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Tierra recuperada, permanencia en riesgo

Jannia Fernández, Jimena Tercero, Monserrat Espinoza y Zuiri Méndez

TC-590 Defensa Comunitaria de Territorios

En la Finca San Andrés y Crün Shurín, Térraba, la historia de la tierra no se cuenta como un asunto del pasado. Se entrelaza con las historias de vida de quienes la habitan: está en las casas levantadas por las familias, en las parcelas que se regeneran y en las personas que participaron en los procesos de recuperación. También permanece en los conflictos que, años después, siguen marcando la vida en el territorio, escenario de una disputa por la tierra, los servicios básicos y el rol de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).

Actualmente, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» impulsado desde la ADI de Térraba está en el centro de las preocupaciones de la comunidad. Este reglamento interno podría tener injerencia directa sobre quienes habitan fincas recuperadas, incluida su permanencia y posibles mecanismos de desalojo. Así quedó expuesto durante las reuniones realizadas el 5 y 6 de septiembre, cuando miembros de ambas comunidades compartieron los antecedentes del conflicto y sus preocupaciones frente a una supuesta consulta del reglamento.

Nos han dado la tierra.
Recuperamos la tierra.

La recuperación de Finca San Andrés ocurrió en 2015. Según explicaron, San Andrés había sido adquirida al igual que la finca Volcancito, por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA ahora INDER). Esta gestión se dio en el marco de regresar tierras que estaban en manos no indígenas al territorio indígena de Térraba.

De acuerdo con los participantes, está adquisición fue entregada a la ADI de Térraba, sin embargo Volcancito fue repartido en manos de personas no indígenas y que personas beneficiadas terminaron vendiendo a personas no indígenas. Por lo que según relataron, queriendo evitar que en San Andrés se repitiera la misma situación que en Volcancito y sumando la necesidad de que la tierra se entregará a personas no indígenas, fue que un grupo ingresó a la finca en 2015 para asegurar la tierra a cerca de 40 familias indígenas brörán.

En el caso de Crün Shurín, la recuperación se llevó a cabo en el 2018. Crün Shurín significa «Tierra de Venados» y fue realizada por 16 familias brörán. Según los relatos, las tierras estaban en manos de un terrateniente que se dedicaba a la ganadería extensiva. Luego de la recuperación que implicó la vivencia de múltiples violencias y amenazas, han logrado ir restaurando el espacio para que la biodiversidad se regenere.

Según las personas participantes, la ADI de Térraba no ha respetado la Base de datos creada junto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Consejo de Mayores Brörán, donde se reconocen doce troncos genealógicos pertenecientes al pueblo térraba/brörán. Señalan que la ADI tampoco ha hecho esfuerzos para regresar el territorio a manos de personas indígenas. Según Jorge Cole en el año 1976, el 88% del territorio estaba en manos de personas no indígenas (2009).

Un reglamento que podría abrir paso al despojo

Según lo expresado durante las reuniones, el «Reglamento Interno de Acceso y Tenencia de la Tierra del territorio indígena de Térraba» es impulsado desde la ADI de Térraba, cuya dirigencia, según señalaron los participantes, mantiene una continuidad de más de 30 años. Para Macedonio, Pedro y Jorge de la recuperación Crún Shurín, representa otro mecanismo institucional que podría utilizarse para expulsarles de la tierra recuperada.

Para algunos miembros de la comunidad, el problema no es únicamente la existencia del reglamento, sino el poder que podría otorgar a personas no indígenas para tomar decisiones sobre las personas y la tierra en la que habitan. También se cuestionó que una normativa interna permita medidas que afecten derechos fundamentales sin garantizar el debido proceso.

Un reglamento no es una ley y un reglamento no puede ir en contra de una ley, expresó uno de los participantes. La preocupación también se relaciona con quién tendría autoridad para aplicar esas medidas. Otro asistente lo resumió así: La asociación no puede ser juez y parte.

También se mencionó que el reglamento podría contemplar expulsiones del territorio por periodos de entre cinco y diez años, y cuestionaron que decisiones de esa magnitud puedan tomarse sin acuerdos con la comunidad.

Resaltando que el problema no radica únicamente en establecer reglas, sino en que éstas respeten la Ley Indígena y las formas propias mediante las cuales los pueblos indígenas toman sus decisiones.

La ADI y el acceso a servicios básicos como forma de presión

Pero primero, ¿Qué es una ADI?. Las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) son figuras que el Estado reconoce como agentes legales para impulsar el desarrollo de comunidades. Sin embargo, en el caso de territorios indígenas tienen una particularidad, pues la tierra es de carácter comunal. En los territorios indígenas la tierra que pertenece a cada familia no se registra en planos catastrados, más bien, lo que se reconoce en el Registro Civil es el plano catastrado de todo el territorio designado por ley para cada pueblo indígena en particular.

Por lo que, el Estado entrega una potestad a las ADIs en territorios indígenas para administrar la tierra. Esta decisión ha llevado a muchos tipos de conflictos, pues las ADIs, según señalaron integrantes de Crün Shurín y Térraba, son organizaciones impuestas sobre formas organizativas propias.

El acceso a servicios básicos fue otra de las dificultades señaladas, ya que la ADI entrega reconocimientos de identidad indígena para que puedan acceder a servicios básicos. Algunos habitantes aseguraron haber enfrentado problemas para obtener electricidad y agua potable, y otros continúan sin estos servicios porque, según mencionaron, la ADI obstaculiza su obtención. Nos están negando servicios básicos que para nosotros son funcionales, por ejemplo, poner la electricidad, manifestó uno de los participantes.

La experiencia de Ballvina muestra cómo estas dificultades para acceder a servicios básicos han tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de las familias. Al recordar la situación con su madre, señaló que durante años permaneció sin acceso a electricidad ni agua: Nos niega la luz, durante cinco años, no se pudo poner una refri, no se pudo poner una lavadora, ni el agua, el agua siempre la trasladé desde Buenos Aires a aquí para poder tener a mi mamá, hasta que al fin ella descansó, nos cuenta.

Según explicó, su madre no pudo disfrutar de esas condiciones básicas durante el tiempo que permaneció allí.

Los testimonios coinciden al afirmar que la ADI tiene a su disposición un arsenal de herramientas de coacción con el fin de intimidar voces disidentes dentro de la comunidad: desde la promesa de tierras y bonos de vivienda a personas indígenas y no indígenas, hasta una tramitología alienante por parte del SENASA si se busca diversificar la actividad económica.

En palabras de Dixiana: La gente tiene que someterse si quiere acceder a servicios básicos.

En ese contexto, también señalan las presiones que atribuyen a la ADI y cuestionan la poca regulación que, según consideran, ejerce DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) sobre las Asociaciones de Desarrollo. A esto se suma la preocupación por el distanciamiento de las autoridades respecto a la comunidad indígena.

El sentimiento entre las y los habitantes reunidos era compartido: aquel de la rabia frente a la violación de su autonomía, autogestión y cosmovisión frente a un organismo con profundas raíces coloniales establecido como régimen disciplinario de cuerpos y territorios.

Autoridades tradicionales fuera de la discusión

La pregunta sobre quién debe participar en las decisiones relacionadas con la vida comunitaria fue un hilo conductor de las conversaciones. Varias voces insistieron en la importancia del Consejo de Mayores dentro de las estructuras tradicionales de autogobierno indígena y cuestionaron la concentración de decisiones en la ADI cuando sus consecuencias afectan a las comunidades.

Uno de los mayores dijo no haber tenido acceso al reglamento: Ese reglamento no lo he visto y pertenezco al Consejo de Mayores. Yo no lo he visto, no me lo han pasado.

Para él, la discusión debía involucrar primero a los mayores. Los mayores (…) deberían primero ver eso para poder conversar con la juventud, manifestó.

Los adultos mayores sostienen la comunidad mediante la transmisión de saberes y herencia cultural; paradójicamente, un mamotreto legal como el que promueve la ADI lo que hace es dejarlos fuera de las decisiones sobre el futuro de nuestros pueblos, donde justamente ellos deberían estar en el centro de todo.

Durante las reuniones también insistieron en que cualquier organización que intervenga en estos asuntos debería respetar la Ley Indígena y las formas propias de organización comunitaria, y que las decisiones deben construirse con la participación del pueblo y mediante acuerdos.

También se cuestionan las formas de comunicación, ya que no están adaptadas a las necesidades de toda la comunidad, especialmente de las personas mayores que no saben leer. Según señalaron, esto limita su acceso a la información y dificulta un diálogo más directo entre la ADI y las personas del territorio, así como el reconocimiento de sus formas de organización y sus tradiciones.

Autogestión y autonomía para una vida digna

Pese a las dificultades, los recuperadores destacaron el trabajo de las familias para establecerse y mantener activas las tierras recuperadas. Las viviendas, las parcelas y los cultivos reflejan un proceso que, según explicaron, han construido y sostenido mediante su propio esfuerzo y aprendizaje.

Muy orgulloso de la gente de aquí, de San Andrés, no esperando que la Asociación nos dé las cosas […] nosotros podemos hacer las cosas, expresó uno de ellos.

Durante un recorrido por la parcela de Gerald, uno de los recuperadores de Finca San Andrés, fue posible observar parte de ese proceso. En un terreno antes utilizado como potrero, ha desarrollado por cuenta propia un sembradío de cacao que mantiene y amplía mientras aprende sobre su manejo. Además de su aprendizaje autodidacta, ha buscado recomendaciones sobre qué especies sembrar y cómo organizar los cultivos, entre ellas la incorporación de guaba junto al cacao.

Con el paso del tiempo, el terreno también ha recuperado parte de su cobertura vegetal: donde antes predominaba el potrero, actualmente se observan cultivos y una mayor presencia de vegetación que ha surgido naturalmente gracias a la protección de las personas indígenas. El proceso muestra cómo algunas familias no solo han ocupado las tierras recuperadas, sino que han aprendido a trabajarlas y transformarlas mediante sus propios recursos y conocimientos adquiridos en el camino.

En Crün Shurín, la autogestión también se ha expresado en la organización comunitaria. Durante la reunión, los habitantes recordaron que en la finca se han impulsado clases para recuperar palabras del idioma indígena, procesos de trabajo junto con universidades y espacios de organización colectiva, entre ellos la creación de un sindicato. También señalaron que varias familias se han establecido allí de forma permanente y que incluso han nacido niños dentro de la recuperación. Para ellos, permanecer en la tierra implica no solo habitarla, sino construir comunidad y sostener prácticas culturales y organizativas propias.

Conflictos impuestos pero salidas colectivas

Después de más de una década, en San Andrés y Crün Shurín se ven las consecuencias de la imposición de formas organizativas que no son propias de los pueblos indígenas. El reglamento, las atribuciones del Estados hacia las ADIs en territorios indígenas y las formas de la ADI de Térraba, visibiliza las herramientas de cohesión que pueden aplicar estas instancias sobre la población indígena.

Las personas participantes piden gobernar su territorio de acuerdo con sus tradiciones e ideales y continuar con procesos como el saneamiento de las tierras, la construcción de comunidad y el rescate cultural.

El reto para las comunidades de San Andrés y Crún Shurín es uno colectivo y contrarreloj, pero como susurró Doña Ballvina, ellos y ellas al ser quienes se ven directamente afectados, no pueden darse el lujo de ser pesimistas.

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La falacia de la pluralidad: cuando dos voces no ocupan el mismo lugar

Estamos ante un genocidio en Gaza y ante una relación profundamente desigual frente al aparato político y militar israelí. En estas condiciones, poner dos posiciones en un mismo espacio no elimina las desigualdades entre ellas. La pluralidad puede abrir un lugar para distintas voces, pero no debería convertirse en una forma de dejar de reconocer las condiciones desde las que esas voces hablan ni la responsabilidad que implica presentarlas en relación.

Recibimos un comunicado en el que se plantea que es posible sostener determinados principios y, al mismo tiempo, garantizar la presencia de posiciones diferentes en un espacio de discusión. La formulación parece razonable: una institución puede defender sus principios y, a la vez, abrir espacios para el desacuerdo y la diversidad de perspectivas.

Sin embargo, precisamente ahí aparece una pregunta que merece ser discutida: ¿es suficiente con mantener formalmente los principios y ofrecer un espacio a posiciones diferentes para considerar cumplida la responsabilidad institucional?

El problema no está en que existan posiciones distintas ni en que estas puedan expresarse. Tampoco en la necesidad de construir espacios donde el desacuerdo pueda ser escuchado. El problema aparece cuando una concepción ingenua de la pluralidad permite separar la participación de las condiciones en las que esta ocurre y, con ello, eximirnos de la responsabilidad de reconocer las desigualdades que atraviesan esas posiciones y que pueden terminar siendo legitimadas por el propio espacio.

Dicho de otra manera: podemos sostener nuestros principios, abrir el micrófono y escuchar distintas voces. Pero eso no significa que hayamos agotado nuestra responsabilidad.

La pluralidad no ocurre en el vacío

Ninguna voz llega al espacio público desde un lugar completamente neutral. Las personas, organizaciones e instituciones participan desde posiciones sociales, históricas y políticas diferentes. Algunas cuentan con mayores recursos, reconocimiento, redes, capacidad de incidencia o acceso institucional. Otras deben construir desde cero las condiciones para ser escuchadas.

Por eso, el número de voces presentes no nos dice necesariamente cómo está distribuido el poder entre ellas. Dos personas pueden compartir el mismo escenario y disponer del mismo tiempo de exposición, pero tener capacidades muy distintas para hacer circular sus argumentos antes y después de ese momento. Una puede contar con una estructura institucional que amplifique su voz, mientras otra depende de redes comunitarias, esfuerzos colectivos o espacios ocasionales para alcanzar una audiencia similar.

El micrófono puede ser el mismo. Las condiciones para llegar hasta él no necesariamente lo son.

Reconocer esta diferencia no significa impedir la participación de determinadas posiciones. Significa asumir que el hecho de darles espacio no elimina las relaciones sociales, históricas y políticas que existen alrededor de ellas.

Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿qué responsabilidad conserva una institución frente a las desigualdades que atraviesan las posiciones que decide poner en diálogo? La respuesta no puede agotarse en decir que todas tuvieron la posibilidad de hablar.

La igualdad del formato no elimina la desigualdad

Una forma habitual de imaginar la pluralidad consiste en distribuir el espacio de manera proporcional: una posición habla, luego otra; una perspectiva expone, luego aparece su contraparte. El procedimiento puede parecer justo porque el formato permite que diferentes posiciones tengan presencia.

Pero la igualdad del formato no elimina las desigualdades que existen fuera de él.

Podemos distribuir el tiempo por partes iguales y seguir teniendo una relación desigual de poder. Podemos colocar dos voces frente a frente y dejar intactas las condiciones que hacen que una tenga mayor capacidad para instalar temas, conseguir reconocimiento, acceder a instituciones o mantener una presencia pública.

La igualdad formal puede ser importante, pero no es suficiente para comprender la desigualdad real. El problema, entonces, no es que el formato sea plural. El problema aparece cuando el formato plural se utiliza como evidencia de que la responsabilidad ya fue cumplida, sin examinar qué ocurre con las desigualdades que ese formato no modifica.

La falacia de «dos lados»

Llamemos, provisionalmente, falacia de la pluralidad a esta operación: asumir que cuando conseguimos reunir dos posiciones diferentes hemos producido automáticamente las condiciones suficientes para un debate plural.

El problema no está en que existan dos posiciones ni en que ambas puedan ser escuchadas. El problema aparece cuando el número de voces se convierte en una medida suficiente de pluralidad y se deja de mirar aquello que precede y rodea al encuentro.

La pluralidad no se puede contar únicamente. También requiere observar desde dónde se habla, con qué recursos, con qué reconocimiento y con qué capacidad de incidencia. Una voz puede disponer de canales institucionales permanentes, recursos profesionales y posibilidades de interlocución que otra no posee. Otra puede construir su presencia a partir de redes sociales, organizaciones comunitarias, movimientos colectivos o esfuerzos voluntarios.

Cuando estas diferencias desaparecen detrás de la fórmula “dos lados”, la pluralidad puede terminar ocultando aquello que pretendía mostrar.

Pero existe aquí un segundo problema. Si aceptamos que basta con garantizar la presencia de dos posiciones diferentes, podemos terminar trasladando toda la responsabilidad al acto de participación: “ambas voces fueron escuchadas”. A partir de ahí, las desigualdades que existen entre ellas parecen convertirse en un asunto externo al espacio.

Y no necesariamente lo son.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella

Pensemos en cualquier discusión pública. Una institución gubernamental y una organización comunitaria pueden ser invitadas al mismo foro. Una empresa y un colectivo vecinal pueden recibir el mismo tiempo de exposición. Dos organizaciones sociales pueden sentarse frente a frente.

Formalmente, existe pluralidad.

Pero las condiciones de partida pueden ser muy diferentes. Una organización puede disponer de equipos profesionales, recursos económicos, asesorías jurídicas, canales institucionales y presencia permanente en los medios. La otra puede sostener su trabajo mediante voluntariado, redes comunitarias y esfuerzos colectivos.

No hay contradicción en que ambas tengan derecho a participar. Lo que merece ser discutido es la idea de que colocarlas en la misma mesa elimina esas diferencias.

La mesa no borra la estructura que existe alrededor de ella.

Y tampoco debería permitirnos olvidar que toda decisión de organizar un espacio produce determinados efectos de reconocimiento. Al seleccionar qué posiciones entran en conversación y bajo qué condiciones, no solamente estamos facilitando que hablen: también estamos contribuyendo a definir cuáles posiciones aparecen como interlocutoras legítimas dentro de ese espacio.

Por eso, la responsabilidad no consiste únicamente en garantizar diversidad de voces. También implica preguntarse qué desigualdades estamos haciendo visibles, cuáles estamos dejando fuera y cuáles podríamos estar normalizando al presentar determinadas posiciones como equivalentes.

“Pluralidad sin renuncia a los principios”

En este punto cobra especial importancia la formulación “pluralidad sin renuncia a los principios”.

El problema no está en defender que una institución pueda mantener sus principios mientras abre espacios a distintas posiciones. Eso es perfectamente posible.

La cuestión es otra: mantener los principios no necesariamente nos exime de asumir la responsabilidad sobre las desigualdades que pueden ser reproducidas o legitimadas mediante una determinada práctica de pluralidad.

Es posible afirmar que no se renuncia a los principios y, simultáneamente, construir un espacio bajo una concepción ingenua de la pluralidad. Es posible garantizar que diferentes posiciones sean escuchadas y, al mismo tiempo, evitar preguntarse por las relaciones de poder que atraviesan esas posiciones. Es posible defender formalmente determinados valores y, a la vez, presentar como equivalentes realidades profundamente desiguales.

Ahí se encuentra la tensión que nos interesa señalar. La pluralidad no necesariamente nos libera de responsabilidad por el hecho de ser plural.

Más bien, puede ocurrir lo contrario: cuanto más importante es para una institución garantizar espacios plurales, mayor es la responsabilidad de preguntarse qué efectos produce esa apertura y qué formas de desigualdad pueden quedar naturalizadas bajo su cobertura.

Escuchar no es lo mismo que reconocer

Aquí aparece otra dimensión del problema. Una voz puede ser escuchada sin que necesariamente sea reconocida como una fuente legítima de conocimiento.

Podemos permitir que alguien hable y, al mismo tiempo, interpretar su experiencia desde categorías construidas por quienes históricamente han tenido mayor capacidad para definir los problemas. Podemos abrir un micrófono sin preguntarnos qué experiencias quedan fuera de las categorías con las que estamos pensando.

Esta cuestión nos conduce al trabajo de Miranda Fricker sobre la injusticia epistémica.

En Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007), Fricker examina la relación entre poder y conocimiento. Su propuesta permite observar que nuestras prácticas de conocer y reconocer a otras personas no están separadas de las relaciones sociales en las que vivimos.

Uno de sus conceptos centrales es la injusticia testimonial, referida a situaciones en las que los prejuicios pueden producir un déficit injustificado de credibilidad hacia quien habla. Otro es la injusticia hermenéutica, relacionada con las dificultades que aparecen cuando determinadas experiencias sociales no cuentan con recursos interpretativos suficientes para ser comprendidas y comunicadas dentro de los marcos compartidos.

Estas categorías ofrecen una herramienta para pensar la pluralidad desde otro lugar. La pregunta ya no es solamente quién tiene permiso para hablar, sino también qué condiciones permiten que una voz sea considerada creíble, qué experiencias pueden ser comprendidas y qué conocimientos aparecen como legítimos.

La pluralidad puede ser formalmente amplia y, al mismo tiempo, epistemológicamente estrecha.

La ingenuidad de pensar que basta con dar espacio

Aquí aparece la idea que queremos problematizar: una concepción ingenua de la pluralidad.

Es ingenua no porque defender espacios de diálogo sea ingenuo. Al contrario, escuchar posiciones diferentes es una condición importante para la vida democrática. La ingenuidad aparece cuando suponemos que dar espacio equivale a asumir responsabilidad sobre las condiciones y desigualdades que atraviesan ese espacio.

Como si sentar a dos personas en una mesa fuera suficiente para cumplir con la pluralidad. Como si distribuir el mismo tiempo hiciera innecesario reconocer las diferencias históricas de recursos. Como si permitir una réplica hiciera desaparecer las desigualdades institucionales. Como si la presencia de una posición alternativa bastara para que ninguna otra consideración sobre el poder resultara necesaria.

De esta manera, la pluralidad puede convertirse en una forma de desresponsabilización.

Se abre el espacio, se escuchan las voces y, una vez cumplido ese procedimiento, la institución puede presentarse como neutral frente a las desigualdades que atraviesan la conversación.

Pero las desigualdades no desaparecen porque hayamos decidido no mirarlas.

Y más aún: cuando una práctica institucional presenta como equivalentes posiciones que parten de condiciones desiguales, puede contribuir a normalizar esa desigualdad. No necesariamente porque exista una intención explícita de hacerlo, sino porque el formato puede desplazar la atención desde las condiciones estructurales hacia la simple presencia de las voces.

Más voces no siempre significa más comprensión

Una discusión puede incorporar cada vez más voces y, sin embargo, mantener intacto el marco desde el cual se interpreta el problema.

Podemos ampliar el número de participantes sin ampliar realmente las preguntas. Podemos multiplicar opiniones sin cuestionar las categorías que organizan esas opiniones. Podemos tener desacuerdo sin tener comprensión.

Esta distinción resulta fundamental: pluralidad de voces y pluralidad de conocimientos no son necesariamente lo mismo.

La primera se refiere a quién está presente en la conversación. La segunda nos obliga a pensar qué podemos llegar a comprender gracias a esa presencia y si las experiencias incorporadas tienen capacidad real para transformar los marcos desde los cuales interpretamos la realidad.

Una discusión puede ser muy plural en términos de participantes y continuar siendo limitada en términos de conocimiento. Puede reunir posiciones diferentes y mantener intacta una determinada manera de definir el problema. Puede ofrecer diversidad en el escenario mientras reproduce homogeneidad en las categorías utilizadas para interpretar aquello que ocurre.

Por eso, ampliar la pluralidad también significa ampliar nuestra capacidad colectiva para cuestionar los marcos que damos por sentados.

Una pluralidad menos ingenua

Problematizar esta concepción de la pluralidad no significa abandonar el diálogo ni cuestionar el derecho de las personas a expresar posiciones diferentes. Significa tomar la pluralidad más en serio.

Una pluralidad democrática no debería limitarse a garantizar que diferentes personas puedan hablar. También debería permitir reconocer las desigualdades que atraviesan esas voces y preguntarse por los efectos de ponerlas en diálogo bajo determinadas condiciones.

Esto supone pasar de una idea aritmética de la pluralidad —una voz frente a otra, un lado frente a otro— hacia una comprensión más compleja. No se trata solamente de sumar voces, sino de ampliar nuestra capacidad colectiva para escuchar, comprender, cuestionar y producir conocimiento.

En este sentido, el comunicado que recibimos puede ser leído como una oportunidad para abrir una discusión más amplia. La afirmación de que es posible sostener los principios y, al mismo tiempo, garantizar la pluralidad no debería cerrar la discusión sobre la responsabilidad institucional. Al contrario, debería llevarnos a preguntar qué significa sostener esos principios cuando las posiciones que entran en diálogo están atravesadas por desigualdades que no desaparecen al compartir un mismo espacio.

Porque el desafío no consiste únicamente en permitir que dos voces hablen.

Consiste también en preguntarnos qué estamos haciendo cuando las ponemos en relación, qué desigualdades reconocemos, cuáles dejamos intactas y cuáles corremos el riesgo de legitimar al presentar su encuentro como suficiente evidencia de pluralidad.

Porque dos voces pueden ocupar el mismo escenario sin ocupar el mismo lugar.

Y reconocer esa diferencia no debilita la pluralidad. Nos obliga, más bien, a asumirla con mayor responsabilidad.

La pluralidad no debería ser una forma de eximirse de la desigualdad. Debería ser una oportunidad para reconocerla, problematizarla y evitar que su existencia quede legitimada simplemente porque todas las voces tuvieron un espacio para hablar.

Cuando escuchar no basta: las herramientas de la injusticia epistémica

La discusión sobre la pluralidad no termina cuando conseguimos poner distintas voces frente a un mismo micrófono. También necesitamos preguntarnos qué condiciones hacen posible que una voz sea escuchada, creída, reconocida y capaz de producir conocimiento en el espacio público.

El trabajo de la filósofa Miranda Fricker resulta útil para profundizar esta pregunta. En Epistemic Injustice (2007), Fricker muestra que las relaciones de poder también atraviesan nuestras prácticas de conocimiento: pueden afectar quién recibe credibilidad, quién logra hacer inteligible su experiencia y quién es reconocido como sujeto capaz de conocer.

Sus conceptos permiten desplazar la mirada desde el simple conteo de voces hacia las condiciones sociales que acompañan esas voces. La siguiente matriz recoge algunos de sus principales aportes y los propone como herramientas para leer críticamente situaciones en las que la aparente pluralidad puede coexistir con profundas desigualdades de poder.

Concepto / aporteDefinición o idea central según FrickerUtilidad para interpretar y analizar críticamente
Injusticia epistémicaGénero de injusticia que afecta a una persona específicamente en su capacidad como sujeto de conocimiento. Fricker distingue entre injusticia testimonial e injusticia hermenéutica.Permite identificar desigualdades que no son únicamente materiales o políticas, sino que afectan quién puede ser reconocido como sujeto de conocimiento y cómo sus experiencias pueden ser comprendidas.
Injusticia testimonialSe produce cuando un prejuicio del oyente conduce a otorgar al hablante un nivel de credibilidad inferior al que merece.Permite analizar situaciones en las que una voz es desacreditada no por la calidad de sus razones, sino por prejuicios asociados con quien habla.
Déficit de credibilidad por prejuicio identitarioEl déficit de credibilidad surge cuando un prejuicio relacionado con la identidad social del hablante interviene en la valoración de su testimonio.Ayuda a distinguir entre errores ordinarios de valoración y formas de injusticia epistémica vinculadas con desigualdades sociales.
Injusticia testimonial sistemáticaForma de injusticia testimonial vinculada con prejuicios que afectan al sujeto en diferentes dimensiones de su vida social, como la económica, política o jurídica.Permite analizar cómo una desventaja en el reconocimiento de una voz forma parte de patrones más amplios de desigualdad social.
Injusticia testimonial incidentalInjusticia testimonial localizada en una situación particular y que no necesariamente se encuentra conectada con otras formas de desigualdad social.Permite diferenciar una experiencia concreta de descrédito de aquellas formas de injusticia que forman parte de relaciones sociales más amplias y persistentes.
Prejuicio identitarioPrejuicio asociado con el tipo social al que se atribuye una persona. Puede operar de manera positiva o negativa y afectar la valoración de su credibilidad.Permite examinar si la evaluación de una voz está influida por concepciones sociales previas acerca del tipo de persona que habla.
Poder socialCapacidad socialmente situada de controlar las acciones de otras personas. Puede ejercerse de manera agencial o mediante estructuras que producen efectos sin depender de una acción individual directa.Permite analizar desigualdades que no pueden explicarse únicamente por decisiones individuales, sino por estructuras que condicionan las posibilidades de participación e incidencia.
Poder identitarioForma de poder social que depende de concepciones compartidas sobre las identidades sociales y que opera, entre otros medios, a través de imaginarios y discursos.Ayuda a comprender cómo las representaciones sociales de determinados grupos pueden afectar su credibilidad, reconocimiento y participación pública.
Economía de la credibilidadDistribución socialmente desigual de la credibilidad, en la que prejuicios y estereotipos pueden hacer que algunas personas reciban sistemáticamente más o menos credibilidad que otras.Ofrece un marco para analizar cómo se distribuye la autoridad epistémica dentro de un debate, institución o espacio público.
Estereotipos como heurísticosLos estereotipos pueden funcionar como recursos espontáneos para orientar los juicios sobre otras personas. El problema surge cuando esos procesos incorporan prejuicios que afectan injustamente la valoración de su credibilidad.Permite comprender algunos mecanismos mediante los cuales determinados hablantes son considerados espontáneamente más o menos creíbles.
Injusticia hermenéuticaSe produce cuando una laguna en los recursos interpretativos colectivos coloca a una persona en una situación de desventaja para comprender o comunicar una experiencia social significativa.Permite analizar situaciones en las que una experiencia de desigualdad resulta difícil de nombrar, comunicar o comprender porque los recursos interpretativos disponibles son insuficientes.
Marginalización hermenéuticaParticipación desigual de distintos grupos en las prácticas sociales mediante las cuales se producen y transforman los significados colectivos.Permite preguntar quién participa en la construcción de los conceptos y marcos interpretativos con los que una sociedad comprende determinadas experiencias.
Virtud de justicia testimonialDisposición intelectual y ética que permite al oyente identificar y corregir la influencia de prejuicios en sus juicios sobre la credibilidad de quien habla.Ofrece un criterio para analizar la responsabilidad de quien escucha y su capacidad para revisar críticamente sus propios juicios de credibilidad.
Virtud de justicia hermenéuticaSensibilidad reflexiva ante situaciones en las que una persona encuentra dificultades para hacer inteligible su experiencia debido a una carencia de recursos hermenéuticos colectivos.Permite considerar que una dificultad para comprender un testimonio puede estar relacionada con condiciones sociales de interpretación y no necesariamente con una deficiencia del hablante.
Objetivación epistémicaLa injusticia testimonial puede implicar una exclusión de la persona de la práctica misma de conocimiento: deja de ser reconocida como sujeto epistémico y es tratada, en cierto sentido, como objeto de conocimiento.Permite analizar situaciones en las que el problema no consiste solamente en impedir que alguien hable, sino en negar su condición de sujeto capaz de producir conocimiento.
Dimensión política de la injusticia epistémicaLas virtudes individuales pueden contribuir a enfrentar la injusticia epistémica, pero resultan insuficientes cuando esta se encuentra sostenida por estructuras sociales de poder.Permite evitar una lectura exclusivamente individual del problema y dirigir la atención hacia las condiciones institucionales y sociales que producen y reproducen desigualdades epistémicas.
Del análisis de la justicia al análisis de la injusticiaFricker propone partir de experiencias concretas de injusticia para comprender las condiciones que debería reunir una práctica epistémica justa.Ofrece una estrategia de análisis: observar primero dónde y cómo se produce el daño epistémico para identificar posteriormente las condiciones necesarias para relaciones más justas de conocimiento.
Referencia

Fricker, Miranda (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.

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Río Zapote: organizarse para defender un río

La defensa del Río Zapote, en Upala, muestra cómo una preocupación compartida puede convertirse en organización, conocimiento y acción colectiva. Frente a los impactos asociados a la extracción de materiales, la comunidad ha aprendido a investigar, vigilar, exigir respuestas y construir acciones concretas para cuidar el río.

Del malestar a la organización

Las imágenes sobre el deterioro del río generaron preocupación, pero también una pregunta: ¿cómo pasar de la indignación a la acción? La respuesta fue comenzar a organizarse, convocar a personas comprometidas con el territorio y construir una capacidad colectiva para defender el río.

Una defensa que también pregunta por la justicia

La experiencia de los llamados areneros introduce otra dimensión del conflicto. Según el relato de la entrevista, alrededor de 60 familias habían desarrollado durante décadas una extracción artesanal de arena utilizando métodos tradicionales. Al mismo tiempo, el grupo cuestionó que existieran diferencias en la manera en que las instituciones trataban estas actividades frente a operaciones de mayor escala.

Esta situación llevó a acompañar a estas familias en la búsqueda de los permisos correspondientes. La defensa del río, entonces, también implica preguntarse quiénes pueden aprovechar sus materiales, bajo qué condiciones, con qué controles y cómo se distribuyen las cargas de la regulación.

Aprender a vigilar y conocer

La experiencia muestra que defender un río requiere aprender a seguir los procesos institucionales, investigar concesiones, revisar permisos y conocer los mecanismos mediante los cuales pueden autorizarse actividades de extracción. Para el grupo, una de las dificultades es que algunas decisiones pueden avanzar durante años antes de hacerse visibles para las comunidades.

Algunas ideas fuerza que deja esta experiencia:

  • -Convertir la preocupación en organización.
  • -Investigar y conocer antes de que el conflicto se vuelva irreversible.
  • -Dar seguimiento a permisos, concesiones y decisiones institucionales.
  • -Reconocer las particularidades sociales y económicas de cada territorio.
  • -Defender el río sin perder de vista a las comunidades que dependen de él.
  • -Articular denuncia, vigilancia, organización y acciones de cuidado.
Defender también es cuidar

La experiencia del Río Zapote no termina en la denuncia. En la parte alta de la cuenca también se han impulsado acciones de conservación: análisis de la calidad del agua, reforestación de las riberas, recolección de residuos y vigilancia de actividades que pueden afectar el río. La intención es ampliar estas acciones hacia otras comunidades y sumar a estudiantes y organizaciones locales.

La experiencia del Río Zapote nos deja así una pregunta para seguir profundizando: ¿cómo construir formas de defensa de los bienes comunes naturales que sean capaces de enfrentar los impactos, pero también de comprender las necesidades, desigualdades y relaciones que atraviesan los territorios?

Cuando defender un río nos hace mirar el territorio de otra manera

La experiencia de defensa del Río Zapote, junto con la lucha que se ha venido construyendo alrededor del Río Pizote, también está ampliando la manera de mirar el territorio. Ya no se trata únicamente de defender un río frente a una amenaza particular, sino de comenzar a reconocer las relaciones que existen entre los distintos ríos, sus comunidades y las actividades que transforman sus cuencas. Así, la defensa del Zapote y del Pizote empieza a encontrarse con una preocupación más amplia: la defensa de los ríos de Upala como parte de un mismo territorio vivo, donde lo que ocurre en un cauce, en una ribera o en una comunidad también puede tener consecuencias más allá de sus límites inmediatos. Esta mirada permite pasar de la defensa aislada de un río a preguntarse cómo cuidar las cuencas, cómo fortalecer las capacidades comunitarias y cómo construir otra forma de comprender y habitar el territorio.

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Disculpen las molestias: hoy cumple años Capusotto

Por Micky Vainilla-Especialista en orden, buenas costumbres y administración responsable del sentido común. Experto en decir lo políticamente incorrecto con una sonrisa y absoluta corrección. Consultor en autoridad, respeto, jerarquías y control de aquello que amenaza con volverse demasiado libre. Colaborador ocasional del Observatorio de Bienes Comunes.

Antes que nada, sentimos las molestias. Sabemos que hay temas importantes. El agua, la tierra, los ríos, los territorios, las comunidades, los contratos, los recortes. Temas serios, adultos, responsables. Temas que requieren documentos, reuniones, formularios y, cuando sea posible, una persona autorizada para explicarlos. Pero hoy cumple años Diego Capusotto y, por alguna razón que todavía estamos tratando de controlar, el Observatorio decidió hablar de humor. Si usted llegó hasta aquí esperando otra cosa, tenemos una recomendación muy sencilla: siga leyendo. Así podrá comprobar que efectivamente hay problemas.

Capusotto dice que “el humor es siempre anárquico”. Bueno, tampoco exageremos. Una cosa es reírse un rato y otra permitir que la gente se acostumbre a reírse de las instituciones, de las autoridades, de los discursos oficiales y de aquellas verdades que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido mantener en su sitio. Porque una sociedad ordenada necesita límites. Uno puede cuestionar, naturalmente, pero dentro de ciertos márgenes, con respeto, con prudencia y, preferiblemente, después de solicitar el permiso correspondiente. El humor, en cambio, tiene la pésima costumbre de aparecer sin autorización.

Y ahí empieza el problema. Porque uno se ríe y, mientras se ríe, puede comenzar a hacerse preguntas. ¿Por qué esto funciona así? ¿Quién decidió que fuera así? ¿Por qué esta autoridad dice una cosa y hace otra? ¿Por qué hay discursos que se presentan como verdades absolutas y, sin embargo, cuando uno los mira con un poco de humor comienzan a derretirse? Esto es particularmente inconveniente. Capusotto incluso habla de “demoler verdades que no son”. Yo preferiría algo menos agresivo: “revisar consensos consolidados”. Demoler suena a falta de respeto. Y ya sabemos que cuando algo lleva mucho tiempo en pie, inmediatamente aparece alguien preguntando por qué no lo dejamos tranquilo.

Pero quizá ahí está justamente la potencia del humor: en no dejar tranquilo aquello que se presenta como intocable. Capusotto cuenta que puede inventar una banda de rock contra Maradona, no porque tenga un problema personal con Maradona, sino porque incluso aquello que hemos convertido en símbolo puede ser puesto momentáneamente patas arriba. ¡Qué necesidad! Hay cosas que deberían permanecer sagradas. Aunque, pensándolo bien, quizá cuando algo necesita ser protegido permanentemente de la risa es porque la risa podría mostrar que no era tan sólido como parecía.

¿Y qué tiene que ver esto con los bienes comunes? Muchísimo, aunque entiendo que no sea inmediatamente evidente. Estamos acostumbrados a pensar lo común desde el agua, la tierra, los bosques o los territorios, pero también existen bienes comunes culturales: nuestras historias, memorias, palabras, músicas, imágenes, relatos, formas de creación y maneras de interpretar lo que vivimos. Son expresiones que circulan, se comparten, se transforman y vuelven a nosotros convertidas en algo diferente. No son piezas quietas ni pertenecen completamente a una sola persona: se alimentan de experiencias compartidas, de lenguajes construidos colectivamente y de la posibilidad de recrear aquello que recibimos.

Capusotto lo cuenta de una manera bastante peligrosa para quienes preferimos tener todo perfectamente ordenado: él pone la cara, pero reconoce que detrás hay una idea que circula y un trabajo colectivo con Pedro Saborido. Uno escribe, otro actúa, las ideas pasan de uno a otro y el resultado termina siendo algo más que la suma de sus partes. Una verdadera dificultad para quienes creemos que cada cosa debe tener propietario, etiqueta y responsable. Resulta que también podemos crear juntos, transformar lo que recibimos y devolverlo convertido en otra forma de expresión.

Y quizás ahí el humor produce conocimiento. No necesariamente el conocimiento que viene acompañado de una bibliografía de treinta páginas, aunque tampoco tenemos nada contra eso. Es otro tipo de conocimiento: el que aparece cuando una contradicción se vuelve visible, cuando una autoridad queda momentáneamente sin discurso, cuando una frase solemne empieza a sonar ridícula o cuando alguien consigue mirar de nuevo aquello que todos habían dejado de mirar. Reírse puede ser una manera de volver extraño lo que se había vuelto demasiado normal. Y esa capacidad de crear otras miradas, otras narraciones y otras formas de nombrar lo que vivimos también forma parte de lo que construimos culturalmente en común.

Por supuesto, no todo humor es maravilloso. También puede reproducir prejuicios, humillar y reforzar las mismas jerarquías que pretende cuestionar. Eso sería demasiado fácil. El asunto es otro: reconocer que la posibilidad de crear, imaginar, contar, reír y producir colectivamente nuestros propios sentidos sobre el mundo forma parte de los bienes comunes culturales. Porque si hasta el humor tiene que pasar por un comité de aprobación, quizá ya no estamos hablando de algo que se comparte, se transforma y se recrea, sino de un bien perfectamente administrado.

Así que sí, sentimos las molestias. Hoy, en el cumpleaños de Capusotto, hemos decidido hablar de humor. Una elección poco responsable, probablemente poco institucional y, si me permiten decirlo, bastante anárquica. Pero no se preocupen: mañana podemos volver a hablar de temas serios. Del agua, de la tierra, de los ríos, de los territorios. Eso sí, sería bueno que nadie se riera demasiado mientras lo hacemos.

Porque si esperaban que el Observatorio hablara de bienes comunes sin hablar de los bienes comunes culturales, del humor y de esa extraña posibilidad de crear sentidos sin pedir permiso… realmente no nos están leyendo.

Referencia:

Zarranz, Luis. (s. f.). Entrevista exclusiva a Diego Capusotto: “El humor es siempre anárquico”. Colectivo Al Margen. – https://www.barilochense.com/bariloche-social/almargen/entrevista-exclusiva-a-diego-capusotto.-el-humor-es-siempre-anarquico

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¿Adoctrinamos con el FEES?

Hay preguntas que llegan con respuesta incluida. “¿Adoctrinan en la Universidad Pública?” parece ser una de ellas. Pero en el Observatorio de Bienes Comunes decidimos hacer algo un poco más complicado: en vez de responder, salimos a preguntar.

Porque, si vamos a hablar de educación, quizá también tengamos que estar dispuestos a que nos sorprendan las respuestas.

En una de nuestras giras, David Menjívar, defensor ambiental y habitante de la comunidad de Birmania en Upala, conversó con Andrea Espinoza, estudiante universitaria. No había una clase convencional, ni una pizarra, ni una presentación de PowerPoint. Había una conversación entre personas con trayectorias diferentes, preguntas, experiencias y saberes construidos desde lugares distintos.

Y entonces volvió la pregunta: ¿esto es adoctrinamiento?

La sospecha de que conversar también puede ser adoctrinar

En el Observatorio nos hemos encontrado con una idea que aparece cada vez que hablamos de estas experiencias: que llevar estudiantes a comunidades, conversar con personas defensoras de los territorios o acercarse a distintas problemáticas sociales podría ser una forma de “adoctrinamiento”.

No queremos resolver aquí, de una vez y para siempre, si esa afirmación es correcta o incorrecta. Nos interesa más hacer algo que quizá resulte menos cómodo: mirar qué pasa realmente cuando ocurre el encuentro.

Por eso fuimos a preguntar ¿Qué aprende una estudiante cuando conversa con una persona que ha construido buena parte de sus conocimientos a partir de su propia experiencia comunitaria? ¿Qué sucede cuando una problemática deja de aparecer como un dato, una cifra o un concepto y adquiere un nombre, una historia, un territorio y una trayectoria de vida? ¿Qué ocurre cuando los saberes que habitualmente no aparecen en los programas de estudio entran en conversación con los conocimientos universitarios?

Quizá ahí haya algo que observar antes de ponerle una etiqueta.

Una vida no cabe en una estadística

Las comunidades suelen aparecer en los documentos institucionales de maneras bastante ordenadas: población, territorio, actividad económica, problemática ambiental, cantidad de personas afectadas. Pero una gira permite que esa comunidad aparezca de otra manera.

Aparecen las historias. Los recorridos. Las decisiones tomadas durante años. Las preocupaciones cotidianas. Las formas de organizarse. Los conflictos. Los aprendizajes. También aparecen las contradicciones y las preguntas que no tienen una respuesta sencilla.

La experiencia de una persona de comunidad no sustituye los contenidos formales ni pretende convertirse en una nueva autoridad incuestionable. Lo que hace es algo diferente: permite ampliar la mirada sobre aquello que estamos estudiando.

David no llega a la conversación solamente como alguien que “cuenta un caso”. Su trayectoria constituye un saber. Un saber construido caminando el territorio, enfrentando situaciones concretas, conversando con otras personas y participando en procesos comunitarios. Y reconocer eso también es parte del aprendizaje.

¿Quién aprende de quién?

Aquí aparece una pequeña complicación para la idea del adoctrinamiento.

Si una persona estudiante llega a una comunidad, escucha una experiencia, formula preguntas y encuentra respuestas que quizá no había considerado, ciertamente está aprendiendo.

Pero el aprendizaje tampoco termina ahí. Las personas de comunidad también pueden verse interpeladas por las preguntas de quienes llegan desde otros espacios. Al explicar su experiencia, pueden ordenar recuerdos, revisar ideas, ampliar reflexiones o descubrir nuevas preguntas sobre aquello que han vivido.

No se trata entonces de una transferencia de conocimiento en una sola dirección: alguien sabe y alguien aprende.

El encuentro puede producir un aprendizaje de doble vía. Y quizá ahí esté una de las dimensiones más interesantes de estas experiencias: los saberes no aparecen como objetos que una institución posee y entrega, sino como construcciones que pueden encontrarse, contrastarse y enriquecerse cuando distintas personas ponen en común sus experiencias.

Cuando el aula decide salir a caminar

También está la cuestión del lugar. La educación suele imaginarse dentro de determinados espacios: un aula, una universidad, una biblioteca, un laboratorio. Pero aprender también puede ocurrir caminando, visitando una comunidad, escuchando una historia o intentando comprender cómo una problemática se vive desde otro lugar.

La visita puede convertirse en un hecho educativo precisamente porque desplaza la educación de sus espacios habituales. No significa abandonar los contenidos, sino ponerlos en movimiento.

Una problemática ambiental estudiada desde un libro puede adquirir otras dimensiones cuando se escucha a quienes han convivido con ella. Una discusión sobre territorio puede cambiar cuando se reconoce que ese territorio no es solamente una superficie delimitada en un mapa, sino un espacio donde las personas construyen sus vidas. Una conversación sobre participación puede adquirir otro significado cuando se escucha a quienes llevan años intentando organizarse para defender aquello que consideran común.

El territorio no reemplaza al aula. Pero puede hacerle preguntas.

Entonces, ¿adoctrinamos?

Después de hacer la pregunta, no salimos corriendo a buscar una respuesta definitiva.

Tal vez porque el propio encuentro nos dejó otras preguntas.

¿Es adoctrinamiento reconocer que existen saberes construidos fuera de la universidad? ¿Es adoctrinamiento escuchar experiencias que contradicen nuestras propias certezas? ¿Es adoctrinamiento poner en conversación conocimientos diferentes y permitir que quienes participan formulen sus propias preguntas? ¿O será que parte del problema está en imaginar que aprender consiste únicamente en recibir contenidos previamente organizados?

No pretendemos resolver estas preguntas por decreto. Mucho menos desde el Observatorio.

Preferimos seguir preguntando. Porque si algo hemos aprendido en estas experiencias es que educar también puede significar encontrarse con aquello que no sabíamos que íbamos a encontrar.

Y eso puede ser bastante incómodo para cualquiera que espere que la educación funcione como una máquina de respuestas.

Una conversación, no una receta

La conversación entre David y Andrea no pretende representar todas las experiencias comunitarias ni todas las experiencias estudiantiles. Es un encuentro particular, entre personas particulares, en un momento particular.

Precisamente por eso nos interesa. Porque permite mirar la educación desde las trayectorias concretas de quienes participan en ella.

Las personas no llegan vacías a estos encuentros. Llegan con historias, conocimientos, dudas, experiencias y condiciones de vida distintas. Reconocerlo permite comprender que la construcción de saberes también ocurre cuando esas experiencias entran en relación.

Y allí aparece una dimensión política de la educación que no necesita convertir la conversación en una receta: reconocer a las personas como sujetos capaces de interpretar sus realidades, construir conocimientos y participar en la transformación de aquello que viven.

Quizá por eso seguimos saliendo de gira. No porque tengamos todas las respuestas. Sino porque todavía tenemos demasiadas preguntas.

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¿Hasta dónde podemos cavar un río sin cambiarlo?

Las consecuencias de profundizar y ampliar el cauce de un río.

Cuando hablamos de extracción de material en un río, solemos preguntarnos cuánto material se retira: piedras, arena, grava u otros sedimentos. Pero hay otra pregunta fundamental: ¿qué pasa con el río cuando para extraer ese material necesitamos profundizar y ampliar su cauce?

La diferencia es importante. Cuando la extracción modifica de manera significativa el fondo y las márgenes, ya no se trata solamente de sacar material: estamos interviniendo la forma en que funciona el río.

Un río no es simplemente un lugar por donde pasa el agua. Su profundidad, ancho, fondo y márgenes se han construido y transformado mediante el movimiento del agua y los sedimentos, junto con la vegetación y los organismos que lo habitan. Las piedras, arenas y gravas tampoco están simplemente «de más»: se movilizan, se depositan y participan en la formación de pozas, rápidos, acumulaciones y diferentes ambientes dentro del cauce.

Por eso, un río no funciona como una cantera a cielo abierto por la que simplemente pasa agua.

¿Qué pasa cuando profundizamos el cauce?

Profundizar significa retirar material del fondo para hacerlo más hondo. Aunque pueda parecer que así simplemente se crea más espacio para el agua, la profundidad del cauce está relacionada con la velocidad y distribución de la corriente, el transporte de sedimentos y la estabilidad de las márgenes.

Cuando se baja artificialmente el fondo, estas relaciones cambian. El agua puede encontrar nuevas condiciones para erosionarlo y también para erosionar las orillas. Si se ha retirado más material del que el sistema puede reponer, el río puede comenzar a movilizar sedimentos desde otros sectores para compensar esa pérdida.

Dicho de manera sencilla: sacar material de un sitio puede hacer que el río busque material en otros sitios.

Por eso, una extracción localizada puede producir cambios aguas arriba, aguas abajo o en las propias márgenes. El problema no necesariamente termina donde termina la maquinaria.

¿Y qué ocurre cuando además ampliamos el cauce?

Ampliar el cauce significa modificar lateralmente el espacio por donde circula el agua: retirar material de las márgenes, desplazar las orillas o transformar sectores que antes tenían otra forma.

Las orillas no son simplemente el límite entre el agua y la tierra. Allí se encuentran raíces, vegetación, materia orgánica, sedimentos y organismos que también contribuyen a regular cómo se mueve el agua y cómo se distribuye su energía.

Cuando estas estructuras son eliminadas o transformadas, pueden cambiar la corriente, los lugares donde se acumulan los sedimentos y las condiciones de las márgenes. También pueden desaparecer o modificarse pozas, sectores de corriente rápida, acumulaciones de grava y otros espacios utilizados por distintas especies.

Profundizar y ampliar un cauce significa, en conjunto, modificar la geometría del río.

Y cuando cambia la geometría, cambia también la manera en que el agua y los sedimentos se mueven.

La presión por encontrar «la parte buena»

Hay una situación que ayuda a comprender esta dinámica. Si el material que se busca tiene determinadas características o un mayor valor comercial, puede ser necesario remover primero las capas que se encuentran encima.

Entonces la extracción puede no detenerse al retirar el material superficial. Si para encontrar «la parte buena» hay que seguir excavando, aparece una presión para profundizar cada vez más el cauce.

Aquí se enfrentan dos maneras de mirar el río.: Una lo entiende como un depósito de materiales que deben retirarse hasta encontrar aquello que tiene valor. La otra lo entiende como un sistema vivo, donde cada capa del fondo participa en su funcionamiento.

La pregunta deja de ser únicamente: ¿Cuánto material todavía se puede sacar? Y pasa a ser: ¿Qué ocurre con el río cuando para sacar ese material tenemos que cambiar su profundidad y su ancho?

Un río también necesita su material

Las piedras, arenas y gravas del fondo forman parte de la dinámica del río. Las crecidas las movilizan y las depositan nuevamente en otros sectores. Cuando la extracción supera la capacidad del sistema para reponer esos materiales, puede producirse un desequilibrio que favorezca la erosión del fondo, la modificación de las márgenes y la redistribución de sedimentos.

El río continúa transportando agua y sedimentos después de que las máquinas se retiran. Lo que cambia es el punto de partida desde el cual continúa haciendo su trabajo.

Por eso, observar la extracción implica mirar más allá del lugar donde entra la maquinaria: ¿qué profundidad alcanza?, ¿cuánto se ha ampliado el cauce?, ¿qué ocurre con las márgenes?, ¿cómo se mueve el sedimento después de la intervención?, ¿qué cambios aparecen aguas arriba y aguas abajo?

¿Y qué pasa con el agua que se infiltra?

Cuando se modifica profundamente el fondo de un río, también puede cambiar la relación entre el agua que vemos correr y el agua que se encuentra debajo del suelo.

El fondo del río no es una superficie impermeable. El agua puede moverse entre los sedimentos y el subsuelo, y en determinadas condiciones una parte del agua del río puede infiltrarse hacia capas subterráneas. También puede ocurrir el proceso contrario: el agua almacenada bajo tierra puede regresar al río y contribuir a mantener su caudal, especialmente durante los períodos en que llueve menos.

Cuando se extraen grandes cantidades de arena, grava y piedras, y se profundiza o limpia intensivamente el fondo, estas relaciones pueden modificarse. Al cambiar la profundidad y las características de los materiales que forman el lecho, también cambian las condiciones en las que el agua circula entre el río y el subsuelo.

Esto es importante porque el agua que entra al suelo no desaparece del ciclo del agua. Puede almacenarse temporalmente bajo tierra, desplazarse hacia otros lugares y, dependiendo de las condiciones, volver a aparecer en nacientes, quebradas o en el propio río.

Por eso, intervenir el cauce también significa intervenir una parte del camino que sigue el agua.

El problema es que no siempre podemos observar estos cambios a simple vista. Una excavación puede verse únicamente como un fondo más profundo o un cauce más amplio, mientras que debajo de esa superficie pueden estar cambiando los intercambios entre el agua superficial y el agua subterránea.

Y aquí aparece una pregunta que suele quedar fuera cuando hablamos de extracción: ¿Qué pasa con el agua que ya no se mueve por el río de la misma manera que antes?

El ciclo del agua también pasa por el río

La lluvia que cae sobre un territorio puede tomar diferentes caminos. Una parte corre por la superficie, otra se infiltra en el suelo, otra es utilizada por las plantas y otra puede almacenarse temporalmente en depósitos de agua subterránea. Los ríos conectan muchos de estos procesos.

Por eso, cuando cambia la forma del cauce, no estamos modificando solamente el lugar por donde circula el agua. Podemos estar modificando la velocidad con que se mueve, los lugares donde se almacena temporalmente, la relación con el subsuelo y la forma en que el agua vuelve a circular por el territorio.

Esto también ayuda a entender por qué las consecuencias de una extracción pueden aparecer mucho después y lejos del punto donde se realizó.

Una modificación del fondo puede favorecer procesos de erosión, cambiar la distribución de los sedimentos y alterar la relación del río con sus márgenes y con el subsuelo. Y todos estos procesos están conectados con la manera en que el territorio recibe, mueve, almacena y devuelve el agua.

El río, entonces, no es solamente un canal que lleva agua de un lugar a otro. También forma parte de la infraestructura natural mediante la cual el territorio regula el movimiento del agua.

Por eso, cuando preguntamos cuánto material podemos extraer, también deberíamos preguntarnos: ¿Qué transformaciones estamos provocando en el camino que sigue el agua?

¿Qué pasa con las actividades de las comunidades?

El río tampoco es solamente un sistema físico o ecológico. Es parte de la vida cotidiana de las comunidades.

Un río puede ser espacio de recreación, encuentro y descanso; un lugar para bañarse, nadar, pescar y compartir en familia; un espacio vinculado al turismo local y a actividades como cabalgatas u otras formas de disfrute del territorio. También puede utilizarse como abrevadero para animales y estar relacionado con actividades productivas y cotidianas.

Estas posibilidades dependen de determinadas condiciones del río.

Una poza que desaparece, una corriente que cambia, una orilla que se vuelve inestable o un sector que modifica su profundidad pueden parecer cambios menores desde la perspectiva de quien extrae material. Para quienes utilizan ese espacio, pueden significar la pérdida o transformación de un lugar construido y disfrutado durante años.

Por eso, no se trata solamente de preguntarnos qué material sale del río, sino también: ¿Qué usos y posibilidades permanecen en el río después de que ese material sale?

El río que queda

Hablar de extracción en un río implica mirar el proceso completo: cuánto material se retira, de dónde, qué profundidad alcanza la extracción, cuánto se modifica el ancho del cauce, qué ocurre con las márgenes y cómo responde el río después. Pero también implica mirar aquello que muchas veces queda fuera de las discusiones técnicas: los usos y relaciones que las comunidades han construido alrededor del río.

Porque un río no es solamente agua ni una reserva de materiales. Es también un espacio de vida, recreación, trabajo, encuentro y relación con el territorio. La discusión sobre la extracción, entonces, no termina cuando el material sale en un camión. También tenemos que mirar el río que queda.

Cuando “arrecostar” el río también transforma su cauce

En este video, una persona vecina comparte imágenes de los trabajos que se están realizando para “arrecostar” el río, modificando y acercando sus márgenes. Estas intervenciones pueden parecer puntuales, pero adquieren otra dimensión cuando ocurren en un río que ya está siendo excavado y sometido a una extracción intensiva de materiales.

Profundizar el fondo, ampliar o modificar las márgenes y remover sedimentos no son acciones independientes: juntas pueden transformar la forma del cauce, la circulación del agua, el movimiento de los sedimentos y la relación del río con sus orillas y el subsuelo.

Las imágenes nos invitan a mirar más allá de la maquinaria y preguntarnos: ¿qué río estamos construyendo con cada una de estas intervenciones?

This monument near Tinglayan in Kalinga province. Philippines, commemorates three tribal leaders killed during resistance to the Chico River dam project in the 1980s.

¿Qué precio tiene defender la naturaleza? 124 personas defensoras asesinadas en 2025 ¿qué señales no estamos viendo?

Una lectura del informe de Global Witness sobre la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente

Pueden descargar el informe completo aquí

¿Qué ocurre antes de que una amenaza se convierta en un ataque? ¿Cómo reconocer que un conflicto territorial está cambiando de escala? ¿Qué sucede cuando una comunidad empieza a ser presentada como un obstáculo, una organización como una amenaza o una persona defensora como alguien que debe ser silenciado?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente, publicado por Global Witness en septiembre de 2026, parte de una realidad difícil de ignorar: durante 2025 fueron asesinadas 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de larga duración. Pero el propio informe advierte que estas cifras no alcanzan a mostrar toda la dimensión de la violencia. Muchos casos no llegan a denunciarse o no pueden verificarse, particularmente allí donde existen conflictos armados, represión y restricciones al espacio cívico.
Por eso, quizá una de las preguntas más importantes que deja este informe no sea solamente cuántas personas fueron asesinadas, sino qué ocurre antes de llegar a ese extremo.

Global Witness describe los asesinatos como la parte visible de un «iceberg oculto» de agresiones. Debajo aparecen la criminalización, las amenazas, las campañas de desprestigio, la intimidación y el acoso, incluyendo el uso de redes sociales para desacreditar y aislar a quienes defienden sus territorios. Esta mirada permite comprender que la violencia no siempre comienza con una agresión física. Puede comenzar mucho antes, cuando se intenta debilitar la legitimidad de una comunidad, fragmentar sus vínculos, instalar miedo o convertir la defensa de un derecho en algo sospechoso.

El informe también muestra que estas situaciones no aparecen desconectadas. Más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025 estuvieron vinculados con conflictos por la tierra, mientras que otros estuvieron relacionados con minería, explotación forestal, agroindustria, energía, agua e infraestructura. Al mismo tiempo, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento del espacio cívico y la presencia del crimen organizado pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades.
Así, defender un territorio no ocurre en un vacío. Ocurre dentro de relaciones de poder concretas.

Cuando la amenaza empieza a parecer normal

Una lectura crítica de nuestros propios contextos puede ayudarnos a mirar aquello que muchas veces se vuelve cotidiano y, precisamente por eso, deja de llamar nuestra atención.

No todas las situaciones de conflicto anuncian necesariamente una agresión grave. Tampoco cada desacuerdo con una empresa, una institución o una autoridad significa que exista una estrategia de persecución. Pero el informe permite identificar patrones que conviene observar colectivamente, especialmente cuando comienzan a acumularse.

Una primera señal aparece cuando cambia la manera en que se habla de quienes defienden un territorio. ¿Una comunidad comienza a ser presentada como enemiga del desarrollo? ¿Una organización es descrita como un obstáculo para la inversión? ¿Se cuestiona públicamente la legitimidad de quienes participan en una defensa territorial? En el informe, este tipo de estigmatización aparece vinculada con otras formas de presión y con intentos de aislar a las personas defensoras de sus propias comunidades.

Otra señal puede encontrarse en la aparición de mecanismos de criminalización: denuncias, procesos judiciales, acusaciones desproporcionadas o utilización de normas relacionadas con seguridad, terrorismo, orden público o difamación para restringir la acción colectiva. Global Witness identifica la criminalización como una de las formas no letales de represalia y llama la atención sobre legislaciones que pueden ser utilizadas para silenciar el activismo pacífico.

También resulta importante observar aquello que sucede alrededor del territorio. ¿Aparecen nuevos proyectos, concesiones, cambios de uso del suelo o intereses económicos? ¿Se acelera alguna decisión institucional? ¿Existen procesos de consulta que dejan de ser significativos? ¿Comienzan a aparecer actores desconocidos en la zona? ¿Se incrementan las disputas por la tierra o el acceso a determinados recursos?

El informe muestra que la inseguridad en la tenencia de la tierra constituye un factor importante de riesgo y que los conflictos territoriales pueden abrir el camino a nuevos ataques. También documenta vínculos entre proyectos extractivos y violencia contra personas defensoras.

Y hay otra dimensión que merece atención: la acumulación. Una campaña de desprestigio puede parecer menor. Una denuncia aislada puede parecer un asunto administrativo. Una vigilancia puede interpretarse como casualidad. Una amenaza puede ser considerada un episodio individual. Pero cuando distintas formas de presión aparecen simultáneamente, quizá sea necesario dejar de leerlas como hechos separados y comenzar a preguntarnos qué relación existe entre ellas.

Leer críticamente el contexto significa, entonces, no esperar a que la violencia sea evidente para empezar a organizarnos.

Las amenazas no siempre tienen el mismo rostro

El informe permite realizar una generalización importante, aunque necesariamente abierta a las particularidades de cada territorio: las amenazas contra quienes defienden el ambiente y el territorio suelen combinar dimensiones físicas, jurídicas, económicas, territoriales, comunicativas y comunitarias.

Pueden aparecer como amenazas directas o como hostigamiento; como procesos judiciales o campañas de difamación; como vigilancia o restricciones a la movilidad; como desplazamiento y despojo; como debilitamiento de las organizaciones; como militarización; como presión económica; o mediante el cierre de espacios para participar y reclamar derechos.

Las mujeres, además, enfrentan formas persistentes de agresión no letal. El informe recoge datos de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que documentó, entre 2012 y 2023, más de 30.000 agresiones no letales contra mujeres defensoras en México y Centroamérica, entre ellas acoso, desprestigio, amenazas verbales, vigilancia y violencia psicológica.

Esto obliga a ampliar nuestra idea de seguridad. La seguridad no puede reducirse a evitar una agresión física. También implica poder participar, organizarse, comunicarse, desplazarse, habitar el territorio, sostener los vínculos comunitarios y defender derechos sin que esas acciones se conviertan en motivos de persecución.

Por eso, una lectura crítica de nuestros contextos podría comenzar con algunas preguntas sencillas: ¿qué está cambiando en el territorio?, ¿quiénes están adquiriendo capacidad de decisión?, ¿qué intereses aparecen?, ¿cómo se está hablando de quienes cuestionan esos cambios?, ¿qué mecanismos institucionales se están utilizando?, ¿qué ocurre con quienes levantan la voz?, ¿se están produciendo formas de aislamiento o fragmentación?, ¿qué respuestas existen cuando aparece una primera señal de alerta?

No se trata de vivir bajo sospecha permanente. Se trata de desarrollar una capacidad colectiva para leer las transformaciones que pueden afectar la vida comunitaria.

Defenderse también es construir comunidad

Frente a este panorama, el informe propone una idea especialmente sugerente: la protección no debería pensarse únicamente alrededor de una persona amenazada.

Las personas defensoras rara vez son atacadas solamente por lo que hacen como individuos. Muchas veces son atacadas por formar parte de comunidades, organizaciones y movimientos que defienden tierras, territorios, ecosistemas y derechos colectivos. Por eso, Global Witness plantea trascender los modelos exclusivamente individuales y fortalecer formas de protección colectiva.

Esta perspectiva cambia la pregunta. Ya no se trata solamente de cómo proteger a quien recibe una amenaza, sino de cómo fortalecer las condiciones colectivas que permiten que una comunidad pueda seguir existiendo, organizándose y defendiendo aquello que considera fundamental para su vida.

El ejemplo de las guardias indígenas presentado en el informe permite observar esta dimensión. En la Amazonía peruana, el pueblo Kakataibo creó una estructura comunitaria con presencia en distintas comunidades, una asamblea general y mecanismos propios para monitorear amenazas, responder ante ellas y decidir colectivamente qué hacer.

No se trata de trasladar mecánicamente esta experiencia a otros territorios. Su importancia está en mostrar que la protección puede construirse desde los propios conocimientos, formas de gobierno, relaciones comunitarias y capacidades organizativas existentes.

Global Witness identifica allí algunos componentes de la protección colectiva: liderazgo comunitario, autodeterminación, solidaridad, monitoreo de riesgos, documentación de abusos, cohesión social y capacidad de actuar colectivamente. También señala la importancia de contar con condiciones materiales y políticas que hagan posible esa protección, como el reconocimiento de la tenencia de la tierra, la participación significativa, el respeto de las formas comunitarias de gobernanza y espacios cívicos seguros.

Esto permite pensar la defensa de otra manera. Defender no es solamente reaccionar ante una amenaza. También es construir capacidades antes de que la amenaza aparezca.

Es saber quiénes están en el territorio y qué está cambiando. Es mantener comunicación. Es documentar. Es cuidar los vínculos. Es compartir información. Es evitar que una persona quede aislada. Es construir alianzas. Es reconocer conocimientos locales. Es generar mecanismos comunitarios para tomar decisiones cuando aparecen situaciones de riesgo. Y también es sostener espacios de cuidado, porque el miedo, el desgaste y la presión prolongada afectan a quienes defienden y a las comunidades que los acompañan.

El propio informe señala que la protección colectiva contribuye al bienestar y al cuidado psicosocial del colectivo y que las estrategias más sostenibles suelen apoyarse en la autodeterminación, el control territorial, el cuidado colectivo y la capacidad de las comunidades para definir sus propias formas de defensa.

Del miedo individual a la capacidad colectiva

Quizá una de las principales provocaciones de Poder colectivo consiste en obligarnos a desplazar la mirada. No basta con contar las agresiones cuando ya ocurrieron. Tampoco basta con proteger a una persona mientras las condiciones que producen la amenaza permanecen intactas.

Necesitamos aprender a leer los contextos, reconocer las señales, identificar cómo se acumulan distintas formas de presión y preguntarnos qué capacidades tenemos, como comunidad, organización, colectivo o movimiento para responder.

El informe recomienda precisamente desarrollar sistemas de alerta temprana capaces de identificar patrones emergentes de violencia y actuar antes de que ocurran los ataques. También plantea que estos mecanismos incorporen la participación de las propias personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil.

Esta propuesta puede leerse más allá de un mecanismo institucional. También puede convertirse en una pregunta organizativa: ¿cómo aprendemos colectivamente a reconocer aquello que amenaza la vida antes de que la amenaza se vuelva irreversible?

La defensa del territorio puede ser, entonces, también una práctica de aprendizaje. Aprender a mirar. Aprender a escuchar. Aprender a documentar. Aprender a cuidarnos. Aprender a reconocer cuándo un conflicto está cambiando. Aprender a no dejar sola a una persona. Aprender a construir redes antes de necesitarlas.

Porque frente a amenazas que buscan fragmentar, aislar y generar miedo, la respuesta colectiva no consiste únicamente en sumar más personas a una protesta. Consiste en construir una trama de relaciones capaz de sostener la vida, la memoria, la organización y la capacidad de decidir.

Y quizá ahí esté una de las preguntas que este informe deja abierta para nuestros propios territorios: ¿Qué necesitamos aprender colectivamente para defendernos antes de que sea demasiado tarde?

El informe Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente puede consultarse como una invitación a mirar estas preguntas desde las experiencias de quienes, en distintos lugares del mundo, continúan defendiendo la tierra, el agua, los bosques, las comunidades y las posibilidades de una vida digna.

Leer las amenazas antes de que se vuelvan violencia

Las agresiones contra quienes defienden el territorio y el ambiente no aparecen necesariamente de un momento a otro. Pueden comenzar con discursos que deslegitiman, formas de vigilancia, presiones sobre las organizaciones, procesos de criminalización o transformaciones en el territorio que, acumuladas, configuran escenarios de mayor riesgo. Por eso, reconocer las amenazas implica también aprender a observar sus señales, identificar cambios en el contexto y preguntarnos colectivamente qué está ocurriendo, a quiénes afecta y cómo están cambiando las condiciones para organizarse y defender la vida. La siguiente matriz propone algunas claves para esa lectura; no busca establecer una fórmula para predecir la violencia, sino ayudar a reconocer patrones, acumulaciones y señales que merecen atención colectiva.

Amenaza¿Cómo puede manifestarse?Señales de alerta para leer el contexto
Estigmatización y difamaciónPresentar a personas, organizaciones o comunidades como enemigas del desarrollo, conflictivas, radicales o vinculadas con intereses ajenos.Aumento de mensajes públicos contra quienes participan; circulación de rumores; cuestionamientos sistemáticos sobre su legitimidad; campañas en redes sociales; intentos de desacreditar liderazgos.
Intimidación y amenazasMensajes, advertencias, hostigamiento o acciones destinadas a generar miedo y desalentar la participación.Aparición de mensajes anónimos o advertencias; seguimiento inusual; presencia reiterada de personas desconocidas; cambios en las formas de comunicación; personas que comienzan a retirarse de las actividades por temor.
CriminalizaciónUso de denuncias, procesos judiciales o normas para obstaculizar la defensa del territorio y la acción colectiva.Incremento de denuncias contra integrantes de una organización; acusaciones desproporcionadas; utilización reiterada de determinadas figuras legales; procesos dirigidos contra quienes ejercen roles visibles.
Vigilancia y seguimientoObservación de personas, reuniones, actividades comunitarias o comunicaciones con el propósito de conocer y controlar la organización.Personas desconocidas en reuniones; preguntas insistentes sobre actividades y participantes; registro o seguimiento de actividades; cambios inexplicados en la seguridad de espacios o comunicaciones.
Hostigamiento y acosoPresiones reiteradas dirigidas a desgastar emocional, económica o socialmente a quienes participan en la defensa.Contactos insistentes; interrupciones constantes de actividades; presiones sobre familias o espacios de trabajo; aparición de conflictos dirigidos hacia determinados liderazgos.
Presiones sobre el territorioCambios, proyectos, concesiones o decisiones que pueden afectar tierras, agua, bosques, costas u otros bienes comunes.Aparición de nuevos proyectos o actores; cambios acelerados en usos del territorio; procesos de permisos o decisiones poco transparentes; presión para aceptar acuerdos; reducción de espacios de participación.
Despojo o desplazamientoPérdida o amenaza sobre la permanencia de comunidades en sus territorios y sobre sus formas de vida.Conflictos crecientes por la tenencia de la tierra; ocupaciones o intentos de apropiación; presión para abandonar el territorio; cambios en las condiciones de acceso o permanencia.
Violencia físicaAgresiones dirigidas contra personas defensoras o comunidades.Escalada de amenazas previas; presencia de actores violentos; ataques contra infraestructura comunitaria; agresiones que comienzan a repetirse o dirigirse contra más integrantes de la organización.
Violencia contra la comunidadEl objetivo deja de ser una persona y pasa a ser la organización, comunidad o movimiento en su conjunto.Aumento simultáneo de distintas formas de presión; ataques contra varios liderazgos; división interna; desplazamiento; restricciones a reuniones o actividades comunitarias.
Cierre del espacio cívicoObstáculos para reunirse, protestar, organizarse, informar o participar en decisiones públicas.Restricciones a reuniones; obstáculos administrativos; vigilancia de actividades públicas; discursos que cuestionan el derecho a protestar; reducción de espacios de participación.
Militarización o respuestas de seguridadPresencia o intervención de fuerzas de seguridad en contextos de conflicto territorial, con posibles efectos sobre las comunidades.Incremento de presencia armada; controles o restricciones de movilidad; cambios en las dinámicas cotidianas del territorio; tratamiento de un conflicto social como problema exclusivamente de seguridad.
Aislamiento y fragmentaciónIntentos de separar a las personas defensoras entre sí o debilitar los vínculos comunitarios y organizativos.Conflictos internos que aparecen o se intensifican; presión diferenciada sobre determinados liderazgos; rumores dirigidos contra organizaciones; disminución de la comunicación y participación.
ImpunidadFalta de investigación o respuesta frente a agresiones, lo que puede favorecer su repetición.Denuncias que no avanzan; ausencia de información sobre investigaciones; repetición de agresiones; falta de respuesta institucional ante señales previamente documentadas.
¿Seguridad para quién?

En Costa Rica, la seguridad ocupa un lugar central en el discurso político del Estado y del gobierno. Sin embargo, esta preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa desde quienes defienden los territorios. Durante su gobierno, el entonces presidente Rodrigo Chaves se refirió públicamente al Acuerdo de Escazú para transmitir al sector privado que podía estar tranquilo y que el acuerdo no avanzaría. Más allá de las implicaciones políticas de aquella posición, la escena permite formular una pregunta incómoda: ¿por qué la tranquilidad del sector privado frente a las personas defensoras ambientales parece formar parte de la conversación sobre seguridad, mientras la seguridad de quienes defienden el ambiente aparece mucho menos en ella?

El contraste resulta particularmente sugerente frente al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que plantea la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

La pregunta, entonces, puede formularse con cierta ironía: si el sector privado puede recibir garantías para estar tranquilo, ¿quién garantiza la tranquilidad de quienes defienden los territorios? Y todavía más: ¿qué entendemos por seguridad cuando una persona que denuncia una amenaza ambiental puede terminar siendo presentada como el problema, mientras aquello que amenaza al territorio permanece fuera de esa conversación?

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¿De quién es la nube? Centros de datos, bienes comunes y territorio en Costa Rica

Antes de leer: escucha lo que suena la nube

Antes de sumergirte en esta nota, te proponemos algo poco habitual: escuchar un centro de datos.

El video que acompaña a este texto no muestra paisajes ni personas. No hay entrevistas ni gráficos. Solo el sonido ambiente de una instalación real: el zumbido constante de los ventiladores, el rumor mecánico de los sistemas de refrigeración, el pulso eléctrico de miles de servidores trabajando sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es un sonido que muchas comunidades vecinas conocen demasiado bien. Lo escuchan al despertar, al intentar dormir, al trabajar, al conversar. Es un sonido que no se detiene y que, en muchos casos, se convierte en una presencia permanente que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida.

La nube, esa metáfora que usamos para hablar de lo digital, suena. Y suena fuerte.

Te invitamos a escuchar el video con atención. Sube el volumen si puedes. Cierra los ojos si quieres. Imagina que ese sonido está frente a tu casa, a pocos metros de tu ventana, y que no va a detenerse. Porque para muchas personas, esa es la realidad cotidiana de vivir cerca de un centro de datos.

Una vez que hayas escuchado, te invitamos a leer el resto de la nota. Allí encontrarás datos, contextos y preguntas sobre lo que significa construir esta infraestructura en nuestros territorios. Pero antes, el sonido. Porque la nube no es silenciosa. Y tampoco es inmaterial.

Cuando hablamos de la nube solemos imaginar un espacio casi inmaterial donde se almacenan nuestros archivos, circulan nuestras comunicaciones y funcionan las aplicaciones que utilizamos todos los días. Sin embargo, la nube tiene una geografía concreta. Detrás de cada servicio digital existen edificios, servidores, cables, sistemas de refrigeración, redes eléctricas, agua, minerales y trabajo humano. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está haciendo crecer rápidamente esta infraestructura y, con ella, también la demanda de recursos que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada.

Costa Rica no está al margen de este proceso. El país ya cuenta con infraestructura de centros de datos y las proyecciones disponibles apuntan a un crecimiento importante de la demanda durante los próximos años. Una estimación reciente identifica 18 centros de datos operados por 11 proveedores y señala una fuerte concentración de esta capacidad en San José (Camarillo, 2026). Este crecimiento obliga a ampliar una conversación que hasta ahora suele presentarse principalmente en términos de inversión, conectividad e innovación tecnológica.

La pregunta es sencilla: ¿qué necesita el país para sostener esta nueva infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos?

La nube tiene territorio y también tiene sed

Un centro de datos no es solamente un conjunto de computadoras. Es una infraestructura física que debe operar continuamente y que requiere electricidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo. Los servidores producen calor y ese calor debe ser disipado de manera permanente. Por eso, el funcionamiento de la economía digital está estrechamente relacionado con los flujos de energía, agua y materiales.

El estudio The Cloud Is Material(2022) propone precisamente mirar la nube desde esta dimensión material. Los servicios digitales descansan sobre una infraestructura que consume energía y agua, utiliza minerales y componentes electrónicos, produce calor y genera residuos. Lo que parece ocurrir en un espacio virtual depende, en realidad, de territorios concretos.

Un aspecto crítico, y a menudo pasado por alto, es el consumo de agua. Un estudio publicado en npj Clean Water (2021) revela que los centros de datos consumen agua de dos formas principales: de manera indirecta, a través de la generación de electricidad (especialmente en plantas termoeléctricas que requieren agua para enfriarse), y de manera directa, para refrigerar los servidores. Para dimensionar esto, un centro de datos mediano (15 MW) puede usar tanta agua como tres hospitales promedio o más de dos campos de golf de 18 hoyos. A nivel global, se estima que en 2014 los centros de datos en Estados Unidos consumieron 626 mil millones de litros de agua, una cifra que, aunque parece pequeña frente al consumo total del país, compite directamente con otros usuarios por recursos locales, a menudo en zonas de estrés hídrico.

El estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos miden su consumo de agua, y que en muchos casos más de la mitad del agua utilizada proviene de fuentes potables. Esto ha generado controversia en regiones donde el agua es un recurso escaso, ya que las instalaciones compiten con las comunidades locales por el acceso al agua potable.

Costa Rica ante una nueva demanda

La discusión adquiere mayor relevancia si consideramos las proyecciones de crecimiento. Si la demanda de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de datos aumenta significativamente durante la próxima década, sus efectos no se limitarán a los edificios donde funcionen los servidores. Será necesario ampliar redes eléctricas, sistemas de conectividad, infraestructura de agua y otros servicios que permiten sostenerlos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos centros de datos puede atraer Costa Rica, sino qué tipo de expansión resulta compatible con las condiciones sociales, ambientales y territoriales del país.

Esto también obliga a mirar los impactos más allá del consumo de recursos. Estas instalaciones ocupan suelo, generan calor y ruido, requieren equipos que deben ser sustituidos periódicamente y forman parte de una cadena global de extracción de minerales, fabricación de componentes, transporte y generación de residuos electrónicos. La infraestructura digital no empieza cuando encendemos una computadora ni termina cuando cambiamos un servidor: forma parte de un ciclo material mucho más amplio.

Al mismo tiempo, no todos los centros de datos tienen la misma escala ni producen las mismas presiones. Por eso sería un error reducir la discusión a una oposición entre tecnología y ambiente. El desafío consiste más bien en distinguir las diferentes necesidades y escalas de infraestructura, comprender sus impactos y establecer condiciones adecuadas para cada territorio. La eficiencia energética (medida por el PUE, por sus siglas en inglés) ha mejorado mucho en los centros de datos de hiperescala, pero esto no elimina el consumo de agua, especialmente la que se usa para generar la electricidad que los alimenta.

Una discusión sobre bienes comunes

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esta discusión permite mirar algo que suele quedar oculto. Los centros de datos pueden ser instalaciones privadas, pero su funcionamiento depende de sistemas y recursos que tienen una dimensión colectiva: electricidad, agua, territorio, conectividad, infraestructura pública, conocimientos y condiciones ambientales.

Esto no significa que el uso empresarial de estos recursos sea necesariamente problemático. Significa que debemos preguntarnos bajo qué condiciones ocurre esa relación. Cuando una actividad económica requiere de manera intensiva recursos y sistemas construidos socialmente, resulta legítimo discutir cómo se distribuyen sus beneficios, quién asume sus costos y qué mecanismos existen para garantizar la participación y el control público.

La falta de transparencia es un problema central. El estudio sobre agua señala que ni siquiera los tres grandes proveedores de nube (Amazon, Google y Microsoft) publican datos completos sobre su consumo de agua. Amazon, por ejemplo, no publica ninguna cifra, mientras que Google y Microsoft solo ofrecen datos agregados que no permiten distinguir cuánto corresponde a los centros de datos ni desglosan las fuentes de agua. Esto dificulta enormemente la evaluación de impactos y la rendición de cuentas.

La experiencia internacional muestra que algunos de los conflictos asociados con centros de datos aparecen precisamente alrededor del agua, la energía, el uso del suelo, el ruido y el acceso a la información. Esto debería servirnos menos como una advertencia alarmista que como una oportunidad para anticiparnos.

Costa Rica todavía tiene margen para discutir estas condiciones antes de que la expansión de esta infraestructura se convierta en una sucesión de decisiones aisladas. La planificación energética y territorial, la protección de las fuentes de agua, la transparencia sobre los proyectos, la evaluación de sus impactos acumulativos y la participación de las comunidades deberían formar parte de esta conversación.

Porque la pregunta no es si queremos vivir en una sociedad digital. Ya lo hacemos.

La cuestión es qué infraestructura queremos construir para sostenerla y qué relación queremos establecer entre esa infraestructura, nuestros territorios y nuestros bienes comunes.

¿De quién es la nube?

La nube tiene edificios, servidores, cables, electricidad, agua, minerales, trabajadores y territorios. También tiene costos y beneficios que no se distribuyen necesariamente de la misma manera.

Por eso, discutir centros de datos es también discutir qué entendemos por desarrollo tecnológico y qué lugar ocupan los bienes comunes en ese proceso.

No se trata de estar contra la tecnología. Se trata de hacer visibles sus condiciones materiales. Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces también necesitamos preguntarnos: ¿bajo qué condiciones queremos ponerlos a su servicio?

¿Qué es un centro de datos y por qué importa?

Antes de discutir políticas, regulaciones o resistencias, necesitamos entender qué es exactamente un centro de datos. No se trata solo de computadoras: es una infraestructura industrial que consume energía y agua de forma intensiva, genera calor, ruido y residuos electrónicos, y opera con una opacidad que dificulta evaluar sus impactos reales. La siguiente matriz sintetiza sus características principales y las implicaciones que cada una tiene para los territorios que los albergan. No es una lista exhaustiva, pero sí una guía para comprender de qué hablamos cuando decimos que la nube tiene una geografía concreta.

Eje temáticoCaracterización del centro de datos¿Qué implica?
1. Naturaleza físicaNo es un espacio inmaterial ni virtual. Es una infraestructura industrial concreta: naves, servidores, cables, sistemas de refrigeración, transformadores, tuberías y generadores. Ocupa territorio y consume recursos.La nube tiene geografía y materialidad. Cada servicio digital depende de edificios, energía, agua y minerales. Lo que parece virtual es, en realidad, una cadena de infraestructuras físicas que transforman el territorio.
2. Consumo de energíaConsume electricidad de forma continua e intensiva, las 24 horas del día. La refrigeración puede representar más del 40% del consumo total. Un solo centro de datos puede usar la electricidad de 50,000 hogares.La eficiencia no ha frenado el crecimiento. Aunque los equipos sean más eficientes, la demanda total aumenta exponencialmente por la IA, el streaming y el almacenamiento masivo. El problema es de escala, no solo de diseño.
3. Consumo de aguaConsume agua de dos formas: indirecta (para generar la electricidad que usa) y directa (para refrigerar servidores, a menudo por evaporación). Un centro mediano (15 MW) usa tanta agua como tres hospitales. Más de la mitad puede ser agua potable.El agua es un recurso crítico y conflictivo. Los centros de datos compiten con comunidades, agricultura y ecosistemas por agua dulce, especialmente en zonas áridas o con sequías. La falta de métricas sobre el agua usada para generar electricidad hace invisible gran parte del impacto.
4. Falta de transparenciaLa mayoría de los operadores no miden ni publican su consumo de agua. Los grandes proveedores solo ofrecen datos agregados o no publican nada. Algunos consideran el agua un «secreto comercial».La opacidad es una estrategia, no un accidente. Sin datos públicos y verificables, es imposible evaluar impactos, exigir responsabilidades o planificar territorialmente. La falta de transparencia impide la participación democrática.
5. Impactos sociales y comunitariosGenera contaminación acústica constante (ventiladores, generadores, chillers) que afecta la salud mental y física de los vecinos: insomnio, hipertensión, estrés. También compite por agua potable y desplaza comunidades.Los impactos van más allá de lo ambiental. Incluyen ruido, pérdida de calidad de vida, conflictos por recursos y movilización comunitaria. La salud pública y el derecho al descanso son ejes centrales del conflicto.
6. Residuos electrónicosLos servidores y equipos se vuelven obsoletos rápidamente. La basura electrónica termina en vertederos del Sur global, con metales tóxicos y contaminantes. Un solo computador requiere 240 kg de combustibles fósiles y 1,500 kg de agua para fabricarse.La obsolescencia programada genera montañas de basura tóxica. La cadena de residuos es global y afecta desproporcionadamente a países vulnerables. El ciclo de vida completo —desde la minería hasta el desecho— es parte del impacto.
7. Cultura y trabajoLos técnicos trabajan con miedo constante a fallos que causen interrupciones costosas. Las decisiones se toman por «instinto» o «corazonadas», no solo por modelos. La cultura del «enfriar en exceso» por miedo muestra que las prácticas humanas afectan la eficiencia.La dimensión humana es clave. Las decisiones, miedos y hábitos de los trabajadores influyen en el impacto ambiental. La sostenibilidad no depende solo de la tecnología, sino también de la cultura laboral y la organización del trabajo.
8. Escala del problemaLa demanda de datos crece exponencialmente. Se espera que el número de dispositivos conectados pase de 18.4 mil millones (2018) a 29.3 mil millones (2030). El tráfico de internet se duplica cada pocos años.La escala es global y creciente. La expansión de la IA y el streaming está multiplicando la demanda de recursos y los impactos asociados. No es un problema local ni estático: se expande rápidamente y presiona territorios en todo el mundo.
9. Alternativas y solucionesSe proponen métricas más completas (como incluir el agua usada para generar electricidad), usar agua no potable, refrigeración líquida y ubicaciones con clima frío. Pero las promesas corporativas no son verificables ni vinculantes.Las soluciones técnicas son insuficientes. Se necesita transparencia obligatoria, regulación vinculante, planificación territorial y un debate público sobre el modelo de desarrollo digital. La pregunta no es solo cómo hacerlo más eficiente, sino cuánto, para qué y bajo qué condiciones.
10. Pregunta central¿Qué caracteriza a un centro de datos? Es una infraestructura física, intensiva en recursos, opaca, ruidosa y en expansión acelerada.¿Bajo qué condiciones queremos que exista la infraestructura digital? No se trata de oponerse a la tecnología, sino de hacer visibles sus costos materiales, sociales y ambientales, y decidir democráticamente su rumbo.
De la caracterización a la respuesta social

Hasta aquí hemos caracterizado los centros de datos como infraestructuras físicas, intensivas en recursos, opacas y en expansión acelerada. Hemos visto que consumen energía y agua, generan ruido y residuos, y operan con una falta de transparencia que dificulta evaluar sus impactos reales. Pero esta caracterización estaría incompleta si no atendemos a una dimensión fundamental: la respuesta de las comunidades que los reciben.

A medida que la infraestructura digital se expande, también lo hace la oposición organizada. Lo que comenzó como quejas aisladas de vecinos afectados por el ruido o la escasez de agua se ha convertido en un movimiento social medible, con estructuras, estrategias y demandas concretas. Estados Unidos —el país con mayor concentración de centros de datos del mundo— ofrece un espejo donde mirarnos: allí, el monitoreo sistemático de la oposición permite dimensionar un fenómeno que ya no puede ignorarse.

Los datos recolectados y analizados por Coalition for Responsible Data Center Development son elocuentes. A finales de 2025, los grupos locales de oposición a centros de datos en Estados Unidos sumaban unas 76.000 personas. Para abril de 2026, la cifra superaba las 360.000. Y para agosto del mismo año, ya eran más de 640.000 miembros distribuidos en al menos 580 grupos locales en casi todos los estados del país. Desde septiembre de 2025, el número de nuevos grupos se disparó: en los primeros meses de 2026, se creaban hasta dos nuevos grupos por día. La oposición ya no es un fenómeno marginal ni localizado; es una respuesta nacional y bipartidista, presente tanto en estados demócratas como republicanos, con una presencia especialmente fuerte en estados clave para las elecciones.

¿Qué explica este crecimiento? Las razones coinciden con los impactos que hemos documentado: consumo de agua en regiones con sequías severas, demanda eléctrica que compite con las necesidades locales, contaminación del aire por generadores diésel y plantas de gas, ruido constante que afecta la salud, pérdida de tierras agrícolas y patrimoniales, y una falta de transparencia que impide a las comunidades conocer los detalles de los proyectos hasta que ya están aprobados.

Un caso emblemático es el de Independence, Missouri, donde un proyecto de 1,2 gigavatios —más de cuatro veces el consumo eléctrico máximo de la ciudad— se asentaría sobre un acuífero que abastece de agua a 250.000 personas. En Ohio, un solo proyecto solicitó 2.000 megavatios para un pueblo cuyos residentes apenas consumen entre 10 y 15 megavatios. En Memphis, investigaciones satelitales detectaron aumentos significativos de dióxido de nitrógeno en las zonas cercanas a un centro de datos de IA. Y en múltiples comunidades, el zumbido perpetuo de ventiladores y sistemas de refrigeración afecta el sueño, la concentración y la salud mental de quienes viven cerca. Como resume una organizadora: «No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar, no sabemos cuánta electricidad van a necesitar».

Pero la oposición no se limita a protestar. Los grupos locales han desarrollado estrategias sofisticadas: litigios, referendos, cambios electorales, investigación ciudadana y campañas de comunicación. En varios municipios, los votantes han destituido a alcaldes y concejales que apoyaron proyectos sin consultar a la comunidad. En Ohio, una coalición ciudadana impulsa una enmienda constitucional estatal para prohibir la construcción de centros de datos que superen los 25 megavatios. En Independence, Missouri, se recolectaron miles de firmas para forzar un referendo sobre las exenciones fiscales. En Festus, Missouri, los cuatro concejales que aprobaron un proyecto fueron removidos de sus cargos. Vecinos organizados han rastreado compras de tierras a través de empresas fantasma, solicitado registros públicos y documentado patrones de concentración de centros de datos cerca de sistemas de agua y redes eléctricas.

Estas luchas no son exclusivas de Estados Unidos. En España, colectivos como los que se oponen al proyecto de Meta en Talavera de la Reina han sentado precedentes. En Chile, la resistencia al centro de datos de Google en Santiago logró que la empresa rediseñara su sistema de refrigeración para reducir el consumo de agua. En Uruguay, la movilización contra un proyecto de Google obligó a la compañía a cambiar su diseño para no consumir agua. En Paraguay, vecinas de Villarrica lograron que la fiscalía detuviera el ruido de una granja de criptominería. Lo que emerge es un movimiento conectado globalmente, que comparte información, estrategias y narrativas, y que se reconoce como parte de un mismo fenómeno: la materialidad de la nube y la disputa por los bienes comunes.

El monitoreo de esta oposición ofrece una lección clave: la resistencia crece cuando la información fluye. Los proyectos que se aprueban en secreto, con acuerdos de confidencialidad y sin evaluación ambiental, generan desconfianza y movilización. En cambio, cuando las comunidades conocen los detalles —consumo de agua, energía, emisiones, empleos reales— pueden tomar decisiones informadas.

El monitoreo también muestra que la oposición no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, sino una demanda de democracia y transparencia. No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que su infraestructura se planifique con criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y respeto por los territorios.

Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces las comunidades tienen derecho a preguntar: ¿bajo qué condiciones?

Referencias

Camarillo, B. (2026). Demanda de centros de datos en Costa Rica podría triplicarse en los próximos 10 años. La República.

Fabra Caro, F. J., & Serón Arbeloa, F. J. (2025). Impacto y huella ambiental de los centros de datos y proveedores de nube. ECODES.

Gómez Delgado, A. (2026). El precio de las nubes: La expansión de los Centros de Datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río.

Gonzalez Monserrate, S. (2022). The cloud is material: On the environmental impacts of computation and data storage. MIT Schwarzman College of Computing, MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing. https://doi.org/10.21428/2c646de5.031d4553

Murillo, E. (2026). País se posiciona como mercado emergente en centros de datos. CRHoy.

Shaw, M., Krueger, D., Malik, S., Sheremet, D., & van der Velde, F. (2026). Data Center Opposition Report [Serie de informes 2026]. Coalition for Responsible Data Center Development, Evitable, & Together Against AI. https://datacenteropposition.com

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Las mujeres indígenas hablan: cultura, semillas y defensa del territorio

Un encuentro en Boca Coen del territorio indígena Tjai, puso en el centro las voces de mujeres indígenas, la defensa de la cultura, el idioma, las semillas ancestrales y el cuidado de la tierra y los bienes naturales.

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena también puede ser una oportunidad para detenerse, conversar y escuchar. No solamente para hablar sobre las mujeres indígenas, sino para encontrarse con quienes, desde sus comunidades, sostienen conocimientos, prácticas y formas de relacionarse con el territorio.

Así ocurrió en la comunidad de Boca Coen, del territorio indígena Tjai este 12 de septiembre, donde mujeres lideresas se reunieron en el Rancho Cultural Däyë para compartir, dialogar y reflexionar sobre aquello que consideran fundamental para la continuidad de su pueblo.

En este espacio también participaron personas mayores de la comunidad de Boca Coen, cuya presencia permitió sumar otras voces y experiencias a un encuentro atravesado por la memoria, los conocimientos y las prácticas que se transmiten dentro de la comunidad.

Para Hugo Céspedes Morales, líder y habitante de Boca Coen, el encuentro permitió compartir con las lideresas de la comunidad Boca Coen y conversar sobre asuntos que atraviesan la vida cotidiana y el futuro del territorio.

Entre ellos estuvieron la importancia de preservar el idioma y la cultura, recuperar y proteger las semillas ancestrales, así como cuidar la tierra y los recursos naturales que, desde su cosmovisión, Sibö les dejó.

Más que una actividad protocolaria, las personas participantes describen el espacio como un encuentro para compartir, dialogar e interactuar. Y quizá ahí está una de las claves: la cultura no solamente se conserva, también se conversa, se practica y se comparte entre generaciones y comunidades.

«Me siento muy feliz de ser una mujer indígena»

Una de las voces que compartió durante el encuentro fue la de Johana Morales Morales, lideresa de la comunidad de Boca Coen.

Su testimonio parte de algo profundamente sencillo y, al mismo tiempo, profundamente político: el orgullo de ser mujer indígena.

Johana se reconoce como cuidadora de los bosques, de la tierra y de las semillas ancestrales. Desde ese lugar, señala la necesidad de no olvidar aquello que sostiene la identidad comunitaria: el idioma cabécar, la cultura y los conocimientos asociados al territorio.

La conversación también puso sobre la mesa la importancia de rescatar las semillas ancestrales y de fortalecer el trabajo colectivo entre las mujeres.

Porque las mujeres indígenas no solamente participan de la vida comunitaria: han desempeñado y continúan desempeñando un papel fundamental en la construcción y sostenimiento de sus territorios.

Pero el encuentro también permitió nombrar una preocupación: el poco apoyo que muchas veces reciben de las instituciones públicas.

Johana hace un llamado para que ese apoyo no se reduzca a reuniones, actividades o espacios donde las mujeres son escuchadas momentáneamente. Lo que se demanda es algo más concreto: proyectos y acciones que contribuyan realmente a fortalecer a las mujeres indígenas y sus procesos de conservación de la cultura, el idioma y los conocimientos propios.

No se trata solamente de ser invitadas a conversar. Se trata también de que sus voces tengan consecuencias.

Conocer los derechos también es una forma de defenderse

Durante la actividad también se compartieron elementos relacionados con la Ley Indígena N.° 6172, como parte de una conversación sobre los derechos que deben conocer y ejercer las mujeres indígenas.

Para Seidy Estela Morales López, presidenta de la Asociación de Mujeres Jolpé Kjané, la conmemoración fue un motivo de orgullo y, sobre todo, una oportunidad para encontrarse como mujeres.

Su intervención puso énfasis en una preocupación que atraviesa los testimonios: la necesidad de que las mujeres indígenas no sean invisibilizadas en la sociedad y que sus voces sean escuchadas.

La legislación, sin embargo, no aparece aquí como un punto de llegada. Conocer los derechos puede ser también una herramienta para reconocer las desigualdades existentes y exigir que las instituciones cumplan con sus responsabilidades.

Porque entre el reconocimiento formal y la vida cotidiana existe todavía una distancia que las propias mujeres están señalando.

Semillas, idioma, tierra y memoria

Los distintos testimonios coinciden en algo: hablar de las mujeres indígenas implica hablar también del territorio.

El idioma no aparece separado de la cultura. Las semillas no aparecen separadas de la tierra. El cuidado de los bosques no aparece separado de la memoria. Y la organización de las mujeres tampoco aparece separada de la defensa de aquello que permite sostener la vida comunitaria.

Por eso, cuando las mujeres hablan de semillas ancestrales, no están hablando únicamente de variedades que deben conservarse. Hablan también de conocimientos, prácticas, relaciones y memorias que han sido transmitidas y que necesitan continuar viviendo.

Cuando hablan del idioma, hablan de una manera de nombrar y comprender el mundo.

Cuando hablan de la tierra y los bosques, hablan de espacios que no pueden reducirse simplemente a recursos disponibles.

Y cuando hablan de organizarse, están hablando de una práctica colectiva que permite enfrentar el presente y construir posibilidades para el futuro.

La participación de las personas mayores de la comunidad recuerda además que esta transmisión no ocurre solamente a través de discursos o documentos. También ocurre en la palabra compartida, en la memoria de quienes han vivido el territorio y en los encuentros entre distintas generaciones.

Que escuchar no sea suficiente

La conmemoración dejó también una pregunta abierta para las instituciones. ¿Qué significa realmente apoyar a las mujeres indígenas?

Los testimonios son claros al respecto: no basta con convocar, reunirse o escuchar. El acompañamiento debe traducirse en acciones, proyectos y condiciones que fortalezcan los procesos que las propias mujeres y comunidades ya vienen construyendo.

La demanda no parte de una ausencia de organización. Al contrario.

En Boca Coen existen mujeres organizándose, cuidando, transmitiendo conocimientos, defendiendo su cultura y pensando colectivamente el futuro.

Tal vez el desafío institucional sea aprender a acompañar sin sustituir esos procesos; reconocer sin apropiarse de sus voces; y apoyar sin convertir la participación en una simple actividad de calendario.

Porque una conmemoración puede terminar cuando termina la actividad.

Pero el trabajo de las mujeres que cuidan la cultura, las semillas, el idioma, los bosques y la tierra continúa al día siguiente. Y es ahí donde la conversación realmente comienza.

Voces del encuentro

La actividad contó con la participación de mujeres de espacios como el Grupo de Mujeres Kjueko Boca Coen y el Grupo de Mujeres Jirorwá, entre otras participantes y lideresas comunitarias, así como con la presencia de personas mayores de la comunidad de Boca Coen.

Sus voces recuerdan que defender la cultura también es defender las condiciones que permiten reproducirla; que cuidar las semillas es cuidar memoria y futuro; y que escuchar a las mujeres indígenas implica reconocerlas como protagonistas de sus territorios y de las decisiones que afectan sus vidas.

En un contexto donde muchas veces se habla de los territorios indígenas desde afuera, este encuentro propone otra ruta: escuchar lo que las propias mujeres tienen que decir, compartir y construir.

Porque también ahí, en la conversación entre mujeres, en el encuentro entre generaciones, en la transmisión de una palabra, en una semilla que se conserva y en una lengua que continúa hablándose, se está cuidando lo común.

Galería
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Memoria, martirio y diálogo para defender la vida: Espiritualidades diversas frente a los conflictos por los territorios y los bienes comunes

Desde el Observatorio de Bienes Comunes compartimos dos documentos que nos invitan a pensar el diálogo, la defensa de los territorios y el cuidado de la vida desde una perspectiva profundamente situada en las comunidades.

En tiempos marcados por conflictos socioambientales, extractivismo, despojo territorial y distintas formas de violencia contra quienes defienden la vida, hablar de diálogo no puede reducirse a sentar a diferentes actores alrededor de una misma mesa. Dialogar también implica preguntarnos quiénes pueden hablar, quiénes son escuchados, quiénes tienen capacidad de decisión y qué relaciones de poder atraviesan ese encuentro.

Esta preocupación atraviesa el documento Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos, elaborado desde redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo. El texto parte de una constatación importante: aunque distintos actores reconocen el valor del diálogo, la palabra no necesariamente significa lo mismo para una empresa, una institución pública, una comunidad afectada o un movimiento social. Por eso propone mirar las condiciones concretas que pueden hacer del diálogo una herramienta de justicia y transformación.

El documento llama particularmente la atención sobre las asimetrías de poder, la necesidad de escuchar a quienes padecen los conflictos, garantizar su participación efectiva, asegurar el acceso a la información y situar los procesos de diálogo en los propios territorios donde se viven las consecuencias.
Desde el Observatorio consideramos que estas reflexiones pueden abrir una conversación más amplia: ¿cómo construir diálogos capaces de encontrarnos en nuestras diferencias sin convertirlas en obstáculos?

Más allá de una sola voz

Las comunidades están atravesadas por múltiples maneras de comprender la vida, el territorio y nuestras responsabilidades colectivas. En ellas conviven distintas tradiciones religiosas, espiritualidades, cosmovisiones, experiencias comunitarias y también personas que no profesan ninguna religión.

Reconocer esta diversidad no significa buscar una espiritualidad única ni construir consensos artificiales. Significa, más bien, abrir espacios donde podamos escuchar las distintas formas en que las personas nombran aquello que consideran valioso y digno de ser cuidado.

Para algunas personas, la defensa de un río puede estar vinculada con la fe y con una relación espiritual con la creación. Para otras, puede partir de una cosmovisión indígena, de una memoria comunitaria, de una experiencia histórica de defensa territorial, de una preocupación ecológica o de una convicción ética que no necesita recurrir a una referencia religiosa.

Todas estas experiencias pueden encontrarse alrededor de preguntas comunes: ¿qué vida queremos defender?, ¿qué territorios queremos cuidar?, ¿qué relaciones queremos construir?, ¿qué formas de violencia y despojo no estamos dispuestas a aceptar?

El diálogo ecuménico puede ser parte de ese camino, pero también puede desbordar los límites del propio mundo religioso. El encuentro entre distintas espiritualidades y con personas no creyentes puede convertirse en una oportunidad para reconocer que existen múltiples caminos para acercarnos a preocupaciones compartidas: la dignidad, la justicia, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y la defensa de los bienes comunes.

Escuchar también a quienes resisten

El segundo documento, Mártires de la Creación, coloca otra dimensión sobre la mesa: la memoria de quienes han defendido la tierra, el agua, los bosques y sus comunidades frente a proyectos extractivos y otras formas de despojo. El texto propone ampliar la mirada del martirio para incluir no solamente a las personas, sino también a comunidades y territorios afectados por estas dinámicas.

Esta memoria aparece acompañada de una preocupación por las condiciones que permiten que determinadas violencias se reproduzcan. El documento llama a comunicar y registrar estos casos, fortalecer la solidaridad, impulsar procesos de aprendizaje colectivo y compartir saberes con otras comunidades.

Aquí aparece un punto de encuentro particularmente fértil para el diálogo: aprender de quienes están defendiendo la vida en los territorios.

No se trata únicamente de hablar sobre las comunidades, sino de escuchar sus experiencias, sus conocimientos, sus memorias y sus propias formas de comprender lo que está ocurriendo. El primer documento insiste precisamente en que las comunidades afectadas deben ocupar un lugar real de autoridad y expresión dentro de los procesos de diálogo.

Del encuentro a la acción común

El diálogo adquiere sentido cuando puede transformar relaciones y ampliar las posibilidades de justicia. El propio documento habla de un “diálogo orientado a la transformación” y de un “diálogo emancipador”, entendido como aquel que contribuye a modificar las relaciones sociales y las desigualdades en la distribución del poder.

Esta perspectiva resulta especialmente sugerente para pensar los bienes comunes. El encuentro entre diferentes espiritualidades, tradiciones religiosas y posiciones no religiosas no tendría que buscar que pensemos igual. Puede buscar algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que podamos reconocernos como parte de una conversación común sobre aquello que sostiene la vida.

Esto supone también aprender a conversar cuando existen diferencias profundas. Escuchar no significa renunciar a las propias convicciones. Dialogar tampoco significa relativizar las injusticias o colocar en un mismo nivel a quienes tienen capacidades de decisión radicalmente distintas. Como advierte el documento, un diálogo justo requiere reconocer las asimetrías de poder que atraviesan cada conflicto.

Quizás allí exista una tarea especialmente importante para nuestras sociedades: construir espacios de encuentro donde la diversidad espiritual, religiosa y no religiosa no sea una barrera, sino una fuente de aprendizajes para defender aquello que compartimos.

Más allá de sentarse a dialogar: seis claves para la transformación

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos propone seis dimensiones para pensar un diálogo que pueda contribuir realmente a la transformación de los conflictos. Su punto de partida es reconocer que no todas las personas, comunidades e instituciones llegan a la conversación en las mismas condiciones: existen diferencias de poder, acceso a la información, capacidad de decisión y posibilidades de incidencia. Por ello, dialogar no puede reducirse a reunir a las partes, sino que requiere crear condiciones de mayor justicia y equidad.

A continuación, presentamos una síntesis de estas seis dimensiones, que ponen especial atención en la escucha de las comunidades afectadas, su participación efectiva, el acceso a información, la importancia de situar los procesos en los territorios y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a las acciones empresariales. La propuesta entiende el diálogo como una posibilidad para transformar las relaciones sociales, reconocer las asimetrías de poder y construir condiciones más equitativas para abordar los conflictos.

Dimensión del diálogo¿Qué plantea el documento?Clave para un diálogo justo
1. Reconocer las asimetrías de poderLos actores que participan en un conflicto no cuentan necesariamente con las mismas capacidades de decisión, información, recursos o responsabilidades.No asumir que todas las partes llegan a la mesa en condiciones equivalentes. El diálogo debe reconocer y considerar las relaciones de fuerza existentes.
2. La Iglesia garante de la voz de las víctimasLa Iglesia no debe asumir una posición de observadora o mediadora neutral, sino partir de la opción preferencial por las personas empobrecidas y vulnerables.La escucha de quienes sufren las consecuencias del conflicto debe ocupar un lugar central en el proceso de diálogo.
3. Dar autoridad, voz y oportunidad de propuestas a las víctimasLas personas y comunidades afectadas no deben limitarse a ser invitadas, consultadas o representadas indirectamente.Deben contar con espacios reales de expresión, reconocimiento y autoridad para participar y formular propuestas. El documento amplía esta escucha hacia las víctimas no humanas: ecosistemas, especies y territorios.
4. Garantizar la transparencia y el acceso universal a la informaciónLa falta de información adecuada, oportuna y accesible puede impedir que las comunidades defiendan sus derechos.La información debe estar disponible de manera equitativa antes de cualquier negociación o decisión.
5. Situar el diálogo en los territorios en conflictoEl diálogo no debería quedar desconectado de los lugares donde se experimentan los impactos y donde las comunidades resisten y cuidan sus territorios.Llevar la conversación al territorio permite incorporar las experiencias, demandas y conocimientos de quienes viven directamente el conflicto.
6. Monitoreo y control de las acciones empresariales a través de las leyes e instituciones públicasEl respeto de los derechos humanos y ambientales no puede depender únicamente de la voluntad o autorregulación empresarial.Se requiere regulación efectiva, instituciones públicas capaces de supervisar y hacer cumplir las normas, y un Estado democrático que garantice justicia y derechos.
Dos documentos para continuar la conversación

Compartimos estos materiales como una invitación a leer, conversar y abrir preguntas. No los presentamos como una respuesta definitiva. Nos interesa ponerlos en circulación porque contienen reflexiones y experiencias que pueden alimentar conversaciones más amplias sobre los conflictos socioambientales, las relaciones de poder, la defensa de los territorios, la memoria y las distintas formas de comprender nuestro vínculo con la naturaleza.

El camino puede comenzar precisamente allí: sentarnos a escuchar qué nos une, reconocer aquello que nos diferencia y preguntarnos qué podemos hacer juntxs para cuidar la vida y los bienes comunes.

Documentos para descargar y leer

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos Reflexiones de las redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo.

El documento propone seis dimensiones para pensar un diálogo verdaderamente transformador: reconocer las asimetrías de poder, garantizar la voz de las víctimas, asegurar transparencia e información, situar el diálogo en los territorios y fortalecer el papel de las instituciones públicas y las comunidades en el seguimiento de los conflictos.

Mártires de la Creación

Un documento que recupera testimonios y experiencias de personas, comunidades y territorios afectados por la violencia asociada a la defensa de la naturaleza, el agua y los territorios. Desde una perspectiva de fe, propone fortalecer la memoria, el aprendizaje colectivo, la organización comunitaria, la solidaridad y el cuidado de la Casa Común.
Los compartimos para seguir conversando. Porque quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea aprender a encontrarnos sin exigirnos pensar igual, y descubrir desde nuestras diferencias qué podemos hacer juntxs para defender la vida.

En un videomensaje dirigido a la comunidad de Lampedusa, el papa León XIV afirmaba: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires, en quienes brilla el bien y la auténtica humanidad resiste y se renueva”. Más que una frase para ubicarnos cómodamente del lado de quienes defienden la vida, estas palabras abren una pregunta incómoda: ¿desde dónde acompañamos y compartimos las luchas de quienes resisten? La tensión entre el poder, sus comodidades y privilegios, y la ética de quienes sostienen la vida en sus territorios también nos interpela a quienes caminamos junto a estas experiencias.