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Opinión histórica de la Corte IDH: El cambio climático también es un asunto de derechos humanos

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Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva que establece, de forma contundente, que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas frente a la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Se trata de la Opinión Consultiva OC-32/25, solicitada por Chile y Colombia, y adoptada el pasado 29 de mayo de 2025.

¿Por qué es tan importante esta resolución?

Porque convierte el cambio climático en un asunto jurídico que exige acción estatal urgente, equitativa y con enfoque de justicia social. La Corte interpreta por primera vez cómo los derechos humanos —como el derecho a la vida, salud, agua, vivienda, participación y medio ambiente sano— deben ser protegidos en el contexto del colapso climático.

No se trata de una opinión simbólica. Es un hito en el derecho internacional, que puede transformar políticas públicas, marcos legislativos y litigios climáticos en toda América Latina y el Caribe.

Puntos clave de la Opinión OC-32/25

Reconocimiento del derecho a un clima sano como parte del derecho a un ambiente sano, y su relación directa con la protección de la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la cultura y la participación.

El deber reforzado de los Estados de prevenir daños ambientales irreversibles, bajo estándares de debida diligencia, protección intergeneracional y equidad climática.

Los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, rurales, insulares, niñez y personas defensoras del ambiente son reconocidos como sujetos de protección diferenciada.

El principio pro persona y el enfoque interseccional deben guiar toda política climática nacional e internacional.

La Corte afirma que el derecho a defender los derechos humanos incluye la defensa del ambiente, y exige que los Estados protejan a quienes realizan esta labor.

Un llamado al compromiso urgente

La Corte deja claro que ningún Estado puede seguir posponiendo la acción climática. La omisión también es responsabilidad. Desde ahora, los Estados de América deben garantizar que sus planes climáticos estén alineados con sus obligaciones en derechos humanos.

Esta opinión no solo refuerza el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París, sino que ofrece una herramienta jurídica poderosa para que comunidades, movimientos y defensoras del territorio exijan justicia climática con base en el derecho interamericano.

¿Cómo podemos usar esta Opinión?

Como base para impulsar reformas legales y constitucionales.

Para exigir planes climáticos ambiciosos y con justicia social.

Para acompañar litigios climáticos y acciones de defensa ambiental.

Para fortalecer la protección de quienes defienden la vida, los ríos, los bosques y la soberanía alimentaria.

Esta resolución debe ser leída, compartida y exigida. En un contexto de crisis climática, la defensa de los derechos humanos pasa por proteger la vida en todas sus formas. Esta Opinión Consultiva es una brújula para quienes construyen justicia ambiental y democracia desde los territorios.

“El derecho a un clima sano no es una utopía: es un derecho exigible, aquí y ahora.”

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué implica esta Opinión para Costa Rica?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Su función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como el Pacto de San José).

Además de resolver casos contenciosos entre personas y Estados, la Corte puede emitir opiniones consultivas, que son interpretaciones jurídicas solicitadas por los Estados o instituciones del sistema interamericano. Estas opiniones son vinculantes en su contenido interpretativo y orientan a todos los países de la región sobre cómo deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

¿Por qué esto importa para Costa Rica?

Costa Rica:

Es Estado Parte de la Convención Americana desde 1970.
Reconoce la competencia de la Corte IDH desde su creación.
Aloja la sede de la Corte y ha sido uno de sus impulsores históricos.

La Opinión Consultiva OC-32/25 obliga al Estado costarricense a revisar sus políticas climáticas, normativas ambientales, planes de ordenamiento territorial y mecanismos de participación, para asegurar que estén alineados con los estándares de derechos humanos.

Esto implica, por ejemplo:

Garantizar transparencia y acceso a información climática.

Reconocer y proteger los derechos de comunidades en riesgo.

Prevenir daños ambientales irreversibles mediante una debida diligencia reforzada.

Promover participación real y efectiva, incluyendo a pueblos indígenas y comunidades rurales.

En síntesis, esta opinión no es simbólica: es un mandato jurídico y político que Costa Rica debe atender activamente.

Bienes comunes y justicia climática: una lectura desde la Opinión de la Corte

La emergencia climática no es solo una crisis ambiental, es una crisis de modelo. En el fondo, pone en disputa la forma en que se organizan los bienes comunes: agua, aire, bosques, biodiversidad, clima. La Opinión OC-32/25 de la Corte Interamericana es clara al respecto: los Estados deben proteger la Naturaleza no solo como recurso, sino como sujeto de derechos.

Esto desafía el modelo de desarrollo dominante, basado en la explotación ilimitada de territorios, cuerpos y ecosistemas. Reconocer que el clima, el agua o la biodiversidad son bienes comunes implica cambiar la relación entre las personas, el Estado y el entorno.

¿Qué aporta esta Opinión a esa reflexión?

  • Afirma que el derecho a un ambiente sano incluye la protección del sistema climático global.

  • Reconoce el principio de justicia intergeneracional, señalando que los Estados deben proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

  • Declara la naturaleza de jus cogens (norma imperativa) de la obligación de no causar daños irreversibles al ambiente.

  • Abre el camino para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, algo que comunidades indígenas han defendido desde hace siglos.

Entonces, ¿qué significa defender los bienes comunes hoy?

Significa defender el derecho a vivir, decidir y cuidar colectivamente lo que hace posible la vida. Significa que las políticas climáticas no pueden seguir dictadas por intereses privados, sino por criterios de justicia ecológica y social. Esta Opinión fortalece las luchas que, desde abajo, ya lo vienen diciendo: no hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza.

“Frente a un planeta en llamas, proteger los bienes comunes es una acción radicalmente democrática.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado un precedente histórico al emitir la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que afirma que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas para enfrentar la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Esta infografía presenta los principales elementos de esta decisión: qué implica, a quién protege, qué responsabilidades genera para países como Costa Rica, y por qué representa un paso crucial hacia la justicia climática en nuestra región. Porque el clima, la vida y los derechos humanos están profundamente entrelazados.

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📌 Consulta el texto completo aquí:
🔗 Opinión Consultiva OC-32/25 – Corte IDH
📌 Resumen de preguntas planteadas por Chile y Colombia:
🔗 Solicitud original

Nota web: Amnistía Internacional. (4 de julio de 2025). Corte Interamericana marca un hito en la lucha por la justicia climática en el mundo [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/07/corte-idh-marca-hito-en-la-lucha-por-justicia-climatica/

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Dignidad Indígena en Resistencia: El Legado de Presbere y Saldaña

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El Colectivo Antonio Saldaña, con profundo respeto por la historia viva de los pueblos indígenas de Talamanca, participó este sábado 5 de julio en una conmemoración en honor a dos figuras fundamentales de la resistencia indígena en Costa Rica: Pablu Presbere y Antonio Saldaña. Más que una evocación del pasado, esta actividad es un llamado a reconocer la memoria como fuerza política, como herramienta de lucha y como raíz viva de los pueblos que siguen defendiendo su existencia con dignidad.

Presbere y Saldaña no son solo nombres en la historia. Son rostros de una resistencia que no ha sido derrotada. Presbere, líder de la rebelión indígena de Talamanca en 1709- 1710, se levantó contra el sistema de misiones y el poder colonial español que pretendía someter a los pueblos a la evangelización forzada, al despojo cultural y a la militarización de los territorios. Su captura, tortura y ejecución pública buscaban enviar un mensaje de escarmiento, pero su gesta se convirtió en símbolo de la defensa de la autonomía, de la espiritualidad propia y del derecho a decidir cómo habitar la tierra.

Antonio Saldaña, último rey bribri, asesinado en 1910, resistió un nuevo ciclo de colonización: el avance del Estado-nación costarricense y el poder de las compañías bananeras, que con alianzas políticas e intereses extranjeros pretendían absorber el territorio indígena para sus proyectos económicos. Saldaña no fue una figura folklórica ni decorativa: fue un articulador político, un líder que tejió alianzas y defendió la continuidad de su pueblo frente al empuje del capital y la lógica republicana que negaba la existencia de otras formas de gobierno y de vida.

Ambos líderes encarnan historias de lucha, pero también denuncian un silencio: el silencio impuesto por los discursos oficiales de la historia, por un sistema educativo que celebra a Juan Santamaría o Juan Rafael Mora, pero oculta sistemáticamente a quienes resistieron el colonialismo y el despojo en sus múltiples formas. Esta invisibilización no es casual: responde a un proyecto de país que sigue sin reconocer a sus pueblos originarios como sujetos políticos, territoriales y culturales con derechos plenos.

La memoria colectiva, entonces, no es un ejercicio nostálgico ni una pieza de museo. Es un acto de justicia y de lucha. Recordar a Presbere y Saldaña es recuperar claves para entender el presente: la continuidad del racismo estructural, el despojo territorial, la criminalización de defensores indígenas, el abandono estatal y la resistencia diaria de quienes defienden sus ríos, sus montañas, su lengua y su forma de vida. Es también una crítica a la idea de progreso que sigue negando el valor de lo indígena, de lo comunal, de lo no blanco, de lo no occidental.

Por ello, desde el Colectivo Antonio Saldaña se propone declarar el 4 de julio como Día de la Resistencia Indígena en Costa Rica. Se solicita al Ministerio de Educación Pública la inclusión de las gestas de Presbere y Saldaña en los programas de estudio, así como la elaboración de materiales didácticos interculturales que permitan a niñas, niños y jóvenes conocer las raíces de un país que no nació homogéneo ni mestizo, sino profundamente diverso. También se plantea al Ministerio de Cultura y Juventud la creación de réplicas del Museo de Talamanca en los territorios indígenas, para que sean los propios pueblos quienes cuenten su historia desde sus voces, símbolos y lenguajes.

Reivindicar estas memorias es romper con siglos de ocultamiento. Es descolonizar la historia y abrir camino hacia una sociedad donde la justicia y la dignidad no dependan del origen, el idioma o la espiritualidad. Que Pablu Presbere y Antonio Saldaña no sean más héroes silenciados, sino semillas vivas de una resistencia que florece en la defensa del territorio, la cultura y la vida misma.

Autonomía, memoria y territorio: el camino que seguimos caminando

Cerrar esta conmemoración no es poner punto final, sino reafirmar un compromiso. En contextos marcados por el racismo, la exclusión estructural y el despojo sistemático, la organización autónoma de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un acto de resistencia profunda. Es en esa autonomía donde florece la fuerza para defender el territorio, cuidar la memoria colectiva y construir caminos propios hacia la vida digna.

En ese horizonte se inscribe la labor del Colectivo Antonio Saldaña, que desde Talamanca impulsa procesos de revitalización cultural, denuncia del olvido histórico e incidencia política con perspectiva comunitaria. A través de su accionar, el colectivo no solo mantiene viva la memoria de líderes como Presbere y Saldaña, sino que actualiza su legado en la defensa cotidiana de los derechos territoriales, la autonomía organizativa y la dignidad de los pueblos.

Este colectivo es ejemplo de cómo la memoria no se queda en la nostalgia, sino que se vuelve herramienta para disputar sentidos, abrir espacios y sembrar futuros. Es desde abajo, desde los territorios, donde se están escribiendo las páginas más honestas de transformación social en nuestro país.

Honramos hoy no solo a quienes resistieron hace siglos, sino a quienes siguen resistiendo con sabiduría, coraje y propuesta. Que este ejercicio de conmemoración se multiplique en acciones, alianzas y políticas que reconozcan lo que por justicia corresponde: el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su porvenir.

Porque sin autonomía, no hay justicia. Sin memoria, no hay futuro. Y sin territorio, no hay vida.

¿Qué entendemos por resistencia indígena? Una mirada desde Abya Yala

Hablar de resistencia indígena en América Latina y el Caribe no es solo mirar al pasado: es reconocer una lucha continua, profunda y diversa contra la colonización, el racismo y el despojo. Desde el primer momento en que los pueblos originarios enfrentaron la invasión europea, comenzó un proceso de defensa de sus territorios, culturas, lenguas, cosmovisiones y formas de vida.

En muchos casos, como en Talamanca, la resistencia no fue derrotada. Se transformó, se replegó, se expresó en rebeliones abiertas como las de Pablu Presbere o en procesos políticos como los liderados por Antonio Saldaña. Pero también continúa en las luchas actuales por el derecho a la tierra, la autonomía, el acceso a la educación y la salud desde perspectivas propias, y la preservación de la madre tierra frente al extractivismo y el neoliberalismo.

 

Desde el altiplano andino hasta la selva amazónica, desde el Caribe afroindígena hasta el Cono Sur, los pueblos originarios han tejido una resistencia viva que no se limita a sobrevivir, sino que propone otras formas de habitar el mundo. Hoy, en tiempos de crisis climática, colapso social y despojo territorial, su palabra y su lucha se vuelven aún más urgentes para todos los pueblos.

Reconocer esta historia en Costa Rica —a través de figuras como Presbere y Saldaña es también reconocernos como parte de una memoria colectiva de lucha anticolonial, que no ha terminado y que sigue llamándonos a defender la vida con dignidad.

Referencias:

Solórzano Fonseca, Juan Carlos. (2011). La rebelión de los indígenas bajo la dirección de Pablo Presbere (Talamanca 170S-1710). Cuadernos de Antropología, (21), 1–38.

 Universidad de Costa Rica. https://doi.org/10.15517/c.a.v0i21.5482

Díaz Arias, David, C Solórzano Fonseca, Juan Carlos. (s.f.). Conquista, colonización y resistencia indígena en Costa Rica. Universidad de Costa Rica.

Galería

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
Pablo-Presbere

Presente vivo, memoria que lucha: conmemoramos a Pablo Presbere y Antonio Saldaña

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Esta nota fue elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña, como parte de los esfuerzos por mantener viva la memoria, el legado y las luchas de nuestros líderes y lideresas ancestrales.
Porque resistir también es recordar, escribir y compartir desde nuestras voces.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Día de Pablu Presbere, símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos originarios.

“Para el pueblo bribri, no es un aniversario lo que celebramos. Es nuestra forma de vivir. Es memoria en acción, cada día, cada río, cada palabra que guardamos.”

En el corazón del territorio, seguimos caminando con el legado de nuestros grandes líderes: Pablo Presbere y Antonio Saldaña, quienes hasta hoy, siguen retumbando como símbolo de resistencia y compromiso con la vida. No los recordamos sólo por lo que hicieron, sino por lo que somos gracias a ellos.

Para muchos de nosotros, este territorio sigue siendo un paraíso natural. Vivimos dentro de un tesoro que heredamos y cuidamos porque nuestros ancestros lucharon por él. Ese legado no está en los libros, ni en papeles; está en la montaña, en los ríos, en la medicina, en las casas, en la comida, en el idioma… en todo lo que es nuestro y que aún respiramos.

Conmemoramos a Pablo Presbere no como una fecha aislada, sino como un acto continuo de resistencia y amor. Su lucha permitió que las generaciones actuales vivamos con más dignidad, con menos miedo y con más raíz.

No es fácil explicarlo, porque no es una historia que se dice: es un sentimiento que se vive todos los días. Porque para nosotros, no basta con predicar; lo que importa es accionar. Y accionar es cuidar la memoria, guardar la cultura, proteger el idioma, fortalecer los clanes, y mantener viva la esencia bribri.

Por eso existe el Colectivo Antonio Saldaña: como un espacio para seguir tejiendo esa memoria viva. Desde nuestros territorios, acompañamos procesos comunitarios, fortalecemos el conocimiento ancestral y defendemos la dignidad del pueblo bribri frente a las amenazas del olvido, la discriminación y la imposición cultural. Nuestra labor no es académica ni institucional: es espiritual, política y comunitaria. Nos mueve el compromiso con nuestras raíces y con las generaciones que vienen.

A través de encuentros, caminatas, reflexiones colectivas y acciones de defensa territorial, el colectivo busca mantener encendida la llama de lo que somos. Cada actividad es un acto de resistencia. Cada palabra en bribri, cada historia recuperada, cada joven que decide caminar con orgullo su identidad, es parte de esa lucha. No trabajamos solos: caminamos con los mayores, con las mujeres sabias, con los niños y niñas, con quienes sueñan un territorio libre y pleno. Porque la memoria no se hereda por sangre, sino por acción colectiva.

El legado de lucha no se hereda en papeles, sino en actos

El sistema que nos rodea ha tratado de borrar este legado. Nos dicen que el idioma bribri no sirve para encontrar trabajo, que nuestras medicinas no tienen valor, que nuestras formas de vida son atraso. Nos enseñan a olvidar. Pero nosotros sabemos que no es casualidad: es parte de un sistema que busca nuestra desaparición cultural.

Hoy, no hay balas ni cadenas como en el pasado, pero hay una muerte lenta: al idioma, a la identidad, a la medicina, a la educación propia. Lo sentimos cuando a las personas jóvenes les cuesta mantener el idioma. Cuando se nos dice que el buen vivir bribri, ya no sirve. Cuando se nos empuja a abandonar nuestras formas de conocimiento por otras impuestas.

Resistencia cotidiana, memoria para cuatro generaciones

En la tradición bribri, existe una norma profunda: cada generación tiene el deber de guardar, cuidar y conservar para su cuarta generación. Lo que hoy hacemos no es para nosotros, es para quienes vendrán. Nuestros abuelos lo hicieron por nosotros. Hoy, nos toca a nosotros hacerlo también.

Por eso, seguimos luchando. Contra el olvido. Contra las empresas. Contra instituciones públicas que no reconocen nuestra existencia. Seguimos luchando para que nuestras raíces no se corten.

Celebramos porque vivimos

El día de Pablo Presbere no es una efeméride más. Es una reafirmación de vida. Un acto político y espiritual. Es recordar que no somos un pueblo vencido. Que seguimos aquí, sembrando memoria, cuidando el territorio, hablando nuestro idioma, resistiendo con dignidad.

Gracias a quienes acompañan esta lucha. Gracias a quienes nos ayudan a escribir, a quienes escuchan. Este camino no es fácil, pero está lleno de sentido. Y como decimos entre nosotros:

“No tenemos todo escrito, pero sí lo guardamos en la memoria.”

Educación sin memoria propia: ¿cuál historia estamos enseñando?

Hablar del legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña no es sólo recordar el pasado: es exigir que su historia sea contada desde nuestra propia voz, desde la cosmovisión bribri y no como una «versión alternativa» dentro de los márgenes del sistema educativo nacional.

Cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) reduce nuestras memorias a un párrafo en los libros o las convierte en un relato exótico dentro de un temario oficial, lo que está haciendo es reproducir el colonialismo epistemológico. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde dónde se dice.

La historia de Pablo Presbere, por ejemplo, suele contarse desde una visión nacionalista y oficialista, donde se le reconoce como un “líder indígena rebelde”, pero sin profundizar en su rol como defensor del territorio, la espiritualidad bribri y el derecho a la autodeterminación. Es una historia despolitizada, neutralizada, vaciada de su raíz.

Esto fortalece formas sutiles (y no tan sutiles) de racismo y colonialismo, porque le dice a la niñez y juventud indígena que su forma de ver el mundo no tiene lugar en la escuela.

Que su idioma, sus luchas y sus memorias no son ciencia ni historia, sino «cultura», algo menor, anecdótico.

El resultado es una fractura profunda entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario, entre la historia enseñada y la historia vivida. Esa ruptura alimenta el desarraigo, el olvido y, en última instancia, la desaparición de formas de vida que han sostenido estos territorios por siglos.

Por eso, no basta con nombrar a Pablo Presbere en el currículo escolar. Lo urgente es transformar la educación pública para que reconozca y respete las memorias desde dentro, no como añadidos, sino como parte del corazón mismo de lo que entendemos por conocimiento, historia y dignidad.

La memoria no es un favor. Es un derecho. Y su negación es otra forma de violencia colonial.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Finca pendiente de traspaso en el Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural

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Esta nota informativa se elabora gracias al seguimiento constante y las labores de incidencia desarrolladas por el ciudadano Marco Levy Virgo, quien ha ejercido su derecho a la participación y al control ciudadano para exigir la protección efectiva del Patrimonio Natural del Estado en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

¿Qué es el Parque Nacional Braulio Carrillo?
El Parque Nacional Braulio Carrillo es una de las joyas naturales más importantes de Costa Rica. Se extiende entre la Cordillera Volcánica Central y las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47 mil hectáreas de bosques húmedos, montañas, ríos y una biodiversidad excepcional. Este parque protege ecosistemas clave para el equilibrio ecológico del país, incluyendo zonas de captación de agua, corredores biológicos y hábitats de especies endémicas y amenazadas. Desde su creación, ha estado bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y es parte de la red de Áreas Silvestres Protegidas administradas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

¿Qué está ocurriendo?

En el sector del Cerro Chompipe, dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se encuentra la finca 4-156766. Esta propiedad cuenta con cobertura boscosa y, por tanto, califica como Patrimonio Natural del Estado bajo el artículo 13 de la Ley Forestal (N.º 7575). Sin embargo, aún aparece inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo que contradice una resolución de la Sala Constitucional (2023-017109), que ordenó su inscripción a nombre del Estado.

Aunque el SINAC solicitó formalmente el traspaso desde julio de 2024, la municipalidad no ha realizado el trámite registral. Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación sobre el destino de la finca y la eficacia de la institucionalidad ambiental para garantizar la protección de los bienes comunes naturales.

 ¿Por qué es grave esta dilación?

La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su tutela sobre la finca, dejando espacio a posibles intervenciones ilegales, uso indebido del terreno o gestión inconsulta. La ausencia de seguridad jurídica sobre la titularidad del bien debilita los mecanismos de control, planificación y vigilancia por parte del MINAE, y obstaculiza la implementación de medidas efectivas de conservación.

Además, ya se ha reportado la presencia de cámaras trampa y posibles acciones de amojonamiento no autorizadas en la finca. Si bien el MINAE negó haber otorgado permisos para tales actividades y anunció una prevención administrativa contra el alcalde de San Rafael de Heredia, estas acciones revelan cómo la indefinición institucional puede abrir brechas para el uso indebido de áreas protegidas.

Acciones ciudadanas por la transparencia

Frente a esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, presentó una solicitud formal al MINAE (oficio AEL-00272-2025) exigiendo un cronograma detallado con responsables y fechas para completar el traspaso, aplicar sanciones en caso de actividades no autorizadas y asegurar el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional.

La solicitud también enfatiza la necesidad de remitir informes trimestrales —con acceso público— sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos, tal como lo exige la resolución judicial.

Una ciudadanía vigilante en defensa del patrimonio natural

Este caso evidencia los límites de la voluntad institucional y la necesidad de una ciudadanía activa. La vigilancia ciudadana, expresada mediante solicitudes formales, denuncias públicas y seguimiento a los compromisos del Estado, es un componente clave en la defensa de los bienes comunes. Gracias a esta presión, el tema ha sido mantenido en la agenda pública y ha obligado a las autoridades a pronunciarse.

Mientras el traspaso sigue sin concretarse, la finca 4-156766 continúa en una especie de limbo legal, con riesgos latentes para su integridad ambiental. En contextos donde los intereses políticos, municipales o privados pueden entrar en conflicto con los principios de conservación, la acción ciudadana es vital para asegurar que la protección ambiental no sea solo un discurso, sino una práctica respaldada por hechos concretos y oportunos.

Crédito imagenes: Semanario Universidad.

Sobre las fuentes
Esta nota informativa se elaboró a partir del análisis de los siguientes documentos oficiales:

Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025, emitido el 25 de junio de 2025 por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), firmado por el Ministro Franz Tattenbach Capra. Este oficio responde a una solicitud presentada por José Francisco Alfaro Carvajal, de la organización CONCEVERDE, respecto a la situación de la finca 4-156766.

Oficio AEL-00272-2025, presentado el 1 de julio de 2025 por el ciudadano Marco Levy Virgo, en representación de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología. Este documento solicita al MINAE un cronograma detallado con responsables y plazos para el cumplimiento de las acciones comprometidas en el oficio anterior, además de exigir medidas de transparencia y vigilancia efectiva.

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Tejiendo comunidad desde los bienes comunes de Grecia

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Entre marzo y mayo del 2025, el Observatorio de Bienes Comunes acompañó un proceso de diagnóstico participativo en el cantón de Grecia, convocado por el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote. Este proceso no fue un simple levantamiento de información, sino una construcción colectiva que integró la memoria, la identidad, la organización comunitaria y la defensa del territorio.

El diagnóstico partió de una premisa sencilla pero poderosa: los bienes comunes no son solo recursos, sino relaciones. Agua, cultura, conocimiento, espacios públicos, biodiversidad… todo aquello que sostiene la vida comunitaria requiere cuidado, acción compartida y vínculos vivos. A lo largo de talleres, encuentros y dinámicas participativas, se identificaron no solo los principales bienes del cantón, sino también los desafíos, las prácticas que los sostienen y las oportunidades para fortalecer el tejido colectivo.

Este ejercicio permitió visibilizar los rostros múltiples del bien común: desde la historia del Puente de Piedra hasta la gestión de las ASADA de San Roque, desde la creatividad como motor organizativo hasta la urgencia de fortalecer la participación intergeneracional. Lo documentado en estos boletines constituye una herramienta valiosa para quienes desean comprender, cuidar y transformar su territorio.

Hallazgos relevantes del diagnóstico participativo:

El diagnóstico participativo permitió construir una lectura compartida del territorio a partir de múltiples voces, experiencias y prácticas. Lejos de ofrecer un listado estático de problemas o recursos, los boletines y encuentros revelaron un tejido vivo: tensionado por desafíos estructurales, pero también sostenido por redes de acción, memoria y creatividad comunitaria. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes agrupados en seis dimensiones:

1. Los bienes comunes: múltiples, entrelazados y significativos

  • Los bienes comunes en Grecia no se reducen a los recursos naturales; también incluyen espacios sociales, expresiones culturales, memorias colectivas y relaciones organizativas.

  • El agua, en sus diversas formas (ríos, nacientes, cuencas), ocupa un lugar central como bien vital, simbólico y organizativo.

  • Elementos como el Puente de Piedra, el bosque Los Chorros, el Parque Central, las mascaradas, las ferias del agricultor o la historia del Ingenio Victoria son parte de un entramado cultural que define el sentido de pertenencia e identidad local.

2. Prácticas comunitarias: sostén y expresión de lo común

  • El diagnóstico mostró que los bienes comunes no existen sin prácticas que los sostengan: celebraciones, limpiezas de ríos, reforestaciones, caminatas, talleres, narraciones orales, entre otras.

  • Las acciones cotidianas como sembrar, cuidar, compartir o enseñar son formas de resistencia y construcción de comunidad.

  • Las prácticas fortalecen los vínculos intergeneracionales y permiten transmitir saberes, valores y afectos asociados al territorio.

3. Desafíos estructurales persistentes

  • La contaminación de ríos (especialmente el Tacares y el Agualote), el manejo inadecuado de residuos y las quemas agrícolas fueron identificadas como amenazas urgentes a los bienes naturales.

  • El debilitamiento del tejido comunitario se manifiesta en la baja participación en organizaciones, la fragmentación de esfuerzos y el agotamiento de liderazgos.

  • Se visibilizó una brecha entre la planificación institucional y las realidades comunitarias, así como limitaciones en el acompañamiento técnico, la asignación de recursos y la continuidad de proyectos.

4. Tensiones y oportunidades en la participación intergeneracional

  • Se reconoce el potencial transformador de las juventudes, especialmente cuando se les ofrece formación, acompañamiento y espacios de decisión.

  • Las personas adultas mayores aportan memoria, experiencia y compromiso, pero a menudo no se les brinda el espacio ni el reconocimiento suficiente.

  • Las actividades que integraron personas de distintas edades (como la feria final, las limpiezas o las reforestaciones) fueron altamente valoradas como experiencias formativas y afectivas.

5. Creatividad comunitaria como herramienta organizativa

  • La creatividad emergió como un recurso clave: no solo para “hacer bonito”, sino para resolver problemas, convocar, comunicar y sostener vínculos.

  • Dinámicas como el sociodrama, la feria comunitaria o la metáfora de la “tela de araña” ayudaron a comprender de forma vivencial la importancia de la acción colectiva.

  • La comunicación fue resignificada como una práctica política y emocional que construye comunidad desde el modo en que se comparten las historias.

6. Necesidad de articulación y visión estratégica

  • La fragmentación entre actores y la falta de continuidad en proyectos fueron señaladas como obstáculos para avanzar hacia transformaciones sostenibles.

  • El diagnóstico reveló que muchas acciones ya están ocurriendo, pero de forma aislada o sin conexión entre sí.

  • Se identificó la necesidad de una mayor articulación entre organizaciones comunitarias, instituciones públicas, centros educativos y sector privado, así como la importancia de planificar con visión territorial e intersectorial.

Este balance no pretende cerrar la conversación, sino abrir caminos para continuarla. Cada hallazgo es también una invitación a imaginar nuevas formas de defender y recrear los bienes comunes desde el compromiso cotidiano, el pensamiento crítico y la acción compartida.

A continuación, les compartimos una síntesis de cada boletín producido durante este diagnóstico. Les invitamos a explorarlos, compartirlos y, sobre todo, a seguir tejiendo comunidad.
Boletín 1 (15 de marzo 2025): Los bienes de nuestro cantón

Este boletín nos invita a mirar a Grecia desde una lente amplia: naturaleza, cultura y vida social se entrelazan en ríos, parques, ferias, iglesias, tradiciones, deportes y espacios comunitarios. Se destacan tanto los bienes materiales como los inmateriales, reconociendo su importancia para el bienestar colectivo. También se abordan los desafíos del cantón, como la urbanización, la contaminación y la pérdida de memoria cultural. Una lectura que nos recuerda que los bienes comunes son el alma viva del territorio.

Puedes descargar el boletín aquí

Boletín 2 (15 de marzo 2025): Prácticas y vínculos

Aquí se profundiza en las prácticas sociales y culturales que sostienen los bienes comunes: celebraciones, trabajos colectivos, rituales, memoria oral, luchas territoriales. Se reconoce que no basta con nombrar los bienes: hay que vivirlos, cuidarlos, practicarlos. El boletín destaca experiencias concretas de acompañamiento comunitario a bienes culturales y naturales, y propone pensar la acción colectiva como una forma de resistencia y creación de futuro.

Puedes descargar el boletín aquí

 

Boletín 3 (26 de abril 2025): La tela de araña

Este boletín recoge la potente metáfora de la “tela de araña” para mostrar cómo cada acción individual fortalece (o debilita) el tejido común. Se analizan preocupaciones como la apatía, la desconexión y la pérdida del sentido de pertenencia, pero también emergen estrategias: educación ambiental, campañas comunitarias, mapas territoriales, comités intergeneracionales. La lectura es una invitación a reorganizarnos, compartir tareas y reconstruir los lazos que sostienen lo colectivo.

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Boletín 4 (24 de mayo 2025): Creatividad para organizar

La creatividad aparece aquí como fuerza organizativa. Desde videos y sociodramas hasta afiches y ferias, el taller exploró cómo crear también es una forma de tejer comunidad. Se reconoce el valor de todos los saberes (no solo los “técnicos”) y se destaca la improvisación, la escucha y la comunicación como elementos vitales para construir desde lo diverso. Un boletín que inspira a imaginar nuevas formas de participación y a comunicar con sentido.

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Voces que narran el territorio: productos comunicativos

Los boletines del diagnóstico permitieron documentar reflexiones, aprendizajes y acciones que surgieron a lo largo del proceso. Sin embargo, parte fundamental de esta experiencia fue también abrir espacios para que las voces del territorio se escucharan en formatos accesibles y creativos. A partir de este espíritu, surgieron dos productos comunicativos que complementan y amplifican los hallazgos del diagnóstico: un episodio del podcast Sentirse Saberes y un material audiovisual sobre la experiencia de la Asada de San Roque, donde líderes comunales, organizaciones ambientales y actores clave comparten sus vivencias, preocupaciones y esperanzas sobre el presente y el futuro de Grecia. A continuación, presentamos una síntesis de estos materiales, que invitan a seguir construyendo memoria y acción desde la palabra hablada.

Grecia, mucho más que zonas francas: voces ciudadanas en acción

En este episodio especial de Sentirse Saberes,  dialogamos con liderazgos comunitarios, representantes ambientales y académicos de Grecia sobre los procesos de cambio que vive el territorio. A partir del diagnóstico participativo, el episodio aborda temas fundamentales como el impacto de las zonas francas, la pérdida de identidad local, la fragmentación del tejido social y la emergencia de nuevas formas de participación, especialmente desde la juventud y las organizaciones de base. También se profundiza en el trabajo del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote y en el papel de la educación ambiental para sembrar conciencia. Una conversación honesta y esperanzadora que recoge las tensiones, aprendizajes y propuestas que están marcando el presente y futuro del cantón.

La experiencia de la ASADA de San Roque

En este episodio de Sentirse Saberes, visitamos la comunidad de San Roque en Grecia para conocer de cerca el trabajo de la ASADA local, una organización comunal ejemplar en la gestión del recurso hídrico en Costa Rica. A través de una conversación cercana y reflexiva, se exploran los orígenes de la ASADA, sus estrategias para proteger las nacientes, su articulación con otros actores del cantón y los múltiples retos que enfrentan ante el crecimiento urbano y la presión sobre las fuentes de agua. Este episodio pone en valor el esfuerzo cotidiano de personas que, desde lo local, sostienen el derecho al agua como bien común, y nos invita a reconocer el rol de las comunidades como defensoras de la vida.

Jornadas de acción: del diagnóstico a la práctica viva

A lo largo de los boletines, el diagnóstico participativo permitió identificar los bienes comunes más significativos de Grecia, reflexionar sobre las prácticas que los sostienen y visibilizar los desafíos que enfrentan. Pero más allá de las palabras, este proceso se nutrió también de acciones concretas que pusieron en práctica los aprendizajes colectivos. Como parte del mismo, se realizaron jornadas comunitarias que expresaron en el territorio —con manos, herramientas y afecto— la voluntad de cuidado compartido. Tanto la limpieza del río Tacares como la reforestación en el Agualote y San Roque fueron experiencias que entrelazaron conocimiento, compromiso y esperanza, mostrando que el diagnóstico no se quedó en el análisis, sino que se transformó en acto y en comunidad.

Jornada de reforestación en el río Agualote (20 de junio 2025): Sembrar árboles, sembrar futuro

El pasado 20 de junio, la ribera del río Agualote se llenó de manos, palas, árboles y esperanza. Personas voluntarias de todas las edades se reunieron para reforestar zonas estratégicas, proteger las nacientes y fortalecer el abastecimiento hídrico gestionado por la ASADA de San Roque. Esta jornada, además de ser un acto ecológico, fue una experiencia educativa e intergeneracional, donde se compartieron saberes sobre cuencas, agroquímicos, monocultivo y gestión sostenible del territorio.

La reforestación no se limitó a sembrar árboles: sembró también conciencia, vínculos, liderazgo y compromiso. Fue un recordatorio de que cuidar el agua comienza por cuidar el bosque. Y que sin árboles no hay nacientes, sin nacientes no hay agua, y sin agua no hay comunidad. Esta actividad mostró cómo la acción comunitaria, cuando es acompañada de educación y articulación institucional, se convierte en una fuerza transformadora para el presente y el futuro de los bienes comunes.

Jornada de limpieza en el río Tacares (10 de mayo 2025): Cuidar el río es cuidar la vida

La contaminación es visible, pero también transformable. Así lo demostró la jornada de limpieza en el río Tacares, donde estudiantes, organizaciones locales, representantes institucionales y ciudadanía se unieron en un esfuerzo conjunto por devolverle dignidad a uno de los cauces más importantes del cantón. Coordinada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente y Zona Franca Evolution, la actividad recogió toneladas de desechos —desde llantas y muebles hasta botellas y loza sanitaria—, dejando claro que el problema va más allá de la basura: toca nuestras prácticas, nuestras políticas y nuestra conciencia ambiental.

Esta acción fue también un aula abierta: en el acto de limpiar, se generaron aprendizajes, reflexiones y vínculos entre generaciones y sectores. Más que una actividad aislada, fue un gesto de ciudadanía activa y un llamado urgente a repensar la gestión de residuos en Costa Rica. El río habló, y quienes se acercaron a escucharlo encontraron no solo contaminación, sino también la posibilidad de una transformación colectiva.

Feria de cierre: saberes compartidos y comunidad en movimiento

Como cierre del proceso de diagnóstico participativo, se llevó a cabo una feria comunitaria que reunió a organizaciones, instituciones, estudiantes y vecinas del cantón en un espacio de aprendizaje mutuo y diálogo abierto. Esta actividad, realizada en junio de 2025, fue mucho más que un evento informativo: fue una celebración del conocimiento colectivo y del compromiso con el territorio.

Durante la jornada, se ofrecieron diversas charlas temáticas:

  • 🔍 Una charla sobre macroinvertebrados a cargo de estudiantes de la carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico de la UCR, que conectó el conocimiento científico con la observación directa del río.

  • 🐾 Una charla sobre vida silvestre ofrecida por FUNDEMA, que despertó curiosidad y admiración por la fauna local.

  • ♻️ Una charla sobre reciclaje de residuos sólidos con EcoGrecia, enfocada en la separación adecuada y el consumo responsable.

  • 💻 Una charla de residuos electrónicos organizada por la ADI de Raicero, que llamó la atención sobre el impacto de nuestros dispositivos cotidianos.

  • 🛠️ Una charla sobre servicios municipales de reciclaje y residuos no tradicionales, facilitada por el Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote.

Más de 100 personas participaron en la feria, en su mayoría vecinas y vecinos de distintas edades. La recepción fue muy positiva: hubo sorpresa, interés genuino, intercambio de saberes y hasta personas que compartieron experiencias propias, enriqueciendo las dinámicas.

Uno de los aspectos más valiosos fue el cruce espontáneo entre espacios: quienes daban una charla también asistían a las otras, rompiendo jerarquías entre “expositoras” y “participantes” y creando un ambiente horizontal y colaborativo. La feria no solo cerró el diagnóstico, sino que abrió nuevas posibilidades de articulación entre actores diversos.
Tejer comunidad, transformar el territorio

El diagnóstico participativo de bienes comunes en Grecia fue, ante todo, un espacio de encuentro. Un ejercicio colectivo para mirar el territorio con otros ojos, reconocer sus riquezas y desafíos, y repensar nuestras formas de organizarnos, cuidar y habitar. A través de talleres, recorridos, ferias, dinámicas y acciones concretas como limpiezas y reforestaciones, este proceso demostró que la participación no es un concepto abstracto, sino una práctica viva que se alimenta de compromiso, memoria, creatividad y escucha.

Desde la metáfora de la “tela de araña” hasta la siembra de árboles y el arte de comunicar con afecto, este diagnóstico nos recordó que los bienes comunes no son solo el agua, el bosque, la cultura o los espacios públicos: son también los vínculos que los sostienen. Y que esos vínculos se tejen en la acción cotidiana, en el juego, en la conversación, en la fiesta y en la lucha.

La creatividad, en este sentido, no fue un adorno: fue una herramienta para imaginar otros futuros posibles. Desde un sociodrama hasta una feria comunitaria, desde una limpieza de río hasta un taller de improvisación, cada momento del proceso puso en práctica la convicción de que el cambio comienza cuando las personas se encuentran, se reconocen y se organizan.

Este diagnóstico no cierra con un documento, sino con una invitación: a seguir tejiendo comunidad, a sumar manos, a cuidar lo que es de todas y todos. Porque el territorio se transforma no solo desde los planes, sino desde las prácticas que lo hacen vivir.

Agradecimientos

Desde el Observatorio de Bienes Comunes expresamos nuestro profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones que hicieron posible el desarrollo del Diagnóstico Participativo de Bienes Comunes en Grecia.

En particular, agradecemos a la empresa PANDUIT, por facilitar generosamente sus instalaciones para la realización de varias de las sesiones de trabajo. Este gesto no solo brindó condiciones logísticas adecuadas, sino que también reflejó una disposición activa a colaborar con iniciativas comunitarias orientadas al bien común.

Reconocemos con especial gratitud a la Carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Recinto de Tacares de la Universidad de Costa Rica, por su participación entusiasta, sus aportes técnicos y su compromiso formativo. La presencia de estudiantes, docentes y personal académico aportó rigurosidad, dinamismo y sentido de pertenencia al proceso.

Finalmente, extendemos un reconocimiento fundamental al Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, por su papel articulador, su liderazgo territorial y su incansable labor de gestión. Gracias a su acompañamiento comprometido fue posible convocar actores diversos, sostener las sesiones y realizar acciones concretas en el territorio.

Este diagnóstico fue posible gracias a la colaboración entre múltiples manos, saberes y voluntades. A todas y todos: gracias por tejer comunidad con nosotras y nosotros.

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Universidad para la vida en tiempos de Congreso: leer la realidad, transformar el presente

with No Comment NOTICIASPARTICIPACIÓNReflexión

En el marco del Congreso Universitario que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica, desde el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra queremos sumar nuestra voz con una convicción firme: la universidad pública no puede seguir alejada de los dolores, desafíos y esperanzas del país real.

Durante los últimos años, desde este Observatorio hemos acompañado procesos de investigación, reflexión y acción pedagógica que interpelan directamente el papel de las universidades públicas. Lo hemos hecho no desde la teoría abstracta, sino desde el territorio, desde las luchas de comunidades por la defensa del agua, la tierra, la educación y la vida.

Inspirados en pensadores y experiencias profundamente comprometidas como las de Ignacio Ellacuría, Carlos Rodrigues Brandão, Miguel Escobar Guerrero y Merary Beatriz Vieyra Carmona, hemos defendido una universidad que no sea neutral ni funcional al poder, sino enraizada en el presente histórico que habitamos, crítica de sus propias estructuras, y capaz de sembrar esperanza en tiempos de incertidumbre.

¿Qué universidad soñamos?
Una universidad que:

  • Lea la realidad con ojos críticos y afectivos, reconociendo las desigualdades, los silencios y las resistencias que atraviesan nuestras aulas y comunidades.

  • Sea conciencia crítica del país, como proponía Ellacuría, poniéndose del lado de quienes enfrentan la injusticia estructural.

  • Forme personas comprometidas con la vida colectiva, y no solo profesionales para el mercado.

  • Valore los saberes populares, comunitarios y territoriales, y los integre en un diálogo horizontal con el conocimiento académico.

  • No tema incomodar al poder, y se atreva a decir la verdad, incluso cuando duela o resulte incómoda para los intereses hegemónicos.

📚 Desde nuestras publicaciones como “Universidades públicas: bienes de consumo o bienes para la vida”, “La universidad como fuerza transformadora” y “Leer la realidad en el aula”, hemos insistido en que la universidad debe dejar de reproducir privilegios y transformarse en una plataforma para la construcción colectiva de los bienes comunes sociales y culturales: el conocimiento, la justicia, la salud, el agua, la democracia, la educación misma.

Hoy más que nunca, la universidad pública enfrenta un contexto adverso: presiones neoliberales, desfinanciamiento, tecnocratización, y pérdida de sentido institucional. Frente a esto, el Congreso Universitario no puede convertirse en un mero trámite burocrático. Debe ser un momento de revisión ética y política sobre el papel de la UCR en la sociedad costarricense.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes decimos con claridad:
Otra universidad es posible. Pero sólo si está dispuesta a escucharse, incomodarse, y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.

En cada aula que se abre al conflicto, en cada docente que transforma su práctica, en cada estudiante que se atreve a preguntar desde la dignidad y el deseo de justicia, allí vive la universidad que defendemos.

Hoy, como ayer, seguimos sembrando universidad desde abajo. Con memoria, con cuerpo, con comunidad.

Descolonizar la universidad: el horizonte de la educación popular

Uno de los desafíos más profundos que enfrenta la universidad pública hoy es el de descolonizar sus estructuras, sus saberes y sus prácticas. Este no es un problema externo, ni únicamente epistemológico: es también político, histórico y ético. En contextos como el costarricense y latinoamericano, la universidad ha sido muchas veces una institución que, sin quererlo o defendiéndolo, reproduce lógicas de exclusión, jerarquías coloniales del saber y formas elitistas de entender el conocimiento.

Frente a esto, la educación popular aparece como una brújula transformadora. Inspirada en experiencias como las de Paulo Freire y reconfigurada por docentes, artistas y educadores/as comunitarios como Miguel Escobar Guerrero o Merary Vieyra, la educación popular rompe con la lógica bancaria, y propone una pedagogía situada, afectiva, colectiva y profundamente democrática.

En nuestras aulas y territorios, apostar por una educación popular en el ámbito universitario implica:

  • Reconocer que no todos los saberes están en los libros, ni todas las voces tienen el mismo acceso al aula.

  • Valorar la palabra que nace del cuerpo, del territorio y de la experiencia vivida.

  • Abandonar la neutralidad como excusa del privilegio, y tomar postura crítica ante las desigualdades estructurales.

  • Convertir el conflicto en materia pedagógica y la digna rabia en impulso transformador.

  • Leer el mundo no para explicarlo desde afuera, sino para transformarlo con quienes lo habitan y resisten.

Descolonizar la universidad también es romper con el mito de la universalidad del saber académico y abrirse a una pluralidad de conocimientos, memorias, lenguas, espiritualidades y formas de construir verdad.

Como plantea el cuaderno Leer la realidad en el aula, educar no es transmitir contenidos, es leer lo que duele, lo que sueña y lo que resiste. Y hacerlo desde una universidad que se atreva a incomodarse, a desaprender, y a construir con otros mundos posibles.

En este Congreso Universitario, urge que la UCR se mire críticamente y se atreva a caminar hacia una universidad verdaderamente popular, anticolonial y comprometida con los bienes comunes. La educación popular no es una metodología más: es una apuesta radical por otra forma de habitar la universidad.

Ignacio Ellacuría: rector comprometido con la verdad, la justicia y el pueblo

Hablar de transformación universitaria en América Latina exige recordar figuras que encarnaron en su práctica lo que hoy muchas universidades han olvidado. Uno de esos referentes es Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, filósofo jesuita, intelectual comprometido y mártir de la verdad. Su vida y muerte siguen siendo una interpelación profunda al sentido mismo de la universidad pública.

Ellacuría no entendía el cargo de rector como una posición de poder administrativo, sino como una responsabilidad ética y política frente al sufrimiento del pueblo. Desde la UCA, impulsó una universidad al servicio de la liberación, que no se limitara a investigar desde la distancia, sino que se involucrara con los conflictos sociales, los sectores excluidos y las luchas por la justicia.

📌 “La universidad debe encarnarse en los problemas del pueblo, ser voz de los sin voz”, decía.
Y no era un lema vacío: su rectoría se caracterizó por una toma de partido clara en defensa de los sectores oprimidos durante la guerra salvadoreña, aun a costa de su propia vida.

El 16 de noviembre de 1989, Ignacio Ellacuría fue asesinado por su compromiso inquebrantable con esa visión. Junto a otros cinco jesuitas y dos colaboradoras, fue ejecutado por el ejército salvadoreño en el campus universitario. Su sangre derramada no es un símbolo de derrota, sino un recordatorio de hasta dónde puede —y debe— llegar una autoridad universitaria cuando asume la verdad como horizonte y la justicia como deber.

Hoy, frente al vaciamiento político y ético de muchas rectorías, la figura de Ellacuría nos recuerda que la autoridad universitaria no se mide por cargos o diplomas, sino por la coherencia entre el pensamiento y la acción, entre el conocimiento y el compromiso.

Su legado es también una advertencia:
Cuando la universidad se desconecta del pueblo, traiciona su misión. Cuando se compromete con él, se vuelve peligrosa para los poderes que dominan.

Por eso, reivindicar a Ignacio Ellacuría no es un gesto de memoria, sino un llamado urgente a repensar qué autoridades necesita la UCR, qué liderazgo queremos construir y qué sentido profundo debe recuperar la universidad pública.

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Sembrar para cuidar el agua: Reforestación para fortalece conciencia ambiental en Grecia

with No Comment COMUNIDADES

El pasado 20 de junio, comunidades organizadas, personas voluntarias e instituciones públicas se dieron cita en Grecia, Alajuela, para llevar a cabo una jornada de reforestación en las inmediaciones del río Agualote y varias nacientes que abastecen el sistema de agua administrado por la ASADA de San Roque de Grecia. Esta actividad buscó proteger las fuentes de agua que sostienen la vida cotidiana de cientos de personas, en un contexto donde la presión sobre los recursos hídricos crece día a día.

La jornada no fue solo una acción ambiental, sino también una experiencia educativa y comunitaria. Participaron personas de diferentes edades, desde estudiantes hasta personas adultas mayores, quienes sembraron árboles nativos en zonas estratégicas para la recuperación del bosque ribereño y la protección del suelo.

¿Qué está pasando?

Los cuerpos de agua en Costa Rica enfrentan una situación crítica. En zonas densamente pobladas como la Gran Área Metropolitana, la mayoría de los ríos —entre ellos el María Aguilar, el Torres y el Virilla— presentan altos niveles de contaminación por aguas residuales, desechos sólidos, agroquímicos y metales pesados. Se estima que más del 70 % de las aguas residuales del país no reciben tratamiento adecuado, lo que contribuye a la degradación acelerada de los ecosistemas acuáticos y pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

A este escenario se suma una infraestructura sanitaria insuficiente y rezagos históricos en la planificación urbana. Muchas zonas carecen de redes de alcantarillado efectivas, y las plantas de tratamiento existentes no cubren toda la demanda ni operan a plena capacidad. La expansión urbana desordenada, la impermeabilización del suelo y la falta de protección efectiva de las zonas de recarga hídrica agravan la presión sobre los cuerpos de agua, que han sido reducidos, canalizados o convertidos en basureros invisibles.

Sin embargo, también emergen signos de esperanza. Organizaciones comunitarias, colectivos juveniles, instituciones educativas y algunas municipalidades están impulsando iniciativas de recuperación ecológica, educación ambiental y, especialmente, jornadas de reforestación en cuencas urbanas y periurbanas. Estas acciones no solo embellecen los paisajes, sino que cumplen un rol crucial en la protección de nacientes, la mejora de la infiltración del agua y la reducción de la erosión.  Para que estos esfuerzos florezcan y tengan un impacto sostenible, se requiere una acción articulada entre instituciones públicas, sociedad civil y sector privado que reconozca a los ríos y mantos acuíferos no como canales de desecho, sino como parte esencial del tejido ecológico, social y cultural de nuestras comunidades.

Reforestar para garantizar el agua

La reforestación es una de las estrategias más efectivas para la conservación del agua. Los árboles juegan un rol fundamental en la infiltración del agua en el suelo, previenen la erosión, ayudan a mantener la humedad del ecosistema y protegen las nacientes. Además, forman corredores biológicos que favorecen la biodiversidad y fortalecen la resiliencia ante el cambio climático.

En zonas como San Roque de Grecia, donde la gestión del agua recae en organizaciones comunitarias como las ASADAS, cuidar las cuencas hidrográficas es una responsabilidad compartida entre habitantes, instituciones públicas y actores locales. Sin árboles que protejan las nacientes, se pone en riesgo el abastecimiento presente y futuro del recurso más vital: el agua.

Educación ambiental para la acción colectiva

Durante la jornada, se compartieron saberes sobre la importancia ecológica de las zonas de recarga hídrica, los efectos del monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos en la calidad del agua, y la necesidad de recuperar paisajes productivos sostenibles. Así, la reforestación fue también un espacio de formación y encuentro intergeneracional.

Actividades como esta permiten sembrar conciencia, no solo árboles. Forman personas más comprometidas con su entorno, capaces de reconocer los vínculos entre la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades.

Articulación con desafíos

Uno de los aprendizajes de esta jornada es que la protección del agua requiere una articulación más sólida entre actores comunitarios, gobiernos locales, instituciones ambientales y educativas. Aunque existen esfuerzos importantes, aún hay desafíos en la asignación de recursos, la planificación territorial y el acompañamiento técnico.

En un contexto donde el cambio climático y la expansión urbana afectan cada vez más las fuentes de agua, fortalecer las capacidades locales y promover la participación social son pasos indispensables para garantizar el derecho al agua.

Te invitamos a ver este video que resume la jornada, los testimonios de quienes participaron y las reflexiones surgidas sobre el cuidado del agua y del bosque:

El Observatorio de Bienes Comunes participó en esta actividad por invitación del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, en el marco del proceso de reflexión del Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes de Grecia.

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El mar que avanza: Puerto Viejo pierde su zona pública costera

with No Comment Crisis climática

Durante décadas, los mojones han servido como referencia visual para identificar la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Costa Rica. En Puerto Viejo, Caribe Sur, estos hitos fueron colocados hace más de 40 años con el fin de señalar los límites de la zona pública: los primeros 50 metros desde la línea de pleamar ordinaria, donde está prohibido construir.

Hoy, sin embargo, el mar ha llegado hasta esos mojones. Lo que antes era zona pública —de uso común, libre y no concesionable— ha sido devorado por la marea. El avance del mar ha hecho desaparecer físicamente esa franja de protección costera, y pone en riesgo calles, árboles centenarios, negocios e infraestructuras que antes parecían seguras.

Puerto Viejo: mojones en la orilla, permisos sobre arena

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven —basado en observación directa, registros fotográficos y diálogo constante con actores locales— permite reconstruir con detalle cómo ha avanzado el mar en sectores clave de Puerto Viejo, y cómo las instituciones siguen actuando como si nada hubiera cambiado.

Uno de los ejemplos más evidentes es el de la zona frente a la discoteca Stanford: “Ahí había 50 metros de zona pública. El mar se los comió por completo”, señala Philippe. Hoy, donde antes había playa, el agua choca directamente contra las construcciones.

En Beach Break, Cocles, la situación es igual de crítica. Un sábado, recuerda Philippe, la marea llegó hasta tocar la carretera. La Municipalidad y JAPDEVA reaccionaron con urgencia para evitar que el mar se llevara la vía pública: “Pusieron rocas de metro y medio de diámetro para detener el avance del mar. Si no lo hacían, esa calle ya no existiría”.

Antes de llegar al centro de Puerto Viejo, se han colocado rocas en los dos puentes nuevos para evitar que el mar erosione sus bases. Justo frente a Salsa Brava, el bar-discoteca ha colocado sacos llenos de arena para intentar frenar el embate del mar, que sigue golpeando la base del edificio, ubicado en plena zona pública. La situación es tan crítica que solo queda esperar a que el mar vuelva a golpear la costa para ver cómo se lleva esos sacos.

El avance del mar también pone en entredicho la legalidad de nuevas construcciones. Philippe ha documentado casos en que se otorgan permisos pegados a los mojones, a pesar de que funcionarios públicos admiten —aunque a regañadientes— que estos hitos no son válidos para medir la zona pública. Sin embargo, se continúan utilizando “porque moverlos implicaría declarar ilegales muchas construcciones ya existentes”. Esta práctica contradice lo establecido por la Ley 6043, que indica que la medición debe hacerse desde la línea de pleamar ordinaria.

Esta omisión deliberada alimenta un ciclo de irregularidades. En palabras de Philippe: “Ya lo tienen planeado todo. Están construyendo pegados al mojón, a pesar que el nivel del mar sube y sube”. Con esto, Philippe no se refiere únicamente a una inundación repentina, sino al constante accionar del oleaje, que golpea con fuerza y va socavando el terreno. Es un proceso continuo en el que el mar sube y baja, pero sus efectos acumulativos debilitan progresivamente la franja costera, haciendo aún más evidente la irresponsabilidad de construir en esa zona.

Philippe ha sido testigo directo de cómo estas decisiones se implementan en la práctica. En una inspección reciente, observó la construcción de un negocio justo frente al mojón, sobre un terreno que está siendo alcanzado por el mar. Esta estructura es fácilmente identificable, pues se ubica detrás de la parada de buses.

En conversación con el encargado, la respuesta fue clara: ‘Los mojones no se van a cambiar’, ya que hacerlo implicaría reconocer la ilegalidad de muchas edificaciones. Aunque admitió que el Estado debería actualizar las mediciones, también reconoció que no lo hará, pues —como reflexiona Philippe— esto implicaría un cambio drástico en la planificación territorial y una escalada de expropiaciones.

Incluso cuando solicitó información al funcionario regional del MINAE sobre la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre, la respuesta se limitó a un resumen de la normativa vigente, sin ningún compromiso de actualización. Por el contrario, el funcionario aseguró que seguiría utilizando los mojones como referencia, aun sabiendo que esto contradice el marco legal.

A partir de sus monitoreos, un funcionario admitió informalmente que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria y no desde los mojones. Sin embargo, esta admisión no ha generado ningún cambio institucional. Aunque en esa franja de 50 metros está prohibido construir, Philippe ha denunciado muchas edificaciones. Por ello, a pesar del evidente avance del mar, los permisos continúan otorgándose como si la línea costera no se hubiera desplazado.

Un ejemplo de esta situación es que muchas edificaciones que hace 30 años estaban fuera de la zona pública, hoy se encuentran dentro de ella debido al avance del mar. En estos casos, no deberían permitirse mejoras ni intervenciones; por el contrario, deben dejarse sin uso hasta que colapsen, para luego ser retiradas y así devolver ese espacio a la zona pública.

Uno de los casos recientes denunciados por Philippe ocurre en la entrada de Puerto Viejo, donde se deforestó, rellenó y construyó parcialmente sobre un posible humedal. Pese a la denuncia formal, las obras continúan, y el mar ya amenaza la estabilidad de la estructura. Para Philippe, ese edificio debería ser demolido.

Ignorar estos cambios y seguir construyendo como si el mar no se moviera es profundizar un modelo insostenible y de alto riesgo tanto para las personas como para la naturaleza.

Cuando los mojones ya no marcan el límite, sino el daño

El monitoreo comunitario muestra que, en muchos sectores, la línea de pleamar actual ha alcanzado o superado los mojones colocados hace décadas. Esto significa que la franja de uso público se ha perdido por completo, y que en algunos tramos las construcciones están hoy donde antes rompían las olas. Esta omisión legal y técnica normaliza la ocupación ilegal de una zona que el mar ha recuperado, dejando a las comunidades sin la protección ambiental y territorial que garantiza la ley.

Proyecto Old Harbour: ¿Parque lineal o infraestructura en zona de riesgo?

Mientras la franja costera retrocede visiblemente en Puerto Viejo, distintos actores institucionales y privados impulsan propuestas para «recuperar» el espacio público. Una de ellas es el Parque Lineal del Arte y la Cultura, que plantea construir una senda peatonal, ciclo vía, zonas adoquinadas, mobiliario urbano, iluminación y espacios para ferias y eventos frente al mar.

Aunque se presenta como una apuesta por la cultura, recreación y seguridad, el proyecto omite una realidad central: buena parte del trazado previsto se encuentra en zonas que el mar ya ha alcanzado o donde la zona pública ha sido invadida por construcciones. Instalar infraestructura permanente en una franja en retroceso ignora el riesgo climático y podría reforzar un modelo de ocupación que acelera la pérdida del espacio común.

Tampoco se menciona la existencia ni los límites legales de la ZMT, ni cómo enfrentar el hecho de que los 50 metros de uso público —inalienables y no concesionables por ley— ya han sido tragados por el mar en varios puntos. El proyecto parece responder más a una lógica de embellecimiento urbano y atracción turística que a una estrategia de adaptación climática o justicia territorial.

Puerto Viejo no necesita más cemento en la playa. Necesita políticas que reconozcan la transformación del territorio, fortalezcan el monitoreo comunitario y protejan el derecho colectivo a habitar la costa sin quedar expuestos ni desplazados por el avance del mar ni por proyectos que lo ignoran.

¿Qué dice la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida en la Ley 6043 de 1977 como una franja de 200 metros de ancho a partir de la línea de pleamar ordinaria. Esta franja se divide en dos partes:

  • Zona pública (primeros 50 metros): inalienable, imprescriptible y de uso público. Está prohibido construir o concesionar.

  • Zona restringida (150 metros siguientes): puede ser concesionada bajo regulación municipal.

La ley establece que la medición debe hacerse desde la pleamar ordinaria, no desde mojones antiguos. Si el mar ha avanzado, la zona pública también se ha desplazado con él.

Cambio climático y retroceso costero

El aumento del nivel del mar, provocado por el cambio climático, está alterando drásticamente la línea costera. Este fenómeno responde a múltiples factores interrelacionados: el derretimiento de glaciares y capas de hielo, la expansión térmica de los océanos por el aumento de la temperatura global, y la intensificación de tormentas y marejadas. Además, el cambio en las corrientes oceánicas y en los patrones de viento y precipitación está modificando el comportamiento de las olas y la distribución de sedimentos, lo que acelera aún más la erosión costera. Todo esto impacta directamente en ecosistemas y comunidades que habitan zonas cada vez más vulnerables

Según el IPCC, el nivel medio del mar ha subido 20 cm desde 1900, y podría aumentar entre 0.43 y 0.84 metros para 2100. En el Caribe, estos efectos se agravan por la combinación de mareas, tormentas y degradación de ecosistemas. En Costa Rica, el IMN y el MINAE indican que el nivel del mar en la costa caribeña crece a un ritmo promedio de 2.4 mm por año, afectando infraestructura, ecosistemas y comunidades.

Una discusión urgente: ¿Cómo defender la zona pública cuando el mar no deja huella fija?

Puerto Viejo ilustra una tensión central de este tiempo: la ley garantiza una franja pública costera, pero la realidad climática la está haciendo desaparecer. Persistir en el uso de mojones obsoletos como base para otorgar permisos invisibiliza una transformación territorial profunda.

Es urgente revisar la forma en que se aplica la ley, actualizando las mediciones con base en la pleamar real y reconociendo el desplazamiento del mar. También se requiere acción estatal decidida para proteger las zonas públicas costeras y frenar su ocupación mediante permisos o concesiones irregulares.

Cuando el mar se lleva lo que es de todas y todos

El aumento del nivel del mar no es solo un fenómeno ambiental: es una transformación del territorio que afecta la vida de las comunidades. En Puerto Viejo, donde el acceso libre a la playa es parte de la identidad local y de la economía comunitaria, su desaparición representa una pérdida colectiva.

Aunque pueda parecer insignificante, un aumento del nivel del mar de apenas 1 centímetro puede tener efectos profundos, especialmente en zonas costeras frágiles como el Caribe Sur. No se trata solo del número, sino de lo que implica: al subir el mar, la línea costera se desplaza tierra adentro, lo que puede provocar inundaciones más frecuentes y salinización de fuentes de agua dulce.

Además, ese “pequeño” aumento eleva la base sobre la cual actúan las mareas, las tormentas y las olas, haciendo que los eventos extremos sean más destructivos. El mar también socava la costa desde abajo: arrastra la arena que sostiene las raíces de los árboles y las construcciones, desestabilizándolos. Poco a poco, lo que era tierra firme se convierte en playa y, más tarde, en mar abierto. Así, las construcciones y ecosistemas que antes estaban protegidos quedan expuestos, erosionados o directamente destruidos.

Esta erosión del espacio público ocurre tanto por causas naturales como por decisiones políticas que legalizan lo irregular y colocan intereses privados sobre el bien común. Cuando se otorgan permisos con base en mojones de hace 40 años, se colabora activamente en la privatización de lo público.

El desafío inmediato es adaptarse a un entorno cambiante y vulnerable. A mediano y largo plazo, la lucha será por el derecho a permanecer en el territorio sin ser desplazados bajo la excusa del «riesgo». También se debe exigir al Estado que regule el litoral con base en conocimiento actualizado, monitoreo comunitario y justicia territorial. No se trata solo de mover mojones, sino de reconocer que el mar ya lo hizo.

Puerto Viejo es una advertencia, pero también puede ser el punto de partida para repensar cómo defender lo que es de todas y todos: la playa, el territorio y el derecho a habitar la costa con dignidad.

Esta imagen fue tomada en Playa Negra, llegando al río Hone, donde ya no queda rastro de la tierra oscura: todo es arena ahora. Los árboles que antes crecían allí se han secado por completo. Es un ejemplo claro y doloroso del impacto del avance del mar —cuando el agua salada invade las raíces, la vida desaparece.
Galería de registros sobre la subida del nivel del mar en el Caribe Sur de Costa Rica (2013–2025)

Esta galería reúne una selección de registros fotográficos y audiovisuales realizados por Philippe Vangoidsenhoven, que documentan los impactos visibles del aumento del nivel del mar en la costa del Caribe Sur de Costa Rica, desde la desembocadura del río Hone en Playa Negra hasta el centro de Manzanillo. Entre 2013 y 2025, este monitoreo ha capturado los efectos progresivos de la erosión costera, la pérdida de playas, la caída de árboles, el colapso de infraestructura y otros signos del avance del mar sobre el territorio. Más allá de la evidencia visual, este archivo es testimonio de una realidad vivida por las comunidades costeras, que enfrentan con resiliencia y preocupación los desafíos del cambio climático y la transformación acelerada de su entorno.

Registro fotográfico 2013

Registro fotográfico 2014

Registro fotográfico y audiovisual 2015

Registro fotográfico 2016

Registro fotográfico 2017

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Playa Pa…..¿Defender el honor o silenciar la crítica?

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Playa Pa…

Perdón, no podemos terminar esa palabra. No porque no sepamos cómo se escribe, sino porque ahora mencionar cierto proyecto turístico del norte del país podría implicar una querella por difamación. Así que, para no correr riesgos, mejor nos referiremos a él como Playa Pa…, El Proyecto Innombrable o simplemente Él-que-no-debe-ser-nombrado.

Resulta que ahora opinar, criticar o simplemente preguntar en redes sociales podría salirle caro a quienes no tengan a mano un buen buffet de abogados. Cuatro creadores de contenido lo están aprendiendo por las malas, tras recibir querellas del megaproyecto turístico que, curiosamente, tiene más ganas de limpiar su imagen que las costas que quiere ocupar.

Bienvenidas y bienvenidos a la era de las SLAPP: esas acciones judiciales que no se usan para ganar juicios, sino para ganar silencios. Porque el punto no es demostrar que se tiene la razón, sino que nadie más se atreva a alzar la voz. Y si hay que lanzar unas cuantas demandas ejemplarizantes para lograrlo, pues se hace. Así, mientras las comunidades se preguntan quién defiende sus derechos, otros perfeccionan el arte de defender su «honor corporativo» en tribunales.

Silencio incómodo, ansiedad en redes, y autocensura colectiva: el nuevo paisaje turístico que se extiende más allá de las playas. Playa Pa… perdón, ya no podemos continuar esta oración.

Una mirada a las SLAPP en Costa Rica

En Costa Rica, cada vez con más frecuencia, personas que alzan la voz sobre temas de interés público —como la protección ambiental, el acceso al agua, el uso del territorio o los megaproyectos turísticos— enfrentan acciones judiciales bajo la figura de querellas por difamación o calumnias. Detrás de estos procesos, muchas veces se esconde un patrón más preocupante: el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar y censurar a quienes participan en la vida democrática con espíritu crítico.

Este fenómeno ha sido particularmente notorio en territorios de alta presión inmobiliaria, como las zonas costeras del Pacífico norte, donde comunidades, personas jóvenes y creadoras de contenido han comenzado a denunciar públicamente el avance de proyectos turísticos en territorios sensibles, sin información clara ni participación real. En estos lugares, donde el mar y la montaña todavía son bienes comunes, las alertas ciudadanas no siempre son bien recibidas por quienes tienen intereses comerciales en juego.

A nivel internacional, este fenómeno se conoce como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPP por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas demandas suelen ser interpuestas por actores con poder económico o político contra comunicadores, activistas, académicos, defensoras de derechos humanos o personas que usan redes sociales para hacer preguntas incómodas. El objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino desgastar emocional, social y económicamente a quienes cuestionan el poder.

Aunque en Costa Rica todavía no existe una legislación específica que reconozca y frene las SLAPP, los indicios son cada vez más claros: acciones judiciales contra personas que cuestionan concesiones en zonas costeras, denuncian posibles impactos ambientales, o simplemente expresan preocupación por la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. En algunos casos, lo que comienza como una pregunta legítima termina convertido en un proceso legal con implicaciones serias.

El riesgo de estas demandas no está solo en su desenlace, sino en su efecto paralizante. Cuando alguien recibe una notificación judicial por opinar sobre temas de interés público, muchas otras personas optan por callar. Es el fenómeno del “enfriamiento del discurso”: se instala el miedo a hablar, a exigir explicaciones, a ejercer el derecho a la crítica. Se pierde el debate público, se empobrece la democracia.

Las SLAPP suelen presentarse como una defensa del “honor” o del “buen nombre”, pero en la práctica limitan el derecho colectivo a cuestionar los proyectos que afectan al país. En lugar de abrir caminos al diálogo o al esclarecimiento de los hechos, buscan imponer el silencio mediante el peso de los tribunales. Especialmente preocupante es cuando se dirigen contra personas sin poder económico ni redes legales, que se expresan desde la comunidad, la experiencia vivida o el compromiso ambiental.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2024) o el Relator Especial de Naciones Unidas (2023) sobre la libertad de expresión ya han advertido sobre los efectos nocivos de estas prácticas. En distintas regiones del mundo —Europa, Estados Unidos, América Latina— se ha empezado a legislar para evitar que se abuse de las figuras de difamación y calumnia como forma de censura legal. Algunas reformas incluso permiten a los jueces desechar de forma anticipada las demandas que claramente buscan silenciar el debate público.

En Costa Rica, es momento de abrir esta conversación. ¿Cómo proteger a quienes alzan la voz desde las playas, los ríos, las montañas? ¿Cómo garantizar el derecho a denunciar sin que eso implique una amenaza legal? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a la judicialización de la participación ciudadana?

Defender el derecho a hablar, a preguntar y a exigir explicaciones no debería ser motivo de persecución. Por el contrario, es parte esencial de una sociedad democrática. Reconocer y prevenir las SLAPP no es solo una tarea legal, sino un compromiso ético con la libertad, la transparencia y la defensa de los territorios.

Desigualdad de poder: cuando el capital demanda y las comunidades resisten

Uno de los aspectos más alarmantes de las SLAPP es la enorme desigualdad de poder entre quienes las interponen y quienes las enfrentan. No se trata de simples disputas entre iguales, sino de un desequilibrio estructural en el que consorcios empresariales, grupos económicos o fondos de inversión con acceso privilegiado a abogados, medios y redes de influencia, activan mecanismos legales contra personas individuales, colectivos o comunidades que cuentan con recursos limitados y, en muchos casos, con escasa protección institucional.

Para una empresa transnacional o un fideicomiso inmobiliario, una querella puede ser una estrategia más dentro de su lógica operativa. Para una persona activista, una defensora ambiental o una creadora de contenido, puede significar el colapso emocional, financiero y reputacional. El solo hecho de recibir una demanda implica contratar abogados, asistir a audiencias, pagar costos judiciales, y cargar con la angustia de enfrentar un proceso penal sin las mismas garantías de resguardo que tiene el capital corporativo.

Además, esta desigualdad no es solo económica. Es también informativa y simbólica. Mientras los grandes capitales tienen capacidad para moldear la opinión pública a través de campañas, relaciones públicas o publicidad, las comunidades acceden a plataformas más modestas, como redes sociales, radios locales o intervenciones en espacios públicos. Pero incluso estos canales alternativos de expresión están siendo vigilados y, como vemos, judicializados.

En este contexto, las SLAPP se convierten en una forma de violencia estructural encubierta en procesos legales, donde el poder económico busca disciplinar la disidencia. A menudo, estas acciones van acompañadas de narrativas que acusan a las comunidades de “desinformar”, “atacar la inversión” o “frenar el desarrollo”, cuando en realidad lo que hacen es ejercer un derecho legítimo a cuestionar y a proteger los territorios y los bienes comunes.

La pregunta de fondo es: ¿puede haber verdadera democracia cuando la crítica se penaliza y cuando el acceso a la justicia está condicionado por el poder adquisitivo? Reconocer esta asimetría es clave para construir mecanismos que equilibren la balanza, garanticen el derecho a la participación pública y protejan a quienes defienden los intereses colectivos desde posiciones de vulnerabilidad.

En definitiva, la lucha contra las SLAPP no es solo un asunto jurídico, sino una defensa del derecho a la palabra en contextos de desigualdad. Y, como sociedad, no podemos permitir que el miedo a ser demandadas o demandados se convierta en una barrera para la acción colectiva.

Presiones económicas y políticas detrás de la no ratificación del Acuerdo de Escazú

Justamente en contextos como los denunciados —zonas costeras del Pacífico norte, afectadas por megaproyectos turísticos y presiones inmobiliarias— es donde el Acuerdo de Escazú hubiera significado una herramienta clave para proteger la participación ciudadana y el derecho a la información ambiental.

Sin embargo, sectores económicos y políticos con intereses vinculados a estos desarrollos presionaron para que Costa Rica no ratificara el tratado. La preocupación principal de estos actores radica en que Escazú exige una mayor transparencia, consulta previa y protección a las personas defensoras del ambiente, condiciones que pueden limitar la rapidez o facilidad con la que se ejecutan proyectos con gran impacto territorial.

Esta resistencia refleja un choque entre modelos de desarrollo económico basados en la concentración del poder y la opacidad, y la creciente demanda social por democracia ambiental, justicia y respeto a los derechos humanos.

La falta de ratificación de Escazú no solo es un obstáculo para quienes defienden sus territorios, sino también una señal clara de que el poder económico sigue teniendo una gran influencia en las decisiones políticas que afectan el derecho a la participación y a la protesta.

Es en este contexto donde cobran aún más relevancia las denuncias ciudadanas, y también la necesidad de contar con mecanismos efectivos para evitar que la judicialización —como sucede con las SLAPP— se convierta en una forma más de silenciar la crítica legítima.

El Acuerdo de Escazú y la urgencia de su aprobación en Costa Rica

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por países de América Latina y el Caribe en 2018, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente y la participación pública. Entre sus principales pilares están:

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El acceso a la información ambiental, para que cualquier persona conozca los proyectos y decisiones que afectan el territorio y el ambiente.

El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, asegurando procesos transparentes y justos.

La protección efectiva a las personas defensoras del ambiente, evitando agresiones, amenazas o judicializaciones injustas.

Costa Rica fue el país anfitrión donde se firmó el tratado, lo que dio esperanza a muchas comunidades y activistas comprometidos con la defensa de sus territorios. Sin embargo, a pesar de la importancia del Acuerdo, hasta la fecha el país no lo ha ratificado formalmente.

Esta falta de aprobación tiene implicaciones directas y preocupantes en casos como los denunciados en zonas costeras y territorios con conflictos socioambientales. Sin el marco del Acuerdo de Escazú, Costa Rica carece de obligaciones claras y mecanismos robustos para:

  • Prevenir que las SLAPP sean usadas como estrategia para amedrentar y silenciar a quienes denuncian impactos ambientales.
  • Proteger legal y materialmente a las personas defensoras de derechos ambientales, especialmente en contextos donde enfrentan poderosos intereses económicos.
  • Garantizar la transparencia y participación efectiva de la ciudadanía antes, durante y después de la aprobación de proyectos que afectan al medio ambiente.

En definitiva, la no ratificación de Escazú significa que Costa Rica se queda sin una herramienta internacional valiosa para fortalecer la democracia ambiental y proteger a quienes hacen uso legítimo de su derecho a la crítica y denuncia.

La comunidad nacional e internacional ha señalado la urgencia de que Costa Rica apruebe el Acuerdo, para que pueda contar con los estándares y compromisos necesarios que garanticen la seguridad, participación y acceso a la información ambiental para todas las personas.

Ratificar Escazú no es solo un acto formal: es un compromiso con la vida, la justicia ambiental y el derecho a la voz en defensa del territorio. Sin ese compromiso, quienes denuncian quedan más vulnerables ante las amenazas legales y la criminalización de la protesta.

Estándares internacionales y llamados a actuar

Lo que hoy enfrentan defensoras, creadores de contenido y comunidades organizadas en Costa Rica no es un fenómeno aislado ni inédito. En diversos países, la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre el uso creciente de demandas judiciales como herramienta para silenciar la participación pública. Frente a este patrón preocupante, se han comenzado a construir estándares legales y éticos que buscan frenar la judicialización de la crítica legítima.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que las SLAPP constituyen una forma de violencia estructural que amenaza el derecho a la libertad de expresión y a la participación democrática. En una audiencia pública celebrada en julio de 2023, la CIDH escuchó a organizaciones de toda América Latina que denunciaron el uso de querellas penales como forma de intimidación legal. A raíz de ello, se solicitó la elaboración de un informe temático y el desarrollo de estándares regionales contra este tipo de prácticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. En el caso Palácio vs. Ecuador (2020), reconoció que el uso reiterado de procesos judiciales contra personas que critican el poder constituye un abuso del sistema legal y una amenaza a la democracia. Esta jurisprudencia resulta especialmente relevante para países como Costa Rica, donde persisten figuras penales como la difamación y la calumnia, a menudo utilizadas en contextos de disputa territorial o ambiental.

A nivel global, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión ha advertido que las SLAPP socavan el debate público, desalientan la vigilancia ciudadana sobre el poder y refuerzan dinámicas de censura disfrazadas de litigio legítimo. En su informe de 2023, llamó a los Estados a adoptar mecanismos para desechar rápidamente este tipo de demandas y garantizar protección a quienes ejercen su derecho a expresarse.

Incluso en el contexto costarricense, casos como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa —condenado por difamación y posteriormente absuelto por la Corte IDH— han demostrado que el uso punitivo del derecho penal en materia de expresión no solo es incompatible con los estándares interamericanos, sino que tiene efectos nocivos sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estas referencias, lejos de ser abstractas o lejanas, ofrecen un marco concreto para comprender la gravedad del uso de SLAPP en nuestro país. Nos muestran que la defensa del derecho a la crítica no es un lujo, sino una obligación democrática. Y que frente al desequilibrio de poder entre quienes cuestionan y quienes tienen el poder económico para demandar, corresponde al Estado garantizar reglas claras, procesos justos y espacios seguros para que todas las voces puedan ser escuchadas sin miedo.

Referencias

ARTICLE 19 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Resumen de audiencia pública sobre SLAPP en América Latina (187º período de sesiones, 12 julio 2023). CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004, 2 de julio). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 107). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf

Corte IDH. (2020). Caso Palácio y otros vs. Ecuador: Derechos y garantías de libertad de expresión.

JURIST. (2009). Illegitimate restrictions on freedom of expression in Costa Rica. Recuperado de https://www.jurist.org/commentary/2009/12/costa-rica-illegitimate-restrictions-on/?utm_source=chatgpt.com

Media Defence y ARTICLE 19. (2022). SLAPPs en América Latina: análisis regional.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. (2021). Declaración conjunta sobre desestimiento sumario de demandas por difamación en asuntos públicos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp globalfreedomofexpression.columbia.edu+6policehumanrightsresources.org+6hchr.org.mx+6oas.org+13oas.org+13oas.org+13

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2023). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Recuperado de https://www.refworld.org/es/pdfid/5c6b33774.pdf ohchr.org+5refworld.org+5documents.un.org+5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos & Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2024). Informe anual sobre la libertad de expresión en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/IA2024_spa.pdf

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¿Qué significa organizarse por el derecho a la vivienda en una ciudad marcada por el desalojo y el desplazamiento?

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En esta entrevista conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, una organización autónoma y popular que lucha por vivienda segura, asequible y digna para todas y todos. Frente a un modelo que expulsa, encarece y despoja, el Sindicato articula a personas inquilinas para hacer frente al acoso de propietarios, resistir desalojos masivos y exigir cambios estructurales, como la revocatoria de leyes que favorecen la especulación.

Reflexionamos sobre los desafíos cotidianos de habitar Los Ángeles, sobre las formas de resistencia que surgen desde abajo y, especialmente, sobre el papel fundamental de la educación popular en la toma de conciencia, la construcción de comunidad y la organización colectiva.

Escuchemos esta experiencia que cruza acción directa, apoyo mutuo y lucha por justicia habitacional.

Si quieren conocer más les compartimos si sitio web: https://latenantsunion.org/es/

Vivienda, educación popular y bienes comunes: una lucha interconectada

La experiencia del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles no solo nos habla de una lucha por techo, sino de una defensa activa de la ciudad como bien común. Cuando el acceso a la vivienda se rige por las lógicas del mercado, el territorio se transforma en objeto de especulación y las personas son desplazadas para dar paso a proyectos de alto valor inmobiliario. Esta forma de extractivismo urbano convierte los barrios en mercancía y profundiza la desigualdad.

En este contexto, la organización inquilina se convierte en una forma de reapropiación del derecho a habitar y decidir sobre el entorno. La educación popular, entendida como práctica colectiva de concientización y construcción de poder, juega un papel clave: fortalece vínculos comunitarios, desenmascara las estructuras de opresión y abre caminos de resistencia.

La vivienda no es solo un bien individual, es parte de un entramado más amplio de bienes comunes urbanos que sostienen la vida: el barrio, el espacio público, el acceso a servicios, las redes de apoyo. Defender el derecho a la vivienda es también defender territorios para la vida, frente a un modelo urbano que expulsa y devasta.

Esta entrevista es testimonio de cómo las luchas por lo común, desde la base y con pedagogía crítica, abren horizontes de justicia y dignidad.