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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

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📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, ATEC y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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Celebramos a Orlando Fals Borda: un cuaderno para investigar y transformar

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En el Observatorio de Bienes Comunes no dejamos pasar el natalicio de Orlando Fals Borda (1925‑2008)… bueno, quizá llegamos con retraso a la fiesta de sus 100 años, ¡pero llegamos con regalo y con ganas de conversar!

Presentamos el Documento de Trabajo 11: Orlando Fals Borda: Ideas para transformar el mundo, un cuaderno que nos recuerda que investigar no es solo describir, sino comprometerse con la vida y con quienes la defienden día a día.

Entre sus páginas encontrarás conceptos que siguen iluminando a quienes, desde la academia, buscamos dialogar con los territorios y las comunidades:

✨ Sentipensar: unir razón y corazón para entender y transformar la realidad.
✨ Mapa de saberes: rescatar la memoria local y convertirla en motor de acción.
✨Diálogo de saberes: escuchar a las comunidades como sujetos de conocimiento.
✨ Investigación Acción Participativa (IAP): porque investigar no es mirar desde lejos, es embarrarse los pies y construir juntos.

Como bien dice el cuaderno:

“No basta con describir; la investigación debe ser útil para resolver problemas concretos, fortalecer organizaciones y generar cambios tangibles.”

“Cada comunidad guarda una memoria que ha sido silenciada. Volver a esas historias es reivindicar dignidad y orientar nuevas luchas.”

Adiós al “Hombre Hicotea”: investigar sin caparazón

En este cuaderno también aparece una de las metáforas más sabrosas de Orlando Fals Borda: el “Hombre Hicotea”, ese investigador que se encierra en su caparazón académico, produce textos desde la comodidad de su escritorio y evita embarrarse con la realidad.

Fals Borda lo decía sin rodeos: no basta con mirar desde lejos, hay que caminar con la gente, escuchar sus memorias y dejarse afectar por sus luchas.

El Documento de Trabajo 11 es, precisamente, un antídoto contra esas tendencias:
✅ Invita a romper el aislamiento académico,
✅ A tejer diálogos de saberes,
✅ A devolver el conocimiento en formas útiles,
✅ Y a asumir la investigación como compromiso vital, no como refugio.

Así que, si alguna vez sentiste la tentación de convertirte en un “Hombre Hicotea”, este cuaderno no solo te lo recuerda, sino que te da el empujón que faltaba: abrí el caparazón, salí al territorio y dejá que tus ideas se mezclen con otras, con barro, memoria y vida.

Porque este documento no es solo un homenaje: es una invitación abierta a dejar atrás el aislamiento académico y a caminar, codo a codo, con las comunidades que transforman el mundo.

📌 Llamado: Si eres docente, estudiante o investigadora/or, te invitamos a usar este documento como insumo en talleres, proyectos y cursos. Queremos escuchar cómo estas ideas se ponen en práctica: escríbenos, comparte tus experiencias y súmate a este esfuerzo por una ciencia más cercana y transformadora.

Porque honrar a Fals Borda no es solo recordar su cumpleaños… es asumir, como él, el compromiso de investigar para transformar.

🎉 Descárgalo aquí y hazlo parte de tus clases, investigaciones o espacios de diálogo.

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CODECE solicita inspección ante posibles afectaciones en la cuenca del río Carrizal

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La Asociación Conservacionista de los Cerros de Escazú (CODECE) participó este martes 15 de julio en la sesión del Concejo Municipal de Escazú, donde presentó una solicitud formal de inspección ante posibles afectaciones en la cuenca alta del río Carrizal.

Según lo expuesto por la organización, en las últimas semanas han circulado reportes ciudadanos sobre cambios inusuales en la calidad del agua, observados especialmente en días secos. Las aguas del río Carrizal habrían presentado una coloración turbia y presencia de sedimentos, lo cual encendió las alertas de vecinas y vecinos que han realizado inspecciones informales en el sector conocido como Rosalinda, en Jaboncillos. Las inspecciones de campo se realizaron específicamente en la parte alta del río Carrizal (Carrizal arriba), aunque la turbidez del agua ha sido observada a lo largo de todo el cauce.

A partir de estos reportes, CODECE identificó la presencia recurrente de maquinaria pesada en una finca ubicada cerca de nacientes del río. Hasta el momento no se ha podido confirmar si las actividades en el sitio cuentan con permisos de movimiento de tierra ni si se han realizado estudios de impacto ambiental, por lo que se considera fundamental realizar una verificación oficial.

 La zona en cuestión forma parte de una microcuenca de alta sensibilidad ecológica, donde nacen diversos manantiales que alimentan el río Carrizal. Aunque no se integran directamente a un sistema de agua potable formal, CODECE advierte sobre la importancia estratégica de estas aguas en una fase temprana del ciclo hidrológico, aún no intervenidas por usos agrícolas o urbanos.

Citando la Ley Forestal N.º 7575, CODECE recordó que toda naciente debe contar con una franja de protección mínima de 100 metros, y cualquier intervención en ese radio requiere una evaluación ambiental. Además, se mencionaron las directrices del SINAC que enfatizan el carácter crítico de estas zonas para la recarga hídrica y la biodiversidad.

En su presentación, la asociación solicitó:

  • Verificar si las obras cuentan con permisos y si cumplen con la normativa ambiental vigente.

  • La intervención del Departamento de Gestión Ambiental del municipio.

  • Garantizar la protección efectiva de las nacientes del río Carrizal.

CODECE ha sido reconocida históricamente por su labor comprometida en el monitoreo ambiental de los Cerros de Escazú. Su trabajo de vigilancia ciudadana y denuncia ambiental ha sido clave para resguardar ecosistemas vulnerables y fomentar una participación activa de las comunidades en la defensa del agua y el territorio.

Cuidar las aguas que aún no vemos

Aunque las nacientes del río Carrizal no estén actualmente integradas a un sistema formal de agua potable, su protección es fundamental. Estas aguas, limpias y jóvenes, representan una etapa temprana del ciclo hidrológico, y su salud tiene repercusiones directas en los ecosistemas río abajo.

La interconectividad ecológica nos recuerda que ningún cuerpo de agua está aislado: las microcuencas, los manantiales y los suelos que los rodean son parte de una red compleja que sostiene la vida. Al intervenir estos espacios sin controles, no solo se afecta la biodiversidad local, sino que se debilita la capacidad natural de filtración, recarga y regulación hídrica que permite, más adelante, que tengamos agua limpia y segura en nuestros hogares.

Cuidar las aguas «que aún no usamos» es, en realidad, cuidar las fuentes que mañana podrían ser esenciales. Es un acto de responsabilidad intergeneracional, de previsión ante el cambio climático y de respeto por los equilibrios que sostienen la vida. En tiempos donde el agua escasea o se contamina con facilidad, defender estos nacimientos no es opcional: es un deber urgente.

Ciudadanía vigilante: clave para la defensa ambiental

El cuidado del ambiente no puede quedar únicamente en manos de las instituciones. La experiencia demuestra que muchas de las alertas tempranas sobre afectaciones ambientales provienen de comunidades atentas, que conocen su territorio, caminan sus ríos, observan cambios y levantan la voz cuando algo no está bien.

El caso del río Carrizal refleja esa responsabilidad activa: personas vecinas que notaron el cambio en el agua, que registraron en fotografías lo que estaba ocurriendo y lo compartieron con una organización comprometida como CODECE. Gracias a esta red de observación y acción, hoy se solicita una inspección formal que podría prevenir daños mayores.

El monitoreo comunitario, la denuncia responsable y la organización territorial son pilares de una democracia ecológica. En un contexto donde muchas veces los intereses económicos avanzan más rápido que los controles ambientales, el involucramiento ciudadano se vuelve una línea de defensa vital.

Fortalecer estas capacidades comunitarias no solo mejora la respuesta ante conflictos socioambientales, también construye tejido social, recupera saberes locales y promueve una cultura del cuidado desde abajo. Porque nadie protege mejor un río, una montaña o una naciente que quienes la viven, la conocen y la aman.

Las imágenes utilizadas son parte de la presentación utilizada por Javier Sánchez de CODECE.

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“Nos tratan como si no fuéramos de aquí”: Pueblo Ngöbe de Sixaola visibiliza abandono institucional y exige territorio

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El pasado 14 de junio se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, un espacio de palabra, denuncia y escucha colectiva. La actividad fue organizada por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Durante el encuentro, representantes del pueblo indígena Ngöbe compartieron testimonios profundamente reveladores sobre las múltiples formas de exclusión, discriminación y violencia estructural que enfrentan en su vida cotidiana. Organizados en un ejercicio colectivo de resistencia, abordaron cuatro ejes fundamentales: trabas en ayudas sociales, salud y acceso al agua, condiciones laborales y la ausencia de reconocimiento territorial.

Las voces presentes, provenientes directamente de las comunidades del sur del Caribe costarricense, expusieron situaciones que no son nuevas, pero sí largamente invisibilizadas por las instituciones del Estado. Lejos de tratarse de hechos aislados, sus testimonios dan cuenta de un patrón sostenido de abandono institucional, racismo estructural y negación de derechos fundamentales, todo ello agravado por la falta de un territorio reconocido que garantice condiciones mínimas para el ejercicio de su autonomía.

Este conversatorio no solo permitió conocer de primera mano la realidad que enfrentan más de 10.000 personas Ngöbe en Sixaola, sino que también evidenció la urgencia de articular esfuerzos entre comunidades, academia e instituciones públicas comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas. La demanda fue contundente: reconocimiento, justicia territorial y garantías efectivas para una vida digna.

Finalmente, la actividad reafirmó la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con los compromisos internacionales asumidos, en particular el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la tierra, a su cultura, a decidir sobre su desarrollo y a ser consultados en todo aquello que les afecte. Este resumen busca amplificar esas voces y contribuir a visibilizar una deuda histórica que no puede seguir siendo postergada.

A lo largo del conversatorio, las y los representantes del pueblo Ngöbe compartieron con firmeza y claridad las principales problemáticas que enfrentan en sus territorios. A partir de sus experiencias directas, identificaron y desarrollaron cuatro dimensiones fundamentales donde se concentra la exclusión estructural que viven como población indígena: las trabas institucionales para acceder a ayudas sociales, las barreras para ejercer el derecho a la salud y al agua potable, las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras, y la ausencia de un territorio reconocido que sustente su existencia colectiva. Cada uno de estos ejes no solo refleja violaciones de derechos, sino también los desafíos urgentes que deben ser atendidos por el Estado y la sociedad costarricense. A continuación, se presenta una síntesis de lo expuesto en cada tema.

Ayudas sociales: exclusión desde el diseño institucional

Participantes: Itzenia Beker, William Anastasio, Carmela Miranda, Eulalia Tomas

La primera exposición del conversatorio abordó las trabas sistemáticas que enfrenta la población Ngöbe para acceder a ayudas sociales, en especial a los programas del IMAS. Las participantes relataron cómo los criterios de selección institucionales no se ajustan a la realidad que vive esta población, y más bien terminan excluyéndola. Se expusieron casos donde se rechaza el apoyo a familias porque uno de sus miembros trabaja en fincas bananeras, aunque sus ingresos sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas de un hogar numeroso.

También se denunció que muchas personas son excluidas por criterios relacionados con el estatus migratorio, el hecho de no tener territorio reconocido o por contar con hijas e hijos con becas educativas, sin considerar que los montos de esas becas son mínimos. Además, se hizo énfasis en que el IMAS exige que los trámites se hagan por correo electrónico, lo cual representa una barrera infranqueable para muchas mujeres indígenas que no tienen acceso a internet, dispositivos digitales o alfabetización digital básica.

La discriminación se entrelaza también con el idioma: muchas mujeres Ngöbe no dominan el español escrito, lo que limita su capacidad para comunicarse con las instituciones públicas. Como consecuencia, sus necesidades quedan sin respuesta y se refuerza la idea de que estas instituciones no están pensadas para los pueblos indígenas. “Nosotras no pedimos caridad, pedimos respeto y acceso justo a lo que por derecho nos corresponde”, afirmó Itzenia Beker.

En medio de este panorama, se recalcó la importancia de revisar y reformar los mecanismos de selección y atención del IMAS y de otras instituciones sociales. El modelo actual reproduce la exclusión de los pueblos indígenas al aplicar lógicas burocráticas que desconocen las condiciones específicas de las comunidades, su estructura familiar ampliada y la realidad intercultural.

La exposición concluyó con una exigencia clara: que el Estado costarricense cumpla con los compromisos asumidos a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al acceso equitativo a servicios públicos sin discriminación.

Salud y agua: entre la desatención, el racismo y la violencia obstétrica

Participantes: María Jiménez, Enoj Bonilla, Griselda Ábrego, Thalía Jiménez

El segundo bloque del conversatorio se centró en la grave situación de salud y acceso al agua potable que enfrenta la población Ngöbe en Sixaola. Las personas expositoras señalaron que la mayoría de la población no cuenta con acceso pleno al sistema EDUS y que el EBAIS local está sobrecargado, con escasos cupos de atención. Esta saturación es particularmente crítica para quienes trabajan en las fincas bananeras, pues deben ajustarse a horarios estrictos que no les permiten acceder a los pocos espacios disponibles.

Además de la barrera horaria, se ha eliminado la atención en horarios vespertinos, lo que obligaba anteriormente a atender a trabajadoras y trabajadores después de sus jornadas. Esta decisión ha generado una reducción drástica en el acceso real a la salud. Para muchas personas, la única opción es acudir antes de las 9:00 a.m., pero si no se les atiende antes de esa hora, pierden el día laboral y son sancionadas o despedidas por las empresas.

Otro eje preocupante fue la violencia obstétrica denunciada por varias mujeres. Se relataron casos en los que se menospreció a mujeres por estar “nuevamente embarazadas”, se les practicaron esterilizaciones sin consentimiento informado o se les negó información sobre el estado de salud de sus recién nacidos. Una de las expositoras relató el caso de una compañera que dio a luz en el hospital de Limón, y cuyo bebé murió sin explicaciones claras, en un contexto de negligencia y falta de sensibilidad cultural por parte del personal médico.

Además, se enfatizó la ausencia total de traductores o intérpretes Ngäbe en los centros de salud, lo que impide una comunicación efectiva, especialmente en situaciones de urgencia. Esto se agrava cuando el personal médico asume una actitud de desprecio o racismo hacia quienes no dominan el español.

En relación con el agua, se denunció el incumplimiento por parte del AyA de la ley que ordena la condonación de deudas. Muchas familias Ngöbe han sido desconectadas del servicio, a pesar de que la Asamblea Legislativa ya había establecido que se debía reanudar el suministro y retirar las sanciones económicas. Frente a esto, la población ha tenido que recurrir a pozos contaminados o cargar agua a pie largas distancias. “No pedimos agua gratis, pedimos que se nos cobre un precio justo y que se reconozca nuestra situación”, expresó Griselda Ábrego.

Condiciones laborales: explotación, listas negras y violencia de género

Participantes: Dionicio Turón, Aurelio Ábrego, Diomedes Santos

La tercera parte del conversatorio giró en torno a los conflictos laborales que enfrenta la población Ngöbe en las fincas bananeras y plataneras, que representan prácticamente la única fuente de empleo en la zona. Los relatos fueron contundentes: se habló de explotación laboral, discriminación por etnia y nacionalidad, incumplimiento de la legislación laboral y una sistemática represión a quienes intentan organizarse o denunciar abusos.

Se explicó cómo las empresas transnacionales aplican políticas que contradicen lo establecido en las convenciones colectivas. A las personas Ngöbe se les paga menos que a otros trabajadores, se les asignan tareas más pesadas y extensas, y se les despide arbitrariamente cuando se enferman o reclaman. Quienes no están sindicalizados están más expuestos a la persecución laboral y al trabajo forzoso.

Una denuncia particularmente grave fue la del hostigamiento sexual hacia mujeres Ngöbe, quienes son acosadas por supervisores, y en algunos casos amenazadas con despido si no acceden a insinuaciones sexuales. Las que se resisten, muchas veces son despedidas o estigmatizadas dentro de la empresa. “A las mujeres indígenas se les ve como propiedad del patrón”, denunció Aurelio Ábrego.

También se denunciaron prácticas sistemáticas como las fumigaciones aéreas mientras las personas trabajan en el campo, lo cual ha provocado enfermedades respiratorias, problemas de piel, y daños aún no investigados. Quienes han tratado de documentar estas fumigaciones, han sido despedidos y colocados en listas negras que les impiden volver a ser contratados en la zona.

Ante esta situación, las y los participantes exigieron una inspección efectiva del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora ha sido inconstante e ineficaz. Se llamó también a los sindicatos y a las organizaciones internacionales a no abandonar a esta población. “La empresa tiene certificados de responsabilidad social, pero en la práctica esclaviza a nuestra gente”, afirmó Diomedes Santos.

Ausencia de territorio: un pueblo sin lugar en su propio país

Participantes: Manuel Palacios, Nicolás Concepción, Eusebio Julián

El último tema, pero quizás el más profundo y estructural, fue la ausencia de reconocimiento territorial para el pueblo Ngöbe asentado en Sixaola. Desde el 2022, han sostenido reuniones con el Viceministerio de Justicia y Paz, INDER, CONAI y otras entidades, sin obtener respuestas concretas. La ausencia de un territorio indígena reconocido impide que este pueblo acceda a proyectos sociales, educación, salud, agua, y vivienda digna.

Las personas expositoras hicieron un recuento de las promesas incumplidas, el desgaste institucional y las constantes negativas por parte de los funcionarios públicos. A pesar de que existen fincas disponibles y que la ley permite establecer territorios indígenas en la milla fronteriza, las autoridades alegan que las tierras son “inundables” o que el Estado “no tiene presupuesto” para atender esta necesidad.

El desarraigo forzado ha generado impactos graves, especialmente en las niñeces y juventudes, quienes crecen sin un espacio donde reproducir su cultura, lengua y cosmovisión. Se denunciaron desalojos forzosos, amenazas, y la negación sistemática del derecho a vivir como pueblo indígena en su propia tierra. “No podemos ni sembrar un plátano en el patio sin que nos lo arranquen”, relató Nicolás Concepción.

Uno de los participantes, Eusebio Julián, hizo un llamado vehemente al Estado costarricense: “No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo lo que el convenio 169 ya nos garantiza. Este país habla de democracia, pero nos niega el derecho a existir como pueblo”.

Se solicitó además un censo actualizado del pueblo Ngöbe en Sixaola, que permita dimensionar su presencia y fortalecer su demanda territorial. Esta población, compuesta por más de 10.000 personas, no puede seguir siendo tratada como invisible en las políticas públicas.

Cartografía para la dignidad territorial

Como parte de su proceso de lucha por el reconocimiento territorial, el pueblo Ngöbe de Sixaola ha venido desarrollando una cartografía participativa que identifica las fincas y espacios actualmente ocupados o reclamados como parte de su territorio. Este trabajo ha sido construido desde el conocimiento colectivo de las comunidades y se basa en recorridos, testimonios y memoria territorial. La cartografía no solo permite visualizar con precisión la dimensión y ubicación del territorio que demandan, sino que también constituye una herramienta política para exigir al Estado una respuesta concreta, sustentada y verificable.

Mapa elaborado por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola

El derecho internacional no es una sugerencia

Costa Rica ha ratificado el Convenio 169 de la OIT desde hace más de 30 años. Este instrumento reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios territorios, acceder a servicios públicos sin discriminación, preservar sus culturas, y ser consultados de forma libre, previa e informada en todas las decisiones que les afecten. Asimismo, la Ley 9710, sobre personas indígenas transfronterizas, otorga un marco legal específico para proteger los derechos de poblaciones como la Ngöbe asentada en Sixaola.

Sin embargo, los testimonios compartidos durante el conversatorio revelan que estos compromisos son sistemáticamente ignorados. No hay territorio. No hay consultas. No hay acceso adecuado a salud, vivienda, educación ni justicia. Lo que sí existe —y se repite— es discriminación, violencia institucional, racismo estructural y explotación laboral.

Uno de los participantes del conversatorio ironizó con amargura que “solo en Costa Rica se intenta convencer de que los convenios internacionales están por debajo de las leyes nacionales”, una idea que refleja la profunda desconexión entre el discurso diplomático del país y la práctica real de sus instituciones. Esta inversión arbitraria del orden jurídico internacional se ha convertido en excusa para desatender las obligaciones del Estado con los pueblos originarios, y para perpetuar su exclusión de los procesos de toma de decisiones.

El pueblo Ngöbe no está pidiendo privilegios. Está exigiendo que el Estado costarricense cumpla con la legalidad que ha firmado y ratificado. Está defendiendo su derecho a existir como pueblo, a vivir con dignidad, a que sus hijos e hijas crezcan sin miedo al desalojo ni a la desprotección institucional. Está reclamando un mínimo de justicia histórica frente a siglos de desplazamiento y olvido.

Es hora de que Costa Rica deje de hablar de respeto a los pueblos indígenas únicamente en los foros internacionales y empiece a demostrarlo en el terreno, en sus políticas públicas y en el reconocimiento concreto de los derechos que ha negado durante demasiado tiempo. Porque el derecho internacional no es una sugerencia, y la dignidad de los pueblos indígenas no admite más aplazamientos.

Pueden ver el conversatorio aquí:

Galería:
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Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó formalmente la nulidad de la Ley 9223, denunciando su carácter fraudulento y su impacto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Documentos técnicos respaldan la denuncia y evidencian omisiones, permisividad institucional y un patrón de urbanización encubierta en terrenos protegidos.

El 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología elevó una solicitud formal ante la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se declare la nulidad total de la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”.

Según Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, esta ley constituye un fraude legal, promovido para favorecer intereses inmobiliarios a costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), un sitio de importancia ecológica reconocido internacionalmente como sitio Ramsar 783.

Las principales demandas de la Asociación incluyen:

  • La nulidad de la ley por falta de sustento técnico y por vulnerar principios de conservación.

  • Investigación de funcionarios responsables de omitir y manipular informes ambientales.

  • Medidas urgentes para garantizar la protección del sitio Ramsar y de las personas defensoras ambientales en la región.

Documentos clave que sustentan la denuncia

📄 Informe del Tribunal Ambiental Administrativo (2011):
La finca conocida como Puket, ubicada dentro del área estatal del REGAMA, fue inspeccionada y se documentó una serie de alteraciones ambientales —tala, canales de drenaje, fraccionamiento de terreno— sobre un área de 9.1 hectáreas. El informe confirma que el terreno presenta características de bosque húmedo y humedal, reforzando su valor como patrimonio natural, y anticipa un posible cambio de uso del suelo encubierto bajo prácticas irregulares.

📄 Informe jurídico del SINAC (2019):
El documento SINAC-ACTO-AL-55-2019 expone las irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 9223: falta de expediente técnico válido, eliminación deliberada de recomendaciones técnicas, y omisión de criterios ambientales fundamentales. Además, evidencia que más de 200 permisos de uso han sido emitidos en áreas excluidas del REGAMA, sin controles ni criterios ambientales claros.

📄 Oficio TAA 0-361-2023:
El Tribunal Ambiental Administrativo, en respuesta a una solicitud de seguimiento, confirma que la finca Puket sigue en situación de impacto ambiental y que el informe técnico original (2011) permanece sin formalización en los expedientes. Esta falta de trazabilidad institucional revela un patrón de desatención frente a denuncias ambientales reiteradas.

¿De qué se trata la Ley 9223?

La Ley 9223, titulada oficialmente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, fue promulgada con el objetivo aparente de regularizar la situación jurídica de las personas que habitan en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), particularmente en el Caribe Sur de Costa Rica. Se justificó como una medida para proteger los derechos de habitantes afrodescendientes y otros pobladores históricamente asentados en la región, quienes enfrentaban inseguridad jurídica debido a la superposición de sus viviendas y territorios con una zona protegida declarada como área silvestre protegida.

No obstante, diversas investigaciones, denuncias y documentos oficiales han revelado múltiples irregularidades en el proceso de aprobación de esta ley. Entre los principales cuestionamientos destacan:

  1. Ausencia de estudios técnicos adecuados para justificar la desafectación de 406 hectáreas del área protegida, incluyendo más de 200 hectáreas de bosque, algunas en excelente estado de conservación.
  2. Violación de principios ambientales fundamentales, como el principio precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad.
  3. Modificaciones en el contenido técnico del informe del SINAC, eliminando recomendaciones y conclusiones críticas que desaconsejaban la exclusión de áreas boscosas y costeras.
  4. Otorgamiento de más de 200 permisos municipales en la zona desafectada, incluso durante el proceso de acción de inconstitucionalidad, sin garantías ambientales ni técnicas.
  5. Exclusión de terrenos estratégicos como el del antiguo Hotel Las Palmas-Hotel Suerre, que había sido recuperado por el Estado tras largos procesos judiciales, pero que fue eliminado del REGAMA sin justificación clara.

Además, los informes técnicos señalaban que la desafectación incluía zonas de humedal, bosque anegado y áreas con gran valor ecológico, sin que se hubieran aplicado estudios de impacto ambiental adecuados ni se valorara la funcionalidad ecológica de los ecosistemas implicados. Esto ha generado un serio riesgo de degradación ambiental del Sitio Ramsar 783, afectando directamente la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado.

En resumen, la Ley 9223 ha sido ampliamente denunciada por ambientalistas y organizaciones sociales como una normativa hecha a la medida de intereses inmobiliarios y turísticos, y no como una respuesta real a las necesidades de las comunidades históricas del Caribe Sur. Diversos sectores han solicitado su nulidad total por fraude, omisiones técnicas y violaciones legales, especialmente en lo que respecta a la protección del ambiente y la gestión de áreas silvestres protegidas.

Una vigilancia que evidencia el vacío institucional

Más que llevar el caso a instancias nacionales, el esfuerzo sostenido de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y de su presidente Marco Levy Virgo ha permitido visibilizar las incongruencias institucionales, la incapacidad de dar seguimiento efectivo a las denuncias y la forma en que muchos casos se cierran sin responder a la evidencia. Desde 2017, han documentado omisiones, contradicciones y negligencias que ponen en entredicho el cumplimiento del marco legal ambiental. Su labor no solo denuncia, sino que obliga a las instituciones a enfrentar el espejo de su inacción y a reconocer el papel fundamental de la vigilancia comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

Participación ambiental como garantía de lo común

La sistemática documentación de omisiones, contradicciones y negligencias que ha realizado la Asociación para el Desarrollo de la Ecología revela algo más profundo que un simple fallo administrativo: evidencia una institucionalidad ambiental que, en muchos casos, no logra cumplir con sus propias obligaciones de protección, seguimiento y cumplimiento. Frente a ello, el acompañamiento comunitario y la participación informada se convierten en pilares fundamentales no solo para denunciar, sino para sostener la legalidad ambiental desde las comunidades.

La vigilancia ejercida por las comunidades no es solo un ejercicio de denuncia, es una forma activa de cuidado colectivo de los bienes comunes. Cuando las instituciones no llegan, retroceden o desatienden, son las voces locales las que mantienen viva la defensa del patrimonio natural. Reconocer y fortalecer estos procesos es clave para asegurar que el marco legal ambiental no quede en papel, sino que se traduzca en acción, protección y justicia ecológica.

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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

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Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.
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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

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El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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El aeropuerto que pretende enterrar la memoria

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“Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”

Rodrigo Chaves Robles

 

Evaluación arqueológica del proyecto Aeropuerto Internacional del Sur

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), anunció la conclusión satisfactoria de la evaluación arqueológica en el área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur, en Palmar Sur de Osa. El estudio abarcó 131,5 hectáreas en cuatro fincas, tuvo un costo de $560.000 USD, y se desarrolló entre marzo y noviembre de 2024, con recursos aportados por COCESNA y supervisión de la Dirección General de Aviación Civil.

El proceso fue liderado por un equipo del Departamento de Antropología e Historia del MNCR, con participación de personal contratado localmente, lo que, según el MCJ, aseguró la inclusión comunitaria. La Comisión Arqueológica Nacional aprobó el informe final presentado por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa, lo que habilita la continuidad del proyecto aeroportuario.

El estudio consistió en más de 2.750 pozos de prueba y análisis de laboratorio. Si bien se determinó la ausencia de arquitectura monumental, se identificaron zonas con alta densidad de restos cerámicos y líticos en las fincas 9 y 10, que datan del periodo Chiriquí (800–1550 d.C.). Se recomienda realizar excavaciones de rescate en esas áreas, así como supervisar los movimientos de tierra durante la construcción y redefinir los polígonos arqueológicos existentes.

El informe también sugiere continuar investigaciones para comprender mejor la ocupación histórica del delta, y considera necesario evaluar el posible impacto sobre el sitio declarado Patrimonio Mundial en Finca 6. Este aspecto será abordado en una futura evaluación de impacto patrimonial.

El MCJ y el INDER iniciaron una devolución de resultados a la comunidad, incluyendo encuentros con pobladores locales, instituciones y organizaciones comunales. Se anunció que el rescate arqueológico se ejecutará en el primer trimestre de 2026, y que próximamente se iniciarán estudios ambientales, geológicos e hidráulicos como parte del desarrollo del Plan Maestro Aeroportuario.

Por qué debemos proteger los bienes comunes culturales más allá de la monumentalidad

En diversas regiones de América Latina, megaproyectos como represas, carreteras, complejos turísticos o aeropuertos se presentan como oportunidades de «desarrollo» sobre territorios considerados vacíos o subutilizados. Cuando estos espacios fueron habitados por pueblos indígenas hoy extintos, y no hay presencia de arquitectura monumental visible, se afirma que no hay obstáculos para intervenirlos. Esta afirmación, sin embargo, desconoce el valor de esos territorios como bienes comunes culturales: espacios donde persisten memorias colectivas, vínculos ancestrales con el paisaje y restos materiales e inmateriales de enorme significación.

La ausencia de arquitectura monumental no equivale a la ausencia de cultura. Y la extinción de un pueblo indígena no justifica la eliminación de su legado. Esta nota propone una reflexión crítica sobre el patrimonio arqueológico y cultural como parte de los bienes comunes, una categoría que interpela el modelo de desarrollo extractivo y mercantilizador del territorio, y que nos obliga a repensar el sentido de lo que compartimos como sociedad.

El paisaje como memoria: territorio, cultura y bien común

Para muchas culturas originarias de América Latina, el territorio es mucho más que un soporte físico para la vida. Es un espacio vivo, habitado por memorias, espíritus, historias, rutas, cantos y silencios. En este sentido, el territorio se convierte en paisaje cultural, una categoría reconocida por la UNESCO que permite pensar el valor del espacio más allá de la presencia de estructuras materiales visibles.

El paisaje cultural es, entonces, una expresión de los bienes comunes culturales: no se trata de una propiedad privada ni de un recurso a explotar, sino de una herencia compartida que se transmite entre generaciones. María Pesoa (2016) propone comprender estos paisajes como espacios donde la geografía y la historia se entrelazan, y donde la ausencia de arquitectura monumental no significa ausencia de significado.

En muchas ocasiones, los lugares que hoy parecen «vacíos» o sin valor arqueológico han sido antiguos centros ceremoniales, rutas de intercambio, zonas funerarias o escenarios de vida cotidiana. Desconocer esto es negar la posibilidad de construir una relación respetuosa y solidaria con la memoria territorial de quienes nos antecedieron.

Lo que permanece aunque no se vea: culturas extinguidas y legado vivo

Uno de los argumentos que más se repite para justificar la intervención sobre territorios con ocupación indígena antigua es que «ya no existe el pueblo». Sin embargo, esta afirmación ignora que la desaparición de una cultura como colectividad biológica no implica la desaparición de su legado. La tierra guarda rastros, silencios, marcas y memorias que no pertenecen a nadie en particular, pero que nos interpelan a todos como sociedad.

En este marco, el arqueólogo Rubén Schmidt Dias (2016) sostiene que el silencio patrimonial no es casual, sino que responde a una política de invisibilización. Reconocer un territorio como portador de bienes comunes culturales implica desafiar el paradigma del progreso lineal y abrir la posibilidad de una historia más diversa, donde las voces ausentes también tienen derecho a ser escuchadas.

La protección de estos territorios no debe depender de si hay una comunidad reclamante o de si se pueden monetizar sus vestigios. Debe partir del principio de responsabilidad ética hacia la memoria colectiva y del derecho de las generaciones futuras a conocer y valorar esa diversidad.

Normas, derechos y disputas sobre el valor de lo común

Diversos marcos normativos internacionales reconocen que el patrimonio cultural no se limita a lo visible ni a lo monumental. El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los Estados deben garantizar la protección del territorio, la memoria y la identidad como derechos colectivos.

Iván Merino Calle (2021) subraya que los bienes comunes culturales son aquellos que, aunque no estén bajo custodia de una comunidad viva, constituyen parte de la diversidad cultural de la humanidad y deben ser preservados como tales. Asimismo, un estudio de Levrand publicado por la Revista de Derecho Privado (2022), destaca que la propiedad privada no puede imponerse sobre el derecho colectivo a la memoria, sobre todo cuando se trata de bienes de interés histórico, arqueológico o simbólico.

La disputa no es sólo legal, sino profundamente política: ¿qué se considera valioso?, ¿qué merece ser conservado?, ¿qué intereses deciden el destino de un territorio que guarda rastros de la historia precolombina?

lo que no se ve también nos pertenece

Construir un aeropuerto sobre un territorio que fue habitado por una cultura ancestral —hoy sin herederos visibles, sin templos ni monumentos— es borrar una parte de la historia en silencio. Es actuar como si la memoria colectiva fuera un obstáculo para el desarrollo, y no una fuente de riqueza social y espiritual.

Los bienes comunes culturales nos invitan a pensar en lo compartido, en aquello que no se puede poseer individualmente pero que sostiene nuestra identidad colectiva. Son vestigios, paisajes, saberes, nombres antiguos, cantos olvidados y formas de habitar que desafían la lógica del mercado. Defenderlos no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad con la memoria y de compromiso con el futuro.

¿Solo lo monumental merece ser protegido? Crítica al sesgo y alternativas emergentes

El criterio de monumentalidad ha sido durante décadas un filtro excluyente en las políticas de conservación patrimonial. Bajo esta lógica, solo aquellos restos visibles, imponentes y duraderos —como pirámides, templos o esculturas en piedra— han sido considerados valiosos, mientras que los contextos culturales sin esas características han sido catalogados como secundarios o descartables. Esta visión ha justificado la omisión institucional y el avance de megaproyectos sobre sitios de enorme valor simbólico e histórico.

Sin embargo, este enfoque está siendo crecientemente cuestionado. Diversos sectores de la arqueología contemporánea, la antropología crítica y la gestión cultural comunitaria sostienen que el patrimonio no puede reducirse a lo monumental ni a lo visible. La noción de arqueología del paisaje, por ejemplo, propone estudiar el territorio como una totalidad habitada y transformada por las culturas humanas, integrando rutas, campos agrícolas, depósitos de desechos, marcadores rituales y prácticas cotidianas que no dejan huellas espectaculares, pero que son profundamente significativas.

Asimismo, las perspectivas decoloniales han problematizado cómo el monumentalismo reproduce jerarquías civilizatorias, privilegiando aquellas culturas que se parecen más al canon arquitectónico europeo, y relegando otras formas de conocimiento, espiritualidad y organización espacial. En esta línea, se propone valorar también el patrimonio inmaterial y las relaciones socioecológicas con el entorno: saberes sobre plantas, animales, aguas, técnicas de construcción no permanentes y cosmologías territoriales.

Estas nuevas aproximaciones coinciden en rechazar una visión del patrimonio como inventario de objetos y proponen, en cambio, entenderlo como un campo de relaciones sociales, políticas y simbólicas. Bajo este paradigma, los bienes comunes culturales no se limitan a lo que puede ser expuesto en un museo o declarado como monumento nacional, sino que incluyen también lo intangible, lo cotidiano, lo desplazado, lo olvidado.

El desafío, entonces, es doble: desmontar los criterios de exclusión que han operado bajo el ropaje de la “técnica”, y construir marcos de reconocimiento que valoren la diversidad de formas culturales sin jerarquías coloniales. Solo así será posible avanzar hacia una protección del patrimonio que sea realmente democrática, participativa y respetuosa de los territorios como espacios de memoria viva.

Criterios para valorar territorios como bienes comunes culturales (más allá de lo monumental)

  1. Vínculo simbólico y espiritual con el paisaje
    • Reconocer los territorios donde existieron prácticas ceremoniales, narrativas míticas, lugares sagrados o hitos espirituales, aunque no haya estructuras visibles.
    • Valoración basada en significados culturales, no en formas arquitectónicas.
  2. Persistencia de toponimias y oralidades locales
    • Rescatar el valor patrimonial de los nombres de lugares, relatos y memorias transmitidas oralmente.
    • Las toponimias pueden ser huellas vivas de antiguas territorialidades indígenas.
  3. Rastro arqueológico no monumental (microcontextos)
    • Incluir sitios con evidencias dispersas como fragmentos cerámicos, fogones, herramientas, estructuras de uso cotidiano o basureros prehispánicos.
    • Estos elementos permiten reconstruir modos de vida no centrados en la monumentalidad.
  4. Relaciones ecosistémicas históricas (patrimonio biocultural)
    • Identificar la gestión ancestral del territorio a través de terrazas agrícolas, canales, diversidad genética de cultivos o prácticas de manejo del agua.
    • Integra la dimensión ecológica como parte del legado cultural.
  5. Existencia de rutas, senderos y usos ancestrales del espacio
    • Reconocimiento de caminos ceremoniales, rutas de intercambio o corredores rituales invisibilizados por el paradigma urbanístico moderno.
    • Su valor está en la función, no en la forma.
  6. Memoria colectiva y apropiación comunitaria actual
    • Aunque no haya una comunidad indígena originaria vigente, se puede valorar el sitio desde su importancia para la identidad, educación y conciencia histórica de comunidades locales actuales.
  7. Potencial de investigación y conocimiento
    • Los sitios con posibilidad de generar conocimiento sobre culturas poco estudiadas, aunque no tengan visibilidad monumental, deben protegerse por su valor científico y educativo.
  8. Representación de procesos históricos silenciados
    • Valor patrimonial de lugares vinculados con el genocidio indígena, desplazamientos, colonialismo o extinción cultural forzada.
    • Su conservación es un acto de reparación simbólica.
  9. Inclusión de voces locales y saberes situados
    • Las decisiones sobre el valor patrimonial no deben depender solo de peritajes técnicos, sino incluir las percepciones, memorias y afectos de actores territoriales.
  10. Principio precautorio
  • Ante la duda o el desconocimiento arqueológico, se debe aplicar el principio de precaución: mejor proteger y estudiar antes que destruir sin saber.

Estos criterios pueden ser utilizados para fundamentar denuncias ciudadanas, propuestas de políticas públicas, acciones de defensa del patrimonio o evaluaciones de impacto cultural y arqueológico. También ayudan a resignificar territorios invisibilizados como parte del tejido común de la memoria.

Bibliografía

Levrand, Norma  (2022). Intersecciones entre la propiedad privada y el derecho al patrimonio cultural: Dos casos de estudio en Argentina. Revista de Derecho Privado, 43, 129-160. https://www.redalyc.org/journal/4175/417572654006/

Merino Calle, I. (2021). El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas: bienes comunes ligados a la identidad de la comunidad. Cultura – Hombre – Sociedad, 30(2), 149-159. https://www.researchgate.net/publication/360395938

Ministerio de Cultura y Juventud. (2025, 4 de julio). Ministerio de Cultura y Juventud concluyó satisfactoriamente evaluación arqueológica del área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional el Sur. https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ministerio-de-cultura-y-juventud-concluyo-satisfactoriamente-evaluacion

Muñoz Solano, Daniela. (2023, 21 de febrero). Chaves sobre construcción de aeropuerto en zona patrimonial: “Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-sobre-construccion-de-aeropuerto-en-zona-patrimonial-que-ahi-pueda-haber-algo-no-es-justificacion-para-atrasar-por-mas-de-una-decada-el-progreso/

Pesoa, M. (2016). Paisajes culturales: Entre historia, geografía y proyecto. En G. Dalla-Corte, J. Ortega y M. Pesoa (Eds.), Iberoamérica, España, Cataluña: Intercambios desde la geografía y la historia (pp. 189-200). Casa América Catalunya / UNAM. https://www.researchgate.net/publication/310588670

Schmidt Dias, R. (2016). Patrimonio, memoria y silencio: El legado arqueológico indígena y la política de la invisibilidad en Brasil. Revista Journal of Community Archaeology & Heritage, 3(1), 27-42. https://doi.org/10.1080/20518196.2015.1127216

Créditos imágenes: Semanario Universidad

Mapa: Kioscos Socioambientales

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Convocatoria – Elecciones 2026: Curso-taller para leer críticamente las propuestas socioambientales

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¿Cómo se entrelazan los discursos democráticos con los conflictos territoriales? ¿Qué implicaciones tienen las elecciones del 2026 para las luchas ambientales y comunitarias?

En un contexto de creciente crisis socioecológica y de profundización de los conflictos socioambientales en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes lanza su nuevo curso-taller presencial: “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Esta iniciativa surge como parte de la propuesta más amplia “Democracia, tenemos que hablar…”, que busca abrir espacios de formación, reflexión colectiva y articulación política desde los territorios, en un momento de evidente erosión democrática.

🔍 ¿Por qué este curso-taller?

A pesar de que Costa Rica se proyecta internacionalmente como una democracia sólida y ambientalmente ejemplar, muchas comunidades enfrentan exclusión en la toma de decisiones y sufren las consecuencias de políticas que favorecen la mercantilización del ambiente y los territorios. Ante esto, urge construir herramientas colectivas para desmontar las narrativas dominantes y fortalecer las capacidades de análisis frente a las elecciones de 2026.

El curso-taller propone un enfoque desde la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña, reconociendo los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, y la acción colectiva como horizonte para la transformación social.

🎯 Objetivos del curso

  • Fortalecer las capacidades de acompañamiento comunitario desde una mirada crítica de los procesos educativos y políticos.

  • Sensibilizar sobre el valor de las prácticas cotidianas construidas en los territorios como parte esencial de la resistencia.

  • Reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la participación, el conocimiento situado y las luchas por la transformación social.

🗓️ Fechas y contenidos

Cada sesión abordará una temática clave para comprender el vínculo entre política, territorio y propuestas electorales:

Democracia en disputa – 8 de agosto

El desarrollo como dogma – 15 de agosto

Política ambiental dominante – 22 de agosto

Protesta social y criminalización – 29 de agosto

Elecciones 2026 y lectura crítica de propuestas socioambientales – 5 de septiembre

🕘 Todas las sesiones serán de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Universidad de Costa Rica, San Pedro.

📌 Es necesario asistir a todas las sesiones para completar el proceso.

👥 ¿A quién va dirigido?

El curso está abierto al público general, con especial interés en personas que forman parte de organizaciones, colectivos sociales, culturales y políticos. Queremos construir un espacio donde se encuentren saberes, trayectorias y estrategias diversas para defender el bien común.

Pueden descargar el documento de convocatoria aquí.