo que este testimonio nos recuerda

Que el Estado debe consultar a todos los pueblos indígenas reconocidos, no solo a los que tienen títulos o estructuras impuestas.
Que los pueblos sin territorio formal tienen derechos, identidad, cultura y autoridad propia, y deben ser tratados con el mismo respeto.
Que la exclusión sistemática no solo proviene del Estado, sino también de mecanismos de representación que han sido cooptados o instrumentalizados.
Que la consulta no se ruega, se exige como derecho colectivo.

Incluir al pueblo Ngäbe de Sixaola no es solo una corrección administrativa: es una deuda histórica, legal y moral que Costa Rica debe saldar si pretende hablar de participación, interculturalidad y democracia verdadera.

¿Qué ha pasado con los procesos anteriores?

Uno de los aspectos más críticos de los intentos institucionales de crear mecanismos de consulta a pueblos indígenas en Costa Rica ha sido la falta de continuidad, transparencia y comunicación directa con los territorios. La experiencia de muchas comunidades es la de ser espectadores —y no protagonistas— de procesos que se desarrollan sin su consentimiento, ni siquiera su conocimiento.

Así lo expresa Jonnhy Buitrago, miembro del colectivo Antonio Saldaña que se encuentra en Talamanca dónde habitan parte de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, al compartir su testimonio:

“Sí, claro, nos gustaría y gracias por el tema, porque la verdad lo desconocemos. El tema de consulta o el protocolo de consulta pasó en la era de Luis Guillermo Solís y también una parte de Carlos Alvarado. Y ahí no volvimos a escuchar nada del tema del protocolo, consulta nada hasta el día de hoy.”

Este testimonio deja claro que, para los pueblos indígenas, los protocolos de consulta no han sido procesos visibles ni accesibles. Pese a que el gobierno costarricense ha impulsado iniciativas como el Mecanismo General de Consulta durante las administraciones anteriores, en muchos territorios no se sabe en qué estado están esos procesos, ni quién los continúa ni cómo se implementan.
Jonnhy continúa:

“Se nos ha hecho un poco difícil tal vez saber algunas informaciones que salen desde la Asamblea Legislativa o el Gobierno, algunas instituciones. Porque a veces nos llega muy tarde, a veces informan, a veces no informan… la mayor parte de la verdad es que nunca casi. Entonces para nosotros siempre ha sido difícil.”

Su testimonio refleja una realidad estructural: la falta de acceso a información oportuna y clara, especialmente en zonas rurales e indígenas. El derecho a la consulta no solo implica preguntar, sino también garantizar que la información llegue de forma adecuada y con tiempo suficiente para la deliberación colectiva.
Y concluye:

“Así como usted, tenemos amigos que nos dicen: ‘Mirá, está pasando tal cosa, ¿has visto tal?’ Bueno, envíeme la información para ver… Así es la manera en que nos enteramos. Que el gobierno nos dé la información directamente a los pueblos indígenas, es difícil. Entonces, hasta el día de hoy, ¿qué pasa con eso?”

Esta pregunta —¿Qué pasa con eso?— condensa la frustración y el desconcierto de muchos territorios que, una y otra vez, son excluidos de los procesos que supuestamente buscan garantizar su participación.

¿Qué hacer?

Ante este escenario, se hace urgente que:

Se reestructure el proceso desde cero, en diálogo con los pueblos indígenas legítimamente representados.
Se garantice una consulta libre, previa e informada.
Se respete el principio de progresividad en materia de derechos indígenas.
Se reconozca la diversidad y pluralidad organizativa de los pueblos indígenas más allá de las asociaciones de desarrollo.

Solo así la Asamblea Legislativa podrá cumplir su obligación internacional y nacional, no solo de consultar, sino de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

¿Qué es un proceso de consulta indígena? ¿Y cómo debe hacerse correctamente?

El derecho a la consulta libre, previa e informada es un principio fundamental del derecho internacional que busca proteger la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a decisiones del Estado que puedan afectar sus derechos, territorios, culturas o formas de vida.

Este derecho no es un trámite formal ni una mera recolección de opiniones: es un proceso de diálogo intercultural que debe permitir que los pueblos indígenas influyan, modifiquen o incluso rechacen una medida estatal que les afecte directamente.

Elementos esenciales de una consulta válida

Según el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y las observaciones generales de organismos internacionales, un proceso de consulta debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:

1. Libre

Debe realizarse sin coacción, presiones, manipulación ni interferencias externas. Las comunidades deben poder participar desde su propia voluntad y autonomía organizativa.

2. Previa

Debe realizarse antes de adoptar o ejecutar cualquier medida legislativa o administrativa. Las decisiones no deben tomarse de antemano.

3. Informada

Las comunidades deben tener acceso a toda la información relevante sobre el proyecto o ley propuesto, en formatos accesibles y en sus propios idiomas, si corresponde.

4. Culturalmente adecuada

El proceso debe respetar las formas tradicionales de toma de decisiones de cada pueblo, y adaptarse a sus tiempos, lenguas, espacios y formas organizativas propias.

5. Participativa y representativa

La consulta debe involucrar a las instituciones representativas legítimas de los pueblos, no solo a figuras estatales o entidades impuestas, como pueden ser asociaciones de desarrollo no reconocidas por las propias comunidades.

6. De buena fe

Debe haber apertura real al diálogo, sin decisiones preestablecidas. El Estado tiene la obligación de negociar y eventualmente obtener el consentimiento de los pueblos.

7. Con posibilidad de consentimiento

Aunque el Convenio 169 no exige consentimiento en todos los casos, la jurisprudencia internacional ha establecido que en asuntos de gran impacto, como desplazamientos forzados o explotación de recursos, sí debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado del pueblo afectado.

Buenas prácticas recomendadas

Organismos internacionales, como la OIT y el Relator Especial de la ONU, recomiendan una serie de prácticas que fortalecen los procesos de consulta:

Diagnóstico participativo inicial para identificar actores, idiomas y formas organizativas.
Construcción conjunta del cronograma y metodología del proceso.
Garantía de intérpretes y facilitadores interculturales.
Inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores en las decisiones.
Mecanismos de devolución de resultados y validación comunitaria.
Registro sistemático del proceso con fuentes de verificación.

🚫 ¿Qué no es una consulta?

No es una reunión informativa ni un taller participativo.
No es una simple notificación o aviso del Estado.
No es una validación posterior a decisiones ya tomadas.
No se realiza con actores no reconocidos por los pueblos.

Cuando estos errores ocurren, la consulta se vuelve ilegítima, y puede ser anulada por tribunales nacionales o internacionales, como ha ocurrido en múltiples países de América Latina.

Incorporar estos elementos en el diseño de un protocolo de consulta no es solo una exigencia legal: es una forma de respeto a la dignidad, la historia y el derecho colectivo de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su futuro.

Consulta indígena y defensa de los bienes comunes: un cierre necesario

La discusión sobre el Protocolo de Consulta Indígena no puede limitarse a un debate técnico o administrativo. En el fondo, lo que está en juego es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, su cultura, su futuro y sus bienes comunes.

Los territorios indígenas albergan ríos, bosques, suelos, semillas, saberes, formas de vida y espiritualidades que no pueden ser reducidos a mercancías o “recursos naturales”. Son bienes comunes, es decir, espacios de vida colectiva que han sido cuidados y gobernados por generaciones de pueblos originarios.

Cuando se niega una consulta legítima y vinculante, no solo se violan derechos humanos, sino que también se debilitan los sistemas de defensa de estos bienes que sostienen la vida en común. En tiempos de crisis climática, extractivismo desenfrenado y mercantilización de la naturaleza, las formas comunitarias de habitar y gobernar el territorio representan alternativas reales y urgentes.

En este sentido, una verdadera consulta indígena no es solo un requisito jurídico: es una herramienta para sostener los bienes comunes frente a los intereses del capital, del mercado y del poder centralizado. Es una expresión concreta de autodeterminación, pero también de cuidado colectivo del planeta.

Frente a una propuesta —tecnocrática, limitada y excluyente—, las voces indígenas y aliadas que defienden una consulta con dignidad no solo reclaman un derecho: están defendiendo las condiciones para que la vida, la diversidad y la justicia sigan siendo posibles.

La forma también decide: la metodología importa

Las metodologías que se eligen para consultar a los pueblos indígenas nunca son inocentes. Cada paso, cada actor convocado (o excluido), cada forma de preguntar o decidir, construye o destruye legitimidad.

Imponer protocolos sin participación real, desde esquemas burocráticos y tecnocráticos, reproduce la lógica colonial de hablar sobre los pueblos, sin hablar con ellos. La forma es fondo.

Por eso, descolonizar este tipo de procesos implica reconocer que la metodología es política. Implica preguntar desde dónde se convoca, a quién se reconoce como interlocutor, con qué tiempos, lenguas, saberes, herramientas.

Cuando no hay vigilancia crítica, estas “consultas” pueden convertirse en herramientas para legitimar la exclusión bajo apariencia de legalidad, profundizando desigualdades históricas en lugar de corregirlas.

Consultas que no transforman, que no redistribuyen poder, que no parten del reconocimiento pleno de los pueblos, no son avances: son simulacros.

La verdadera consulta no es un protocolo escrito.
Es una práctica viva, de diálogo, reconocimiento y justicia.

¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

junio 5, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS NOTICIAS

En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

El auge del autoritarismo se traduce en:

Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.
Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.
Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.
Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.
Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.
Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.
Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.
Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números

Tema	Dato clave	¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio	+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamente	Por bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
	Miles de civiles palestinos asesinados en 2024	Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados	20+ países con crímenes de guerra documentados	Incluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global	110 millones de personas desplazadas en 2024	Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa	124 periodistas asesinados en 2024	2/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática	1.5 °C de aumento promedio global en 2024	Primer año completo en que se supera ese umbral
	3 °C proyección de aumento para finales de siglo	Según datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdad	Se frenó casi completamente la reducción de la pobreza global	Según el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres	1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024	Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles	21 países con leyes que restringen la libertad de expresión	Incluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI	6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024	Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
	Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTI	Ghana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas	6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de Libia	Emitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censura	Meta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.	Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica	0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmente	Avances mínimos; predominan “códigos voluntarios”

RefugioNacionalMixtoGandocaManzanillo-8aaed4ea

COMUNICADO DE PRENSA – Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

mayo 30, 2025

with No Comment extractivismos MOVIMIENTOS

Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025

En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

mayo 29, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS

A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave

Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.
Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.
Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.
Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.
Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

Concepto	Definición / Explicación
Justicia de género	Proceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporal	Derecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechos	Conjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato social	Acuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien público	Reconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)	Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economics	Enfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)	Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunes	Recursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
Interseccionalidad	Enfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.

¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

La pobreza de las mujeres
El acceso a la educación y la salud
La violencia de género
La participación política y económica
Los derechos sexuales y reproductivos
La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.
Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.
Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.
Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

PDF – Imagen

Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

resized_d9002-6d7d2e82200908malcolmxew438p_9c166f3a218f5a79ee2aeb7e69e48b70

Malcolm X: pensar la libertad desde el antirracismo y lo común

mayo 19, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS

Cada 19 de mayo, al conmemorar el natalicio de Malcolm X, no solo recordamos a un líder afroamericano, sino a un pensador radical que entendió que la lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba íntimamente conectada con los procesos globales de descolonización. Malcolm X amplió el horizonte del movimiento por los derechos civiles al vincularlo con las luchas de liberación en África, Asia y América Latina, mostrando que el racismo estructural es parte de un sistema colonial aún vigente, sostenido por el capitalismo, el imperialismo y el despojo.

Malcolm X denunció que el colonialismo no solo operaba en territorios formalmente ocupados, sino también en las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la subordinación de los pueblos racializados. Su mirada descolonial desnudó cómo las leyes, los medios y el aparato económico servían para mantener la desigualdad, legitimando el saqueo de recursos, el silenciamiento de las voces subalternas y la negación de derechos básicos.

En esta clave, la descolonización no era para él solo un proceso político, sino una transformación profunda de la conciencia, de las relaciones de poder y de los modos de organización social. Esta visión resuena hoy en las luchas por los bienes comunes, entendidos como aquello que pertenece a todos y todas por derecho colectivo: la tierra, el agua, el conocimiento, la salud, la educación, la memoria, el territorio y la vida misma.

Releer a Malcolm X desde América Latina nos interpela a cuestionar las formas coloniales que aún estructuran nuestras sociedades: el racismo ambiental, el extractivismo, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, o la mercantilización de derechos. Defender los bienes comunes hoy es continuar el legado de Malcolm X: resistir al poder que divide, explota y jerarquiza, y afirmar en cambio la dignidad, la comunidad y la autodeterminación de los pueblos.

Más allá del prejuicio: el racismo como sistema de poder

El racismo estructural no se limita a actitudes individuales de prejuicio o discriminación; es un entramado de relaciones de poder que se ha naturalizado en las instituciones y que reproduce la desigualdad de forma sistemática. A través de leyes que criminalizan a las personas racializadas, medios que refuerzan estereotipos de inferioridad y un aparato económico que concentra riqueza mediante el despojo y la explotación, se perpetúa un orden social jerárquico heredado del colonialismo. Este sistema no solo margina a ciertos cuerpos y culturas, sino que también legitima el saqueo de territorios, el desmantelamiento de derechos colectivos y la invisibilización de las voces que resisten. Malcolm X denunció esta arquitectura de la opresión, revelando que no basta con modificar normas superficiales: es necesario desmantelar las bases estructurales del racismo para construir una sociedad verdaderamente justa.

Conceptos claves en su pensamiento y práctica

1. Racismo estructural:
Para Malcolm X, el racismo no era una cuestión de actitudes personales, sino un sistema organizado de poder que opera a través de las instituciones —leyes, educación, medios, economía— y que perpetúa la desigualdad racial de forma sistemática.

2. Descolonización:
Más allá de la independencia formal de los países, Malcolm X entendía la descolonización como un proceso integral de liberación política, económica y cultural frente al dominio imperialista y racista, tanto en el Sur global como dentro de Estados Unidos.

3. Autodeterminación:
Reivindicó el derecho de los pueblos —incluidos los afroamericanos— a definir su propio destino, organizarse políticamente y rechazar la imposición de modelos ajenos, como vía para reconstruir dignidad y soberanía colectiva.

4. Conciencia racial:
Malcolm X promovió una conciencia crítica sobre la historia y la identidad afrodescendiente, como herramienta de emancipación frente a la alienación y el racismo internalizado impuestos por el colonialismo y la cultura dominante.

5. Internacionalismo negro:
Su visión conectó las luchas locales de los afroamericanos con los procesos de liberación en África, Asia y América Latina, planteando una solidaridad anticolonialista y antirracista de alcance global.

6. Crítica al capitalismo:
Malcolm X señaló que el capitalismo se beneficia de la explotación racial y que la justicia racial solo es posible si se confrontan las estructuras económicas que sostienen la desigualdad.

Te invitamos a explorar la infografía adjunta, donde sintetizamos algunas de las ideas centrales del pensamiento de Malcolm X sobre el racismo estructural, el colonialismo y la necesidad de una transformación profunda de las sociedades. A través de sus palabras y su legado, buscamos abrir reflexiones sobre cómo estas luchas siguen vivas hoy en la defensa de los bienes comunes y en la resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de opresión.

PDF – Imagen

Leer la realidad en el aula: una herramienta para educar con sentido y transformar el mundo – Nuevo cuaderno metodológico

mayo 16, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS Reflexión

En tiempos marcados por el desencanto, las desigualdades y el vaciamiento de sentido en muchos espacios educativos, este cuaderno metodológico llega como una invitación urgente y poderosa: leer la realidad para no enseñarla en silencio.

📘 Leer la realidad en el aula, parte de la serie Huellas Cimarronas, es mucho más que un recurso didáctico: es una propuesta pedagógica viva que coloca en el centro la experiencia, el cuerpo, el conflicto, el territorio y la palabra. Inspirado en el pensamiento de Paulo Freire y nutrido por la práctica crítica de educadores como Miguel Escobar Guerrero y Merary Vieyra Carmona en la UNAM, este material propone una pedagogía ética, afectiva y situada.

🔍 ¿Qué encontrarás en este cuaderno?

Una guía metodológica para trabajar con docentes, estudiantes y comunidades desde la experiencia cotidiana.
Claves para mirar el aula como un territorio político y afectivo, donde las tensiones se convierten en oportunidades pedagógicas.
Módulos prácticos sobre escucha activa, conflicto, diálogo de saberes y acción transformadora.
Un glosario con conceptos clave como pedagogía afectiva, cultura del silencio, racionalidad inconsciente y digna rabia.
Actividades concretas para leer el contexto desde el aula y actuar colectivamente para transformarlo.

💡 Aportes destacados
Este cuaderno rescata la lectura de la realidad como un proceso colectivo, crítico y creativo, y propone herramientas como dramatizaciones (RAPS), entrevistas comunitarias, mapas afectivos y diseños pedagógicos basados en conflictos reales del entorno. Además, articula pensamiento freiriano, psicoanálisis social y saberes comunitarios, proponiendo una pedagogía afectiva que vincula deseo, afecto y acción colectiva.

🌱 Este material está dirigido a docentes, colectivos pedagógicos, estudiantes, educadorxs populares y comunidades organizadas que creen en la educación como un acto de esperanza y resistencia.

🔗 Léelo, compártelo, siémbralo en tu práctica educativa.
Transformar el aula es empezar a transformar el mundo.

Pueden descargar el documento aquí.

Raíces de lucha campesina: mujeres rurales frente al abandono estatal

mayo 15, 2025

with No Comment COMUNIDADES MOVIMIENTOS

El abandono institucional que permitió la pérdida de una finca cultivada por mujeres durante más de dos décadas

En la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres organizadas bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza ha vivido, desde 2022, el despojo progresivo de una finca que cultivaron y protegieron durante más de 23 años. Este hecho, lejos de ser un conflicto aislado, refleja la gravedad de la inacción institucional, particularmente por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y las consecuencias del abandono estatal en territorios rurales fronterizos.

Durante más de dos décadas, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. La finca, conocida por ellas como “el pulmón de la esperanza”, fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño.

Todo esto cambió en febrero de 2022, cuando comenzaron a ingresar personas y sus familias al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Aunque muchas de estas familias provienen de comunidades cercanas, el conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, sus construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo.

Lejos de intervenir para proteger a quienes venían trabajando la tierra por décadas, el INDER se ha mantenido en una posición ambigua y pasiva. A pesar de múltiples gestiones, la institución no ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado, ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Peor aún, hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales.

A pesar de todo, las mujeres no se han rendido.

“Estamos firmes en esta lucha por alcanzar nuestro objetivo, que es la recuperación de la tierra y la obtención de la escritura que nos corresponde por derecho. Han pasado más de 30 años desde que se formó el asentamiento, de los cuales 27 han sido de ocupación y trabajo continuo, sosteniendo el territorio con esfuerzo, compromiso y dignidad. A pesar de los últimos tres años de usurpación, seguimos presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no nos iremos hasta lograr lo que es justo. Lo decimos con claridad: no se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo.”

El caso refleja un patrón doloroso: cuando los proyectos comunitarios, sobre todo los liderados por mujeres rurales, no son formalizados mediante títulos de propiedad, quedan a merced de intereses ajenos y de la inacción estatal. Esta omisión, más que una falla técnica, constituye una forma de violencia institucional que debilita los procesos comunitarios y contribuye al despojo silencioso de quienes sí cuidan y trabajan la tierra.

Las mujeres de Nueva Esperanza siguen organizadas, exigiendo el reconocimiento legal de su derecho histórico a la tierra y la intervención inmediata de las autoridades para resolver un conflicto que nunca debió haber escalado hasta este punto. Hoy, más que nunca, es urgente que el INDER y demás instituciones cumplan con su mandato: apoyar a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

Cuando el Estado calla: las consecuencias de no reconocer los derechos de las mujeres rurales

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza no es solo una muestra de abandono institucional, sino también una evidencia clara de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país.

La omisión prolongada del INDER, así como la inacción de instituciones como la Fuerza Pública, el Juzgado Agrario y el Ministerio de la Presidencia, ha tenido consecuencias materiales devastadoras: pérdida del acceso a la tierra, destrucción de infraestructura construida colectivamente, desaparición de documentos legales, daños ambientales irreversibles y la paralización total de un proyecto agroecológico comunitario.

Pero más allá de lo material, el impacto emocional, político y social ha sido profundo. Las mujeres han sufrido desilusión, desgaste, miedo y desesperanza. Algunas se han desvinculado del colectivo tras años de lucha infructuosa. Otras persisten, pero cargan con el dolor de ver destruido lo que fue su espacio de encuentro, su fuente de autonomía y su símbolo de dignidad. El silencio institucional no solo las despojó de su tierra, también intentó arrancarles el sentido de pertenencia, de comunidad y de propósito.

No reconocer ni regular el derecho al uso y propiedad de tierras por parte de colectivos organizados—y en particular por mujeres—refuerza desigualdades estructurales de género, clase y territorialidad. También envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden ignorarse si quienes los ejercen no tienen poder político o económico.

Este caso expone cómo el Estado reproduce formas de violencia institucional encubiertas bajo trámites, tecnicismos o supuesta neutralidad. Lo que debió ser un proceso de regularización y reconocimiento legal, se transformó en un escenario de impunidad, donde la especulación, la reventa de terrenos y el clientelismo encontraron espacio fértil para crecer.

Ignorar a las mujeres que cuidan la tierra, que la regeneran y la ponen al servicio de su comunidad, es una forma de despojo con rostro institucional. Si el Estado no actúa para reparar este daño, no solo será cómplice de esta injusticia, sino que continuará erosionando la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

¿Quiénes son las Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza?

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza nació hace más de 25 años en la comunidad de Caño Negro, cantón de Los Chiles, como una iniciativa de mujeres jefas de hogar comprometidas con la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y el desarrollo comunitario. Durante 23 años cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización.

En esta parcela, desarrollaron prácticas de agricultura orgánica, evitando el uso de agroquímicos y apostando por la regeneración del suelo. Sembraban maíz, hortalizas y otros productos básicos, tanto para el consumo propio como para la venta. Lo que no se comercializaba, se repartía entre las asociadas. La producción era fruto del esfuerzo colectivo, y contaron con el acompañamiento técnico de personas estudiantes y profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como con apoyo de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del cultivo, la asociación construyó y mantuvo diversas infraestructuras comunitarias en la finca:

Invernadero productivo, diseñado para extender ciclos de cultivo.
Granero y bodega, para el almacenamiento de granos y herramientas.
Área de empaque y lavado, donde se preparaban las cosechas para su distribución.
Cocina colectiva y horno de pan, que servían tanto para la alimentación durante las jornadas de trabajo como para actividades de autogestión económica.
Casa de reuniones y oficina administrativa, donde resguardaban documentos y celebraban sus asambleas.
Un aula multiusos, destinada a cursos de formación para mujeres y jóvenes, equipada gracias al esfuerzo colectivo y donaciones externas.

La finca no solo era una unidad productiva, sino también un espacio de encuentro, formación y fortalecimiento comunitario, especialmente para mujeres rurales. Por su valor ambiental y simbólico, la llamaban “el pulmón de Nueva Esperanza”, ya que era el único proyecto orgánico de la zona, rodeado de cultivos convencionales.

Este proyecto representa un ejemplo vivo del impacto positivo que tienen las organizaciones de base cuando reciben condiciones mínimas de estabilidad y apoyo institucional. Su desmantelamiento, ante la vista y paciencia de las autoridades, es una pérdida no solo para las mujeres que lo sostuvieron, sino para toda la comunidad y para el país.

Galería

Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

mayo 5, 2025

with No Comment extractivismos MOVIMIENTOS

En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

Inseguridad jurídica sobre la tierra:
Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.
Procesos judiciales interminables:
Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.
Presiones y amenazas de desalojo:
Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.
Deterioro de las condiciones de vida:
Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.
Pérdida de salud y calidad de vida:
El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.
Despojo silencioso:
Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.
Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

Trabajar no debe doler: por salud, seguridad y dignidad laboral

mayo 2, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS NOTICIAS

Nota elaborada por: Andrea Picado Morales

Miles de personas tomaron las calles de la capital para respeto a sus derechos laborales, exigir entornos de trabajos seguros y saludables, y un alto a la precarización laboral

Dentro de la jornada, destacan las consignas en contra de la explotación laboral, el deterioro de la salud física y mental de quienes trabajan, y la falta de acción del institucional ante estas problemáticas. Carteles como “Trabajamos hasta que el cuerpo colapsa” y “¿Cuántas lágrimas caben en un contrato?” resumieron el clamor popular que se hizo sentir en la manifestación. Las personas trabajadoras denunciaron una creciente sobrecarga laboral que, lejos de ser reconocida, es normalizada por empresas que priorizan sus ganancias sobre la dignidad humana.

“Nos exigen como si fuéramos máquinas, y cuando ya no rendimos, nos desechan”, expresaban en su protesta, reflejando la percepción de ser tratados como recursos reemplazables y no como personas con derechos. La crítica se dirigió también a la inacción institucional, porque el papel aguanta lo que le escriban, pero ¿dónde están los mecanismos que deberían protegerles?, cuestionaron quienes participaron en la marcha.

Organizaciones sociales y sindicales coincidieron en la urgencia de garantizar entornos laborales seguros y saludables, donde el ejercicio del trabajo no implique sacrificar la salud ni la vida. Aseguran que la precarización laboral está alcanzando niveles alarmantes y que la indiferencia institucional solo agrava la crisis.

Este 1° de mayo se dejó en claro que las demandas no son simples reclamos: son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La salud, la seguridad y el respeto en el trabajo no son privilegios, son condiciones básicas que toda persona merece. En un país que se dice democrático, justo y solidario, el trabajo digno no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las personas trabajadoras alzaron la voz para recordarlo: sus derechos no se negocian, se respetan.

Galería

Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

mayo 1, 2025

with No Comment COMUNIDADES MOVIMIENTOS

Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí