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Luego del discurso presidencial ¿tendrá dónde vivir el jaguar?

A partir del discurso presidencial del Sr. Rodroga Chaves Robles ante la Asamblea Legislativa del pasado 2 de mayo, reflexionamos sobre qué dijo en torno al ambiente.  En líneas generales, estamos ante un gobierno que considera la naturaleza como proveedora de bienes e ignora las diversas relaciones que establecemos para su cuido, disfrute y defensa. Esto se nota, ante las omisiones evidentes de todas las movilizaciones locales que se generan en defensa o denuncia de los diversos atropellos de empresas privadas, gobiernos locales o del gobierno nacional.

Por esta razón, nos parece importante hacer hincapié en que estamos ante una noción de ambiente que privilegia y legitima relaciones extractivistas y financierizadas de la naturaleza, es decir, una propuesta de negocios y a corto plazo.

Ante esto, nos preguntamos si el tan mencionado jaguar, al final de este gobierno extractivista, ¿tendrá algún lugar para vivir?

Para más información pueden leer:

Bloque Verde – Gobierno anti ambiental. El país.cr. 

Mauricio Álvarez y Fabian Pacheco  Noruega y exploración petrolera: nadie les va a ayudar a destruir Costa Rica «verde». Semanario Universidad.

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Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

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