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Día Mundial del Ambiente en Costa Rica: ¿qué estamos celebrando realmente?

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Cada 5 de junio, Costa Rica se viste de verde para celebrar el Día Mundial del Ambiente. Las instituciones se llenan de mensajes sobre sostenibilidad, reciclaje y turismo ecológico. Pero mientras tanto, quienes defienden el ambiente —las personas que protegen ríos, bosques y territorios de la destrucción— siguen siendo amenazadas, criminalizadas o ignoradas por el Estado.

La infografía que compartimos hoy nace desde esa contradicción: ¿cómo puede un país que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú presumir de liderazgo ambiental?

Naturaleza para vender, no para vivir

En Costa Rica, la naturaleza se concibe principalmente como un activo turístico. Se vende al mundo una imagen de selvas exuberantes, “pura vida” y armonía ecológica. Sin embargo, esta narrativa omite su dimensión ecosistémica y simbólica, y deja fuera las tramas de vida —humanas y no humanas— que sostienen esos territorios.

La lógica de conservación que predomina sigue siendo utilitaria: conservar para atraer visitantes, no necesariamente para garantizar derechos ni regenerar equilibrios. En este marco, quienes denuncian proyectos turísticos destructivos o agroindustriales ilegales son vistos como obstáculos, no como aliadas del ambiente.

Personas defensoras: incómodas para el modelo verde

La no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del gobierno costarricense no es casual. Este tratado —impulsado originalmente por el país— obliga a los Estados a garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, además de proteger a quienes defienden el ambiente.

Ratificar Escazú implica reconocer que hay violencia ambiental, que el modelo actual genera conflictos y que muchas personas enfrentan riesgos por alzar la voz. En vez de eso, Costa Rica ha optado por maquillar su imagen, mientras se desentiende del abandono y la impunidad que sufren comunidades y pueblos que luchan por su territorio.

Un 5 de junio para exigir coherencia

Este Día Mundial del Ambiente no puede ser solo un acto simbólico. Es momento de mirar más allá del verde turístico y preguntarnos:
¿De qué sirve celebrar la naturaleza si no protegemos a quienes la defienden?
¿A quién beneficia el silencio sobre los crímenes ambientales?

Proteger la vida empieza por reconocer a quienes la sostienen.
Ratificar el Acuerdo de Escazú es una deuda urgente.
Más que un gesto diplomático, es una decisión ética y vital.

La naturaleza no es un recurso, es un sujeto

Hablar de ambiente no es solo hablar de árboles o paisajes. Es reconocer que la naturaleza es un entramado de relaciones vivas: agua, suelo, aire, animales, plantas, microorganismos… y también culturas, memorias y espiritualidades. Es un tejido de la vida del que todas y todos somos parte.

En muchas cosmovisiones indígenas, la naturaleza no es una propiedad ni un “servicio”, sino un sujeto vivo con derechos y dignidad propia. Esta visión cuestiona profundamente la manera en que el Estado costarricense promueve su imagen ambiental: como un lugar para ser visitado, explotado o administrado desde arriba, sin escuchar a quienes la habitan y la defienden.

Defender el ambiente no es conservarlo como postal, sino cuidar los vínculos que lo sostienen. Y quienes se dedican a esa defensa —muchas veces desde la marginalidad, la ruralidad o la resistencia indígena— no son activistas aisladas, sino guardianas de un equilibrio mayor.

Olvidar esto no es solo una injusticia. Es también una amenaza para nuestra propia continuidad como humanidad.

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencia:

Global Witness. (2025, 3 de junio). Por qué el Acuerdo de Escazú es importante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el Caribe. Global Witness. Recuperado de https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/por-que-el-acuerdo-de-escazu-es-importante-para-las-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medioambiente-en-el-caribe/

Pomareda García, F. (2025, 14 de mayo). Seis defensores ambientales y cuatro grupos indígenas enfrentan amenazas de muerte y violencia por sus denuncias. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/seis-defensores-ambientales-y-cuatro-grupos-indigenas-enfrentan-amenazas-de-muerte-y-violencia-por-sus-denuncias/

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SINAC no responde a la altura: Refugio Gandoca-Manzanillo sigue en riesgo

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Colocamos a disposición los documentos oficiales mencionados en esta nota:

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha dado seguimiento a la situación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y esta semana compartió la respuesta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente de su Programa Nacional de Humedales (PNH), ante solicitudes urgentes para la protección de este sitio Ramsar de importancia internacional.

La organización ambientalista solicitó información clave y acciones concretas ante irregularidades en la gestión del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) del Caribe sur. Entre las preocupaciones destacan los traslapes catastrales, permisos otorgados en humedales y posibles violaciones al marco legal ambiental, incluido lo dispuesto por la Convención Ramsar.

Sin embargo, el SINAC respondió el 3 de junio mediante un oficio donde el Programa Nacional de Humedales se declara “incompetente” para intervenir, alegando que la administración directa del Refugio y los actos registrales son responsabilidad de la Dirección Regional ACLAC. Con esta respuesta, el SINAC elude el fondo del problema mediante un tecnicismo legal que contradice el rol coordinador y rector que le asigna el propio Decreto Ejecutivo N.º 36427-MINAET.

“Resulta inaceptable que una entidad cuyo mandato es promover, planificar y desarrollar los humedales del país se excuse en competencias burocráticas para no actuar ante una situación crítica”, señaló Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación.

La Convención Ramsar, ratificada por Costa Rica desde 1991, obliga al Estado a garantizar la conservación, uso racional y restauración de los humedales en su territorio. Para ello, se requiere una gestión activa, interinstitucional y con visión ecosistémica, más allá de la fragmentación administrativa que hoy impide la acción efectiva.

El Refugio Gandoca-Manzanillo, incluido en la lista Ramsar como sitio 783, ha sido objeto de múltiples alertas por destrucción de hábitats, tala ilegal, construcción en humedales y debilidad en la delimitación oficial del Patrimonio Natural del Estado. A pesar de sentencias judiciales y medidas cautelares vigentes, el Estado sigue sin implementar un plan de restauración y defensa clara del área.

La Asociación ha exigido que el SINAC convoque, en no más de 15 días hábiles, una reunión interinstitucional para establecer un plan de acción que atienda de forma integral la situación. También solicitó que el Programa Nacional de Humedales asuma un rol activo y de liderazgo, como le exige la legislación nacional e internacional.

En un contexto de emergencia climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la inacción institucional no puede seguir justificándose con argumentos burocráticos. La defensa de los ecosistemas estratégicos como Gandoca-Manzanillo exige voluntad política, articulación efectiva y cumplimiento de compromisos globales asumidos por el país.

Balance de la comunicación entre la Asociación y el SINAC–Programa Nacional de Humedales

Aspecto evaluado

Situación actual según respuesta del SINAC

Análisis crítico

Legalidad administrativa

El Programa Nacional de Humedales declara que no tiene competencia directa sobre traslapes catastrales, administración del Refugio Gandoca-Manzanillo ni gestión del Patrimonio Natural del Estado en ZMT.

Aunque legalmente correcto en cuanto a competencias específicas, esta posición ignora el deber de coordinar y articular acciones interinstitucionales, como establece el Decreto Ejecutivo 36427-MINAET.

Rol rector y de planificación

Se interpreta la función del Programa Nacional de Humedales como limitada a tareas técnicas y de promoción general.

Esta interpretación reduce el alcance de su mandato y desconoce su responsabilidad en liderar políticas nacionales para los humedales, especialmente en sitios críticos como los Ramsar.

Cumplimiento de obligaciones internacionales

No se menciona ni se asume el compromiso de Costa Rica con la Convención Ramsar ni las obligaciones derivadas de su ratificación.

Hay un incumplimiento indirecto de la Convención Ramsar al no actuar frente a amenazas evidentes al sitio Ramsar 783. La falta de acción puede implicar responsabilidad internacional del Estado costarricense.

Enfoque ecosistémico e integral

Se aplica una visión fragmentada del problema, remitida a una sola oficina regional (ACLAC).

Se evidencia una falta de enfoque ecosistémico, desconectado de la realidad compleja del territorio, donde la protección de humedales requiere sinergia entre diversas entidades estatales.

Capacidad de respuesta ante denuncias ciudadanas

El oficio se limita a declarar incompetencia sin proponer soluciones, coordinar con otras oficinas o elevar el tema a la Dirección Ejecutiva del SINAC.

La respuesta refleja una inercia institucional preocupante frente a denuncias legítimas, lo que puede fortalecer la percepción pública de abandono o negligencia estatal.

¿Cuál debería ser el rol del SINAC y el Programa Nacional de Humedales ante conflictos socioambientales?

La respuesta del SINAC, amparada en una lectura estrictamente administrativa de sus funciones, pone en evidencia una desconexión preocupante entre las estructuras institucionales y la realidad ecológica y social de los territorios. Frente a problemáticas complejas como las que afectan al Refugio Gandoca-Manzanillo, las instituciones ambientales no pueden limitarse a funciones burocráticas ni actuar como entes pasivos ante el deterioro ambiental.

Desde un enfoque ecosistémico, la gestión ambiental debe reconocer que los ecosistemas no respetan divisiones político-administrativas ni jerarquías rígidas entre oficinas públicas. Los humedales costeros, como los de Gandoca-Manzanillo, son espacios interconectados que cumplen funciones hidrológicas, reproductivas y culturales esenciales. Su protección requiere un rol articulador y proactivo del Estado, donde el SINAC —y en particular su Programa Nacional de Humedales— debe asumir liderazgo en la coordinación interinstitucional, la prevención de daños y la restauración ecológica.

Además, en contextos donde existen amenazas por urbanización, conflictos sobre la propiedad del suelo, o decisiones administrativas erráticas, la capacidad de respuesta del Estado debe ser integral, transparente y basada en principios de justicia ambiental y precautoriedad. La conservación no puede depender exclusivamente de delimitaciones técnicas ni de trámites formales; debe incorporar la participación ciudadana, el conocimiento local y el respeto por los compromisos internacionales que el país ha ratificado.

Es momento de que instituciones como el SINAC asuman su rol no solo como gestoras de áreas protegidas, sino como guardianas activas del bien común ecológico. Ello implica no “lavarse las manos” frente a vacíos de coordinación, sino liderar procesos de diálogo, articulación y acción estratégica para garantizar la conservación y recuperación de nuestros ecosistemas más frágiles y valiosos.

La ciudadanía como garante activa de los bienes comunes ecológicos

El accionar de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, al interponer solicitudes formales, exigir transparencia y cuestionar la inacción institucional, representa un ejercicio ejemplar de participación ambiental responsable y comprometida. En contextos donde los ecosistemas enfrentan amenazas crecientes —ya sea por omisión estatal, intereses privados o vacíos normativos—, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar insustituible para la defensa del bien común.

Lejos de ser una confrontación, este tipo de iniciativas son una forma legítima de exigir que el Estado cumpla sus funciones, no solo administrativas, sino éticas y ecológicas. En efecto, la ciudadanía no solo tiene el derecho de involucrarse en los asuntos ambientales, sino también el deber de actuar cuando los equilibrios ecosistémicos son vulnerados y los compromisos internacionales del país son ignorados.

Esta coyuntura en Gandoca-Manzanillo evidencia algo más profundo: la urgencia de construir una institucionalidad ambiental verdaderamente articulada, transparente y con visión de largo plazo, donde el rol de las comunidades organizadas, asociaciones locales y movimientos socioambientales no sea marginal, sino reconocido como parte esencial de la gobernanza ecológica.

En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, la acción ciudadana no es solo una herramienta de defensa; es un acto de corresponsabilidad con las generaciones futuras y con los territorios que sostienen la vida. El ejemplo de la Asociación demuestra que la defensa de los humedales, los bosques y los bienes naturales no comienza ni termina en los escritorios institucionales, sino que se forja desde la participación consciente, informada y persistente de quienes habitan y cuidan el territorio.

Marco legal nacional e internacional que obliga al Estado costarricense a actuar ante conflictos en humedales y áreas protegidas

Legislación nacional

  1. Constitución Política de la República de Costa Rica
  • Artículo 50: Reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Obliga al Estado a garantizar, defender y preservar este derecho.
  • La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha reiterado que este artículo impone un deber activo de tutela ambiental, no solo de regulación formal.
  1. Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554)
  • Art. 2 y 3: El Estado debe garantizar el desarrollo sostenible mediante acciones integradas, coordinadas e intersectoriales.
  • Art. 99: El SINAC es responsable de la gestión del sistema de áreas protegidas y debe garantizar su conservación, restauración y uso racional.
  1. Ley de Biodiversidad (Ley N.° 7788)
  • Art. 7: La administración y conservación de la biodiversidad debe regirse por principios de integralidad, precaución y participación social.
  • Art. 10: Obliga al Estado a establecer medidas para garantizar la integridad ecológica de las áreas protegidas y su conectividad funcional.
  1. Decreto Ejecutivo N.° 36427-MINAET (2011)
  • Crea y define las funciones del Programa Nacional de Humedales, cuya finalidad es “promover, planificar y desarrollar los humedales de Costa Rica”.
  • Esto incluye la articulación institucional, el seguimiento de compromisos internacionales y la coordinación para restaurar ecosistemas degradados.
  1. Ley General de la Administración Pública
  • Art. 4, 11 y 12: Toda actuación administrativa debe ser eficaz, coherente con el interés público y basada en el principio de legalidad.
  • La “incompetencia formal” no exime a las instituciones del deber de actuar coordinadamente cuando los intereses colectivos están en riesgo.

Compromisos internacionales ratificados por Costa Rica

  1. Convención Ramsar sobre los Humedales (Ley N.° 7224)
  • Obliga a Costa Rica a conservar y utilizar racionalmente los humedales incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional.
  • El artículo 3.2 exige informar sobre cambios ecológicos negativos en los sitios Ramsar y tomar medidas correctivas.
  • El Refugio Gandoca-Manzanillo es el Sitio Ramsar N.° 783, inscrito desde 1996.
  1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley N.° 7416)
  • Impone la obligación de conservar la biodiversidad in situ, incluyendo humedales y sus especies asociadas.
  • Exige planes de manejo, restauración y control frente a actividades humanas que afectan ecosistemas frágiles.
  1. Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
  • ODS 14 y 15: Exigen a los Estados proteger ecosistemas marinos y terrestres, restaurar ecosistemas degradados y frenar la pérdida de biodiversidad.
  • Costa Rica ha asumido compromisos públicos ante foros internacionales para su cumplimiento.

Jurisprudencia relevante

  1. Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional
  • Ordena al Estado costarricense delimitar y recuperar 188 hectáreas de humedales en Gandoca-Manzanillo, como parte del Patrimonio Natural del Estado.
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Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común

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Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.

Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.

Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.

Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.

Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.

El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.

En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.

¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana

El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.

“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.

Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.

Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.

La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.

Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.

Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.

Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.

La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.

De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala

Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.

El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.

Y, sin embargo, lo que siguió fue:

  • Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
  • Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
  • Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
  • Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.

Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.

Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.

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¿Qué está en juego aquí?

Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.

Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:

  • Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
  • Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
  • Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
  • Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
  • Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.

Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.

Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados

La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.

Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:

  • Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
  • Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
  • Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
  • Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
  • Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.

Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.

La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.

Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.

Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.

En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.

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Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria

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Este 3 de junio de 2025, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica discutió una moción que ha encendido alarmas entre estudiantes, docentes y defensores de los derechos humanos. La propuesta busca que la administración consulte “técnicamente” a la Unidad Especial de Intervención (UEI) de Casa Presidencial para el abordaje de protestas estudiantiles.

La UEI es una unidad de élite, adscrita al Ministerio de la Presidencia, especializada en operaciones de alto riesgo, antiterrorismo y control de disturbios. Su eventual intervención en contextos universitarios representa un grave retroceso democrático.

La discusión de esta moción ocurre luego de que, en una reciente protesta estudiantil, se exigiera el desarme de los cuerpos de seguridad internos de la universidad. En lugar de abrir espacios de diálogo y escucha, la respuesta parece inclinarse hacia la «militarización» del conflicto social dentro del campus.

Diversos sectores han señalado los riesgos de este enfoque:

  • Se vulnera la autonomía universitaria, principio constitucional que impide la injerencia de fuerzas estatales en asuntos internos.

  • Se criminaliza el derecho a la protesta, legitimado en tratados internacionales y en la Constitución Política.

  • Se abre la puerta a la represión violenta de la disidencia estudiantil, rompiendo con la vocación crítica de la universidad pública.

Frente a esto, es urgente que la comunidad universitaria y la sociedad costarricense se pronuncien y defiendan el carácter democrático, autónomo y crítico de la UCR.

La protesta es un derecho. La universidad no debe ser zona de guerra.

Aunque finalmente la moción para consultar a la Unidad Especial de Intervención (UEI) fue retirada, su sola presentación en el Consejo Universitario deja señales de alarma. Este episodio evidencia cómo persisten tensiones y preocupaciones sobre la gestión de la protesta estudiantil y la autonomía universitaria. Más allá de su resultado inmediato, la discusión refleja un clima en el que se considera viable involucrar fuerzas especializadas en control y represión en espacios académicos, lo que pone en riesgo los principios fundamentales que sostienen la universidad pública. Por ello, es fundamental mantener la vigilancia y el debate abierto para defender la libertad de expresión y el derecho legítimo a la protesta en la UCR.

¿Cómo convertir una protesta estudiantil en misión antiterrorista? La guía exprés de la UEI para la UCR

La Unidad Especial de Intervención (UEI), especializada en operaciones antiterroristas y de alto riesgo, ofrece una serie de asesorías técnicas que podrían aplicarse a la gestión de protestas estudiantiles. Sin embargo, la naturaleza de estas intervenciones, diseñadas para contextos de seguridad extrema, plantea preocupaciones sobre el impacto que tendría su involucramiento en un entorno universitario. A continuación, se describen los tipos de asesoría que esta unidad podría brindar y las posibles implicaciones para la Universidad de Costa Rica.

Tipo de asesoría de la UEIDescripciónImplicaciones para la UCR
Evaluación de riesgos de seguridadAnálisis de posibles amenazas graves, identificando riesgos que puedan afectar la seguridad.Puede justificar una respuesta para fortalecer el control policial ante cualquier manifestación.
Planificación de estrategias de control y contenciónDiseño de tácticas para contener o dispersar manifestaciones consideradas “peligrosas”.Potencial uso de métodos represivos y fuerza desproporcionada.
Entrenamiento en manejo de crisis y disturbiosCapacitación de seguridad universitaria para enfrentar protestas según protocolos policiales.Fortalece el control policial a la respuesta institucional y promueve la represión en el campus.
Monitoreo y vigilancia avanzadaUso de tecnología para seguimiento y control de grupos organizados o líderes de protesta.Invasión a la privacidad y posible criminalización preventiva.
Asesoría en inteligenciaRecolección y análisis de información para anticipar movimientos sociales.Fomenta la persecución política y la desconfianza en la comunidad universitaria.
Más allá de los golpes: formas no armadas de seguridad y represión

Cuando pensamos en seguridad o represión, la imagen común suele ser la de policías armados, gas lacrimógeno o palos. Sin embargo, la represión y el control social también pueden operar de formas mucho más sutiles, pero igual de efectivas para limitar la protesta y la disidencia.

Dispositivos no armados de seguridad y represión incluyen:

  • Vigilancia y monitoreo constante: uso de cámaras, infiltración de agentes, seguimiento digital a líderes y organizaciones estudiantiles para anticipar y desactivar protestas.

  • Control burocrático y administrativo: imposición de normas restrictivas, sanciones disciplinarias, exclusión o criminalización mediante reglamentos internos y procesos administrativos.

  • Manipulación mediática y estigmatización: desinformación, campañas que etiquetan a los manifestantes como violentos o “radicales”, creando un clima de miedo social.

  • Uso de cuerpos de seguridad sin armas letales: presencia de guardias sin armamento visible pero con entrenamiento en control de masas, que generan intimidación psicológica.

  • Negociación selectiva y cooptación: intentos de dividir y debilitar movimientos sociales mediante promesas, incentivos o presiones indirectas.

Estas formas no armadas, aunque no impliquen violencia física directa, restringen el espacio para la protesta, limitan la libertad de expresión y erosionan la autonomía universitaria. La instalación de la Unidad Especial de Intervención (UEI), incluso bajo el argumento de “consultas técnicas”, representa un riesgo real de combinar represión visible con estas formas más invisibles, profundizando el control sobre la comunidad universitaria.

Pueden descargar la infografía aquí

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El abandono del campo tiene rostro de mujer: desigualdad, agroindustria y luchas agroecológicas en Costa Rica

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En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.

Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.

Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.

El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.

Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo

Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.

Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.

Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal. 

El Estado que no llega… o llega tarde

Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.

A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.

Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:

  • Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).

  • Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).

  • Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).

Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.

Una contradicción estructural

Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.

En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.

Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.

¿Qué está en juego?

Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.

La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.

Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.

Referencias

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Convocatoria – Proceso de Reflexión – Auditoría social ¿Estamos pensando en nuestro bien-estar?

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🌱 Herramientas colectivas para cuidar lo común, defender derechos y transformar el territorio

En tiempos de crisis social y ambiental, la vigilancia ciudadana no puede quedarse solo en lo técnico. Auditar desde las comunidades es una forma de acción colectiva, de defensa del territorio, del cuerpo, del agua, de la vida.

Por eso, te invitamos al curso “Auditoría social desde la educación popular”, una propuesta formativa que parte de una pregunta clave:
¿Esto mejora o deteriora el bienestar de nuestras comunidades?

¿Qué es la auditoría social?

La auditoría social es una práctica mediante la cual las personas y comunidades organizadas vigilan, evalúan y exigen el cumplimiento de derechos y el uso justo y transparente de los recursos públicos. Pero, desde una mirada popular y territorial, auditar es también cuidar lo común: decidir colectivamente sobre nuestros cuerpos, tierras, servicios y modos de vida.

No se trata solo de revisar presupuestos o informes oficiales. Se trata de proteger el agua, exigir salud digna, mejorar la educación, denunciar proyectos que amenazan el territorio y promover formas de vida que respeten los saberes y autonomías locales.

¿Qué propone el curso?

Este espacio formativo busca poner en el centro el bienestar comunitario y la participación real. Para eso, proponemos:

  • Fortalecer la organización comunitaria como base de la vigilancia popular.

  • Aprender herramientas accesibles de monitoreo e incidencia.

  • Valorar la protesta, la comunicación popular y la acción pública como estrategias legítimas.

  • Construir indicadores comunitarios de bienestar, desde nuestras propias prioridades, afectos y luchas.

🗓 Fechas y detalles

Modalidad presencial – Gratuito
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de julio de 2025
Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, UCR, San Pedro, Montes de Oca
Horarios disponibles:

  • Grupo A: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

  • Grupo B: 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

📌 ¿A quién está dirigido?

A personas, colectivos y organizaciones sociales, políticas o culturales interesadas en fortalecer procesos comunitarios desde una pedagogía crítica, participativa y transformadora. No se requieren conocimientos técnicos previos. Cupo limitado.

📝 Proceso de inscripción

🗓 Del 2 al 16 de junio de 2025
📲 Formulario de inscripción:
👉 https://forms.gle/pGvh7TJYnAz915Zu8

Pueden descargar la convocatoria aquí

💬 Porque auditar también es decir:

“Esto no nos sirve… y aquí proponemos otra forma.”

Te esperamos para construir colectivamente herramientas que fortalezcan las luchas por la vida digna y el cuidado de lo común.

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Comunicado de Prensa: Llamado Urgente a las Comunidades Afrodescendientes sobre la Intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología comparte el siguiente Comunicado de Prensa

Se recomienda su lectura completa y la difusión responsable de su contenido.

A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica

Fecha: 1 de junio de 2025

Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,

Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.

La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:

1.  Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.

2.  Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.

3.  Definir el término «propiedad ancestral afrodescendiente» mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.

4.  Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.

Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).

Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.

Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.

Instamos a la comunidad a:

•  Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.

•  Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.

•  Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.

La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.

Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87

En solidaridad,

Marco Levy Virgo

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Comunicado de prensa sobre desinformación en torno a ocupaciones en la zona pública costera Caribe Sur Costa Rica

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología comparte el siguiente Comunicado de Prensa dirigido a todos los ocupantes del Caribe Sur, particularmente a quienes se encuentran dentro de la zona marítimo-terrestre del litoral del Cantón de Talamanca. Este documento tiene como propósito aclarar rumores infundados y reafirmar el compromiso de la organización con la defensa de los derechos de las comunidades locales.

Se recomienda su lectura completa y la difusión responsable de su contenido.

Comunicado de Prensa

Dirigido a todos los ocupantes del Caribe Sur ubicados dentro de la zona marítimo-terrestre del litoral del Cantón de Talamanca

Estimados vecinos y ocupantes del Caribe Sur,

Reciban un cordial saludo. A través de este comunicado, deseo aclarar de manera enfática los rumores infundados que sugieren que mi organización y yo estamos trabajando en desalojar a los pobladores ubicados dentro de la zona marítimo-terrestre del Cantón de Talamanca. Esta afirmación es absolutamente falsa.

La única denuncia que hemos gestionado en relación con los 50 metros de la zona pública se dirige exclusivamente contra el restaurante Stanford, recientemente reconstruido en Puerto Viejo. Dicho establecimiento enfrenta, desde el año 2022, dos procesos legales interpuestos por la Municipalidad de Talamanca por construcción ilegal. Nuestra gestión se centra específicamente en la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales y la consecuente descarga de aguas residuales al mar.

Hacemos esta aclaración porque hemos tenido conocimiento de personas que están ofreciendo servicios legales para supuestamente defender ocupaciones ilegales dentro de los 50 metros de la zona pública. Advertimos que estas ofertas podrían constituir una estafa, ya que no existe en este momento ninguna amenaza de desalojo en curso. Por el contrario, nuestra lucha contra el plan regulador costero de Talamanca ha tenido como objetivo principal apoyar y evitar el desalojo de las personas ubicadas dentro de la zona marítimo-terrestre.

Reiteramos que la oposición al plan regulador costero de Talamanca es un asunto técnico-legal que ha requerido el trabajo de un equipo interdisciplinario conformado por biólogos, geógrafos, abogados y topógrafos. Cualquier persona que ofrezca realizar una defensa de los ocupantes de los 50 metros de la zona pública está mintiendo y posiblemente estafando, ya que, conforme a la Ley 6043, no existe ningún proceso de desalojo ni posibilidad alguna de consolidar derechos dentro de la zona pública de la zona marítimo-terrestre. Además, cada ocupación dentro de esta zona tiene sus particularidades, por lo que no se puede generalizar ni crear falsas expectativas de derechos donde la ley es clara en que no existen. Recomendamos encarecidamente buscar abogados con experiencia en la materia para cualquier consulta legal.

Agradecemos su atención y los exhortamos a informarse a través de fuentes confiables para evitar caer en engaños. Seguimos comprometidos con la defensa de los derechos de las comunidades del Caribe Sur.

Atentamente,

Marco Levy

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COMUNICADO DE PRENSA – Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

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Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

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Philippe: vivir bajo amenaza por defender la naturaleza

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Advertencia de contenido:
Las imágenes y videos incluidos en este artículo pueden herir sensibilidades. Se recomienda discreción al visualizar el material. Desde la edición, se ha tomado la decisión de incluir aquellas imágenes y registros que involucran directamente a Philippe Vangoidsenhoven, ya que constituyen evidencia clara de la gravedad de las situaciones de violencia que ha enfrentado en su labor como defensor ambiental. Esta exposición responde también a la necesidad de prevenir discursos que tienden a deslegitimar las denuncias, sugiriendo que se trata de malentendidos o exageraciones. La visibilización es, en este caso, un acto de denuncia y una herramienta de concientización.

Defender el ambiente en América Latina: una lucha de alto riesgo

Le han gritado sapo más veces de las que puede contar. “Cuando una va a la ley, o llama a la ley, ya de una vez es un sapo”, dice Philippe, con una mezcla de resignación y firmeza. No lo dice como quien se victimiza, sino como quien ha aprendido a cargar con esa palabra —escupida desde carros, desde esquinas, desde obras ilegales— como si fuera parte del paisaje donde vive. Hay videos donde se escucha con claridad: insultos que buscan silenciar, intimidar, desgastar.

Y sin embargo, sigue.

En América Latina, defender la naturaleza puede costar la vida. La región ha sido sistemáticamente reconocida como una de las más peligrosas del mundo para quienes alzan la voz contra la destrucción ambiental. Según Global Witness, cientos de personas defensoras han sido asesinadas, criminalizadas o forzadas al silencio por enfrentarse a intereses económicos, estructuras de poder local y corrupción institucional.

En este contexto se inscribe la historia de Philippe Remi Karel Vangoidsenhoven, residente en Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Philippe es un defensor ambiental que ha dedicado su vida a documentar y denunciar delitos ecológicos como rellenos en humedales, construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre y el uso de maquinaria pesada en áreas protegidas. Ha interpuesto más de 200 denuncias en las últimas dos décadas. Su labor, lejos de recibir apoyo estatal, lo ha colocado en el centro de una persecución violenta y sostenida.

Piedra, sangre y cámaras encendidas

En abril de 2019, mientras documentaba la destrucción del humedal de Punta Uva mediante la excavación de zanjas para drenarlo, Philippe fue víctima de un ataque brutal. Uno de los responsables del daño ambiental, al reconocerlo, lo insultó y luego le lanzó una piedra con tal fuerza que atravesó su carro, impactó el parabrisas y le golpeó la mano. La herida fue tan severa que estuvo a punto de perder parte del dedo pulgar, lo que afectó seriamente su vida cotidiana y laboral. La evidencia, incluida la piedra y fotografías de la lesión, fue entregada a las autoridades, pero la respuesta institucional ha sido débil.

Este episodio no fue aislado: marcó el inicio de una escalada de violencia que evidencia el patrón de riesgo que enfrentan las personas defensoras en zonas donde convergen desarrollo turístico, impunidad y abandono estatal.

Una motosierra como amenaza de muerte

Un año antes, en marzo de 2018, Philippe vivió una de las situaciones más aterradoras de su vida. Mientras tomaba fotografías de maquinaria realizando trabajos irregulares en Playa Negra —con la intención de denunciar un posible daño ambiental— fue interceptado por un hombre que, al percatarse de su presencia, encendió una motosierra y se le acercó agresivamente, hasta colocar la hoja a escasos 10 o 15 centímetros de su rostro. Philippe, quien se encontraba en bicicleta, dejó caer el vehículo y, ante el peligro inminente, sacó su revólver —legalmente portado— para disuadir al atacante. El agresor huyó del lugar gritando que Philippe lo estaba amenazando, mientras este se dirigía de inmediato a la Fuerza Pública para denunciar lo ocurrido.

Lo paradójico es que, aunque Philippe intentó prevenir un daño mayor y acudió a las autoridades, fue arrestado con base en versiones tergiversadas por personas enemistadas con él. A pesar de que había pruebas fotográficas y testigos, fue procesado por «amenazas agravadas», mientras que el hombre que lo atacó con una motosierra nunca enfrentó cargos. Incluso, este último habría intentado apropiarse de la bicicleta de Philippe mientras él permanecía detenido. Posteriormente, el agresor habría huido del país tras vender irregularmente un terreno en la zona.

Este caso no solo revela el riesgo físico que enfrentan quienes denuncian delitos ambientales, sino también cómo la criminalización judicial opera como una forma de castigo y silenciamiento. A más de siete años del suceso, Philippe sigue esperando juicio y la devolución de su revólver, a pesar de la evidencia y su actuación en defensa propia.

Golpes, bastonazos y su propia arma en contra

El caso más dramático ocurrió en 2012, cuando fue agredido por dos hombres tras denunciar el uso ilegal de un “backhoe”(Retroexcavadora) en Playa Negra. Mientras intentaba documentar con su cámara, fue abordado, derribado al suelo y golpeado con un bastón. En el forcejeo, los agresores le arrebataron su revólver y llegaron a apuntarle a la cabeza con su propia arma. Fue gracias a la intervención de un testigo que su vida no terminó allí.

Tras el ataque, Philippe llegó herido al hospital y a la Fuerza Pública, con moretones y puntos de sutura. El parte médico confirmó la violencia sufrida. Sin embargo, los agresores no fueron sancionados y el caso no tuvo mayores consecuencias judiciales.

Exposición a personas peligrosas

Philippe también ha sido víctima de ataques directos por parte de personas vinculadas al narcotráfico en la región. En una ocasión, mientras pasaba frente a un bar conocido por ser manejado por un individuo relacionado con el narco —presunto responsable de un homicidio nunca esclarecido—, fue agredido con una lluvia de piedras. Una de ellas atravesó la ventanilla trasera de su vehículo y quebró el parabrisas. Aquel día recibió más de ocho pedradas: tres quedaron en el carro, dos en el cajón y otra en la cabina, siendo esta última la que quebró el parabrisas. A pesar de los antecedentes del agresor, no hubo consecuencias legales.

Criminalización, xenofobia y abandono

Además de los ataques físicos, Philippe ha sido blanco de una intensa campaña de difamación. Ha sido insultado en redes sociales, acusado de “frenar el desarrollo” y señalado por ser extranjero, a pesar de residir legalmente en el país. Incluso se declaró persona non grata por la Municipalidad de Talamanca, iniciativa que fue anulada por la Sala Constitucional tras una acción presentada.

En redes sociales se le ha dicho que “se regrese a su país” y ha recibido amenazas veladas de figuras locales. A pesar de todo esto, Philippe continúa denunciando las violaciones ambientales en su entorno, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y la legitimidad para denunciar a quienes lo amenazan (Pueden ver una nota anterior al respecto).

Costos personales de la defensa ambiental

Más allá de las amenazas y agresiones, defender el medio ambiente también representa una carga económica constante. Philippe ha tenido que cubrir de su propio bolsillo los daños a su vehículo —como el reemplazo de parabrisas rotos en dos ocasiones, en represalia por sus labores de monitoreo, con un costo mínimo de 200.000 colones más instalación— además de gastos por gasolina, cámaras para su seguridad y documentación de los casos, copias de denuncias y hasta salarios para personas que atiendan su negocio mientras él realiza inspecciones. Todo esto sin contar el tiempo invertido y el esfuerzo físico, incluso con una pierna lesionada. A pesar de todo ello, continúa presentando denuncias ante las autoridades.

Todo esto ocurre mientras las amenazas no cesan y la sensación de peligro se vuelve parte de lo cotidiano, incluso ha sufrido ataques directos a su negocio (se colocan imágenes y video de un evento). El costo no es solo económico o físico: también es emocional. Frente a una violencia que no da tregua y a un Estado ausente, Philippe se vio obligado a tomar decisiones difíciles para proteger su vida.

Medidas extremas para sobrevivir

Portar un arma no era parte del plan. No era algo que Philippe hubiera imaginado como parte de su vida cotidiana cuando empezó a denunciar delitos ambientales. Pero con el paso del tiempo, la violencia fue escalando. Las amenazas, los gritos desde los carros, la vigilancia constante… todo empezó a volverse más real, más cercano.

“Yo ando casi siempre solo en el campo”, explica. “Aquí la gente o está trabajando o tiene miedo. No siempre se puede contar con compañía. Y ya las cosas se estaban calentando”.

Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: iniciar el proceso para obtener el permiso de portación de arma de fuego. No por gusto, ni por afán de confrontación, sino como una medida desesperada de autoprotección.

“Sentí que necesitaba algo para defenderme”, dice. Investigó, consiguió toda la información necesaria, y se preparó para los exámenes teóricos y prácticos. Finalmente, obtuvo el permiso.

Lo hizo, dice con claridad, por estar en esta lucha. Porque defender la naturaleza en un contexto como el de Talamanca no es solo un compromiso ético: puede ser una sentencia. Y porque las agresiones iban en aumento, y el Estado —el que debería proteger a quienes defienden el bien común— no aparecía por ninguna parte.

A la fecha, esa ausencia persiste. Mientras Philippe sigue caminando los humedales, las playas y las montañas, acompañado solo por su convicción y su arma, el Estado continúa en deuda: una deuda profunda con quienes, como él, arriesgan la vida por cuidar la vida de todos.

La impunidad cotidiana como forma de violencia

A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por Philippe y de las pruebas contundentes —fotografías, videograbaciones, objetos utilizados en agresiones— presentadas ante diversas instancias judiciales, muchas de las personas involucradas en estos actos siguen circulando impunemente por su entorno cotidiano. No es raro que pasen cerca de su negocio, que lo insulten en voz alta o que lo increpen directamente, incluso en presencia de otras personas. Estos actos, aunque a veces sutiles y otras veces abiertamente hostiles, tienen un efecto acumulativo. Refuerzan su situación de vulnerabilidad y envían un mensaje claro: aquí, quienes defienden el ambiente están solos.

Cada encuentro no es solo una amenaza, sino un recordatorio doloroso de que, en lugar de protección, lo que ha recibido es abandono institucional. La sensación de desamparo se profundiza cuando el agresor se le aproxima sin ninguna consecuencia, colocándolo una y otra vez en una posición de inferioridad frente a quienes violan la ley con respaldo tácito de la impunidad.

¿A quién defiende la justicia?

A esta violencia impune se suma una experiencia aún más desoladora: dentro de los mismos procesos judiciales, Philippe ha tenido que enfrentar la falta de compromiso de quienes deberían representarlo legalmente. En varias ocasiones, sus propios defensores públicos —a pesar de contar con registros en video y pruebas físicas de los hechos— le han sugerido que concilie con sus agresores. La razón que le dan “ustede tiene el 50 por ciento de ganar el caso”.

Este tipo de recomendaciones, lejos de ser neutras, revelan una estructura judicial que no comprende ni reconoce el carácter específico de la defensa ambiental. Para Philippe, el mensaje es devastador: si ni siquiera su representante legal cree en la justicia, ¿entonces a quién defiende el sistema judicial? ¿A quién protege, si no es a quienes arriesgan su vida para que se cumpla la ley?

Este abandono jurídico no es anecdótico: es estructural. Y representa un obstáculo más en el ya riesgoso camino de las personas que, como Philippe, defienden la vida.

¿Hasta cuándo?

La historia de Philippe refleja un patrón claro y preocupante: la defensa de la naturaleza en Costa Rica —incluso en un país con reconocimiento internacional por su legislación ambiental— es una actividad de alto riesgo cuando entra en conflicto con intereses económicos, corrupción o estructuras de poder local.

Philippe no está solo. Es parte de una comunidad invisible de personas que luchan por los ríos, los bosques, la biodiversidad y el derecho colectivo a vivir en un entorno sano. Pero está expuesto, vulnerable y enfrentando un aparato institucional que, en lugar de protegerlo, lo revictimiza.

Costa Rica no puede seguir ignorando estas señales. Es urgente establecer mecanismos efectivos de protección para las personas defensoras del ambiente, garantizar justicia para las agresiones sufridas y desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que estos hechos continúen.

Defender la naturaleza no puede ser una condena al exilio, al miedo o a la muerte.

Cuando la justicia no entiende a quién defiende la vida

Uno de los aspectos más alarmantes del caso de Philippe es cómo el sistema judicial costarricense ha tratado sus denuncias como si fueran querellas comunes entre particulares, sin considerar el contexto específico y el riesgo diferencial que enfrenta por ser defensor ambiental.

Philippe no denuncia hechos aislados: denuncia redes de ilegalidad ambiental, intereses económicos que operan al margen de la ley e incluso vínculos con actores públicos. Sin embargo, las instituciones que deberían protegerlo —Fiscalía, Fuerza Pública, Poder Judicial— han tramitado sus casos como si se tratara de conflictos personales. En varios procesos, ha terminado siendo investigado o denunciado por las mismas personas que lo agredieron, en un giro perverso donde la víctima termina criminalizada.

Este tratamiento burocrático, descontextualizado y ciego ante las amenazas estructurales es profundamente peligroso. Cuando la justicia no reconoce la relación directa entre la labor de defensa ambiental y la violencia recibida, se convierte en cómplice por omisión. Desprotege al defensor, legitima la impunidad y envía un mensaje desmovilizador al resto de la sociedad.

Las personas defensoras del ambiente requieren un enfoque diferenciado, como ya lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos. No pueden ser tratadas como cualquier ciudadano que interpone una querella: están en la primera línea de defensa de los bienes comunes y enfrentan riesgos excepcionales. Ignorar esto no solo es una falla legal; es una forma de violencia institucional.

Intimidar para silenciar: la violencia como arma de control

La violencia que enfrenta Philippe no es accidental ni aislada: forma parte de una estrategia más amplia de intimidación destinada a desactivar su labor como defensor ambiental. En contextos donde la defensa del territorio choca con intereses económicos, la intimidación se convierte en una herramienta poderosa: no busca solo castigar a quien denuncia, sino también enviar un mensaje disuasivo a toda la comunidad.

Philippe ha sido perseguido en la vía pública, insultado frente a instituciones judiciales, señalado en redes sociales y enfrentado a denuncias penales por haberse defendido de intentos de agresión. La sistematicidad de estos hechos —que combinan violencia física, acoso legal y campañas de desprestigio— demuestra que no se trata de simples conflictos personales, sino de una operación de desgaste y silenciamiento.

Esta intimidación tiene múltiples capas: intenta hacerle sentir que está solo, que su lucha no vale la pena, que el precio es demasiado alto. Busca desmoralizarlo, quebrar su voluntad y, en última instancia, desaparecerlo del territorio sin necesidad de asesinarlo físicamente. Es una forma de violencia psicológica que se mezcla con el abandono institucional y el racismo estructural contra quienes no se ajustan al modelo hegemónico de “desarrollo”.

La impunidad con que se permiten estas agresiones genera un efecto de advertencia para otras personas: “mejor no te metás, o te puede pasar lo mismo”. Esa es la función de la intimidación: sembrar miedo para cosechar silencio.

Más allá del “país verde”: los límites del ambientalismo oficial

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde, comprometido con la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, esa imagen muchas veces convive con una realidad mucho más compleja, donde quienes defienden el ambiente desde los territorios enfrentan abandono, hostigamiento y violencia sin una respuesta estatal efectiva.

El modelo de conservación costarricense ha privilegiado históricamente las áreas protegidas, los parques nacionales y los pagos por servicios ambientales. Aunque importante, este enfoque ha sido insuficiente para abordar los conflictos socioambientales en zonas rurales y costeras, donde la presión del turismo, la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la corrupción municipal desafían a diario la legalidad ambiental.

En estos espacios, la defensa del ambiente no la realizan los grandes organismos institucionales, sino personas como Philippe: ciudadanos que documentan, denuncian y arriesgan su integridad para hacer valer leyes que el propio Estado no cumple. Sin embargo, estas personas no son reconocidas como actoras legítimas ni protegidas de forma diferenciada. Lejos de eso, a menudo son tratadas como enemigas del desarrollo o como obstáculos para la “convivencia comunitaria”.

Costa Rica tiene una deuda pendiente: pasar del discurso oficial de sostenibilidad a una política real de protección para quienes cuidan los territorios desde abajo. Reconocer legal, política y públicamente a las personas defensoras del ambiente como figuras esenciales en la lucha contra el colapso ecológico no es solo una obligación ética, sino una necesidad urgente para sostener cualquier proyecto serio de conservación.

Mientras esa deuda no se salde, la etiqueta de “país verde” quedará incompleta, y casos como el de Philippe seguirán ocurriendo en silencio.

Nota importante:
En este artículo se incluyen imágenes y videos que documentan muestras de violencia física, verbal y psicológica que ha enfrentado Philippe Vangoidsenhoven en el ejercicio de su labor como defensor ambiental. Todo el material se presenta con la autorización expresa de Philippe y tiene un propósito ilustrativo y educativo. Su intención es visibilizar los riesgos que enfrentan las personas defensoras del ambiente en Costa Rica, así como la insuficiencia de la legislación actual, que las deja expuestas a situaciones de vulnerabilidad al no contar con medidas de protección adecuadas y efectivas.