En la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto Ministra de la Presidencia y presidenta electa Laura Fernández, tuvo lugar un intercambio que, para muchos, pudo pasar desapercibido. Sin embargo, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, constituye un ejemplo claro de estigmatización institucional contra personas defensoras del ambiente.
Durante su intervención, el presidente Chaves se refirió al diputado electo Edgardo Araya como “la clase de estúpido que es este ser humano” y “el padre del desastre de Crucitas”. En la misma línea, calificó al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, como “un desvisado”, “de extrema izquierda y nefasto para el país” y “malintencionado”. Por su parte, la presidenta electa aludió a “personas radicalistas” que “engañan” al país con “información falsa”.
Lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe.
Lo que dice el derecho interamericano
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022), es contundente al respecto:
“La difamación y estigmatización de personas defensoras son prácticas comúnmente utilizadas para distorsionar la percepción que se tiene sobre su labor.” (párr. 114)
El documento señala que, en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, funcionarios públicos y actores privados han recurrido a etiquetas como “criminales”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del Estado” para desacreditar a quienes defienden el ambiente (párr. 115). Aunque con un lenguaje distinto, ese mismo patrón discursivo se hizo presente este miércoles en la conferencia del Poder Ejecutivo costarricense.
La CIDH advierte que la estigmatización no constituye un simple exceso retórico. Por el contrario, contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal (párrs. 116–118).
¿Por qué esto importa en Costa Rica?
Costa Rica experimenta una erosión en las condiciones para la defensa ambiental. Aunque no se trate de un escenario de violencia sistemática como en otros países de la región, el país no está exento de hechos extremos: se han registrado asesinatos de personas vinculadas a la defensa del territorio. En este contexto, se acumulan señales de deterioro —conflicto sostenido en territorios indígenas, declaratorias de “no grato” y afiches de “no bienvenidos”— que, lejos de ser aisladas, delinean una tendencia preocupante. A ello se suma el uso de mecanismos de intimidación legal, como las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), reforzando un entorno cada vez más adverso, profundizado por discursos estigmatizantes desde el Poder Ejecutivo.
Estos discursos no solo acompañan este proceso, sino que lo profundizan y legitiman. En primer lugar, normalizan el insulto y la descalificación personal como formas válidas de hacer política y de responder a posiciones críticas, particularmente en materia ambiental. En segundo lugar, deslegitiman la defensa del ambiente al asociarla de manera automática con “fanatismo”, “radicalismo” o “engaño”, sin distinguir entre posturas legítimas y acciones ilegales.
Además, este clima discursivo pone en riesgo el derecho a disentir en temas ambientales, especialmente para comunidades locales, liderazgos indígenas y personas que se oponen a megaproyectos. Finalmente, este tipo de posicionamientos contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, incluyendo su papel histórico en torno al Acuerdo de Escazú y los estándares desarrollados por la CIDH.
Lo que la CIDH recomienda (y Costa Rica debería escuchar)
El informe dedica un apartado específico a las obligaciones estatales en materia de estigmatización. Entre sus conclusiones, señala:
“Las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.” (párr. 175)
Asimismo, recomienda de forma expresa:
“Crear una campaña de educación y promoción […] Las autoridades, desde los más altos niveles, deben abstenerse de hacer declaraciones o afirmaciones que estigmaticen o desacrediten a las personas defensoras.” (párr. 305, recomendación 2)
Hasta el momento, lejos de promover esta cultura, el Poder Ejecutivo costarricense ha avanzado en sentido contrario.
Más allá de la anécdota: un patrón discursivo
Lo ocurrido el 22 de abril no puede entenderse como un hecho aislado. En los últimos años, desde el Ejecutivo se ha reiterado un patrón discursivo que califica a quienes cuestionan proyectos turísticos, mineros o de infraestructura como “obstruccionistas”, “radicales” o “enemigos del desarrollo”.
Lo novedoso en esta ocasión es la intensidad de la descalificación —dirigida a personas concretas como Araya y Cruz— y la generalización negativa hacia quienes defienden el ambiente, presentados como parte de “corrientes extremas”.
De acuerdo con la CIDH, la estigmatización suele ser el primer eslabón de una cadena que puede escalar hacia el hostigamiento, la criminalización y, en los escenarios más graves, la violencia física (párr. 96). En Costa Rica, aunque no se ha llegado a esos extremos, el discurso oficial comienza a sentar las condiciones para ello.
Cuando el discurso oficial cruza la línea
Señalar la estigmatización desde el Poder Ejecutivo no implica perseguir al gobierno ni restringir la libertad de expresión presidencial. Tampoco se trata de dirimir si un proyecto es viable, beneficioso o no, ni de impedir el desarrollo. Implica, más bien, reconocer que las palabras de quienes ejercen poder público tienen peso, generan efectos y deben ajustarse a ciertos límites, especialmente cuando se refieren a personas que ejercen un derecho fundamental: la defensa del ambiente.
La CIDH ha sido clara: proteger a las personas defensoras comienza por reconocer la legitimidad de su labor y abstenerse de descalificarlas. Un país que se presenta como referente ambiental y de derechos humanos, como Costa Rica, debería comenzar por garantizar ese estándar en su propio discurso institucional.
En este sentido, lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple exceso retórico. Forma parte de un entramado más amplio de violencias que afectan a quienes defienden el ambiente. La siguiente matriz, basada en el informe de la CIDH, permite visualizar cómo estas formas de violencia se articulan y escalan, situando la estigmatización como uno de sus puntos de partida.
Cómo operan las violencias contra personas defensoras del ambiente
| Tipo de violencia | ¿En qué consiste? | ¿Cómo se manifiesta? | Efectos principales | Relación con la estigmatización |
|---|---|---|---|---|
| Estigmatización y desprestigio | Discursos que deslegitiman la labor de defensa ambiental | Declaraciones públicas, etiquetas como “radicales”, “antidesarrollo”, “enemigos” | Erosiona legitimidad social, aísla a las personas defensoras | Es el punto de partida: construye el clima que permite otras violencias |
| Amenazas y hostigamiento | Intimidación directa o indirecta contra personas defensoras | Mensajes de amenaza, vigilancia, acoso, agresiones físicas o psicológicas | Genera miedo, limita la participación y la denuncia | Se legitima más fácilmente cuando la persona ya ha sido desacreditada públicamente |
| Criminalización | Uso indebido del sistema penal para obstaculizar la defensa | Denuncias infundadas, procesos judiciales, prisión preventiva abusiva | Desgasta recursos, inhibe la acción colectiva, castiga la protesta | La estigmatización construye la narrativa que “justifica” la persecución |
| Ataques a la vida e integridad | Violencia directa contra la integridad física | Atentados, asesinatos, desapariciones forzadas | Elimina liderazgos, genera terror en comunidades | Es el extremo de la cadena, precedido muchas veces por estigmatización y hostigamiento |
Fuente: elaboración propia con base en el informe de la CIDH “Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente” (2022).
¿A quiénes alcanza este tipo de discurso?
Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. En este caso, las descalificaciones se dirigen a figuras con alta exposición pública como Fernando Cruz y Edgardo Araya. Se trata de personas con trayectoria, experiencia institucional y cierto nivel de protección derivado de sus cargos —magistrado y diputado electo—, lo que podría sugerir que están más habituadas a este tipo de confrontaciones.
Sin embargo, el problema no se agota en quienes reciben directamente los ataques. Este tipo de discurso, emitido desde los más altos niveles del poder, no solo impacta a estas figuras: también envía un mensaje más amplio que puede ser replicado y amplificado en otros espacios.
Cuando se normaliza la descalificación personal, se habilita —explícita o implícitamente— que ese mismo trato se reproduzca hacia personas defensoras con menor visibilidad y menor capacidad de protección: liderazgos comunitarios, colectivos locales, juventudes organizadas o personas que participan por primera vez en la defensa de sus territorios.
En esos contextos, las consecuencias pueden ser mucho más graves. A diferencia de figuras públicas consolidadas, estas personas suelen enfrentar mayores niveles de vulnerabilidad frente al hostigamiento, la intimidación o la violencia, precisamente porque no cuentan con los mismos recursos políticos, mediáticos o institucionales para responder.
Esto no implica minimizar los efectos que estas expresiones tienen sobre Fernando Cruz y Edgardo Araya, quienes también pueden verse afectados en distintos niveles por este tipo de violencia simbólica. Más bien, permite dimensionar el alcance del problema: un discurso estigmatizante no se queda en quienes nombra, sino que se expande, permea y reconfigura las condiciones en las que muchas otras personas ejercen su derecho a defender el ambiente.
En ese sentido, la responsabilidad del discurso público no radica solo en a quién se dirige, sino en todo lo que habilita más allá de ese momento.
¿Qué dice esto sobre la política ambiental de Costa Rica?
Más allá del episodio puntual, este tipo de declaraciones abre una pregunta de fondo sobre el rumbo de la política ambiental en Costa Rica. Cuando desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo se desacredita a quienes defienden el ambiente, no solo se afecta a personas concretas: se redefine el lugar que ocupa la protección ambiental dentro de las prioridades del Estado.
El discurso importa porque orienta la acción pública. Asociar la defensa del ambiente con obstáculo, engaño o radicalismo no es neutral: desplaza el debate desde la deliberación informada hacia la descalificación, y debilita las condiciones para construir políticas ambientales legítimas, participativas y sostenibles.
En un país que ha construido buena parte de su identidad internacional sobre la protección ambiental, este tipo de posicionamientos genera tensiones evidentes. No se trata solo de una contradicción discursiva, sino de una señal política que puede incidir en cómo se toman decisiones sobre territorios, recursos naturales y comunidades.
Esto se vuelve aún más evidente al revisar la propia intervención de la presidenta electa. En su discurso, Laura Fernández reivindica el ambiente como “la gallina de los huevos de oro”, destacando su valor para el turismo, la imagen país y la generación de riqueza. Sin embargo, esa defensa se articula en términos instrumentalizados: el ambiente aparece valioso en la medida en que produce beneficios económicos y reputacionales, no necesariamente como un derecho o un bien común en sí mismo.
Al mismo tiempo, establece una frontera problemática entre “protección” y “fanatismo”, ubicando a quienes cuestionan proyectos o decisiones como “radicalistas” que “engañan” al país y generan “inseguridad jurídica”. Esto no solo simplifica debates complejos, sino que reproduce el tipo de narrativa que organismos como la CIDH han advertido: aquella que desacredita a las personas defensoras al asociarlas con irracionalidad, mala fe o daño al desarrollo.
A ello se suma una idea que parece técnica, pero que también merece ser problematizada: la noción de compensación ambiental basada en cortar árboles y sembrar más, incluso en proporciones mayores. Si bien estas medidas pueden formar parte de herramientas de gestión ambiental, presentarlas como equivalentes directos invisibiliza aspectos clave como la complejidad de los ecosistemas, el tiempo que tarda en regenerarse un bosque, la biodiversidad específica de cada territorio y los impactos acumulativos de la intervención. No todo árbol es intercambiable, ni todo ecosistema es fácilmente “reemplazable”.
Así, el discurso intenta sostener una defensa del ambiente mientras deslegitima a quienes lo defienden en contextos concretos y simplifica las tensiones ecológicas a una lógica de compensación cuantitativa. La tensión no es menor: se reivindica el valor abstracto de la naturaleza, pero se cuestiona —y se desautoriza— a los sujetos que encarnan su defensa en los territorios.
En ese sentido, la pregunta no es menor: ¿se está consolidando una política ambiental que reconoce el valor de quienes defienden la vida en los territorios, o una que los coloca como adversarios del desarrollo? La respuesta a esa pregunta marcará, en buena medida, el tipo de país que Costa Rica decida ser.
Referencias:
CIDH (2022). Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 400/22. Puede descargar aquí.
Poder Ejecutivo de Costa Rica. (2026, 22 de abril). Conferencia presidencial 22-04-2026 -video. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tqZw6bY1FVU
