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Monitoreos ambientales en defensa del territorio: las denuncias de Philippe Vangoidsenhoven

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Desde hace varios años, Philippe Vangoidsenhoven documenta con rigor y persistencia las transformaciones ilegales del paisaje costero en el Caribe sur de Costa Rica. A través de recorridos periódicos, fotografías y reportes georreferenciados, ha evidenciado un patrón sostenido de tala, relleno y construcción en zonas de protección y humedales, muchas veces con la complacencia institucional o la falta de seguimiento efectivo.

Su labor se desarrolla en condiciones profundamente desiguales: sin respaldo institucional, sin protección jurídica ni apoyo técnico, y con recursos limitados que debe autofinanciar. Como muchas personas defensoras ambientales en el país, Philippe actúa desde la convicción de cuidar los bienes comunes frente a un modelo que prioriza la especulación turística y el negocio inmobiliario. Mientras las instituciones se ven sobrepasadas o inactivas, son estos monitoreos ciudadanos los que permiten sostener la vigilancia ambiental y mantener viva la memoria del territorio.

Caso 1: Tala y construcciones junto a un arroyo

En julio de 2021, Philippe denunció ante el MINAE una chapea en la orilla de un arroyo, pero la inspección se realizó tres meses después, cuando ya no era posible constatar el daño. En febrero de 2022 verificó la tala en la zona protegida de 15 metros, y a inicios de 2023 observó la construcción de una casa y un pozo dentro del cauce del arroyo. Aunque el MINAE obligó a dejar que la vegetación se regenerara, no detuvo las obras. Recientemente, se añadieron dos contenedores en la franja de protección y una nueva construcción al otro lado del arroyo, por lo que Philippe volvió a denunciar exigiendo la demolición de las estructuras y la restauración del área.

Galería 2025

Caso 2: Chapeas en la franja costera de REGAMA

Desde hace años, cuadrillas de peones limpian la franja de bosque costero en REGAMA bajo el argumento de “seguridad”, apoyadas incluso por la policía. Sin embargo, Philippe ha documentado que detrás de estas acciones se esconden intereses turísticos: un bar de hotel utiliza la zona para habilitar parqueos, a pesar de que la ley exige mantener una franja mínima de 15 metros libre de intervención en ambos márgenes de los cauces.

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Caso 3: Desmonte en Margarita Road

En el sector de Margarita Road, Philippe ha presentado múltiples denuncias por tala total del terreno y eliminación del sotobosque, lo que constituye un cambio de uso de suelo en un área boscosa ubicada dentro del territorio indígena Kekoldi.

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Caso 4: Río Cocles, la desaparición de la franja de protección

El seguimiento fotográfico confirma que los 15 metros de protección del río Cocles han desaparecido. En el sitio, donde aún se observa agua superficial, el terreno presenta características de humedal. Philippe había advertido sobre esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha agravado. Las talas —registradas desde 2019— muestran un patrón sostenido en terrenos tanto privados como públicos, dentro del área REGAMA.

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Caso 5: Extracción y venta ilegal de tierra

Otro monitoreo revela la extracción ilegal de tierra para rellenos de terrenos, bosques y humedales. Aunque una de las fincas fue detenida tras las denuncias, en otras continúa el saqueo. Philippe advierte que la tierra se ha convertido en un nuevo negocio en el Caribe sur, donde varias lomas están siendo raspadas para su venta.

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Implicaciones de un patrón que avanza sobre los ecosistemas costeros

Los casos documentados por Philippe revelan un proceso de transformación profunda del territorio, donde las zonas de protección y los humedales pierden su función ecológica. Cada tala, relleno o construcción no solo modifica el paisaje: interrumpe los flujos del agua, fragmenta los hábitats y debilita los equilibrios que sostienen la vida en los ecosistemas costeros.

En los márgenes de ríos y quebradas, la desaparición de la vegetación ribereña acelera la erosión, contamina los cauces y reduce la capacidad natural de infiltración del agua. Los rellenos sobre humedales eliminan espacios vitales para la recarga acuífera y para especies que dependen de esos ambientes. Estos procesos, repetidos en distintas localidades, configuran un patrón de pérdida silenciosa, donde el deterioro se acumula sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Las implicaciones también son sociales: el avance de intereses privados sobre áreas comunes restringe el acceso al territorio y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. Detrás de cada denuncia no solo hay un daño ambiental, sino la expresión de un conflicto entre dos formas de entender el espacio costero: como bien común o como recurso para la especulación inmobiliaria.

Patrones que se repiten y defensores desprotegidos

Los monitoreos de Philippe muestran una constante: el deterioro ambiental no ocurre de manera aislada, sino como parte de un entramado donde la falta de control, la permisividad institucional y los intereses económicos se combinan. Chapeas, talas, rellenos y construcciones avanzan sobre zonas protegidas mientras los mecanismos de vigilancia estatal actúan con lentitud o no logran detener el daño.

Este tipo de seguimiento ciudadano se vuelve crucial en contextos de estrés institucional, como el que vive hoy Costa Rica, donde por omisión, impotencia o sobrecarga, las instituciones ambientales no dan abasto. Frente a esa fragilidad, los registros independientes —fotográficos, georreferenciados y persistentes— son los que permiten sostener la memoria del territorio y exigir rendición de cuentas.

Sin embargo, quienes realizan este trabajo lo hacen sin protección ni apoyo oficial. Philippe financia de su propio bolsillo cada desplazamiento, equipo y denuncia. En uno de sus monitoreos perdió su dron —una herramienta esencial para registrar los daños desde el aire—, que había sido adquirido gracias a la solidaridad de una vecina.  Tuvo que volver a pedir apoyo para reemplazarlo. Esa es la vida del defensor ambiental en el Caribe sur: sostener con esfuerzo y convicción una tarea que el Estado debería acompañar, proteger y reconocer.

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Los ecosistemas costeros desaparecen ante la indiferencia institucional

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En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.
Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.
El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.

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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

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Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.
Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.
Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.
Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.
El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

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El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.
  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.
  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.
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Monitoreo ciudadano evidencian reincidencia y debilidad institucional en el Caribe Sur

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En las últimas semanas, el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven ha documentado nuevas intervenciones ilegales en humedales, zonas públicas y áreas protegidas del Caribe Sur. Sus recorridos, cámara en mano, han registrado desde rellenos con material de construcción en Playa Negra hasta tala y quema de vegetación en propiedades cercanas a quebradas, con indicios de futuros desarrollos comerciales.

Estos casos no son hechos aislados. Philippe acumula más de 25 denuncias —muchas ahora bajo su nombre— en un trayecto de apenas 2,5 km, todas respaldadas por fotografías, videos y ubicación exacta. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser tardías o inconsistentes, y en ocasiones, las mismas autoridades parecen desconocer la normativa que deberían aplicar.

El propio monitoreo revela un patrón preocupante: oficiales y funcionarios con criterios personales que contravienen la ley, como la aceptación de chapeas en zonas de protección alegando razones de “seguridad”, sin considerar el daño ecológico y la prohibición expresa en la legislación ambiental. Este vacío de formación técnica y jurídica en quienes deben fiscalizar abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, debilitando la protección de los ecosistemas y generando un clima de impunidad.

En un contexto donde la presión inmobiliaria sobre la zona marítimo terrestre y humedales es cada vez mayor, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar para la defensa ambiental. Pero sin una capacitación sólida de las autoridades y un compromiso real con la aplicación de la ley, las denuncias seguirán acumulándose sin que el deterioro ambiental se detenga.

Caso 1: Relleno municipal en humedal de Playa Negra

Durante un desplazamiento hacia Puerto Viejo, Philippe observó maquinaria municipal depositando material en un área de Playa Negra que corresponde a un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre. Este sitio ya había sido rellenado años atrás con el argumento de construir un centro educativo, pero en su momento se permitió la intervención alegando que no figuraba en la lista oficial de humedales. Posteriormente, la Fiscalía Ambiental confirmó que sí se trataba de un humedal protegido y ordenó paralizar las obras. A pesar de ello, el relleno volvió a ejecutarse, evidenciando un incumplimiento reiterado

Caso 2: Tala total y preparación para un supermercado

En otro punto, Philippe documentó la tala de todos los árboles de un terreno, el desecho de la biomasa y el posterior relleno del área. En el lugar se instaló un rótulo con permisos visibles, y según información recabada, el objetivo sería instalar un supermercado. Aunque la municipalidad colocó un sello de clausura, la afectación ya estaba consumada: la cobertura vegetal desapareció y con ella, hábitats y funciones ecológicas clave.

Caso 3: Quema en área cercana a quebrada y hostigamiento vecinal

En una propiedad próxima a una quebrada, Philippe registró la quema de vegetación, presuntamente provocada con gasolina por un vecino. El fuego afectó árboles y un panal de zompopas de gran tamaño, y generó humo denso que alcanzó varias viviendas. El hecho desencadenó tensiones y amenazas, en un contexto donde “limpiezas” y aperturas de paso se mezclan con conflictos interpersonales. Para Philippe, la situación representa un doble riesgo: el daño ambiental y la creciente hostilidad hacia quienes denuncian.

Caso 4: Reincidencia en zona cerca de “Flor de China” (más sobre este caso aquí)

Más recientemente, Philippe constató la colocación de nuevo material en un área cercana a Flor de China, previamente denunciada por rellenos ilegales. El lugar cuenta con un rótulo oficial que lo identifica como “Patrimonio del Estado”, lo que debería implicar su protección absoluta. Sin embargo, el depósito se realizó a plena vista, sin que la señalización ni las denuncias anteriores frenaran la intervención. La reiteración del daño en un mismo sitio confirma la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
Una constante: falta de capacitación y aplicación desigual de la ley

En varios de los operativos presenciados, Philippe ha encontrado a oficiales y funcionarios que aplican criterios personales por encima de la normativa, por ejemplo, defendiendo el “chapeo” en zonas protegidas bajo el argumento de prevenir robos. Esta visión desconoce el papel del sotobosque en la protección de suelos y fauna, y contradice lo que establece la legislación ambiental. En otros casos, incluso reconociendo que un área es de protección, se decide continuar con intervenciones bajo justificaciones subjetivas.

La falta de capacitación técnica y jurídica de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir la ley permite que decisiones arbitrarias debiliten la protección ambiental. En un escenario de creciente presión inmobiliaria, esta deficiencia institucional se convierte en un factor que alimenta la impunidad, dejando la carga de la vigilancia casi exclusivamente en manos de la ciudadanía organizada.

Cuando la última línea de defensa es la ciudadanía

La pregunta que queda es: ¿qué ocurre cuando quienes deben aplicar la ley no lo hacen de forma correcta, y la única defensa real del ambiente recae sobre personas que no cuentan con ninguna garantía institucional, cobertura ni reconocimiento legal para protegerse?

En el pasado, fue parte del programa Covirenas —un mecanismo de voluntariado del MINAE—, pero le fue retirado el carnet después de intervenir para documentar una acción ilegal como las que hoy sigue reportando. En aquella ocasión, su participación se dio con el objetivo de dar seguimiento y poder atestiguar las razones de las medidas que tomarían las autoridades ante el evento, además de aportar su conocimiento sobre el caso. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que, en lugar de aprovechar su colaboración, se le sancionó y se le excluyó del programa.

Hoy, sin respaldo institucional, continúa con su labor de monitoreo por convicción y sentido de responsabilidad, asumiendo los riesgos que eso implica. El problema es que, si la ley no es correctamente aplicada por quienes tienen la obligación de hacerlo, y quienes la defienden desde la ciudadanía quedan expuestos, el sistema de protección ambiental se sostiene únicamente por un frágil hilo de voluntad individual.

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Tierra removida, árboles talados y amenazas veladas: alertas desde el Caribe Sur

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El pasado 25 de julio de 2025, Philippe Vangoidsenhoven —vecino y defensor ambiental de Puerto Viejo— se dirigía hacia Hone Creek cuando observó una escena que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más común en el Caribe Sur. A la altura de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, había gran presencia de maquinaria pesada: una retroexcavadora que salía hacia la calle, un furgón con tarima y dos vagonetas que, cargadas de tierra, dejaban caer material sobre la vía pública. Esta tierra caída no parecía un simple descuido, sino que evidenciaba el movimiento masivo de material, lo que hacía presumir que se realizaban trabajos de relleno de terreno como parte de una intervención de mayor envergadura en curso.

Al observar con mayor detalle, Philippe constató un patrón preocupante: primero se retira la tierra negra del terreno, luego se rellena con material presuntamente extraído ilegalmente de una loma y, finalmente, se cubre todo con lastre. Este proceso altera de forma acelerada el paisaje natural, afectando el suelo fértil y facilitando transformaciones que suelen preludiar desarrollos turísticos o urbanísticos sin control ambiental. Y aquí el punto clave no es solo si existen o no permisos: lo alarmante son las implicaciones de fondo que este tipo de acciones tiene sobre el paisaje, los ecosistemas y la vida comunitaria que depende de ellos.

Cuando Philippe decidió documentar la tierra esparcida en la vía, un conductor de vagoneta se le acercó de forma intimidante, preguntando una y otra vez: “¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?”. Ese momento refleja el riesgo cotidiano que enfrentan quienes, como Philippe, ejercen su derecho a defender el ambiente: hostigamientos, intentos de amedrentamiento y la sensación constante de vulnerabilidad.

Al día siguiente, Philippe regresó al sitio. El terreno ya estaba rellenado y, además, encontró otro punto donde varios árboles habían sido talados, presuntamente sin permisos, para abrir espacio a nuevas construcciones.

¿Por qué nos debe importar la tendencia urbanística en el Caribe Sur?

Porque no se trata de un hecho aislado ni de un simple movimiento de tierra. Cada intervención de este tipo altera el equilibrio ecolológico de la región, afecta la biodiversidad y degrada bienes comunes esenciales como el suelo fértil y el agua limpia. Al repetirse sin control, se va normalizando la idea de que es posible transformar terrenos y paisajes sin procesos transparentes ni evaluaciones ambientales rigurosas, debilitando la protección de áreas frágiles y ecosistemas sensibles: humedales, manglares, cauces de quebradas y la propia Zona Marítimo Terrestre, patrimonio colectivo de todas las personas.

Ignorar esta tendencia abre la puerta a un modelo de desarrollo que privilegia la ganancia privada por encima del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas que las sostienen. Al mismo tiempo, deja desprotegidas a las personas que, como Philippe, se atreven a documentar y denunciar estas prácticas, exponiéndose a riesgos personales por defender el territorio.

Un modelo que transforma el paisaje para urbanizar

El procedimiento observado por Philippe no es nuevo: forma parte de un modelo extendido en varias comunidades costeras. Se trata de preparar terrenos de forma intensiva para urbanización, incluso cuando no se cuenta con permisos claros.
El patrón suele ser así:

Retiro de capa fértil: se extrae la tierra negra rica en nutrientes, a menudo para venderla en otros lugares.

Relleno con material externo: se traen camiones con tierra proveniente de lomas, muchas veces extraída sin autorización.

Cobertura con lastre: se coloca una capa final para estabilizar el terreno y darle apariencia de “lote listo” para construcción.

Con este método, un terreno húmedo o agrícola se transforma rápidamente en un lote urbano, pero a costa de destruir ecosistemas, alterar el drenaje natural y aumentar riesgos de inundación.

El patrón de peligro para quienes defienden el ambiente

Documentar estos procesos no es solo un acto de ciudadanía responsable; también puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Las personas defensoras ambientales, como Philippe, enfrentan patrones de hostigamiento y amenazas cuando exponen prácticas ilegales o irregulares.
Estos riesgos incluyen:

  • Acoso verbal o físico al ser sorprendidas tomando fotos o registrando evidencia.

  • Intimidación indirecta, como seguirlas, bloquearles el paso o interpelarlas agresivamente.

  • Falta de respuesta efectiva de las autoridades, lo que deja a estas personas en situación de indefensión.

Defender el ambiente no debería ser peligroso. Sin embargo, en lugares como el Caribe Sur, quienes alzan la voz se convierten en la primera línea de resistencia ante actividades que transforman los paisajes sin respeto por la ley ni por la vida que sostienen.

¿Qué podemos hacer?

  • Mantenernos informados sobre los cambios en nuestro entorno.

  • Denunciar ante las autoridades competentes (como el 911, MINAE o al SINAC) cuando observamos prácticas que podrían ser ilegales.

  • Respaldar a las personas defensoras ambientales, reconociendo su aporte y exigiendo garantías para su seguridad.

  • Valorar y fortalecer los registros y monitoreos comunitarios, que permiten evidenciar los cambios en el paisaje a lo largo del tiempo. Fotografías, videos y bitácoras son piezas clave para exigir responsabilidades y visibilizar procesos que, de otra forma, quedarían ocultos.

El registro de Philippe no es solo un testimonio; es un llamado urgente a mirar con atención cómo, bajo la apariencia de “mejoras” o “rellenos”, se están transformando paisajes que sostienen la vida y la cultura del Caribe Sur. La vigilancia ciudadana y el seguimiento constante son herramientas esenciales para proteger estos territorios que nos pertenecen a todos y todas.

Registro fotográfico

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, ATEC y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

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Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Municipalidad de San Rafael de Heredia enfrenta cuestionamientos por intervenciones no autorizadas en el Cerro Chompipe

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó formalmente al Concejo Municipal de San Rafael de Heredia que intervenga ante las acciones impulsadas por el alcalde Jorge Arias Santamaría en la zona del Cerro Chompipe, territorio ubicado dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y protegido por la Ley 65 como área inalienable del Estado.

Según la denuncia presentada José Francisco Alfaro Carvajal, el alcalde ha impulsado acciones como la instalación de cámaras trampa y planes de amojonamiento en la finca 4-156766-000 sin contar con autorización del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Estas intervenciones, realizadas sin aval institucional y en una zona categorizada como patrimonio natural del Estado, podrían constituir una usurpación de competencias e infringir normativas ambientales vigentes.

El SINAC confirmó en distintos oficios que no ha otorgado permisos ni convenios con la Municipalidad para realizar estudios, delimitar terrenos o desarrollar planes de manejo en esta área protegida. Asimismo, un informe de inspección del Parque Nacional Braulio Carrillo alertó sobre la falta de cooperación del alcalde ante solicitudes de verificación y recomendó aplicar medidas de prevención administrativa bajo el principio indubio pro natura.

CONCEVERDE solicita al Concejo Municipal tomar acciones inmediatas para que se concrete el traspaso registral de la finca al MINAE, se prohíba toda intervención sin aval institucional y se delimite claramente la responsabilidad del gobierno municipal en estos hechos. La situación se encuentra bajo seguimiento del MINAE, la Sala Constitucional y la ciudadanía organizada.

Pueden acceder a la documentación aquí.

Si desean conocer más sobre el traspaso de la propiedad, pueden consultar la nota web «Finca pendiente de traspaso en el Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural«.

Patrimonio natural en riesgo legal

Dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, en el sector del Cerro Chompipe, se ubica la finca 4-156766-000. Esta propiedad, protegida por la Ley N.º 65 de 1888 como zona inalienable y cubierta de bosque, califica legalmente como Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575. No obstante, a pesar de una orden expresa de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109), esta finca aún figura inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El SINAC solicitó su traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) desde julio de 2024, pero el trámite no se ha concretado. Esta dilación genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a intervenciones no autorizadas, como la instalación de cámaras trampa o intentos de amojonamiento, sin permisos del ente rector.

La falta de inscripción a nombre del Estado debilita la capacidad de las instituciones ambientales para ejercer vigilancia, aplicar planes de manejo y garantizar la conservación efectiva del área. Mientras esta situación persista, la finca se mantiene en una especie de “limbo legal”, donde el riesgo de vulneración al patrimonio natural es latente. La resolución judicial exige además informes periódicos sobre los avances en recuperación de terrenos protegidos, lo que refuerza la urgencia de una respuesta institucional concreta y diligente.

La importancia de la coordinación interinstitucional en la gestión del patrimonio natural

El desarrollo de acciones como la instalación de cámaras trampa o los planes de amojonamiento en áreas protegidas requiere una coordinación interinstitucional rigurosa. Estas actividades, aunque puedan tener fines de conservación o investigación, deben ejecutarse dentro del marco legal y en sintonía con las políticas y planes de manejo establecidos por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Cuando una municipalidad actúa de forma unilateral, sin los permisos ni el acompañamiento técnico necesario, se generan múltiples riesgos: desde la alteración de ecosistemas sensibles hasta la anulación de procesos de planificación estatal ya en marcha. Además, tales acciones pueden desembocar en conflictos legales, pérdida de legitimidad institucional y vulneraciones al principio de indubio pro natura, que prioriza la protección ambiental ante la duda.

La colaboración transparente y basada en competencias claras entre municipios, ministerios, áreas de conservación y comunidades es clave para garantizar la defensa efectiva del patrimonio natural del Estado. En contextos de alta fragilidad ecológica como el Cerro Chompipe, esta articulación se vuelve aún más urgente y estratégica.

¿Qué es el Patrimonio Natural del Estado y por qué debe ser protegido?

El Patrimonio Natural del Estado en Costa Rica está definido por el artículo 13 de la Ley Forestal N.º 7575, como el conjunto de bosques y terrenos forestales que pertenecen a las reservas nacionales, las áreas declaradas inalienables, las fincas inscritas a nombre del Estado o de las municipalidades, instituciones autónomas y otros entes públicos. Este patrimonio es administrado por el MINAE y representa una de las herramientas más importantes del país para garantizar la conservación ambiental y el acceso a bienes comunes naturales.

La finca 4-156766-000, ubicada en el Cerro Chompipe, cumple con todas las condiciones legales para formar parte de este patrimonio: está dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, se encuentra en una zona que ha contado con protección legal desde 1888 mediante el Decreto N.º 14 —que creó la Reserva Forestal Central, declarando inalienables los terrenos boscosos clave para el abastecimiento de agua— y posee cobertura boscosa protegida. Por ello, cualquier intervención en esta área debe estar sujeta a controles legales estrictos y ser autorizada por las autoridades ambientales competentes.

La defensa del Patrimonio Natural del Estado no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad ética ante las generaciones presentes y futuras. Ignorar esta normativa debilita los mecanismos de conservación y pone en riesgo los ecosistemas que sustentan la vida y el bienestar en el país.

Referencias:

Alfaro Carvajal, J. F. (2025, 3 de julio). Solicitud de intervención del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia sobre acciones en Cerro Chompipe (Oficio CNVJF/151/25). Colectivo CONCEVERDE.

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). (2025, 25 de junio). Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025. Respuesta a solicitud sobre finca 4-156766-000 y actuaciones en el Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 23 de junio). Informe de Gira SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025: Inspección en finca 4-156766-000, Cerro Chompipe.

SINAC – Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. (2025, 25 de julio). Carta-SINAC-ACC.DR-0485-2025: Exhorto al respeto de la resolución 2023-017109 y solicitud de información a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

Crédito imagen de cabecera Ameria Rueda.