Antes de entrar en nuestras preguntas, les invitamos a leer el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, conocer sus diagnósticos, prioridades y propuestas, y acercarnos directamente a la hoja de ruta que plantea para el país. Leer el Plan también es una forma de preguntarnos qué futuro está imaginando y cómo pretende construirlo.
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030 propone una ruta para los próximos cuatro años en la que conviven crecimiento económico, atracción de inversión, reducción de la pobreza, transformación tecnológica, descarbonización y fortalecimiento de los servicios públicos. Pero más allá de sus metas e indicadores, el documento construye una determinada imagen del país: una forma de entender la naturaleza, los derechos sociales y el papel de quienes participan en las decisiones públicas.
Leer el Plan desde estas dimensiones permite encontrar algunas tensiones que no siempre aparecen cuando se lo observa únicamente como instrumento técnico.
La primera pregunta es aparentemente sencilla: ¿qué naturaleza aparece en el PNDIP?
Una naturaleza que debe ser gestionada
El capítulo de Ambiente y Energía incorpora biodiversidad, recurso hídrico, mares y costas, suelos, energía, descarbonización, acción climática y gestión del riesgo. El diagnóstico reconoce el deterioro de ecosistemas, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la vulnerabilidad de distintos territorios. También plantea la necesidad de restaurar, conservar y mejorar la gestión ambiental.
Pero junto con esta preocupación aparece un lenguaje particularmente revelador: capital natural, servicios ecosistémicos, bioeconomía, financiamiento, incentivos e inversión sostenible.
No se trata simplemente de palabras técnicas. Expresan una determinada manera de comprender la relación entre sociedad y naturaleza. El bosque, el agua, la biodiversidad o los ecosistemas aparecen no solo como condiciones que sostienen la vida, sino también como recursos que pueden ser valorados, gestionados, financiados e incorporados a determinadas dinámicas productivas.
El propio Plan plantea la necesidad de hacer visible el “capital natural” en las decisiones económicas y financieras, mientras incorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos. De esta manera, la conservación deja de aparecer únicamente como una obligación pública o una responsabilidad colectiva y comienza también a hablar el lenguaje de la inversión, los incentivos y las oportunidades económicas.
Aquí aparece una primera tensión. ¿Qué significa conservar cuando la conservación debe, al mismo tiempo, demostrar su utilidad económica?
La pregunta no supone negar que la naturaleza tenga dimensiones económicas ni que existan instrumentos financieros capaces de contribuir a su protección. El problema aparece cuando esa valoración termina delimitando qué merece ser protegido, bajo qué condiciones y con qué criterios. Un bosque puede ser importante porque presta servicios ecosistémicos, pero también porque sostiene una comunidad, una cultura, un territorio y múltiples formas de vida cuya importancia difícilmente puede reducirse a una rentabilidad, un precio o un indicador.
Pero existe una tensión todavía más profunda. La conservación no ocurre fuera del modelo de desarrollo. Los mismos territorios que son presentados como espacios de protección, restauración o provisión de servicios ecosistémicos pueden ser, simultáneamente, espacios de infraestructura, producción, inversión y aprovechamiento de recursos.
Esto obliga a preguntar por los límites de este tipo de conservación. ¿Qué sucede cuando proteger un ecosistema no implica necesariamente cuestionar las actividades económicas que presionan sobre él? ¿Hasta dónde puede llegar una política de conservación que busca hacer compatible la protección ambiental con nuevas oportunidades productivas? ¿Qué ocurre cuando el lenguaje de la sostenibilidad permite incorporar nuevas actividades económicas sin discutir de manera suficiente sus impactos territoriales?
El caso del agua permite observar con mayor claridad esta tensión. El Plan habla de seguridad hídrica, infraestructura, gestión por cuencas y fortalecimiento de capacidades locales. Pero la seguridad hídrica puede significar cosas muy diferentes según cómo se defina. Puede significar garantizar disponibilidad para las actividades económicas, ampliar infraestructura y asegurar el suministro, o proteger el agua como condición fundamental de la vida y como responsabilidad colectiva.
Por eso, la pregunta no es únicamente cómo gestionar mejor el recurso, sino también para qué, para quién y bajo qué prioridades se gestiona. ¿Quién decide sobre el agua? ¿Quién participa en esas decisiones? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién obtiene los beneficios de su aprovechamiento? ¿Quién asume los costos cuando el territorio se deteriora?
La referencia a la naturaleza como “capital” introduce así una pregunta que atraviesa todo el Plan: ¿qué ocurre cuando aquello que debe ser protegido también es pensado como un recurso para dinamizar el desarrollo?
El desafío no consiste solamente en escoger entre conservación o desarrollo. Es preguntarnos qué tipo de desarrollo puede sostenerse sin convertir las condiciones que hacen posible la vida en simples insumos de ese mismo desarrollo. Porque una política puede restaurar un ecosistema y, al mismo tiempo, mantener intactas las lógicas que producen nuevas presiones sobre otros territorios. Puede financiar la conservación y, simultáneamente, ampliar las condiciones para nuevas inversiones. Puede hablar de sostenibilidad sin necesariamente interrogar las relaciones de poder que determinan quién puede decidir sobre la naturaleza.
La naturaleza que emerge del Plan es, entonces, una naturaleza fundamentalmente administrada: una naturaleza que debe ser medida, ordenada, restaurada, financiada y gestionada. La cuestión que queda abierta es hasta dónde llegan esas herramientas cuando aquello que está en disputa no es solamente la gestión de la naturaleza, sino el modelo de desarrollo que define sus usos y sus límites.
Y esto conduce directamente a la segunda pregunta: ¿qué entiende el Plan por derechos sociales?
¿Qué entiende el Plan por derechos sociales?
El PNDIP declara incorporar un enfoque de Derechos Humanos y Sostenibilidad y reconoce derechos vinculados con educación, salud, vivienda, trabajo y protección social. Pero el reconocimiento de un derecho no agota la discusión sobre cómo se garantiza.
En el Plan, buena parte de los derechos sociales se traduce en cobertura, acceso, beneficiarios, eficiencia, metas e indicadores. En salud, por ejemplo, se plantea aumentar la cobertura del Seguro de Salud; en protección social aparecen metas relacionadas con pensiones; y en educación se establecen indicadores de permanencia, conclusión, cobertura y aprendizaje.
Medir estas dimensiones es necesario. El problema aparece cuando la medición comienza a sustituir la discusión sobre el derecho mismo.
Tener cobertura no significa necesariamente tener acceso efectivo. Estar matriculado no garantiza una educación significativa. Recibir un servicio no implica que existan condiciones dignas para ejercer el derecho.
Esta diferencia es fundamental porque los derechos sociales no funcionan bajo la misma lógica que una mercancía o un servicio cualquiera. Su fundamento no debería depender de la rentabilidad, de la capacidad de pago o del atractivo de un territorio para la inversión.
Sin embargo, el PNDIP incorpora de manera importante el lenguaje de financiamiento, inversión y alianzas público-privadas, incluso en ámbitos vinculados con vivienda e infraestructura.
Esto abre una frontera problemática: ¿hasta dónde llega la responsabilidad pública y dónde comienza la lógica de la inversión?
No se trata de afirmar que toda participación privada implique privatización. La cuestión es más estructural. Cuando la disponibilidad de capital se convierte en una condición central para resolver necesidades sociales, existe el riesgo de que la política pública comience a organizar sus prioridades según aquello que puede ser financiado, ejecutado o convertido en proyecto de inversión.
Ahí se produce un desplazamiento importante: del derecho como garantía colectiva hacia la necesidad como problema de gestión y financiamiento.
¿Derecho o cobertura? Cuando garantizar no es solamente llegar a más personas
El énfasis del PNDIP en ampliar coberturas y mejorar el acceso permite mostrar resultados, establecer metas y medir avances. Pero también deja abierta una pregunta de fondo: ¿cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? La cantidad de personas cubiertas por un servicio puede crecer sin que necesariamente mejoren, en la misma proporción, las condiciones materiales para ejercer ese derecho.
Esta tensión resulta especialmente relevante cuando se observan derechos como la salud, la educación, la vivienda o la protección social. Una política puede aumentar la cobertura de un seguro, ampliar la matrícula educativa, otorgar soluciones habitacionales o incrementar el número de personas beneficiarias de un programa y, aun así, persistir desigualdades relacionadas con la calidad, la oportunidad, la continuidad o las condiciones territoriales de acceso.
Por eso, cobertura y garantía no son necesariamente equivalentes. La primera responde, sobre todo, a una pregunta cuantificable: ¿a cuántas personas llega una política? La segunda exige preguntas más amplias: ¿en qué condiciones llega?, ¿qué posibilidades reales abre?, ¿qué desigualdades reproduce o transforma?, ¿qué ocurre con quienes quedan fuera y por qué?
El propio lenguaje de indicadores puede hacer menos visibles estas diferencias. Cuando el cumplimiento de un derecho se expresa principalmente mediante porcentajes, metas y número de personas atendidas, existe el riesgo de que aquello que resulta más sencillo de medir termine ocupando el centro de la política pública. Lo que no cabe fácilmente en un indicador puede quedar relegado, aunque sea decisivo para la experiencia concreta de un derecho.
Esto no significa cuestionar la necesidad de medir. Significa preguntarse qué estamos midiendo y qué dejamos de mirar cuando la medición se convierte en la principal forma de demostrar que un derecho está siendo garantizado.
La discusión también tiene una dimensión territorial. Una misma cobertura puede producir experiencias muy distintas según las condiciones del lugar donde se vive: las distancias, la infraestructura disponible, las capacidades institucionales, las condiciones económicas o las posibilidades de organización comunitaria. De ahí que garantizar derechos no pueda reducirse únicamente a ampliar porcentajes nacionales.
La pregunta entonces cambia de escala: no basta con saber cuánto cubre una política; necesitamos saber qué condiciones de vida hace posibles. Y allí aparece una tensión central para el modelo de desarrollo: si los derechos son entendidos principalmente como servicios que deben ampliar su cobertura y eficiencia, ¿qué lugar ocupan las condiciones sociales, territoriales y colectivas que hacen posible ejercerlos?
Así, el desafío no consiste en escoger entre derechos o indicadores, sino en evitar que el indicador termine reemplazando al derecho. El PNDIP permite avanzar en la primera pregunta —cuánto se cubre—, pero deja abierta una discusión más profunda: ¿cómo sabemos que una sociedad está garantizando efectivamente los derechos que reconoce?
El territorio donde ambas preguntas se encuentran
Naturaleza y derechos sociales no son asuntos separados. Ambos se expresan en territorios concretos, donde las condiciones ambientales, las desigualdades sociales, las formas de producción y las capacidades institucionales se encuentran y, muchas veces, entran en conflicto.
El PNDIP reconoce esta dimensión territorial y construye parte de su diagnóstico a partir de las brechas existentes entre regiones. Identifica, por ejemplo, el estrés hídrico y la contaminación de fuentes en el Pacífico Norte; los problemas de saneamiento, planificación y gobernanza en las zonas marino-costeras; la presión sobre el agua, el aire, los residuos y la biodiversidad en la Gran Área Metropolitana; y la degradación de suelos y los déficits de planificación en territorios rurales y áreas fuera de las zonas protegidas.
Esta diferenciación resulta importante porque muestra que los problemas ambientales y sociales no se distribuyen de manera homogénea. El lugar donde se vive condiciona las posibilidades de acceder a determinados servicios, enfrentar riesgos, desarrollar actividades económicas o sostener formas de vida. Por eso, hablar de brechas territoriales no debería significar únicamente distribuir recursos de manera diferenciada, sino también preguntarse cómo se producen esas desigualdades y quiénes tienen capacidad para definir el futuro de esos territorios.
El Plan propone respuestas que van desde infraestructura y gestión de cuencas hasta ordenamiento territorial, restauración, saneamiento, desarrollo local y fortalecimiento de capacidades. En vivienda, por ejemplo, plantea intervenciones integrales en barrios vulnerables y asentamientos informales que combinan infraestructura, equipamiento, vivienda, regularización, renovación urbana y mitigación de riesgos.
Aquí aparece una cuestión que atraviesa todo el PNDIP: ¿el territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones?
La pregunta adquiere todavía más fuerza cuando observamos cómo el propio Plan describe su proceso de participación. El PNDIP afirma que las consultas ciudadanas, regionales y sectoriales permitieron identificar necesidades de la población y que sus resultados constituyeron un insumo relevante para formular las intervenciones públicas. Pero participar en una consulta y participar en la definición de las decisiones no son necesariamente lo mismo.
Participar no es necesariamente decidir
El PNDIP incorpora consultas directas, consultas con organizaciones, consultas regionales y mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el propio documento muestra que la participación tiene alcances distintos según la intervención. En el sector vivienda, por ejemplo, señala que solo dos de las siete intervenciones programadas incorporaron mecanismos de participación ciudadana en su formulación, mientras otras contemplan mecanismos de retroalimentación durante la implementación.
La diferencia no es menor. Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y tener capacidad para modificar sus prioridades son formas distintas de participación.
Esto permite formular una pregunta más exigente: ¿en qué momento la voz de los territorios deja de ser un insumo para convertirse en capacidad efectiva de decisión?
La cuestión resulta particularmente relevante cuando las políticas intervienen sobre espacios donde ya existen comunidades, actividades productivas, ecosistemas y formas diversas de habitar. Un plan puede identificar correctamente una brecha territorial y diseñar una intervención para atenderla, pero todavía queda abierta la discusión sobre quién define qué debe cambiar, cómo debe cambiar y qué costos o transformaciones serán asumidos por quienes habitan ese territorio.
El propio PNDIP ofrece ejemplos de esta diversidad. Mientras algunas intervenciones contemplan articulación con organizaciones comunales y procesos de seguimiento y rendición de cuentas, otras no incorporan mecanismos de participación ciudadana en su formulación o implementación.
Por eso, el dilema no está únicamente en cuánta participación ofrece el Plan, sino en qué capacidad efectiva tienen quienes participan para incidir sobre las decisiones que afectan sus territorios.
Esta discusión conecta nuevamente las preguntas que atraviesan el documento. La naturaleza aparece como ecosistema, recurso, capital natural y objeto de protección; los derechos sociales aparecen como garantías que deben ampliar cobertura y producir resultados; y los territorios aparecen como espacios diferenciados que requieren intervenciones específicas. La participación debería permitir poner estas dimensiones en diálogo, pero queda abierta la pregunta de si también permite discutir las prioridades y las propias reglas del desarrollo.
Ahí se encuentra una de las tensiones centrales del PNDIP: ¿qué ocurre cuando los territorios son reconocidos como espacios con necesidades particulares, pero las decisiones sobre su futuro continúan organizándose principalmente desde instituciones, indicadores, proyectos e instrumentos de inversión?
La pregunta no busca negar la importancia de planificar ni de contar con metas. Busca mirar qué queda fuera cuando planificar significa, sobre todo, identificar brechas, asignar intervenciones y medir resultados.
Porque un territorio no es únicamente una unidad de planificación. También es un espacio vivido, habitado, disputado y construido colectivamente.
¿Profundizar o erosionar la democracia?
Las tensiones anteriores también tienen una dimensión democrática. La forma en que una política pública entiende la naturaleza, los derechos y la participación no es políticamente neutral: define quién puede decidir, qué conocimientos son reconocidos y cuáles intereses tienen capacidad para orientar las decisiones.
El PNDIP apuesta por una fuerte capacidad de planificación, rectoría institucional, medición de resultados y coordinación entre actores. Esta arquitectura puede fortalecer la capacidad del Estado para responder a problemas complejos. Pero también puede producir un efecto contrario cuando la definición de las prioridades queda concentrada en expertos, instituciones e instrumentos técnicos, mientras la participación social se limita a espacios consultivos.
Aquí aparece una tensión entre democracia como participación y democracia como gestión. En la primera, las personas y comunidades no son solamente receptoras de políticas, sino sujetos capaces de disputar diagnósticos, prioridades y decisiones. En la segunda, participan principalmente dentro de procedimientos diseñados previamente por las instituciones.
La diferencia adquiere mayor importancia cuando las decisiones involucran naturaleza y derechos. Si los ecosistemas son traducidos principalmente en indicadores de conservación, servicios y mecanismos de financiamiento, y los derechos sociales en coberturas, metas y resultados, existe el riesgo de que aquello que no puede ser fácilmente cuantificado pierda capacidad para intervenir en la definición de lo público.
Algo similar ocurre con la incorporación del mercado. La participación de actores privados puede ampliar capacidades y recursos, pero también introduce una asimetría que no puede ignorarse: no todos los actores llegan a la mesa con los mismos recursos, capacidades de negociación o posibilidades de incidir. Una política que convoca por igual a comunidades, instituciones y capital privado puede parecer participativa y, sin embargo, reproducir profundas desigualdades en la capacidad efectiva de decisión.
La paradoja es que un Estado puede ampliar sus mecanismos de consulta mientras concentra la definición de las reglas, puede multiplicar indicadores de transparencia mientras mantiene decisiones difíciles de disputar técnicamente, y puede convocar a la ciudadanía mientras las decisiones fundamentales siguen organizándose alrededor de criterios de eficiencia, inversión y gestión.
Por eso, la cuestión democrática no se reduce a preguntar si hubo participación. La pregunta más exigente es qué capacidad tuvo esa participación para transformar las decisiones.
En este sentido, el PNDIP deja abierto un dilema de fondo. Su apuesta por la planificación, la experticia técnica, los indicadores, la inversión y la coordinación institucional puede contribuir a fortalecer las capacidades públicas, pero también puede erosionar la dimensión deliberativa y conflictiva de la democracia si convierte la política en un problema predominantemente técnico y administrativo.
La democracia también supone reconocer que existen desacuerdos legítimos sobre qué proteger, qué producir, qué distribuir y qué priorizar. No todos los conflictos pueden resolverse mediante un indicador de desempeño, ni todas las decisiones colectivas pueden delegarse en quienes poseen la experticia técnica o financiera para ejecutarlas.
Ahí se encuentra quizá la tensión democrática más profunda del Plan: si la participación será entendida como un mecanismo para legitimar y mejorar la gestión, o como una capacidad efectiva de las personas y comunidades para disputar el rumbo de las decisiones públicas.
La diferencia entre ambas opciones no es menor. En ella se juega buena parte de la posibilidad de que la planificación fortalezca la democracia o, bajo el lenguaje de la eficiencia y la modernización, termine reduciendo los espacios desde los cuales la sociedad puede intervenir, cuestionar y decidir sobre aquello que afecta su vida.
Las tensiones del modelo de desarrollo: entre lo común y lo mercantil
El PNDIP no presenta estas dimensiones como conflictos abiertos. Más bien, las articula dentro de una misma arquitectura de desarrollo en la que conviven protección ambiental, derechos sociales, inversión, financiamiento, infraestructura y participación. Precisamente ahí aparecen las tensiones que interesa explorar: ¿qué sucede cuando aquello que sostiene la vida también es pensado como recurso, servicio, inversión o proyecto? La siguiente matriz recoge algunos de estos puntos de fricción y propone preguntas para mirar cómo se relacionan, dentro del Plan, las necesidades colectivas con las lógicas de valorización económica.
| Dimensión | ¿Qué plantea el PNDIP? | Tensión que aparece | Preguntas críticas |
|---|---|---|---|
| Naturaleza | Reconoce biodiversidad, agua, suelos, mares y ecosistemas como ámbitos prioritarios de intervención. Plantea conservación, restauración, gestión ambiental y sostenibilidad. | La naturaleza aparece como aquello que debe protegerse, pero también como parte de las estrategias productivas y de desarrollo. | ¿Qué significa proteger la naturaleza cuando su protección también se incorpora a una determinada idea de desarrollo? ¿Qué formas de relación con ella quedan fuera de esa mirada? |
| Capital natural | Utiliza la categoría de “capital natural” y plantea hacer visible su importancia en las decisiones económicas y financieras. | La naturaleza adquiere reconocimiento dentro del lenguaje económico y puede ser incorporada a decisiones de inversión, financiamiento y gestión. | ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando aquello que sostiene la vida es nombrado como “capital”? ¿Qué otros valores de la naturaleza quedan fuera cuando se la traduce al lenguaje económico? |
| Servicios ecosistémicos | Incorpora mecanismos de financiamiento para bienes y servicios ecosistémicos y utiliza instrumentos de compensación y reconocimiento económico. | La conservación puede quedar vinculada a mecanismos financieros que asignan valor económico a determinadas funciones de los ecosistemas. | ¿La conservación necesita convertirse en un servicio susceptible de financiamiento para ser reconocida? ¿Qué ocurre con aquello que no puede traducirse fácilmente en una unidad financiable? |
| Conservación y desarrollo | Vincula biodiversidad, producción, bioeconomía, restauración, incentivos y planificación territorial bajo criterios de sostenibilidad. | La conservación no aparece necesariamente como límite frente a determinadas actividades económicas, sino también como una dimensión que puede coexistir con ellas. | ¿Hasta dónde puede llegar una conservación que busca ser compatible con las dinámicas productivas? ¿Cuándo la sostenibilidad transforma las formas de producir y cuándo simplemente permite hacerlas compatibles con nuevos instrumentos ambientales? |
| Minería y actividades extractivas | En el caso de Crucitas, reconoce impactos ambientales críticos asociados a la minería ilegal, incluida la deforestación y contaminación de fuentes de agua. Al mismo tiempo, plantea promover la exploración y explotación regulada de minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos mediante un marco legal. | Un mismo territorio aparece como espacio afectado por daños ambientales, receptor de inversión pública para atender necesidades básicas y, simultáneamente, como territorio donde se contempla desarrollar una actividad minera regulada. | ¿Qué significa ordenar un territorio donde la actividad extractiva aparece simultáneamente como problema ambiental y como posibilidad de desarrollo? ¿Dónde se sitúan los límites de la sostenibilidad? ¿Quién decide qué actividades son compatibles con el futuro del territorio? |
| Agua | Vincula seguridad hídrica con infraestructura, gestión de cuencas, saneamiento y fortalecimiento de capacidades locales. También incorpora instrumentos económicos de gestión ambiental. | El agua aparece simultáneamente como recurso, servicio, condición sanitaria y objeto de gestión económica. | ¿Desde dónde se define el agua: como recurso, como servicio, como derecho o como condición fundamental de la vida? ¿Qué sucede cuando esas distintas formas de entenderla entran en conflicto? |
| Inversión | Presenta la inversión como motor del desarrollo productivo y destaca la movilización de capital para infraestructura, servicios y actividades económicas. | Las necesidades colectivas se articulan con una estrategia de atracción, movilización y ejecución de inversión. | ¿Qué necesidades tienen prioridad cuando el desarrollo se organiza alrededor de la capacidad de movilizar inversión? ¿Qué lugar ocupan aquellas necesidades que no representan una oportunidad de inversión? |
| Infraestructura | Prioriza carreteras, caminos y puentes, además de electricidad, telecomunicaciones, acueductos y alcantarillados. | La infraestructura puede ampliar derechos y capacidades, pero también transforma los territorios donde se instala y puede habilitar nuevas dinámicas productivas. | ¿Infraestructura para quién y para qué proyecto de territorio? ¿Cómo se decide qué debe transformarse y qué debe permanecer? ¿Quién participa en esas decisiones y quién asume sus costos? |
| Vivienda | Incluye alternativas crediticias, financiamiento y alianzas público-privadas para el desarrollo habitacional. | La vivienda como derecho se articula con mecanismos financieros y participación de actores privados. | ¿Qué ocurre cuando garantizar el derecho a la vivienda pasa también por las condiciones del crédito y de la inversión? ¿Puede hablarse de garantía efectiva cuando el acceso depende de determinados mecanismos financieros? |
| Territorio | Incorpora diagnósticos regionales, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, intervenciones diferenciadas y mecanismos de retroalimentación de actores sociales. | El territorio es simultáneamente espacio de vida, planificación, inversión, producción y localización de proyectos. | ¿El territorio es solamente el lugar donde se implementan las políticas o también un espacio desde donde se construyen las decisiones? ¿Quién tiene capacidad para definir su futuro? |
| Derechos sociales | Traduce derechos vinculados con salud, educación, vivienda, trabajo y protección social en coberturas, beneficiarios, metas, resultados e indicadores. | La garantía de derechos puede desplazarse hacia una lógica de cobertura, eficiencia y gestión de servicios. | ¿Cuándo podemos decir que un derecho está efectivamente garantizado? ¿Qué dimensiones de la vida quedan fuera cuando la garantía se mide principalmente mediante cobertura e indicadores? |
| Participación | Incorpora consultas ciudadanas, regionales y sectoriales. Algunas intervenciones contemplan participación en la formulación y otras mecanismos de retroalimentación durante la implementación. | Ser consultado, aportar información, retroalimentar una política y poder modificar sus prioridades son formas distintas de participación. | ¿Participar significa ser escuchado o poder modificar las decisiones? ¿En qué momento entra la ciudadanía: cuando se define el rumbo o cuando se consulta sobre un rumbo ya trazado? |
| Actores privados | Incorpora organizaciones productivas, entidades financieras, empresas y otros actores en determinadas intervenciones y mecanismos de articulación. | Los actores participan desde posiciones diferentes y con capacidades desiguales de negociación, recursos e incidencia. | ¿Quién tiene mayor capacidad para hacer valer sus intereses dentro de esta gobernanza? ¿Una mesa compartida implica necesariamente una distribución compartida del poder? |
| Indicadores y gestión | Organiza buena parte del Plan mediante Gestión para Resultados, metas, indicadores, cobertura y cumplimiento. | Lo que puede medirse y compararse adquiere mayor visibilidad dentro de la política pública, mientras otras dimensiones pueden resultar más difíciles de incorporar. | ¿Qué ocurre cuando aquello que resulta más sencillo de medir termina definiendo qué cuenta como resultado? ¿Qué dimensiones de los derechos, los territorios o la naturaleza quedan fuera del indicador? |
