El martes 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró una sesión que evidenció la participación activa y la inconformidad de la ciudadanía en asuntos locales. Vecinos, organizaciones comunitarias y la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) acudieron para exigir la restitución de la Comisión Especial del Plan Regulador. Esta comisión, que permite la representación vecinal en la planificación urbana, habría sido desactivada mediante un acuerdo aprobado el 29 de julio, según denuncian los ciudadanos.
Durante la sesión, la moción presentada por la ciudadanía para restablecer la comisión fue sometida a votación. El resultado fue de 2 votos a favor y 5 en contra, por lo que la propuesta no avanzó.
Votaron en contra: Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller. Votaron a favor: Mario Arce y Marcela Quesada.
La inconformidad de los vecinos y organizaciones refleja que la situación no ha concluido: la defensa de la participación ciudadana en la planificación urbana de Escazú continúa, subrayando la relevancia de la vigilancia comunitaria en la toma de decisiones municipales y en la construcción de un desarrollo sostenible y participativo.
El origen del conflicto
En la sesión del 29 de julio (Acuerdo AC-314-2025), cinco regidores aprobaron revocar acuerdos previos que conformaban la Comisión Especial del Plan Regulador, trasladando sus funciones a una oficina técnica municipal. Esto, afirman las organizaciones, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso, sin carácter vinculante.
CODECE y colectivos locales recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron modificaciones parciales al plan regulador que ampliaron zonas comerciales sin un debate comunitario amplio, ignorando en su mayoría las observaciones vecinales.
Lo que sucedió el 12 de agosto
Durante la sesión, se presentó formalmente una moción para revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 y reactivar el proceso de conformación de la Comisión Especial, respaldándose en la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento interno vigente y acuerdos municipales anteriores que mantienen vigente la figura de la Comisión.
Esta moción subraya que:
- No existe actualmente una “Oficina del Plan Regulador” en la estructura administrativa municipal.
- La Comisión Especial es el mecanismo legal y democrático para garantizar participación desde todas las fases del proceso (diagnóstico, escenarios, formulación, aplicación).
- Las audiencias públicas por sí solas no aseguran una participación efectiva.
Un sentir compartido
Personas vecinas, mostraron su decepción ante lo que consideran un Concejo “cerrado” y “desconectado de la ciudadanía”, advirtiendo que se recordará qué partidos “están de espaldas a la comunidad”.
Recuerdan también que la votación del 29 de julio tuvo un trasfondo político más que técnico, y que las justificaciones dadas por quienes apoyaron el cambio fueron insuficientes.
¿Qué dicen los documentos presentados al Concejo?
Durante la sesión del 12 de agosto, vecinos y organizaciones sociales entregaron al Concejo Municipal dos textos clave: una carta de preocupación y una moción formal para restituir la Comisión Especial del Plan Regulador.
En la carta, las organizaciones recuerdan que:
- La Comisión Especial ya había sido convocada en octubre de 2024 para incluir representantes comunitarios elegidos en asambleas distritales.
- En enero de 2025 se inició un proceso para revisar su reglamento, pero este quedó inconcluso.
- El 29 de julio de 2025, el Concejo revocó la conformación de la Comisión y trasladó la responsabilidad a una supuesta “Oficina del Plan Regulador” que, en realidad, no existe dentro de la estructura municipal.
- Este cambio reduce la participación a audiencias públicas no vinculantes, lo que contradice el derecho constitucional a una democracia participativa.
La moción presentada ese día solicita:
- Revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 para restituir la Comisión Especial.
- Retomar el proceso de conformación con representantes de los distritos, regidores y personal técnico, conforme al reglamento vigente y acuerdos anteriores (218-03 de 2003 y AC-374-2024).
- Posponer cualquier reforma al reglamento hasta que la Comisión esté instalada, para que sea parte activa de su propia actualización.
El documento también expone que, según la Ley de Planificación Urbana, la Comisión es el órgano legalmente habilitado para participar en todas las fases de elaboración, modificación y aplicación del plan regulador, garantizando así transparencia y control ciudadano.
En resumen, los papeles entregados no solo cuestionan la legalidad y pertinencia del acuerdo de julio, sino que también proponen un camino concreto para restaurar la participación real y efectiva en la planificación territorial del cantón.
Una señal de institucionalidad distante
La decisión de postergar la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador —remitiendo la moción a la Comisión Jurídica en lugar de resolverla de inmediato— es interpretada por muchos como un reflejo de una institucionalidad que se aleja de la ciudadanía.
En la práctica, esta demora prolonga un estado en el que las comunidades permanecen sin un canal formal de incidencia directa en las decisiones sobre el territorio. Mientras tanto, el control y la definición de cambios al plan regulador recaen exclusivamente en instancias internas del gobierno local, sin representación electa por distrito.
Esta dinámica erosiona la confianza pública: las personas perciben que los mecanismos de participación, aunque reconocidos en la ley, se vuelven meramente decorativos cuando no se activan en los momentos cruciales. Además, envía un mensaje preocupante: que la planificación del territorio puede avanzar sin un diálogo continuo con quienes lo habitan y cuidan.
En un contexto donde la Constitución reconoce el gobierno como “popular, representativo y participativo” (artículo 9), cada aplazamiento sin justificación suficiente debilita el principio de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones, y alimenta la sensación de que las decisiones responden más a lógicas internas o intereses particulares que al interés general.
Lo que sigue
La moción presentada el 12 de agosto fue enviada a la Comisión Jurídica del Concejo, que deberá emitir un criterio legal. Este dictamen regresará al plenario municipal el próximo martes, donde se decidirá si se restablece la Comisión Especial o se mantiene el modelo de oficina técnica.
Las organizaciones llaman a llenar el Concejo nuevamente en esa sesión, advirtiendo que solo con presión ciudadana se podrá revertir una decisión que, a su juicio, limita la transparencia y abre la puerta a intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
