Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su liderazgo en conservación ambiental, enfrenta hoy una amenaza seria a la protección de sus zonas costeras. La llamada Zona Marítimo Terrestre (ZMT), esa franja de 200 metros contados desde la pleamar, ha sido históricamente resguardada como un bien público. Este espacio no solo garantiza el acceso libre a las costas, sino que cumple una función vital en la protección de ecosistemas y en la vida de comunidades que por generaciones han habitado estos territorios.
Sin embargo, una propuesta legislativa —la moción 22.553 presentada por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— amenaza con debilitar profundamente esa vocación pública. Lo que se presenta como un esfuerzo para “ordenar” la ocupación en la ZMT, en realidad podría abrir las puertas a su mercantilización definitiva.
¿Qué propone la moción?
La moción busca facilitar la regularización de construcciones y ocupaciones dentro de la ZMT, incluso en áreas de alto valor ambiental y cultural. Bajo el pretexto de dar seguridad jurídica, se plantea legalizar intervenciones que ya han transformado ecosistemas costeros sensibles, como manglares, humedales y playas comunales, a menudo con fines turísticos o inmobiliarios.
Esta propuesta implica un cambio de fondo: de una lógica de protección y uso colectivo, a una lógica de propiedad privada y rentabilidad económica.
¿Por qué es importante la ZMT?
La ZMT no es un simple espacio geográfico; es una zona vital para el equilibrio ecológico y social del país. Alberga ecosistemas costeros esenciales, como playas, dunas, esteros y manglares, que actúan como barreras naturales frente a tormentas y marejadas. Es además un lugar donde comunidades afrodescendientes, indígenas y pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida y cultura.
Preservar la ZMT es, por tanto, preservar la biodiversidad, el acceso público al mar y la justicia ambiental. Desregularla en favor de intereses privados significa debilitar estos derechos y aumentar los conflictos territoriales y ambientales en nuestras costas.
¿Qué implicaciones tendría aprobar esta moción?
La moción 22.553:
- Reduce el carácter público de la ZMT, facilitando concesiones privadas;
- Permite legalizar construcciones previas, muchas de ellas irregulares o ambientalmente dañinas;
- No establece mecanismos claros de protección diferenciada para comunidades costeras u originarias;
- Aumenta la presión sobre ecosistemas frágiles, incentivando prácticas como el relleno de humedales o la tala en zonas protegidas.
En contextos ya tensionados por conflictos socioambientales —como los del Caribe Sur costarricense— esta propuesta institucionaliza la ocupación comercial en detrimento del interés común.
La moción en detalle
¿Qué cambia con la moción 22.553 respecto a la legislación vigente?
Bajo la Ley Nº 6043 de 1977, la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida como un bien público, inalienable e imprescriptible, y su uso está estrictamente regulado para preservar ecosistemas, garantizar el acceso público y proteger a las comunidades costeras. La división entre zona pública (50 m) y zona restringida (150 m), así como las restricciones sobre construcciones y actividades económicas, responden a un enfoque de protección ambiental y uso común.
La moción 22.553 del PUSC, sin embargo, introduce una serie de reformas que debilitan este régimen protector:
| Norma actual (Ley 6043) | Propuesta de moción 22.553 |
|---|---|
| Prohíbe construcciones sin concesión en la zona restringida. | Permite regularizar ocupaciones y construcciones previas, incluso sin concesión. |
| Ordena demolición y desalojo ante ocupación ilegal. | Abre mecanismos para legalizar y consolidar dichas ocupaciones. |
| Prioriza función ecológica y acceso público. | Favorece usos turísticos, comerciales o privados ya existentes. |
| Exige control y fiscalización estatal rigurosa. | Reduce la capacidad sancionatoria al legitimar hechos consumados. |
Este giro normativo vacía de contenido principios clave de la Ley 6043, como la imprescriptibilidad, la función ecológica de la ZMT y la obligatoriedad del Estado de protegerla. La legalización de ocupaciones pasadas abre un peligroso precedente: quienes hayan intervenido irregularmente zonas protegidas podrían verse premiados con derechos de uso o concesiones retroactivas.
Desde una perspectiva jurídica y socioecológica, la moción 22.553 desnaturaliza el carácter de bien común de la ZMT y debilita el marco normativo que ha permitido conservar, hasta ahora, parte del litoral costarricense frente al avance del turismo masivo y el extractivismo urbano.
Flexibilización ambiental: una puerta abierta al despojo
La moción 22.553 no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia creciente en América Latina y en Costa Rica hacia la flexibilización de normas ambientales en nombre del “desarrollo” y la “seguridad jurídica”. Este tipo de reformas suelen justificarse como mecanismos para atraer inversión o resolver ocupaciones irregulares, pero en la práctica terminan legalizando el daño ya hecho, debilitando los controles públicos y trasladando el poder de decisión a intereses privados.
En el caso de la Zona Marítimo Terrestre, esta flexibilización significa permitir que intervenciones comerciales —a menudo hechas sin estudios técnicos, sin participación comunitaria y en territorios ambientalmente frágiles— sean posteriormente legitimadas por vía legal. Este patrón premia la ilegalidad, promueve el extractivismo inmobiliario y erosiona la confianza en las instituciones ambientales.
Además, la flexibilización ambiental no afecta a todos por igual. Las comunidades costeras, pueblos indígenas y defensores ambientales, que muchas veces carecen de recursos legales y financieros, enfrentan un proceso de desplazamiento silencioso, mientras grandes capitales encuentran respaldo institucional para ocupar, transformar y lucrar con territorios que son bienes comunes.
En un contexto de crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad y creciente desigualdad territorial, flexibilizar no es neutral: es desproteger. Es abrir la puerta al despojo y al deterioro irreversible de lo que debería cuidarse colectivamente. Por eso, esta moción no puede verse solo como una reforma técnica, sino como un serio retroceso político, ético y ambiental.
Lo que se pierde con la moción 22.553: cambios en la gestión de la ZMT
Aspecto | Legislación vigente | Moción 22.553 (propuesta) |
|---|---|---|
Carácter de la ZMT | Bien de dominio público, inalienable, imprescriptible y no transferible. | Se mantiene el carácter público, pero se abre la posibilidad de regularizar ocupaciones privadas. |
Uso del suelo en la ZMT | Requiere concesión otorgada bajo estrictos criterios de uso, priorizando protección ambiental y acceso público. | Permite legalizar construcciones existentes sin concesión previa, flexibilizando condiciones. |
Comunidades locales y originarias | No hay prioridad explícita, pero la legislación permite valorar arraigo histórico y uso tradicional. | No se garantiza ningún trato diferenciado ni preferencia para comunidades tradicionales o indígenas. |
Protección de ecosistemas | Actividades sujetas a estudios de impacto ambiental y regulación por parte del MINAE y municipalidades. | Facilita la regularización de intervenciones previas, incluso si han afectado ecosistemas sensibles. |
Fiscalización ambiental y territorial | La gestión es compartida entre el Instituto Costarricense de Turismo, municipalidades y MINAE. | Debilita la fiscalización al legalizar hechos consumados, reduciendo la capacidad de control ambiental. |
Acceso y función social | La ZMT debe garantizar el acceso libre al mar, turismo responsable y sostenibilidad. | Riesgo de privatización funcional al permitir formalizar usos comerciales y turísticos ya instalados. |
Implicaciones en el contexto climático | Considerada zona vulnerable, con restricciones para proteger frente a eventos climáticos extremos. | Ignora los riesgos del aumento del nivel del mar, no incorpora principios de adaptación climática. |
Una defensa urgente en tiempos de crisis climática
En el contexto actual de cambio climático y subida acelerada del nivel del mar, debilitar la protección de la ZMT es una decisión insostenible. Esta franja costera cumple una función crucial como zona de amortiguamiento natural, reduciendo los impactos de la erosión, la salinización de suelos y las inundaciones. Además, protege infraestructura crítica, fuentes de agua dulce y territorios habitados por comunidades vulnerables.
Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel del mar continuará aumentando durante las próximas décadas, lo que hace imprescindible fortalecer —no debilitar— la gestión pública y ecológica de las zonas costeras. Legalizar usos que comprometan esta función sería una forma de ceguera política ante una crisis planetaria.
Por una ZMT viva, común y participativa
Frente a esta propuesta regresiva, urge reafirmar la ZMT como un bien común: un espacio de convivencia entre naturaleza y comunidad, que debe ser cuidado colectivamente, con una gestión democrática y con justicia territorial. Es vital reforzar los mecanismos de protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades costeras, y rechazar su transformación en mercancía.
La costa no es una propiedad privada. La ZMT no es un terreno de inversión. Es un territorio de vida, y su defensa es hoy más urgente que nunca.
