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Tras el rechazo a la reforma, Escazú enfrenta el reto de una participación ciudadana viva en el Plan Regulador

En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.
Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada,  un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.
Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.
Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.
Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.

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Educación popular desde Mafalda: aprender a preguntar

Entre risas, silencios y muchas preguntas, el curso Educación popular desde Mafalda fue una experiencia colectiva para pensar la educación popular desde nuevos lenguajes, otras sensibilidades y múltiples territorios. Durante cinco sesiones realizadas en San Pedro y San Ramón, fue un proceso de aprendizaje que unió reflexión crítica, humor, arte y acción comunitaria.

Inspirados por la ironía y la ternura de Mafalda, el grupo exploró los vínculos entre educación, poder, creatividad y libertad, en diálogo con Paulo Freire, Oscar Jara, Silvia Rivera Cusicanqui entre otros educadores y educadoras populares latinoamericanos que invitan a mantener viva la pedagogía de la pregunta.

Más que un curso, este proceso se convirtió en un espacio para reaprender a mirar, para transformar la curiosidad en pensamiento crítico, y para recuperar la alegría como fuerza política en la construcción de alternativas colectivas.

Ejes temáticos trabajados

A lo largo de las cinco sesiones, se abordaron distintos núcleos que dieron forma al proceso:

  • La pregunta como acto de libertad: reconocer la curiosidad como fuerza transformadora frente a la sociedad de las respuestas.

  • Del asombro a la crítica: pasar de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica que cuestiona las causas y estructuras de lo cotidiano.

  • El conflicto como tránsito educativo: comprender la diferencia y la incomodidad como fuentes de aprendizaje.

  • Indignarse con ternura: transformar la rabia en pensamiento y acción colectiva, reivindicando la esperanza como práctica.

  • Crear para no repetir: tensionar la educación popular desde la crítica y la imaginación, explorando lenguajes que amplían la palabra.

Cada sesión se acompañó de un boletín de devolución —escrito en clave de Mafalda— que recogió los aprendizajes, preguntas y emociones del grupo, convirtiéndose en una bitácora pedagógica y afectiva del recorrido.

1. La pregunta como práctica política

Desde la primera sesión, el curso propuso recuperar la pregunta como herramienta de emancipación. En tiempos de inmediatez y saturación informativa, volver a preguntar es casi un acto subversivo. Mafalda lo sabía: sus preguntas inocentes desnudaban las contradicciones del mundo adulto, los abusos del poder y las rutinas que nos adormecen.

A partir de las reflexiones de Paulo Freire, se trabajó la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica. La primera se queda en la superficie, la segunda se atreve a mirar las estructuras detrás de los hechos. En una sociedad que premia la rapidez y el conformismo, cultivar preguntas críticas se convierte en una forma de resistencia.

Las personas participantes coincidieron en que la educación popular comienza cuando nos atrevemos a incomodar: cuando la pregunta rompe la obediencia y abre la posibilidad de pensar con otros. Como dijo alguien en el grupo: “la pregunta no busca una respuesta, busca compañía para seguir pensando”.

2. Los lenguajes de la educación popular

Otro de los grandes aprendizajes fue comprender que no hay una sola forma de pensar ni una sola manera de decir. Durante el proceso, el humor, el juego, la música, los dibujos y los títeres fueron herramientas para pensar críticamente desde el cuerpo y la emoción.

Esta apertura a nuevos lenguajes mostró que el pensamiento no solo habita en las palabras, sino también en los gestos, las metáforas, los silencios y las risas. Los títeres, por ejemplo, se transformaron en mediadores pedagógicos que permitieron decir lo indecible: críticas, frustraciones y esperanzas expresadas desde la ternura y la ironía.

Explorar estas formas es también un gesto político: democratiza el conocimiento y multiplica las voces, permitiendo que cada quien participe desde su propio modo de sentir y crear. Como recordaba Mafalda entre risas:

“Si el mundo no escucha, habrá que hablarle con otros idiomas.”

3. Desafíos y caminos por andar

El encuentro entre los grupos de San Pedro y San Ramón marcó el cierre simbólico del proceso, pero también el inicio de una nueva etapa. Allí se compartieron los desafíos de seguir construyendo educación popular en contextos cada vez más complejos:

  • Evitar que la educación popular se vuelva consigna o discurso vacío.

  • Recuperar su dimensión política y descolonizadora, como recordaba Silvia Rivera Cusicanqui.

  • Cuidar los espacios colectivos donde la crítica se acompañe de ternura, humor y esperanza.

  • Seguir articulando procesos territoriales y comunitarios desde el diálogo y la creación compartida.

El curso cerró con adivinanzas y juegos, reafirmando que el pensamiento también puede ser alegre, y que preguntar sigue siendo la mejor forma de crecer.

Los boletines del curso

Cada boletín recoge un momento del proceso y puede leerse como una pieza independiente o como parte de una historia colectiva:

Boletín 1 – “Aprender a preguntar: un acto de libertad”

El primer boletín marcó el punto de partida del curso: volver a la pregunta como raíz de toda educación liberadora. Mafalda se convirtió en guía y cómplice, recordándonos que detrás de cada gesto ingenuo hay una crítica aguda al mundo adulto y sus absurdos.

En esta sesión, los grupos reflexionaron sobre cómo vivimos en una “sociedad de respuestas”, donde se premia la obediencia y se castiga la duda. Recuperar el derecho a preguntar se volvió un gesto político: preguntar como quien abre ventanas en una casa cerrada.

El boletín recoge las primeras inquietudes del grupo, las emociones de reencuentro con la curiosidad y el sentido de la educación popular como acto de liberación. Es, en esencia, una invitación a reaprender a mirar el mundo con ojos nuevos.

💬 “Preguntar no es molestar, es empezar a pensar.”

Boletín 2 – “De la curiosidad ingenua a la curiosidad crítica”

El segundo boletín profundizó en la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica, una de las ideas centrales de Paulo Freire. A partir de experiencias cotidianas —como esperar el bus o hacer fila en el banco—, las y los participantes exploraron cómo las preguntas pueden quedarse en la superficie o convertirse en herramientas de análisis y acción.

Este boletín es un puente entre la sorpresa y la conciencia. Invita a pensar la curiosidad no como simple deseo de saber, sino como una fuerza que empuja a comprender las causas y estructuras del poder.

En un contexto que acelera y simplifica todo, aprender a detenerse, observar y preguntar con profundidad se convierte en un acto de rebeldía. Mafalda nos lo recuerda con su habitual ironía: “No es que no entendamos el mundo, es que no nos dejan pensarlo.”

💬 “La curiosidad crítica es la semilla del pensamiento libre.”

Boletín 3 – “Conversaciones incómodas: construir saberes desde la diferencia”

El tercer boletín nace de una sesión donde el diálogo y el conflicto fueron protagonistas. A través de viñetas de Mafalda y sus amigos —Felipe, Susanita, Manolito y Libertad—, los grupos trabajaron la idea de que la diferencia no es un obstáculo, sino una fuente de aprendizaje.

Este número recoge reflexiones sobre cómo el desacuerdo puede ser un tránsito educativo: un proceso que nos enseña a escuchar sin imponer, a sostener la incomodidad y a construir desde la diversidad.

El boletín reivindica el diálogo freireano como práctica política y humana, pero también afectiva. En tiempos de polarización y desconfianza, Mafalda nos enseña que conversar con quien piensa distinto no debilita las ideas: las afina, las humaniza, las hace crecer.

💬 “El conflicto no separa: enseña.”

Aprender a preguntar un acto de libertad Boletín 4

Boletín 4 – “Indignarse con estilo: crítica, ternura y acción”

El cuarto boletín se adentra en la indignación como energía educativa. En lugar de verla como algo negativo, el grupo la exploró como punto de partida para la problematización: la indignación que piensa, que crea, que no se conforma.

A partir del arte, el humor y la reflexión, las personas participantes discutieron cómo transformar la rabia en propuesta, y cómo la autonomía nace cuando las comunidades se sienten capaces de intervenir en sus propios contextos.

Este boletín rescata la ternura como forma de crítica, la creatividad como herramienta de denuncia, y el sentido de comunidad como antídoto frente a la resignación. Mafalda —con su ironía siempre actual— nos guiña el ojo y recuerda: “Si no nos dejan protestar, al menos hagámoslo con estilo.”

💬 “La ternura también es una forma de lucha.”

Boletín 5 – “Lo que viene: crítica, creación y caminos por andar”

El último boletín recoge el encuentro entre los grupos de San Ramón y San Pedro, un momento de cruce entre preguntas, afectos y aprendizajes. Lo que comenzó como dos procesos paralelos se unió en un diálogo vivo, donde las preguntas de un grupo resonaban en el otro, creando una trama de sentido compartido.

Esta edición profundiza en los desafíos contemporáneos de la educación popular, inspirada en las críticas de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la necesidad de tensionar las prácticas y no idealizarlas. Se reafirmó que la educación popular sigue siendo un camino que hay que reinventar: con humor, creatividad y compromiso político.

Además, los títeres y el juego se convirtieron en lenguajes de pensamiento, recordando que educar también es imaginar, reír y experimentar. El boletín cierra con adivinanzas pedagógicas, celebrando que el pensamiento crítico también puede ser alegre.

💬 “Preguntar sigue siendo la mejor manera de crecer.”

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Los ecosistemas costeros desaparecen ante la indiferencia institucional

En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.
Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.

El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.

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La memoria viva de La Guaria: 60 años de educación y comunidad en el Valle la Estrella

En el Valle la Estrella, Limón, la historia de la Escuela La Guaria es también la historia de una comunidad que ha sabido cuidar uno de sus bienes comunes más valiosos: la educación.
El texto “Escuela La Guaria: 60 aniversario (1965–2025)”, escrito por Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social del MEP, recupera con sensibilidad y rigor la memoria de esta institución educativa que nació del esfuerzo solidario de familias campesinas, lideradas por figuras como Santos Zeledón.

Más que una conmemoración, el documento es una invitación a pensar el presente desde las huellas del pasado: a reconocer que la escuela no solo enseña, sino que teje comunidad, identidad y esperanza colectiva.
Soto plantea un desafío profundo: actualizar la misión educativa en un contexto marcado por la desigualdad y la exclusión, y reactivar la participación comunal como eje del bienestar educativo.

A través de testimonios, relatos inéditos y reflexiones sobre la educación pública, este texto nos recuerda que la memoria no es nostalgia: es una forma de resistencia y de construcción de futuro. En un país donde los bienes comunes sociales —como la escuela, el agua o la salud— enfrentan riesgos crecientes, recuperar la historia de La Guaria es reafirmar que el derecho a aprender y a convivir dignamente sigue siendo una tarea colectiva.

Desafíos para el futuro: una escuela que piense su comunidad

En su texto, Luis Alberto Soto no se limita a conmemorar; propone una agenda de transformación. Señala que, tras seis décadas de historia, la Escuela La Guaria enfrenta retos que van más allá de la infraestructura o los recursos materiales. El desafío principal consiste en reconstruir la comunidad educativa como sujeto colectivo, capaz de imaginar y construir la educación que necesita el Valle la Estrella en las próximas décadas.

Entre los puntos que destaca el autor están:

  • Modernizar la oferta educativa con un enfoque integral, que incluya arte, deporte y pedagogías lúdicas que fortalezcan el aprendizaje significativo.

  • Combatir la exclusión y la marginación social, especialmente en contextos rurales y costeros que han sido históricamente relegados.

  • Reactivar el protagonismo comunal, recuperando experiencias organizativas que ya han contribuido al bienestar, como la lucha por el agua potable.

  • Promover el bienestar integral —físico, mental, social y económico— como condición indispensable para el éxito educativo.

Estos desafíos, más que un diagnóstico, son un llamado a la acción: a recuperar la memoria como herramienta para repensar el presente y fortalecer la educación pública como bien común, enraizada en la vida, la dignidad y el desarrollo de las comunidades.

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Escazú: la disputa por la participación ciudadana entra en una nueva etapa

En Escazú, la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio sigue siendo un campo de disputa. Lo que comenzó en agosto como una movilización vecinal para reactivar la Comisión del Plan Regulador, hoy se ha convertido en una controversia política e institucional sobre los límites y alcances de la participación ciudadana.

Apenas dos meses atrás, las comunidades celebraban un logro: la reinstalación de la Comisión del Plan Regulador, luego de que el Concejo Municipal revocara su decisión de sustituirla por una oficina técnica. Aquella rectificación fue fruto de la presión social y de un diálogo que parecía abrir una nueva etapa de colaboración entre la Municipalidad y la ciudadanía. Sin embargo, las semanas siguientes mostraron que la tensión entre apertura y control apenas comenzaba.

Del acuerdo al estancamiento

El Movimiento Pro Comisión Plan Regulador —integrado por vecinos y liderazgos comunales de los tres distritos— había acordado con la Alcaldía que, en un plazo de dos meses, se convocarían las asambleas distritales ampliadas para elegir a las personas representantes ante la Comisión.

Pero en septiembre, mientras la comunidad esperaba esas convocatorias, surgió un nuevo obstáculo: el despacho del alcalde presentó una propuesta de reforma al reglamento interno de la Comisión.

El documento COR-AL-2690-2025 propone modificar nueve artículos del reglamento, todos relacionados con los mecanismos de participación. Entre otros cambios, amplía los plazos de inscripción hasta seis meses, exige formularios y juramentaciones previas, y otorga a los Concejos de Distrito la potestad de validar quiénes pueden participar en las asambleas.

Aunque el texto se presenta como una actualización para dar mayor orden y transparencia, el movimiento ciudadano advirtió que los nuevos requisitos podrían congelar la reactivación de la Comisión y burocratizar la participación, restringiendo el acceso a quienes no puedan cumplir con las exigencias administrativas.

Las cartas ciudadanas y el debate jurídico

Ante esta situación, el movimiento envió dos cartas formales: la primera, dirigida al alcalde el 6 de octubre, solicitando que se cumplieran los acuerdos alcanzados en agosto y se definieran de inmediato las fechas de las asambleas distritales; y la segunda, el 13 de octubre, dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, denunciando la obstrucción del proceso participativo y el menoscabo de los derechos vecinales.

En esta última, las personas firmantes recordaron que la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública garantizan el derecho ciudadano a incidir en los asuntos locales, y señalaron que los plazos o formalidades no pueden usarse para invalidar ese derecho. “Nadie está obligado a lo imposible”, subrayan en el documento, responsabilizando a la administración de los atrasos y citando los artículos 223 a 225 de la LGAP, que ordenan interpretar los procedimientos en favor de la participación.

La Comisión de Jurídicos del Concejo, sin embargo, terminó dividida: dos votos a favor y dos en contra del dictamen de legalidad de la reforma. El tema pasó así al pleno del Concejo Municipal, que deberá resolverlo en sesión del martes 28 de octubre a las 7 pm.

 “Demostraron sus verdaderas intenciones”

En este punto, la discusión jurídica dio paso a una percepción más política. Para las personas líderes comunitarias, la secuencia de acciones revela una estrategia deliberada para debilitar la Comisión y restringir la participación vecinal.

“Con la aprobación del acuerdo de julio, cuando desconvocaron la Comisión y llamaron a conformar la oficina técnica, se retrataron de cuerpo entero —señaló una persona lideresa del movimiento—. Solo la presión ciudadana de agosto los hizo retroceder. Pero después de eso, han buscado por distintos mecanismos el bloqueo y la obstrucción del proceso.”

Según explica, los síndicos de los Concejos de Distrito no han convocado las asambleas y, en cambio, promovieron esta reforma integral del reglamento que “modifica nueve artículos, todos vinculados con la participación”. Para el movimiento, esta propuesta constituye un “atentado total” contra el espíritu de apertura ciudadana que se logró recuperar en agosto.

De aprobarse, afirman, la reforma obstaculizaría al menos por seis meses la conformación de la Comisión, postergando una vez más el inicio de los debates sobre el futuro territorial de Escazú.

La defensa de una participación viva

El movimiento ciudadano insiste en que el Plan Regulador no es un asunto técnico sino profundamente político, pues define cómo se habita y se proyecta el cantón. Por eso, la participación no puede reducirse a un trámite o a un conjunto de requisitos administrativos.

“Participar no es llenar un formulario”, repiten quienes han acompañado este proceso desde hace años. Es incidir en las decisiones, aportar conocimientos locales y defender el derecho colectivo a imaginar el territorio de manera justa y sostenible.

Para las comunidades, el desafío no es oponerse al orden ni a la legalidad, sino impedir que esas palabras se conviertan en excusas para excluir. En sus propias palabras, “la participación no se regula: se ejerce”.

Lo que viene

La votación del Concejo Municipal será decisiva. De aprobarse la reforma, la Comisión del Plan Regulador podría quedar suspendida por varios meses; de rechazarse, se abriría nuevamente la puerta a la elección de representantes distritales y al diálogo ciudadano.

Mientras tanto, el Movimiento Pro Comisión Plan Regulador prepara nuevas acciones de difusión y movilización para mantener el tema en la agenda pública. Su apuesta es clara: que el futuro del territorio se construya desde la comunidad, y no desde los escritorios.

En medio de este pulso entre institucionalidad y ciudadanía, Escazú vuelve a ser escenario de una lección democrática: que la participación no se garantiza por decreto, sino que se defiende ejerciéndola.

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ASOPROF entre aulas y calles: la educación como acto de lucha en Panamá

En esta entrevista con Fernando Ábrego y Erick Acevedo, representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos el otro rostro del llamado “milagro económico”: la desigualdad, la precariedad laboral y la resistencia organizada. A través de su testimonio, descubrimos cómo el magisterio panameño se ha convertido en una voz viva de dignidad y conciencia social. Porque en Panamá —como en toda nuestra América— enseñar también es un acto de lucha.

Un educador luchando también está educando.

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UESPRA: La ética en la práctica ecologista

En esta entrevista, Edgar Castrillo, de la Unidad Especial Silvestre de Protección y Rescate Animal (UESPRA), reflexiona sobre la concientización ambiental más allá de las actividades de reforestación, señalando la importancia de un enfoque integral frente a un modelo de desarrollo que continúa dándole la espalda a la naturaleza.

La conversación aborda también los desafíos que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica y el papel de la ética en la práctica ecologista. Como cierre, Edgar comparte un mensaje inspirador: para transformar, lo importante es empezar.

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Entre amenazas y silencios: los obstáculos para defender derechos humanos en las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que el espacio para defender derechos en las Américas se encuentra en su punto más crítico. El Tercer informe sobre personas defensoras de derechos humanos documenta un patrón persistente de violencia, criminalización y estigmatización contra quienes se atreven a proteger la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos.

Según la CIDH, la región sigue siendo la más peligrosa del mundo para defender derechos, concentrando el 79% de los asesinatos globales de personas defensoras en 2023. En países como Brasil, Colombia, México y Honduras, la defensa del ambiente, la tierra o los derechos de las mujeres y pueblos indígenas continúa cobrando vidas.

Pero la violencia física no es el único obstáculo. El informe describe una serie de mecanismos —algunos visibles, otros más sutiles— que buscan reducir el espacio cívico y silenciar la acción colectiva. Estos incluyen leyes restrictivas, discursos de odio, vigilancia digital y trabas administrativas para registrar o financiar organizaciones sociales.

Principales obstáculos identificados por la CIDH
  • Asesinatos y desapariciones: la forma más extrema de violencia; en la mayoría de los casos, los crímenes quedan impunes.

  • Criminalización y uso indebido del derecho penal: procesos judiciales sin fundamento que buscan intimidar y frenar causas legítimas, especialmente en la defensa ambiental y territorial.

  • Estigmatización: discursos oficiales que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “terroristas económicos”, alimentando el odio y la desinformación.

  • Restricciones al derecho de asociación: trabas burocráticas, leyes que obstaculizan el registro legal de organizaciones y controles desproporcionados sobre financiamiento.

  • Vigilancia y ataques digitales: espionaje, hackeos, doxing y campañas de difamación en línea, con efectos graves en la seguridad y la salud mental, sobre todo de mujeres defensoras.

  • Impunidad estructural: más del 90% de los homicidios de personas defensoras quedan sin sanción, generando un efecto de miedo y autocensura.

Matriz de caracterización de los obstáculos
Tipo de obstáculoManifestaciones principalesConsecuenciasGrupos más afectados
Violencia físicaAsesinatos, desapariciones, amenazasPérdida de vidas, desplazamientos, trauma colectivoDefensores ambientales, pueblos indígenas, mujeres rurales
CriminalizaciónProcesos judiciales infundados, detenciones arbitrariasDesgaste moral, económico y social; miedo a actuarLíderes comunitarios, mujeres, sindicalistas
EstigmatizaciónDiscursos oficiales y mediáticos de desprestigioDeslegitimación pública, aislamiento, odio socialOrganizaciones ambientales y de DDHH
Restricciones legales y administrativasObstáculos para registrar o financiar organizacionesPérdida de autonomía, cierre de espacios de acciónONG locales, colectivos comunitarios
Vigilancia y ataques digitalesHackeos, espionaje, doxing, amenazas en líneaAutocensura, exposición de datos, daño psicológicoMujeres, periodistas, activistas LGBTI
Impunidad judicialFalta de investigación y sanción a responsablesReproducción de la violencia, desconfianza institucionalTodas las personas defensoras, especialmente rurales
Obligaciones del Estado frente a las personas defensoras

El informe de la CIDH es claro: los Estados no solo deben abstenerse de obstaculizar la defensa de los derechos humanos, sino garantizar activamente las condiciones para su ejercicio libre y seguro.
Sus obligaciones se agrupan en cuatro grandes ejes:

Asegurar condiciones de libertad y seguridad
Los Estados deben crear entornos propicios para que las personas defensoras desarrollen su labor sin amenazas ni represalias. Esto implica reconocer públicamente su importancia, garantizar el acceso a la información y proteger su derecho de asociación y expresión.

Eliminar los obstáculos estructurales
La CIDH enfatiza el deber estatal de identificar y remover los obstáculos —legales, institucionales o culturales— que impiden o dificultan la labor de defensa. Esto incluye derogar leyes restrictivas y combatir la estigmatización promovida desde el poder público.

Proteger ante situaciones de riesgo
Los Estados deben contar con mecanismos nacionales de protección efectivos, con recursos suficientes y participación de la sociedad civil. Su propósito es prevenir agresiones, brindar medidas de seguridad personal y garantizar la atención integral a víctimas y familiares.

Investigar y sancionar los delitos
La impunidad es una forma de violencia prolongada. Por ello, los Estados están obligados a investigar con debida diligencia los ataques contra personas defensoras, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. La CIDH también recuerda la importancia de cumplir con las medidas cautelares otorgadas por el Sistema Interamericano.

En síntesis, la protección de las personas defensoras no es una opción política, sino una obligación jurídica derivada de los compromisos internacionales en derechos humanos.

Las personas defensoras son guardianas de los bienes comunes, aquellas que sostienen la posibilidad misma de vivir en democracia, con agua limpia, bosques vivos y justicia social. Defender derechos no es un privilegio: es una tarea colectiva que protege las bases de la convivencia humana.

Cada obstáculo que las silencia —una amenaza, una ley restrictiva o una campaña de difamación— erosiona el tejido común que nos mantiene como sociedad. Por eso, la defensa de quienes defienden no puede quedar en soledad: requiere comunidades activas, solidarias y vigilantes que acompañen, visibilicen y respalden su labor frente a los riesgos.

Reconocer su trabajo, garantizar su seguridad y multiplicar sus voces no es solo un acto de justicia, sino una forma concreta de cuidar lo que nos pertenece a todas y todos: la vida en común y el derecho a un futuro compartido.

Les compartimos esta infografía PDFImagen

Puede descargar el informe aquí

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Ríos y montañas en riesgo: la huella de la extracción de materiales pétreos

La extracción de materiales pétreos —arena, grava, caliza, basalto, arcillas, entre otros— es una de las actividades extractivas más extendidas en el planeta. Estos insumos son la base de la industria de la construcción y de múltiples procesos industriales: desde el cemento y el concreto hasta la fabricación de vidrio, cerámica e incluso componentes tecnológicos.

Aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, la magnitud de su extracción suele pasar desapercibida. A nivel global, la demanda de materiales pétreos crece sin pausa, impulsada por la urbanización y las infraestructuras que sostienen el modelo de desarrollo actual. La arena, por ejemplo, es el recurso más utilizado del mundo después del agua.

La expansión de una actividad silenciosa

El crecimiento urbano y el desarrollo tecnológico han disparado la extracción de materiales pétreos en ríos, montañas y planicies. Esta actividad combina prácticas de minería terrestre y fluvial, utilizando maquinaria pesada, voladuras con explosivos y dragas que remueven los sedimentos del lecho de los ríos.

Su presencia es visible en las cicatrices abiertas sobre el paisaje: canteras que reemplazan bosques, cauces alterados que se desvían o se secan, y suelos que pierden toda capacidad de regeneración. Las imágenes satelitales y los estudios más recientes muestran que los bancos de material —tanto terrestres como fluviales— se multiplican sin que exista una fiscalización efectiva o una planificación integral que evalúe sus consecuencias.

Impactos visibles y ocultos

La extracción de materiales pétreos transforma ecosistemas enteros. En tierra, genera deforestación, pérdida de suelos fértiles y alteración de la topografía, afectando la capacidad del terreno para retener agua y regular el clima. En ríos y cuerpos de agua, modifica los cauces naturales, aumenta la turbidez y destruye los hábitats de peces y microorganismos.

El dragado intensivo reduce los niveles de agua subterránea y altera la dinámica de los deltas y estuarios. Estas transformaciones favorecen la erosión costera, agravan la pérdida de biodiversidad y debilitan los mecanismos naturales de protección frente a tormentas y marejadas.

A ello se suman impactos menos visibles, pero igualmente graves: contaminación acústica y atmosférica, fragmentación del paisaje y emisiones asociadas a la industria del cemento, que contribuyen de forma significativa al cambio climático.

Gobernanza débil y expansión sin control

La normativa en torno a la extracción de materiales pétreos es, en la mayoría de los países, ambigua, dispersa y débilmente aplicada. Los permisos se tramitan como simples gestiones administrativas, sin que existan mecanismos eficaces de fiscalización ni seguimiento.

El resultado es un modelo extractivo sin control: muchos bancos de material operan en condiciones irregulares o ilegales, sin planes de restauración ambiental, sin participación de las comunidades y con escasa transparencia. Las instituciones encargadas de regular la actividad suelen carecer de coordinación, generando vacíos legales que facilitan la expansión de la minería no metálica.

Los costos recaen en los territorios y comunidades

Si bien la extracción de materiales responde a la demanda de las ciudades y a las dinámicas del mercado, los costos ambientales y sociales recaen en los territorios donde se realiza.

Las comunidades que habitan cerca de los bancos de extracción enfrentan pérdida de suelos agrícolas, contaminación del aire por polvo en suspensión y alteración de sus fuentes de agua. En los casos de extracción fluvial, el desvío de cauces y la eliminación de vegetación ribereña provocan inundaciones, sequías y desplazamientos de población.

A esto se suma un daño menos visible: la pérdida de vínculos culturales con el territorio. Los ríos y montañas degradados dejan de ser espacios de vida, identidad y espiritualidad, convirtiéndose en zonas de desecho o abandono.

La inequidad es estructural: las ganancias se concentran en los centros urbanos y en las empresas que abastecen la industria de la construcción, mientras las comunidades locales cargan con la degradación ambiental y los riesgos a la salud. Esta asimetría convierte la extracción en un problema de justicia socioambiental que exige nuevos marcos éticos y políticos.

Un reto urgente

La extracción de materiales pétreos es un engranaje silencioso del modelo de desarrollo global. Su omnipresencia en la vida moderna —en las carreteras, edificios, pantallas y vidrios— nos recuerda que la comodidad urbana tiene un costo oculto: la destrucción de ecosistemas y la vulnerabilidad de comunidades enteras.

Repensar esta actividad no implica detener el progreso, sino reconocer los límites del planeta y construir alternativas que prioricen la regeneración de los territorios, la transparencia y la participación ciudadana.
Dejar de ver como “normal” la muerte de los ríos o la desaparición de las montañas es el primer paso para imaginar un futuro distinto.

Cuando los ríos dejan de ser ríos

Los lugares donde antes corría el agua, donde las familias se reunían a bañarse o a pescar, se han transformado en canteras abiertas y espacios prohibidos. Allí donde antes había vida, ahora hay polvo, maquinaria y ruido. Este cambio va más allá del daño ecológico: implica la pérdida de los ríos y montañas como espacios públicos y de encuentro social.

Cuando un cauce se convierte en un sitio de extracción, desaparece también su dimensión simbólica y afectiva. El río deja de ser un lugar de paseo, de juego, de contemplación, para volverse una zona cercada, peligrosa o simplemente desolada. El paisaje pierde su capacidad de inspirar pertenencia y se vuelve un vacío industrial.

Esa transformación erosiona el tejido comunitario. Los niños ya no crecen jugando cerca del agua, las fiestas locales desaparecen, los caminos se cierran. Los espacios que antes servían para el descanso o el trabajo compartido se transforman en territorios de uso privado, donde la lógica extractiva reemplaza la del bien común.

Esta pérdida de lo público y lo común es también una pérdida cultural. Los ríos y montañas son parte de la memoria y la identidad colectiva; en ellos se inscriben historias, creencias y prácticas que definen la relación de las comunidades con su entorno. Cuando son reducidos a minas o bancos de material, se rompe el vínculo entre la gente y su territorio, y con ello, la posibilidad de imaginar formas más sostenibles de habitar el mundo.

Dejar de ver a los ríos como simples fuentes de materia prima es reconocerlos nuevamente como espacios de vida, encuentro y derecho colectivo. Recuperar esa mirada es, quizás, el primer paso hacia una verdadera justicia ambiental.

Extracción de materiales pétreos: panorama de México y la región latinoamericana
AspectoMéxico (Informe Ríos y montañas en riesgo, 2024)Tendencias regionales en América Latina y el Caribe
Cantidad de sitios de extracciónMás de 10,000 bancos identificados (activos, abandonados o en expansión).En la mayoría de países no existen registros integrales; subregistro estimado >60%.
Superficie afectadaMás de 73,000 hectáreas, especialmente en cuencas del centro y sur del país.Extensión desconocida en muchos países; se estima cientos de miles de hectáreas degradadas.
Materiales extraídosArena, grava, caliza, basalto, arcillas y tobas volcánicas.Predominan arena, grava y caliza en zonas costeras y fluviales.
Zonas más afectadasCuencas del Valle de México, Huasteca Potosina, ríos Atoyac y Papaloapan, y región del Balsas.En Centroamérica, riberas de ríos como Tempisque, Lempa y Choluteca; en el Caribe, zonas costeras y manglares.
Principales impactos ambientalesAlteración de cauces, erosión, pérdida de suelos fértiles, deforestación y pérdida de biodiversidad.Erosión costera, contaminación del agua, sedimentación excesiva, pérdida de hábitats ribereños.
Impactos socialesContaminación por polvo y ruido, afectación a la agricultura, conflictos territoriales, pérdida de espacios públicos.Desplazamiento de comunidades, afectación a pesca artesanal y turismo, desigualdad territorial.
Nivel de regulaciónMenos del 25% de los bancos cuentan con permisos o evaluaciones ambientales.Regulación fragmentada y débil; alto nivel de informalidad e ilegalidad.
Motivos de expansiónUrbanización, obras de infraestructura y demanda de la industria de la construcción.Urbanización acelerada, megaproyectos turísticos y obras viales (carreteras, puertos, represas).
Dimensión culturalRíos y montañas convertidos en canteras, pérdida de su valor simbólico y comunitario.Procesos similares: pérdida de ríos como espacios de encuentro, recreación y memoria.
Desafío centralRevertir la normalización del deterioro ambiental y garantizar justicia socioambiental.Integrar la defensa de los ríos y montañas como bienes comunes en políticas públicas y ciudadanas.
Reseña del informe

El informe “Ríos y montañas en riesgo: una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México”, elaborado por Manuel Llano, Carla Flores Lot y Carlos Carabaña (CartoCrítica y Fundación Heinrich Böll, 2024), constituye uno de los estudios más exhaustivos sobre una de las actividades extractivas más invisibilizadas: la minería no metálica o de materiales pétreos.

Lejos de la atención mediática que suele tener la minería metálica, la extracción de arena, grava y piedra avanza silenciosamente por todo el territorio, dejando tras de sí profundas huellas ambientales y sociales. El informe parte de un esfuerzo cartográfico sin precedentes: la identificación y georreferenciación de más de 10,000 sitios de extracción —tanto en superficie terrestre como en cauces fluviales—, que revelan la magnitud del fenómeno y su distribución prácticamente nacional.

A lo largo de siete capítulos, los autores analizan los tipos de materiales y métodos de extracción, los impactos ambientales y sociales asociados, el marco legal fragmentado que permite la expansión de la actividad, y una serie de casos concretos que muestran las consecuencias de décadas de explotación descontrolada. Entre ellos destacan los bancos de la Huasteca potosina, el río San Rodrigo en Coahuila y el río La Sierra en Tabasco, donde las montañas y cauces han sido transformados hasta perder su función ecológica.

El documento señala que esta minería, indispensable para el cemento, el vidrio o el asfalto, opera con una regulación débil, dispersa y en gran medida ausente. La falta de vigilancia y de rendición de cuentas ha convertido vastos territorios en zonas degradadas, mientras las ciudades continúan demandando recursos para su expansión.

La investigación pone de manifiesto un patrón de injusticia territorial y ambiental: los beneficios se concentran en los sectores urbanos e industriales, mientras los costos recaen sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas, que ven afectadas sus fuentes de agua, sus suelos y sus modos de vida.

Más que un estudio técnico, Ríos y montañas en riesgo es una denuncia documentada y un llamado urgente a detener la normalización del deterioro. Con datos, mapas y ejemplos precisos, ofrece una mirada integral que combina ciencia, política y ética ambiental, recordando que el progreso material no puede sostenerse sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sostienen.

Puede descargar el informe aquí.

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Defender la vida en soledad: la historia de Philippe y el precio de cuidar la naturaleza

En un pequeño pueblo costero del Caribe sur, Philippe ha dedicado años de su vida a proteger ríos, humedales y bosques amenazados por la expansión turística y la indiferencia institucional. Lo ha hecho con determinación, sin grandes recursos, enfrentando amenazas y agresiones físicas, viendo cómo la destrucción avanza más rápido que las respuestas de las autoridades.

Su historia es la de muchas personas defensoras ambientales: una lucha solitaria y desgastante, marcada por la precariedad económica, el hostigamiento y la falta de apoyo real. Cada monitoreo ambiental, cada denuncia, cada señal de alerta sobre la destrucción del territorio tiene un costo humano altísimo. Philippe lo ha pagado con su salud, con su sustento económico y con la certeza de que si él no estuviera ahí, nadie más lo haría.

“Estoy mal, pero aún así intento luchar. Si yo muero acá, nadie más va a estar en el campo. A nadie le importa.”

La soledad como marca

Philippe enfrenta su lucha prácticamente solo. La falta de acompañamiento ciudadano e institucional ha hecho que la defensa ambiental en este territorio se sostenga sobre sus propios hombros. Mientras muchos aplauden de lejos los discursos sobre “desarrollo sostenible”, quienes denuncian en el territorio enfrentan el miedo directamente: amenazas, daños materiales, persecución y el peso psicológico de sentirse desprotegidos.

“Aquí todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere involucrarse. La soledad también duele.”

El abandono institucional

La historia de Philippe también expone las grietas estructurales del país. Denuncias que no avanzan, permisos que legitiman la destrucción, autoridades ausentes y una institucionalidad que, en lugar de proteger, muchas veces se convierte en parte del problema. Esta desprotección no es solo jurídica: es también simbólica. Es el mensaje de que defender la vida no importa lo suficiente.

“Hablan de proteger la naturaleza, pero cuando se trata de acompañar, de verdad, no hay nadie.”

El desgaste físico y emocional

La defensa ambiental no se libra solo en los tribunales o en las comunidades; también se libra en el cuerpo. Philippe enfrenta problemas de salud que se han agravado por años de trabajo en condiciones duras y sin respaldo. La falta de ingresos, la pérdida de herramientas de monitoreo y la hostilidad de su entorno lo han llevado al límite.
La lucha, que empezó como un compromiso con la naturaleza, hoy se siente también como un peso solitario.

“El ambientalismo cuesta —y cuesta caro—. Cuesta miles de dólares, cuesta clientes, cuesta salud, cuesta vida.”

“El ambientalismo aquí no da para vivir. Al contrario: te va quebrando, poquito a poco.”

Entre el eco mediático y la ausencia local

En momentos puntuales, la lucha de Philippe ha logrado captar atención mediática, pero esa visibilidad no se ha traducido en redes de apoyo sostenidas ni articulación territorial real. Más allá de las denuncias públicas, el acompañamiento local es casi inexistente. No hay estructuras comunitarias sólidas que compartan la carga ni mecanismos para proteger a quienes están en primera línea.
La lucha ambiental no puede depender únicamente de una voz amplificada en redes: necesita tejido social, presencia organizada y compromiso colectivo.

“La gente habla bonito del ambiente, pero defenderlo aquí es otra historia. Te golpean, te siguen, te mandan al hospital. Y el negocio se va al carajo.”

No es un caso aislado

Philippe no es una excepción. Su historia encarna lo que muchas personas defensoras viven en silencio. Cuando la sociedad no protege a quienes protegen, el costo no lo paga solo esa persona: lo pagamos todos y todas, con territorios devastados, ríos contaminados y bienes comunes en riesgo.

“Si después de mí no hay otro que tome este campo, se acabó. Y eso me duele más que cualquier golpe.”

Una defensa que debe ser colectiva

Proteger a las personas defensoras ambientales no es un acto de caridad: es una responsabilidad colectiva. Implica escuchar, acompañar, visibilizar y exigir al Estado garantías reales. Philippe no debería estar solo. Ninguna persona defensora debería estarlo.

La defensa de la vida no puede seguir siendo una carga individual. Porque cuando una voz defensora se apaga, se abre espacio para que el silencio cubra la destrucción.

Desromantizar la defensa de la naturaleza

Desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es urgente desromantizar la defensa de la naturaleza. No es un acto heroico ni una postal de inspiración: es una lucha desigual, atravesada por violencia, hostigamiento, abandono y ninguneo.

En Costa Rica, muchas de estas luchas nacen en los patios traseros, en los ríos que cruzan comunidades, en los humedales que alimentan la vida que nos sostiene. Son personas que defienden desde sus hogares y territorios, sin recursos, sin respaldo institucional y, muchas veces, sin acompañamiento social.

Hablar de esta violencia no divide: visibiliza lo que se ha querido mantener invisible. Reconocer el costo humano de defender la vida es un paso imprescindible para transformar esta realidad y construir redes reales de cuidado, protección y acción colectiva.

La defensa ambiental no puede seguir sostenida sobre cuerpos individuales. Necesita ser una tarea compartida, una responsabilidad común.

Entre el destino y la elección

Hay quienes podrían decir que Philippe eligió este camino. Que podría haber hecho otra cosa, vivir más tranquilo, sin cargar sobre sus hombros la defensa de un territorio que parece no querer ser defendido. Y tal vez sea cierto: nadie lo obligó. Pero también es cierto que algunas decisiones no se toman desde la comodidad, sino desde una conciencia que ya no permite mirar hacia otro lado.

Philippe no siempre fue “el defensor del humedal”. A los 25 años, su vida parecía ir por otro rumbo. Él nos recuerda con una fotografía cuando tenía 25 años «Atrás está mi bar, lugar de encuentro de los pandilleros Rough Speed, del cual era miembro. ¡Dónde está aquella época! La moto es una Norton Comando de 920 cc hard tail, eso significa que no tenía suspensión atrás. Cosa seria, te cuento. Después lo cambié y hice un hardtail chopper.”

Esa imagen del joven motociclista rebelde contrasta con el hombre que hoy recorre a pie los mismos caminos, observando el cauce de los ríos y las huellas del deterioro ambiental. Pero en el fondo, algo permanece: la misma energía que antes lo movía sobre dos ruedas, hoy lo empuja a cuidar la vida que habita estos territorios.

Philippe pudo elegir otros caminos, y quizá todavía podría. Pero eligió este, el más difícil: quedarse, resistir y cuidar. No por romanticismo, sino porque entendió que cuando el bosque desaparece, desaparece también una parte de todos nosotros.

Y aunque su defensa parezca solitaria, su gesto nos interpela a cada uno: ¿qué haríamos nosotros si el lugar que amamos estuviera en peligro?

Porque al final, cuidar la naturaleza no es un acto individual ni un destino inevitable. Es una opción —una que Philippe hizo, y que el Caribe Sur agradece.