En esta nueva entrega del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP-UCR, visitamos la finca Dos Ríos y conversamos con don Mariano Zúñiga Pérez, presidente de la Asociación de Productores de la finca Dos Ríos El Camaroncito. Su testimonio es una radiografía cruda y honesta de lo que implica habitar y sostener la vida en territorios donde las instituciones fallan, donde el acceso al agua, a caminos dignos y a la seguridad jurídica son una lucha diaria.
Con serenidad, pero con firmeza, don Mariano nos habla de años de gestiones sin respuesta, de la paciencia activa de quienes siguen sembrando y cuidando la tierra mientras esperan justicia.
🎧 Escuchá esta conversación y acompañanos a sentir y entender los saberes y resistencias que florecen en medio de la adversidad.
Vecinos del centro de Puerto Viejo advierten sobre una preocupante intervención en un pequeño bosque ubicado cerca de la calle del Gueto, dentro de una propiedad vinculada a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una vecina de la zona, tras sufrir la caída de un árbol sobre su vivienda, presentó una demanda solicitando la tala de dos árboles específicos que representan un peligro evidente. Sin embargo, el caso ha derivado en una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del sistema judicial.
Según indicó un ingeniero del AyA que inspeccionó recientemente el sitio, existe una orden judicial para talar el bosque más allá de los árboles señalados, en lo que parece ser una interpretación errónea o arbitraria de la solicitud original. Esta decisión, tomada sin considerar la particularidad del ecosistema local ni el criterio técnico especializado, representa un grave exceso de atribuciones por parte del juez.
Es preocupante que resoluciones de este tipo se dicten de manera tan generalizada y sin un análisis contextual. El bosque en cuestión, aunque pequeño, forma parte de un corredor ecológico, provee servicios ambientales importantes y es parte del paisaje que la comunidad desea conservar. Resolver a ciegas, sin conocer el territorio ni escuchar adecuadamente a las partes involucradas, refleja una desconexión institucional que puede tener consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.
Las personas vecinas de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades, organizaciones ambientales y a la ciudadanía en general para que ejerzan presión y detengan esta acción innecesaria e inconsulta. La comunidad no ha solicitado la destrucción de un ecosistema, sino la atención a un riesgo puntual con sensatez y responsabilidad.
El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó una visita al lugar para documentar la situación actual del bosque. A través de una serie de fotografías, se puede observar el estado del ecosistema y la dimensión del impacto.
Después de su visita, nos comparte su apreciación: “Esta mañana fui al lugar e hice una documentación fotográfica del terreno donde están talando los árboles. Aunque dicen que solo están cortando las copas, en realidad están eliminando casi una tercera parte del árbol, y en algunos casos dejan apenas el tronco, lo cual está prohibido. Es importante que se sepa que esta área forma parte del terreno destinado a la planta de tratamiento de aguas negras. Conozco bien ese lugar porque en varias ocasiones he ido a observarlo, ya que tenía entendido que ahí mismo se planeaba construir dicha planta.”
Estos videos forman parte de los registros realizados por Philippe durante su visita al lugar, con el propósito de verificar y documentar los daños ocasionados.
Fotografías
Vicios frecuentes en decisiones judiciales sobre manejo de árboles y ecosistemas
En múltiples territorios del país, las acciones judiciales relacionadas con el derribo de árboles o el manejo de vegetación en zonas habitadas se han caracterizado por una serie de prácticas que resultan altamente problemáticas desde el enfoque ambiental y comunitario.
Uno de los principales vicios es la falta de precisión técnica en las resoluciones: las órdenes de corta suelen basarse en informes verbales o descripciones generales, sin delimitar claramente los árboles que deben ser intervenidos, lo que deja margen para interpretaciones amplias y, en algunos casos, tala excesiva. Esto se agrava cuando las ejecuciones no cuentan con un plan de manejo ambiental ni con supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.
Otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentar lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional. Esta asimetría revela una orientación que prioriza la eliminación de riesgos visibles, pero minimiza o ignora los valores ecológicos y culturales de los territorios.
Además, muchas de estas decisiones se toman sin participación efectiva de las comunidades, y sin considerar los saberes locales ni los contextos socioecológicos. Esto refuerza una lógica tecnocrática y centralista que deslegitima la voz de quienes habitan y defienden los territorios.
En lugar de aplicar soluciones desproporcionadas que pueden provocar más daño que beneficio, es urgente promover mecanismos de evaluación rigurosa, participación comunitaria vinculante y enfoques integrales que conjuguen la seguridad con la conservación ambiental.
La paradoja de la justicia ambiental: rapidez para destruir, lentitud para proteger
Esta situación revela una contradicción cada vez más evidente en la forma en que opera el sistema judicial frente a los temas ambientales. Cuando se trata de autorizar talas, construcciones o acciones que implican la degradación de ecosistemas, las resoluciones parecen fluir con sorprendente agilidad. En este caso, una solicitud puntual para mitigar un riesgo terminó en una orden para arrasar con un bosque entero, sin estudios ambientales, sin participación comunitaria, y con una ejecución inmediata.
En contraste, cuando las comunidades exigen medidas para proteger territorios, frenar actividades ilegales o garantizar el resguardo de bienes naturales comunes, los procesos suelen dilatarse, se exigen pruebas técnicas complejas, y rara vez se dictan medidas cautelares con la misma urgencia. Esta disparidad refleja una preocupante orientación institucional que favorece la intervención y la desprotección por encima de la precaución y la conservación.
Si la justicia actúa con tanto ímpetu para destruir, debería al menos mostrar el mismo compromiso para proteger. La comunidad de Puerto Viejo no puede aceptar que decisiones tan serias y con impactos irreversibles se tomen sin diálogo, sin comprensión del territorio, y sin respeto por el entorno natural que nos sostiene.
La importancia de la conservación del bosque y la diferencia entre la tala selectiva y la tala total
Los bosques urbanos y periurbanos cumplen una función ecológica esencial, no solo como espacios de recreación para las comunidades, sino como reguladores del clima, del ciclo del agua y hábitats para diversas especies. Sin embargo, cuando se presentan riesgos relacionados con árboles deteriorados o peligrosos, se deben tomar decisiones de manejo que garanticen la seguridad sin comprometer el ecosistema.
La tala selectiva o controlada es una intervención puntual y cuidadosamente planificada, que se realiza con el objetivo de eliminar árboles que están deteriorados o que representan un peligro inmediato para la seguridad de las personas o propiedades. Este tipo de intervención, cuando se realiza correctamente, minimiza el impacto ambiental, preservando la biodiversidad y las funciones ecológicas del bosque, como la regulación de la temperatura, la humedad, y la protección del suelo y los cuerpos de agua.
Por otro lado, la tala total o poda masiva de un bosque es una intervención destructiva que elimina grandes áreas de vegetación sin tener en cuenta las particularidades del ecosistema. Este tipo de acción no solo destruye el hábitat de muchas especies, sino que altera el equilibrio ecológico, afectando los corredores biológicos y la capacidad del bosque para regular el clima y el ciclo del agua. Además, una tala masiva pone en riesgo la biodiversidad local y puede tener efectos irreversibles en el ecosistema a corto y largo plazo.
Por tanto, es fundamental que las decisiones relacionadas con el manejo de los bosques y los árboles sean tomadas con conocimiento del territorio y en diálogo con las comunidades. No es lo mismo cortar un árbol deteriorado por razones de seguridad, que talar un bosque entero sin justificación ni necesidad, lo cual puede tener consecuencias graves y duraderas para el ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
En este episodio de Sentires y Saberes conversamos con Carlos Villalobos, autor de la novela Donde nadie, una obra que da voz a las víctimas del nemagón, el agroquímico que marcó trágicamente la vida de muchas personas trabajadoras bananeras y sus familias. Hablamos sobre la injusticia social detrás de esta historia silenciada, la fragmentación de la memoria colectiva y el poder de la literatura para rescatar estos relatos del olvido y ponerlos en el centro del debate nacional.
El nemagón, cuyo nombre químico es dibromocloropropano (DBCP), fue utilizado ampliamente entre las décadas de 1960 y 1980 en plantaciones bananeras de América Latina, incluido Costa Rica. Aunque su uso fue prohibido en Estados Unidos en 1979 por los graves efectos en la salud de las personas trabajadoras agrícolas, continuó siendo aplicado en el sur global, afectando a miles de personas en Nicaragua, Honduras, Filipinas y también en las regiones bananeras costarricenses. En Costa Rica, se ha documentado que el nemagón causó infertilidad, cáncer, enfermedades dermatológicas y daños neurológicos, generando una tragedia sanitaria y ambiental de largo plazo.
A pesar de las múltiples denuncias y luchas judiciales, las víctimas del nemagón en Costa Rica enfrentaron un prolongado proceso de invisibilización y desamparo institucional. Muchas de ellas han muerto sin obtener justicia ni reparación, mientras sus historias apenas han sido reconocidas en los relatos oficiales. En ese contexto, la novela de Villalobos adquiere una profunda relevancia ética y política: no solo narra lo ocurrido desde las voces de quienes sufrieron directamente, sino que interpela a una sociedad que ha preferido olvidar.
Este episodio es una invitación a conocer una parte dolorosa de nuestra historia reciente, a escuchar lo que por mucho tiempo se ha callado y a reflexionar sobre las responsabilidades que persisten tanto en el presente como en el futuro. La literatura, en este caso, se convierte en un acto de memoria y resistencia.
El caso del quebrador en Bribrí y la fuerza de la queja
Todo el mundo lo permitió
“Porque eso fue permitido por todos. Yo tengo los documentos donde ellos se lavan las manos, donde dice que eso no les corresponde a ellos…”
Esta frase, dicha por una vecina afectada, resume con crudeza lo que muchas comunidades viven cuando enfrentan situaciones de injusticia ambiental: la omisión, el silencio o la complicidad de las instituciones encargadas de protegerlas.
La operación del quebrador de piedra, ubicado a menos de 100 metros del centro de Bribrí, fue conocida durante años por diversas instancias competentes. Su cercanía con viviendas y un centro educativo, junto con los impactos evidentes en salud, ambiente y calidad de vida, hacían ineludible su revisión. Sin embargo, las instituciones se desentendieron una tras otra, muchas veces alegando que no era de su competencia. En ese contexto, nadie asumió la responsabilidad de forma oportuna.
Lo que marcó la diferencia no fue la voluntad estatal, sino la insistencia comunitaria. Las personas afectadas, lejos de resignarse, documentaron la situación, elevaron oficios, solicitaron inspecciones, convocaron reuniones y visibilizaron el conflicto por diversos medios. Esa persistencia fue la única herramienta que permitió resolver, al menos parcialmente, los impactos más inmediatos en el entorno escolar.
Esta historia no trata solo de un predio. Trata de un sistema que prefiere callar ante los abusos, y de comunidades que, al decidir no guardar silencio, se convierten en defensoras activas de sus derechos y de los bienes comunes que sostienen la vida.
Una problemática que resonaba a diario
En el corazón de Bribrí, Talamanca, un quebrador de piedra operó durante años en una zona residencial, generando preocupación en más de diez comunidades cercanas como Volio, Buena Vista, Pueblo Nuevo, La Unión, Chasse, San Box, Fields 1, Fields 2, Rancho Grande, Cataratas y Olivia. Según relatan personas vecinas, la maquinaria pesada funcionaba desde horas muy tempranas de la mañana hasta bien entrada la noche —a veces hasta las 9:00 o 10:00 p.m.—, emitiendo un ruido constante y ensordecedor a través de cadenas, poleas y motores, intensificado por el eco de la montaña. A ello se sumaban el polvo suspendido en el aire y la vibración del suelo, que, de acuerdo con los testimonios, hacían de la vida cotidiana un entorno hostil y desgastante.
Impactos directos en la educación y la salud
El predio se encontraba justo detrás de la Escuela Líder de Bribrí, donde se atiende a cerca de 360 estudiantes y 35 docentes, incluyendo aulas para niñas y niños con necesidades educativas especiales. En el mismo recinto funciona un CINDEA, con clases vespertinas hasta las 10:00 p.m. El ruido perturbaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligaba a docentes y estudiantes a alzar la voz constantemente y generaba un ambiente de tensión y malestar generalizado.
Permisos, respuestas evasivas y contradicciones institucionales
Aunque el proyecto contaba con un permiso emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según se consigna en la resolución N.º 0887-2023, la percepción vecinal es que la operación se realizaba en un área distinta a la autorizada. Desde 2022, personas vecinas buscaron aclaraciones y acciones a través de la municipalidad y otras instituciones, sin éxito. Fueron remitidas de oficina en oficina, enfrentando tácticas dilatorias y falta total de respuestas concretas.
Testimonios recogidos apuntan a que supuestamente la empresa operadora tendría vínculos estrechos con autoridades municipales y del Ministerio de Salud, lo cual habría facilitado la continuidad de la operación pese a estos cuestionamientos. Aunque las resoluciones no hacen referencia a tales vínculos, la connivencia entre intereses privados y el aparato institucional ha sido una constante denunciada por la comunidad.
Un logro parcial reconocido institucionalmente
Durante años, la operación del quebrador continuó sin intervención efectiva. No obstante, como resultado de denuncias anónimas —según consta en las resoluciones N.º 0825-2023 y N.º 0392-2024 de la Dirección de Geología y Minas—, se emitieron directrices técnicas a la concesionaria del expediente minero 1-2011, para detener actividades en la sección superior del sitio, lo cual fue verificado mediante inspección técnica.
Dichas resoluciones reconocen que se cesaron las operaciones en los sitios denunciados, permitiendo la recuperación natural de los bancos arenosos en la zona afectada, y por ello procedieron a cerrar las denuncias. Si bien este cese constituye un logro parcial significativo para la comunidad, el conflicto no se ha resuelto por completo. Persisten problemáticas que no fueron abordadas en esos procedimientos administrativos.
Aunque la victoria fue parcial, el conflicto persiste
La persistencia de la comunidad en Bribrí logró un avance concreto al cesar las operaciones del quebrador de piedra en la zona cercana a la Escuela Líder, lo cual mejoró, aunque de forma limitada, las condiciones para la comunidad educativa. Sin embargo, esta victoria no ha sido total, ya que el conflicto persiste en otros frentes.
El tránsito de maquinaria pesada sigue siendo un problema recurrente en Bribrí, afectando no solo el ambiente, sino también la calidad de vida de las personas. A pesar de la suspensión parcial de las actividades del quebrador, continúan movilizando maquinaria por las calles de la comunidad, lo que genera efectos similares: polvo constante en el aire, vibraciones del suelo y un ruido ensordecedor. Además del malestar cotidiano, esto representa un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente estudiantes y adultos mayores.
Esta actividad, que debería estar regulada y supervisada por las autoridades competentes, sigue ocurriendo sin un control adecuado, lo que pone de manifiesto una vez más la debilidad del sistema institucional para garantizar la protección de derechos colectivos frente a intereses económicos.
La organización comunitaria como defensa de lo común
El logro de la comunidad en la resolución parcial del problema con el quebrador es una muestra de la capacidad de resistencia frente a las injusticias. No obstante, también evidencia que el conflicto ambiental y social sigue latente. La lucha no termina con esta victoria parcial: sigue siendo necesario mantener la presión para garantizar que las instituciones actúen con responsabilidad, y que las empresas respeten los derechos de las comunidades.
Es claro que la organización vecinal no solo puede transformar situaciones inmediatas, sino que también debe continuar enfrentando los desafíos a largo plazo. Visibilizar, documentar, presionar y proponer son acciones fundamentales para sostener un modelo de desarrollo que respete la vida comunitaria y el entorno.
La queja como defensa de los bienes comunes
Este conflicto en Bribrí trasciende lo local: es una muestra de cómo las comunidades defienden lo que es de todas y todos. El aire limpio, la salud, la tranquilidad, el derecho a estudiar sin ruidos o polvaredas, son bienes comunes que no pueden sacrificarse en nombre del desarrollo económico de unos pocos.
La queja vecinal no es un acto de debilidad ni de quejumbre infundada. Es una forma legítima y necesaria de participación ciudadana. A través de ella se activa la memoria, se denuncian los abusos y se exige respeto por el territorio y quienes lo habitan. Cuando una comunidad se organiza para proteger lo común, está ejerciendo su soberanía frente a un modelo de desarrollo que, muchas veces, olvida para quién debería construirse.
Defender lo común implica incomodar. Pero también implica cuidar. Porque cada vez que una comunidad decide no callar, está sembrando dignidad en su territorio.¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?
¿Cómo afecta el polvo y el ruido de la maquinaria a un barrio?
Cuando maquinaria pesada opera cerca de viviendas, escuelas o espacios públicos, los efectos trascienden lo visual y auditivo. Estos son algunos de los impactos más relevantes:
Contaminación por polvo
Problemas respiratorios: Exposición constante a partículas finas provoca o agrava enfermedades como asma, bronquitis y rinitis.
Irritación ocular y dérmica: El polvo puede causar molestias en ojos y piel.
Afectación de bienes y espacios: Se ensucian constantemente casas, escuelas y negocios; se deterioran equipos, materiales escolares y alimentos.
Contaminación del agua: Las partículas en suspensión pueden depositarse en fuentes de agua potable o sistemas de captación.
Contaminación sonora
Estrés crónico y fatiga: El ruido constante impide el descanso, genera irritabilidad y afecta la salud mental.
Pérdida auditiva: La exposición prolongada a altos decibeles puede causar daños irreversibles, especialmente en la niñez.
Impacto emocional: Aumenta la ansiedad, afecta el estado de ánimo y altera las relaciones sociales.
Deterioro de la vida comunitaria: Las personas evitan el contacto social, deben gritar para comunicarse y se aíslan.
Ignorar estos impactos es vulnerar derechos fundamentales como la salud, el descanso, la educación y el ambiente sano. Por eso, visibilizarlos y exigir respuestas es un acto urgente de justicia.
Cada 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y la urgencia de proteger sus recursos. En este contexto, la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil es un ejemplo vivo de cómo las comunidades pueden organizarse para defender los bienes comunes, como la tierra, el agua y las semillas, frente al avance del modelo extractivista y el agronegocio.
A través de la lucha por la reforma agraria, la promoción de la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria, el MST demuestra que es posible habitar la tierra cuidándola, respetando su diversidad y construyendo justicia social. Su experiencia no solo transforma el campo brasileño, sino que ofrece una alternativa concreta y urgente para quienes soñamos con un mundo más justo y en equilibrio con la naturaleza.
Reseña Histórica: El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
El MST nació en 1984, en un contexto de profundas desigualdades en la distribución de la tierra en Brasil. Durante décadas, millones de campesinos y campesinas fueron expulsados del campo por el avance del agronegocio, la concentración de tierras y la falta de políticas públicas. Frente a esto, comunidades rurales comenzaron a organizarse para ocupar tierras improductivas, con el objetivo de trabajar la tierra y vivir con dignidad.
Desde entonces, el MST ha crecido hasta convertirse en uno de los movimientos sociales más grandes y organizados de América Latina, con presencia en 24 estados de Brasil. Su lucha se basa en tres pilares fundamentales:
La reforma agraria popular
La soberanía alimentaria
La agroecología
El movimiento no solo impulsa la recuperación de tierras, sino que promueve una nueva forma de vida en el campo, con educación popular, producción sustentable, igualdad de género y autogestión comunitaria. A lo largo de su historia, el MST ha creado cientos de escuelas, cooperativas, viveros forestales y redes de comercialización de alimentos sin venenos.
En un mundo marcado por la crisis ecológica y la mercantilización de la vida, el MST representa una alternativa concreta basada en la solidaridad, el compromiso con la Tierra y la resistencia campesina organizada.
💧 En este episodio visitamos la ASADA de San Roque de Grecia, una organización comunal clave en la gestión del agua en Costa Rica. Conversamos sobre su historia, su valioso trabajo para proteger este recurso vital y los desafíos que enfrentan día a día. 🌿 Conocé cómo la comunidad se organiza, cuida sus nacientes y defiende el derecho al agua como bien común.
Este 21 de abril despedimos al Papa Francisco, cuya voz clara marcó profundamente la reflexión contemporánea sobre los bienes comunes. En su encíclica Laudato Si’ (2015), Francisco denunció con firmeza la apropiación y destrucción de aquello que pertenece a todos: el agua, el aire, los bosques, la biodiversidad, los saberes, los territorios.
Su llamado a una ecología integral nos invita a repensar nuestras relaciones con la naturaleza y entre nosotros, reconociendo que los bienes comunes no son mercancías, sino herencias compartidas que deben ser protegidas colectivamente.
En homenaje a su legado, compartimos esta infografía que recoge los principales aportes de Laudato Si’ desde la perspectiva de los bienes comunes. Que este mensaje siga siendo semilla de esperanza y acción para quienes luchan por una vida digna y un planeta habitable.
Laudato Si’ también reconoce y valora la labor de quienes defienden el ambiente y los territorios frente a proyectos extractivos, muchas veces a costa de su seguridad y su vida. Francisco les dio un lugar central como guardianes de la casa común y testigos del clamor de la tierra y de los pueblos.
«El ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos.» – Laudato Si’, 95
Diálogo ecuménico, interreligioso y con personas no creyentes
Laudato Si’ propone una respuesta amplia y solidaria ante la crisis ecológica, basada en el diálogo entre credos y convicciones. El Papa Francisco destaca la necesidad de un diálogo ecuménico entre iglesias cristianas, un diálogo interreligioso con otras tradiciones espirituales, y un diálogo abierto con personas no creyentes que comparten la preocupación por el planeta.
Este enfoque reconoce que el cuidado de la casa común es un desafío ético, cultural y humano, más allá de las diferencias de fe. Lo que está en juego es la dignidad de la vida, la justicia social y el equilibrio de la Tierra.
Esta alianza amplia permite:
Compartir valores como la solidaridad, el respeto por la vida y la responsabilidad común.
Construir puentes entre espiritualidades y saberes laicos.
Fortalecer un movimiento global por la justicia ecológica y social.
Francisco reconoce que muchas personas no creyentes, desde la razón, la ciencia o la ética, han asumido un compromiso activo con la defensa de los bienes comunes. Laudato Si’ los incluye como aliados fundamentales en el camino hacia una ecología integral.
“No podemos dejar de reconocer que también fuera de la Iglesia católica, y en otros ámbitos, se desarrollan valiosas reflexiones sobre estas cuestiones” (LS, 7)
Durante marzo y abril de 2025, un grupo de mujeres líderes de distintas comunidades de Upala se reunió en un proceso de formación y reflexión sobre participación, liderazgo y acción colectiva. A través de tres sesiones organizadas por Fundación Mujer, las participantes compartieron sus experiencias, inquietudes y sueños, construyendo de forma conjunta una visión transformadora del liderazgo comunitario.
Desde la necesidad de ser escuchadas y reconocidas en sus espacios, hasta la urgencia de contar con herramientas para emprender y liderar proyectos, las sesiones permitieron profundizar en temas clave como la democracia participativa, la igualdad de género, la resolución de conflictos y la sostenibilidad de los procesos organizativos.
Este proceso no solo fortaleció sus capacidades personales y colectivas, sino que reafirmó un principio vital: el liderazgo que mejora vidas se construye desde la escucha, el compromiso y la acción compartida. Las mujeres de Upala siguen aprendiendo, pero también enseñando que otro liderazgo —más justo, más humano, más colectivo— es posible.
Nuestros aprendizajes
Boletines
Boletín #1 – 1 de marzo de 2025 La primera sesión fue un espacio para cuestionar y resignificar conceptos como comunidad, participación, democracia y liderazgo desde las propias experiencias. Las participantes compartieron sus expectativas e intereses, destacando la necesidad de aprender, emprender y fortalecer su rol en la toma de decisiones. Se reafirmó el valor de los vínculos solidarios y el apoyo mutuo como base del cambio colectivo.
Boletín #2 – 23 de marzo de 2025 En este encuentro se exploraron los desafíos reales que enfrentan las mujeres al participar en espacios organizativos. A partir de testimonios personales, se reflexionó sobre la importancia de contar con liderazgos participativos, comunicación clara y procesos transparentes. Se construyeron estrategias para identificar señales de alerta y promover una participación equitativa, inclusiva y bien informada.
Boletín #3 – 5 de abril de 2025 La última sesión se centró en el liderazgo aplicado a proyectos comunitarios y de emprendedurismo. Las mujeres identificaron habilidades clave como la organización, la delegación, la escucha activa y la gestión de recursos. También se discutió el impacto concreto de los proyectos en la vida cotidiana, resaltando que el liderazgo debe responder a las necesidades reales de la comunidad para ser verdaderamente transformador.
Agradecemos profundamente a Fundación Mujer por brindarnos sus instalaciones en Upala y por la calidez con la que nos acompañaron durante cada sesión. Su apoyo fue fundamental para crear un espacio seguro, acogedor y propicio para el aprendizaje, el intercambio y la construcción colectiva. ¡Gracias por ser parte de este proceso!
En este episodio de «Democracia, tenemos que hablar», conversamos con Steven Forti, historiador y analista político, sobre las llamadas derechas extremas 2.0: sus raíces históricas, transformaciones recientes y el papel que juegan en un contexto de crisis del modelo neoliberal y aumento de las desigualdades. ¿Qué tienen en común estos movimientos en distintas regiones del mundo? ¿Qué los diferencia? ¿Y qué nos dice su auge sobre el estado actual de la democracia? Una charla imprescindible para entender el presente político con una mirada crítica y global. Democracia, tenemos que hablar es una serie de materiales en diversos formatos que abre espacio para conversar sin rodeos sobre lo que muchas veces se queda fuera del debate electoral. Desde las desigualdades estructurales hasta los límites del sistema democrático actual, esta serie pone sobre la mesa los temas incómodos, necesarios y urgentes. Porque hablar de democracia es más que hablar de votos: es hablar de justicia, de representación real, de derechos y de futuro.
Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.
En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.
En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.
Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.
Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.
Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio
Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.
Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.
Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur
Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.
El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.
La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.
Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.
Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica
En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.
Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.
La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.
Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.
