El colectivo Conceverde, junto a vecinos y vecinas de Calle La Joaquina, en el distrito de Getsemaní, han elevado al Concejo Municipal de San Rafael de Heredia una solicitud formal y documentada para que se anule de manera definitiva la patente comercial e industrial que autoriza la explotación del Tajo Jucarza.
La comunidad denuncia que esta actividad extractiva, recientemente reactivada después de años de resistencia y acuerdos municipales previos que la habían frenado, contraviene de forma directa la normativa ambiental, las disposiciones de planificación urbana y la protección de las zonas de recarga hídrica establecidas por ley.
Para Conceverde y las familias del lugar, el regreso de la explotación del tajo no solo revive antiguas tensiones comunitarias y preocupaciones ambientales, sino que además representa un peligro inmediato y tangible para la salud pública, el bienestar cotidiano y la seguridad hídrica de toda la región.
El polvo en suspensión, el ruido constante de la maquinaria pesada, las vibraciones, y sobre todo el riesgo de contaminación del acuífero que abastece a amplias zonas del Valle Central, son factores que, según los denunciantes, hacen insostenible e ilegal la continuidad de esta cantera.
Nota enviada por Conveverde 08 de agosto del 2025 JFAC/CNV/010825
¿Qué es un tajo y por qué preocupa su impacto?
Un tajo es una cantera a cielo abierto utilizada para extraer piedra, grava, arena u otros materiales destinados principalmente a la construcción.
Su funcionamiento implica excavar grandes superficies de terreno, remover la cobertura vegetal, manipular explosivos y operar maquinaria pesada como excavadoras, cargadores, perforadoras y camiones de gran tonelaje.
Impactos típicos de un tajo:
Destrucción del paisaje y pérdida de cobertura vegetal, lo que provoca la desaparición de hábitats y la disminución de la biodiversidad.
Contaminación del aire por la emisión constante de polvo y partículas finas que afectan las vías respiratorias y generan molestias para las comunidades cercanas.
Ruido y vibraciones derivados de la maquinaria y posibles voladuras, afectando el descanso y la salud mental de los vecinos.
Alteración de suelos y aguas: la remoción de la capa protectora del suelo y el uso de combustibles y aceites incrementa el riesgo de contaminación de acuíferos y fuentes superficiales.
Modificación de la recarga hídrica: las excavaciones cambian la forma en que el agua de lluvia se infiltra en el suelo, reduciendo la capacidad de recarga de los acuíferos y aumentando la vulnerabilidad a sequías.
En áreas de alta recarga hídrica y vulnerabilidad hidrogeológica, como la que ocupa el Tajo Jucarza, estos impactos se potencian, comprometiendo la calidad y disponibilidad del agua para generaciones presentes y futuras.
Una actividad incompatible con la zona
El Tajo Jucarza se ubica dentro de la Zona Especial de Protección del Gran Área Metropolitana (Decreto Ejecutivo N.º 25902-MIVAH-MP-MINAE), de uso predominantemente agrícola, donde solo se permiten actividades industriales inofensivas o incómodas y siempre que no colinden con zonas residenciales.
La explotación de canteras está clasificada por el Ministerio de Salud como actividad de alto riesgo (Riesgo A), prohibida en este tipo de zonas, más aún al estar rodeada de viviendas.
Estudios técnicos del SENARA confirman que el área presenta alta recarga acuífera (más de 700 mm/año) y rocas de gran conductividad hidráulica, lo que aumenta el riesgo de contaminación directa del acuífero si se compromete la capa protectora del suelo.
Impactos sobre la comunidad y el ambiente
Salud y bienestar: polvo, ruido y vibraciones constantes afectan la vida diaria de los vecinos y su tranquilidad.
Riesgo de contaminación del agua: manipulación de combustibles, lubricantes y otros insumos que pueden filtrarse hacia el acuífero.
Daño a ecosistemas locales: pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna y erosión acelerada.
Conflicto legal y administrativo: existen resoluciones municipales (2008 y 2009) que negaron el uso de suelo y declararon la actividad como no conforme, pero la explotación ha sido reactivada sin que, hasta donde se sabe, se haya otorgado un certificado de uso de suelo conforme, requisito indispensable por ley.
La solicitud de la comunidad
El colectivo Conceverde y los vecinos demandan al Concejo Municipal:
- Informar si se ha otorgado certificado de uso de suelo conforme para el Tajo Jucarza y, en caso afirmativo, anularlo por nulidad absoluta.
- Si no existe dicho certificado, iniciar el procedimiento administrativo para anular la patente comercial o industrial otorgada a la empresa operadora.
- Incluir a la comunidad como parte del proceso administrativo y notificar cada resolución.
- Cumplir y hacer cumplir las normativas de planificación urbana y protección ambiental que resguardan las zonas de recarga hídrica.
“La explotación del Tajo Jucarza no solo vulnera leyes y decretos, sino que amenaza el agua y la calidad de vida de quienes habitamos aquí. No hay justificación legal ni ambiental para su permanencia”, afirmaron representantes de Conceverde.
Esta solicitud ha sido remitida también a la Defensoría de los Habitantes, al SENARA, a la Comisión de Diputados de Heredia y a medios de prensa, con el objetivo de visibilizar y detener lo que consideran un riesgo inaceptable para la comunidad y el ambiente.
