En plena COP15 de la Convención Ramsar, Costa Rica destaca por su ausencia. Mientras otros países reportan avances y amenazas sobre sus humedales, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no ha emitido una sola actualización sustantiva entre 2022 y 2025.
Una conferencia clave en tiempos de crisis ecosistémica
Del 23 al 31 de julio de 2025 se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Ramsar, el tratado internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales, por su papel esencial en la biodiversidad, la regulación hídrica y la sostenibilidad de la vida humana.
Esta edición representa un momento clave para examinar el estado de más de 2.500 sitios Ramsar en todo el mundo, coordinar acciones frente a su deterioro y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte. Según el informe oficial de la Secretaría (COP15 Doc.9), Costa Rica no figura entre los 29 países que actualizaron sus Fichas Informativas Ramsar (FIR) ni los mapas de sus sitios durante el periodo 2022–2025.
El panorama general también es preocupante: el 74 % de los sitios Ramsar a nivel global tienen información desactualizada, y en el 52 % de los casos no se ha reportado ninguna actualización reciente. En medio de esta crisis de seguimiento, la situación de Costa Rica destaca negativamente, ya que no se registraron nuevas designaciones, ampliaciones ni reportes sobre amenazas ecológicas en sus humedales, pese a múltiples denuncias documentadas por organizaciones sociales y medios de comunicación. La única explicación posible desde el marco institucional sería que los procesos se encuentren actualmente en etapa de actualización técnica aún no reportada oficialmente.
Tres años de silencio en la era Chaves Robles
Este periodo coincide plenamente con el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles y su Ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach, iniciado en mayo de 2022. Durante la administración, se ha recortado el financiamiento a programas ambientales clave, debilitado instituciones como el SINAC y promovido visiones de desarrollo centradas en la desregulación territorial.
La inacción de Costa Rica en el marco de la Convención Ramsar es coherente con la política ambienta impulsada por la administración, refleja una política caracterizada por la omisión y la inercia. La falta de actualizaciones técnicas y legales es especialmente grave considerando que los humedales son bienes comunes fundamentales para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica.
Sitios Ramsar sin seguimiento ni vigilancia efectiva
Costa Rica cuenta con doce humedales declarados de importancia internacional, como Caño Negro, Térraba-Sierpe o Palo Verde entre los más conocidos. Sin embargo, según el informe Ramsar 2025, ninguno de estos sitios fue actualizado durante el trienio revisado. Esto incluye la omisión de información técnica, cartográfica y ecológica en el sistema oficial Ramsar.
Además, el país no figura entre aquellos que reportaron modificaciones en las condiciones ecológicas de sus humedales, como lo exige el Artículo 3.2 de la Convención. Esta omisión se agrava al considerar la abundante evidencia empírica y periodística sobre múltiples afectaciones recientes.
Denuncias en el territorio: señales de alerta para los humedales
Pese al silencio institucional, diversos medios y actores comunitarios han documentado múltiples amenazas a humedales protegidos, lo que evidencia la falta de seguimiento y monitoreo. Algunas situaciones destacadas incluyen:
Humedales Ramsar
Caño Negro: La sedimentación acelerada por actividades agrícolas y la expansión de cultivos agroindustriales sin control están transformando su ecosistema, mientras la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente para detener el deterioro.
Térraba-Sierpe: Hay una alerta sobre el interés de instalar un relleno sanitario que pondría en riesgo las aguas, además, la Fiscalía Ambiental de Osa ordenó medidas de restauración ante ocupación ilegal dentro del humedal (Chacón Soto, 2025; Ministerio Público, 2025).
Palo Verde: El sitio ha experimentado cambios significativos en sus características ecológicas, particularmente en su régimen hidrológico, como resultado de actividades agrícolas y ganaderas en los alrededores, así como por la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).
- Humedales Caribe Noreste: El sitio ha experimentado cambios notables en sus características ecológicas, principalmente en su régimen hidrológico, como consecuencia de la construcción de canales artificiales en la zona. (Chacón, 2025; Ramsar Convention Secretariat, 2024; Convención Ramsar, 2025).
Gandoca-Manzanillo: Este sitio ha sufrido graves amenazas por permisos de construcción irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, y una reducción no técnica de aproximadamente el 40 % del área reconocida como humedal.
Situaciones de presión en torno a los humedales
- Caribe Sur: El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y el accionar de diversas organizaciones ha permitido reportar tala, drenaje y uso comercial de humedales en zonas como Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, evidenciando permisividad institucional (Observatorio de Bienes Comunes, 2025).
Playa Negra (Talamanca): En febrero de 2025, se denunció un intento de relleno de humedal en plena Zona Marítimo Terrestre, detenido gracias a la intervención ciudadana y del Ministerio Público (Martinez, 2025).
- Estero del río Lagarto (Sámara): En 2024, la Sala Constitucional ordenó estudios tras comprobarse afectaciones por obras privadas sobre un ecosistema frágil (CRHoy, 2024).
¿Reconocimiento internacional?: Humedales mencionados en el informe
Aunque el Estado costarricense no presentó reportes formales sobre el estado de sus humedales entre 2022 y 2025, el documento oficial para la COP15 de la Convención Ramsar sí reconoce dos casos críticos en el país. En su Anexo 4a, que enumera los sitios con alteraciones ecológicas confirmadas por las autoridades nacionales o verificadas por la Secretaría, aparecen los humedales Ramsar Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe como parte de los 185 sitios a nivel mundial con expedientes abiertos bajo el artículo 3.2.
Este registro internacional refuerza lo que ha sido ampliamente denunciado en territorio nacional:
En Gandoca-Manzanillo, se han documentado construcciones irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, ocupaciones dentro del humedal y una reducción no técnica del 40 % del área reconocida, impulsada por la Directriz 09-2023 del MINAE. Este caso ha generado denuncias ante la Convención Ramsar y solicitudes de revisión al Ministerio del Ambiente. En julio de 2025, la Sala Constitucional anuló el Plan de Manejo vigente, señalando que viola el principio constitucional de un ambiente sano y la Convención Ramsar.
En Térraba-Sierpe, la situación también es alarmante. El sitio fue incluido en la lista por afectaciones ecológicas no reportadas oficialmente. Entre ellas destacan la contaminación potencial asociada a una planta de tratamiento, ocupaciones ilegales y la orden de medidas de restauración por parte de la Fiscalía Ambiental de Osa. Esta omisión en los reportes estatales viola el artículo 3.2, que exige informar sobre cualquier cambio en las condiciones ecológicas de los humedales protegidos.
Esta se encuentra detenida por el momento, gracias a la resistencia organizada de la comunidad de Salamá, en Osa. En junio de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Concejo Municipal declaró como “inconveniente para los intereses del cantón” un proyecto privado de relleno sanitario promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L., que pretendía instalarse en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe. Entre los riesgos identificados destacaban la contaminación por lixiviados, el impacto sobre nacientes y quebradas no contempladas, así como afectaciones potenciales a este ecosistema protegido. La movilización comunitaria, junto con intervenciones clave como la del diputado Ariel Robles ante SETENA, fue determinante para detener esta iniciativa, que violaba normativas relacionadas con áreas silvestres protegidas. Este caso demuestra el rol crucial de la participación social en la defensa de los humedales frente a proyectos incompatibles con su valor ecológico y cultural.
También se mencionan los casos del Parque Nacional Palo Verde y el Humedal Caribe Noreste, donde se reportan proyectos de infraestructura y cambios ecológicos sin actualizaciones estatales. Cabe recordar que los Estados Parte deben remitir información periódica a la Convención Ramsar cada seis años, y en este caso no se ha hecho desde hace más de seis años (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).
El hecho de que estos sitios figuren en el informe oficial de la COP15, pese al silencio del gobierno costarricense, evidencia una grave desconexión entre la realidad ecológica y los compromisos internacionales asumidos por el país. También subraya el papel clave que cumplen la vigilancia ciudadana, la acción judicial y la presión social para visibilizar y denunciar las amenazas sobre estos bienes comunes.
¿Qué explica esta omisión?
La desconexión entre los hechos documentados y el silencio en los reportes oficiales responde a factores estructurales y políticos:
Fragmentación institucional: La gestión de humedales recae en múltiples entidades con escasa coordinación (SINAC, AyA, municipalidades, etc.).
Desfinanciamiento ambiental: La política de austeridad del gobierno limita la capacidad operativa de las instituciones ambientales.
Modelo de desarrollo extractivo: Se fomenta la inversión turística e inmobiliaria incluso sobre territorios protegidos, sin evaluaciones integrales ni participación social efectiva.
Desregulación ambiental: Se debilitan marcos normativos y controles institucionales en nombre de la «reactivación económica», lo que facilita actividades nocivas en ecosistemas frágiles.
Corrupción y captura institucional: Funcionarios y autoridades favorecen intereses privados mediante decisiones discrecionales, omisiones deliberadas o trámites irregulares que permiten el avance de proyectos extractivistas sobre áreas protegidas.
Esta inercia no es solo técnica: es una forma de violencia institucional que invisibiliza los conflictos ecológicos y facilita la mercantilización de territorios esenciales para la vida.
Del discurso verde a la acción ausente
Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre una narrativa de sostenibilidad y liderazgo ambiental. Sin embargo, la ausencia total de acciones en el marco de la Convención Ramsar entre 2022 y 2025 evidencia una fractura entre el discurso ambiental y la práctica estatal. Esta omisión no es aislada: es coherente con el más reciente informe de labores del presidente ante la Asamblea Legislativa, en el cual no se mencionó ningún avance en torno a la política ambiental; de hecho, ni siquiera se aludió al tema. (Observatorio Bienes Comunes, 2025)
Más allá de los informes, lo que está en juego son los territorios del agua, los ciclos ecológicos y los modos de vida que dependen de los humedales. Frente al avance del extractivismo turístico, el desinterés gubernamental y la burocracia sin voluntad, urge reactivar la vigilancia pública y fortalecer la participación comunitaria en la defensa de estos ecosistemas como bienes comunes esenciales para la vida digna.
“Sitios Ramsar de Costa Rica: Estado de conservación y principales amenazas”
Indicaciones:
🟢 Buen estado general
🟡 Estado intermedio / presión moderada
🔴 Estado crítico / alta presión
| Sitio Ramsar | Ubicación | Área (ha) | Estado |
|---|---|---|---|
| Parque Nacional Palo Verde | Guanacaste | ~18 418 |  Sedimentación y presión agrícola |
| Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro | Alajuela | ~9 969 | Cambios hidrológicos y sedimentación |
| Parque Nacional Tortuguero | Limón | ~26 156 | Presión turística |
| Humedal Nacional Térraba-Sierpe | Puntarenas | ~27 000 |  Ocupaciones ilegales y contaminación |
| Parque Nacional Isla del Coco | Pacífico oceánico | ~99 623 |  Buen estado general, pesca ilegal externa |
| Laguna Respingue | Guanacaste | ~245 | Baja atención institucional |
| Parque Nacional Marino Las Baulas | Guanacaste | ~439 | Expansión inmobiliaria cercana |
| Estero de Puntarenas (no es parte Ramsar, sin embargo de importancia) | Puntarenas | ~24 000 | Contaminación crónica y expansión portuaria |
| Humedal Maquenque | Zona Norte | ~59 692 | Presión agrícola |
| Manglares de Potrero Grande | Guanacaste | ~139 | Fragmentación y expansión ganadera |
| Refugio Nacional de Vida Silvestre Tamarindo | Guanacaste | ~500 | Presión turística y expansión urbana |
| Embalse Arenal | Guanacaste/Alajuela | ~5 000 | Cambios ecológicos por represas y turismo |
| Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo | Limón | ~5 013 | Conflictos de uso del suelo, turismo sin control |
| Humedal Caribe Noreste | Limón | ~100 000 | Fragmentación, deforestación y falta de gestión |
| Turberas de Talamanca | Cordillera de Talamanca | ~19 000 | Buen estado general, aunque vulnerable al cambio climático |
¿Qué son las Fichas Informativas Ramsar y por qué su actualización es crucial?
La actualización de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y los mapas oficiales de los sitios es una obligación clave dentro de la Convención Ramsar y cumple funciones fundamentales para la protección real de los humedales. Su importancia radica en al menos cinco aspectos:
Seguimiento ecológico riguroso: Las FIR recopilan datos técnicos actualizados sobre el ecosistema del sitio: tipo de humedal, especies presentes (incluidas las amenazadas), servicios ecosistémicos, amenazas actuales y acciones de manejo. Sin estos datos, no se puede evaluar ni responder al deterioro ecológico.
Delimitación clara del territorio protegido: Los mapas actualizados definen los límites legales y geográficos del sitio Ramsar. Esto es clave para evitar invasiones, proyectos mal ubicados o disputas sobre uso del suelo. Sin mapas precisos, los humedales quedan vulnerables a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o turística.
Base legal y administrativa: La FIR y el mapa son los instrumentos que respaldan las medidas de protección ante tribunales, autoridades ambientales o proyectos con potencial impacto.
Sin una FIR vigente, la defensa jurídica del sitio se debilita.
Cumplimiento de compromisos internacionales: Ramsar exige actualizar estas fichas al menos cada seis años. No hacerlo puede implicar el incumplimiento de obligaciones multilaterales y afecta la credibilidad ambiental del país.
Transparencia y participación: La información pública actualizada permite que comunidades locales, investigadores y organizaciones puedan monitorear, denunciar y proponer acciones de mejora, fortaleciendo la gobernanza ambiental.
Referencias:
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