Tras varias semanas de movilización, tensión en el Concejo Municipal y exigencias por parte de la comunidad, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Escazú comunicó que se alcanzó un acuerdo sobre la gestión del Plan Regulador.
El comunicado establece que el Plan Regulador se trabajará de manera conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y la Comisión Especial del Plan Regulador, reinstalando así un espacio de representación comunitaria que había sido eliminado semanas atrás.
Según informó la Municipalidad, el acuerdo fue promovido luego de una conversación entre el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León, que permitió convocar a los siete regidores propietarios para construir una salida negociada. La propuesta será presentada este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal para su aprobación formal.
Participación fortalecida
El comunicado señala además que se reforzarán las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana. De confirmarse en el Concejo, se trataría de un paso importante hacia un esquema más equilibrado que combine la capacidad técnica con la incidencia ciudadana.
Para los colectivos que se han movilizado, este desenlace es un reconocimiento al rol de la ciudadanía como actor legítimo en la definición de un Plan Regulador que afecta directamente el futuro del cantón: desde la protección de los Cerros de Escazú y la recarga hídrica, hasta la gestión de riesgos, la movilidad y la calidad de vida en los barrios.
La fuerza de la movilización
El acuerdo no surge de la nada. Fue la presión organizada de vecinos, colectivos y organizaciones —expresada en concentraciones, comunicados y presencia activa en las sesiones municipales— la que obligó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y negociación.
La comunidad escazuceña demostró que la vigilancia y la acción colectiva pueden revertir decisiones que parecían cerradas, recuperando un mecanismo de representación ciudadana y exigiendo mayor transparencia en la gestión municipal.
Próxima cita: martes en el Concejo
El próximo martes la propuesta será presentada en el Concejo Municipal. La expectativa es que se apruebe el acuerdo y se ratifique la corresponsabilidad entre la Oficina Técnica y la Comisión Especial, consolidando un proceso de ordenamiento territorial con mayor legitimidad democrática.
La lección es clara: cuando la ciudadanía se organiza, la participación deja de ser un trámite y se convierte en una fuerza capaz de incidir en el rumbo del cantón.
Un camino difícil, pero legítimo
El acuerdo alcanzado no oculta que el proceso estuvo lleno de obstáculos. Las personas vecinas que impulsaron la convocatoria enfrentaron intentos de desacreditación pública, cuestionamientos sobre sus motivaciones e incluso la minimización de sus demandas dentro del propio Concejo Municipal.
A pesar de ello, se mantuvieron firmes en la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio. Con organización, constancia y presencia activa lograron demostrar que sus preocupaciones eran legítimas y que sus reclamos estaban sustentados en principios democráticos.
Hoy, con la apertura de la mesa de diálogo y el acuerdo de trabajo conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión, queda en evidencia que la movilización no fue en vano. Las vecinas y vecinos actuaron en defensa del bien común y reafirmaron que la participación ciudadana no es una concesión, sino un derecho que debe respetarse y fortalecerse.
