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Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

2004

2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.

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Nueva intervención en el río preocupa a Maquengal: ¿Se construye un nuevo plantel en el cauce del Río Frío?

Una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como el Paso, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad de Maquengal. Vecinas y vecinos denuncian que, a simple vista y con lógica evidente, lo que se estaría habilitando es un plantel de carga para el material que pretenden extraer en los alrededores de la vega del río.

En un video grabado el pasado 31 de julio, se documenta cómo una sola retroexcavadora removió una gran cantidad de material en apenas siete horas. La magnitud de la intervención y su velocidad preocupan, sobre todo por la ausencia de información clara.

La comunidad ha compartido también una fotografía comparativa del mismo sector tomada en abril de este año, en la que se aprecia un nivel de agua más extendido hacia la orilla, lo cual evidencia un impacto directo en el cauce: cambio en la geomorfología del río, aumento de factores erosivos para las márgenes del río y alteración del flujo natural del río. A esto se suma que, al aumentar la destrucción causada por la retroexcavadora, es más propenso que se venga la tierra falseada en las partes de la montaña, lo cual tendrá un impacto para las zonas bajas de Guatuso.

Estas acciones se suman a una larga lista de denuncias realizadas desde 2022 por el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, que ha insistido en la necesidad de suspender nuevas concesiones, realizar un diagnóstico ecológico participativo y frenar el avance del extractivismo desregulado que amenaza el equilibrio ambiental del cantón.

La pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿qué desarrollo estamos priorizando si el precio es la pérdida de nuestro principal afluente y la creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades?

El Comité reitera su llamado a las autoridades locales y nacionales: escuchar a la comunidad, fiscalizar las intervenciones en tiempo real y detener los abusos antes de que desaparezca hasta la última piedra del río.

Abril 2025

31 Julio 2025

Galería multimedia

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Por la defensa del Río Frío y la seguridad de nuestras comunidades – Carta abierta a las autoridades de Guatuso y a la comunidad

Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al paso de la onda tropical n.º 16, han traído nuevamente escenas dolorosas para nuestro cantón: viviendas anegadas, caminos intransitables, familias evacuadas y el temor creciente de quienes habitamos cerca de los ríos. Estas inundaciones no son un fenómeno nuevo, pero su frecuencia e intensidad nos obligan a preguntarnos qué factores locales están agravando los impactos de la naturaleza sobre nuestro territorio.

Desde el año 2022, la comunidad de Maquengal viene alertando sobre un tema que no puede seguir ignorándose: la extracción intensiva de materiales (arena y piedra) del Río Frío. Sabemos que las inundaciones no se deben únicamente a esta actividad y que existen otros factores que influyen —como fenómenos climáticos extremos y deficiencias en la gestión del territorio—; sin embargo, hemos denunciado públicamente cómo esta extracción, lejos de ser una medida controlada para el bien común, ha sido promovida como un recurso económico sin una adecuada evaluación de sus impactos, contribuyendo a agravar la vulnerabilidad de nuestras comunidades.

En espacios públicos, programas de radio y actividades comunales, hemos mostrado los efectos visibles en el río: pozas desaparecidas, erosión de riberas, maquinaria destruyendo isletas, caudal disminuido y una sedimentación creciente que afecta incluso humedales como Caño Negro.

Lo más preocupante es que, ante años de denuncias, la gran respuesta de la administración municipal anterior fue declarar, como “herencia”, la aprobación de 30 años más de explotación sobre el Río Frío. Esa decisión, lejos de garantizar el bienestar de las comunidades, ha significado la continuidad de una política extractiva que debilita el cauce, reduce la capacidad de conducción de las aguas y agrava los riesgos que hoy vivimos con las inundaciones.

Estos no son problemas aislados ni meramente ambientales; tienen consecuencias directas sobre la seguridad de nuestras comunidades. Cuando se extraen grandes volúmenes de material del cauce, el río pierde su estabilidad natural y su capacidad de contenerse. La alteración del lecho y la destrucción de retenes naturales provocan mayor erosión, facilitan el desprendimiento de piedras grandes y generan acumulaciones de sedimento aguas abajo. Así, cuando llegan lluvias intensas, el agua ya no encuentra un cauce seguro y comienza a desbordarse con más facilidad, afectando planicies, fincas y viviendas.

Sabemos que la actual administración municipal, durante su campaña electoral, prometió realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideramos que este es el momento oportuno para honrar ese compromiso. Un diagnóstico serio, participativo y público permitiría tomar decisiones responsables, basadas en información clara, y orientar verdaderas políticas de manejo de cuencas que prioricen la vida, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

Por eso hoy, ante esta nueva emergencia que vive nuestro cantón, reiteramos un llamado urgente que venimos haciendo desde hace más de dos años:

  1. Revisión inmediata de las concesiones: Evaluar todas las concesiones y permisos de extracción vigentes sobre el Río Frío.
  2. Moratoria en nuevas concesiones: Suspender la entrega de nuevos permisos hasta contar con un diagnóstico ambiental actualizado, transparente y con participación comunitaria.
  3. Garantías de transparencia: Asegurar que la comunidad pueda verificar que se está extrayendo el material correcto y en la cantidad autorizada.
  4. Evaluación de daños acumulados: Realizar un estudio técnico riguroso que documente los impactos en la cuenca alta y baja del río, considerando su relación con la creciente vulnerabilidad ante inundaciones.
  5. Restauración y fiscalización: Impulsar planes de restauración ecológica y reforzar la supervisión para evitar prácticas extractivas excesivas como las ocurridas en años anteriores.
  6. Cumplimiento de compromisos ambientales: Elaborar el diagnóstico ecológico del cantón, que debe ser la base de todas las decisiones relacionadas con el ambiente.

Existen experiencias y mecanismos que pueden ayudar a avanzar en este camino, tales como:

– Publicar informes claros y accesibles.

– Implementar controles de pesaje confiables.

– Realizar auditorías ambientales abiertas a la comunidad.

– Reconocer y fortalecer el papel de los comités de vigilancia comunitaria como actores clave en el monitoreo.

No nos mueve la oposición al progreso ni al mantenimiento de caminos, sino la defensa de un bien común vital. El Río Frío no es solo un banco de materiales; es un patrimonio hídrico, cultural y ecológico que sostiene la vida de Maquengal, de Guatuso y de toda la región norte.

Invitamos a nuestras autoridades municipales y ambientales a que escuchen la voz de la comunidad, que se informen de los datos y testimonios que desde 2022 venimos compartiendo. Y convocamos a todas y todos los vecinos del cantón a sumar esfuerzos para que estas inundaciones no sean vistas solo como eventos inevitables de la naturaleza, sino como una señal de que debemos cambiar la forma en que tratamos nuestros ríos.

Que esta carta sea un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cuidar lo que nos da vida.

Por nuestros hijos y nietos, por la seguridad de nuestras comunidades y por el respeto al agua que nos sostiene.

Con respeto y firmeza, Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío – Maquengal

Si quieren conocer más sobre el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, sobre sus señalamientos y propuestas pueden visita la nota «Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío»

Galería

Las siguientes fotografías muestran el impacto de la extracción intensiva realizada durante los últimos ocho años. Ya se observan afectaciones en las partes altas del territorio. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia cómo el río se ha hundido, socavando el paredón, arrasando con el camino existente y alcanzando una profundidad de aproximadamente metro y medio.

Esta nota fue elaborada por la comunidad de Maquengal, en el cantón de Guatuso, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan la cuenca del Río Frío y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. A través de este pronunciamiento público, buscan llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía en general sobre la urgencia de detener prácticas extractivas que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades ante inundaciones y otros riesgos. El Observatorio de Bienes Comunes publica este comunicado con el fin de amplificar la voz comunitaria y contribuir a la defensa de los bienes comunes.

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Costa Rica sin voz en Ramsar: el retroceso de Costa Rica en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

En plena COP15 de la Convención Ramsar, Costa Rica destaca por su ausencia. Mientras otros países reportan avances y amenazas sobre sus humedales, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no ha emitido una sola actualización sustantiva entre 2022 y 2025.

Una conferencia clave en tiempos de crisis ecosistémica

Del 23 al 31 de julio de 2025 se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Ramsar, el tratado internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales, por su papel esencial en la biodiversidad, la regulación hídrica y la sostenibilidad de la vida humana.

Esta edición representa un momento clave para examinar el estado de más de 2.500 sitios Ramsar en todo el mundo, coordinar acciones frente a su deterioro y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte. Según el informe oficial de la Secretaría (COP15 Doc.9), Costa Rica no figura entre los 29 países que actualizaron sus Fichas Informativas Ramsar (FIR) ni los mapas de sus sitios durante el periodo 2022–2025.

El panorama general también es preocupante: el 74 % de los sitios Ramsar a nivel global tienen información desactualizada, y en el 52 % de los casos no se ha reportado ninguna actualización reciente. En medio de esta crisis de seguimiento, la situación de Costa Rica destaca negativamente, ya que no se registraron nuevas designaciones, ampliaciones ni reportes sobre amenazas ecológicas en sus humedales, pese a múltiples denuncias documentadas por organizaciones sociales y medios de comunicación. La única explicación posible desde el marco institucional sería que los procesos se encuentren actualmente en etapa de actualización técnica aún no reportada oficialmente.

Tres años de silencio en la era Chaves Robles

Este periodo coincide plenamente con el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles y su Ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach, iniciado en mayo de 2022. Durante la administración, se ha recortado el financiamiento a programas ambientales clave, debilitado instituciones como el SINAC y promovido visiones de desarrollo centradas en la desregulación territorial.

La inacción de Costa Rica en el marco de la Convención Ramsar es coherente con la política ambienta impulsada por la administración, refleja una política caracterizada por la omisión y la inercia. La falta de actualizaciones técnicas y legales es especialmente grave considerando que los humedales son bienes comunes fundamentales para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica.

Sitios Ramsar sin seguimiento ni vigilancia efectiva

Costa Rica cuenta con doce humedales declarados de importancia internacional, como Caño Negro, Térraba-Sierpe o Palo Verde entre los más conocidos. Sin embargo, según el informe Ramsar 2025, ninguno de estos sitios fue actualizado durante el trienio revisado. Esto incluye la omisión de información técnica, cartográfica y ecológica en el sistema oficial Ramsar.

Además, el país no figura entre aquellos que reportaron modificaciones en las condiciones ecológicas de sus humedales, como lo exige el Artículo 3.2 de la Convención. Esta omisión se agrava al considerar la abundante evidencia empírica y periodística sobre múltiples afectaciones recientes.

Denuncias en el territorio: señales de alerta para los humedales

Pese al silencio institucional, diversos medios y actores comunitarios han documentado múltiples amenazas a humedales protegidos, lo que evidencia la falta de seguimiento y monitoreo. Algunas situaciones destacadas incluyen:

Humedales Ramsar

  • Caño Negro: La sedimentación acelerada por actividades agrícolas y la expansión de cultivos agroindustriales sin control están transformando su ecosistema, mientras la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente para detener el deterioro.

  • Térraba-Sierpe: Hay una alerta sobre  el interés de instalar un relleno sanitario que pondría en riesgo las aguas, además, la Fiscalía Ambiental de Osa ordenó medidas de restauración ante ocupación ilegal dentro del humedal (Chacón Soto, 2025; Ministerio Público, 2025).

  • Palo Verde: El sitio ha experimentado cambios significativos en sus características ecológicas, particularmente en su régimen hidrológico, como resultado de actividades agrícolas y ganaderas en los alrededores, así como por la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

  • Humedales Caribe Noreste: El sitio ha experimentado cambios notables en sus características ecológicas, principalmente en su régimen hidrológico, como consecuencia de la construcción de canales artificiales en la zona. (Chacón, 2025; Ramsar Convention Secretariat, 2024; Convención Ramsar, 2025).
  • Gandoca-Manzanillo: Este sitio ha sufrido graves amenazas por permisos de construcción irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, y una reducción no técnica de aproximadamente el 40 % del área reconocida como humedal.

Situaciones de presión en torno a los humedales

  • Caribe Sur: El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y el accionar de diversas organizaciones ha permitido reportar tala, drenaje y uso comercial de humedales en zonas como Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, evidenciando  permisividad institucional (Observatorio de Bienes Comunes, 2025).
  • Playa Negra (Talamanca): En febrero de 2025, se denunció un intento de relleno de humedal en plena Zona Marítimo Terrestre, detenido gracias a la intervención ciudadana y del Ministerio Público (Martinez, 2025).

  • Estero del río Lagarto (Sámara): En 2024, la Sala Constitucional ordenó estudios tras comprobarse afectaciones por obras privadas sobre un ecosistema frágil (CRHoy, 2024).
¿Reconocimiento internacional?: Humedales mencionados en el informe

Aunque el Estado costarricense no presentó reportes formales sobre el estado de sus humedales entre 2022 y 2025, el documento oficial para la COP15 de la Convención Ramsar sí reconoce dos casos críticos en el país. En su Anexo 4a, que enumera los sitios con alteraciones ecológicas confirmadas por las autoridades nacionales o verificadas por la Secretaría, aparecen los humedales Ramsar Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe como parte de los 185 sitios a nivel mundial con expedientes abiertos bajo el artículo 3.2.

Este registro internacional refuerza lo que ha sido ampliamente denunciado en territorio nacional:

  • En Gandoca-Manzanillo, se han documentado construcciones irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, ocupaciones dentro del humedal y una reducción no técnica del 40 % del área reconocida, impulsada por la Directriz 09-2023 del MINAE. Este caso ha generado denuncias ante la Convención Ramsar y solicitudes de revisión al Ministerio del Ambiente. En julio de 2025, la Sala Constitucional anuló el Plan de Manejo vigente, señalando que viola el principio constitucional de un ambiente sano y la Convención Ramsar.

  • En Térraba-Sierpe, la situación también es alarmante. El sitio fue incluido en la lista por afectaciones ecológicas no reportadas oficialmente. Entre ellas destacan la contaminación potencial asociada a una planta de tratamiento, ocupaciones ilegales y la orden de medidas de restauración por parte de la Fiscalía Ambiental de Osa. Esta omisión en los reportes estatales viola el artículo 3.2, que exige informar sobre cualquier cambio en las condiciones ecológicas de los humedales protegidos.

Esta se encuentra detenida por el momento, gracias a la resistencia organizada de la comunidad de Salamá, en Osa. En junio de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Concejo Municipal declaró como “inconveniente para los intereses del cantón” un proyecto privado de relleno sanitario promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L., que pretendía instalarse en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe. Entre los riesgos identificados destacaban la contaminación por lixiviados, el impacto sobre nacientes y quebradas no contempladas, así como afectaciones potenciales a este ecosistema protegido. La movilización comunitaria, junto con intervenciones clave como la del diputado Ariel Robles ante SETENA, fue determinante para detener esta iniciativa, que violaba normativas relacionadas con áreas silvestres protegidas. Este caso demuestra el rol crucial de la participación social en la defensa de los humedales frente a proyectos incompatibles con su valor ecológico y cultural.

También se mencionan los casos del Parque Nacional Palo Verde y el Humedal Caribe Noreste, donde se reportan proyectos de infraestructura y cambios ecológicos sin actualizaciones estatales. Cabe recordar que los Estados Parte deben remitir información periódica a la Convención Ramsar cada seis años, y en este caso no se ha hecho desde hace más de seis años (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

El hecho de que estos sitios figuren en el informe oficial de la COP15, pese al silencio del gobierno costarricense, evidencia una grave desconexión entre la realidad ecológica y los compromisos internacionales asumidos por el país. También subraya el papel clave que cumplen la vigilancia ciudadana, la acción judicial y la presión social para visibilizar y denunciar las amenazas sobre estos bienes comunes.

¿Qué explica esta omisión?

La desconexión entre los hechos documentados y el silencio en los reportes oficiales responde a factores estructurales y políticos:

  • Fragmentación institucional: La gestión de humedales recae en múltiples entidades con escasa coordinación (SINAC, AyA, municipalidades, etc.).

  • Desfinanciamiento ambiental: La política de austeridad del gobierno limita la capacidad operativa de las instituciones ambientales.

  • Modelo de desarrollo extractivo: Se fomenta la inversión turística e inmobiliaria incluso sobre territorios protegidos, sin evaluaciones integrales ni participación social efectiva.

  • Desregulación ambiental: Se debilitan marcos normativos y controles institucionales en nombre de la «reactivación económica», lo que facilita actividades nocivas en ecosistemas frágiles.

  • Corrupción y captura institucional: Funcionarios y autoridades favorecen intereses privados mediante decisiones discrecionales, omisiones deliberadas o trámites irregulares que permiten el avance de proyectos extractivistas sobre áreas protegidas.

Esta inercia no es solo técnica: es una forma de violencia institucional que invisibiliza los conflictos ecológicos y facilita la mercantilización de territorios esenciales para la vida.

Del discurso verde a la acción ausente

Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre una narrativa de sostenibilidad y liderazgo ambiental. Sin embargo, la ausencia total de acciones en el marco de la Convención Ramsar entre 2022 y 2025 evidencia una fractura entre el discurso ambiental y la práctica estatal. Esta omisión no es aislada: es coherente con el más reciente informe de labores del presidente ante la Asamblea Legislativa, en el cual no se mencionó ningún avance en torno a la política ambiental; de hecho, ni siquiera se aludió al tema. (Observatorio Bienes Comunes, 2025)

Más allá de los informes, lo que está en juego son los territorios del agua, los ciclos ecológicos y los modos de vida que dependen de los humedales. Frente al avance del extractivismo turístico, el desinterés gubernamental y la burocracia sin voluntad, urge reactivar la vigilancia pública y fortalecer la participación comunitaria en la defensa de estos ecosistemas como bienes comunes esenciales para la vida digna.

“Sitios Ramsar de Costa Rica: Estado de conservación y principales amenazas”

Indicaciones:
🟢 Buen estado general
🟡 Estado intermedio / presión moderada
🔴 Estado crítico / alta presión

Sitio RamsarUbicaciónÁrea (ha)Estado
Parque Nacional Palo VerdeGuanacaste~18 418🟡 Sedimentación y presión agrícola
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño NegroAlajuela~9 969🟡 Cambios hidrológicos y sedimentación
Parque Nacional TortugueroLimón~26 156🟡 Presión turística
Humedal Nacional Térraba-SierpePuntarenas~27 000🔴 Ocupaciones ilegales y contaminación
Parque Nacional Isla del CocoPacífico oceánico~99 623🟢 Buen estado general, pesca ilegal externa
Laguna RespingueGuanacaste~245🟡 Baja atención institucional
Parque Nacional Marino Las BaulasGuanacaste~439🟡 Expansión inmobiliaria cercana
Estero de Puntarenas (no es parte Ramsar, sin embargo de importancia)Puntarenas~24 000🔴 Contaminación crónica y expansión portuaria
Humedal MaquenqueZona Norte~59 692🟡 Presión agrícola
Manglares de Potrero GrandeGuanacaste~139🟡 Fragmentación y expansión ganadera
Refugio Nacional de Vida Silvestre TamarindoGuanacaste~500🟡 Presión turística y expansión urbana
Embalse ArenalGuanacaste/Alajuela~5 000🟡 Cambios ecológicos por represas y turismo
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-ManzanilloLimón~5 013🔴 Conflictos de uso del suelo, turismo sin control
Humedal Caribe NoresteLimón~100 000🟡 Fragmentación, deforestación y falta de gestión
Turberas de TalamancaCordillera de Talamanca~19 000🟢 Buen estado general, aunque vulnerable al cambio climático
¿Qué son las Fichas Informativas Ramsar y por qué su actualización es crucial?

La actualización de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y los mapas oficiales de los sitios es una obligación clave dentro de la Convención Ramsar y cumple funciones fundamentales para la protección real de los humedales. Su importancia radica en al menos cinco aspectos:

Seguimiento ecológico riguroso: Las FIR recopilan datos técnicos actualizados sobre el ecosistema del sitio: tipo de humedal, especies presentes (incluidas las amenazadas), servicios ecosistémicos, amenazas actuales y acciones de manejo. Sin estos datos, no se puede evaluar ni responder al deterioro ecológico.

Delimitación clara del territorio protegido: Los mapas actualizados definen los límites legales y geográficos del sitio Ramsar. Esto es clave para evitar invasiones, proyectos mal ubicados o disputas sobre uso del suelo. Sin mapas precisos, los humedales quedan vulnerables a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o turística.

Base legal y administrativa: La FIR y el mapa son los instrumentos que respaldan las medidas de protección ante tribunales, autoridades ambientales o proyectos con potencial impacto.
Sin una FIR vigente, la defensa jurídica del sitio se debilita.

Cumplimiento de compromisos internacionales: Ramsar exige actualizar estas fichas al menos cada seis años. No hacerlo puede implicar el incumplimiento de obligaciones multilaterales y afecta la credibilidad ambiental del país.

Transparencia y participación: La información pública actualizada permite que comunidades locales, investigadores y organizaciones puedan monitorear, denunciar y proponer acciones de mejora, fortaleciendo la gobernanza ambiental.

Referencias:

Arrieta, Esteban (2025, 2 de marzo). Frenar obras en Gandoca‑Manzanillo es urgente, según Defensoría ante la Sala IV. La República. Recuperado de:
https://www.larepublica.net/noticia/frenar-obras-en-gandoca-manzanillo-es-urgente-segun-defensoria-ante-la-sala-iv

Chacón, Vinicio. (2025, 24 de julio). Gandoca‑Manzanillo y Parque Nacional Palo Verde incluidos en informe Ramsar sobre humedales con “cambios negativos”. Semanario Universidad. Recuperado de:
https://semanariouniversidad.com/pais/gandoca-manzanillo-y-parque-nacional-palo-verde-incluidos-en-informe-ramsar-sobre-humedales-con-cambios-negativos/

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Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 14 de julio). Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo. Observatorio de Bienes Comunes. Recuperado de:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/ La República+3Observatorio de Bienes Comunes+3Observatorio de Bienes Comunes

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Observatorio Bienes Comunes (2025, 4 mayo) ¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025. Recuperado de https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/ambientalismo-oficial-informe-de-labores-del-presidente-chaves-2024-2025/

Pomareda, Fabiola. (2025, 14 de marzo). Convención Ramsar pedirá aclaraciones a ministro Franz Tattenbach sobre denuncia de desprotección a humedales de Gandoca‑Manzanillo. Semanario Universidad. Recuperado de:
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https://www.ramsar.org/document/cop14-national-reports-costa-rica

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Despojos racistas: Rostros de la «transición verde»

En esta conversación profunda y urgente con Josefa Sánchez Contreras, abordamos cómo las luchas ambientales están siendo cooptadas por discursos que, en nombre de salvar el planeta, perpetúan formas de despojo racista y colonial. Hablamos del colonialismo energético, las falsas soluciones verdes, el engaño de la transición energética, y los retos de construir ecologismos realmente antirracistas y anticoloniales. Josefa comparte desde su experiencia de lucha, señalando la importancia de los saberes territoriales, comunitarios e indígenas frente a una ecología de mercado que invisibiliza resistencias y reproduce violencias históricas.

🔴 Una entrevista que interpela, incomoda y abre caminos hacia otras formas de defender la vida y el territorio.

Si desean conocer más sobre la obra de Josefa, puden leer:

Crédito de imagen: Semanario Universidad.

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Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en «botín»

Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña

Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.

Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.

Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”

Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.

Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.

Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.

Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes

Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:

“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”

El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.

A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.

Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.

El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización

La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.

Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.

Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.

Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.

Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.

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Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó formalmente la nulidad de la Ley 9223, denunciando su carácter fraudulento y su impacto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Documentos técnicos respaldan la denuncia y evidencian omisiones, permisividad institucional y un patrón de urbanización encubierta en terrenos protegidos.

El 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología elevó una solicitud formal ante la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se declare la nulidad total de la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”.

Según Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, esta ley constituye un fraude legal, promovido para favorecer intereses inmobiliarios a costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), un sitio de importancia ecológica reconocido internacionalmente como sitio Ramsar 783.

Las principales demandas de la Asociación incluyen:

  • La nulidad de la ley por falta de sustento técnico y por vulnerar principios de conservación.

  • Investigación de funcionarios responsables de omitir y manipular informes ambientales.

  • Medidas urgentes para garantizar la protección del sitio Ramsar y de las personas defensoras ambientales en la región.

Documentos clave que sustentan la denuncia

📄 Informe del Tribunal Ambiental Administrativo (2011):
La finca conocida como Puket, ubicada dentro del área estatal del REGAMA, fue inspeccionada y se documentó una serie de alteraciones ambientales —tala, canales de drenaje, fraccionamiento de terreno— sobre un área de 9.1 hectáreas. El informe confirma que el terreno presenta características de bosque húmedo y humedal, reforzando su valor como patrimonio natural, y anticipa un posible cambio de uso del suelo encubierto bajo prácticas irregulares.

📄 Informe jurídico del SINAC (2019):
El documento SINAC-ACTO-AL-55-2019 expone las irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 9223: falta de expediente técnico válido, eliminación deliberada de recomendaciones técnicas, y omisión de criterios ambientales fundamentales. Además, evidencia que más de 200 permisos de uso han sido emitidos en áreas excluidas del REGAMA, sin controles ni criterios ambientales claros.

📄 Oficio TAA 0-361-2023:
El Tribunal Ambiental Administrativo, en respuesta a una solicitud de seguimiento, confirma que la finca Puket sigue en situación de impacto ambiental y que el informe técnico original (2011) permanece sin formalización en los expedientes. Esta falta de trazabilidad institucional revela un patrón de desatención frente a denuncias ambientales reiteradas.

¿De qué se trata la Ley 9223?

La Ley 9223, titulada oficialmente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, fue promulgada con el objetivo aparente de regularizar la situación jurídica de las personas que habitan en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), particularmente en el Caribe Sur de Costa Rica. Se justificó como una medida para proteger los derechos de habitantes afrodescendientes y otros pobladores históricamente asentados en la región, quienes enfrentaban inseguridad jurídica debido a la superposición de sus viviendas y territorios con una zona protegida declarada como área silvestre protegida.

No obstante, diversas investigaciones, denuncias y documentos oficiales han revelado múltiples irregularidades en el proceso de aprobación de esta ley. Entre los principales cuestionamientos destacan:

  1. Ausencia de estudios técnicos adecuados para justificar la desafectación de 406 hectáreas del área protegida, incluyendo más de 200 hectáreas de bosque, algunas en excelente estado de conservación.
  2. Violación de principios ambientales fundamentales, como el principio precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad.
  3. Modificaciones en el contenido técnico del informe del SINAC, eliminando recomendaciones y conclusiones críticas que desaconsejaban la exclusión de áreas boscosas y costeras.
  4. Otorgamiento de más de 200 permisos municipales en la zona desafectada, incluso durante el proceso de acción de inconstitucionalidad, sin garantías ambientales ni técnicas.
  5. Exclusión de terrenos estratégicos como el del antiguo Hotel Las Palmas-Hotel Suerre, que había sido recuperado por el Estado tras largos procesos judiciales, pero que fue eliminado del REGAMA sin justificación clara.

Además, los informes técnicos señalaban que la desafectación incluía zonas de humedal, bosque anegado y áreas con gran valor ecológico, sin que se hubieran aplicado estudios de impacto ambiental adecuados ni se valorara la funcionalidad ecológica de los ecosistemas implicados. Esto ha generado un serio riesgo de degradación ambiental del Sitio Ramsar 783, afectando directamente la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado.

En resumen, la Ley 9223 ha sido ampliamente denunciada por ambientalistas y organizaciones sociales como una normativa hecha a la medida de intereses inmobiliarios y turísticos, y no como una respuesta real a las necesidades de las comunidades históricas del Caribe Sur. Diversos sectores han solicitado su nulidad total por fraude, omisiones técnicas y violaciones legales, especialmente en lo que respecta a la protección del ambiente y la gestión de áreas silvestres protegidas.

Una vigilancia que evidencia el vacío institucional

Más que llevar el caso a instancias nacionales, el esfuerzo sostenido de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y de su presidente Marco Levy Virgo ha permitido visibilizar las incongruencias institucionales, la incapacidad de dar seguimiento efectivo a las denuncias y la forma en que muchos casos se cierran sin responder a la evidencia. Desde 2017, han documentado omisiones, contradicciones y negligencias que ponen en entredicho el cumplimiento del marco legal ambiental. Su labor no solo denuncia, sino que obliga a las instituciones a enfrentar el espejo de su inacción y a reconocer el papel fundamental de la vigilancia comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

Participación ambiental como garantía de lo común

La sistemática documentación de omisiones, contradicciones y negligencias que ha realizado la Asociación para el Desarrollo de la Ecología revela algo más profundo que un simple fallo administrativo: evidencia una institucionalidad ambiental que, en muchos casos, no logra cumplir con sus propias obligaciones de protección, seguimiento y cumplimiento. Frente a ello, el acompañamiento comunitario y la participación informada se convierten en pilares fundamentales no solo para denunciar, sino para sostener la legalidad ambiental desde las comunidades.

La vigilancia ejercida por las comunidades no es solo un ejercicio de denuncia, es una forma activa de cuidado colectivo de los bienes comunes. Cuando las instituciones no llegan, retroceden o desatienden, son las voces locales las que mantienen viva la defensa del patrimonio natural. Reconocer y fortalecer estos procesos es clave para asegurar que el marco legal ambiental no quede en papel, sino que se traduzca en acción, protección y justicia ecológica.

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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.

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El aeropuerto que pretende enterrar la memoria

“Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”

Rodrigo Chaves Robles

 

Evaluación arqueológica del proyecto Aeropuerto Internacional del Sur

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), anunció la conclusión satisfactoria de la evaluación arqueológica en el área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur, en Palmar Sur de Osa. El estudio abarcó 131,5 hectáreas en cuatro fincas, tuvo un costo de $560.000 USD, y se desarrolló entre marzo y noviembre de 2024, con recursos aportados por COCESNA y supervisión de la Dirección General de Aviación Civil.

El proceso fue liderado por un equipo del Departamento de Antropología e Historia del MNCR, con participación de personal contratado localmente, lo que, según el MCJ, aseguró la inclusión comunitaria. La Comisión Arqueológica Nacional aprobó el informe final presentado por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa, lo que habilita la continuidad del proyecto aeroportuario.

El estudio consistió en más de 2.750 pozos de prueba y análisis de laboratorio. Si bien se determinó la ausencia de arquitectura monumental, se identificaron zonas con alta densidad de restos cerámicos y líticos en las fincas 9 y 10, que datan del periodo Chiriquí (800–1550 d.C.). Se recomienda realizar excavaciones de rescate en esas áreas, así como supervisar los movimientos de tierra durante la construcción y redefinir los polígonos arqueológicos existentes.

El informe también sugiere continuar investigaciones para comprender mejor la ocupación histórica del delta, y considera necesario evaluar el posible impacto sobre el sitio declarado Patrimonio Mundial en Finca 6. Este aspecto será abordado en una futura evaluación de impacto patrimonial.

El MCJ y el INDER iniciaron una devolución de resultados a la comunidad, incluyendo encuentros con pobladores locales, instituciones y organizaciones comunales. Se anunció que el rescate arqueológico se ejecutará en el primer trimestre de 2026, y que próximamente se iniciarán estudios ambientales, geológicos e hidráulicos como parte del desarrollo del Plan Maestro Aeroportuario.

Por qué debemos proteger los bienes comunes culturales más allá de la monumentalidad

En diversas regiones de América Latina, megaproyectos como represas, carreteras, complejos turísticos o aeropuertos se presentan como oportunidades de «desarrollo» sobre territorios considerados vacíos o subutilizados. Cuando estos espacios fueron habitados por pueblos indígenas hoy extintos, y no hay presencia de arquitectura monumental visible, se afirma que no hay obstáculos para intervenirlos. Esta afirmación, sin embargo, desconoce el valor de esos territorios como bienes comunes culturales: espacios donde persisten memorias colectivas, vínculos ancestrales con el paisaje y restos materiales e inmateriales de enorme significación.

La ausencia de arquitectura monumental no equivale a la ausencia de cultura. Y la extinción de un pueblo indígena no justifica la eliminación de su legado. Esta nota propone una reflexión crítica sobre el patrimonio arqueológico y cultural como parte de los bienes comunes, una categoría que interpela el modelo de desarrollo extractivo y mercantilizador del territorio, y que nos obliga a repensar el sentido de lo que compartimos como sociedad.

El paisaje como memoria: territorio, cultura y bien común

Para muchas culturas originarias de América Latina, el territorio es mucho más que un soporte físico para la vida. Es un espacio vivo, habitado por memorias, espíritus, historias, rutas, cantos y silencios. En este sentido, el territorio se convierte en paisaje cultural, una categoría reconocida por la UNESCO que permite pensar el valor del espacio más allá de la presencia de estructuras materiales visibles.

El paisaje cultural es, entonces, una expresión de los bienes comunes culturales: no se trata de una propiedad privada ni de un recurso a explotar, sino de una herencia compartida que se transmite entre generaciones. María Pesoa (2016) propone comprender estos paisajes como espacios donde la geografía y la historia se entrelazan, y donde la ausencia de arquitectura monumental no significa ausencia de significado.

En muchas ocasiones, los lugares que hoy parecen «vacíos» o sin valor arqueológico han sido antiguos centros ceremoniales, rutas de intercambio, zonas funerarias o escenarios de vida cotidiana. Desconocer esto es negar la posibilidad de construir una relación respetuosa y solidaria con la memoria territorial de quienes nos antecedieron.

Lo que permanece aunque no se vea: culturas extinguidas y legado vivo

Uno de los argumentos que más se repite para justificar la intervención sobre territorios con ocupación indígena antigua es que «ya no existe el pueblo». Sin embargo, esta afirmación ignora que la desaparición de una cultura como colectividad biológica no implica la desaparición de su legado. La tierra guarda rastros, silencios, marcas y memorias que no pertenecen a nadie en particular, pero que nos interpelan a todos como sociedad.

En este marco, el arqueólogo Rubén Schmidt Dias (2016) sostiene que el silencio patrimonial no es casual, sino que responde a una política de invisibilización. Reconocer un territorio como portador de bienes comunes culturales implica desafiar el paradigma del progreso lineal y abrir la posibilidad de una historia más diversa, donde las voces ausentes también tienen derecho a ser escuchadas.

La protección de estos territorios no debe depender de si hay una comunidad reclamante o de si se pueden monetizar sus vestigios. Debe partir del principio de responsabilidad ética hacia la memoria colectiva y del derecho de las generaciones futuras a conocer y valorar esa diversidad.

Normas, derechos y disputas sobre el valor de lo común

Diversos marcos normativos internacionales reconocen que el patrimonio cultural no se limita a lo visible ni a lo monumental. El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los Estados deben garantizar la protección del territorio, la memoria y la identidad como derechos colectivos.

Iván Merino Calle (2021) subraya que los bienes comunes culturales son aquellos que, aunque no estén bajo custodia de una comunidad viva, constituyen parte de la diversidad cultural de la humanidad y deben ser preservados como tales. Asimismo, un estudio de Levrand publicado por la Revista de Derecho Privado (2022), destaca que la propiedad privada no puede imponerse sobre el derecho colectivo a la memoria, sobre todo cuando se trata de bienes de interés histórico, arqueológico o simbólico.

La disputa no es sólo legal, sino profundamente política: ¿qué se considera valioso?, ¿qué merece ser conservado?, ¿qué intereses deciden el destino de un territorio que guarda rastros de la historia precolombina?

lo que no se ve también nos pertenece

Construir un aeropuerto sobre un territorio que fue habitado por una cultura ancestral —hoy sin herederos visibles, sin templos ni monumentos— es borrar una parte de la historia en silencio. Es actuar como si la memoria colectiva fuera un obstáculo para el desarrollo, y no una fuente de riqueza social y espiritual.

Los bienes comunes culturales nos invitan a pensar en lo compartido, en aquello que no se puede poseer individualmente pero que sostiene nuestra identidad colectiva. Son vestigios, paisajes, saberes, nombres antiguos, cantos olvidados y formas de habitar que desafían la lógica del mercado. Defenderlos no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad con la memoria y de compromiso con el futuro.

¿Solo lo monumental merece ser protegido? Crítica al sesgo y alternativas emergentes

El criterio de monumentalidad ha sido durante décadas un filtro excluyente en las políticas de conservación patrimonial. Bajo esta lógica, solo aquellos restos visibles, imponentes y duraderos —como pirámides, templos o esculturas en piedra— han sido considerados valiosos, mientras que los contextos culturales sin esas características han sido catalogados como secundarios o descartables. Esta visión ha justificado la omisión institucional y el avance de megaproyectos sobre sitios de enorme valor simbólico e histórico.

Sin embargo, este enfoque está siendo crecientemente cuestionado. Diversos sectores de la arqueología contemporánea, la antropología crítica y la gestión cultural comunitaria sostienen que el patrimonio no puede reducirse a lo monumental ni a lo visible. La noción de arqueología del paisaje, por ejemplo, propone estudiar el territorio como una totalidad habitada y transformada por las culturas humanas, integrando rutas, campos agrícolas, depósitos de desechos, marcadores rituales y prácticas cotidianas que no dejan huellas espectaculares, pero que son profundamente significativas.

Asimismo, las perspectivas decoloniales han problematizado cómo el monumentalismo reproduce jerarquías civilizatorias, privilegiando aquellas culturas que se parecen más al canon arquitectónico europeo, y relegando otras formas de conocimiento, espiritualidad y organización espacial. En esta línea, se propone valorar también el patrimonio inmaterial y las relaciones socioecológicas con el entorno: saberes sobre plantas, animales, aguas, técnicas de construcción no permanentes y cosmologías territoriales.

Estas nuevas aproximaciones coinciden en rechazar una visión del patrimonio como inventario de objetos y proponen, en cambio, entenderlo como un campo de relaciones sociales, políticas y simbólicas. Bajo este paradigma, los bienes comunes culturales no se limitan a lo que puede ser expuesto en un museo o declarado como monumento nacional, sino que incluyen también lo intangible, lo cotidiano, lo desplazado, lo olvidado.

El desafío, entonces, es doble: desmontar los criterios de exclusión que han operado bajo el ropaje de la “técnica”, y construir marcos de reconocimiento que valoren la diversidad de formas culturales sin jerarquías coloniales. Solo así será posible avanzar hacia una protección del patrimonio que sea realmente democrática, participativa y respetuosa de los territorios como espacios de memoria viva.

Criterios para valorar territorios como bienes comunes culturales (más allá de lo monumental)

  1. Vínculo simbólico y espiritual con el paisaje
    • Reconocer los territorios donde existieron prácticas ceremoniales, narrativas míticas, lugares sagrados o hitos espirituales, aunque no haya estructuras visibles.
    • Valoración basada en significados culturales, no en formas arquitectónicas.
  2. Persistencia de toponimias y oralidades locales
    • Rescatar el valor patrimonial de los nombres de lugares, relatos y memorias transmitidas oralmente.
    • Las toponimias pueden ser huellas vivas de antiguas territorialidades indígenas.
  3. Rastro arqueológico no monumental (microcontextos)
    • Incluir sitios con evidencias dispersas como fragmentos cerámicos, fogones, herramientas, estructuras de uso cotidiano o basureros prehispánicos.
    • Estos elementos permiten reconstruir modos de vida no centrados en la monumentalidad.
  4. Relaciones ecosistémicas históricas (patrimonio biocultural)
    • Identificar la gestión ancestral del territorio a través de terrazas agrícolas, canales, diversidad genética de cultivos o prácticas de manejo del agua.
    • Integra la dimensión ecológica como parte del legado cultural.
  5. Existencia de rutas, senderos y usos ancestrales del espacio
    • Reconocimiento de caminos ceremoniales, rutas de intercambio o corredores rituales invisibilizados por el paradigma urbanístico moderno.
    • Su valor está en la función, no en la forma.
  6. Memoria colectiva y apropiación comunitaria actual
    • Aunque no haya una comunidad indígena originaria vigente, se puede valorar el sitio desde su importancia para la identidad, educación y conciencia histórica de comunidades locales actuales.
  7. Potencial de investigación y conocimiento
    • Los sitios con posibilidad de generar conocimiento sobre culturas poco estudiadas, aunque no tengan visibilidad monumental, deben protegerse por su valor científico y educativo.
  8. Representación de procesos históricos silenciados
    • Valor patrimonial de lugares vinculados con el genocidio indígena, desplazamientos, colonialismo o extinción cultural forzada.
    • Su conservación es un acto de reparación simbólica.
  9. Inclusión de voces locales y saberes situados
    • Las decisiones sobre el valor patrimonial no deben depender solo de peritajes técnicos, sino incluir las percepciones, memorias y afectos de actores territoriales.
  10. Principio precautorio
  • Ante la duda o el desconocimiento arqueológico, se debe aplicar el principio de precaución: mejor proteger y estudiar antes que destruir sin saber.

Estos criterios pueden ser utilizados para fundamentar denuncias ciudadanas, propuestas de políticas públicas, acciones de defensa del patrimonio o evaluaciones de impacto cultural y arqueológico. También ayudan a resignificar territorios invisibilizados como parte del tejido común de la memoria.

Bibliografía

Levrand, Norma  (2022). Intersecciones entre la propiedad privada y el derecho al patrimonio cultural: Dos casos de estudio en Argentina. Revista de Derecho Privado, 43, 129-160. https://www.redalyc.org/journal/4175/417572654006/

Merino Calle, I. (2021). El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas: bienes comunes ligados a la identidad de la comunidad. Cultura – Hombre – Sociedad, 30(2), 149-159. https://www.researchgate.net/publication/360395938

Ministerio de Cultura y Juventud. (2025, 4 de julio). Ministerio de Cultura y Juventud concluyó satisfactoriamente evaluación arqueológica del área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional el Sur. https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ministerio-de-cultura-y-juventud-concluyo-satisfactoriamente-evaluacion

Muñoz Solano, Daniela. (2023, 21 de febrero). Chaves sobre construcción de aeropuerto en zona patrimonial: “Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-sobre-construccion-de-aeropuerto-en-zona-patrimonial-que-ahi-pueda-haber-algo-no-es-justificacion-para-atrasar-por-mas-de-una-decada-el-progreso/

Pesoa, M. (2016). Paisajes culturales: Entre historia, geografía y proyecto. En G. Dalla-Corte, J. Ortega y M. Pesoa (Eds.), Iberoamérica, España, Cataluña: Intercambios desde la geografía y la historia (pp. 189-200). Casa América Catalunya / UNAM. https://www.researchgate.net/publication/310588670

Schmidt Dias, R. (2016). Patrimonio, memoria y silencio: El legado arqueológico indígena y la política de la invisibilidad en Brasil. Revista Journal of Community Archaeology & Heritage, 3(1), 27-42. https://doi.org/10.1080/20518196.2015.1127216

Créditos imágenes: Semanario Universidad

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.