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Al-Quds y la lucha por los bienes comunes y la justicia

La lucha por Al-Quds y Palestina va más allá de una disputa territorial; es la defensa de los bienes comunes, de la tierra, el agua y la identidad cultural que son arrebatados por la ocupación y el colonialismo. Como en muchas otras partes del mundo, los pueblos enfrentan despojo, violencia y explotación, resistiendo para preservar su derecho a existir con dignidad.

Defender a Palestina es también defender el acceso equitativo a los recursos, la autodeterminación y la justicia para todos los oprimidos. La causa palestina nos recuerda que la lucha por la libertad de un pueblo es la lucha por la libertad de todos.

📢 ¿Qué es la ocupación israelí?

La ocupación israelí es el control militar y político impuesto sobre Palestina desde 1948, intensificado en 1967 con la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Implica el desplazamiento forzado de palestinos, el robo de tierras, asentamientos ilegales y un sistema de represión constante.

🔹 Apartheid: Israel impone un régimen de segregación con leyes y políticas que privilegian a los colonos judíos y discriminan a los palestinos, restringiendo su movimiento, acceso a servicios básicos y participación política.

🔹 Colonialismo: La ocupación es una forma de colonialismo de asentamiento, donde el Estado israelí expulsa a la población originaria y la reemplaza con colonos, apropiándose de su territorio y recursos.

🔹 Racismo: Las políticas israelíes deshumanizan al pueblo palestino, justificando la violencia sistemática, la demolición de hogares y la negación de derechos fundamentales basándose en criterios étnicos y religiosos.

Al-Quds y la lucha por los bienes comunes

La ocupación israelí no solo arrebata tierras y desplaza comunidades, sino que también privatiza y controla bienes esenciales como el agua, restringe el acceso a lugares sagrados y destruye medios de vida palestinos. Esta lucha es la misma que enfrentan muchos pueblos en el mundo contra el despojo y el colonialismo.

Defender Al-Quds es defender el derecho de los pueblos a sus territorios, su cultura y sus bienes comunes, que no deben ser propiedad de unos pocos, sino garantía de vida digna para todos.

Les invitamos a leer y compartir esta infografía.

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«Armemos Juntos la Caja»: Una Campaña para Defender la Seguridad Social en Costa Rica

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una de las instituciones más valiosas del país, garante del derecho a la salud y un pilar de la seguridad social. Sin embargo, enfrenta serios desafíos que amenazan su estabilidad y el acceso equitativo a los servicios de salud.

Ante esta situación, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) ha lanzado la campaña «Armemos Juntos la Caja», una iniciativa para informar, movilizar y defender la CCSS de intentos de debilitamiento y privatización.

Esta nota se realizó a partir de la entrevista del programa «Sentires y Saberes» al dirigente de FRENASS, Deivis Ovares, quien explicó los principales desafíos que enfrenta la seguridad social en Costa Rica y las propuestas en curso. Al final de esta publicación, dejamos el audio completo para quienes deseen escucharlo.

Desafíos de la Seguridad Social en Costa Rica

En los últimos años, la CCSS ha sido blanco de múltiples amenazas, entre ellas:

  • Impago de la deuda estatal: El Gobierno ha acumulado una deuda millonaria con la CCSS, afectando la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
  • Injerencia política: La toma de decisiones dentro de la institución ha estado sujeta a presiones políticas que afectan su autonomía.
  • Impacto de la Ley Marco de Empleo Público: Esta legislación ha generado inequidades salariales y desmotivación en el personal de salud.
  • Listas de espera en aumento: La falta de recursos y el debilitamiento institucional han provocado una crisis en la prestación de servicios médicos.

 

Cuatro Proyectos de Ley para Fortalecer la CCSS

Como parte de esta campaña, FRENASS promueve cuatro proyectos de ley que buscan garantizar la estabilidad y autonomía de la Caja:

Restitución de la autonomía de la CCSS

Propone la eliminación de la figura de la Presidencia Ejecutiva para reducir la injerencia política en la institución.

Garantía del pago de la deuda estatal

Mediante una reforma constitucional, se busca obligar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones financieras con la CCSS.

Elevación de los principios fundacionales de la CCSS a rango constitucional

Se pretende consolidar la seguridad social como un derecho protegido a nivel constitucional, asegurando su permanencia en el tiempo.

Exclusión de la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público

Para evitar distorsiones salariales y garantizar condiciones laborales justas para su personal.

 

Un Llamado a la Acción

La defensa de la CCSS es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Es fundamental que las y los costarricenses se informen sobre estos proyectos, participen en la discusión pública y apoyen las iniciativas que buscan fortalecer la seguridad social en el país.

¡Sumémonos a la campaña «Armemos Juntos la Caja» y asegurémonos de que esta institución, construida con el esfuerzo de generaciones, siga garantizando el derecho a la salud para todas y todos!

Escucha la entrevista completa con Deivis Ovares aquí:

¿Qué dicen los cuatro proyectos de Ley?

1. Proyecto de Ley para Restituir la Autonomía de la CCSS

Objetivo: Eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva dentro de la CCSS.

Razón: Actualmente, esta figura permite una fuerte injerencia política en la administración de la Caja, lo que afecta su autonomía y la toma de decisiones técnicas.

Impacto esperado: Con esta reforma, la CCSS volvería a ser administrada de manera independiente, priorizando los intereses de la seguridad social y no los de los gobiernos de turno.

2. Proyecto de Reforma Constitucional para Garantizar el Pago de la Deuda del Estado a la CCSS

Objetivo: Obligar al Estado a pagar su deuda con la CCSS, eliminando la discrecionalidad del Ministro de Hacienda.

Razón: El Gobierno al incumplir su responsabilidad constitucional de aporte a los fondos de los seguros sociales ha acumulado una deuda millonaria con la Caja, afectando sus fondos y la calidad de los servicios de salud. Actualmente, el pago depende de la voluntad política y la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo.

Impacto esperado: Con esta reforma, el pago a la CCSS se convertiría en una obligación constitucional ineludible, asegurando el financiamiento sostenible del sistema de salud.

3. Proyecto para Elevar los Principios Fundacionales de la CCSS a Rango Constitucional

Objetivo: Incluir en la Constitución los principios que rigen la CCSS, para validar y dar solidez constitucional al Derecho Fundamental a la Salud asegurando su protección ante futuras reformas que intenten debilitarla.

Razón: Los valores de universalidad, solidaridad y obligatoriedad han permitido que la seguridad social de Costa Rica sea un modelo ejemplar a nivel mundial. Sin embargo, sin un blindaje constitucional, estos principios pueden ser modificados con facilidad.

Impacto esperado: La CCSS y su misión quedarían protegidas como un derecho fundamental dentro de la Constitución, dificultando cualquier intento de privatización o debilitamiento del sistema público de salud.

4. Proyecto de Ley para Excluir a la CCSS de la Ley Marco de Empleo Público

Objetivo: Garantizar que la CCSS pueda administrar su personal sin interferencias externas.

Razón: La Ley Marco de Empleo Público ha generado distorsiones salariales, desmotivación entre los trabajadores y problemas administrativos en la institución. Actualmente, la Caja está sujeta a reglas que limitan su capacidad de gestión.

Impacto esperado: La exclusión de la CCSS de esta ley permitiría recuperar un esquema laboral justo y eficiente, asegurando mejores condiciones para el personal de salud y, por ende, una mejor atención para la ciudadanía.

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Justicia para las petroleras, castigo para los pueblos: el peligroso precedente contra Greenpeace y el pueblo sioux

El fallo judicial que condena a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET) por supuestamente haber instigado las protestas contra el oleoducto Dakota Access (ver mapa 1) es un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa del medioambiente. Más que una sentencia aislada, este caso forma parte de una estrategia sistemática para criminalizar la protesta social y debilitar la resistencia indígena frente al avance de las industrias extractivas.

La demanda contra Greenpeace ha sido denunciada como un caso de SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) o demanda mordaza, un mecanismo legal utilizado por corporaciones y actores poderosos para asfixiar financieramente a sus opositores mediante litigios costosos y prolongados. Su propósito no es necesariamente ganar en tribunales, sino generar miedo, censurar la disidencia y desgastar a quienes denuncian injusticias.

Colonialismo y racismo en la narrativa judicial

Más allá de la criminalización de Greenpeace, lo verdaderamente alarmante es el discurso implícito en este fallo: el pueblo sioux de Standing Rock es presentado como un actor secundario, carente de agencia propia y fácilmente manipulable por organizaciones externas. Esta narrativa colonial y racista se enmarca en una larga tradición de despojo y deslegitimación de las luchas indígenas, donde las comunidades que defienden sus territorios son vistas como obstáculos al «progreso» y no como sujetos políticos con derechos y autonomía.

En este caso, las protestas de Standing Rock, que denunciaban la construcción de un oleoducto sobre tierras sagradas y la amenaza a su suministro de agua, fueron presentadas como un «pequeño problema local» explotado por Greenpeace para sus propios fines. Este enfoque niega la legitimidad de la resistencia sioux y refuerza la idea de que las poblaciones indígenas solo actúan cuando son influenciadas por terceros, una visión que se remonta a la época colonial y que persiste en los tribunales y en los discursos empresariales.

Un precedente peligroso para los movimientos sociales

La sentencia contra Greenpeace no solo pone en riesgo la existencia de la organización, sino que envía un mensaje claro a activistas y comunidades en resistencia: cualquier forma de apoyo, visibilización o solidaridad con luchas ambientales e indígenas puede ser castigada con el peso completo del sistema legal y económico.

Este caso se suma a una creciente ola de criminalización de los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio en todo el mundo. Desde América Latina hasta Norteamérica, activistas han sido perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por desafiar los intereses de las grandes corporaciones extractivas. En muchos casos, los Estados no solo fallan en proteger a estos defensores, sino que se convierten en cómplices al reprimirlos y facilitar el avance de proyectos destructivos.

Frente a este escenario, la respuesta no puede ser la resignación. La lucha del pueblo sioux de Standing Rock fue y sigue siendo un ejemplo de resistencia ante el despojo, y su alianza con grupos ambientalistas y otros movimientos sociales demuestra que la solidaridad es una herramienta poderosa. Sin embargo, es urgente fortalecer los mecanismos de protección para activistas y comunidades, así como denunciar el uso de las leyes para silenciar la protesta.

Si la defensa del agua, la tierra y la vida se convierte en un delito, entonces el verdadero crimen es el modelo económico que pone el beneficio privado por encima del bienestar colectivo. ¿Permitiremos que la justicia siga siendo un instrumento de los poderosos, o exigiremos que responda a las luchas de quienes defienden el planeta?

¿Qué es el oleoducto Dakota Access?

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés) es un proyecto de infraestructura energética de aproximadamente 1,886 km de longitud, construido para transportar hasta 570,000 barriles de petróleo al día desde los yacimientos de Bakken, en Dakota del Norte, hasta Illinois, EE.UU.

El oleoducto ha sido altamente controversial porque atraviesa tierras cercanas a la reserva sioux de Standing Rock, poniendo en riesgo el acceso al agua potable y afectando sitios sagrados. A pesar de la resistencia indígena y ambientalista, la obra se completó con el respaldo del gobierno de Donald Trump en 2017, tras haber sido bloqueada temporalmente por la administración de Barack Obama en 2016.

¿Qué es una demanda SLAPP o demanda mordaza?

Una demanda SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una demanda judicial utilizada como herramienta de intimidación y censura contra personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos de interés público. Su objetivo no es ganar el caso, sino desgastar y silenciar a los demandados mediante procesos legales costosos y prolongados.

Características de una demanda SLAPP:

  • Suele dirigirse contra periodistas, activistas, organizaciones civiles o ciudadanos que denuncian corrupción, abusos o problemáticas sociales.

  • Implica cargos legales infundados o exagerados, como difamación o daño a la reputación.

  • Busca desmotivar la participación pública al generar miedo y costos económicos elevados.

Consecuencias y riesgos:

  • Limita la libertad de expresión y el acceso a la información.

  • Puede tener un efecto disuasorio, desalentando la denuncia de irregularidades.

  • Afecta la democracia al restringir la participación ciudadana en el debate público.

¿Cómo enfrentar una demanda SLAPP?

  • Buscar asesoramiento legal especializado.

  • Hacer visible el caso en medios y redes sociales para generar apoyo público.

  • Impulsar legislación contra el abuso de demandas SLAPP.

Estas demandas son un problema creciente en diversas partes del mundo, por lo que es fundamental conocerlas y denunciarlas para proteger el derecho a la libre expresión y la participación ciudadana.

Referencias:

Agencia EFE. (2025, 19 de marzo). Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a la empresa Energy Transfer. Swissinfo. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/greenpeace-deber%C3%A1-pagar-m%C3%A1s-de-660-millones-de-d%C3%B3lares-a-la-empresa-energy-transfer/89036958

Elbein, S. (2016, 17 de noviembre). EE.UU.: la estrategia sioux y la determinante decisión sobre el oleoducto Dakota Access. Mongabay. Recuperado de https://es.mongabay.com/2016/11/ee-uu-la-estrategia-siux-la-determinante-decision-oleoducto-dakota-access/

EntrePueblos. (s.f.). Protesta y resistencia Sioux a oleoducto en Dakota del Norte. Recuperado el [fecha de acceso], de https://www.entrepueblos.org/news/ddhh-extractivismo-5/

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Injerencia, Privatización y Deuda: Las Amenazas que Acechan a la CCSS

El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.

Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.

Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.

La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.

En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.

Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.

¿Qué se entendió por Seguridad Social?

Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.

También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.

¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?

En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:

  • Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.

  • Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.

  • Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.

  • Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.

En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución.

🚨 Las amenazas que enfrenta la CCSS

En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:

🔴 Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
🔴 Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas.
🔴 Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud.
🔴 Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud.
🔴 Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad.
🔴 Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento.

El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS

Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:

Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales.
Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales.
Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.

Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

  • Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.

  • Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.

  • Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.

  • Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.

  • Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.

  • Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.

  • Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.

💬 La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.

Para más información pueden visitar el facebook de FRENASS

*Foto de la actividad tomada del Facebook de FRENASS

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Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.

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Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch
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Hacer ruido es un derecho: la protesta como acto de resistencia

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Advertencia: Ante los hechos vividos este 5 de febrero, recordamos: En una democracia, el derecho a la protesta es una herramienta fundamental para que la ciudadanía exprese su descontento, exija justicia y defienda sus derechos. En Costa Rica, donde la historia ha demostrado el poder de la movilización social, manifestarse no solo es legítimo, sino necesario para frenar retrocesos y visibilizar problemáticas que el gobierno pretende ignorar. Callar ante la injusticia fortalece la impunidad; alzar la voz, en cambio, es un acto de resistencia que mantiene viva la esencia de una sociedad verdaderamente democrática.

Activistas y estudiantes denuncian persecución policial tras marcha e invasión al campus de la UCR

Asistimos este 5 de febrero a la manifestación “Vamos a hacerle ruido al presi” y compartimos el caminar con muchas personas que decidieron ejercer su derecho a la protesta social. En las calles, buscamos recordarle a la sociedad costarricense las tensas líneas que estamos atravesando: la insensibilidad y falta de acción de las autoridades ante el aumento de feminicidios, el despropósito de un Ministerio de Educación que se deslinda de la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI+ y, en definitiva, el abandono de una propuesta de educación inclusiva.

En este escenario, nos enfrentamos a un Gobierno Ejecutivo que ningunea la protesta y busca criminalizarla a la menor “oportunidad”, como sucedió con la persona que manejaba la “tumbacocos”. Lejos de desmentir los serios cuestionamientos planteados frente a Casa Presidencial, el gobierno confirmó con sus actitudes y acciones las preocupaciones sobre su deriva autoritaria, que tanto parece acomodar al presidente.

Dejamos este tejido de voces en protesta para que todas las personas que no pudieron asistir tengan de primera mano las principales demandas y cuestionamientos expuestos ante la indiferencia de las autoridades. Porque la protesta social no es solo un acto de resistencia, sino un derecho humano fundamental que permite visibilizar injusticias, exigir cambios y defender la dignidad de todas las personas.

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Desde el Observatorio de Bienes Comunes revindacamos que la protesta social es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, un espacio donde las voces colectivas se unen para exigir justicia y defender derechos. Más que un acto individual, es un bien común que permite visibilizar problemáticas, presionar por cambios y fortalecer el tejido social. Criminalizarla no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que debilita la democracia misma. Protestar es construir un futuro más justo para todas las personas.
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Educación, Diversidad y Bienes Comunes Sociales: Un Llamado a la Inclusión

El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.

Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.

El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.

Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller

“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).

¿Por qué preocuparnos?

El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.

Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.

Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.

📌 Descubre nuestra infografía sobre minoría, minoritario y subalternidad, y únete a la conversación por una sociedad más justa e inclusiva.

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Rescate del Río Agualote – Conversamos con Rocío Porras

Conversamos con Rocío Porras que pertenece a la Comisión de Rescate y Seguimiento del Río Agualote, que nos contextualiza la importancia para Grecia de esta microcuenta y nos habla de todas las labores que han realizado para la protección de este río y los desafíos que tienen la participación comunitaria para el cuido de nuestros bienes comunes naturales.

*Crédito fotografía: Comisión Seguimiento y Rescate Río Agualote , CSRRA Grecia.

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¿12 de octubre? Descolonizar como práctica

En este mes de octubre, vuelve al calendario la fecha del 12 de octubre de 1942, inicio del proceso de conquista, colonización y genocidio de los diversos territorios y pueblos originarios, que habitaron lo que luego será conocido como el continente «Americano». Esta fecha, ha sido disputada desde el propio inicio de la colonización, recordamos los alegatos y denuncias de Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566) , pero también, la resistencia de todos los pueblos originarios ante la expansión e intensificación de las relaciones coloniales, que fueron desde la persecución, hasta el establecimiento de sistemas jurídicos racistas.

Con el paso de los siglos, ha habido un juego de narrativas por justificar esta fecha, desde los alegatos de la modernidad y el progreso, hasta los tibios revisionismos del día de las razas o el encuentro de culturas.

Por esta razón, queremos aprovechar este momento, para invitarles a reflexionar sobre qué debemos mirar desde una perspectiva de descolonización. ¿Valen todos los discursos? ¿A qué dimensiones deberíamos ponerles atención?

Esta infografía se realiza a partir de la lectura de los pueblos zapatistas en resistencia pronunciada en 1995 y de la entrevista realizada a Raúl Zibechi por la Crítica y Resistencias: Revista de conflictos sociales latinoamericanos.

También les compartimos algunos textos de Fray Bartolomé de las Casas:

Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias

Historia de las Indias Tomo 1

Historia de las Indias Tomo 2

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