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Por Luis Andrés Sanabria Zaniboni/Observatorio de Bienes Comunes

2 septiembre, 2020
En los últimos meses a raíz de las medidas económicas tomadas y no tomadas por el Gobierno ante la pandemia, hemos visto deterioradas las condiciones socioeconómicas de una gran parte de la población, agudizando las desigualdades de nuestra sociedad; pero como era de esperar algunos sectores no han sido impactados de la misma manera, entre ellos la industria extractiva. Podemos preguntarnos: ¿a qué tipo de cuarentena se han sujetado?

Lo primero que pensamos es: ¿qué son los extractivismos? Estos son parte de un modelo socioeconómico, productivo y político que se basa en la extracción de los bienes naturales (principalmente) con el fin de obtener materias primas con poco valor agregado y procesamiento sensibles a ser vendidas en los mercados. Para ello diversos actores sociales procuran facilitar su operación mediante exoneración fiscal, para optimizar sus ganancias. Entre algunas actividades están las conocidas tradicionalmente como la minería o exploración petrolera, pero en Costa Rica con más intensidad está la agroindustria a través de los monocultivos (piña, azúcar, banano, palma africana) o megaproyectos.

Estas actividades tienen profundas secuelas en nuestro país, su creciente intensidad y extensión ha impactado de forma irreversible en las comunidades y los ecosistemas. El uso indiscriminado de agroquímicos nocivos para la vida humana y el ambiente, así como la necesaria deforestación para su desarrollo son muestras de sus “externalidades en el agotamiento de los bienes naturales”.

Con la llegada del COVID-19 se mostró cómo los sectores extractivistas miraban para otro lado, y las autoridades refrendaron esto. Amparados en la “necesidad” de resguardar la economía, las implicaciones del “martillo y el baile” se diferenciaron entre lo urbano y rural, en uno se corre por cumplir con el cierre, pero en otros continúa el baile de la indiferencia y la explotación.

Si quisiéramos caracterizar las desigualdades presentes en el país, basta con retratar la división del trabajo y su manifestación a través de la clase y el género, cómo se entrelazan para mostrarnos a los perdedores y ganadores, donde el migrante o el pobre viven en carne propia las violencias de una actividad económica que no puede parar. Pero la acumulación de la riqueza sigue estando en manos de esas empresas opacas, casi ausentes hasta para tributar.

Pero su actividad no se mide solamente por su producción, sino también en las capacidades que generan para modificar a su favor las condiciones mediante las que operan. Por ejemplo, desde las cámaras empresariales hemos visto deseos expresos de una desregulación de la legislación ambiental (estudios de impacto ambiental, requisitos y otros) para hacerla más “amigable” con los negocios. Usando la excusa del ingreso en la OCDE se quiere modificar reglamentos para facilitar la introducción de paquetes tecnológicos que sirven de insumos a la producción agroindustrial, pero en definitiva son más agroquímicos, algunos restringidos en muchos países; pero también algunos reglamentos sobre las condiciones laborales de las personas, apostando a una normalización “legal” de la precarización a la que están expuestas.

¿Por qué hablar de esto? Porque les ha ido tan bien que son “punta de lanza” de la reactivación económica, coronados con el discurso presidencial con su apuesta al cultivo del cáñamo (monocultivo), pero también dio espacio para retomar las intenciones de algunos sectores por activar la minería de oro o la exploración petrolera, antes detenidas por decretos y leyes, pero hoy se perfilan como moneda de cambio en la política nacional. Es así como estamos siendo testigos que estos extractivismos sin cuarentena deterioran nuestro ambiente y atizan la desigualdad política y económica en el país.

Imagen carácter ilustrativo toma de Wikipedia 

Fuente: Semanario Universidad