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Formación ciudadana que abre camino: Escazú fortalece su proceso hacia el Plan Regulador

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El proceso del Plan Regulador de Escazú continúa mostrando el valor de la formación ciudadana impulsada desde las propias organizaciones sociales, espacios que refrescan la vida democrática y permiten que los debates institucionales se enriquezcan con la voz, la memoria y la experiencia de la comunidad.

El encuentro realizado el pasado lunes 24 de noviembre en la sede de Codece, San Antonio, fue ejemplo de ello. Personas, colectivos y grupos vecinales se reunieron para poner en común el proceso que se ha venido construyendo, compartir inquietudes y aprendizajes, y proyectar los pasos que siguen en la conformación de la Comisión del Plan Regulador.

Intercambio y discusión para ampliar la democracia local

La reunión destacó la importancia de contar con espacios donde la ciudadanía pueda formarse, informarse y contrastar perspectivas. En un momento en el que la planificación territorial enfrenta tensiones políticas, técnicas y sociales, estos ejercicios comunitarios permiten abrir los procesos municipales a una participación más amplia, crítica y corresponsable.

El diálogo colectivo también evidenció cuánto ha significado para el movimiento ciudadano estar presente en los distintos espacios municipales, hacer valer la voz de la comunidad y sostener un seguimiento constante de las decisiones del Concejo Municipal. Este involucramiento ha permitido que la ciudadanía incida y garantice que la planificación del territorio no se cierre en criterios técnicos, sino que integre la diversidad de saberes locales.

Mirar hacia lo que viene: retos y oportunidades

El encuentro también permitió profundizar en cómo se desarrollarán los siguientes pasos del proceso del Plan Regulador. Se destacó el papel clave que tendrán los consejos de distrito en esta fase y se subrayaron varias dimensiones fundamentales a considerar:

  • -Asambleas distritales accesibles y representativas: trabajar para que la participación sea amplia y que los distintos sectores del cantón puedan involucrarse.
  • -Rol de los consejos de distrito: impulsar la organización comunitaria y fortalecer la coordinación entre barrios y colectivos.
  • -Diálogo constante con la institucionalidad: mantener la comunicación abierta para generar confianza y transparencia en el proceso.
  • -Construcción de capacidades comunitarias: formación e información para que la ciudadanía pueda participar de manera crítica y fundamentada.

Estas dimensiones reflejan la importancia de sostener un proceso democrático desde los barrios organizados, colectivos y organizaciones sociales, asegurando que la participación no sea solo simbólica, sino efectiva y duradera.

Se subrayó que el desafío principal será sostener la presencia y la organización, especialmente en un contexto donde las agendas comunitarias deben lidiar con tiempos institucionales, calendarios complicados y la necesidad de seguir generando información accesible para más sectores del cantón.

Compromiso con una democracia viva

Los espacios como este demuestran que la democracia local se construye desde abajo, desde la conversación entre vecinas y vecinos, la reflexión compartida y el ejercicio de imaginar colectivamente el futuro del territorio.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, estos espacios de encuentro y formación ciudadana son la base de cualquier proceso verdaderamente democrático. En ellos se tejen las relaciones, los acuerdos y las capacidades colectivas necesarias para sostener los bienes comunes sociales, naturales y culturales que están en juego en un Plan Regulador. Solo a partir de la organización barrial, el trabajo de los colectivos y el impulso de las organizaciones sociales es posible ampliar la democracia en procesos institucionales frecuentemente marcados por la burocracia, garantizando que la planificación del territorio responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

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Tras el rechazo a la reforma, Escazú enfrenta el reto de una participación ciudadana viva en el Plan Regulador

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En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.
Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada,  un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.
 Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

-Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.
 Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.

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Participar no es un trámite: Escazú entre la apertura y el control del Plan Regulador

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Hace apenas unas semanas, la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada. Tras semanas de presión y diálogo, el Concejo Municipal reconoció que la planificación del territorio no puede quedar únicamente en manos técnicas o institucionales.

Sin embargo, la propuesta de reforma al reglamento que regula esa misma Comisión abre una nueva discusión: ¿se garantiza realmente una participación ciudadana abierta o se corre el riesgo de transformarla en un trámite controlado?

De la movilización a la reglamentación

El documento COR-AL-2690-2025, firmado por el alcalde, propone cambios sustanciales al reglamento interno de la Comisión del Plan Regulador. Entre ellos, redefine las asambleas vecinales como Asambleas Ampliadas de Concejo de Distrito, formaliza los procesos de elección y rendición de cuentas de las personas representantes distritales, y establece nuevos formularios, plazos de inscripción de hasta seis meses, juramentaciones y validaciones técnicas.

A primera vista, estas medidas podrían leerse como un esfuerzo por fortalecer la transparencia. Pero la reforma también introduce un desplazamiento de poder: la participación ciudadana pasa de ser un derecho ejercido directamente por la comunidad a un procedimiento administrado desde la institucionalidad municipal.

Entre la apertura y la exclusión

La propuesta reconoce algunos avances importantes:

  • -Amplía la posibilidad de postular candidaturas a cualquier persona participante, no solo a representantes de asociaciones formalmente constituidas.

  • -Promueve la paridad de género y la publicidad de los procesos.

  • -Mantiene el derecho de las comunidades a remover representantes que no rindan cuentas.

Sin embargo, al mismo tiempo:

  • -Centraliza el control en los Concejos de Distrito, que ahora validan documentos, verifican requisitos y deciden quién puede participar.

  • -Excluye la inscripción en el momento de la asamblea, imponiendo una barrera temporal de seis meses que podría desincentivar la participación espontánea.

  • -Traslada la rendición de cuentas al ámbito institucional, debilitando la autonomía de las asambleas vecinales.

El resultado es un nuevo tipo de equilibrio inestable: se preserva la legalidad, pero se erosiona la vitalidad ciudadana que había hecho posible la reapertura de la Comisión.

El riesgo de la “participación controlada”

Regular la participación puede ser una forma de democratizar los procesos, pero también puede convertirse en una herramienta de filtrado social y político.

Cuando la posibilidad de incidir depende de formularios, juramentaciones y validaciones previas, el espacio público deja de ser un terreno de encuentro para transformarse en un espacio de autorización.

El poder de decidir quién puede hablar o votar se traslada del colectivo ciudadano al aparato administrativo.

En este sentido, la reforma no solo redefine el reglamento: redefine el tipo de ciudadanía que se considera legítima. Aquella que cumple los requisitos, domina el lenguaje técnico y tiene tiempo para navegar la burocracia. Quedan fuera —aunque no explícitamente— las voces menos organizadas, los liderazgos barriales emergentes y los grupos informales que históricamente han sido el motor de la defensa comunitaria del territorio.

La “participación controlada” no elimina la participación; la domestica. La vuelve predecible, clasificable y compatible con los ritmos de la gestión municipal. Pero pierde su potencial político: el de cuestionar, proponer y reinventar lo común.

Participar no es llenar un formulario

Participar no es solo cumplir un protocolo. Es incidir en las decisiones sobre el territorio, aportar saberes locales y defender el derecho colectivo a imaginar otros futuros posibles.

Si la reglamentación se convierte en un filtro, el proceso deja de ser un ejercicio de ciudadanía viva y pasa a ser un trámite para ciudadanos permitidos.

La reforma, en su intento por ordenar, corre el riesgo de debilitar aquello que el movimiento ciudadano de agosto demostró: que la planificación puede ser un acto de aprendizaje colectivo, no un expediente más.

Para seguir aprendiendo juntos

El debate sobre el Plan Regulador de Escazú apenas comienza.

La reinstalación de la Comisión fue una conquista ciudadana; la discusión sobre su reglamento será una prueba de madurez democrática.

De lo que se decida ahora dependerá si Escazú consolida un modelo de gestión territorial abierto, colaborativo y comunitario, o si deriva hacia una versión tecnificada de la participación donde todo está permitido… siempre que se pida por escrito.

Un verdadero diálogo sobre el territorio no se logra con más papeleo, sino con más confianza, transparencia y escucha mutua.

El reto está en construir una institucionalidad que no solo administre la participación, sino que aprenda de ella.

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Escazú abre camino: el reto del diálogo real en el Plan Regulador

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Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.

La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.

Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.

Lo que viene: selección de representantes

Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.

Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario

Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?

Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.

El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.

La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.

El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.

Un proceso en disputa

La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.

Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.

Un nuevo capítulo para Escazú

Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.

El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.

Herramientas y técnicas participativas disponibles

El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:

  1. Audiencias públicas: espacios formales donde se presentan avances, se recogen observaciones y se abren canales de diálogo directo con la ciudadanía.
  2. Talleres participativos: dinámicas grupales en las que se trabaja con mapas, dibujos y debates abiertos para recoger percepciones, propuestas y problemáticas locales.
  3. Mapeo comunitario: ejercicios donde las personas habitantes identifican en planos o cartografía sus recorridos, lugares de importancia, zonas de riesgo o sitios de conflicto.
  4. Entrevistas y encuestas: permiten profundizar en las experiencias de distintos sectores de la población, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos.
  5. Mesas temáticas: espacios de discusión especializados (agua, movilidad, riesgo, vivienda, ambiente) que permiten detallar aportes sectoriales.
  6. Recorridos de campo y observación directa: visitas conjuntas a barrios, quebradas, zonas agrícolas o áreas de riesgo para complementar los diagnósticos técnicos con la mirada comunitaria.
  7. Inventarios y diagnósticos participativos: registros elaborados con apoyo de la población local sobre recursos naturales, espacios públicos, prácticas productivas o usos del suelo.

Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.

Extracto de la sesión del Concejo Municipal

Sesión completa aquí

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Ciudadanía logra acuerdo para que la Comisión vuelva a tener voz en el Plan Regulador de Escazú

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Tras varias semanas de movilización, tensión en el Concejo Municipal y exigencias por parte de la comunidad, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Escazú comunicó que se alcanzó un acuerdo sobre la gestión del Plan Regulador.

El comunicado establece que el Plan Regulador se trabajará de manera conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y la Comisión Especial del Plan Regulador, reinstalando así un espacio de representación comunitaria que había sido eliminado semanas atrás.

Según informó la Municipalidad, el acuerdo fue promovido luego de una conversación entre el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León, que permitió convocar a los siete regidores propietarios para construir una salida negociada. La propuesta será presentada este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal para su aprobación formal.

Participación fortalecida

El comunicado señala además que se reforzarán las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana. De confirmarse en el Concejo, se trataría de un paso importante hacia un esquema más equilibrado que combine la capacidad técnica con la incidencia ciudadana.

Para los colectivos que se han movilizado, este desenlace es un reconocimiento al rol de la ciudadanía como actor legítimo en la definición de un Plan Regulador que afecta directamente el futuro del cantón: desde la protección de los Cerros de Escazú y la recarga hídrica, hasta la gestión de riesgos, la movilidad y la calidad de vida en los barrios.

La fuerza de la movilización

El acuerdo no surge de la nada. Fue la presión organizada de vecinos, colectivos y organizaciones —expresada en concentraciones, comunicados y presencia activa en las sesiones municipales— la que obligó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y negociación.

La comunidad escazuceña demostró que la vigilancia y la acción colectiva pueden revertir decisiones que parecían cerradas, recuperando un mecanismo de representación ciudadana y exigiendo mayor transparencia en la gestión municipal.

Próxima cita: martes en el Concejo

El próximo martes la propuesta será presentada en el Concejo Municipal. La expectativa es que se apruebe el acuerdo y se ratifique la corresponsabilidad entre la Oficina Técnica y la Comisión Especial, consolidando un proceso de ordenamiento territorial con mayor legitimidad democrática.

La lección es clara: cuando la ciudadanía se organiza, la participación deja de ser un trámite y se convierte en una fuerza capaz de incidir en el rumbo del cantón.

Un camino difícil, pero legítimo

El acuerdo alcanzado no oculta que el proceso estuvo lleno de obstáculos. Las personas vecinas que impulsaron la convocatoria enfrentaron intentos de desacreditación pública, cuestionamientos sobre sus motivaciones e incluso la minimización de sus demandas dentro del propio Concejo Municipal.

A pesar de ello, se mantuvieron firmes en la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio. Con organización, constancia y presencia activa lograron demostrar que sus preocupaciones eran legítimas y que sus reclamos estaban sustentados en principios democráticos.

Hoy, con la apertura de la mesa de diálogo y el acuerdo de trabajo conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión, queda en evidencia que la movilización no fue en vano. Las vecinas y vecinos actuaron en defensa del bien común y reafirmaron que la participación ciudadana no es una concesión, sino un derecho que debe respetarse y fortalecerse.

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Tras movilización ciudadana se abre mesa de negociación por la participación en el Plan Regulador de Escazú

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Tras la movilización y presión ciudadana, este viernes 22 de agosto se abrió una mesa de negociación para abordar el tema de la participación en la elaboración del Plan Regulador de Escazú.

En el espacio participan representantes de la alcaldía, las siete personas regidoras del Concejo Municipal y cuatro delegados escogidos por los  movimientos cívicos ciudadanos que se articularon para exigir condiciones reales de incidencia comunitaria. Con esta apertura, se reconoce la legitimidad de las demandas vecinales y se abre una oportunidad para que la voz de la ciudadanía tenga un lugar en la definición del futuro territorial del cantón.

La mesa de negociación se instala en un contexto marcado por el descontento. Tras el pasado 29 de julio, dónde se dio  la decisión de trasladar la responsabilidad del Plan Regulador a una oficina técnica municipal, sin el acompañamiento de la Comisión Especial con representación comunitaria, provocó un amplio rechazo. Vecinas y vecinos denunciaron la reducción de la transparencia, la improvisación en las sesiones del Concejo y la ausencia de condiciones mínimas para la participación.

Ahora, con la instalación de la mesa, los movimientos ciudadanos esperan que se construyan acuerdos concretos que garanticen:

  • La permanencia de un mecanismo de representación comunitaria.

  • Procesos accesibles y transparentes de discusión de las propuestas.

  • Condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda incidir desde las primeras etapas.

 

El próximo martes 26 de agosto, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se presentarán los resultados de esta negociación y las soluciones acordadas entre las partes. Será un momento clave para confirmar si la apertura al diálogo se traduce en compromisos reales y efectivos.

Desde los movimientos ciudadanos el mensaje es claro: la participación en el Plan Regulador no es un privilegio, sino un derecho democrático que garantiza que las decisiones sobre el territorio respondan al interés colectivo y no únicamente a intereses comerciales o particulares.

“Nos vemos el martes”, expresan las organizaciones, reafirmando la convocatoria a la comunidad escazuceña para llenar nuevamente el Concejo Municipal y dar seguimiento a los acuerdos. Pueden ver el post de facebook aquí y seguir toda la información.

La fuerza de la movilización ciudadana

La apertura de la mesa de negociación no fue un gesto espontáneo de la administración municipal, sino el resultado directo de la organización y presión de la ciudadanía. Desde las primeras denuncias de CODECE y colectivos locales, hasta la concentración de más de un centenar de vecinos y vecinas en las afueras del Concejo Municipal, la participación comunitaria se convirtió en el motor que obligó a las autoridades a escuchar y abrir un espacio formal de diálogo.

La movilización ha demostrado que el involucramiento activo de la población puede cambiar el rumbo de decisiones que parecían cerradas. Frente a intentos de limitar la incidencia ciudadana, la respuesta colectiva puso sobre la mesa que el territorio es un asunto de interés público y no exclusivo de oficinas técnicas o de intereses inmobiliarios.

Más allá de la coyuntura inmediata, esta experiencia deja un aprendizaje clave: solo con presencia, vigilancia y articulación comunitaria es posible defender los bienes comunes, el derecho a la ciudad y la transparencia en la gestión municipal.

En Escazú, la voz organizada de la ciudadanía logró abrir una negociación que hasta hace pocos días parecía impensable. El desafío ahora es que los acuerdos se concreten en mecanismos reales de participación, y que la movilización se mantenga como una herramienta de defensa del territorio y la vida comunitaria.

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Escuchando a Escazú: participación y retos ante las decisiones municipales

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Durante la reciente sesión municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier y Francisco sobre por qué es fundamental que las personas vecinas participen en la elaboración del Plan Regulador, qué desafíos enfrenta el cantón, y cómo las decisiones de la Municipalidad afectan su vida diaria.

Sus testimonios reflejan la urgencia de generar espacios de diálogo reales, transparentes y abiertos a todas las personas.

No te pierdas estas voces: escucha el audio completo aquí

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Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

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El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.

Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:

“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.

La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.

El “cálculo” político

La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.

El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.

El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?

En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.

Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón

En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.

Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.

Las experiencias vecinales lo confirman:

  • La falta de agua y la incertidumbre sobre su disponibilidad se han vuelto problemas cotidianos.
  • Los desbordamientos e inundaciones, cada vez más frecuentes, generan temor y cuestionan la ausencia de gestión preventiva.
  • La mezcla de negocios dentro de barrios residenciales genera tensiones que, con el tiempo, han consolidado un desorden que degrada la armonía comunitaria y reduce el valor residencial de las viviendas.

Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.

Intervención Javier Sánchez – CODECE
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¿Está Escazú relegando la participación ciudadana a un papel sin incidencia real en su Plan Regulador?

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Próxima sesión clave Martes 19 de agosto: El Concejo Municipal de Escazú discutirá nuevamente el tema tras recibir el dictamen de su Comisión Jurídica. Organizaciones como CODECE y vecinos llaman a llenar la sala para exigir que se respete la figura de la Comisión Especial y, con ella, la voz y voto de la comunidad en la planificación del territorio.

El pasado 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú rechazó —por cinco votos contra dos— restituir la Comisión Especial del Plan Regulador, el mecanismo que permitía a personas y comunidades participar de manera directa en la definición del futuro territorial del cantón. Los dos votos a favor, emitidos por Mario Arce y Marcela Quesada, representan la posición minoritaria que defendió activamente la participación ciudadana frente a un Concejo mayoritariamente cerrado a la inclusión vecinal (Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller). En su lugar, se mantiene la figura de una supuesta “Oficina del Plan Regulador” sin representación vecinal, lo que, en la práctica, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso y a talleres sin carácter vinculante.

Esta decisión, lejos de ser un asunto meramente administrativo, refleja un modelo institucional donde la participación se concibe como un trámite formal, no como un ejercicio efectivo de incidencia.

¿Qué dice la legislación costarricense?

La Constitución Política (artículo 9) establece que Costa Rica es una república “popular, representativa y participativa”. Esto implica que el pueblo no solo elige representantes, sino que también tiene derecho a involucrarse directamente en la toma de decisiones públicas.

En materia urbanística, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) es clara:

  • El Plan Regulador es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y define usos de suelo, zonas de protección y áreas de expansión.

  • La ley y su reglamento reconocen a las Comisiones Especiales del Plan Regulador como órganos que integran representación técnica y ciudadana, con voz y voto en todas las fases: diagnóstico, formulación, aplicación y revisión.

  • La participación no se limita a “opinar” en audiencias públicas; debe garantizarse en todo el ciclo de planificación.

Reducir la participación ciudadana a una única audiencia de consulta o a talleres recopilatorios —que, según la Ley de Planificación Urbana, no son vinculantes en cuanto a sus resultados— contradice el espíritu participativo de la norma y debilita el control ciudadano sobre decisiones que pueden modificar de forma significativa e irreversible el entorno ambiental, social y económico del territorio.

Consultar no es participar

Un error frecuente en la gestión pública es confundir consulta con participación.

  • Consultar es pedir opinión (a veces, tarde y sin consecuencias reales en la decisión).

  • Participar es tener espacios permanentes y con capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y planes.

En los planes reguladores, la verdadera participación significa:

  • Acceso temprano a la información y a los estudios técnicos.

  • Derecho a proponer modificaciones y escenarios.

  • Poder de decisión en las comisiones mixtas donde se delibera el contenido del plan.

  • Seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprobado.

Cuando las comunidades son excluidas de las fases iniciales y solo se les convoca para validar (o no) un documento ya cerrado, la participación se convierte en un ejercicio simbólico.

Un retroceso democrático

En el fondo, la decisión del Concejo Municipal no es un hecho aislado: es un síntoma de una tendencia peligrosa en la gestión pública, donde se vacían de contenido los mecanismos de participación establecidos por la ley.

Al eliminar la Comisión Especial del Plan Regulador y delegar todo en una oficina técnica sin representación ciudadana:

  • Se concentra el poder en pocas manos, reduciendo el control social.

  • Se invisibiliza el conocimiento local que aportan comunidades, asociaciones y personas con experiencia directa sobre las necesidades y particularidades del territorio.

  • Se rompe la confianza institucional, pues la ciudadanía percibe que sus aportes no tienen valor real en las decisiones finales.

  • Se sienta un precedente que otros municipios podrían imitar, debilitando progresivamente la cultura democrática.

En términos políticos, se trata de una regresión: se pasa de un modelo de democracia participativa a uno meramente representativo y tecnocrático, donde las decisiones se toman puertas adentro, bajo la lógica de que “los expertos saben mejor”. Este enfoque no solo contradice el marco legal costarricense, sino que también erosiona la legitimidad de las políticas urbanas y abre la puerta a decisiones con sesgo político o económico.

Lo que está en juego

La manera en que se construye un plan regulador tiene efectos que duran décadas. No es un documento técnico más:

  • Define cómo y dónde se puede construir, qué áreas se protegen, dónde habrá comercio, industria o vivienda.

  • Determina el uso y la conservación de recursos naturales, incluyendo agua, suelos, bosques y zonas de riesgo.

  • Moldea la identidad cultural y paisajística del cantón, influenciando su atractivo, su calidad de vida y su cohesión social.

Cuando se excluye a la ciudadanía de estas decisiones, se corre el riesgo de:

  • Facilitar la especulación inmobiliaria y la urbanización descontrolada.

  • Desproteger áreas de alto valor ambiental o patrimonial por falta de presión comunitaria.

  • Aumentar conflictos socioambientales, ya que las decisiones se perciben como impuestas y no consensuadas.

  • Perder oportunidades de desarrollo inclusivo, porque se ignoran visiones, propuestas y necesidades que solo emergen del diálogo con quienes habitan el territorio.

En términos democráticos, lo que está en juego es el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y en términos prácticos, lo que se arriesga es la sostenibilidad misma del territorio: un plan regulador sin participación activa puede ser funcional para intereses privados, pero es incapaz de garantizar un equilibrio entre desarrollo, justicia social y protección ambiental.

La pregunta clave es: ¿sirve para algo “consultar” si al final las decisiones ya están tomadas, o si las observaciones llegan demasiado tarde para incidir? La participación real demanda más que un espacio formal: exige reconocimiento, análisis y transformación de lo consultado en el contenido final del plan.

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CODECE y comunidades alzan la voz por la participación en el Plan Regulador de Escazú

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El próximo martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asocición para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para manifestar su rechazo a un reciente acuerdo que, según denuncian, debilita la participación ciudadana en la definición del Plan Regulador.

El pasado 29 de julio, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador y trasladar la responsabilidad del proceso a una oficina técnica municipal.
La medida genera preocupación porque, a diferencia de la Comisión, integrada por representantes comunitarios electos por distrito, miembros del Concejo y personal técnico municipal, la oficina técnica está conformada únicamente por funcionarios municipales, lo que reduce la representación y la voz de la ciudadanía en el proceso.

Precedentes que alertan

CODECE y otras organizaciones recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron decenas de reformas parciales al plan regulador que ampliaron las zonas comerciales del cantón en detrimento de otros usos del suelo, sin un debate comunitario amplio.
En ese momento, denuncian, los planes se elaboraron “entre cuatro paredes” y la única instancia de participación fue una audiencia pública de carácter más informativo que deliberativo, donde las observaciones de la población fueron en su mayoría desestimadas.

Defensa de la incidencia ciudadana

Para las personas y organizaciones convocantes, la Comisión Especial del Plan Regulador es un mecanismo clave que permite conocer, dar seguimiento y aportar directamente a las propuestas desde las primeras etapas del proceso.
Eliminarla, advierten, significa limitar la transparencia y la capacidad de incidencia comunitaria, abriendo la puerta a decisiones que prioricen intereses particulares sobre el bienestar colectivo y el ordenamiento equilibrado del territorio.

La importancia de la participación comunitaria

La participación comunitaria en un Plan Regulador no es un trámite administrativo, sino una garantía democrática para que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público y no únicamente a intereses privados o comerciales.

Una Comisión Especial con representación comunitaria ofrece un espacio de seguimiento permanente, donde vecinos y vecinas pueden:

  1. Conocer de primera mano las propuestas y cambios que se plantean.
  2. Aportar desde la experiencia y conocimiento del territorio, que muchas veces complementa la visión técnica.
  3. Fiscalizar que el proceso cumpla con la normativa y con principios de sostenibilidad ambiental y equidad social.

Sin estos espacios, el riesgo es que la planificación territorial se realice a puertas cerradas, reduciendo la transparencia y debilitando el control ciudadano.

Además, para que la participación sea real y no simbólica, es necesario que:

  1. La información se presente en un lenguaje claro, con mapas, datos y explicaciones comprensibles para toda la comunidad.
  2. El proceso sea accesible, con reuniones en horarios y lugares adecuados, y con mecanismos para que las personas puedan opinar aunque no asistan presencialmente.
  3. Los plazos sean razonables, permitiendo que las comunidades analicen las propuestas, discutan internamente y formulen observaciones fundamentadas.

Cuando estos elementos no se cumplen —por ejemplo, si se entregan documentos técnicos poco antes de una audiencia o si las observaciones se reciben pero no se consideran— la participación se convierte en un simple requisito formal, sin capacidad de incidir en las decisiones finales.

Por eso, CODECE y las organizaciones convocantes defienden que la Comisión Especial del Plan Regulador continúe siendo el espacio legítimo donde la ciudadanía pueda incidir de forma directa, informada y efectiva en el futuro del cantón.

¿Qué es un Plan Regulador en Costa Rica?

En el país, el Plan Regulador es el instrumento técnico y legal que ordena el uso del suelo en un cantón. Define qué áreas se destinan a vivienda, comercio, industria, protección ambiental, zonas agrícolas, recreativas, entre otras, así como las regulaciones que determinan la altura de edificaciones, densidad habitacional, retiros, y otros aspectos del desarrollo urbano y rural.

Su aprobación y actualización tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el acceso a áreas verdes y la preservación de ecosistemas, hasta la movilidad, la infraestructura y las oportunidades económicas. Por eso, su elaboración y reforma son procesos de alto interés público.