El próximo martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asocición para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para manifestar su rechazo a un reciente acuerdo que, según denuncian, debilita la participación ciudadana en la definición del Plan Regulador.
El pasado 29 de julio, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador y trasladar la responsabilidad del proceso a una oficina técnica municipal.
La medida genera preocupación porque, a diferencia de la Comisión, integrada por representantes comunitarios electos por distrito, miembros del Concejo y personal técnico municipal, la oficina técnica está conformada únicamente por funcionarios municipales, lo que reduce la representación y la voz de la ciudadanía en el proceso.
Precedentes que alertan
CODECE y otras organizaciones recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron decenas de reformas parciales al plan regulador que ampliaron las zonas comerciales del cantón en detrimento de otros usos del suelo, sin un debate comunitario amplio.
En ese momento, denuncian, los planes se elaboraron “entre cuatro paredes” y la única instancia de participación fue una audiencia pública de carácter más informativo que deliberativo, donde las observaciones de la población fueron en su mayoría desestimadas.
Defensa de la incidencia ciudadana
Para las personas y organizaciones convocantes, la Comisión Especial del Plan Regulador es un mecanismo clave que permite conocer, dar seguimiento y aportar directamente a las propuestas desde las primeras etapas del proceso.
Eliminarla, advierten, significa limitar la transparencia y la capacidad de incidencia comunitaria, abriendo la puerta a decisiones que prioricen intereses particulares sobre el bienestar colectivo y el ordenamiento equilibrado del territorio.
La importancia de la participación comunitaria
La participación comunitaria en un Plan Regulador no es un trámite administrativo, sino una garantía democrática para que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público y no únicamente a intereses privados o comerciales.
Una Comisión Especial con representación comunitaria ofrece un espacio de seguimiento permanente, donde vecinos y vecinas pueden:
- Conocer de primera mano las propuestas y cambios que se plantean.
- Aportar desde la experiencia y conocimiento del territorio, que muchas veces complementa la visión técnica.
- Fiscalizar que el proceso cumpla con la normativa y con principios de sostenibilidad ambiental y equidad social.
Sin estos espacios, el riesgo es que la planificación territorial se realice a puertas cerradas, reduciendo la transparencia y debilitando el control ciudadano.
Además, para que la participación sea real y no simbólica, es necesario que:
- La información se presente en un lenguaje claro, con mapas, datos y explicaciones comprensibles para toda la comunidad.
- El proceso sea accesible, con reuniones en horarios y lugares adecuados, y con mecanismos para que las personas puedan opinar aunque no asistan presencialmente.
- Los plazos sean razonables, permitiendo que las comunidades analicen las propuestas, discutan internamente y formulen observaciones fundamentadas.
Cuando estos elementos no se cumplen —por ejemplo, si se entregan documentos técnicos poco antes de una audiencia o si las observaciones se reciben pero no se consideran— la participación se convierte en un simple requisito formal, sin capacidad de incidir en las decisiones finales.
Por eso, CODECE y las organizaciones convocantes defienden que la Comisión Especial del Plan Regulador continúe siendo el espacio legítimo donde la ciudadanía pueda incidir de forma directa, informada y efectiva en el futuro del cantón.
¿Qué es un Plan Regulador en Costa Rica?
En el país, el Plan Regulador es el instrumento técnico y legal que ordena el uso del suelo en un cantón. Define qué áreas se destinan a vivienda, comercio, industria, protección ambiental, zonas agrícolas, recreativas, entre otras, así como las regulaciones que determinan la altura de edificaciones, densidad habitacional, retiros, y otros aspectos del desarrollo urbano y rural.
Su aprobación y actualización tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el acceso a áreas verdes y la preservación de ecosistemas, hasta la movilidad, la infraestructura y las oportunidades económicas. Por eso, su elaboración y reforma son procesos de alto interés público.
