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Playa Pa…..¿Defender el honor o silenciar la crítica?

Playa Pa…

Perdón, no podemos terminar esa palabra. No porque no sepamos cómo se escribe, sino porque ahora mencionar cierto proyecto turístico del norte del país podría implicar una querella por difamación. Así que, para no correr riesgos, mejor nos referiremos a él como Playa Pa…, El Proyecto Innombrable o simplemente Él-que-no-debe-ser-nombrado.

Resulta que ahora opinar, criticar o simplemente preguntar en redes sociales podría salirle caro a quienes no tengan a mano un buen buffet de abogados. Cuatro creadores de contenido lo están aprendiendo por las malas, tras recibir querellas del megaproyecto turístico que, curiosamente, tiene más ganas de limpiar su imagen que las costas que quiere ocupar.

Bienvenidas y bienvenidos a la era de las SLAPP: esas acciones judiciales que no se usan para ganar juicios, sino para ganar silencios. Porque el punto no es demostrar que se tiene la razón, sino que nadie más se atreva a alzar la voz. Y si hay que lanzar unas cuantas demandas ejemplarizantes para lograrlo, pues se hace. Así, mientras las comunidades se preguntan quién defiende sus derechos, otros perfeccionan el arte de defender su «honor corporativo» en tribunales.

Silencio incómodo, ansiedad en redes, y autocensura colectiva: el nuevo paisaje turístico que se extiende más allá de las playas. Playa Pa… perdón, ya no podemos continuar esta oración.

Una mirada a las SLAPP en Costa Rica

En Costa Rica, cada vez con más frecuencia, personas que alzan la voz sobre temas de interés público —como la protección ambiental, el acceso al agua, el uso del territorio o los megaproyectos turísticos— enfrentan acciones judiciales bajo la figura de querellas por difamación o calumnias. Detrás de estos procesos, muchas veces se esconde un patrón más preocupante: el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar y censurar a quienes participan en la vida democrática con espíritu crítico.

Este fenómeno ha sido particularmente notorio en territorios de alta presión inmobiliaria, como las zonas costeras del Pacífico norte, donde comunidades, personas jóvenes y creadoras de contenido han comenzado a denunciar públicamente el avance de proyectos turísticos en territorios sensibles, sin información clara ni participación real. En estos lugares, donde el mar y la montaña todavía son bienes comunes, las alertas ciudadanas no siempre son bien recibidas por quienes tienen intereses comerciales en juego.

A nivel internacional, este fenómeno se conoce como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPP por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas demandas suelen ser interpuestas por actores con poder económico o político contra comunicadores, activistas, académicos, defensoras de derechos humanos o personas que usan redes sociales para hacer preguntas incómodas. El objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino desgastar emocional, social y económicamente a quienes cuestionan el poder.

Aunque en Costa Rica todavía no existe una legislación específica que reconozca y frene las SLAPP, los indicios son cada vez más claros: acciones judiciales contra personas que cuestionan concesiones en zonas costeras, denuncian posibles impactos ambientales, o simplemente expresan preocupación por la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. En algunos casos, lo que comienza como una pregunta legítima termina convertido en un proceso legal con implicaciones serias.

El riesgo de estas demandas no está solo en su desenlace, sino en su efecto paralizante. Cuando alguien recibe una notificación judicial por opinar sobre temas de interés público, muchas otras personas optan por callar. Es el fenómeno del “enfriamiento del discurso”: se instala el miedo a hablar, a exigir explicaciones, a ejercer el derecho a la crítica. Se pierde el debate público, se empobrece la democracia.

Las SLAPP suelen presentarse como una defensa del “honor” o del “buen nombre”, pero en la práctica limitan el derecho colectivo a cuestionar los proyectos que afectan al país. En lugar de abrir caminos al diálogo o al esclarecimiento de los hechos, buscan imponer el silencio mediante el peso de los tribunales. Especialmente preocupante es cuando se dirigen contra personas sin poder económico ni redes legales, que se expresan desde la comunidad, la experiencia vivida o el compromiso ambiental.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2024) o el Relator Especial de Naciones Unidas (2023) sobre la libertad de expresión ya han advertido sobre los efectos nocivos de estas prácticas. En distintas regiones del mundo —Europa, Estados Unidos, América Latina— se ha empezado a legislar para evitar que se abuse de las figuras de difamación y calumnia como forma de censura legal. Algunas reformas incluso permiten a los jueces desechar de forma anticipada las demandas que claramente buscan silenciar el debate público.

En Costa Rica, es momento de abrir esta conversación. ¿Cómo proteger a quienes alzan la voz desde las playas, los ríos, las montañas? ¿Cómo garantizar el derecho a denunciar sin que eso implique una amenaza legal? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a la judicialización de la participación ciudadana?

Defender el derecho a hablar, a preguntar y a exigir explicaciones no debería ser motivo de persecución. Por el contrario, es parte esencial de una sociedad democrática. Reconocer y prevenir las SLAPP no es solo una tarea legal, sino un compromiso ético con la libertad, la transparencia y la defensa de los territorios.

Desigualdad de poder: cuando el capital demanda y las comunidades resisten

Uno de los aspectos más alarmantes de las SLAPP es la enorme desigualdad de poder entre quienes las interponen y quienes las enfrentan. No se trata de simples disputas entre iguales, sino de un desequilibrio estructural en el que consorcios empresariales, grupos económicos o fondos de inversión con acceso privilegiado a abogados, medios y redes de influencia, activan mecanismos legales contra personas individuales, colectivos o comunidades que cuentan con recursos limitados y, en muchos casos, con escasa protección institucional.

Para una empresa transnacional o un fideicomiso inmobiliario, una querella puede ser una estrategia más dentro de su lógica operativa. Para una persona activista, una defensora ambiental o una creadora de contenido, puede significar el colapso emocional, financiero y reputacional. El solo hecho de recibir una demanda implica contratar abogados, asistir a audiencias, pagar costos judiciales, y cargar con la angustia de enfrentar un proceso penal sin las mismas garantías de resguardo que tiene el capital corporativo.

Además, esta desigualdad no es solo económica. Es también informativa y simbólica. Mientras los grandes capitales tienen capacidad para moldear la opinión pública a través de campañas, relaciones públicas o publicidad, las comunidades acceden a plataformas más modestas, como redes sociales, radios locales o intervenciones en espacios públicos. Pero incluso estos canales alternativos de expresión están siendo vigilados y, como vemos, judicializados.

En este contexto, las SLAPP se convierten en una forma de violencia estructural encubierta en procesos legales, donde el poder económico busca disciplinar la disidencia. A menudo, estas acciones van acompañadas de narrativas que acusan a las comunidades de “desinformar”, “atacar la inversión” o “frenar el desarrollo”, cuando en realidad lo que hacen es ejercer un derecho legítimo a cuestionar y a proteger los territorios y los bienes comunes.

La pregunta de fondo es: ¿puede haber verdadera democracia cuando la crítica se penaliza y cuando el acceso a la justicia está condicionado por el poder adquisitivo? Reconocer esta asimetría es clave para construir mecanismos que equilibren la balanza, garanticen el derecho a la participación pública y protejan a quienes defienden los intereses colectivos desde posiciones de vulnerabilidad.

En definitiva, la lucha contra las SLAPP no es solo un asunto jurídico, sino una defensa del derecho a la palabra en contextos de desigualdad. Y, como sociedad, no podemos permitir que el miedo a ser demandadas o demandados se convierta en una barrera para la acción colectiva.

Presiones económicas y políticas detrás de la no ratificación del Acuerdo de Escazú

Justamente en contextos como los denunciados —zonas costeras del Pacífico norte, afectadas por megaproyectos turísticos y presiones inmobiliarias— es donde el Acuerdo de Escazú hubiera significado una herramienta clave para proteger la participación ciudadana y el derecho a la información ambiental.

Sin embargo, sectores económicos y políticos con intereses vinculados a estos desarrollos presionaron para que Costa Rica no ratificara el tratado. La preocupación principal de estos actores radica en que Escazú exige una mayor transparencia, consulta previa y protección a las personas defensoras del ambiente, condiciones que pueden limitar la rapidez o facilidad con la que se ejecutan proyectos con gran impacto territorial.

Esta resistencia refleja un choque entre modelos de desarrollo económico basados en la concentración del poder y la opacidad, y la creciente demanda social por democracia ambiental, justicia y respeto a los derechos humanos.

La falta de ratificación de Escazú no solo es un obstáculo para quienes defienden sus territorios, sino también una señal clara de que el poder económico sigue teniendo una gran influencia en las decisiones políticas que afectan el derecho a la participación y a la protesta.

Es en este contexto donde cobran aún más relevancia las denuncias ciudadanas, y también la necesidad de contar con mecanismos efectivos para evitar que la judicialización —como sucede con las SLAPP— se convierta en una forma más de silenciar la crítica legítima.

El Acuerdo de Escazú y la urgencia de su aprobación en Costa Rica

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por países de América Latina y el Caribe en 2018, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente y la participación pública. Entre sus principales pilares están:

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El acceso a la información ambiental, para que cualquier persona conozca los proyectos y decisiones que afectan el territorio y el ambiente.

El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, asegurando procesos transparentes y justos.

La protección efectiva a las personas defensoras del ambiente, evitando agresiones, amenazas o judicializaciones injustas.

Costa Rica fue el país anfitrión donde se firmó el tratado, lo que dio esperanza a muchas comunidades y activistas comprometidos con la defensa de sus territorios. Sin embargo, a pesar de la importancia del Acuerdo, hasta la fecha el país no lo ha ratificado formalmente.

Esta falta de aprobación tiene implicaciones directas y preocupantes en casos como los denunciados en zonas costeras y territorios con conflictos socioambientales. Sin el marco del Acuerdo de Escazú, Costa Rica carece de obligaciones claras y mecanismos robustos para:

  • Prevenir que las SLAPP sean usadas como estrategia para amedrentar y silenciar a quienes denuncian impactos ambientales.
  • Proteger legal y materialmente a las personas defensoras de derechos ambientales, especialmente en contextos donde enfrentan poderosos intereses económicos.
  • Garantizar la transparencia y participación efectiva de la ciudadanía antes, durante y después de la aprobación de proyectos que afectan al medio ambiente.

En definitiva, la no ratificación de Escazú significa que Costa Rica se queda sin una herramienta internacional valiosa para fortalecer la democracia ambiental y proteger a quienes hacen uso legítimo de su derecho a la crítica y denuncia.

La comunidad nacional e internacional ha señalado la urgencia de que Costa Rica apruebe el Acuerdo, para que pueda contar con los estándares y compromisos necesarios que garanticen la seguridad, participación y acceso a la información ambiental para todas las personas.

Ratificar Escazú no es solo un acto formal: es un compromiso con la vida, la justicia ambiental y el derecho a la voz en defensa del territorio. Sin ese compromiso, quienes denuncian quedan más vulnerables ante las amenazas legales y la criminalización de la protesta.

Estándares internacionales y llamados a actuar

Lo que hoy enfrentan defensoras, creadores de contenido y comunidades organizadas en Costa Rica no es un fenómeno aislado ni inédito. En diversos países, la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre el uso creciente de demandas judiciales como herramienta para silenciar la participación pública. Frente a este patrón preocupante, se han comenzado a construir estándares legales y éticos que buscan frenar la judicialización de la crítica legítima.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que las SLAPP constituyen una forma de violencia estructural que amenaza el derecho a la libertad de expresión y a la participación democrática. En una audiencia pública celebrada en julio de 2023, la CIDH escuchó a organizaciones de toda América Latina que denunciaron el uso de querellas penales como forma de intimidación legal. A raíz de ello, se solicitó la elaboración de un informe temático y el desarrollo de estándares regionales contra este tipo de prácticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. En el caso Palácio vs. Ecuador (2020), reconoció que el uso reiterado de procesos judiciales contra personas que critican el poder constituye un abuso del sistema legal y una amenaza a la democracia. Esta jurisprudencia resulta especialmente relevante para países como Costa Rica, donde persisten figuras penales como la difamación y la calumnia, a menudo utilizadas en contextos de disputa territorial o ambiental.

A nivel global, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión ha advertido que las SLAPP socavan el debate público, desalientan la vigilancia ciudadana sobre el poder y refuerzan dinámicas de censura disfrazadas de litigio legítimo. En su informe de 2023, llamó a los Estados a adoptar mecanismos para desechar rápidamente este tipo de demandas y garantizar protección a quienes ejercen su derecho a expresarse.

Incluso en el contexto costarricense, casos como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa —condenado por difamación y posteriormente absuelto por la Corte IDH— han demostrado que el uso punitivo del derecho penal en materia de expresión no solo es incompatible con los estándares interamericanos, sino que tiene efectos nocivos sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estas referencias, lejos de ser abstractas o lejanas, ofrecen un marco concreto para comprender la gravedad del uso de SLAPP en nuestro país. Nos muestran que la defensa del derecho a la crítica no es un lujo, sino una obligación democrática. Y que frente al desequilibrio de poder entre quienes cuestionan y quienes tienen el poder económico para demandar, corresponde al Estado garantizar reglas claras, procesos justos y espacios seguros para que todas las voces puedan ser escuchadas sin miedo.

Referencias

ARTICLE 19 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Resumen de audiencia pública sobre SLAPP en América Latina (187º período de sesiones, 12 julio 2023). CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004, 2 de julio). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 107). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf

Corte IDH. (2020). Caso Palácio y otros vs. Ecuador: Derechos y garantías de libertad de expresión.

JURIST. (2009). Illegitimate restrictions on freedom of expression in Costa Rica. Recuperado de https://www.jurist.org/commentary/2009/12/costa-rica-illegitimate-restrictions-on/?utm_source=chatgpt.com

Media Defence y ARTICLE 19. (2022). SLAPPs en América Latina: análisis regional.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. (2021). Declaración conjunta sobre desestimiento sumario de demandas por difamación en asuntos públicos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp globalfreedomofexpression.columbia.edu+6policehumanrightsresources.org+6hchr.org.mx+6oas.org+13oas.org+13oas.org+13

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2023). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Recuperado de https://www.refworld.org/es/pdfid/5c6b33774.pdf ohchr.org+5refworld.org+5documents.un.org+5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos & Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2024). Informe anual sobre la libertad de expresión en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/IA2024_spa.pdf

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Los Ángeles se levanta contra la represión migratoria: protestas, militarización y vigilancia bajo la administración Trump

En medio de un clima de creciente tensión migratoria en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles para rechazar las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien busca regresar al poder en 2025. Las protestas denuncian un aparato de persecución profundamente reforzado, donde la tecnología, la represión policial y el racismo estructural se entrelazan para criminalizar y expulsar a comunidades migrantes enteras (Democracy Now!, 2025a).

Redadas, miedo y resistencia

Una de las escenas que encendió la indignación colectiva fue la redada en un restaurante de San Diego, donde agentes de ICE detonaron granadas de estruendo mientras arrestaban trabajadores migrantes. Estos operativos, lejos de ser aislados, forman parte de un plan coordinado para realizar hasta 3,000 arrestos diarios en caso de un eventual retorno de Trump al poder (Democracy Now!, 2025c). Las acciones han sido calificadas por activistas como «terrorismo de Estado» contra las comunidades racializadas.

Además, el expresidente ha amenazado con utilizar a los marines del Camp Pendleton para contener la migración, en abierta violación a la ley Posse Comitatus, que impide el uso del ejército en funciones policiales internas. Por primera vez en seis décadas, se desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización del gobernador Gavin Newsom, lo que fue percibido como un grave precedente autoritario (Democracy Now!, 2025d).

Un Estado de vigilancia tecnoautoritario

El programa migratorio trumpista no solo actúa con botas en las calles: se apoya también en plataformas digitales de vigilancia masiva. Empresas como Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, han diseñado bases de datos que cruzan información del IRS, Seguridad Social, registros electorales y licencias de conducir. Estos sistemas permiten a ICE rastrear y perfilar personas sin supervisión judicial, todo en nombre de la «seguridad nacional» (Democracy Now!, 2025b).

La opacidad y el carácter privatizado de estos sistemas son especialmente preocupantes. La vigilancia se convierte así en una herramienta para reforzar desigualdades raciales, económicas y políticas, consolidando lo que algunos analistas ya llaman un régimen de apartheid digital.

Voces desde las comunidades migrantes

Frente a esta avanzada represiva, organizaciones como la Haitian Bridge Alliance han denunciado no solo la violencia directa, sino también la deslegalización masiva de personas que contaban con permisos otorgados por la administración Biden. «Hay un trato desigual que refleja un racismo estructural profundo. Mientras los refugiados ucranianos son acogidos, a las personas caribeñas y latinoamericanas se les criminaliza», afirmó Guerline Jozef, directora de la organización (Democracy Now!, 2025c).

Los testimonios abundan: padres detenidos en sus casas frente a sus hijos, comunidades enteras viviendo con miedo a ser deportadas, trabajadoras esenciales siendo perseguidas pese a haber sostenido al país durante la pandemia.

El Sur como frontera interna

Un fenómeno clave es la expansión de lo que se ha llamado «Detention Alley», una franja de cárceles migratorias privadas en Texas, Luisiana y Misisipi, operadas por corporaciones como GEO Group. Allí, miles de personas son encarceladas en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios básicos y sin debido proceso legal. El programa 287(g), una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) de Estados Unidos, que permite a policías locales actuar como agentes de ICE, se ha expandido a más de 500 agencias, reforzando la criminalización cotidiana de la migración (Democracy Now!, 2025a).

Más allá de la ciudadanía: pensar las luchas migrantes desde la autonomía

Las protestas en Los Ángeles no son solo un acto defensivo. Son, también, una expresión política que desafía los límites del orden estatal y de la noción tradicional de ciudadanía. Desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones, como plantea la investigadora María Gabriela Rho (2021), estas luchas deben ser entendidas no solo como demandas de inclusión legal, sino como actos que desbordan y transforman los regímenes existentes.

La migración, en este enfoque, es vista como una fuerza activa que antecede y desestabiliza los dispositivos de control estatal. Lejos de reducirse a peticiones por derechos formales, las luchas migrantes son prácticas cotidianas, invisibles o visibles, que construyen comunidad, sostienen vida y confrontan el orden racial-capitalista desde sus márgenes.

«Las migraciones deben comprenderse dentro de campos de conflicto configurados por las relaciones entre las subjetividades y las prácticas de insubordinación de las personas migrantes y los controles políticos, jurídicos y violencias que intentan gobernarlas» (Rho, 2021).

Vigilancia y represión como erosión de los bienes comunes sociales

Más allá del impacto directo sobre las comunidades migrantes, las políticas migratorias represivas basadas en la vigilancia masiva y la criminalización del movimiento humano erosionan un conjunto más amplio de bienes comunes sociales. Estos bienes, que incluyen la confianza pública, el acceso equitativo a servicios, la convivencia intercultural, el derecho a la ciudad y la solidaridad comunitaria, son desgastados por regímenes que privilegian el control y el castigo sobre el cuidado y la justicia.

La construcción de un Estado vigilante y militarizado no solo afecta a quienes se encuentran en situación migratoria irregular. A mediano y largo plazo, también mina los vínculos sociales que sostienen la democracia, al debilitar el tejido comunitario y normalizar formas de exclusión institucionalizada. Cuando la vigilancia se privatiza y se tecnifica, los derechos básicos dejan de ser universales para transformarse en privilegios selectivos.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, la libre movilidad, la vida digna y la organización social basada en la cooperación no son meros derechos individuales, sino fundamentos colectivos. Su erosión afecta a todas las personas, más allá de su estatus migratorio. Defenderlos implica rechazar el miedo como forma de gobierno, y sostener espacios donde florezcan el cuidado mutuo, la inclusión y la justicia social.

El derecho a moverse, el deber de resistir

Las movilizaciones en Los Ángeles expresan algo más que indignación: son una afirmación de humanidad, de comunidad y de derechos que no caben en las categorías estrechas de los regímenes migratorios actuales. Frente a la amenaza de un segundo mandato de Trump y la profundización del control tecnoautoritario, la defensa de los derechos de las personas migrantes se vuelve una lucha global, que interpela no solo al sistema legal, sino a los fundamentos mismos de la democracia y la justicia.

Las calles hablan. Y en Los Ángeles, gritan: ¡Nadie es ilegal en tierras robadas!

Glosario de conceptos

ICE (Immigration and Customs Enforcement)
Agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos, incluyendo detenciones y deportaciones.

Redada (Raid)
Operativo policial o federal para arrestar a personas, en este caso migrantes, generalmente en lugares de trabajo o viviendas.

Granadas de estruendo (Flashbang grenades)
Dispositivos usados por fuerzas de seguridad para aturdir o desorientar temporalmente a personas durante operativos.

Camp Pendleton
Base militar de los Marines de Estados Unidos en California, mencionada por su posible uso para operaciones migratorias.

Ley Posse Comitatus
Ley estadounidense que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales dentro del país, para evitar militarización interna.

Guardia Nacional
Fuerza militar estatal que puede ser activada en emergencias; su despliegue sin autorización del gobernador es controvertido y raro.

Palantir
Empresa tecnológica estadounidense que desarrolla software de análisis de datos y vigilancia, utilizada por agencias de seguridad.

Peter Thiel
Magnate tecnológico y fundador de Palantir, conocido por su apoyo político y vínculos con la administración Trump.

IRS (Internal Revenue Service)
Agencia federal encargada de la recaudación de impuestos en Estados Unidos.

GEO Group
Corporación privada que opera cárceles y centros de detención migratoria en Estados Unidos y otros países.

Detention Alley
Término usado para describir la concentración de centros de detención migratoria privados en estados del sur de Estados Unidos, como Texas, Luisiana y Misisipi.

Haitian Bridge Alliance
Organización comunitaria que trabaja en defensa de los derechos de migrantes haitianos y caribeños.

Un espejo de nuestra realidad y una advertencia urgente

Las luchas por los derechos de las personas migrantes en Los Ángeles no solo tienen relevancia local o nacional en Estados Unidos; su significado trasciende fronteras y nos interpela profundamente en América Latina y el Caribe. La criminalización de la movilidad humana y la militarización de las fronteras que hoy se viven al norte se reflejan también en nuestra región, donde millones de personas enfrentan desplazamientos forzados por razones económicas, políticas y ambientales, y son sistemáticamente perseguidas, excluidas y estigmatizadas.

Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad se ha agravado con la expansión global de un modelo de control basado en la vigilancia masiva y el uso de tecnologías digitales que, en muchos casos, son fabricadas y exportadas desde Estados Unidos. Empresas como Palantir o grupos vinculados a la industria de la seguridad venden y adaptan estas herramientas a gobiernos y fuerzas policiales en América Latina y el Caribe, contribuyendo a fortalecer regímenes autoritarios y sistemas de represión que violan derechos humanos fundamentales.

Así, las estrategias que hoy criminalizan a las comunidades migrantes en Estados Unidos funcionan también como un laboratorio para el control social que luego se implementa en nuestros países. La militarización de las fronteras, la cooperación entre agencias migratorias y policiales, y la vigilancia digital afectan a quienes migran, pero también a las poblaciones vulnerables dentro de nuestras propias sociedades, erosionando los bienes comunes sociales como la confianza, la solidaridad y la convivencia intercultural.

El lado humano de esta problemática es fundamental. Las familias que huyen, los trabajadores y trabajadoras que sostienen economías enteras, las comunidades que resisten desde sus territorios, todas estas vidas muestran que la movilidad humana es una expresión legítima de búsqueda de dignidad y justicia. La criminalización de estos movimientos no solo deshumaniza, sino que amenaza el derecho universal a moverse libremente, a construir comunidad y a vivir sin miedo.

Por ello, mirar las protestas en Los Ángeles y denunciar las políticas represivas es también una forma de visibilizar las conexiones globales de estas luchas y fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan la violencia migratoria en todas partes. Defender la libertad de movimiento y rechazar el control autoritario es una tarea urgente para América Latina y el Caribe, porque lo que sucede en el norte nos alcanza y nos define como región.

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencias

Democracy Now! (2025a). Thousands protest Trump immigration plans in LA, denounce ICE raids & threat of military on streets. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/makena_kelly

Democracy Now! (2025b). Elon Musk’s SpaceX Starbase fuels fears of surveillance state as it partners with ICE & Border Patrol. 9 de mayo de 2025. https://www.democracynow.org/2025/5/9/starbase

Democracy Now! (2025c). Guerline Jozef: Trump is unleashing a «war on immigrants» & will legalize cruelty against migrants. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/guerline_jozef

Democracy Now! (2025d). Trump claims powers to deploy troops nationwide without governors’ approval if elected again. 9 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/9/trump_presidential_powers_national_guard

Rho, M. G. (2021). Ciudadanía y luchas migrantes. Debates desde la autonomía de las migraciones. Revista Reflexiones, 100(2), 1–19. https://doi.org/10.15517/rr.v100i2.43440

Créditos de imagenes: Democracy Now, Le Monde y Reuters

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#HostigamientoAmbiental: cuando la defensa del territorio se convierte en blanco digital

Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.

Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur

En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.

Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:

Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“¿Por qué no se regresa a su país a joder?”
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”

Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.

Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:

Deshumanización

Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.

“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”

Criminalización

Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.

“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.”
“¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”

Estigmatización como extranjero

Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.

“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?”
“Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”

Incitación al odio y violencia simbólica

Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”

Legitimación institucional del hostigamiento

Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.

“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
“El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”

Aislamiento social

Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.

“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.”
“No los necesitamos.”

Cerrar filas frente al odio

Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.

No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.

Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur

En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.

Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.

La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.

Compartimos el recurso de amparo mediante el cual se anula la declaratoria de personas non gratas.

¿De qué estamos hablando?

  1. Desprestigio sistemático y campañas de odio
    Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
  2. Xenofobia y discursos de exclusión
    Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
  3. Incitación al desplazamiento
    Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
  4. Amenazas veladas y explícitas
    Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
  5. Uso instrumental de canales institucionales
    Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
  6. Normalización del discurso de odio
    Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.

Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica

La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:

  1. Estigmatizar y criminalizar
    Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
  2. Aislar comunitariamente
    Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
  3. Avalar simbólicamente la violencia
    Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
  4. Violar derechos humanos
    Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
  5. Potenciar la violencia digital
    Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.

Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente

La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.

Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.

El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.

Defender la tierra no debe significar exponerse al odio

El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.

Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.

Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental

La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:

  1. Fortalecer la seguridad digital
  • Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
  • No compartas datos sensibles públicamente.
  • Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
  • Usa VPN y navegadores privados.
  • Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
  1. Documentar y denunciar los ataques
  • Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
  • Reporta los contenidos en las plataformas.
  • Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
  1. Activar el cuidado colectivo
  • Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
  • Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
  • Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
  1. Visibilizar y politizar la violencia digital
  • Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
  • Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
  • Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.

 Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales

En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.

  1. Auge del extractivismo y criminalización

La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.

  1. Digitalización de las agresiones

Los ataques se manifiestan a través de:

  • Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
  • Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
  • Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
  • Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
  1. Estigmatización mediática e institucional

Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.

  1. Género y violencia digital

Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.

  1. Falta de protección y acceso a justicia

Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.

Instrumentos y patrones comunes

  • Difamación y campañas de desprestigio.
  • Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
  • Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
  • Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
  • Exposición pública de datos personales (doxing).
  • Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.

Implicaciones para las personas víctimas

La violencia digital puede generar:

  • Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
  • Afectaciones emocionales y de salud mental.
  • Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
  • Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
  • Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza

En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios.

AspectoViolencia FísicaViolencia Digital
DefiniciónUso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurrePresencial (hogar, calle, instituciones, etc.).En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Medios utilizadosCuerpo, armas, objetos físicos.Internet, redes sociales, mensajes, videos, imágenes, bots.
EvidenciaHeridas visibles, partes médicas, testimonios.Capturas de pantalla, correos, registros digitales.
VisibilidadPuede ser más evidente para testigos directos.Puede pasar desapercibida o normalizarse fácilmente.
PerpetradoresGeneralmente identificables.Puede ser anónima o provenir de múltiples usuarios (colectiva).
Impacto en la víctimaFísico (heridas, discapacidad), psicológico, emocional.Psicológico, emocional, reputacional; también físico (estrés).
Duración de efectosInmediatos, pero pueden ser duraderos o permanentes.Pueden ser prolongados por la persistencia del contenido digital.
Mecanismos de denunciaPolicía, servicios de salud, instituciones judiciales.Plataformas digitales, policía cibernética, organismos legales.
Relación con otras violenciasPuede estar relacionada con violencia sexual, doméstica, estructural.Frecuentemente se cruza con acoso, censura, persecución política.
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Marcha atrás con El Salvador: Conversación sobre la lucha social con Ángel Flores y Luis Rafael Moreira

En este video, Ángel Flores y Luis Rafael Moreira Flores nos comparten un panorama actual de los movimientos indígenas y sindicales en El Salvador. A través de su testimonio, abordan temas clave como:

✔️ La resistencia contra la reactivación de la minería metálica.
✔️ El impacto del desplazamiento de comunidades y la pérdida de territorios.
✔️ La represión estatal y el miedo bajo el régimen de excepción.
✔️ El retroceso en políticas culturales y derechos indígenas.

Esta conversación es un llamado a la reflexión y a la solidaridad internacional. Mira el video y conoce más sobre esta realidad.

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Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch
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Hacer ruido es un derecho: la protesta como acto de resistencia

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Advertencia: Ante los hechos vividos este 5 de febrero, recordamos: En una democracia, el derecho a la protesta es una herramienta fundamental para que la ciudadanía exprese su descontento, exija justicia y defienda sus derechos. En Costa Rica, donde la historia ha demostrado el poder de la movilización social, manifestarse no solo es legítimo, sino necesario para frenar retrocesos y visibilizar problemáticas que el gobierno pretende ignorar. Callar ante la injusticia fortalece la impunidad; alzar la voz, en cambio, es un acto de resistencia que mantiene viva la esencia de una sociedad verdaderamente democrática.

Activistas y estudiantes denuncian persecución policial tras marcha e invasión al campus de la UCR

Asistimos este 5 de febrero a la manifestación “Vamos a hacerle ruido al presi” y compartimos el caminar con muchas personas que decidieron ejercer su derecho a la protesta social. En las calles, buscamos recordarle a la sociedad costarricense las tensas líneas que estamos atravesando: la insensibilidad y falta de acción de las autoridades ante el aumento de feminicidios, el despropósito de un Ministerio de Educación que se deslinda de la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI+ y, en definitiva, el abandono de una propuesta de educación inclusiva.

En este escenario, nos enfrentamos a un Gobierno Ejecutivo que ningunea la protesta y busca criminalizarla a la menor “oportunidad”, como sucedió con la persona que manejaba la “tumbacocos”. Lejos de desmentir los serios cuestionamientos planteados frente a Casa Presidencial, el gobierno confirmó con sus actitudes y acciones las preocupaciones sobre su deriva autoritaria, que tanto parece acomodar al presidente.

Dejamos este tejido de voces en protesta para que todas las personas que no pudieron asistir tengan de primera mano las principales demandas y cuestionamientos expuestos ante la indiferencia de las autoridades. Porque la protesta social no es solo un acto de resistencia, sino un derecho humano fundamental que permite visibilizar injusticias, exigir cambios y defender la dignidad de todas las personas.

Galería

Desde el Observatorio de Bienes Comunes revindacamos que la protesta social es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, un espacio donde las voces colectivas se unen para exigir justicia y defender derechos. Más que un acto individual, es un bien común que permite visibilizar problemáticas, presionar por cambios y fortalecer el tejido social. Criminalizarla no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que debilita la democracia misma. Protestar es construir un futuro más justo para todas las personas.
reducido puerto viejo

Personas defensoras: Entre la criminalización y la impunidad

Con motivo del informe “Patrones de criminalización de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos en América Latina y València” publicado por Entrepueblos queremos invitar a la reflexión sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, en un contexto de vulnerabilidad y marginación. Vulnerabiliza, porque a partir de su trabajo de vigilancia, cuido y denuncia, están expuestos desde el hostigamiento hasta el asesinato.

Pero también, se les margina en la institucionalidad, ya que lejos de contar con medidas de protección y reparación, en la mayoría de los casos, son sumidos a procesos de criminalización por parte de las autoridades, con el fin de silenciar su labor.

Por esta razón, nos parece relevante seguir insistiendo en denunciar esta situación de doble vulnerabilidad, que está llevando al extremo a la salud física, pero también psicológica de estas personas, a procesos de desgaste intensos y de destrucción de sus tejidos comunitarios y familiares.

Esperamos este material, incentive la discusión y el debate en la búsqueda de construcción de medidas, políticas y marcos legales que reconozcan su labor, protejan su integridad y reparan los daños que les ha causado la constante impunidad de la que son víctimas.

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Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

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A 53 años de ALCOA: ¿Cuales son las amenazas a la protesta estudiantil latinomaericana y caribeña?

Aprovechamos este aniversario de las protestas en Costa Rica contra la extracción de bauxita por parte de la Aluminum Company of America (Alcoa) en Peréz Zeledón, dónde el estudiantado tuve un papel protagónico, por esta razón creemos importante reflexionar sobre ¿cómo se encuentra la protesta social despúes de 53 años?

En el 2021 CLADE publicó el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”, gracias al cual compartirmos algunas de las tendencias regionales que están presentes en América Latina y el Caribe.

Les invitamos a reflexionar sobre ¿Qué papel tiene las manifestaciones de protesta en nuestras sociedades?  ¿Qué está pasando con el derecho a la protesta social? ¿Cuales son los riesgos que estamos enfretando?

Les compartirmos esta infografía para provocar la reflexión sobre el contexto que enfrenta la protesta social para nuestros procesos organizativos.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información sobre los 53 años de ALCOA pueden ver la nota publicada en UCR: «24 de abril: Día del Movimiento Estudiantil Costarricense Alcoa: el despertar de la juventud nacional».

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Imagen tomada de: Vida UCR (2023) Alcoa: el despertar de la juventud nacional. Dirección: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/24/alcoa-el-despertar-de-la-juventud-nacional.html