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ASOPROF entre aulas y calles: la educación como acto de lucha en Panamá

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En esta entrevista con Fernando Ábrego y Erick Acevedo, representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos el otro rostro del llamado “milagro económico”: la desigualdad, la precariedad laboral y la resistencia organizada. A través de su testimonio, descubrimos cómo el magisterio panameño se ha convertido en una voz viva de dignidad y conciencia social. Porque en Panamá —como en toda nuestra América— enseñar también es un acto de lucha.

Un educador luchando también está educando.

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Solidaridad sin fronteras: cuando las luchas por la vida se encuentran – Conversatorio entre Panamá y Costa Rica

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El conversatorio Soberanía y Justicia: luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá reunió este 14 de octubre en la Universidad de Costa Rica a voces sindicales, académicas y sociales de Panamá y Costa Rica, en una jornada que buscó tender puentes entre las resistencias populares de ambos países. El encuentro se desarrolló en el marco de una jornada de solidaridad con el sector magisterial panameño, que enfrenta despidos, persecución y criminalización tras oponerse a la reforma de la seguridad social y denunciar el avance extractivista y la injerencia extranjera en su país.

Lejos de una conversación aislada, este espacio permitió articular diagnósticos comunes sobre la ofensiva neoliberal en la región, las múltiples formas de represión estatal y el desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Las y los panelistas coincidieron en que lo que ocurre en Panamá, Costa Rica y Centroamérica no son procesos separados, sino capítulos de una misma historia marcada por la concentración de la riqueza, la erosión de los derechos y la subordinación a intereses empresariales y geopolíticos.

Ideas comunes: la defensa de la vida y los derechos frente al autoritarismo

En las intervenciones se trazó un hilo claro: el modelo neoliberal no sólo precariza el trabajo, privatiza los bienes comunes y destruye los territorios; también promueve la desinformación y el miedo como mecanismos de control. Desde esa lectura compartida, la unidad entre los pueblos, sindicatos y movimientos sociales se planteó como una urgencia política y ética.

Los panelistas subrayaron que las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones no son batallas sectoriales, sino expresiones de una defensa integral de la vida digna y de la soberanía popular frente a gobiernos autoritarios y corporaciones transnacionales.

Fernando Ábrego: “No hay democracia sin derecho a la huelga”

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Fernando Ábrego, compartió un panorama preocupante: un gobierno cívico-militar que reprime, persigue y criminaliza a los dirigentes magisteriales. Explicó que la reciente huelga de 81 días fue respondida con sanciones masivas —298 docentes separados de sus puestos—, una medida que vulnera el derecho constitucional a la huelga y los convenios internacionales de la OIT.
Ábrego denunció también la entrega de la soberanía panameña mediante acuerdos con Estados Unidos, la evasión fiscal de las élites y la captura empresarial del Estado. “Nos quieren devolver a tiempos coloniales —afirmó—, pero seguiremos defendiendo la educación pública y la organización popular como pilares de la justicia social”.

Deivis Ovares: “La precarización es una estrategia política”

Desde Costa Rica, Deivis Ovares, secretario de organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, advirtió que las políticas neoliberales comparten una misma lógica de despojo: debilitar la seguridad social, criminalizar la protesta y subordinar los Estados a los intereses de las oligarquías locales y extranjeras.

Ovares destacó la importancia de fortalecer los lazos de solidaridad entre pueblos que enfrentan las mismas imposiciones económicas. “La lucha trasciende las fronteras —señaló—, porque la clase trabajadora es una sola. La unidad y la conciencia colectiva son las herramientas más poderosas frente al fascismo que avanza”.

Allen Cordero: “Aprender de las luchas, pensar desde abajo”

El sociólogo Allen Cordero propuso una lectura histórica y comparativa de las luchas sociales en Costa Rica y Panamá. Analizó cómo, desde las jornadas contra el TLC hasta las recientes huelgas, los movimientos han enfrentado la ofensiva neoliberal en oleadas. Subrayó el valor de las alianzas multisectoriales, que articulan sindicatos, campesinos, indígenas y juventudes urbanas.

Cordero insistió en la necesidad de que la universidad pública dialogue con los movimientos y salga de su “torre de marfil”, aportando pensamiento crítico a la acción colectiva. “No podemos limitarnos a observar —dijo—, debemos acompañar, investigar y aprender junto a los pueblos que resisten”.

Andrés Carranza: “Defender la institucionalidad también es cuidar la salud del pueblo”

El representante del movimiento Unidos por la Caja, Andrés Carranza, destacó que la defensa de la seguridad social no es solo un asunto administrativo, sino un tema de salud pública y justicia social. Desde su experiencia en el sector salud, recordó que el acceso al agua, la educación y la atención médica son los verdaderos indicadores de bienestar.

Carranza expresó preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo costarricense. Llamó a articular luchas desde distintos sectores y a salir de la indiferencia: “No basta con indignarse; hay que organizarse y construir alternativas”.

¿Qué entendemos por las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones?

El conversatorio permitió también profundizar en un punto clave: comprender que estas luchas no son demandas aisladas, sino dimensiones interdependientes de un mismo conflicto civilizatorio. Luchar por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones significa defender el derecho a una vida digna frente a un modelo que convierte los derechos en mercancías y los territorios en zonas de sacrificio.

  • Luchar por la salud implica exigir un sistema público fuerte, equitativo y universal, donde la atención no dependa del bolsillo ni de la lógica empresarial. Es oponerse a la privatización encubierta de la seguridad social y entender que la salud no empieza en el hospital, sino en el acceso al agua, al trabajo digno, a la alimentación y a un ambiente sano.

  • Luchar por la educación es defender la posibilidad de pensar críticamente, de formar ciudadanía y no mano de obra barata. Significa resistir la mercantilización del conocimiento y la censura ideológica, y sostener el carácter emancipador de la educación pública como bien común.

  • Luchar por el ambiente es proteger los territorios como espacios de vida y no como recursos explotables. Es reconocer la interconexión entre justicia ecológica y justicia social, denunciando las alianzas entre gobiernos y empresas que destruyen ecosistemas mientras reprimen comunidades.

  • Luchar por las pensiones es cuidar la vejez de quienes sostuvieron con su trabajo el bienestar colectivo, y resistir el despojo financiero que pretende convertir la seguridad social en negocio de unos pocos. Es recordar que un país que abandona a sus mayores está renunciando a su propia memoria social.

Estas dimensiones se entrelazan en una sola causa: la defensa de los bienes comunes, de la soberanía popular y del derecho a imaginar un futuro distinto. En palabras de los participantes, las luchas contemporáneas deben ser comprendidas como una sola lucha por la vida, en todas sus formas.

Una región que resiste y se reconoce

El intercambio entre Ábrego, Ovares, Cordero y Carranza dejó ver que las luchas actuales en Panamá y Costa Rica forman parte de un mismo mapa de resistencias.
Mientras en Panamá se enfrenta la represión directa de un Estado cooptado por intereses corporativos, en Costa Rica se vive un proceso más sutil de desmantelamiento institucional y captura mediática. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de derechos, debilitamiento del tejido social y avance del miedo como forma de gobierno.

Los panelistas coincidieron en que la respuesta no puede ser meramente defensiva. Propusieron recuperar el horizonte ético de la política como servicio público, reconstruir la confianza social y fortalecer la articulación regional desde los pueblos. La lucha por la soberanía no se reduce a la independencia estatal, sino que se expresa en cada acto de resistencia que defiende la vida frente al lucro.

Así, este encuentro fue también un recordatorio de que la dignidad no se delega ni se negocia: se ejerce colectivamente. La soberanía, en este sentido, es una práctica viva que nace de la organización popular, de la solidaridad concreta y de la memoria compartida entre los pueblos de nuestra América.

Un cierre necesario: la solidaridad como horizonte

El conversatorio reafirmó que la defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes no puede limitarse por fronteras nacionales. Las luchas del magisterio panameño, del movimiento sindical costarricense o de las comunidades que defienden su territorio son parte de una misma trama regional.

En tiempos de censura, represión y desinformación, estos espacios son vitales para recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía: no como dominio estatal, sino como capacidad colectiva para decidir sobre la vida, la justicia y el futuro común.

Esta actividad fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.

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El otro rostro del milagro: Panamá desde las luchas sociales

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En Panamá, detrás de los espejismos del “milagro económico”, late un país de profundas desigualdades sociales y resistencias vivas. En esta conversación con representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos cómo el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad, despojo fiscal y luchas populares por la dignidad.

Pero esta no es solo una historia económica: es una historia de educación y de lucha social. Las y los educadores panameños no solo enseñan en el aula, también enfrentan en las calles las políticas que golpean a sus estudiantes y comunidades. Como bien dicen: “un educador luchando también está educando”.

🔗 Escuchá la entrevista completa aquí y descubrí cómo la defensa de la educación pública y de los derechos sociales se entrelaza con las luchas populares en América Latina.

Esta conversación fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.

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Ciudadanía logra acuerdo para que la Comisión vuelva a tener voz en el Plan Regulador de Escazú

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Tras varias semanas de movilización, tensión en el Concejo Municipal y exigencias por parte de la comunidad, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Escazú comunicó que se alcanzó un acuerdo sobre la gestión del Plan Regulador.

El comunicado establece que el Plan Regulador se trabajará de manera conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y la Comisión Especial del Plan Regulador, reinstalando así un espacio de representación comunitaria que había sido eliminado semanas atrás.

Según informó la Municipalidad, el acuerdo fue promovido luego de una conversación entre el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León, que permitió convocar a los siete regidores propietarios para construir una salida negociada. La propuesta será presentada este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal para su aprobación formal.

Participación fortalecida

El comunicado señala además que se reforzarán las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana. De confirmarse en el Concejo, se trataría de un paso importante hacia un esquema más equilibrado que combine la capacidad técnica con la incidencia ciudadana.

Para los colectivos que se han movilizado, este desenlace es un reconocimiento al rol de la ciudadanía como actor legítimo en la definición de un Plan Regulador que afecta directamente el futuro del cantón: desde la protección de los Cerros de Escazú y la recarga hídrica, hasta la gestión de riesgos, la movilidad y la calidad de vida en los barrios.

La fuerza de la movilización

El acuerdo no surge de la nada. Fue la presión organizada de vecinos, colectivos y organizaciones —expresada en concentraciones, comunicados y presencia activa en las sesiones municipales— la que obligó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y negociación.

La comunidad escazuceña demostró que la vigilancia y la acción colectiva pueden revertir decisiones que parecían cerradas, recuperando un mecanismo de representación ciudadana y exigiendo mayor transparencia en la gestión municipal.

Próxima cita: martes en el Concejo

El próximo martes la propuesta será presentada en el Concejo Municipal. La expectativa es que se apruebe el acuerdo y se ratifique la corresponsabilidad entre la Oficina Técnica y la Comisión Especial, consolidando un proceso de ordenamiento territorial con mayor legitimidad democrática.

La lección es clara: cuando la ciudadanía se organiza, la participación deja de ser un trámite y se convierte en una fuerza capaz de incidir en el rumbo del cantón.

Un camino difícil, pero legítimo

El acuerdo alcanzado no oculta que el proceso estuvo lleno de obstáculos. Las personas vecinas que impulsaron la convocatoria enfrentaron intentos de desacreditación pública, cuestionamientos sobre sus motivaciones e incluso la minimización de sus demandas dentro del propio Concejo Municipal.

A pesar de ello, se mantuvieron firmes en la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio. Con organización, constancia y presencia activa lograron demostrar que sus preocupaciones eran legítimas y que sus reclamos estaban sustentados en principios democráticos.

Hoy, con la apertura de la mesa de diálogo y el acuerdo de trabajo conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión, queda en evidencia que la movilización no fue en vano. Las vecinas y vecinos actuaron en defensa del bien común y reafirmaron que la participación ciudadana no es una concesión, sino un derecho que debe respetarse y fortalecerse.

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Luchas por el agua en Hatillo: ¿Qué nos dicen de nuestros territorios?

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En esta entrevista conversamos con Andrés José Romero Méndez, autor de la tesis “Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)”. El estudio revela cómo los cortes de agua no son solo un problema coyuntural o técnico, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han relegado a comunidades enteras a vivir bajo racionamientos normalizados. En este diálogo exploramos:

🔎 La historia de la urbanización del agua en San José y su desigualdad.

⚖️ Cómo los racionamientos se legitiman jurídicamente como “inevitables”.

📢 La resistencia comunitaria en Hatillo y la disputa por narrar su propia realidad frente al discurso oficial.

Un intercambio que conecta geografía, política y vida cotidiana, y que invita a repensar el agua no solo como infraestructura, sino como un derecho y un campo de lucha.

Crédito imagen de cabecera: Semanario Universidad

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Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

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La Primera Declaración de La Habana (1960) no fue solo un discurso de otro tiempo: fue un grito colectivo por soberanía, autodeterminación y justicia social. Hoy, denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, es continuar esa tradición emancipadora. Lo paradójico es que quienes acusan de conspirar a las voces críticas son, muchas veces, los mismos que firman contratos con Chevron, empresa que además trabaja directamente con Israel, o venden petróleo al gigante imperial que financia guerras y sostiene a Israel. El verdadero rostro del imperialismo no está en quienes defienden la vida, sino en los acuerdos lucrativos que traicionan la dignidad de los pueblos.

Se han difundido textos que pretenden instalar la idea de que académicos, activistas y organizaciones socioambientales en Venezuela —entre ellos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— forman parte de una red de “injerencia extranjera” y de supuestas operaciones para desestabilizar al Estado venezolano.

Estas acusaciones no son nuevas: repiten, con ligeros matices, el guion habitual de quienes ven en toda crítica un acto de traición y en toda denuncia socioambiental un complot internacional. Lo novedoso hoy es el nivel de desproporción y simplificación, donde la etiqueta de “conspiración” sustituye cualquier debate real sobre el modelo extractivista y sus consecuencias sobre los pueblos y los territorios.

El recurso cómodo de la “injerencia”

Apelar a la “injerencia” es un recurso cómodo para quienes no desean discutir lo esencial: que el Arco Minero del Orinoco y otros megaproyectos extractivos están provocando devastación ambiental, vulnerando derechos de comunidades indígenas y abriendo paso a dinámicas de corrupción y violencia. Señalar estos problemas no significa alinearse con agendas imperiales, sino ejercer el mínimo deber ético de defender la vida y la dignidad de los pueblos.

Convertir a organizaciones, fundaciones o académicos críticos en “agentes extranjeros” es una manera de evadir responsabilidades y de instalar un clima de miedo donde toda voz disonante se trata como sospechosa. En lugar de debate, estigmatización; en lugar de diálogo, disciplinamiento.

La hipocresía de ciertas voces intelectuales

Resulta particularmente grave la hipocresía de sectores intelectuales que, en nombre de la defensa antiimperialista, callan ante la devastación ambiental y la represión interna, pero se activan de inmediato para deslegitimar a quienes levantan críticas fundamentadas.

Estos sectores dicen rechazar “las divisiones en el campo popular”, pero en la práctica reproducen un discurso que criminaliza, aísla y pone en riesgo a compañerxs de lucha. Su retórica se alimenta del mismo dispositivo que históricamente ha servido para perseguir la disidencia dentro de procesos revolucionarios: acusar de estar “del lado del enemigo” a quienes piensan distinto.

Chevron, Israel y los silencios cómplices

El mapa del poder global se entiende mejor siguiendo las rutas de las energías fósiles. Chevron, una de las principales transnacionales del sector, no solo ha devastado territorios en América Latina y África: también abastece directamente al Estado de Israel, sosteniendo con energía y capital la maquinaria de guerra que perpetra el genocidio contra el pueblo palestino.

Frente a esta realidad, el silencio de ciertos sectores intelectuales resulta ensordecedor. Quienes hoy se apresuran a acusar de “injerencistas” a Edgardo Lander y a quienes denuncian el extractivismo omiten deliberadamente esta complicidad estructural. Guardan silencio sobre cómo el capital que desangra a Venezuela, Ecuador o Nigeria también alimenta los crímenes de guerra en Gaza.

La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno venezolano, que en los discursos se presenta como aliado del pueblo palestino, mantiene negocios con Chevron, empresa vinculada directamente al sostenimiento energético de Israel. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se negocia con una corporación que abastece a su verdugo?

Estas incoherencias no son detalles secundarios: muestran hasta qué punto el antiimperialismo puede vaciarse de sentido cuando se convierte en una consigna sin práctica consecuente. La crítica que se intenta acallar con acusaciones de “traición” o “intervencionismo” no es más que la insistencia en desenmascarar estas relaciones de poder, allí donde se cruzan extractivismo, genocidio y negocio.

Defender la crítica como parte de la emancipación

La verdadera fortaleza de cualquier proyecto emancipador no se mide por su capacidad de blindarse de toda crítica, sino por la disposición a escuchar y corregir. Deslegitimar a quienes cuestionan el extractivismo bajo el argumento de que “repiten tesis imperiales” no solo es injusto, sino peligroso: abre la puerta a que toda crítica social, ambiental o de derechos humanos sea catalogada como enemiga.

La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando la crítica se silencia, se impone el dogma; y cuando se criminaliza la diferencia, se erosiona la posibilidad de construir alternativas reales al capitalismo depredador.

Nuestra solidaridad

Desde diferentes territorios y luchas, expresamos nuestra solidaridad con Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, así como con todas las personas y organizaciones que defienden la vida frente al extractivismo en Venezuela y en América Latina.

Su trabajo es parte de una larga tradición de pensamiento crítico y compromiso con los bienes comunes. Callar o atacar esa labor no fortalece ningún proceso popular: al contrario, lo debilita.

Defender la posibilidad de disentir, cuestionar y proponer alternativas no es un lujo, es una necesidad histórica. Frente a los intentos de disciplinamiento, reafirmamos que la solidaridad entre pueblos y movimientos no se construye repitiendo consignas, sino sosteniendo espacios de crítica, cuidado y dignidad compartida.

José Martí: el antiimperialismo como defensa de la dignidad de los pueblos

José Martí comprendió tempranamente que el imperialismo era, más que una amenaza externa, un sistema que pretendía moldear conciencias y subordinar economías. En textos como Nuestra América (1891), Martí advierte contra “los pueblos que se creen el ombligo del mundo” y llama a los latinoamericanos a gobernarse con sus propias realidades, no con recetas importadas.

Para Martí, la lucha contra el imperialismo no se reducía al enfrentamiento militar o político, sino a un proyecto cultural y ético de afirmación de la dignidad. Esa tradición martiana nos recuerda que criticar los proyectos extractivistas que entregan territorios a capitales extranjeros no es alinearse con el enemigo, sino precisamente honrar la vocación emancipadora de nuestros pueblos. Como escribió Martí, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Quienes hoy levantan críticas desde la ecología política siguen levantando trincheras de ideas frente a un modelo que, bajo el ropaje de “desarrollo”, repite lógicas coloniales.

Franz Fanon: descolonizar implica también cuestionar las élites propias

Franz Fanon, en obras como Los condenados de la tierra (1961), señaló con claridad que la liberación no podía quedarse en la expulsión del colonizador externo: había que evitar que las élites locales reprodujeran las mismas lógicas de opresión y saqueo. Para Fanon, la descolonización era un proceso integral que exigía transformar las estructuras políticas, económicas y culturales, no simplemente cambiar de administradores.

Esta reflexión es fundamental hoy en Venezuela y en América Latina: se puede invocar la bandera antiimperialista mientras se perpetúan prácticas extractivistas que reproducen las formas coloniales de dominación sobre pueblos indígenas y territorios. Fanon advirtió contra el riesgo de sustituir el colonialismo europeo por “burguesías nacionales” que se enriquecen a costa de su pueblo. En ese sentido, la crítica a proyectos como el Arco Minero no debilita la lucha antiimperialista: la fortalece, porque desnuda cómo el colonialismo puede mutar y reaparecer bajo nuevas máscaras.

Ignacio Ellacuría: la crítica como opción por los pueblos crucificados

El pensamiento de Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo asesinado en El Salvador en 1989, aporta una clave imprescindible: la verdad histórica se encuentra en los pueblos crucificados. Ellacuría sostenía que toda reflexión crítica debía partir de las víctimas del sistema, de los pobres, de quienes sufren la violencia estructural. Desde esa opción preferencial, la función de la intelectualidad y de las instituciones no es legitimar a los poderosos, sino develar las injusticias y ponerse del lado de quienes cargan la cruz de la historia.

Aplicado a la Venezuela actual, este legado nos obliga a escuchar a las comunidades indígenas y a los territorios devastados por el extractivismo, no a silenciarlos con acusaciones de conspiración. Ellacuría hablaba de la necesidad de una “civilización de la pobreza”, entendida no como miseria impuesta, sino como un proyecto donde los bienes comunes se compartan y la vida se defienda. Ese horizonte es incompatible con la criminalización de quienes, desde la ecología política, denuncian el sufrimiento de los pueblos y de la naturaleza.

La crítica verdadera frente a los intelectuales a sueldo

Silvio Rodríguez nos recordó, en una de sus canciones más descarnadas, que hay voces que se visten de rebeldía pero suenan huecas, porque en realidad repiten lo que el poder les dicta. Esa imagen del “harapo” es demoledora: el disfraz de radicalidad que, al primer soplo del viento, deja ver su costura oportunista.

Hoy, algunos pseudointelectuales se presentan como guardianes de la revolución y portavoces de la “lucha antiimperialista”, pero sus discursos terminan coincidiendo con los intereses de los mismos Estados y aparatos que los financian. Usan la retórica de la patria y del pueblo, pero se acomodan a las estructuras que garantizan su prestigio, sus viajes, sus publicaciones y sus sueldos.

Mientras tanto, quienes se atreven a señalar los daños concretos —el extractivismo que arrasa, las comunidades indígenas que resisten, los territorios envenenados— son acusados de ser “injerencistas” o “agentes del imperio”. La ironía es brutal: los auténticos críticos son perseguidos, y los burócratas del pensamiento se envuelven en banderas para esconder su servidumbre.

La canción de Silvio nos deja una clave: la verdadera coherencia no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener la dignidad aun en la intemperie. Frente a los trajes de oropel de la pseudointelectualidad, reivindicamos las voces que, con harapos si hace falta, siguen defendiendo la vida, los pueblos y los bienes comunes.

El verdadero imperialismo no está en las voces críticas que denuncian la devastación ambiental ni en los colectivos que levantan trincheras de ideas para defender a los pueblos. El imperialismo se sostiene en los contratos con transnacionales como Chevron, en el sudor de quienes extraen petróleo que luego se vende al mismo Estados Unidos que financia guerras y sostiene a Israel en su política genocida contra Palestina.

Hablar de “injerencia” para acallar a académicos, ecologistas o movimientos sociales es una paradoja dolorosa, cuando las puertas del extractivismo se abren sin reparos al capital extranjero. Quienes hoy señalan con el dedo a Edgardo Lander y a otros compañeros deberían mirar de frente esa contradicción: ¿quién sirve más a los intereses imperiales, el que denuncia la expoliación de los pueblos o el que la administra con la excusa del desarrollo?

El antiimperialismo verdadero no se decreta: se ejerce en la defensa de la dignidad, en la coherencia frente al poder y en la capacidad de escuchar a los pueblos que resisten. Todo lo demás es un harapo que, tarde o temprano, deja ver su costura.

Activismo en directo (con spoilers de Chevron incluidos)

Antes de que alguien se espante, aclaramos: no se trata de conspiraciones fantasiosas ni de fake news… o bueno, depende de a quién le preguntes. Los videos que verán a continuación muestran a activistas y académicos desenmascarando la complicidad de grandes empresas y Estados en dinámicas de saqueo y violencia. Sí, incluso aquellos que algunos prefieren ignorar: como ese pequeño detalle sobre Chevron, su “misión liberadora” en Venezuela y su relación con Israel… pero shhh, mejor no decirlo demasiado fuerte. Prepárense para ver verdades incómodas que ciertos intelectuales suelen omitir mientras se disputan la etiqueta de antiimperialistas.

Chevron, la nueva aliada del antiimperialismo: abastece a Israel, pero no se preocupen… seguro es fake news, porque nadie querría arruinar sus nobles inversiones liberadoras en Venezuela.

Para que no nos acusen de inventar ni de ‘injerencistas’, usamos como fuente a Telesur: nada más revolucionario que enterarse por la TV del gobierno cómo Chevron y Venezuela sellan su ‘antiimperialismo’ con contrato y apretón de manos… mientras la misma Chevron abastece de gas a Israel para sostener el genocidio en Gaza.

Y para completar el guion, en el video de Telesur sobre Chevron aparece Ignacio Ramonet, el mismo que luego denuncia —con toda razón— que Israel mata periodistas. Una escena digna de tragicomedia: condenar al verdugo en Gaza mientras se aplaude al socio que trabaja por la «revolución» en Caracas. Antiimperialismo a la carta.

Atención: video de Grosfoguel denunciando a Israel… aunque estamos casi seguros de que se cortó justo cuando iba a mencionar a su socio secreto, Chevron. Ups, mejor no decir eso, que son solo ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Patricia Villegas celebra la resistencia palestina desde 1979… y en 2025 también celebra la reanudación de Chevron en Venezuela. Nada como combinar décadas de lucha por la soberanía con un poquito de ‘inversiones liberadoras’. Todo muy coherente, claro.

Maduro denuncia a Israel como el nuevo Hitler en Gaza… pero curiosamente nadie menciona que Hitler también hacía negocios con empresas cómplices. Mejor no decir eso, sobre todo si alguna de esas empresas rima con Chevron y da un tirón… a los pueblos mientras habla de ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Y ahora, para que no queden dudas de la “liberación energética” en acción, les presentamos los datos directamente de la propia Chevron. Sí, sí, esa misma empresa que Telesur celebra como “reanudando sus operaciones liberadoras” en Venezuela. No se preocupen: no vamos a dudar de la fuente oficial, porque ¿quién podría cuestionar a una corporación mientras construye gasoductos y suministra gas a uno de los Estados más militarizados del mundo? Prepárense para cifras, inversiones millonarias y producciones récord… todo muy coherente con la narrativa del progreso y la soberanía… para algunos.

Operaciones de Chevron en Israel
ProyectoAño Descubrimiento / DesarrolloSocios y participación de ChevronUbicación y característicasProducción / Impacto
LeviatánDescubierto 2010; desarrollo principal 2010-201xChevron Mediterranean Limited 39,66%; NewMed Energy 45,34%; Ratio Energies 15%130 km al oeste de Haifa, Mar Mediterráneo; cuatro pozos de producción a ~5 km de profundidad; gasoducto submarino e instalaciones de procesamientoProducción de 12 mil millones m³ de gas/año; permite cesar uso de carbón en generación eléctrica para 2025; exportador significativo de gas
TamarDescubierto 2009; desarrollado en 4 añosChevron Mediterranean Limited 25%; Isramco 28,75%; Tamar Petroleum 16,75%; Mubadala Energy 11%; Tamar Investment 2 11%; Dor Gas 4%; Union Energy & Systems 2 3,5%90 km al oeste de Haifa; 5 km de profundidad; superficie 100 km²; seis pozos de producciónAbastece ~70% del consumo eléctrico de Israel; reducción del uso de carbón, fueloil y diésel; mejora de calidad del aire
Mari-BDescubierto 2000; suministro desde 2004. Actualmente agotado.Chevron / Noble Energy junto con Delek, Delek Drilling y AvnerParte del proyecto Yam Tethys28 mil millones m³ de gas natural; primera vez que el gas natural fluye a las costas de Israel; suministro al mercado local

Chevron. (2025). Nuestros proyectos en Israel: Leviatán, Tamar y Mari-B. Recuperado de https://israel.chevron.com/en/our-businesses

¿Por qué hicimos esta nota? Omisiones y dobles estándares en la esfera intelectual y política

Ramón Grosfoguel ha denunciado consistentemente las políticas de Israel hacia Palestina y ha señalado violaciones de derechos humanos en diversos contextos. Sin embargo, en sus intervenciones públicas no se ha referido a los vínculos de empresas transnacionales como Chevron con Israel, a pesar de que estas corporaciones mantienen operaciones en territorios donde se perpetran políticas de guerra y ocupación.

Situación similar se observa en otros actores mediáticos e intelectuales. Ignacio Ramonet, por ejemplo, condena con firmeza ataques contra periodistas en Gaza, pero no aborda los vínculos corporativos que financian o sostienen indirectamente esas operaciones. Patricia Villegas, desde Telesur, celebra la resistencia palestina y la soberanía energética en América Latina, mientras la misma cobertura omite mencionar la reanudación de operaciones de Chevron en Venezuela, que abastece gas a Israel. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia agresiones en Gaza y las compara con episodios históricos de genocidio, pero no cuestiona la complicidad indirecta derivada de contratos con corporaciones transnacionales.

Estas ausencias no son inocentes. En el contexto de la campaña de criminalización desarrollada por el gobierno venezolano contra intelectuales y activistas críticos —como Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— la omisión de estos vínculos corporativos y económicos estratégicos se vuelve parte de un patrón de control discursivo. Se promueve la narrativa de “injerencia extranjera” para deslegitimar críticas al extractivismo y a la gestión estatal, mientras se silencia información que podría evidenciar contradicciones en la política oficial.

Desde la perspectiva crítica, estas omisiones evidencian cómo ciertos aspectos de la relación entre corporaciones y Estados quedan fuera del debate, mientras se enfatiza la condena a políticas estatales específicas. Señalar estas ausencias permite un análisis más completo del poder global y de las conexiones entre extractivismo, financiamiento de conflictos y narrativas auto-proclamadas como antiimperialistas, mostrando que la defensa de la soberanía no puede sostenerse en silencios estratégicos.

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

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Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Inquilinas e inquilinos en lucha: voces desde Los Ángeles

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En medio de una crisis habitacional global, miles de personas enfrentan desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones de vida precarias. En Los Ángeles, una de las ciudades más desiguales del mundo, el Sindicato de Inquilinos ha surgido como una fuerza organizada que resiste la lógica del mercado inmobiliario y defiende el derecho a una vivienda digna.

En este video conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, quienes comparten sus experiencias de lucha, organización y esperanza. A través del sindicalismo inquilino y la educación popular, estas comunidades están construyendo alternativas desde abajo para transformar su realidad.

🚪 ¿Qué pasa cuando quienes alquilan se organizan?
🏙️ ¿Cómo se construye una ciudad desde el derecho, no desde el privilegio?

👉 Dale play y sumate a esta conversación sobre defensa colectiva, justicia habitacional y transformación social.

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¿Qué significa organizarse por el derecho a la vivienda en una ciudad marcada por el desalojo y el desplazamiento?

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En esta entrevista conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, una organización autónoma y popular que lucha por vivienda segura, asequible y digna para todas y todos. Frente a un modelo que expulsa, encarece y despoja, el Sindicato articula a personas inquilinas para hacer frente al acoso de propietarios, resistir desalojos masivos y exigir cambios estructurales, como la revocatoria de leyes que favorecen la especulación.

Reflexionamos sobre los desafíos cotidianos de habitar Los Ángeles, sobre las formas de resistencia que surgen desde abajo y, especialmente, sobre el papel fundamental de la educación popular en la toma de conciencia, la construcción de comunidad y la organización colectiva.

Escuchemos esta experiencia que cruza acción directa, apoyo mutuo y lucha por justicia habitacional.

Si quieren conocer más les compartimos si sitio web: https://latenantsunion.org/es/

Vivienda, educación popular y bienes comunes: una lucha interconectada

La experiencia del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles no solo nos habla de una lucha por techo, sino de una defensa activa de la ciudad como bien común. Cuando el acceso a la vivienda se rige por las lógicas del mercado, el territorio se transforma en objeto de especulación y las personas son desplazadas para dar paso a proyectos de alto valor inmobiliario. Esta forma de extractivismo urbano convierte los barrios en mercancía y profundiza la desigualdad.

En este contexto, la organización inquilina se convierte en una forma de reapropiación del derecho a habitar y decidir sobre el entorno. La educación popular, entendida como práctica colectiva de concientización y construcción de poder, juega un papel clave: fortalece vínculos comunitarios, desenmascara las estructuras de opresión y abre caminos de resistencia.

La vivienda no es solo un bien individual, es parte de un entramado más amplio de bienes comunes urbanos que sostienen la vida: el barrio, el espacio público, el acceso a servicios, las redes de apoyo. Defender el derecho a la vivienda es también defender territorios para la vida, frente a un modelo urbano que expulsa y devasta.

Esta entrevista es testimonio de cómo las luchas por lo común, desde la base y con pedagogía crítica, abren horizontes de justicia y dignidad.

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“Un protocolo que no consulta”: Críticas al proceso de la Asamblea Legislativa para definir la consulta indígena

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A partir de los aportes de Gilbert González Maroto (ver aquí post)

Desde hace unos días circula públicamente el documento titulado Términos de Referencia para la Asistencia Técnica para la Gestión Operativa y Financiera del proyecto “Protocolo de Consulta Indígena de la Asamblea Legislativa”, elaborado mediante un convenio entre la Fundación de la Universidad de Costa Rica (FundaciónUCR) y la Asamblea Legislativa.

A pesar de que el documento afirma tener como objetivo “garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en procesos legislativos que puedan afectarles”, las reacciones desde diversos sectores indígenas y de derechos humanos han sido contundentes: el proceso propuesto no cumple con los estándares mínimos de una consulta indígena legítima.

Esta nota recoge y sistematiza algunas de las observaciones críticas realizadas por el investigador y activista Gilbert González Maroto, así como otras voces que se han pronunciado al respecto.

Un diseño que excluye, no consulta

Uno de los principales cuestionamientos es que el proyecto se limita a realizar cuatro talleres regionales y uno nacional, como única vía de participación. Esto, en un país donde existen ocho pueblos indígenas reconocidos, con 24 territorios oficiales, una enorme diversidad lingüística, cultural y territorial, y una historia de exclusión sistemática.

Además, la consulta estaría dirigida exclusivamente a las 24 asociaciones de desarrollo integral, entidades creadas por ley estatal y que no representan necesariamente las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Estas asociaciones han sido largamente cuestionadas por comunidades que no las consideran legítimas ni participativas, siendo vistas en muchos casos como brazos administrativos del Estado y no como representaciones autónomas.

Junto a estas, se incluyen algunas organizaciones de “representación y asesoría”, como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que es un órgano estatal, no autónomo. Varias organizaciones incluidas han manifestado no haber sido consultadas ni informadas sobre su participación.

Comparación con el mecanismo del Poder Ejecutivo

El mecanismo propuesto por la Asamblea Legislativa ni siquiera alcanza los estándares ya existentes en el país, como el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas N.º 042-MP del Poder Ejecutivo (2016), construido en un proceso más amplio, con validación y reconocimiento público.

Este nuevo protocolo legislativo no contempla etapas de consentimiento ni mecanismos de devolución de resultados. No propone metodologías culturalmente adecuadas ni valida las decisiones con estructuras tradicionales.

Es un retroceso, no un avance, y vulnera el principio de progresividad del derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Invisibilización del Pueblo Ngäbe de Sixaola

Una omisión grave del documento es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, reconocido formalmente en la Ley 9710 como población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Aunque el documento menciona algunas asociaciones Ngäbe del sur del país, el Pueblo Ngäbe de Sixaola no aparece entre los territorios o beneficiarios del proceso, lo que constituye una invisibilización de un grupo históricamente marginado y vulnerado.

💬 Una advertencia clara: esto no es una consulta

Como lo señala Gilbert González Maroto, este “protocolo” no es más que un proceso administrativo que se disfraza de consulta. Si continúa bajo los términos actuales, es probable que sea declarado inconstitucional o anulado judicialmente por incumplir los estándares internacionales y nacionales.

“Recomendaría que guarden esos recursos porque los perderán con un salacuartazo, o que propongan una consulta en toda regla”, advierte con razón González Maroto.

Para su análisis y reflexión pueden descargar los términos aquí.

🚫 Invisibles en su propia casa: la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola

Declaración del líder indígena Federico Abrego

Uno de los aspectos más graves del actual proceso de construcción del Protocolo de Consulta Indígena por parte de la Asamblea Legislativa es la exclusión del pueblo Ngäbe de Sixaola, a pesar de que este pueblo ha sido reconocido legalmente en la Ley 9710 como una población indígena transfronteriza con derechos diferenciados.

Esta exclusión no es un descuido menor. Es una expresión clara de racismo estructural, centralismo institucional y desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a todos los pueblos indígenas afectados, no solo a aquellos reconocidos por las estructuras del Estado.

Así lo expresa Federico Abrego líder indígena Ngäbe de Sixaola en su testimonio:

“Tal vez por eso es que a nosotros los de acá de Sixaola los Ngäbe no nos toman en cuenta, porque no formamos parte del aparato administrativo del Estado. […] Nosotros tenemos personalidad jurídica como pueblo, y decimos lo que tenemos que decir. Por eso cuestionamos a las asociaciones integrales, porque cuando algo es del pueblo, es del pueblo. Otra persona no puede venir a decir qué hacer.”

Este reclamo evidencia algo fundamental: la autodeterminación no puede ser suplantada por figuras impuestas o validadas únicamente por el aparato estatal. El derecho a la consulta no es un favor ni un trámite: es una obligación legal del Estado costarricense.

Más adelante, el líder relata una experiencia concreta:

“En una reunión de la mesa técnica del año pasado, yo les pregunté por qué nunca nos toman en cuenta, y la ministra presente dijo que ya no nos iban a incluir en la consulta. ¡Así de claro!”

Crédito imagen: Delfino.cr(2023)

⚠️ Exclusión por no tener territorio: una discriminación dentro de la discriminación

Un argumento usado para justificar su exclusión es que el pueblo Ngäbe de Sixaola no posee territorio legalmente reconocido como los demás. Sin embargo, como el testimonio aclara con firmeza:

“Que nosotros no tengamos territorio no quiere decir que no tengamos problemas. ¡Tenemos más problemas todavía que los que tienen territorio!”

Esta afirmación apunta a una forma doble de exclusión: primero, por ser indígenas sin territorio formalmente titulado, y segundo, por ser ignorados incluso por algunas de las propias organizaciones indígenas reconocidas.

El testimonio concluye con una reflexión potente:

“El Convenio 169 es una espada, un instrumento legal clarito. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho. Y duele ver que incluso compañeros indígenas nos discriminan. Eso no debería ser así.”

✊ Lo que este testimonio nos recuerda
  1. Que el Estado debe consultar a todos los pueblos indígenas reconocidos, no solo a los que tienen títulos o estructuras impuestas.
  2. Que los pueblos sin territorio formal tienen derechos, identidad, cultura y autoridad propia, y deben ser tratados con el mismo respeto.
  3. Que la exclusión sistemática no solo proviene del Estado, sino también de mecanismos de representación que han sido cooptados o instrumentalizados.
  4. Que la consulta no se ruega, se exige como derecho colectivo.

Incluir al pueblo Ngäbe de Sixaola no es solo una corrección administrativa: es una deuda histórica, legal y moral que Costa Rica debe saldar si pretende hablar de participación, interculturalidad y democracia verdadera.

¿Qué ha pasado con los procesos anteriores?

Uno de los aspectos más críticos de los intentos institucionales de crear mecanismos de consulta a pueblos indígenas en Costa Rica ha sido la falta de continuidad, transparencia y comunicación directa con los territorios. La experiencia de muchas comunidades es la de ser espectadores —y no protagonistas— de procesos que se desarrollan sin su consentimiento, ni siquiera su conocimiento.

Así lo expresa Jonnhy Buitrago, miembro del colectivo Antonio Saldaña que se encuentra en Talamanca dónde habitan parte de los pueblos indígenas Bribri y Cabécar, al compartir su testimonio:

“Sí, claro, nos gustaría y gracias por el tema, porque la verdad lo desconocemos. El tema de consulta o el protocolo de consulta pasó en la era de Luis Guillermo Solís y también una parte de Carlos Alvarado. Y ahí no volvimos a escuchar nada del tema del protocolo, consulta nada hasta el día de hoy.”

Este testimonio deja claro que, para los pueblos indígenas, los protocolos de consulta no han sido procesos visibles ni accesibles. Pese a que el gobierno costarricense ha impulsado iniciativas como el Mecanismo General de Consulta durante las administraciones anteriores, en muchos territorios no se sabe en qué estado están esos procesos, ni quién los continúa ni cómo se implementan.
Jonnhy continúa:

“Se nos ha hecho un poco difícil tal vez saber algunas informaciones que salen desde la Asamblea Legislativa o el Gobierno, algunas instituciones. Porque a veces nos llega muy tarde, a veces informan, a veces no informan… la mayor parte de la verdad es que nunca casi. Entonces para nosotros siempre ha sido difícil.”

Su testimonio refleja una realidad estructural: la falta de acceso a información oportuna y clara, especialmente en zonas rurales e indígenas. El derecho a la consulta no solo implica preguntar, sino también garantizar que la información llegue de forma adecuada y con tiempo suficiente para la deliberación colectiva.
Y concluye:

“Así como usted, tenemos amigos que nos dicen: ‘Mirá, está pasando tal cosa, ¿has visto tal?’ Bueno, envíeme la información para ver… Así es la manera en que nos enteramos. Que el gobierno nos dé la información directamente a los pueblos indígenas, es difícil. Entonces, hasta el día de hoy, ¿qué pasa con eso?”

Esta pregunta —¿Qué pasa con eso?— condensa la frustración y el desconcierto de muchos territorios que, una y otra vez, son excluidos de los procesos que supuestamente buscan garantizar su participación.

¿Qué hacer?

Ante este escenario, se hace urgente que:

  • Se reestructure el proceso desde cero, en diálogo con los pueblos indígenas legítimamente representados.

  • Se garantice una consulta libre, previa e informada.

  • Se respete el principio de progresividad en materia de derechos indígenas.

  • Se reconozca la diversidad y pluralidad organizativa de los pueblos indígenas más allá de las asociaciones de desarrollo.

Solo así la Asamblea Legislativa podrá cumplir su obligación internacional y nacional, no solo de consultar, sino de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

¿Qué es un proceso de consulta indígena? ¿Y cómo debe hacerse correctamente?

El derecho a la consulta libre, previa e informada es un principio fundamental del derecho internacional que busca proteger la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a decisiones del Estado que puedan afectar sus derechos, territorios, culturas o formas de vida.

Este derecho no es un trámite formal ni una mera recolección de opiniones: es un proceso de diálogo intercultural que debe permitir que los pueblos indígenas influyan, modifiquen o incluso rechacen una medida estatal que les afecte directamente.

Elementos esenciales de una consulta válida

Según el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y las observaciones generales de organismos internacionales, un proceso de consulta debe cumplir con los siguientes criterios mínimos:

 

1. Libre

Debe realizarse sin coacción, presiones, manipulación ni interferencias externas. Las comunidades deben poder participar desde su propia voluntad y autonomía organizativa.

2. Previa

Debe realizarse antes de adoptar o ejecutar cualquier medida legislativa o administrativa. Las decisiones no deben tomarse de antemano.

3. Informada

Las comunidades deben tener acceso a toda la información relevante sobre el proyecto o ley propuesto, en formatos accesibles y en sus propios idiomas, si corresponde.

4. Culturalmente adecuada

El proceso debe respetar las formas tradicionales de toma de decisiones de cada pueblo, y adaptarse a sus tiempos, lenguas, espacios y formas organizativas propias.

5. Participativa y representativa

La consulta debe involucrar a las instituciones representativas legítimas de los pueblos, no solo a figuras estatales o entidades impuestas, como pueden ser asociaciones de desarrollo no reconocidas por las propias comunidades.

6. De buena fe

Debe haber apertura real al diálogo, sin decisiones preestablecidas. El Estado tiene la obligación de negociar y eventualmente obtener el consentimiento de los pueblos.

7. Con posibilidad de consentimiento

Aunque el Convenio 169 no exige consentimiento en todos los casos, la jurisprudencia internacional ha establecido que en asuntos de gran impacto, como desplazamientos forzados o explotación de recursos, sí debe obtenerse el consentimiento libre, previo e informado del pueblo afectado.

Buenas prácticas recomendadas

Organismos internacionales, como la OIT y el Relator Especial de la ONU, recomiendan una serie de prácticas que fortalecen los procesos de consulta:

  1. Diagnóstico participativo inicial para identificar actores, idiomas y formas organizativas.
  2. Construcción conjunta del cronograma y metodología del proceso.
  3. Garantía de intérpretes y facilitadores interculturales.
  4. Inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores en las decisiones.
  5. Mecanismos de devolución de resultados y validación comunitaria.
  6. Registro sistemático del proceso con fuentes de verificación.
🚫 ¿Qué no es una consulta?

  • No es una reunión informativa ni un taller participativo.

  • No es una simple notificación o aviso del Estado.

  • No es una validación posterior a decisiones ya tomadas.

  • No se realiza con actores no reconocidos por los pueblos.

Cuando estos errores ocurren, la consulta se vuelve ilegítima, y puede ser anulada por tribunales nacionales o internacionales, como ha ocurrido en múltiples países de América Latina.

Incorporar estos elementos en el diseño de un protocolo de consulta no es solo una exigencia legal: es una forma de respeto a la dignidad, la historia y el derecho colectivo de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su futuro.

Consulta indígena y defensa de los bienes comunes: un cierre necesario

La discusión sobre el Protocolo de Consulta Indígena no puede limitarse a un debate técnico o administrativo. En el fondo, lo que está en juego es el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, su cultura, su futuro y sus bienes comunes.

Los territorios indígenas albergan ríos, bosques, suelos, semillas, saberes, formas de vida y espiritualidades que no pueden ser reducidos a mercancías o “recursos naturales”. Son bienes comunes, es decir, espacios de vida colectiva que han sido cuidados y gobernados por generaciones de pueblos originarios.

Cuando se niega una consulta legítima y vinculante, no solo se violan derechos humanos, sino que también se debilitan los sistemas de defensa de estos bienes que sostienen la vida en común. En tiempos de crisis climática, extractivismo desenfrenado y mercantilización de la naturaleza, las formas comunitarias de habitar y gobernar el territorio representan alternativas reales y urgentes.

En este sentido, una verdadera consulta indígena no es solo un requisito jurídico: es una herramienta para sostener los bienes comunes frente a los intereses del capital, del mercado y del poder centralizado. Es una expresión concreta de autodeterminación, pero también de cuidado colectivo del planeta.

Frente a una propuesta —tecnocrática, limitada y excluyente—, las voces indígenas y aliadas que defienden una consulta con dignidad no solo reclaman un derecho: están defendiendo las condiciones para que la vida, la diversidad y la justicia sigan siendo posibles.

La forma también decide: la metodología importa

Las metodologías que se eligen para consultar a los pueblos indígenas nunca son inocentes. Cada paso, cada actor convocado (o excluido), cada forma de preguntar o decidir, construye o destruye legitimidad.

Imponer protocolos sin participación real, desde esquemas burocráticos y tecnocráticos, reproduce la lógica colonial de hablar sobre los pueblos, sin hablar con ellos. La forma es fondo.

Por eso, descolonizar este tipo de procesos implica reconocer que la metodología es política. Implica preguntar desde dónde se convoca, a quién se reconoce como interlocutor, con qué tiempos, lenguas, saberes, herramientas.

Cuando no hay vigilancia crítica, estas “consultas” pueden convertirse en herramientas para legitimar la exclusión bajo apariencia de legalidad, profundizando desigualdades históricas en lugar de corregirlas.

Consultas que no transforman, que no redistribuyen poder, que no parten del reconocimiento pleno de los pueblos, no son avances: son simulacros.

La verdadera consulta no es un protocolo escrito.
Es una práctica viva, de diálogo, reconocimiento y justicia.