El pasado 25 de julio de 2025, Philippe Vangoidsenhoven —vecino y defensor ambiental de Puerto Viejo— se dirigía hacia Hone Creek cuando observó una escena que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más común en el Caribe Sur. A la altura de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, había gran presencia de maquinaria pesada: una retroexcavadora que salía hacia la calle, un furgón con tarima y dos vagonetas que, cargadas de tierra, dejaban caer material sobre la vía pública. Esta tierra caída no parecía un simple descuido, sino que evidenciaba el movimiento masivo de material, lo que hacía presumir que se realizaban trabajos de relleno de terreno como parte de una intervención de mayor envergadura en curso.
Al observar con mayor detalle, Philippe constató un patrón preocupante: primero se retira la tierra negra del terreno, luego se rellena con material presuntamente extraído ilegalmente de una loma y, finalmente, se cubre todo con lastre. Este proceso altera de forma acelerada el paisaje natural, afectando el suelo fértil y facilitando transformaciones que suelen preludiar desarrollos turísticos o urbanísticos sin control ambiental. Y aquí el punto clave no es solo si existen o no permisos: lo alarmante son las implicaciones de fondo que este tipo de acciones tiene sobre el paisaje, los ecosistemas y la vida comunitaria que depende de ellos.
Cuando Philippe decidió documentar la tierra esparcida en la vía, un conductor de vagoneta se le acercó de forma intimidante, preguntando una y otra vez: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?”. Ese momento refleja el riesgo cotidiano que enfrentan quienes, como Philippe, ejercen su derecho a defender el ambiente: hostigamientos, intentos de amedrentamiento y la sensación constante de vulnerabilidad.
Al día siguiente, Philippe regresó al sitio. El terreno ya estaba rellenado y, además, encontró otro punto donde varios árboles habían sido talados, presuntamente sin permisos, para abrir espacio a nuevas construcciones.
¿Por qué nos debe importar la tendencia urbanística en el Caribe Sur?
Porque no se trata de un hecho aislado ni de un simple movimiento de tierra. Cada intervención de este tipo altera el equilibrio ecolológico de la región, afecta la biodiversidad y degrada bienes comunes esenciales como el suelo fértil y el agua limpia. Al repetirse sin control, se va normalizando la idea de que es posible transformar terrenos y paisajes sin procesos transparentes ni evaluaciones ambientales rigurosas, debilitando la protección de áreas frágiles y ecosistemas sensibles: humedales, manglares, cauces de quebradas y la propia Zona Marítimo Terrestre, patrimonio colectivo de todas las personas.
Ignorar esta tendencia abre la puerta a un modelo de desarrollo que privilegia la ganancia privada por encima del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas que las sostienen. Al mismo tiempo, deja desprotegidas a las personas que, como Philippe, se atreven a documentar y denunciar estas prácticas, exponiéndose a riesgos personales por defender el territorio.
Un modelo que transforma el paisaje para urbanizar
El procedimiento observado por Philippe no es nuevo: forma parte de un modelo extendido en varias comunidades costeras. Se trata de preparar terrenos de forma intensiva para urbanización, incluso cuando no se cuenta con permisos claros.
El patrón suele ser así:
Retiro de capa fértil: se extrae la tierra negra rica en nutrientes, a menudo para venderla en otros lugares.
Relleno con material externo: se traen camiones con tierra proveniente de lomas, muchas veces extraída sin autorización.
Cobertura con lastre: se coloca una capa final para estabilizar el terreno y darle apariencia de “lote listo” para construcción.
Con este método, un terreno húmedo o agrícola se transforma rápidamente en un lote urbano, pero a costa de destruir ecosistemas, alterar el drenaje natural y aumentar riesgos de inundación.
El patrón de peligro para quienes defienden el ambiente
Documentar estos procesos no es solo un acto de ciudadanía responsable; también puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Las personas defensoras ambientales, como Philippe, enfrentan patrones de hostigamiento y amenazas cuando exponen prácticas ilegales o irregulares.
Estos riesgos incluyen:
Acoso verbal o físico al ser sorprendidas tomando fotos o registrando evidencia.
Intimidación indirecta, como seguirlas, bloquearles el paso o interpelarlas agresivamente.
Falta de respuesta efectiva de las autoridades, lo que deja a estas personas en situación de indefensión.
Defender el ambiente no debería ser peligroso. Sin embargo, en lugares como el Caribe Sur, quienes alzan la voz se convierten en la primera línea de resistencia ante actividades que transforman los paisajes sin respeto por la ley ni por la vida que sostienen.
¿Qué podemos hacer?
Mantenernos informados sobre los cambios en nuestro entorno.
Denunciar ante las autoridades competentes (como el 911, MINAE o al SINAC) cuando observamos prácticas que podrían ser ilegales.
Respaldar a las personas defensoras ambientales, reconociendo su aporte y exigiendo garantías para su seguridad.
Valorar y fortalecer los registros y monitoreos comunitarios, que permiten evidenciar los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. Fotografías, videos y bitácoras son piezas clave para exigir responsabilidades y visibilizar procesos que, de otra forma, quedarían ocultos.
El registro de Philippe no es solo un testimonio; es un llamado urgente a mirar con atención cómo, bajo la apariencia de “mejoras” o “rellenos”, se están transformando paisajes que sostienen la vida y la cultura del Caribe Sur. La vigilancia ciudadana y el seguimiento constante son herramientas esenciales para proteger estos territorios que nos pertenecen a todos y todas.
Registro fotográfico
Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.
La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.
