Durante la reciente sesión municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier y Francisco sobre por qué es fundamental que las personas vecinas participen en la elaboración del Plan Regulador, qué desafíos enfrenta el cantón, y cómo las decisiones de la Municipalidad afectan su vida diaria.
Sus testimonios reflejan la urgencia de generar espacios de diálogo reales, transparentes y abiertos a todas las personas.
No te pierdas estas voces: escucha el audio completo aquí
El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.
Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.
A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.
Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.
Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:
“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.
La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.
El “cálculo” político
La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.
El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.
El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?
En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.
Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón
En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.
Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.
Las experiencias vecinales lo confirman:
Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.
Intervención Javier Sánchez – CODECE
Próxima sesión clave Martes 19 de agosto: El Concejo Municipal de Escazú discutirá nuevamente el tema tras recibir el dictamen de su Comisión Jurídica. Organizaciones como CODECE y vecinos llaman a llenar la sala para exigir que se respete la figura de la Comisión Especial y, con ella, la voz y voto de la comunidad en la planificación del territorio.
El pasado 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú rechazó —por cinco votos contra dos— restituir la Comisión Especial del Plan Regulador, el mecanismo que permitía a personas y comunidades participar de manera directa en la definición del futuro territorial del cantón. Los dos votos a favor, emitidos por Mario Arce y Marcela Quesada, representan la posición minoritaria que defendió activamente la participación ciudadana frente a un Concejo mayoritariamente cerrado a la inclusión vecinal (Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller). En su lugar, se mantiene la figura de una supuesta “Oficina del Plan Regulador” sin representación vecinal, lo que, en la práctica, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso y a talleres sin carácter vinculante.
Esta decisión, lejos de ser un asunto meramente administrativo, refleja un modelo institucional donde la participación se concibe como un trámite formal, no como un ejercicio efectivo de incidencia.
La Constitución Política (artículo 9) establece que Costa Rica es una república “popular, representativa y participativa”. Esto implica que el pueblo no solo elige representantes, sino que también tiene derecho a involucrarse directamente en la toma de decisiones públicas.
En materia urbanística, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) es clara:
El Plan Regulador es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y define usos de suelo, zonas de protección y áreas de expansión.
La ley y su reglamento reconocen a las Comisiones Especiales del Plan Regulador como órganos que integran representación técnica y ciudadana, con voz y voto en todas las fases: diagnóstico, formulación, aplicación y revisión.
La participación no se limita a “opinar” en audiencias públicas; debe garantizarse en todo el ciclo de planificación.
Reducir la participación ciudadana a una única audiencia de consulta o a talleres recopilatorios —que, según la Ley de Planificación Urbana, no son vinculantes en cuanto a sus resultados— contradice el espíritu participativo de la norma y debilita el control ciudadano sobre decisiones que pueden modificar de forma significativa e irreversible el entorno ambiental, social y económico del territorio.
Un error frecuente en la gestión pública es confundir consulta con participación.
Consultar es pedir opinión (a veces, tarde y sin consecuencias reales en la decisión).
Participar es tener espacios permanentes y con capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y planes.
En los planes reguladores, la verdadera participación significa:
Acceso temprano a la información y a los estudios técnicos.
Derecho a proponer modificaciones y escenarios.
Poder de decisión en las comisiones mixtas donde se delibera el contenido del plan.
Seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprobado.
Cuando las comunidades son excluidas de las fases iniciales y solo se les convoca para validar (o no) un documento ya cerrado, la participación se convierte en un ejercicio simbólico.
En el fondo, la decisión del Concejo Municipal no es un hecho aislado: es un síntoma de una tendencia peligrosa en la gestión pública, donde se vacían de contenido los mecanismos de participación establecidos por la ley.
Al eliminar la Comisión Especial del Plan Regulador y delegar todo en una oficina técnica sin representación ciudadana:
Se concentra el poder en pocas manos, reduciendo el control social.
Se invisibiliza el conocimiento local que aportan comunidades, asociaciones y personas con experiencia directa sobre las necesidades y particularidades del territorio.
Se rompe la confianza institucional, pues la ciudadanía percibe que sus aportes no tienen valor real en las decisiones finales.
Se sienta un precedente que otros municipios podrían imitar, debilitando progresivamente la cultura democrática.
En términos políticos, se trata de una regresión: se pasa de un modelo de democracia participativa a uno meramente representativo y tecnocrático, donde las decisiones se toman puertas adentro, bajo la lógica de que “los expertos saben mejor”. Este enfoque no solo contradice el marco legal costarricense, sino que también erosiona la legitimidad de las políticas urbanas y abre la puerta a decisiones con sesgo político o económico.
La manera en que se construye un plan regulador tiene efectos que duran décadas. No es un documento técnico más:
Define cómo y dónde se puede construir, qué áreas se protegen, dónde habrá comercio, industria o vivienda.
Determina el uso y la conservación de recursos naturales, incluyendo agua, suelos, bosques y zonas de riesgo.
Moldea la identidad cultural y paisajística del cantón, influenciando su atractivo, su calidad de vida y su cohesión social.
Cuando se excluye a la ciudadanía de estas decisiones, se corre el riesgo de:
Facilitar la especulación inmobiliaria y la urbanización descontrolada.
Desproteger áreas de alto valor ambiental o patrimonial por falta de presión comunitaria.
Aumentar conflictos socioambientales, ya que las decisiones se perciben como impuestas y no consensuadas.
Perder oportunidades de desarrollo inclusivo, porque se ignoran visiones, propuestas y necesidades que solo emergen del diálogo con quienes habitan el territorio.
En términos democráticos, lo que está en juego es el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y en términos prácticos, lo que se arriesga es la sostenibilidad misma del territorio: un plan regulador sin participación activa puede ser funcional para intereses privados, pero es incapaz de garantizar un equilibrio entre desarrollo, justicia social y protección ambiental.
La pregunta clave es: ¿sirve para algo “consultar” si al final las decisiones ya están tomadas, o si las observaciones llegan demasiado tarde para incidir? La participación real demanda más que un espacio formal: exige reconocimiento, análisis y transformación de lo consultado en el contenido final del plan.
El próximo martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asocición para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para manifestar su rechazo a un reciente acuerdo que, según denuncian, debilita la participación ciudadana en la definición del Plan Regulador.
El pasado 29 de julio, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador y trasladar la responsabilidad del proceso a una oficina técnica municipal.
La medida genera preocupación porque, a diferencia de la Comisión, integrada por representantes comunitarios electos por distrito, miembros del Concejo y personal técnico municipal, la oficina técnica está conformada únicamente por funcionarios municipales, lo que reduce la representación y la voz de la ciudadanía en el proceso.
CODECE y otras organizaciones recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron decenas de reformas parciales al plan regulador que ampliaron las zonas comerciales del cantón en detrimento de otros usos del suelo, sin un debate comunitario amplio.
En ese momento, denuncian, los planes se elaboraron “entre cuatro paredes” y la única instancia de participación fue una audiencia pública de carácter más informativo que deliberativo, donde las observaciones de la población fueron en su mayoría desestimadas.
Para las personas y organizaciones convocantes, la Comisión Especial del Plan Regulador es un mecanismo clave que permite conocer, dar seguimiento y aportar directamente a las propuestas desde las primeras etapas del proceso.
Eliminarla, advierten, significa limitar la transparencia y la capacidad de incidencia comunitaria, abriendo la puerta a decisiones que prioricen intereses particulares sobre el bienestar colectivo y el ordenamiento equilibrado del territorio.
La participación comunitaria en un Plan Regulador no es un trámite administrativo, sino una garantía democrática para que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público y no únicamente a intereses privados o comerciales.
Una Comisión Especial con representación comunitaria ofrece un espacio de seguimiento permanente, donde vecinos y vecinas pueden:
Sin estos espacios, el riesgo es que la planificación territorial se realice a puertas cerradas, reduciendo la transparencia y debilitando el control ciudadano.
Además, para que la participación sea real y no simbólica, es necesario que:
Cuando estos elementos no se cumplen —por ejemplo, si se entregan documentos técnicos poco antes de una audiencia o si las observaciones se reciben pero no se consideran— la participación se convierte en un simple requisito formal, sin capacidad de incidir en las decisiones finales.
Por eso, CODECE y las organizaciones convocantes defienden que la Comisión Especial del Plan Regulador continúe siendo el espacio legítimo donde la ciudadanía pueda incidir de forma directa, informada y efectiva en el futuro del cantón.
En el país, el Plan Regulador es el instrumento técnico y legal que ordena el uso del suelo en un cantón. Define qué áreas se destinan a vivienda, comercio, industria, protección ambiental, zonas agrícolas, recreativas, entre otras, así como las regulaciones que determinan la altura de edificaciones, densidad habitacional, retiros, y otros aspectos del desarrollo urbano y rural.
Su aprobación y actualización tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el acceso a áreas verdes y la preservación de ecosistemas, hasta la movilidad, la infraestructura y las oportunidades económicas. Por eso, su elaboración y reforma son procesos de alto interés público.
Visitamos Upala para conocer los primeros pasos en la segunda fase diagnóstica para la formulación del Plan Regulador. Conversamos con autoridades municipales y personas vecinas para conocer sus visiones e implicaciones que tiene este proceso para sus vida en el cantón.
Esperamos este material contribuya a la problematización del proceso de participación que inicia y se reconozcan las diversas dimensiones y preocupaciones que se plantea en el marco de este proceso, para la adecuación necesaria de los espacios y técnicas que impulsa la municipalidad.
Estamos trabajando junto a la Asociación de Desarrollo Integral de las Brisas de Upala para conocer más acerca de las implicaciones del proceso de formulación del Plan Regulador, el pasado agosto 2023, se comentó que Upala iba a iniciar la segunda etapa, que consiste en el desarrollo del Diagnóstico Territorial.
Conversamos con Grace Serrano, Juan Miranda, Bertha Orozco y Hector Morales sobre la importancia de involucrarse en la formulación del Plan Regulador desde una perspectiva comunitaria, reflexionamos ¿Qué desafíos representa este proceso?
Conversamos Bertha y Héctor sobre el contexto actual de Upala ¿Que actividades han venido desarrollandose? y ¿Qué implicaciones han tenido para las comunidades? Esto en el marco del interés que viene impulsando la Municipalidad por iniciar la segunda etapa del Plan Regulador.
