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CODECE: 40 años de memoria, comunidad y defensa de los Cerros de Escazú

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El taller “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras” reafirmó el papel de la organización como defensora de la memoria, la cultura y la naturaleza escazuceña.

El pasado 2 de octubre, en San Antonio de Escazú, se realizó un emotivo encuentro convocado por la Asociación para la Conservación y Defensa de los Cerros de Escazú (CODECE), con el acompañamiento del Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Bajo el título “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras”, el taller reunió a vecinas, vecinos y personas vinculadas a la organización para revisar su trayectoria, recuperar la memoria histórica de la comunidad y reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa del territorio.

Memoria viva y raíces culturales

El historiador Jorge Montoya abrió la jornada con una exposición sobre la historia campesina y cultural de San Antonio, invitando a mirar a Escazú no como un “lugar de descanso”, sino como un espacio de trabajo, intercambio y vida comunal. Recordó la importancia de los cerros Estucurru —hoy Cerro de la Cruz y Piedra Blanca— como corazón geográfico y espiritual del territorio, y resaltó el papel de figuras como Pedro Arias y Héctor Fuentes, guardianes de la creatividad popular a través de la música, la alfarería y las mascaradas.
Montoya subrayó que preservar la cultura es mantener viva la memoria del pueblo, y que esa identidad debe vincularse con la defensa ambiental actual.

CODECE: cuatro décadas de organización y resistencia

El presidente de CODECE, Javier Sánchez, presentó una sistematización de los 40 años de historia de la organización, marcada por la defensa del agua, la tierra y la identidad escazuceña.

Desde su surgimiento en 1985, tras la movilización que impidió la construcción de infraestructura en el cerro San Miguel, CODECE ha atravesado distintas etapas: desde la organización comunal y la creación de la primera Oficina Legal Ambiental del país, hasta el impulso de iniciativas de autofinanciamiento como El Encanto de la Piedra Blanca.

Hoy, la organización enfrenta nuevos retos frente a la presión inmobiliaria, la expansión urbana y la visitación masiva a los cerros. Aun así, continúa articulando comunidad, cultura y naturaleza.

Desafíos y compromisos renovados

El espacio de diálogo permitió identificar tres líneas de trabajo para fortalecer el futuro de CODECE:

  • Ampliar la participación comunitaria, integrando nuevas generaciones y sectores.

  • Proteger los Cerros de Escazú frente a amenazas ambientales y regular la visitación turística.

  • Reforzar el vínculo entre memoria, cultura y ambiente, mediante actividades culturales, productos audiovisuales y campañas de sensibilización.

El taller concluyó recordando que defender los Cerros de Escazú es también defender la memoria y la identidad escazuceña. CODECE reafirma su papel como espacio de memoria viva y acción colectiva, comprometido con el cuidado del territorio y la construcción de comunidad.

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“CODECE y la defensa de los Cerros de Escazú: memoria, historia y desafíos actuales”
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De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas

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Han pasado varias semanas desde que el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó ante el Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales en el sector de Maquengal. Aquella intervención, ocurrida el 2 de septiembre, marcó un momento clave de participación ciudadana, en el que la comunidad puso sobre la mesa preocupaciones concretas: la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones.

Sin embargo, la respuesta institucional no fue abrir espacios de diálogo, sino reforzar el mismo modelo que la comunidad cuestiona. Semanas después, en lugar de recibir una convocatoria o un informe sobre la “consulta a la asesoría legal” prometida durante la sesión, las personas vecinas encontraron un rótulo instalado en la zona de extracción. En él, se anuncia la “legalidad” de la concesión y se advierte que la población no debe ingresar cuando la maquinaria está en operación. Lo más preocupante es que, debido a la intervención misma de la maquinaria, la zona ya no es apropiada para el disfrute público, como lo fue durante años. Hasta la fecha, ninguna institución ha explicado ni justificado por qué un sitio que era de acceso y recreación comunitaria ha sido transformado en una cantera, desplazando a la comunidad de su propio espacio común.

De espacio comunitario a zona prohibida

El gesto, aparentemente administrativo, fue leído en Maquengal como una respuesta simbólica y política: el río que antes era un bien común, un lugar para bañarse, descansar o encontrarse, ahora está oficialmente cerrado a la comunidad. Las personas vecinas lo interpretan como una forma de exclusión institucional, que no solo ignora sus preocupaciones, sino que las sanciona por atreverse a expresarlas.

El Grupo de Defensa de la Cuenca ha insistido en que su reclamo no es contra el desarrollo ni contra la municipalidad, sino contra una forma de desarrollo que los deja fuera. “Lo que pedimos es equilibrio, consulta y transparencia”, señalaron en su carta. También advirtieron que el discurso de “legalidad” no puede usarse como excusa para desconocer los derechos ciudadanos, ni para privatizar espacios que históricamente fueron de uso común.

El abandono institucional y las jerarquías del desarrollo

Lo ocurrido en Maquengal expone con claridad una tendencia que trasciende este caso particular: la institucionalidad que debería proteger los bienes comunes termina actuando como garante del extractivismo. En lugar de escuchar las alertas de la comunidad, se prioriza el cumplimiento formal de trámites y concesiones que, aunque “legales”, resultan social y ambientalmente injustos.

Este abandono institucional se traduce en un esquema de premio y castigo: las comunidades que se alinean con las decisiones oficiales son reconocidas como “colaboradoras”, mientras que aquellas que cuestionan o defienden su territorio son tratadas como un obstáculo. En el caso de Maquengal, el castigo se manifiesta en la pérdida del acceso al río, la falta de información y la indiferencia institucional frente a los daños ambientales y sociales que la población vive a diario.

Un modelo que se cierra sobre sí mismo

Al sustituir la consulta por el silencio, y la participación por rótulos que legitiman la exclusión, la institucionalidad refuerza un modelo de desarrollo cerrado, que no dialoga con las comunidades y que normaliza la degradación de sus territorios. Lo que está en juego en Maquengal no es solo la calidad del agua o la estabilidad de un cauce: es el derecho de una comunidad a decidir sobre su entorno, a defender sus bienes comunes y a ser parte activa del futuro de su territorio.

Maquengal no se calla

Pese a las respuestas evasivas, el Grupo de Defensa del Río Frío mantiene su compromiso de visibilizar la situación. Desde sus propias palabras, la comunidad insiste: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya. No puede haber desarrollo a costa de nuestras vidas, de nuestros espacios, de nuestra palabra”.

El silencio institucional no detiene la defensa comunitaria. Maquengal sigue alzando la voz para recordar que el río no es una cantera, sino un espacio de vida compartida. Y que cada vez que se coloca un rótulo para restringir el acceso, se borra un pedazo de historia, de encuentro y de dignidad colectiva.

Indignación justificada: cuando la institucionalidad promete diálogo y entrega silencio

A la falta de respuesta formal a la carta presentada ante el Concejo Municipal se suma otro hecho que profundiza la sensación de abandono en Maquengal. El pasado 20 de agosto 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal del poblado, con la participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de personas estudiantes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para dialogar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas directas a la situación del río Frío.

Sin embargo, la actividad fue cancelada a último momento, sin explicación clara y, lo más preocupante, nunca se reprogramó. Este hecho, aunque aparentemente menor, se ha convertido en símbolo de una práctica institucional reiterada: convocar sin escuchar, prometer participación sin concretarla y convertir el diálogo en una formalidad vacía.

Para las personas de Maquengal, esta cancelación confirma lo que ya venían percibiendo: no existe un interés real en comprender ni atender la situación de la comunidad. Se les sigue viendo como un “poblado disperso”, un territorio periférico cuya voz puede ser ignorada sin consecuencias.

La indignación es, por tanto, legítima. No se trata solo de una reunión perdida, sino de la reiteración de un patrón de exclusión que niega el reconocimiento político de la comunidad. En lugar de acompañar a Maquengal, las instituciones públicas parecen reproducir una jerarquía territorial donde unos pocos deciden y otros —los que viven las consecuencias— son reducidos al silencio.

Se castiga a quien imagina otro futuro para Maquengal

Lo ocurrido en Maquengal no es un hecho aislado: refleja una manera de gobernar los territorios donde pensar distinto se vuelve motivo de castigo. A la comunidad no se le escucha porque se atrevió a cuestionar la forma en que se decide sobre su propio entorno. Se les responde con silencio, con cancelaciones, con rótulos y advertencias, como si defender el río y la vida común fuera una falta de respeto a la autoridad.

Maquengal no pide privilegios; exige lo mínimo: ser parte de las decisiones que afectan su territorio. Pero la institucionalidad parece temer al pensamiento crítico que nace desde las comunidades, porque ese pensamiento revela las contradicciones de un modelo que llama “desarrollo” a la extracción, y “orden” a la exclusión.

Hoy, lo que se castiga en Maquengal no es la protesta, sino la posibilidad misma de imaginar otra forma de desarrollo: una basada en el respeto, la participación y la defensa de los bienes comunes. Cuando nos cierran las puertas del río, lo que antes llamábamos turismo hoy podríamos llamarlo visitar las ruinas del río Frío. Porque eso es lo que sentimos: el temor de que, si todo sigue igual, lo único que quede sea un gran rótulo que diga “Bienvenidos a las ruinas del Río Frío”.

Aun así, la comunidad no renuncia a su esperanza. Anhelamos poder restaurar el río, detener las concesiones y reforestar, recuperar al menos lo que queda. Porque cada árbol, cada tramo de agua y cada recuerdo colectivo que aún persiste son también semillas de futuro. Aunque las instituciones cierren puertas, Maquengal insiste en abrir caminos para la dignidad y la vida compartida.

Testimonio desde Maquengal:
¡Es horrible! Ya podemos oír el fuerte ruido de las máquinas. Dejará de ser agradable y habitable si las máquinas se acercan más a nuestra propiedad. ¡Aquí se demuestra que el medio ambiente y las personas están completamente desatendidos! Vinimos aquí para mantener la mayor distancia posible de la actividad comercial. Incluso aceptamos un acceso muy difícil a nuestra propiedad. ¿Qué tenemos ahora? Es como si viviéramos en una zona industrial. La extracción de piedra debería, al menos, no llegar a nuestra propiedad. Eso sería muy importante. Después de unos 1000 metros, ya es una zona protegida. Pero no me sorprendería que también ignoraran eso. ¿Dónde están todas las organizaciones de conservación de la naturaleza en el país? Si un cazador furtivo o un leñador (ilegal) es capturado y se resiste, incluso lo encarcelan si la situación se complica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se extraen las piedras, también se destruyen innumerables seres vivos y nuestros sueños de ecoturismo se destruyen antes de que puedan siquiera comenzar. ¡Me entristece mucho que a los humanos no nos importe la naturaleza! ¡El ojo de Dios lo ve todo!
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
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La lucha por la tierra y la vida en Nueva Esperanza

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El pasado 20 de setiembre realizamos una visita a la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, donde conocimos a la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza. Este grupo ha dedicado casi tres décadas a cultivar de manera agroecológica, manteniendo vivas las tradiciones de sus familias campesinas y defendiendo la salud de sus comunidades a través de alimentos sanos y libres de químicos.

Para ellas, la tierra no es solo un medio de subsistencia, sino un espacio de memoria, encuentro y transmisión de saberes. En sus parcelas se sembraban frijoles, hortalizas y maíz; allí se reunían las familias, se compartían alimentos y se fortalecían los lazos comunitarios. La agroecología fue una apuesta consciente: cuidar el ambiente, la salud y la vida, diferenciándose de los modelos productivos dependientes de agrotóxicos.

Entre la siembra y la desconfianza institucional

Desde los inicios del proyecto, las mujeres de Nueva Esperanza tocaron puertas buscando apoyo para fortalecer su producción. Solicitaron semillas, acompañamiento y herramientas para crecer de forma sostenible. Sin embargo, las respuestas institucionales fueron negativas una y otra vez. “Nos decían que era por no tener escritura, pero después nos dimos cuenta de que sí apoyaban a otras personas en condiciones similares. Entonces decidimos hacerlo solas”, relatan.

El proyecto avanzó sin apoyos estatales directos: con esfuerzo propio levantaron su siembra de hortalizas, maíz y frijoles, consolidando un espacio colectivo que era al mismo tiempo productivo, familiar y comunitario. Con el paso del tiempo, lograron también establecer vínculos con universidades públicas y otras organizaciones solidarias que les brindaron acompañamiento técnico y formativo, así como apoyo para el desarrollo de infraestructura que fortaleció su capacidad de producción y organización comunitaria.

Años después, llegó el golpe más fuerte: la invasión de la parcela. La respuesta institucional, lejos de brindar protección efectiva, se convirtió en una cadena de obstáculos. El grupo emprendió un largo proceso legal para recuperar la tierra. Lograron ganar desalojos en cuatro ocasiones, presentaron documentación y contaron con el respaldo de un juzgado agrario, que ordenó la restitución de la finca. Sin embargo, cuando todo parecía listo para ejecutar la orden, otra institución —que supuestamente debía apoyar a la asociación— frenó el desalojo sin explicación clara.

La experiencia, además de costosa en tiempo y recursos, fue profundamente desgastante. “Logramos todo solas y cuando ya estaba listo, lo detienen. No entendemos cómo una institución que dice apoyarnos puede hacer esto”, expresan. A esto se suma el dolor de ver destruida la infraestructura que habían construido durante años de trabajo colectivo y alianzas con otras instituciones. Para ellas, el caso revela no solo la fragilidad de la seguridad jurídica de las campesinas, sino también la desprotección que enfrentan frente a un aparato institucional que muchas veces actúa sin transparencia ni coordinación.

Una historia de trabajo y organización comunitaria

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza tiene sus raíces en la vida campesina de la zona norte fronteriza, marcada por la migración, el trabajo agrícola y la tradición de familias enteras dedicadas al campo. En los años noventa, un grupo de mujeres decidió organizarse para darle continuidad a los aprendizajes heredados de abuelos y padres agricultores, pero también para abrir un camino propio: la agricultura orgánica.

El proyecto creció con esfuerzo colectivo. Levantaron una pequeña casa-cocina con horno para preparar alimentos, organizaron ventas comunitarias, sembraron frijoles y hortalizas, y crearon un espacio que funcionaba tanto para la producción como para la vida social. Allí las familias se reunían, cocinaban juntas y sostenían una dinámica de cooperación que trascendía lo económico: era una escuela de vida en comunidad.

Durante más de dos décadas, la asociación no solo produjo alimentos sanos, sino que también se convirtió en un referente de organización de mujeres en un contexto donde el campo suele asociarse a los hombres. Su presencia desafiaba estereotipos de género y demostraba que las mujeres podían liderar proyectos agrícolas innovadores y sostenibles.

El quiebre llegó hace aproximadamente cuatro años, cuando la parcela fue invadida. La pérdida de ese espacio no significó solo el freno de la producción: también interrumpió un tejido social y comunitario construido durante casi 30 años. El despojo implicó incertidumbre, dolor y la sensación de que instituciones que antes parecían aliadas dejaron de estar presentes. “Nos sentimos atropelladas, nuestro trabajo ha sido desvalorizado”, expresan ellas.

A pesar de este golpe, la asociación no se ha desintegrado. Por el contrario, se sostiene en la persistencia y en la certeza de que la lucha por la tierra es también la lucha por la dignidad.

Mujeres en el campo: una realidad invisibilizada

La situación que atraviesa esta asociación no es aislada. En Costa Rica, y particularmente en las zonas rurales fronterizas, las mujeres campesinas enfrentan múltiples obstáculos para sostener sus proyectos de vida. La desigualdad en el acceso a la tierra, la falta de reconocimiento al trabajo agrícola femenino y la ausencia de políticas efectivas que garanticen su seguridad productiva generan condiciones de vulnerabilidad constantes.

A menudo son ellas quienes sostienen la agricultura familiar y la transmisión de los saberes agroecológicos, pero sus aportes siguen siendo invisibilizados. El campo continúa cargado de estereotipos que asocian el trabajo agrícola al hombre, dejando a las mujeres en un segundo plano a pesar de ser pilares fundamentales en la siembra, el cuidado de los cultivos y la organización comunitaria.

Frente a estas realidades, experiencias como la de Nueva Esperanza ponen en evidencia la necesidad de replantear el papel de las instituciones públicas en el acompañamiento a mujeres organizadas. Reconocer sus luchas, escuchar sus demandas y garantizar el acceso a la tierra son pasos indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Persistencia y esperanza

Las mujeres de Nueva Esperanza lo resumen en una consigna clara: seguir luchando, no rendirse. Tocan puertas una y otra vez, insisten en su derecho a la tierra, y mantienen la unidad como fuerza principal para resistir.

Su ejemplo interpela a toda la sociedad: ¿qué significa producir alimentos sanos en un mundo dominado por la prisa y la rentabilidad? ¿Por qué quienes defienden la agroecología encuentran más trabas que apoyos? ¿Qué futuro estamos construyendo cuando proyectos comunitarios de casi 30 años son despojados y desatendidos?

La visita a Nueva Esperanza deja una certeza: en cada semilla sembrada por estas mujeres late una apuesta por el bien común, por la vida digna y por un país que aún tiene una deuda profunda con quienes trabajan la tierra.

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40 años de memoria, territorio y comunidad: la historia viva de CODECE

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En este episodio de Sentires y Saberes conversamos con Javier Sánchez, presidente de CODECE, en el marco de la conmemoración de sus 40 años de historia. Javier nos comparte un recorrido por la trayectoria de la organización: desde sus inicios en un San Antonio de Escazú rural hasta los logros más recientes en conservación, incidencia y organización comunitaria. Nos habla de hitos clave como el Plan Regulador de Escazú, la defensa del agua y los procesos de regeneración de fincas, así como de los aprendizajes en paciencia, compromiso y trabajo colectivo que CODECE ha cultivado a lo largo de cuatro décadas.

Escucha la entrevista completa para conocer cómo la memoria, la organización comunitaria y la defensa del territorio se entrelazan en esta historia viva.

Invitación a las actividades del 40 aniversario

Las celebraciones por los 40 años de CODECE continúan durante octubre con caminatas, conversatorios, días de campo y espacios de encuentro comunitario. ¡Te invitamos a sumarte, compartir y celebrar esta historia colectiva de lucha y esperanza!

No te pierdas también las imágenes con la programación completa, disponibles en nuestras redes y materiales del Observatorio.

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Votar no basta: ciudadanía crítica en tiempos de simulación

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Con la publicación del Documento de Trabajo N.° 16 “Votar no basta”, el Observatorio de Bienes Comunes cierra la iniciativa “Democracia, tenemos que hablar”, un proceso que buscó abrir espacios de diálogo crítico en torno a la democracia costarricense en el marco de las elecciones nacionales de 2026.

Este cuaderno no es un manual ni una guía de voto: es una provocación. A partir de la metáfora de Matrix, se invita a cuestionar el autoritarismo disfrazado de orden, la manipulación informativa, el poder de las noticias falsas y la erosión de la democracia, que muchas veces se reduce a un simulacro de participación. La propuesta metodológica combina reflexiones, citas de la película y fichas de trabajo para talleres comunitarios, aulas y colectivos sociales, que buscan pasar del análisis a la acción concreta.

Entre sus ideas clave se encuentran:

  • La democracia no cabe solo en las urnas: se construye todos los días desde la organización, la vigilancia ciudadana y la defensa de los bienes comunes.

  • El autoritarismo no llega de golpe: se instala de forma sutil, en discursos que prometen seguridad y orden mientras limitan la participación.

  • La ciudadanía crítica es imprescindible: despertar de la “simulación” implica cuestionar, imaginar y actuar colectivamente para defender la vida digna.

En un contexto donde Costa Rica se encamina al inicio formal del proceso electoral, este documento se convierte en una herramienta fundamental. No solo porque interpela la apatía y la polarización que atraviesan el debate público, sino porque ofrece recursos pedagógicos para reactivar la participación política más allá del voto, reivindicando la democracia como bien común.

Con este cierre, reafirmamos que “votar no basta”: la democracia requiere cuerpos presentes, voces críticas y comunidades organizadas que no se conformen con la ilusión, sino que construyan futuro.

Herramientas para pensar y actuar

Más que un texto para leer, Votar no basta es una caja de herramientas pedagógicas. Cada sección combina reflexiones con actividades prácticas que pueden usarse en talleres comunitarios, aulas o espacios organizativos. Las fichas metodológicas invitan a pasar de la crítica a la experiencia: líneas del tiempo colectivas, ejercicios de “autopsia digital” para reconocer sesgos en redes sociales, mapas de lo común o dinámicas que visibilizan la distancia entre promesas electorales y realidades políticas.

El objetivo no es dar respuestas prefabricadas, sino activar la reflexión crítica y la acción colectiva. Por eso, las dinámicas son abiertas y adaptables, pensadas para diferentes públicos, desde jóvenes hasta personas adultas. Con ellas se busca desenmascarar la ilusión democrática, identificar señales de autoritarismo y fortalecer la creatividad ciudadana como motor de transformación.

En este sentido, el valor metodológico del documento está en que conecta la teoría con la práctica: convierte las ideas en experiencias compartidas, y ofrece un camino concreto para que las comunidades construyan vigilancia, organización y democracia viva.

Pueden descargar el documento aquí.

Cultura y política: un diálogo necesario

Un aporte central de Votar no basta es que muestra que la reflexión política no tiene por qué estar encerrada en tecnicismos o debates lejanos. Al usar una obra cultural tan influyente como Matrix, el cuaderno logra traducir conceptos complejos en símbolos accesibles y provocadores, abriendo un espacio de discusión que conecta con las emociones, la imaginación y la vida cotidiana de las personas.

Este cruce entre cultura y política permite que la democracia deje de percibirse como un tema exclusivo de partidos o instituciones, y se convierta en un campo vivo de reflexión colectiva. Cine, metáforas, juegos y narrativas populares son aquí puentes para despertar preguntas críticas y reconocer que los bienes comunes —como el agua, la tierra, la salud o el derecho a la verdad— también forman parte de nuestra cultura compartida.

En tiempos de saturación mediática y discursos simplificados, este tipo de productos pedagógicos son vitales porque reconectan la política con la creatividad y la sensibilidad cultural, haciendo de la democracia un ejercicio que se siente, se piensa y se construye entre todas y todos.

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Cuando la paz es colonial: Trump impone su plan para Gaza con el reconocimiento de Costa Rica

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Lo que ocurre en Gaza no puede describirse únicamente como un conflicto: múltiples organismos internacionales y voces académicas coinciden en señalar que se trata de un genocidio en curso contra el pueblo palestino, caracterizado por desplazamientos forzados, ataques sistemáticos a la población civil y la negación de sus derechos fundamentales.

El Observatorio de Bienes Comunes desarrolla esta nota como parte de su compromiso por la justicia, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación histórica de los pueblos que han sido sometidos a la violencia colonial y neocolonial. Nuestra labor no es únicamente describir hechos, sino también ofrecer herramientas críticas para comprenderlos en su complejidad y denunciar las narrativas que legitiman la opresión.

Desde una mirada educativa y decolonial, buscamos abrir espacios de reflexión que cuestionen las estructuras de poder global, promuevan la autodeterminación de los pueblos y fortalezcan la solidaridad internacional frente a las injusticias. En este caso, el análisis del plan de Trump para Gaza responde a la necesidad de visibilizar cómo se reproducen lógicas coloniales en el presente y cómo países como Costa Rica se ven implicados en ellas.

Imagen de la nota de prensa El País. (17/11/2025). El ministro israelí de Finanzas asegura que Israel y EE. UU. negocian para dividirse la Franja de Gaza. 

Una propuesta que promete paz, pero niega justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó recientemente un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza. Aunque fue anunciado como una propuesta de paz, este esquema reproduce lógicas coloniales que niegan la autodeterminación palestina y refuerzan la dominación política, económica y militar sobre la Franja de Gaza.

Desde un enfoque educativo y decolonial, esta nota analiza los principales elementos de la propuesta y problematiza el respaldo de Costa Rica a este plan.

Palestina sin voz: la paz sin los pueblos

El plan se presenta como “bien recibido por todos”, salvo por Hamás. Sin embargo, el pueblo palestino —principal afectado— queda relegado a un papel pasivo. Esta exclusión perpetúa la colonialidad del saber: solo las potencias occidentales y sus aliados definen qué significa “paz” y quién puede participar en ella.

“Zona libre de terrorismo”: el lenguaje de la deshumanización

La propuesta define Gaza como un territorio que debe transformarse en “libre de terrorismo y desradicalizado”. Este discurso reduce a la población palestina a un peligro a ser eliminado y desplaza la responsabilidad del conflicto hacia los oprimidos, no hacia la potencia ocupante. Se trata de un dispositivo clásico de la colonialidad: justificar la violencia en nombre de la “civilización” y la seguridad.

Reconstrucción condicionada: una ayuda con cadenas

El plan promete reconstruir Gaza, pero bajo la tutela de una “junta de paz” presidida por el propio Trump, junto con organismos financieros internacionales y líderes extranjeros. La población palestina no es considerada sujeto político de su propia recuperación, sino objeto de administración externa. Este paternalismo perpetúa la colonialidad del poder y reproduce dependencias económicas.

La negación del Estado palestino: administrar sin reconocer

Trump fue explícito: Netanyahu rechaza un Estado palestino y él lo respalda. Esto demuestra que el plan no busca la paz entre dos naciones soberanas, sino la gestión colonial de un territorio sin derechos plenos. Es la reafirmación de una paz colonial, donde se administra la ocupación sin reconocer la existencia de Palestina como nación legítima.

Jerarquías de la vida y la muerte

La propuesta de intercambio de prisioneros y cuerpos —un israelí por quince palestinos muertos— ilustra la necropolítica colonial: la vida israelí se coloca como valor absoluto, mientras las muertes palestinas se convierten en mercancía de negociación. Esta asimetría revela la profunda deshumanización que sostiene la ocupación.

La ausencia de responsabilidad israelí

Un aspecto central que no puede pasar desapercibido es que el Plan de 20 puntos de Trump omite por completo cualquier mención a la responsabilidad de Israel por los crímenes cometidos en Gaza. Mientras se exige la desmilitarización palestina, la supervisión internacional y la reeducación social, el documento presenta a Israel únicamente como garante de seguridad y estabilidad, exonerándolo de forma implícita de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esta omisión reproduce una narrativa colonial que invierte las cargas de la violencia: responsabiliza exclusivamente al pueblo ocupado mientras legitima al ocupante, invisibilizando la necesidad de justicia y reparación para las víctimas palestinas.

Costa Rica y la paz subordinada

El respaldo de Costa Rica a este plan no es un gesto menor. Como país con una tradición de paz y diplomacia, debería mantener una política exterior coherente con la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, al alinearse automáticamente con Washington, Costa Rica se convierte en cómplice de una narrativa colonial que legitima la ocupación y el genocidio en Gaza.

Este posicionamiento refleja la dependencia histórica de Costa Rica en materia de política exterior: en lugar de actuar como voz crítica y solidaria con los pueblos del Sur Global —como lo haría desde una perspectiva latinoamericana y decolonial— se subordina a los intereses de las potencias imperiales. Con ello, se erosiona su credibilidad como país defensor del derecho internacional y la paz.

El comunicado de Costa Rica: entre la retórica pacifista y la legitimación colonial

El comunicado oficial del Gobierno de Costa Rica (30 de septiembre de 2025) expresa respaldo al Plan de 20 puntos para Gaza y Medio Oriente impulsado por Donald Trump, presentándolo como un “paso importante hacia la paz”. En el texto se invocan principios como el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y la convivencia pacífica. Sin embargo, la lectura crítica revela varias tensiones preocupantes.

  • Retórica sin contraste con la realidad: el comunicado repite los argumentos del plan sin señalar las asimetrías de poder ni los efectos de imponer un “gobierno de transición” bajo tutela internacional. Omite la voz del pueblo palestino y sus demandas de autodeterminación, reproduciendo el lenguaje de la paz colonial.

  • Desplazamiento del legado pacifista: Costa Rica, históricamente reconocida por su desarme y por la defensa del derecho internacional, se alinea con una propuesta que ha sido denunciada globalmente por legitimar la ocupación. Este gesto erosiona la credibilidad de su política exterior y la distancia de su tradición humanista.

  • Neutralidad cuestionada: al presentar el plan como un esfuerzo multilateral, el comunicado invisibiliza que se trata de una iniciativa unilateral, diseñada en función de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, no de un consenso internacional. Costa Rica, al respaldarlo, deja de lado su rol de mediador imparcial y se coloca como legitimador de una agenda externa.

  • Efecto pedagógico negativo: en clave educativa, el mensaje oficial transmite que la paz puede imponerse desde arriba, mediante acuerdos diseñados por potencias, y no como resultado de la participación democrática de los pueblos involucrados. Esta narrativa debilita la comprensión de la paz como construcción colectiva, justa y decolonial.

En suma, el comunicado de Costa Rica no es neutro: al legitimar el plan de Trump, se convierte en un instrumento político que reproduce la colonialidad internacional y contradice la tradición pacifista que el país históricamente ha reivindicado.

El valor del enfoque decolonial: mirar más allá de los discursos oficiales

Analizar la propuesta de Trump únicamente desde criterios diplomáticos o de seguridad resulta insuficiente, porque invisibiliza las estructuras históricas de poder que sostienen la ocupación. El enfoque decolonial nos invita a mirar más allá de los discursos oficiales y reconocer cómo la colonialidad —heredera del colonialismo moderno— continúa organizando la política internacional.

Este enfoque ofrece tres claves:

  • Visibilizar las relaciones de poder: muestra cómo las potencias occidentales imponen sus condiciones sobre territorios del sur global, negando la voz de los pueblos colonizados y presentando su dominación como “natural” o “inevitable”.

  • Desenmascarar el lenguaje de la paz colonial: términos como “desradicalización” o “zona libre de terrorismo” no son neutrales. Son herramientas discursivas para justificar la subordinación y el control, presentándolos como procesos civilizatorios.

  • Reivindicar la autodeterminación de los pueblos: la verdadera paz no puede imponerse desde afuera ni administrarse por potencias extranjeras. Solo puede construirse cuando los pueblos tienen la capacidad de decidir su futuro sin tutelas coloniales.

En este sentido, el enfoque decolonial no es un mero marco académico: es una herramienta ética y política para cuestionar la desigualdad global, las jerarquías raciales y las narrativas que legitiman la violencia. Adoptarlo permite comprender que el plan de Trump no es una solución, sino la continuidad de un orden colonial que niega el derecho palestino a existir como nación soberana.

La paz que no es paz

El plan de Trump no abre caminos reales hacia la paz, sino que institucionaliza un modelo colonial de control y administración sobre Gaza. Reconstrucción, seguridad y gobernanza se plantean desde afuera, bajo la lógica de las potencias y sin reconocer la soberanía palestina.

Costa Rica, al respaldar esta propuesta, se distancia de su propia tradición pacifista y refuerza la colonialidad global. La verdadera paz solo puede construirse desde la justicia, el respeto a la autodeterminación y el reconocimiento pleno de Palestina como nación.

Referencia:

El País. (17/11/2025). El ministro israelí de Finanzas asegura que Israel y EE. UU. negocian para dividirse la Franja de Gaza. El País. https://elpais.com/internacional/2025-09-17/el-ministro-israeli-de-finanzas-asegura-que-israel-y-ee-uu-negocian-para-dividirse-la-franja-de-gaza.html

Locatelli Santos, Juliano. (2022). El pensamiento decolonial como clave epistémica necesaria para la reconstrucción de los derechos humanos en y para Latinoamérica. Opinión Jurídica, 21(44), 394–418. Recuperado de  https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/3532

Swissinfo. (30/11/2025). Los 20 puntos del plan de Trump para la paz en Gaza. https://www.swissinfo.ch/spa/los-20-puntos-del-plan-de-trump-para-la-paz-en-gaza/90091743

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Democracia en jaque: el Joker en las urnas

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El Observatorio de Bienes Comunes presenta su Documento de Trabajo N.° 15: El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (setiembre 2025).

Este material propone una reflexión urgente sobre los desafíos de la democracia en tiempos de polarización y desigualdad, utilizando la metáfora del Joker en El Caballero Oscuro como una lente provocadora para comprender fenómenos políticos actuales. Lejos de reducirse a un análisis cinematográfico, el documento conecta la ficción con la realidad, cuestionando por qué figuras que encarnan la rabia social, la ruptura con las reglas y el espectáculo del caos logran legitimidad en los procesos electorales.

🔎 Aportes principales

  • Desigualdad y polarización como caldo de cultivo: muestra cómo la concentración de riqueza, la exclusión y la desconfianza institucional crean terreno fértil para el ascenso de candidaturas antisistema.

  • El fenómeno del Joker político: analiza cómo ciertos liderazgos se nutren más de la capacidad de representar el enojo social que de sus propuestas programáticas.

  • Elecciones como válvula y riesgo: el voto puede ser un mecanismo de desahogo, pero también alimentar ciclos de frustración que debilitan las instituciones.

  • Reflexión crítica y pedagógica: ofrece ejercicios prácticos y preguntas abiertas para el debate académico, ciudadano y comunitario.

📝 Elementos destacados
  • Ejercicios pedagógicos: como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el semáforo democrático para evaluar candidaturas.
  • Ejemplos internacionales: incluye referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, identificando patrones comunes de atracción por lo disruptivo.

  • Preguntas guía: entre ellas, ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan?, ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?

  • Lecciones del caos: plantea que las candidaturas tipo Joker son síntomas de democracias frágiles, y que la salida no es culpabilizar a los votantes, sino enfrentar las deudas sociales e institucionales que alimentan su legitimidad.

Relevancia del documento

En el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, este documento se vuelve una herramienta clave para fomentar un diálogo público informado sobre la calidad de la democracia. Su mayor aporte es que no se centra en condenar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de salidas caóticas o autoritarias. Así, abre la invitación a la academia, movimientos sociales y ciudadanía a construir alternativas democráticas sólidas, justas y sostenibles.

Puede descargar el documento aquí.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Elecciones 2026: Claves socioambientales para una lectura crítica del momento electoral

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Los contenidos que aquí compartimos son el resultado de un proceso colectivo de diálogo, reflexión y construcción vivido en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Cada idea, herramienta y aprendizaje recogido en los boletines Demo-crítica nació de la conversación entre las distintas personas participantes: comunidades, organizaciones, colectivos y personas interesadas en pensar críticamente la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones cerradas, estos aportes son semillas colectivas que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social de cara a las elecciones 2026 y más allá de ellas.

Las elecciones nacionales del 2026 se acercan en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, criminalización de la protesta y discursos políticos que, muchas veces, maquillan con etiquetas verdes proyectos de despojo. Desde el Curso-Taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”, diferentes personas y colectivos nos dimos a la tarea de desarmar esas narrativas, reconocer sus trampas y construir herramientas de análisis desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los hallazgos centrales es que la democracia costarricense no se agota en las urnas. Aunque el discurso oficial presenta al país como ejemplo regional, lo cierto es que la captura del poder por élites económicas, la exclusión de voces comunitarias y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática cada vez más evidente. Frente a ello, la democracia debe pensarse y practicarse de manera cotidiana, en la defensa del agua, de los territorios indígenas, de los ríos y bosques, y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

El curso evidenció cómo conceptos como modernización, sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde son usados como ropajes para legitimar proyectos extractivos: monocultivos certificados, megaproyectos turísticos, hidroeléctricas o infraestructura “verde” que profundizan desigualdades. Lo que se presenta como progreso suele significar despojo territorial, privatización de bienes comunes, desplazamientos y gentrificación.

Criminalización de la protesta

La protesta social, reconocida internacionalmente como derecho democrático, hoy se enfrenta a procesos de deslegitimación social, legal y mediática. Desde la Ley Antihuelgas hasta la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú, el marco institucional ha debilitado la protección de defensoras y defensores ambientales. Además, persisten amenazas y violencias directas, como lo recuerdan los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera. Reconocer que la protesta es motor de democracia, y no amenaza, es una de las claves para el 2026.

Herramientas para el análisis electoral

El taller produjo instrumentos colectivos que pueden orientar la lectura crítica del próximo proceso electoral:

  • Matrices de análisis que permiten detectar trampas discursivas, beneficiarios reales de proyectos y los impactos sobre los territorios.

  • La hoja de ruta de exigencias ambientales 2026, entendida no como una lista de reclamos, sino como un horizonte político de continuidad, organización y vigilancia ciudadana.

  • Estrategias de comunicación diversa, que combinan lo digital, lo comunitario, el humor y el arte, recordándonos que disputar sentidos es parte de la acción política.

Lo que no debe pasar desapercibido

En tiempos de campaña, los silencios estratégicos son tan importantes como las promesas. Callar sobre minería, monocultivos, turismo desbordado, conflictos por el agua o criminalización de defensores es parte de una estrategia política que beneficia al extractivismo. Nombrar esas ausencias es tarea ciudadana.

Más allá de las urnas

El curso cerró con una convicción clara: el poder real no se agota en el voto. La construcción de alternativas socioambientales depende de la organización colectiva, la vigilancia permanente y la capacidad de disputar sentidos frente al marketing político.

Las elecciones 2026 serán un escenario clave, pero no definitivo. Los aprendizajes compartidos nos recuerdan que la democracia y la justicia ambiental se juegan todos los días en los territorios, en la calle, en las comunidades y en la memoria de luchas que nos preceden.

Nuestros aprendizajes

Boletín 1 – Democracia y bienes comunes en disputa (8 de agosto, 2025)

Este primer boletín abre la reflexión sobre cómo la democracia no se limita al voto, sino que se vive cotidianamente en la defensa de bienes comunes como el agua, las semillas y la biodiversidad. Se reconocen los límites del sistema político actual —capturado por élites económicas y atravesado por exclusiones— y se exploran perspectivas alternativas como el ecofeminismo, el anticolonialismo y la participación radical. Además, se presenta la primera matriz de análisis político-socioambiental, una herramienta práctica para leer críticamente los discursos electorales.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 2 – Discursos verdes y desigualdades socioambientales (23 de agosto, 2025)

El segundo boletín desenmascara las narrativas de desarrollo, sostenibilidad y modernización, mostrando que muchas veces se traducen en despojo, gentrificación y privatización de bienes comunes. El análisis colectivo evidenció que conceptos como “crecimiento verde” o “turismo sostenible” esconden desigualdades y violencias en los territorios. Como aporte metodológico, se comparte una matriz de desigualdades socioambientales, útil para identificar beneficiarios reales, impactos territoriales y alternativas invisibilizadas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 3 – Criminalización de la protesta y organización social (29 de agosto, 2025)

Este boletín profundiza en cómo la protesta social, lejos de ser reconocida como derecho democrático, enfrenta un proceso creciente de criminalización y estigmatización. Se analizan las estrategias de silenciamiento —desde leyes restrictivas hasta amenazas informales— y se resalta la dimensión emocional de la lucha, con cargas de rabia, impotencia y desgaste. La experiencia con el Teatro del Oprimido mostró cómo la organización se vivencia en la práctica. Además, se propone una matriz para analizar la criminalización de la protesta, orientada a diseñar respuestas colectivas y fortalecer la legitimidad de las luchas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 4 – Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios (5 de septiembre, 2025)

El último boletín recoge los aprendizajes del proceso y plantea la hoja de ruta de exigencias ambientales como un instrumento político vivo: no solo para dialogar con partidos, sino para organizar, exigir y vigilar desde los territorios. Se enfatiza la importancia de reconocer emociones, tensiones internas y el poder de los discursos, al tiempo que se ensayan estrategias de comunicación diversa —del humor al teatro, de los boletines a lo digital—. El cierre del curso dejó un mensaje claro: frente a las elecciones 2026, la creatividad, el cuidado mutuo y la organización comunitaria son claves para sostener la democracia y la justicia socioambiental.

Puede descargar el boletín aquí.

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La presión inmobiliaria que drena al Caribe Sur: Reportes de Philippe

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Cuando el paisaje habla, también denuncia. En el Caribe Sur de Costa Rica, los humedales, bosques y zonas costeras no solo sostienen biodiversidad y vida comunitaria: también son testigos silenciosos de intervenciones que tensionan la legalidad ambiental y ponen a prueba el sentido de lo común. Desde tala y relleno hasta la instalación de estructuras permanentes, cada transformación deja una huella profunda, cuidadosamente documentada por Philippe Vangoidsenhoven. Estas reseñas van más allá de describir cambios físicos: son relatos que muestran cómo la presión inmobiliaria, la flexibilización normativa y la falta de vigilancia institucional erosionan ecosistemas y derechos colectivos.

Los registros de Philippe, vecino y observador constante del Caribe Sur, revelan un patrón alarmante: humedales, quebradas y refugios silvestres están siendo sistemáticamente convertidos en proyectos turísticos e inmobiliarios amparados en permisos cuestionables. La débil fiscalización ambiental y la impunidad que rodea muchas de estas obras permiten que intervenciones ilegales se prolonguen, alterando paisajes y vidas, y dejando una pregunta inquietante: ¿qué queda del sentido de lo común cuando la tierra se vende al mejor postor?

Detrás de cada tala y relleno hay comunidades que ven cómo sus espacios de vida, tradición y sustento se transforman sin consulta ni protección real. La memoria de los territorios y la relación ancestral con los humedales y bosques se ven amenazadas, y junto con ellas, la capacidad de las personas para decidir sobre sus propios bienes comunes. Las fotografías y registros de Philippe no solo muestran paisajes alterados, sino también la tensión entre quienes buscan preservar la vida y quienes impulsan proyectos que priorizan la ganancia sobre la sostenibilidad y los derechos colectivos.

Playa Negra: rellenos en humedales

En Playa Negra, Philippe documentó en una denuncia durante febrero 2025 cómo un humedal fue rellenado para abrir un camino que claramente es el inicio de una futura construcción. Aunque Fiscalía y Policía llegaron al sitio, las obras no se detuvieron, pues aparecieron permisos cuya legalidad es dudosa. El testimonio refleja la frustración de quienes denuncian: el temor a represalias, la burocracia que pocas veces deriva en sanciones y la certeza de que, tarde o temprano, el proyecto avanza.
Hone Creek: tala con permisos y turismo encubierto

En una denuncia anterior en la zona de Hone Creek, que logró frenar temporalmente las obras, hoy se evidencia un cambio total en el paisaje. El patrón es evidente: primero se talan árboles con permisos ‘normales’ y, aprovechando la maquinaria, se transforma el terreno en viviendas, piscinas o complejos turísticos. Philippe advierte que este proceso ocurre incluso dentro de refugios de vida silvestre, como ha sucedido en varios puntos del litoral. Aunque la Fiscalía Ambiental ha logrado detener algunos proyectos, la expansión inmobiliaria avanza sin freno, debilitando la función de los refugios como espacios de conservación.
Tala y chapeo: quebradas bajo asedio

San Rafael 2 de Sixaola es un ejemplo de reincidencia y desprecio por la ley. Hace alrededor de un año, tras una denuncia al MINAE, las autoridades constataron talas y extracción de madera sin permisos, decomisaron el material y se retiraron. Sin embargo, poco después las obras continuaron como si nada hubiera pasado. Philippe narra que, apenas la vegetación empezaba a regenerarse, el área fue nuevamente chapia­da. Él mismo denunció este nuevo daño, agravado por realizarse cerca de una quebrada bajo el pretexto de construir una vivienda. Este caso refleja con claridad la facilidad con que se retoman actividades ilegales, la falta de un verdadero seguimiento institucional y la vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce, esenciales para la salud ambiental del Caribe. Philippe lo resume con indignación: ‘parece que a nadie le conviene entender la ley sobre las quebradas; ya no sé ni cómo llamar a estas personas’.
Refugio silvestre: lo público convertido en privado

En otra área que debería estar protegida como refugio silvestre y patrimonio público, Philippe ha documentado como ha sido cambiado por jardines, palmeras ornamentales y hasta casa en construcción. Pese a denuncias previas, la municipalidad otorgó permisos bajo el argumento de que “el cantón necesita desarrollo” y de que estas obras son una salida al subdesarrollo. La justificación municipal se convierte así en la vía de legalización de proyectos privados en tierras que deberían estar al servicio de la conservación.
Cócles: intervenciones en zona REGAMA

En el sector de Cocles, tras una denuncia, el MINAE confirmó hace tiempo que esta zona corresponde a un humedal. Sin embargo, la falta de control ha permitido que las construcciones continúen. Philippe ha documentado un alarmante proceso de transformación ambiental: tala de árboles, relleno con tierra, nivelación del terreno e instalación de estructuras permanentes. Todo esto ocurre en una zona REGAMA, categorizada como humedal con especial protección ecológica.

La situación es especialmente grave porque los humedales son ecosistemas frágiles, esenciales para la regulación hídrica y la biodiversidad costera. La alteración de la Caracola no solo pone en riesgo estos servicios ecosistémicos, sino que también evidencia cómo, pese a la legislación ambiental costarricense, se siguen otorgando permisos o tolerando obras que convierten áreas de conservación en espacios para uso turístico e inmobiliario.
No son casos aislados

Estos incidentes no ocurren de manera aislada ni por casualidad: forman parte de un patrón sistemático en el que los permisos legales se transforman en la llave que abre la puerta a la degradación ambiental. Denuncias y alertas ciudadanas pierden fuerza frente a la inacción de instituciones responsables, mientras la especulación inmobiliaria y los proyectos turísticos avanzan sobre humedales, bosques y zonas costeras, erosionando los bienes comunes y la memoria colectiva de las comunidades. El Caribe Sur se encuentra en una encrucijada crítica: o se decide proteger sus ecosistemas únicos y el derecho de sus habitantes a decidir sobre su territorio, o se permite que el negocio turístico, paso a paso, consuma y desangre el territorio, dejando tras de sí paisajes transformados y comunidades vulneradas.

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El paisaje que se borra en Cocles: Registro fotográfico Philippe Vangoidsenhoven

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El registro fotográfico de Philippe Vangoidsenhoven en Cocles, con imágenes tomadas desde 2018, revela una transformación silenciosa pero profunda del paisaje costero. Lo que antes eran bosques, humedales y corredores de vida silvestre hoy aparece nivelado, cubierto de césped o intervenido por construcciones turísticas que avanzan sin freno.

Este cambio no ocurre de manera espontánea: responde a la presión inmobiliaria que ve en el Caribe Sur un espacio de especulación y ganancia rápida, aún a costa de la riqueza natural y cultural que caracteriza la región. A la par, la falta de seguimiento de las instituciones y la flexibilización ambiental se convierten en puertas abiertas para legalizar prácticas que deberían estar prohibidas, como el relleno de humedales o la ocupación de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre.

El registro también evidencia la contradicción institucional: intervenciones policiales, paralización de obras y denuncias oficiales que, pese a señalar irregularidades, no impiden que las construcciones continúen como si nada, incluso en zonas de bosque y humedales costeros.

El resultado es un paisaje que pierde complejidad y biodiversidad, sustituido por una estética foránea que borra la memoria ecológica del territorio. El registro fotográfico de Philippe no solo documenta un cambio físico; también interpela sobre nuestra responsabilidad como sociedad: ¿qué tanto estamos dispuestos a permitir que la especulación decida el futuro del Caribe Sur?

La voz del registro: Philippe Vangoidsenhoven

Esta área es regama, bosque de cientos de años, aunque ya quedaban pocos fragmentos. Lamentablemente, lo que hicieron fue construir de manera intensiva, lo que evidencia la magnitud de la intervención. Desde el 2018 empecé a denunciar la tala y los rellenos; ya en ese momento quedaba claro lo difícil que sería detener lo que estaba ocurriendo.

Recuerdo que una vez recibí un mensaje alertando sobre la tala. Avisé de inmediato y, por casualidad, la fiscal estaba en la zona. En menos de media hora llegó al lugar; fue como ganarse la lotería. Aun así, el daño ya estaba hecho. Todo está denunciado, todo está documentado.

Hoy algunos proyectos parecen haberse detenido, pero las huellas permanecen: terrenos vendidos, piscinas abandonadas, vegetación intentando abrirse paso otra vez. Sin embargo, jamás se recupera como era originalmente. Son demasiados años de intervención, demasiados años de perder un bosque que nunca volverá a ser el mismo.

Año 2018

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Año 2024
¿Qué es REGAMA y por qué es importante?

REGAMA es el Registro de Áreas Silvestres Protegidas y Áreas de Gestión Ambiental en Costa Rica. En la legislación ambiental, identifica zonas de alto valor ecológico, incluyendo bosques, humedales y corredores de vida silvestre, donde la intervención humana está limitada o regulada estrictamente. Su importancia radica en que protege especies, ecosistemas y servicios ambientales, como la filtración de agua, la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad. Cuando áreas registradas en REGAMA son intervenidas o rellenadas, como ocurre en Cocles, se pierde no solo cobertura vegetal, sino también memoria ecológica y resiliencia del territorio frente a la presión urbana e inmobiliaria.