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Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

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A 53 años de ALCOA: ¿Cuales son las amenazas a la protesta estudiantil latinomaericana y caribeña?

Aprovechamos este aniversario de las protestas en Costa Rica contra la extracción de bauxita por parte de la Aluminum Company of America (Alcoa) en Peréz Zeledón, dónde el estudiantado tuve un papel protagónico, por esta razón creemos importante reflexionar sobre ¿cómo se encuentra la protesta social despúes de 53 años?

En el 2021 CLADE publicó el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”, gracias al cual compartirmos algunas de las tendencias regionales que están presentes en América Latina y el Caribe.

Les invitamos a reflexionar sobre ¿Qué papel tiene las manifestaciones de protesta en nuestras sociedades?  ¿Qué está pasando con el derecho a la protesta social? ¿Cuales son los riesgos que estamos enfretando?

Les compartirmos esta infografía para provocar la reflexión sobre el contexto que enfrenta la protesta social para nuestros procesos organizativos.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información sobre los 53 años de ALCOA pueden ver la nota publicada en UCR: «24 de abril: Día del Movimiento Estudiantil Costarricense Alcoa: el despertar de la juventud nacional».

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Imagen tomada de: Vida UCR (2023) Alcoa: el despertar de la juventud nacional. Dirección: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/24/alcoa-el-despertar-de-la-juventud-nacional.html

NUESTRA PROPUESTA

Una fotografía Socioambiental: Principales hallazgos del 6 Informe del Estado de la Región

Les compartimos esta infografía de los principales hallazgos en la dimensión socioamental del Sexto Informe Estado de la Región (2021) que nos permite caracterizar el estado de la conflictividad de los últimos 30 años en la Región Centroamericana y República Dominicana.

Una situación caraterizada por la presión de las industrias extractivas, la  erosión de la institucionalidad pública y el incremento constante de escenarios de violencia sobre las personas defensoras.

Por esta razón nos parece importante compartir esta infografía de los principales hallazgos del Sexto Informe del Estado de la Región, que nos permite identificar las principales tensiones del contexto para visibilizar esas dimensiones de urgencia que requieren nuestra atención.

Pueden descargar el informe completo aquí.

Capítulo 7: Conflictividad ambiental: una aproximación para el análisis de las presiones sobre los ecosistemas y sus recursos 

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¿Qué pasa con el Acuerdo de Escazú? | Especial Día de la Tierra (video) – Coproducción Era Verde-Palabra de Mujer-Observatorio-Kioscos

Les invitamos a ver este programa especial transmitido el 22 de abril en el marco del día Mundial de la Tierra, se conversó sobre la situación que afrontan los y las defensores ambientales en Costa Rica en el marco de la postergación por parte de Costa Rica de la ratificación del Acuerdo de Escazú.

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Observatorio Bienes Comunes: Segundo Boletín Sentires y Saberes Defensoras y defensores ambientales ¿Quién les cuida?

El Acuerdo de Escazú se conocerá esta semana en el congreso (octubre 2020), durante dos años no ha sido mucha su difusión en el país, ¿A qué se puede deber esto? El Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica les queremos compartir a través de este Boletín algunas claves de lectura para esta situación, ¿De qué habla este acuerdo? ¿A quiénes defiende?

El pasado 28 de septiembre del 2018, 23 países firmaron el Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados.

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado.

Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la declaración de Río, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Resulta inquietante al menos que un país como Costa Rica, que ha tratado de caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tuviera como pendiente la ratificación de un Acuerdo que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Algunas implicaciones de este acuerdo podrían explicar la demora, ya que viene a garantizar derechos que han sido obviados durante décadas, acceso oportuno a la información en temas ambientales, mecanismos de participación y protección jurídica a esas personas defienden el ambiente y han sido expuestas a presiones de intereses económicos muy fuertes que terminan desgastando sus vidas personales y familiares.

Esta oposición procura justificar esta negativa al acuerdo argumentando que Impide el acceso a nuevas tecnologías, a la inversión en infraestructura, también señalan que es una amenaza a la confidencialidad de la información empresarial, que provoca altos costos al Estado relacionados a la protección de los y las defensores ambientales o por último que nos expondría como sociedad a interminables procesos de consulta. En definitiva, argumentos que no explican la no idoneidad del acuerdo, sino que invitan a pensar ¿Qué tipo de democracia aspiran estos sectores?

¿Qué nos dice esto sobre la posición interna de Costa Rica con respecto a las y los defensores ambientales? ¿Qué relación tiene este lento camino y los procesos de criminalización de la protesta social vividos en los últimos años? ¿Cuáles intereses están en juego a partir de las dimensiones del Acuerdo? ¿Qué visión de participación política se está imponiendo? ¿Cuáles deudas socioambientales Costa Rica sigue teniendo abiertas?

Estas preguntas y más son parte de la información que procura problematizar este boletín, para que sea una herramienta que enriquezca el análisis de todas las personas interesadas y permita comprender el contexto que atraviesa nuestro país en torno a la temática socioambiental; ¿de dónde partimos?, los intereses en conflicto, las ausencias y los desafíos que encaramos como sociedad.

Pueden descargar el boletín aquí.