El Décimo Informe Anual sobre Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, elaborado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, analiza cómo el extractivismo, la financiarización de la naturaleza y el debilitamiento institucional están transformando las condiciones de vida de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones afrodescendientes.
¿Quién decide qué se hace con la tierra? ¿Qué ocurre cuando los bosques, el agua y la biodiversidad comienzan a tratarse como activos financieros? ¿Qué lugar ocupan los pueblos que han cuidado y habitado los territorios cuando las decisiones se toman en nombre de la inversión, la conservación o la lucha contra el cambio climático?
Estas preguntas atraviesan el Décimo Informe Anual sobre Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica, titulado Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes en la geopolítica actual. La publicación ofrece una mirada crítica sobre las transformaciones que experimentan los territorios sudamericanos y permite comprender cómo las dinámicas económicas y políticas globales inciden en la vida de las comunidades.
Después de diez ediciones, este informe muestra que las disputas territoriales ya no pueden entenderse únicamente como conflictos por la propiedad o la distribución de la tierra. Hoy también están relacionadas con la crisis climática, los mercados de carbono, el endeudamiento de los Estados, la expansión de las actividades extractivas y las nuevas formas de apropiación de la naturaleza.
La tierra no es solamente un recurso económico: es también territorio, memoria, sustento, autonomía y posibilidad de construir formas de vida. Comprender lo que ocurre con ella exige mirar más allá de los indicadores económicos y preguntarse quiénes toman las decisiones, quiénes reciben los beneficios y quiénes asumen sus consecuencias.
Cuando la crisis climática abre nuevas disputas por los territorios
A lo largo de una década, el informe ha registrado cambios importantes en las formas de abordar el acceso a la tierra y el territorio. Si inicialmente las discusiones se concentraban en la distribución de la propiedad y el reconocimiento de los derechos territoriales, actualmente las disputas incorporan nuevas dinámicas vinculadas con la geopolítica, las finanzas y las políticas ambientales.
La crisis climática ocupa un lugar central en esta transformación. Iniciativas como los mercados de carbono, los bonos de biodiversidad y los canjes de deuda por naturaleza se presentan como mecanismos para financiar la conservación y reducir las emisiones. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre el control de los territorios, la distribución de los beneficios y la autonomía de las comunidades.
El informe advierte sobre las asimetrías que pueden producirse cuando estas iniciativas se diseñan desde centros financieros y espacios de decisión alejados de los territorios afectados. Bajo determinadas condiciones, las soluciones climáticas pueden reproducir relaciones desiguales: las comunidades asumen restricciones y responsabilidades ambientales, mientras otros actores concentran los beneficios económicos.
El problema, por tanto, no se limita a determinar si una iniciativa contribuye a la conservación. También es necesario preguntarse quién define qué significa conservar, bajo qué condiciones se hace y qué capacidad tienen los pueblos para decidir sobre sus territorios.
De territorios vivos a activos financieros
Otra de las tendencias identificadas es la financiarización de la naturaleza: un proceso mediante el cual elementos como los bosques, el agua y la biodiversidad adquieren valor como activos susceptibles de generar rendimientos financieros.
Esta transformación modifica las formas de comprender y gestionar los territorios. La naturaleza comienza a interpretarse mediante indicadores de captura de carbono, servicios ecosistémicos y oportunidades de inversión. Aunque estos instrumentos se presentan como respuestas a los problemas ambientales, también pueden desplazar las discusiones sobre los derechos colectivos, la autonomía y las decisiones políticas que afectan a las comunidades.
El informe plantea una distinción fundamental: reconocer el papel de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el cuidado de la naturaleza no equivale a reconocer su capacidad para gobernar sus territorios.
Cuando las comunidades aparecen únicamente como beneficiarias de proyectos o guardianas de los ecosistemas, existe el riesgo de reducir su participación a una función instrumental, sin reconocerlas como sujetos políticos con derechos, conocimientos y capacidad de decisión.
Esta discusión resulta especialmente importante para los pueblos que han sostenido históricamente sus territorios frente a diferentes formas de despojo. No se trata solamente de conservar la naturaleza, sino también de discutir quién tiene el poder de decidir sobre ella.
Prosperidad para quién: el papel de las instituciones y los intereses económicos
El informe también examina el debilitamiento de las instituciones y la distancia entre los marcos normativos y las prácticas concretas. En distintos países de Sudamérica, las narrativas de prosperidad, crecimiento económico y seguridad jurídica acompañan iniciativas orientadas a flexibilizar controles ambientales o reducir las restricciones que protegen los derechos colectivos.
En este escenario, las normas que reconocen derechos territoriales y establecen salvaguardas ambientales pueden presentarse como obstáculos para la inversión. La búsqueda de condiciones favorables para los negocios entra así en tensión con las demandas de protección ambiental, participación y autonomía de las comunidades.
Estas transformaciones no ocurren en un vacío. El informe analiza el papel de las élites económicas y políticas, así como las formas en que determinados actores se adaptan a los nuevos mecanismos de valorización de la naturaleza.
La expansión del capitalismo verde muestra algunas de estas contradicciones. Las iniciativas que prometen compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental pueden reproducir desigualdades cuando subordinan las decisiones territoriales a las oportunidades de inversión o trasladan los costos sociales y ambientales a las poblaciones locales.
Más que asumir que toda iniciativa de financiamiento ambiental produce los mismos resultados, el informe invita a examinar sus condiciones concretas, sus relaciones de poder y sus efectos sobre los derechos de quienes habitan los territorios.
Los pueblos no solo resisten: también construyen alternativas
Frente a estas transformaciones, el Décimo Informe no se limita a documentar conflictos. También recoge experiencias y estrategias impulsadas por los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones afrodescendientes para defender sus derechos y fortalecer su capacidad de decisión.
Entre ellas se encuentran iniciativas como la campaña #MujeresAmazónicas, que contribuye a politizar las experiencias y las labores de cuidado vinculadas con la defensa territorial, y los Protocolos Autónomos de Consulta en Brasil, orientados a fortalecer los procedimientos propios de las comunidades para garantizar el respeto de sus derechos, incluido el consentimiento libre, previo e informado en los casos correspondientes.
Estas experiencias muestran que la defensa territorial no se reduce a oponerse a proyectos que amenazan los medios de vida. También implica producir conocimientos, construir acuerdos colectivos, fortalecer organizaciones y desarrollar mecanismos propios para participar en las decisiones que afectan a las comunidades.
Desde esta perspectiva, las poblaciones rurales no son únicamente grupos expuestos a las transformaciones económicas y ambientales. Son actores políticos que elaboran propuestas, defienden formas de vida y disputan los sentidos del desarrollo.
Sus experiencias permiten ampliar la mirada sobre el territorio: además de su dimensión productiva y ecológica, están presentes las relaciones comunitarias, las memorias, los conocimientos locales y las prácticas cotidianas que hacen posible sostener la vida.
Tres preguntas para comprender las disputas territoriales actuales
La lectura del informe permite reconocer algunos desafíos que atraviesan las discusiones sobre tierra, naturaleza y poder en Sudamérica.
1. ¿Qué distancia existe entre los compromisos ambientales y las decisiones económicas?
Los Estados pueden asumir compromisos climáticos y reconocer derechos humanos mientras impulsan políticas que favorecen la expansión extractiva o flexibilizan las condiciones de protección ambiental. Examinar esta tensión permite comprender los límites de las políticas públicas y las contradicciones entre los compromisos formales y las prácticas concretas.
2. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre los territorios?
La participación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en espacios institucionales o internacionales no garantiza, por sí sola, que sus propuestas sean escuchadas o que puedan incidir en las decisiones. La cuestión de fondo es si cuentan con condiciones efectivas para ejercer sus derechos, defender su autonomía y participar en el gobierno de sus territorios.
3. ¿Qué condiciones permiten sostener la vida en los territorios?
La defensa de la tierra está relacionada con la soberanía alimentaria, el acceso al agua, la continuidad de las prácticas comunitarias y la protección de quienes defienden los bienes comunes. En contextos de violencia y conflictividad territorial, estas dimensiones permiten comprender que los conflictos no afectan únicamente los ecosistemas: también comprometen las condiciones materiales y colectivas para vivir dignamente.
Estas preguntas ayudan a conectar las transformaciones geopolíticas con las experiencias cotidianas de las comunidades. También permiten reconocer que las discusiones sobre el futuro ambiental no pueden separarse de las relaciones de poder que determinan quién accede a los bienes comunes, quién los controla y quién puede decidir sobre ellos.
Comprender la disputa por la tierra es comprender la disputa por el futuro
El Décimo Informe Anual sobre Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica ofrece una oportunidad para profundizar en las transformaciones que atraviesan los territorios del continente. Sus análisis por país y las experiencias que documenta permiten relacionar las dinámicas globales con los conflictos, las resistencias y las propuestas de quienes defienden sus territorios.
Su aporte consiste también en recordar que las respuestas a la crisis climática y ambiental no pueden evaluarse únicamente por los recursos que movilizan o los indicadores que alcanzan. Es necesario examinar las relaciones sociales y políticas que producen, los derechos que reconocen y las posibilidades de participación y autonomía que garantizan.
En un contexto en el que la naturaleza adquiere cada vez más importancia en las estrategias económicas y geopolíticas, resulta fundamental mantener abiertas estas preguntas: ¿qué formas de relación con la tierra queremos sostener?, ¿qué lugar ocupan los pueblos en las decisiones sobre sus territorios?, ¿cómo construir respuestas a las crisis ambientales que no reproduzcan las desigualdades que las han acompañado?
La disputa por la tierra es también una disputa por los bienes comunes, por la capacidad colectiva de decidir y por las condiciones que hacen posible una vida digna.
Sobre el IPDRS: El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una organización que trabaja en temas relacionados con el desarrollo rural, los derechos de las poblaciones del campo y las transformaciones territoriales en Sudamérica. A través de la investigación, el diálogo y la incidencia, contribuye a visibilizar las problemáticas y propuestas de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de la región.
