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Territorio, dignidad y resistencia: el nuevo ciclo de protesta en Panamá

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Desde principios de mayo de 2025, Panamá atraviesa una nueva y significativa ola de movilizaciones sociales protagonizadas por pueblos indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Las protestas, que se han intensificado en todo el país, responden a un creciente malestar ante decisiones gubernamentales que impactan directamente sobre derechos sociales, territoriales y soberanos. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social (CSS)—, el rechazo a la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la oposición a un reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

Estas movilizaciones no son eventos aislados, sino la expresión acumulada de múltiples tensiones sociales, políticas y territoriales que han marcado la historia reciente del país. En el centro del conflicto se encuentran los pueblos indígenas, históricamente excluidos de la toma de decisiones, ahora nuevamente reprimidos por ejercer su derecho a la protesta. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y represión violenta se suman a la ausencia de mecanismos de consulta previa que garanticen su participación real en temas que afectan sus vidas y territorios.

Panamá, a diferencia de varios países vecinos, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que agrava aún más la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta carencia institucional refleja un modelo de desarrollo excluyente, que sigue priorizando intereses corporativos y extractivistas por encima de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.

En este contexto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) han denunciado la represión policial, suspendido toda interlocución con el Ejecutivo y exigido la derogación inmediata de las medidas impuestas sin consulta. Las calles del país se han convertido, una vez más, en espacios de resistencia, pero también de propuesta: un llamado urgente a redefinir las bases de la democracia panameña desde la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

A continuación, se destacan cuatro aspectos clave para comprender el trasfondo y la proyección de las actuales protestas:

  1. Criminalización de la protesta y represión estatal

Las manifestaciones encabezadas por pueblos indígenas en Panamá han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y operativos de contención que han dejado múltiples personas heridas. Esta situación se suma a una larga historia de represión cuando los pueblos indígenas ejercen su derecho a la protesta, especialmente en defensa de sus territorios, derechos colectivos y formas de vida. La actual ola de represión evidencia un patrón de criminalización sistemática de la protesta social indígena, así como una preocupante respuesta autoritaria ante el descontento popular.

  1. Ausencia de mecanismos de consulta vinculantes

Uno de los principales reclamos de las organizaciones indígenas panameñas es la falta de mecanismos legales que garanticen la participación efectiva en decisiones que afectan sus territorios. A diferencia de otros países de la región, Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que debilita aún más los procesos de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la Ley 462, junto con decisiones como la reapertura de la mina en Donoso, han sido impuestas sin diálogo con los pueblos indígenas, perpetuando un modelo centralista que excluye y desoye las voces indígenas en asuntos de interés nacional.

  1. Defensa del territorio frente al avance del extractivismo

Las actuales movilizaciones indígenas no solo rechazan reformas estructurales como la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, sino que también denuncian la continuidad de un modelo extractivista que pone en riesgo los bienes comunes y los derechos territoriales. La reapertura de la mina de cobre en Donoso —tras la anulación del contrato minero en 2023 por inconstitucionalidad— es interpretada como un nuevo intento de imponer proyectos altamente destructivos. Las comunidades indígenas han reiterado su defensa del agua, los bosques y los ecosistemas que sustentan su cultura y su supervivencia.

  1. Convergencia de luchas y defensa de la soberanía

La resistencia indígena se está articulando con amplios sectores sociales, como sindicatos, colectivos juveniles, ecologistas y comunidades urbanas, que también se ven afectados por el rumbo político del país. La firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reactivación de concesiones mineras han encendido las alarmas sobre la pérdida de soberanía nacional. Frente a esto, los pueblos indígenas no solo defienden sus derechos colectivos, sino que se posicionan como actores clave en una lucha más amplia por la justicia social, ambiental y democrática en Panamá.

Desde mayo de 2025, comunidades Emberá se han unido a la ola de movilizaciones sociales que sacude al país, exigiendo el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el fin de la represión estatal.

Bienes comunes bajo amenaza: la respuesta de los pueblos

Las movilizaciones indígenas y sociales en Panamá no solo se enmarcan en un rechazo a políticas específicas o proyectos extractivos, sino que representan una defensa integral de los bienes comunes en sus múltiples dimensiones: naturales, sociales y culturales.

En lo natural, los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Panamá. La amenaza que representan actividades como la minería a gran escala o la explotación hidroeléctrica no solo pone en riesgo los recursos hídricos, los bosques y la fauna, sino que altera profundamente el equilibrio ambiental que sustenta la vida en estos territorios. La defensa del agua y la tierra es, por tanto, una cuestión vital para la supervivencia ecológica y comunitaria.

En lo social, la protesta responde a una larga historia de exclusión y marginación estructural que afecta no solo a las comunidades indígenas, sino también a sectores populares urbanos y rurales. La imposición de reformas como la Ley 462 o las decisiones unilaterales sobre recursos estratégicos generan impactos directos en la seguridad social, el bienestar colectivo y la cohesión social. La articulación de pueblos indígenas con sindicatos, estudiantes y ecologistas refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de construir sistemas sociales más justos, inclusivos y democráticos.

En lo cultural, las movilizaciones encarnan la defensa de identidades, tradiciones y formas de vida ancestrales amenazadas por modelos extractivistas y centralizadores. La tierra y los recursos naturales no son solo bienes materiales para estos pueblos, sino elementos esenciales de su cosmovisión, espiritualidad y memoria colectiva. La criminalización y la represión son también formas de violencia cultural que intentan silenciar estas voces y disolver estos vínculos comunitarios.

En suma, la protesta en Panamá es la expresión de una lucha multidimensional que busca proteger y restaurar los bienes comunes en todas sus dimensiones, entendidos como el fundamento indispensable para la vida digna, la justicia social y la soberanía cultural y ambiental.

Imagen de: France 24. Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero. 
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Mientras la Municipalidad es allanada, la destrucción avanza: crónica de un paraíso en obras

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Bienvenidos al Caribe Sur costarricense, donde el verde abunda… hasta que aparece una retroexcavadora. Aquí, en este “paraíso natural”, uno puede toparse con playas vírgenes, árboles centenarios y, si tiene suerte, una buena tala ilegal en pleno desarrollo. El combo completo incluye tierra removida, vagonetas sin placas y permisos “fantasma”. Turismo de naturaleza en versión fast-forward hacia la urbanización.

Lejos de ser hechos aislados, lo que ocurre en esta región es parte de una tendencia acelerada y preocupante: la expansión extractiva e inmobiliaria que se impone sobre los ecosistemas sin respetar normativas, ni detenerse ante denuncias comunitarias. Philippe Vangoidsenhoven, una de las personas que ha asumido la tarea de documentar y denunciar estas prácticas, nos ofrece una crónica casi diaria de lo que sucede: árboles talados sin permisos, rellenos ilegales de humedales, y destrucción que avanza mientras las autoridades parecen ausentes o desbordadas.

Casos como el de Playa Negra, donde árboles protegidos fueron derribados sin posibilidad de justificación técnica, o zonas donde se raspa la tierra una y otra vez pese a órdenes de detención previas, muestran el patrón: se destruye, se paga una multa, se construye. La impunidad es parte del modelo.

La falta de medidas cautelares efectivas permite que estos proyectos sigan su curso sin interrupción real. Las denuncias son recibidas, pero el tiempo entre una acción ilegal y una respuesta institucional es aprovechado al máximo por quienes destruyen. En ese vacío, lo que se pierde es naturaleza viva, biodiversidad, y espacios comunes.

La labor de seguimiento y documentación, como la que realiza Philippe, no solo es valiente, sino esencial. Es gracias a ese esfuerzo constante que estos casos no quedan completamente en la sombra. Pero este trabajo no debería recaer únicamente sobre personas voluntarias; requiere respaldo institucional y voluntad política real.

Mientras tanto, en el “paraíso verde”, la tendencia es clara: más concreto, menos selva. Más negocios, menos vida. Y así, cada día, la naturaleza pierde un poco más, a la vista de todos.

Caso nuevo y seguimientos

Caso 1:Retorno de las máquinas a terreno ya intervenido

En un terreno donde anteriormente se denunció el raspado de una loma y movimientos de tierra realizados sin los permisos correspondientes, las máquinas han regresado. A pesar de que en el pasado se emitieron órdenes de detención de las obras, el proyecto parece haber reactivado sus actividades sin mayores consecuencias. Philippe Vangoidsenhoven constató una nueva remoción significativa de tierra, lo que evidencia una clara intención de construcción.

Según relata, este sitio ha sido intervenido en al menos dos ocasiones previas. En ambas, la policía ambiental retiró una draga que operaba en el mismo lugar donde ahora continúan los trabajos. Fue el fiscal ambiental quien, en su momento, ordenó el retiro de la maquinaria. Sin embargo, Philippe cuestiona la efectividad de estas medidas: “Siempre es lo mismo. Están haciendo algo ilegal, pero en lugar de decomisar la máquina como corresponde, simplemente la sacan del lugar, como si eso resolviera el problema. Así no va a funcionar nunca”.

El seguimiento del caso se ha visto afectado por el constante cambio de fiscales, lo que impide una comprensión integral de los hechos. Esta falta de continuidad institucional contribuye a la impunidad con que se reanudan proyectos que, desde su inicio, violan la normativa ambiental vigente.

Nota anterior «Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la lomaNota anterior»«

Caso 2: Huecos, rellenos y vagonetas sospechosas

En otra zona, donde previamente se había extraído madera, el lugar aparece ahora sin actividad visible, pero con señales de movimiento reciente: huecos excavados, tierra removida y caminos nivelados. Alertó al 911, pero no es la primera vez que este tipo de actividad sucede sin respuesta efectiva. El patrón extractivo continúa, facilitado por la falta de medidas cautelares, lo que deja a los territorios en constante estado de vulnerabilidad.

Nota anterior «Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense»

Caso 3: Tala en Playa Negra

En las cercanías de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, se realizó una tala de árboles de gran tamaño y alto valor ecológico. Según Philippe Vangoidsenhoven, es altamente improbable que existiera un permiso para remover dicha vegetación. Él observó vagonetas cargadas con ramas y restos vegetales, que sospecha provienen del sitio intervenido. Aunque en ese momento no había personal trabajando en el lugar, los vestigios de la tala eran claramente visibles.

Este caso parece seguir un patrón ya conocido en la zona: tala, posible multa —cuando la hay— y luego construcción sobre el terreno alterado. La legislación ambiental se aplica con laxitud, lo que permite que estas acciones se consoliden sin una reparación efectiva del daño causado.

Philippe describe una estrategia recurrente: derribar todos los árboles, cortarlos en pedazos y removerlos rápidamente. “Hoy en la mañana lo vi pasar”, señala. Más tarde, al regresar al lugar, notó un claro descenso del terreno, evidenciando la reciente intervención. En el trayecto, observó una vagoneta cargada con ramas de árboles. Aunque no pudo ver el contenido completo del cajón, es muy probable que proviniera del área afectada. “Así es como lo hacen: llenan la vagoneta con los restos y la sacan sin que nadie diga nada. Nadie detiene esas vagonetas, ese es el problema”, concluye.

Al volver Philippe al lugar, había un bajop en el terreno. “Y estaba ahí esperando. Y como yo miré primero, miré la vagoneta pasar con ese material verde, de esas ramas, de todo esto… cuando ya llegué al sitio, ahí en eso yo miro el bajop, y ahí ya me encendió el bombillo. Ya estaban sacando todo esto y seguro que están haciéndolo ahora mismo. No pude volver a ir, entonces no sé si la policía ha ido al sitio y no sé si de verdad habrán hecho su trabajo… eso es otra cosa”.

Según información proporcionada por la policía, el terreno contaba con permisos para la tala, lo que evidencia no solo la laxitud de la legislación ambiental, sino también que el problema no radica únicamente en si la tala es legal o ilegal, sino en la vulnerabilidad del ecosistema afectado.

Allanamiento a la Municipalidad de Talamanca: justicia en acción, mientras la destrucción sigue

Este martes, la Municipalidad de Talamanca fue allanada por segunda vez debido a presuntas irregularidades en la aprobación de permisos de construcción en zonas protegidas, incluyendo áreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La investigación apunta a posibles actos de corrupción que habrían facilitado proyectos turísticos y urbanísticos ilegales.

Para Philippe Vangoidsenhoven, testigo cercano de estos procesos, la situación no es nueva. Recuerda que durante una administración anterior ya se había realizado un allanamiento en el municipio, en el cual se incautaron documentos y se inició una investigación contra el entonces alcalde. Tras ese proceso, se emitió una orden de arresto contra el funcionario, y este intentó darse a la fuga. “Y desmovieron, después de investigar todo, para arrestar al alcalde, y el alcalde se dio la fuga. Lo tuvieron que perseguir con sirenas, cortarle el paso, sacarlo del carro y llevárselo esposado”, relata Philippe. “Imagínese —añade—, el señor que debería dar el ejemplo al cantón huyendo de la policía”.

A pesar de la gravedad del hecho, el funcionario fue liberado poco después, alegando problemas de salud. Finalmente, no se le impuso ninguna sanción significativa. Lo más desconcertante, señala Philippe, es que ese mismo alcalde volvió a ser electo y continúa en funciones. “Sigue haciendo lo mismo que hacía hace tres administraciones. No le importa nada el medio ambiente. Para él, la naturaleza es una molestia”, afirma.

Una de sus declaraciones más polémicas, recuerda Philippe, fue cuando se refirió con desdén a la protección del territorio: “¿Cómo es eso que ahora resulta que es humedal? Antes no era, y ahora sí”. Este tipo de discursos refleja la indiferencia institucional ante el deterioro ambiental.

La paradoja es evidente: mientras la municipalidad está bajo investigación judicial, la destrucción del territorio continúa sin freno. La justicia actúa con lentitud, mientras el ecosistema sigue perdiendo terreno, sin medidas cautelares efectivas que frenen la tala, los rellenos ilegales y la expansión urbanística.

Nota sobre la protección legal de los humedales:

Es importante señalar que, en Costa Rica, un humedal no necesita estar formalmente inscrito o declarado mediante decreto para ser reconocido y protegido como tal. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N.° 7317), así como por la Convención Ramsar sobre los Humedales —ratificada por Costa Rica en 1991—, cualquier ecosistema que cumpla con las características ecológicas de un humedal (como presencia permanente o temporal de agua, vegetación adaptada a suelos saturados, y funciones hidrológicas específicas) debe ser considerado y tratado como tal.

La falta de inscripción no le resta valor ecológico ni lo excluye de protección legal; más bien, es responsabilidad del Estado y de los gobiernos locales aplicar el principio precautorio y velar por su conservación, independientemente de su estatus registral.

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Malcolm X: pensar la libertad desde el antirracismo y lo común

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Cada 19 de mayo, al conmemorar el natalicio de Malcolm X, no solo recordamos a un líder afroamericano, sino a un pensador radical que entendió que la lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba íntimamente conectada con los procesos globales de descolonización. Malcolm X amplió el horizonte del movimiento por los derechos civiles al vincularlo con las luchas de liberación en África, Asia y América Latina, mostrando que el racismo estructural es parte de un sistema colonial aún vigente, sostenido por el capitalismo, el imperialismo y el despojo.

Malcolm X denunció que el colonialismo no solo operaba en territorios formalmente ocupados, sino también en las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la subordinación de los pueblos racializados. Su mirada descolonial desnudó cómo las leyes, los medios y el aparato económico servían para mantener la desigualdad, legitimando el saqueo de recursos, el silenciamiento de las voces subalternas y la negación de derechos básicos.

En esta clave, la descolonización no era para él solo un proceso político, sino una transformación profunda de la conciencia, de las relaciones de poder y de los modos de organización social. Esta visión resuena hoy en las luchas por los bienes comunes, entendidos como aquello que pertenece a todos y todas por derecho colectivo: la tierra, el agua, el conocimiento, la salud, la educación, la memoria, el territorio y la vida misma.

Releer a Malcolm X desde América Latina nos interpela a cuestionar las formas coloniales que aún estructuran nuestras sociedades: el racismo ambiental, el extractivismo, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, o la mercantilización de derechos. Defender los bienes comunes hoy es continuar el legado de Malcolm X: resistir al poder que divide, explota y jerarquiza, y afirmar en cambio la dignidad, la comunidad y la autodeterminación de los pueblos.

Más allá del prejuicio: el racismo como sistema de poder

El racismo estructural no se limita a actitudes individuales de prejuicio o discriminación; es un entramado de relaciones de poder que se ha naturalizado en las instituciones y que reproduce la desigualdad de forma sistemática. A través de leyes que criminalizan a las personas racializadas, medios que refuerzan estereotipos de inferioridad y un aparato económico que concentra riqueza mediante el despojo y la explotación, se perpetúa un orden social jerárquico heredado del colonialismo. Este sistema no solo margina a ciertos cuerpos y culturas, sino que también legitima el saqueo de territorios, el desmantelamiento de derechos colectivos y la invisibilización de las voces que resisten. Malcolm X denunció esta arquitectura de la opresión, revelando que no basta con modificar normas superficiales: es necesario desmantelar las bases estructurales del racismo para construir una sociedad verdaderamente justa.

Conceptos claves en su pensamiento y práctica

1. Racismo estructural:
Para Malcolm X, el racismo no era una cuestión de actitudes personales, sino un sistema organizado de poder que opera a través de las instituciones —leyes, educación, medios, economía— y que perpetúa la desigualdad racial de forma sistemática.

2. Descolonización:
Más allá de la independencia formal de los países, Malcolm X entendía la descolonización como un proceso integral de liberación política, económica y cultural frente al dominio imperialista y racista, tanto en el Sur global como dentro de Estados Unidos.

3. Autodeterminación:
Reivindicó el derecho de los pueblos —incluidos los afroamericanos— a definir su propio destino, organizarse políticamente y rechazar la imposición de modelos ajenos, como vía para reconstruir dignidad y soberanía colectiva.

 

4. Conciencia racial:
Malcolm X promovió una conciencia crítica sobre la historia y la identidad afrodescendiente, como herramienta de emancipación frente a la alienación y el racismo internalizado impuestos por el colonialismo y la cultura dominante.

5. Internacionalismo negro:
Su visión conectó las luchas locales de los afroamericanos con los procesos de liberación en África, Asia y América Latina, planteando una solidaridad anticolonialista y antirracista de alcance global.

6. Crítica al capitalismo:
Malcolm X señaló que el capitalismo se beneficia de la explotación racial y que la justicia racial solo es posible si se confrontan las estructuras económicas que sostienen la desigualdad.

Te invitamos a explorar la infografía adjunta, donde sintetizamos algunas de las ideas centrales del pensamiento de Malcolm X sobre el racismo estructural, el colonialismo y la necesidad de una transformación profunda de las sociedades. A través de sus palabras y su legado, buscamos abrir reflexiones sobre cómo estas luchas siguen vivas hoy en la defensa de los bienes comunes y en la resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de opresión.

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Entre el abandono y la humillación: la grave situación de salud que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca

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Por Colectivo Antonio Saldaña
Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes

A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.

Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina

En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.

La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.

Deshumanización institucional

Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.

Un sistema que no comprende ni respeta

Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.

Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.

El CONASPI y la promesa incumplida

El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.

Anécdotas que duelen

El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.

Un llamado urgente

El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.

Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.

Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud

Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.

Constitución Política de Costa Rica

El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.

Ley General de Salud (N.º 5395)

Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.

Convenio 169 de la OIT

Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.

Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono

La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.

Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.

El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.

Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.

La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.

Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena

 

La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.

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Mapaches y zopilotes mueren envenenados: ecosistemas en riesgo en el Caribe Sur

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Vecinos del Caribe Sur, en la localidad de Manzanillo, en las cercanías del Supermercado Las Veraneras, han alertado sobre un alarmante caso de envenenamiento de animales silvestres. En los últimos días, se han encontrado varios mapaches muertos en la zona, presuntamente tras consumir alimentos contaminados. Lo más preocupante es que zopilotes, al alimentarse de los restos, también están apareciendo sin vida, evidenciando un efecto en cadena devastador.

Las personas vecinas llamaron al 911 para reportar la situación, pero se les indicó que esto no constituía una emergencia y no se quiso actuar.

Este tipo de envenenamiento no solo es una grave violación a la vida silvestre, sino que altera profundamente los ecosistemas locales. Los mapaches y zopilotes cumplen funciones clave: los primeros como dispersores de semillas y los segundos como carroñeros que ayudan a evitar la propagación de enfermedades. Al morir, estas especies interrumpen la dinámica natural de control biológico y reciclaje de materia orgánica.

Además, el veneno puede llegar a otros niveles de la cadena alimentaria, afectando a depredadores o animales domésticos que entren en contacto con los cuerpos contaminados. La pérdida de estos animales puede generar desequilibrios ecológicos que se traducen en mayores plagas, proliferación de enfermedades y una degradación general de los ecosistemas.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades ambientales para investigar y tomar medidas inmediatas, y a la comunidad para rechazar cualquier forma de violencia contra la fauna silvestre. Proteger la vida silvestre es proteger la salud de todo el territorio.

Esta nota se realiza con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, comprometido con la defensa de la vida y el equilibrio ecológico en el Caribe Sur.

¿Por qué preocuparse?

El Caribe Sur de Costa Rica es una región de enorme riqueza ecológica, hogar de una gran diversidad de especies que habitan los bosques, humedales, ríos y zonas costeras. Esta biodiversidad es parte esencial del equilibrio de los ecosistemas, del bienestar comunitario y de la identidad cultural de la región.

Sin embargo, la vida silvestre enfrenta múltiples amenazas, muchas veces invisibles o normalizadas: contaminación, pérdida de hábitat, atropellos, tenencia irresponsable de animales domésticos, uso de sustancias tóxicas y otras formas de agresión directa o indirecta. Estas acciones, intencionadas o no, ponen en riesgo no solo a los animales, sino también a la salud de las comunidades humanas.

El uso de venenos, por ejemplo, es una práctica especialmente peligrosa. No discrimina entre especies: puede afectar a animales silvestres, mascotas e incluso a personas. Además, puede contaminar fuentes de agua y generar efectos a largo plazo en la cadena alimentaria local. Lo que comienza como un intento de “control” de ciertas especies, termina convirtiéndose en un daño generalizado al entorno.

Ante esta realidad, hacemos un llamado a la conciencia y la corresponsabilidad. Proteger la vida silvestre no es solo una tarea de las instituciones, sino de todas las personas que habitan, visitan o se relacionan con estos territorios. Cada acción cuenta: desde evitar dejar basura en espacios naturales hasta participar en procesos de educación ambiental o denunciar prácticas dañinas.

Fortalecer la organización comunitaria, exigir presencia institucional efectiva y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida son pasos fundamentales para garantizar que el Caribe Sur siga siendo un territorio vivo, diverso y habitable para las generaciones presentes y futuras.

La convivencia armónica con la naturaleza no es un ideal lejano: es una práctica que empieza aquí y ahora, con responsabilidad, cuidado y compromiso colectivo.

El impacto del envenenamiento en ecosistemas sensibles: una amenaza silenciosa

Los ecosistemas sensibles —como humedales, bosques costeros, cuencas hidrográficas y corredores biológicos— cumplen funciones vitales para el equilibrio ambiental, la salud pública y la vida silvestre. Sin embargo, su fragilidad los hace especialmente vulnerables a prácticas humanas irresponsables, como el uso de venenos para controlar animales o resolver conflictos con la fauna.

Aunque a veces se recurre al envenenamiento como medida de “control” frente a especies silvestres o domésticas consideradas molestas, las consecuencias de esta práctica van mucho más allá del daño directo al animal objetivo. Se trata de una acción que genera efectos en cadena, muchas veces irreversibles:

⚠️ Efectos en la vida silvestre

  • Muerte directa de animales como mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos que entran en contacto con el veneno, sin importar su especie ni su función ecológica.

  • Contaminación de cadenas alimenticias: animales carroñeros o depredadores que consumen cuerpos envenenados también se ven afectados, lo que altera los equilibrios naturales del ecosistema.

  • Disminución de poblaciones clave, incluyendo especies polinizadoras o controladoras de plagas, lo que genera desequilibrios que afectan a toda la comunidad biótica.

⚠️ Riesgos para la salud humana y animal

  • Mascotas y animales domésticos pueden ingerir veneno o presas contaminadas, provocando intoxicaciones, sufrimiento y muerte.

  • Niñas, niños y personas adultas corren riesgo de exposición al manipular sin saber restos contaminados o fuentes de agua afectadas.

  • Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, con posibles consecuencias para el consumo humano y la agricultura.

⚠️ Impacto en el tejido comunitario

  • Este tipo de acciones muchas veces se hacen de forma anónima, generando desconfianza entre vecinos y debilitando la convivencia.

  • Se promueve una relación de violencia con la naturaleza, en lugar de buscar soluciones basadas en el diálogo, la educación y la corresponsabilidad.

🔄 Alternativas necesarias

Frente a estas amenazas, es urgente avanzar hacia modelos de gestión comunitaria del territorio que prioricen el respeto por la vida y la prevención de conflictos. Algunas acciones claves incluyen:

  • Fortalecer la educación ambiental y la sensibilización comunitaria.

  • Crear protocolos participativos para la atención de conflictos con fauna silvestre.

  • Denunciar el uso de venenos ante las autoridades competentes (MINAE, SENASA, Ministerio de Salud).

  • Promover espacios de organización local para la protección de ecosistemas.

🌿 Proteger la vida es una responsabilidad de todas y todos

El envenenamiento no es solo un acto de crueldad, es una amenaza a la salud ecológica y comunitaria. En ecosistemas sensibles, cualquier acción destructiva tiene repercusiones amplificadas. Por eso, es fundamental actuar con conciencia, ética y compromiso por un futuro sostenible.

Los ecosistemas no pueden defenderse solos. Nuestra voz, nuestra organización y nuestra acción son parte de su defensa.

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Parásitos, tendidos eléctricos y asfalto: el grito silenciado del Caribe Sur

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⚠️ Advertencia: contenido sensible

Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.

Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.

Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.

En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta

“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.

El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.

Un síntoma alarmante: fauna parasitada

Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.

¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.

Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.

Impacto ecológico: más allá de las especies individuales

La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.

La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.

¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica

La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.

Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.

El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.

Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna

Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:

  • Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.

  • Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.

  • Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.

  • Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.

  • Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.

  • Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.

  • Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.

Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos.

Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental

La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.

Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.

Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común

La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.

La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.

Galería

⚠️ Nota informativa sobre contenido sensible

Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.

⚠️ Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.

📥 Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí: 

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Agradecemos el uso responsable y ético de este material.

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Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense

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En el Caribe Sur de Costa Rica, la destrucción de humedales y ecosistemas forestales ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sostenida, violenta y, en muchos casos, normalizada. Testimonios recientes de personas que habitan la zona dan cuenta de un patrón repetitivo que amenaza no solo la biodiversidad, sino también el tejido social y cultural de las comunidades locales.

“Esa es la táctica que están usando todos: sacan la última madera del terreno, muchas veces con permisos ilegales, y luego vienen con maquinaria pesada para escarbar, secar y rellenar”, explica un vecino. Este “monoaprovechamiento”, como se le llama localmente, inicia con la tala masiva y la salida de madera en camiones, incluso con decomisos registrados por parte de las autoridades. En una segunda etapa, ingresan dragas y excavadoras que alteran el curso natural del agua, removiendo grandes cantidades de tierra. Posteriormente, el terreno es rellenado con material traído de otros sitios, a menudo de áreas montañosas como en Bribri, donde incluso se reporta el desmonte de lomas enteras para alimentar el negocio del relleno.

En zonas como Cahuita, Puerto Viejo y alrededores, este modelo destructivo se ha intensificado. En las últimas semanas, árboles han sido talados y quemados a plena vista del público. Aunque en algunos casos se han enviado a las autoridades —como una intervención de la Fiscalía que logró tapar un canal ilegal—, muchas otras acciones quedan sin respuesta. La falta de vigilancia y la limitada capacidad de fiscalización local permite que estos proyectos sigan avanzando.

La indignación de quienes sí denuncian es evidente: “Llamás a todo el mundo, pero nadie actúa. ¿Cómo puede ser que uno ve todo esto y nadie hace nada?”, se pregunta con frustración un residente, quien ha presentado múltiples denuncias sin éxito. La complicidad institucional, ya sea por omisión o por intereses económicos, parece estar en el centro del problema. En palabras del denunciante, “la municipalidad protege a estos clientes porque pagan muchos impuestos”.

Esta nota se realizó gracias a la participación de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con el seguimiento y monitoreo de estas prácticas ilegales en la región. Su trabajo sostenido ha sido clave para visibilizar la devastación y exigir respuestas ante la impunidad ambiental.

A pesar del temor, la impotencia y el desgaste, estas voces también nos recuerdan la importancia de no quedarse en silencio. Cada denuncia, cada foto, cada testimonio es una forma de documentar un proceso que pretende operar en la sombra. Frente a un modelo extractivo que actúa con rapidez, organización y recursos, la defensa del territorio necesita igual o mayor determinación.

La situación en el Caribe Sur evidencia una urgencia: la de detener el avance de este tipo de destrucción ambiental antes de que los humedales desaparezcan completamente y con ellos, la posibilidad de una vida en equilibrio con la naturaleza.

Cambio de uso del suelo en el Caribe Sur: una práctica organizada con consecuencias irreversibles

Lo que está ocurriendo en el Caribe Sur de Costa Rica no es solo una sucesión de hechos aislados de tala y relleno de humedales. Detrás de cada árbol caído y cada terreno drenado, existe un patrón de acción estructurado que responde a intereses económicos específicos, articulados con redes de impunidad institucional. Este cambio de uso del suelo —de humedales y bosques a áreas urbanizadas o comerciales— no solo viola normativas ambientales, sino que genera impactos ecológicos irreversibles.

Los testimonios recabados muestran cómo esta transformación del territorio sigue etapas claras: tala de árboles, extracción de madera, dragado con maquinaria pesada, desvío de aguas y relleno con tierra transportada desde otras zonas. Esta cadena de acciones, aparentemente legalizada a través de permisos dudosos o el silencio cómplice de autoridades locales, permite ocultar un daño profundo: la desaparición de ecosistemas clave como humedales, que cumplen funciones vitales en la regulación del agua, el control de inundaciones y el sustento de la biodiversidad.

El cambio de uso del suelo en zonas protegidas o ambientalmente sensibles implica, además, una ruptura del equilibrio ecológico que difícilmente puede revertirse. La compactación del suelo, la alteración de los ciclos hídricos y la pérdida de cobertura vegetal afectan no solo a especies animales y vegetales, sino también a las comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas para su vida cotidiana, su cultura y su economía local.

Estas formas de ocupación del territorio, que avanzan en silencio o bajo apariencia de legalidad, responden a lógicas extractivas y especulativas: el valor económico del terreno aumenta una vez transformado, y las inversiones en infraestructura sustituyen los valores ecológicos por valores de mercado. El resultado es un proceso de gentrificación ambiental donde se priorizan intereses privados por encima del bien común y los derechos de las comunidades.

Frente a este escenario, es urgente reconocer que no se trata solo de delitos ambientales, sino de un modelo territorial que amenaza la sostenibilidad de la región. Visibilizar estos patrones, denunciar su lógica estructural y exigir una respuesta coherente del Estado no es solo una acción legal: es un acto de defensa del futuro.

El negocio detrás del relleno de humedales

El relleno de humedales ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un negocio estructurado y lucrativo. Empresas dedicadas al movimiento de tierra y al raspado de lomas operan activamente en la zona, extrayendo grandes volúmenes de material que luego se usa para rellenar humedales, quebradas y zonas inundables. Este proceso, que incluye el uso frecuente de bagonetas, se realiza muchas veces sin permisos ambientales o con el aval de autoridades que hacen caso omiso a las denuncias. El relleno permite “recuperar” terrenos a bajo costo, que luego se valorizan para fines turísticos, habitacionales o comerciales. Esta cadena de ilegalidades genera ganancias para operadores privados, mientras acelera la pérdida irreversible de ecosistemas, la alteración de flujos de agua y el aumento del riesgo de inundaciones. Todo esto ocurre en medio de una débil fiscalización estatal y un modelo de desarrollo que prioriza la especulación sobre la protección ambiental.

Galería
Quema de árboles
Este registro fotográfico corresponde al 16 de mayo del 2025
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Leer la realidad en el aula: una herramienta para educar con sentido y transformar el mundo – Nuevo cuaderno metodológico

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En tiempos marcados por el desencanto, las desigualdades y el vaciamiento de sentido en muchos espacios educativos, este cuaderno metodológico llega como una invitación urgente y poderosa: leer la realidad para no enseñarla en silencio.

📘 Leer la realidad en el aula, parte de la serie Huellas Cimarronas, es mucho más que un recurso didáctico: es una propuesta pedagógica viva que coloca en el centro la experiencia, el cuerpo, el conflicto, el territorio y la palabra. Inspirado en el pensamiento de Paulo Freire y nutrido por la práctica crítica de educadores como Miguel Escobar Guerrero y Merary Vieyra Carmona en la UNAM, este material propone una pedagogía ética, afectiva y situada.

🔍 ¿Qué encontrarás en este cuaderno?

  • Una guía metodológica para trabajar con docentes, estudiantes y comunidades desde la experiencia cotidiana.

  • Claves para mirar el aula como un territorio político y afectivo, donde las tensiones se convierten en oportunidades pedagógicas.

  • Módulos prácticos sobre escucha activa, conflicto, diálogo de saberes y acción transformadora.

  • Un glosario con conceptos clave como pedagogía afectiva, cultura del silencio, racionalidad inconsciente y digna rabia.

  • Actividades concretas para leer el contexto desde el aula y actuar colectivamente para transformarlo.

💡 Aportes destacados
Este cuaderno rescata la lectura de la realidad como un proceso colectivo, crítico y creativo, y propone herramientas como dramatizaciones (RAPS), entrevistas comunitarias, mapas afectivos y diseños pedagógicos basados en conflictos reales del entorno. Además, articula pensamiento freiriano, psicoanálisis social y saberes comunitarios, proponiendo una pedagogía afectiva que vincula deseo, afecto y acción colectiva.

🌱 Este material está dirigido a docentes, colectivos pedagógicos, estudiantes, educadorxs populares y comunidades organizadas que creen en la educación como un acto de esperanza y resistencia.

🔗 Léelo, compártelo, siémbralo en tu práctica educativa.
Transformar el aula es empezar a transformar el mundo.

Pueden descargar el documento aquí.

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Día del Campesino: entre el abandono estatal y la digna rabia de los productores indígenas en Talamanca

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Este artículo se desarrolla a partir de una conversación con integrantes de la organización indígena Antonio Saldaña, un colectivo que lucha por los derechos de las personas productoras en Talamanca. En el marco del Día del Campesino, este colectivo alza la voz para denunciar que, mientras el país celebra simbólicamente a quienes trabajan la tierra, las comunidades indígenas continúan enfrentando condiciones de vida marcadas por el abandono institucional, la injusticia económica y la invisibilización sistemática.

Desde hace años, las personas indígenas que se dedican al cultivo de banano, cacao, plátano y otros productos tradicionales enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Nos siguen pagando miseria por el banano mientras las empresas exportadoras se llenan los bolsillos”, señalan desde la organización. Según denuncian, los precios los imponen intermediarios sin ningún control estatal, y los costos de producción superan muchas veces las ganancias obtenidas.

Lejos de las estadísticas oficiales que enarbolan el crecimiento del sector agroexportador, la realidad en los territorios indígenas es de precariedad. Las comunidades enfrentan dificultades para acceder a créditos, infraestructura básica y rutas adecuadas para comercializar sus productos. Además, enfrentan trabas burocráticas e institucionales que limitan su derecho a la tierra y a decidir sobre sus formas de producción.

La organización Antonio Saldaña subraya que esta situación no es nueva, pero se agrava cada año ante la indiferencia estatal y el avance del modelo extractivista que expulsa al campesinado de sus territorios o lo somete a condiciones laborales de cuasi esclavitud. “El Día del Campesino se ha convertido en una fecha decorativa, cuando en realidad debería ser un momento de lucha y memoria. No queremos felicitaciones, queremos justicia y autonomía para trabajar nuestra tierra en paz”, afirma una lideresa bribri.

La lucha de las comunidades en Talamanca no es solo por precios justos o por reconocimiento cultural: es una lucha por la vida, por el derecho a permanecer en los territorios sin ser empujadas a la pobreza o al éxodo. Frente al olvido institucional, las redes de solidaridad, las prácticas agroecológicas, el trueque, el trabajo comunal y los saberes ancestrales se convierten en actos cotidianos de resistencia y dignidad.

Este 15 de mayo, Día del Campesino, las comunidades indígenas de Talamanca nos recuerdan que sin justicia social, sin acceso a tierra, sin respeto a sus formas de vida y sin políticas que los escuchen, no hay nada que celebrar. En cambio, hay mucho por transformar.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Raíces de lucha campesina: mujeres rurales frente al abandono estatal

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El abandono institucional que permitió la pérdida de una finca cultivada por mujeres durante más de dos décadas

En la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres organizadas bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza ha vivido, desde 2022, el despojo progresivo de una finca que cultivaron y protegieron durante más de 23 años. Este hecho, lejos de ser un conflicto aislado, refleja la gravedad de la inacción institucional, particularmente por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y las consecuencias del abandono estatal en territorios rurales fronterizos.

Durante más de dos décadas, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. La finca, conocida por ellas como “el pulmón de la esperanza”, fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño.

Todo esto cambió en febrero de 2022, cuando comenzaron a ingresar personas y sus familias al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Aunque muchas de estas familias provienen de comunidades cercanas, el conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, sus construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo.

Lejos de intervenir para proteger a quienes venían trabajando la tierra por décadas, el INDER se ha mantenido en una posición ambigua y pasiva. A pesar de múltiples gestiones, la institución no ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado, ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Peor aún, hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales.

A pesar de todo, las mujeres no se han rendido.

“Estamos firmes en esta lucha por alcanzar nuestro objetivo, que es la recuperación de la tierra y la obtención de la escritura que nos corresponde por derecho. Han pasado más de 30 años desde que se formó el asentamiento, de los cuales 27 han sido de ocupación y trabajo continuo, sosteniendo el territorio con esfuerzo, compromiso y dignidad. A pesar de los últimos tres años de usurpación, seguimos presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no nos iremos hasta lograr lo que es justo. Lo decimos con claridad: no se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo.”

El caso refleja un patrón doloroso: cuando los proyectos comunitarios, sobre todo los liderados por mujeres rurales, no son formalizados mediante títulos de propiedad, quedan a merced de intereses ajenos y de la inacción estatal. Esta omisión, más que una falla técnica, constituye una forma de violencia institucional que debilita los procesos comunitarios y contribuye al despojo silencioso de quienes sí cuidan y trabajan la tierra.

Las mujeres de Nueva Esperanza siguen organizadas, exigiendo el reconocimiento legal de su derecho histórico a la tierra y la intervención inmediata de las autoridades para resolver un conflicto que nunca debió haber escalado hasta este punto. Hoy, más que nunca, es urgente que el INDER y demás instituciones cumplan con su mandato: apoyar a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

Cuando el Estado calla: las consecuencias de no reconocer los derechos de las mujeres rurales

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza no es solo una muestra de abandono institucional, sino también una evidencia clara de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país.

La omisión prolongada del INDER, así como la inacción de instituciones como la Fuerza Pública, el Juzgado Agrario y el Ministerio de la Presidencia, ha tenido consecuencias materiales devastadoras: pérdida del acceso a la tierra, destrucción de infraestructura construida colectivamente, desaparición de documentos legales, daños ambientales irreversibles y la paralización total de un proyecto agroecológico comunitario.

Pero más allá de lo material, el impacto emocional, político y social ha sido profundo. Las mujeres han sufrido desilusión, desgaste, miedo y desesperanza. Algunas se han desvinculado del colectivo tras años de lucha infructuosa. Otras persisten, pero cargan con el dolor de ver destruido lo que fue su espacio de encuentro, su fuente de autonomía y su símbolo de dignidad. El silencio institucional no solo las despojó de su tierra, también intentó arrancarles el sentido de pertenencia, de comunidad y de propósito.

No reconocer ni regular el derecho al uso y propiedad de tierras por parte de colectivos organizados—y en particular por mujeres—refuerza desigualdades estructurales de género, clase y territorialidad. También envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden ignorarse si quienes los ejercen no tienen poder político o económico.

Este caso expone cómo el Estado reproduce formas de violencia institucional encubiertas bajo trámites, tecnicismos o supuesta neutralidad. Lo que debió ser un proceso de regularización y reconocimiento legal, se transformó en un escenario de impunidad, donde la especulación, la reventa de terrenos y el clientelismo encontraron espacio fértil para crecer.

Ignorar a las mujeres que cuidan la tierra, que la regeneran y la ponen al servicio de su comunidad, es una forma de despojo con rostro institucional. Si el Estado no actúa para reparar este daño, no solo será cómplice de esta injusticia, sino que continuará erosionando la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

¿Quiénes son las Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza?

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza nació hace más de 25 años en la comunidad de Caño Negro, cantón de Los Chiles, como una iniciativa de mujeres jefas de hogar comprometidas con la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y el desarrollo comunitario. Durante 23 años cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización.

En esta parcela, desarrollaron prácticas de agricultura orgánica, evitando el uso de agroquímicos y apostando por la regeneración del suelo. Sembraban maíz, hortalizas y otros productos básicos, tanto para el consumo propio como para la venta. Lo que no se comercializaba, se repartía entre las asociadas. La producción era fruto del esfuerzo colectivo, y contaron con el acompañamiento técnico de personas estudiantes y profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como con apoyo de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del cultivo, la asociación construyó y mantuvo diversas infraestructuras comunitarias en la finca:

  • Invernadero productivo, diseñado para extender ciclos de cultivo.
  • Granero y bodega, para el almacenamiento de granos y herramientas.
  • Área de empaque y lavado, donde se preparaban las cosechas para su distribución.
  • Cocina colectiva y horno de pan, que servían tanto para la alimentación durante las jornadas de trabajo como para actividades de autogestión económica.
  • Casa de reuniones y oficina administrativa, donde resguardaban documentos y celebraban sus asambleas.
  • Un aula multiusos, destinada a cursos de formación para mujeres y jóvenes, equipada gracias al esfuerzo colectivo y donaciones externas.

La finca no solo era una unidad productiva, sino también un espacio de encuentro, formación y fortalecimiento comunitario, especialmente para mujeres rurales. Por su valor ambiental y simbólico, la llamaban “el pulmón de Nueva Esperanza”, ya que era el único proyecto orgánico de la zona, rodeado de cultivos convencionales.

Este proyecto representa un ejemplo vivo del impacto positivo que tienen las organizaciones de base cuando reciben condiciones mínimas de estabilidad y apoyo institucional. Su desmantelamiento, ante la vista y paciencia de las autoridades, es una pérdida no solo para las mujeres que lo sostuvieron, sino para toda la comunidad y para el país.

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