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Educación en Costa Rica: un bien común en riesgo (porque “no me dio la gana publicarla”)

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Un derecho en retroceso

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 (CONARE) alerta sobre una crisis profunda en el sistema educativo nacional. Lo que por décadas se construyó como un bien común social —una educación pública amplia, gratuita y promotora de igualdad— se ve hoy vulnerado por malas decisiones políticas, desfinanciamiento y una conducción errática. El país enfrenta el peor retroceso en inversión educativa de los últimos 40 años, acompañado de rezagos en aprendizajes, inequidades crecientes y debilitamiento institucional.

La política dominante: el ajuste fiscal por encima del derecho

La caracterización que realiza el Informe es clara: la política educativa reciente ha estado subordinada a la lógica del ajuste fiscal. La educación se ha tratado como una variable de recorte, en lugar de un motor estratégico de desarrollo. Esto se expresa en:

  1. Presupuesto del MEP ajustado por debajo de la regla fiscal.
  2. Inversión universitaria por estudiante similar a la de hace dos décadas.
  3. Eliminación de programas de equidad y debilitamiento de apoyos a poblaciones vulnerables.
  4. Reducción en la rectoría técnica e improvisación en políticas educativas.

Este enfoque convierte a la educación en un “gasto” a contener y no en un bien público que sostiene ciudadanía, cohesión social y democracia.

La ironía de la “Ruta de la Educación”: ¿plan o capricho?

Como si la crisis no bastara, Costa Rica vivió en 2025 una escena digna de tragicomedia política. La entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, no solo dejó inconclusa la supuesta “Ruta de la Educación” que el gobierno Chaves anunció con bombos y platillos en 2023: en una plaza pública declaró con aplomo que “no me dio la gana publicarla” para que no se la “despedazaran” los diputados (Chinchilla, 2025).

Con esa frase lapidaria, la educación nacional pasó de ser asunto de políticas públicas a convertirse en expresión de un estado de ánimo ministerial. Lo que en otros países se elabora con indicadores, líneas base, planes de trabajo y participación ciudadana, en Costa Rica terminó reducido a la voluntad —o el desgano— de una funcionaria que prefirió la ovación de plaza antes que la transparencia institucional (Müller, 2025).

La historia posterior no fue menos grotesca: el MEP admitió que el nuevo ministro Leonardo Sánchez, quien además fue viceministro durante la gestación de la supuesta ruta, no recibió ningún documento oficial. Lo que hubo fueron diapositivas sueltas, conferencias de prensa y promesas que nunca se concretaron en una política verificable (Bolaños, 2025). En síntesis: la “Ruta de la Educación” existió en la narrativa, pero no en la realidad.

Este episodio refleja, con tintes satíricos, lo que el Estado de la Educación ya advertía con datos duros: la improvisación en la conducción educativa y la pérdida de la rectoría técnica del MEP. Si el país había carecido de plan ministerial durante tres años, la confesión de la exjerarca terminó de desnudar el problema: Costa Rica atravesó una crisis educativa monumental sin brújula y sin hoja de ruta.

Las declaraciones de la exministra Anna Katharina Müller —al decir que “no me dio la gana publicar” la Ruta de la Educación— no son un gesto aislado, sino reflejo de una crisis estructural. El Décimo Estado de la Educación 2025 confirma que el MEP operó tres años sin plan ministerial, lo que dejó al sistema sin rumbo y profundizó el deterioro institucional.

El informe evidencia la improvisación y el vaciamiento técnico: recortes en programas de equidad, ausencia de evaluaciones y debilitamiento de la rectoría educativa. Todo esto se traduce en rezagos de aprendizajes, brechas crecientes y erosión de la cultura democrática.

Cuando una política nacional depende de un “no me dio la gana”, lo que se revela es un Estado atrapado entre ajuste fiscal e improvisación, donde la educación deja de ser bien común y derecho democrático para convertirse en víctima de los humores del poder.

Educación básica: sin rumbo y con rezagos

En la educación preescolar y primaria, el informe subraya la ausencia de un plan ministerial durante tres años, lo que dejó a las aulas sin norte. La pobreza de evaluaciones y la falta de estrategias de nivelación acentuaron el rezago estudiantil. Niñas y niños salen de primaria sin las competencias mínimas de lectura y matemáticas, lo que compromete su trayectoria futura.

Educación secundaria: desigualdades que se profundizan

La secundaria enfrenta los mayores niveles de exclusión y desigualdad. Modalidades rurales, colegios técnicos y comunidades indígenas operan en condiciones adversas que perpetúan brechas históricas. La promoción de estudiantes aumentó, pero sin controles de calidad, lo que genera un “éxito vacío”: más títulos, pero menos aprendizajes. A la par, se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, vulnerando el derecho a una formación integral.

Educación universitaria: conflictos y estancamiento

El nivel universitario tampoco escapa a la crisis. La inversión por estudiante volvió a niveles de hace veinte años y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) crece por debajo de lo necesario. Las universidades públicas enfrentan nuevos conflictos políticos y recortes, mientras las privadas carecen de adecuada fiscalización. A pesar de que las universidades ampliaron la cobertura y aportaron en investigación y acción social, el país no aprovecha plenamente el “bono de secundaria” y pierde la oportunidad de elevar el logro educativo universitario.

Educación para la democracia: más allá de lo instrumental

El Informe advierte que reducir la educación a un enfoque meramente instrumental —centrado en certificaciones, pruebas y “eficiencia” fiscal— significa perder de vista su valor más profundo: formar ciudadanía democrática y garantizar igualdad de condiciones para participar en la vida social.

Una educación democrática no se limita a transmitir contenidos académicos, sino que cultiva pensamiento crítico, respeto a la diversidad, capacidades de diálogo y sentido de pertenencia comunitaria. Programas debilitados o eliminados —como los de equidad, afectividad, sexualidad o inclusión digital— eran parte de este esfuerzo de formación integral. Su ausencia deja un vacío que impacta no solo en los aprendizajes, sino en la posibilidad de que las nuevas generaciones ejerzan plenamente su ciudadanía.

Algunos puntos clave señalados por el Informe:

  • Retroceso en la democratización social: las brechas en acceso, aprendizajes y trayectorias educativas muestran que la educación ya no garantiza igualdad de oportunidades. Los sectores más pobres, las zonas rurales y los pueblos indígenas son los más afectados.

  • Déficit en la democratización cultural y política: la eliminación de programas como el de Afectividad y Sexualidad Integral refleja un retroceso en la posibilidad de garantizar formación en derechos humanos, convivencia y respeto a la diversidad.

  • Universidades y democracia: el informe reconoce a las universidades públicas como espacios de democratización del conocimiento, pero advierte que los recortes presupuestarios y la presión política limitan su capacidad de cumplir ese rol.

  • La educación como soporte democrático: al debilitarse la educación pública, también se erosiona la cohesión social y la participación ciudadana, pues disminuye la posibilidad de formar sujetos críticos y con igualdad de condiciones para incidir en la vida nacional.

Reconstruir el pacto educativo

El informe concluye que es posible salir de esta crisis con una nueva generación de políticas educativas, fundamentadas en evidencia científica y en un acuerdo nacional que devuelva a la educación su carácter de bien común. Entre las propuestas están: regresar al 8% del PIB en inversión, crear un sistema integral de evaluación, fortalecer la formación docente y articular redes locales de apoyo a los centros educativos.

En resumen, la educación costarricense atraviesa una encrucijada: seguir bajo la lógica del ajuste fiscal y la improvisación —donde la “Ruta de la Educación” puede depender de la gana o desgana de un jerarca—, o recuperar su papel como herramienta de equidad, democracia y desarrollo humano.

Referencias

Puede descargar la infografía aquí.

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Costa Rica verde para afuera, desigual por dentro: el caso Ostional y las contradicciones de la conservación

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El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO), en Nicoya, Guanacaste, es reconocido mundialmente como un sitio clave para la anidación de la tortuga lora. Costa Rica lo exhibe como ejemplo de su liderazgo ambiental. Sin embargo, detrás de esta vitrina verde se esconde una realidad mucho más contradictoria: la conservación como excusa para desplazar a comunidades locales, mientras las mansiones de lujo crecen sin obstáculos a la orilla del mar.

La reciente resolución del Área de Conservación Tempisque (ACT) expone la compleja situación jurídica del refugio. Por mandato de la Sala Constitucional desde 2009, se deben desalojar ocupaciones consideradas “ilegales”, salvo casos previos a la creación del refugio en 1983 o proyectos de investigación y ecoturismo. El documento reconoce la existencia de 198 personas físicas y 190 jurídicas ocupando “de manera precaria” los terrenos, y admite que la ausencia de un plan de manejo ha dejado la gobernanza en un limbo jurídico. Documentos consultados:

Carta-SINAC-ACT-OR-DT-656-2025

Área identificadas como potenciales para compensación proyecto de ley

La dureza de la ley para los débiles

El testimonio de doña Heidy Villegas habitante de Playa Pelada sintetiza la dureza del Estado para quienes menos tienen:

“El MINAE me denunció por usurpación, cosa que no era cierto. Perdí el juicio por un mal abogado y me ordenaron cárcel, demolición de mi casa y mi propiedad en un mes. Mientras tanto, a 50 metros de la playa, una propiedad lujosa se remodela con maquinaria pesada, sin sanción alguna. La ley no se aplica igual: para los ticos hay demolición, para los extranjeros hay permisos y silencio.”

Aquí la premura en la ejecución de la ley se vuelve evidente. Los plazos son draconianos: un mes para demoler una casa familiar, un año de cárcel, tres de probatoria, sin siquiera otorgar medidas cautelares mientras se revisa el proceso. El aparato judicial y administrativo actúa con contundencia sobre las familias locales, ejecutando fallos sin contemplar la viabilidad humana, económica o social de esas decisiones.

La lentitud (y complicidad) con los poderosos

En contraste, las construcciones de lujo en la misma franja costera parecen vivir en otra dimensión legal. La resolución misma lo admite: existen propiedades privadas inscritas dentro del refugio, algunas con títulos cuestionables, que deberían ser revisadas o incluso adquiridas por el Estado. Sin embargo, esos procesos se alargan durante años bajo la excusa de su “complejidad jurídica”.

Mientras tanto, proyectos inmobiliarios de alto nivel continúan avanzando: remodelaciones con maquinaria pesada, publicidad turística que ofrece “exclusividad frente a la playa” y hasta la instalación de infraestructura en áreas de manglar. Aquí la lentitud casi omisiva del Estado contrasta con la rapidez de las órdenes de desalojo a familias humildes.

El documento oficial plantea incluso escenarios de “compensación ambiental”, donde se excluirían propiedades privadas del refugio para regularizarlas. En la práctica, esto significaría legalizar lo que en otros casos es considerado “usurpación” cuando lo realiza un campesino o pescador local.

El borrado de las trayectorias comunitarias

Uno de los aspectos más graves es cómo la aplicación de la ley desconoce la historia y los derechos de las personas que han vivido en estas comunidades desde mucho antes de la declaratoria del refugio.

Quienes crecieron, trabajaron y construyeron sus hogares en estas playas hoy son tratados como “ocupantes precarios”, una categoría administrativa que borra sus trayectorias familiares y comunitarias. Sus vínculos con la tierra —basados en la pesca, la agricultura de subsistencia o el arraigo comunitario— quedan invisibilizados por un lenguaje técnico que los reduce a “problemas de tenencia de la tierra”.

La resolución del ACT reconoce, casi de forma marginal, que “la prioridad número uno es el uso habitacional de las familias que han vivido por años en las ocupaciones que ahí existen”. Sin embargo, en la práctica este principio rara vez se traduce en protección efectiva. La ley y las resoluciones judiciales ignoran las trayectorias vitales de estas comunidades, imponiéndoles un régimen de desalojo mientras, paradójicamente, se tolera la permanencia de inversiones extranjeras de alto nivel.

Este borrado de la memoria comunitaria también tiene implicaciones culturales: se niega el derecho a habitar el territorio, a mantener prácticas tradicionales de relación con el mar y la tierra, y a construir futuro en el mismo lugar donde generaciones anteriores ya lo habían hecho. Se trata de un despojo no solo físico, sino también histórico y simbólico.

Desigualdad socioambiental estructural

El problema no es solo jurídico, sino estructural:

  • Las comunidades locales cargan con el peso de una legislación que las ve como “ocupantes precarios”.

  • Los proyectos de lujo, en cambio, son tolerados o incluso integrados en la discusión como “propiedades debidamente inscritas”.

  • La conservación se convierte en un lenguaje de legitimación: proteger tortugas y manglares se usa como argumento, pero la aplicación es selectiva según quién ocupe el territorio.

En síntesis, se configura una doble vara ambiental: la conservación se aplica como castigo a los más vulnerables y como oportunidad de negocio para los sectores con recursos económicos y conexiones políticas.

Una Costa Rica partida en dos

El caso Ostional refleja un país partido en dos: la Costa Rica verde para afuera, con campañas internacionales que promocionan su compromiso con la biodiversidad, y la Costa Rica desigual por dentro, donde las comunidades costeras viven bajo la amenaza constante del desalojo, mientras las inversiones inmobiliarias extranjeras encuentran grietas legales y complicidad institucional para seguir expandiéndose.

La pregunta que queda abierta es: ¿será capaz el país de construir un marco jurídico y político que realmente equilibre la protección de la naturaleza con la justicia social? O seguiremos viendo cómo la “conservación modelo” encubre, una y otra vez, desigualdades socioambientales que dejan a las comunidades locales sin casa, sin derechos y sin futuro.

El caso de Heidy Villegas en Playa Pelada

Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada en Nosara de Nicoya, Guanacaste, ha denunciado públicamente la inminente demolición de su casa, programada para el próximo 7 de septiembre. Su caso expone la compleja y desigual aplicación de la ley en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.

Villegas asegura haber sido acusada falsamente de usurpación por funcionarios del MINAE, pese a contar con plano, permisos de construcción, avales de SETENA y de la Municipalidad. La ampliación de su vivienda a tres habitaciones, realizada para sus hijas, fue el detonante del proceso que terminó con una condena de un año de prisión, tres de probatoria y la orden de demoler su hogar.

En su testimonio, relata cómo fue víctima de la ineficiencia y corrupción de abogados que la dejaron en estado de indefensión en el juicio inicial y en la apelación posterior. Aunque aportó pruebas —incluida una carta del MINAE que habilitaba a pobladores a obtener servicios básicos si cumplían requisitos—, estas no fueron consideradas de manera adecuada en los procesos judiciales.

Lo que para ella es más doloroso es la doble vara con que se aplica la ley. Mientras a los costarricenses como ella se les exige demoler sus casas, en la misma zona florecen hoteles, restaurantes y mansiones de lujo que operan en condiciones similares, e incluso más invasivas, sin enfrentar consecuencias legales.

Su voz refleja la angustia y la urgencia:

“Tengo una demolición programada para el 7 de septiembre. No sé si podré detenerla antes de que ocurra. Tal vez luego reconozcan que la propiedad era mía, pero ya la casa estaría destruida. ¿Por qué la ley no es pareja?”.

El conflicto se arrastra desde 2017, cuando un tribunal resolvió que debía abandonar y demoler la casa. Tras varios años de trámites y apelaciones, el reloj ahora corre en su contra. Heidy sigue buscando apoyo legal y comunitario para frenar lo que describe como la injusticia más grande de su vida.

La Municipalidad de Nicoya fue consultada sobre este caso, pero al cierre de la nota no había dado respuesta.

La paradoja de Ostional

La contradicción alcanza niveles grotescos. Mientras familias locales enfrentan juicios, cárcel y órdenes de demolición por vivir en el refugio, en el mismo sitio circula la venta de huevos de tortuga al margen de toda normativa. Lo que debería ser estrictamente regulado para garantizar la conservación de la especie, se convierte en un negocio paralelo que ocurre con la vista gorda de las autoridades.

Así, la conservación en Ostional aparece como un campo de desigualdad: la vivienda campesina se castiga con dureza, mientras el mercado ilegal de huevos de tortuga y el lujo turístico se mueven con impunidad.

El capital, no la nacionalidad, marca la diferencia: la verdadera frontera es entre capital y comunidades

El caso de Ostional no debe leerse como una simple disputa entre costarricenses y foráneos. Lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del capital —sin importar la nacionalidad de quien lo detente— para adecuar las normas a su conveniencia.

En estos procesos conviven tanto extranjeros como nacionales que, al contar con recursos, contactos o influencia, logran legitimar sus proyectos, regularizar propiedades cuestionables o mantener construcciones dentro de un refugio. Esta dinámica no sería posible sin la complicidad o la omisión de funcionarios nacionales dispuestos a flexibilizar, reinterpretar o incluso ignorar las propias reglas del Estado.

La verdadera línea divisoria no es el pasaporte, sino la asimetría entre quienes tienen la posibilidad de torcer o demorar la aplicación de la norma —con la venia de autoridades públicas—, y quienes deben acatarla de inmediato, aun cuando eso signifique perder su hogar, su historia y su futuro.

Ostional revela así una contradicción central de la Costa Rica contemporánea: un país que se enorgullece de su modelo de conservación, pero donde las reglas se flexibilizan para el capital y se endurecen para las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

¿De qué hablamos? Memoria borrada: las comunidades antes del refugio

El relato oficial del Estado insiste en que quienes hoy habitan dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional son “ocupantes precarios”. Sin embargo, la historia local cuenta otra versión.

Desde las décadas de 1960 y 1970, familias campesinas y pescadoras se asentaron en la zona, mucho antes de que en 1982 se declarara el refugio. Estos hogares no llegaron como invasores: construyeron sus casas con materiales de la zona, practicaron la pesca artesanal, cultivaron en pequeñas parcelas y mantuvieron una relación cotidiana con las playas y los manglares. Las comunidades de Ostional, Nosara y Guiones tenían escuelas, comités comunales y redes de cooperación mucho antes de que existiera la categoría legal de “área silvestre protegida”.

Cuando en 1983 la Ley de Fauna Silvestre ratificó la creación del refugio, la vida de estas familias cambió sin que mediara un proceso de consulta ni compensación. Su presencia histórica quedó reducida a la invisibilidad. Desde entonces, cualquier mejora en sus viviendas, cualquier intento de ampliar un rancho o de consolidar una propiedad, ha sido interpretado como “usurpación”.

El resultado es un borrado de memoria: las trayectorias familiares que fundaron la vida comunal en Ostional han sido anuladas por un lenguaje jurídico que las coloca al margen de la legalidad. Se desconoce que ellas mismas fueron las primeras guardianas del territorio, mucho antes de que el Estado apareciera con su marco de conservación.

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Escazú abre camino: el reto del diálogo real en el Plan Regulador

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Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.

La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.

Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.

Lo que viene: selección de representantes

Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.

Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario

Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?

Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.

El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.

La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.

El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.

Un proceso en disputa

La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.

Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.

Un nuevo capítulo para Escazú

Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.

El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.

Herramientas y técnicas participativas disponibles

El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:

  1. Audiencias públicas: espacios formales donde se presentan avances, se recogen observaciones y se abren canales de diálogo directo con la ciudadanía.
  2. Talleres participativos: dinámicas grupales en las que se trabaja con mapas, dibujos y debates abiertos para recoger percepciones, propuestas y problemáticas locales.
  3. Mapeo comunitario: ejercicios donde las personas habitantes identifican en planos o cartografía sus recorridos, lugares de importancia, zonas de riesgo o sitios de conflicto.
  4. Entrevistas y encuestas: permiten profundizar en las experiencias de distintos sectores de la población, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos.
  5. Mesas temáticas: espacios de discusión especializados (agua, movilidad, riesgo, vivienda, ambiente) que permiten detallar aportes sectoriales.
  6. Recorridos de campo y observación directa: visitas conjuntas a barrios, quebradas, zonas agrícolas o áreas de riesgo para complementar los diagnósticos técnicos con la mirada comunitaria.
  7. Inventarios y diagnósticos participativos: registros elaborados con apoyo de la población local sobre recursos naturales, espacios públicos, prácticas productivas o usos del suelo.

Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.

Extracto de la sesión del Concejo Municipal

Sesión completa aquí

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Ciudadanía logra acuerdo para que la Comisión vuelva a tener voz en el Plan Regulador de Escazú

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Tras varias semanas de movilización, tensión en el Concejo Municipal y exigencias por parte de la comunidad, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Escazú comunicó que se alcanzó un acuerdo sobre la gestión del Plan Regulador.

El comunicado establece que el Plan Regulador se trabajará de manera conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y la Comisión Especial del Plan Regulador, reinstalando así un espacio de representación comunitaria que había sido eliminado semanas atrás.

Según informó la Municipalidad, el acuerdo fue promovido luego de una conversación entre el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León, que permitió convocar a los siete regidores propietarios para construir una salida negociada. La propuesta será presentada este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal para su aprobación formal.

Participación fortalecida

El comunicado señala además que se reforzarán las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana. De confirmarse en el Concejo, se trataría de un paso importante hacia un esquema más equilibrado que combine la capacidad técnica con la incidencia ciudadana.

Para los colectivos que se han movilizado, este desenlace es un reconocimiento al rol de la ciudadanía como actor legítimo en la definición de un Plan Regulador que afecta directamente el futuro del cantón: desde la protección de los Cerros de Escazú y la recarga hídrica, hasta la gestión de riesgos, la movilidad y la calidad de vida en los barrios.

La fuerza de la movilización

El acuerdo no surge de la nada. Fue la presión organizada de vecinos, colectivos y organizaciones —expresada en concentraciones, comunicados y presencia activa en las sesiones municipales— la que obligó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y negociación.

La comunidad escazuceña demostró que la vigilancia y la acción colectiva pueden revertir decisiones que parecían cerradas, recuperando un mecanismo de representación ciudadana y exigiendo mayor transparencia en la gestión municipal.

Próxima cita: martes en el Concejo

El próximo martes la propuesta será presentada en el Concejo Municipal. La expectativa es que se apruebe el acuerdo y se ratifique la corresponsabilidad entre la Oficina Técnica y la Comisión Especial, consolidando un proceso de ordenamiento territorial con mayor legitimidad democrática.

La lección es clara: cuando la ciudadanía se organiza, la participación deja de ser un trámite y se convierte en una fuerza capaz de incidir en el rumbo del cantón.

Un camino difícil, pero legítimo

El acuerdo alcanzado no oculta que el proceso estuvo lleno de obstáculos. Las personas vecinas que impulsaron la convocatoria enfrentaron intentos de desacreditación pública, cuestionamientos sobre sus motivaciones e incluso la minimización de sus demandas dentro del propio Concejo Municipal.

A pesar de ello, se mantuvieron firmes en la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio. Con organización, constancia y presencia activa lograron demostrar que sus preocupaciones eran legítimas y que sus reclamos estaban sustentados en principios democráticos.

Hoy, con la apertura de la mesa de diálogo y el acuerdo de trabajo conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión, queda en evidencia que la movilización no fue en vano. Las vecinas y vecinos actuaron en defensa del bien común y reafirmaron que la participación ciudadana no es una concesión, sino un derecho que debe respetarse y fortalecerse.

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Luchas por el agua en Hatillo: ¿Qué nos dicen de nuestros territorios?

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En esta entrevista conversamos con Andrés José Romero Méndez, autor de la tesis “Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)”. El estudio revela cómo los cortes de agua no son solo un problema coyuntural o técnico, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han relegado a comunidades enteras a vivir bajo racionamientos normalizados. En este diálogo exploramos:

🔎 La historia de la urbanización del agua en San José y su desigualdad.

⚖️ Cómo los racionamientos se legitiman jurídicamente como “inevitables”.

📢 La resistencia comunitaria en Hatillo y la disputa por narrar su propia realidad frente al discurso oficial.

Un intercambio que conecta geografía, política y vida cotidiana, y que invita a repensar el agua no solo como infraestructura, sino como un derecho y un campo de lucha.

Crédito imagen de cabecera: Semanario Universidad

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Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

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Las recientes actuaciones de la Municipalidad en la zona costera de Talamanca confirman una percepción creciente entre vecinos y activistas: el verdadero motor de la gestión municipal no es la protección ambiental, sino la recaudación fiscal. Aunque en apariencia se realizan clausuras, operativos y controles, el trasfondo es otro: lo que se busca no es frenar el daño a playas, humedales o quebradas, sino garantizar que los permisos estén en «regla» y que los pagos se realicen.

De esta manera, la institucionalidad local proyecta una imagen de “ordenamiento” que en realidad encubre la permisividad con construcciones ilegales, talas y rellenos en zonas de alto valor ecológico. Lo que debería ser un marco regulatorio para proteger los bienes comunes termina convertido en un sistema de trámites administrativos que legitima la ocupación y privatización del territorio costero.

Intervenciones sin enfoque ambiental

El activista Philippe Vangoidsenhoven ha seguido de cerca dos casos recientes que ilustran este problema. El primero ocurrió cerca de la zona de Flor de China, donde una intervención municipal se resolvió rápidamente con la regularización de un permiso, a pesar de tratarse de un terreno señalado como patrimonio del Estado. El segundo sucedió este fin de semana en Beach Break, donde la clausura de una construcción fue presentada como un acto de fiscalización, pero en realidad respondió únicamente a la falta de permisos al día.

En ninguno de los dos casos se habló de la protección de humedales, de la conservación del bosque ni del respeto a la zona pública. La municipalidad desplegó a varios funcionarios, colocó cintas de clausura y levantó actas, pero el centro de su preocupación fue que no se habían pagado los trámites correspondientes. Esto confirma, según Vangoidsenhoven, que la lógica de la institución es “pagar para seguir construyendo”, sin importar la fragilidad del entorno.

Enjambre de construcciones en plena zona pública

El caso de Beach Break es especialmente grave porque pone en evidencia la contradicción más profunda del modelo actual. En esa zona, la ley establece que los primeros 50 metros de franja costera son inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Sin embargo, allí se levantan construcciones con permisos municipales, incluso hoteles que cuentan con órdenes de demolición, pero que siguen funcionando y expandiéndose con el aval de nuevos permisos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de un hotel con orden de demolición que, lejos de ser sancionado, recibió luz verde para construir una piscina. Esto ilustra cómo los mecanismos administrativos no operan en defensa del interés público ni del derecho de acceso a la playa, sino en beneficio de quienes pueden pagar y obtener permisos.

La clausura realizada el fin de semana en Beach Break no se debió a la tala de árboles ni a la invasión de la zona pública, sino a que la obra carecía de papeles en regla. Como señala Vangoidsenhoven, si los constructores hubieran tenido los permisos actualizados, la obra seguiría avanzando, pese al daño ambiental evidente.

Cercanías a Flor de China
Cercanías de Beach Break
Chapeo en quebradas y presión sobre humedales

Otro frente de afectación se vive en las quebradas y humedales de la zona, donde las intervenciones ilegales avanzan con rapidez. Vangoidsenhoven documentó el caso de un chapeo reciente en una quebrada, a pesar de haber sido denunciado en múltiples ocasiones. La falta de respuesta oportuna muestra que la Municipalidad actúa únicamente cuando puede encuadrar los hechos en un trámite administrativo o en el cobro de un permiso.

El resultado es un vacío de protección real sobre ecosistemas vitales. Mientras las construcciones avanzan, los humedales son rellenados y las quebradas alteradas, la municipalidad se mantiene pasiva, salvo que detecte irregularidades en el papeleo. La consecuencia es un proceso silencioso de deterioro ambiental, que erosiona poco a poco la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida y proteger a las comunidades costeras.
Una lógica de permisos, no de protección

Estos casos ponen en evidencia un patrón institucional: lo que importa no es el daño ambiental, sino la formalidad del trámite. El criterio central para clausurar una construcción es que no se han cumplido los requisitos administrativos. Una vez que los desarrolladores pagan, se reactivan las obras, incluso si estas invaden zonas públicas o destruyen ecosistemas sensibles.

En la práctica, el mensaje que reciben los constructores es claro: se puede edificar en la zona marítimo-terrestre, se pueden talar árboles y rellenar humedales, siempre y cuando se cuente con los permisos al día. Lo ambiental queda reducido a un requisito burocrático más, que no impide la destrucción del territorio.

Naturaleza en segundo plano

Los testimonios y seguimientos de Vangoidsenhoven evidencian la profunda contradicción del modelo municipal en Talamanca. Las clausuras y operativos, lejos de ser medidas de protección, se han convertido en herramientas de recaudación fiscal. Los sellos de clausura no representan un alto al avance de la frontera constructiva, sino apenas una pausa mientras se regularizan los pagos.

En el discurso público, se afirma que existe un compromiso con la conservación, pero en la práctica lo que prevalece es un sistema de permisos que legitima construcciones en zonas públicas, humedales y quebradas. La naturaleza, una vez más, queda relegada frente a la lógica del dinero.

Un modelo territorial al servicio del negocio, no de la naturaleza

La situación en Talamanca no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo territorial que concibe el suelo principalmente como un recurso para el negocio inmobiliario y turístico. En lugar de priorizar la protección de la biodiversidad, la recuperación de humedales o la garantía del acceso público a las playas, la planificación municipal se centra en habilitar terrenos para la construcción de hoteles, comercios y residencias privadas.

Esta lógica convierte a la naturaleza en un obstáculo administrativo que debe ser superado con permisos y trámites, en vez de ser reconocida como un bien común fundamental para la vida y la identidad de las comunidades. Así, el territorio costero se fragmenta en lotes de uso privado, dejando de lado su condición de espacio público y de patrimonio colectivo.

Al privilegiar el desarrollo inmobiliario y comercial, se generan dinámicas de exclusión social. Las comunidades locales enfrentan el aumento del costo de vida, la privatización de accesos al mar y la pérdida de ecosistemas que sostienen sus modos de vida. En paralelo, los beneficios económicos quedan concentrados en manos de quienes tienen la capacidad de invertir y pagar permisos, reproduciendo desigualdades.

Además, este enfoque implica un riesgo a futuro: al reducir la naturaleza a un valor de cambio, se compromete la resiliencia de la zona frente a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, erosión costera o pérdida de fuentes de agua. La falta de protección ambiental hoy se traducirá en mayores vulnerabilidades para las comunidades mañana.

En síntesis, una política territorial centrada en la promoción del uso comercial del suelo y en la recaudación fiscal ignora la dimensión ecológica y social del territorio, debilitando tanto la justicia ambiental como la justicia social. La ausencia de una visión integral de ordenamiento convierte a Talamanca en un espacio cada vez más expuesto a la especulación, la degradación y el despojo.

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Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

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La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, por su presunta omisión en la defensa de bienes públicos —calles, parques, áreas verdes y reservas comunales— ubicados en el histórico Proyecto Americano de Nosara. El recurso fue interpuesto por el abogado Marvin Rodríguez Varela el 21 de abril de 2025.

Una historia que inicia en 1966

El origen del conflicto se remonta a la llegada de un inversionista estadounidense en 1966, quien adquirió una finca de más de mil hectáreas en Nosara. Un año después, el INVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo) aprobó el Mapa Oficial del Proyecto Americano, en el que quedaron delimitadas las áreas destinadas al uso público: calles, zonas verdes y espacios comunales.

Sin embargo, con el paso de las décadas, la Municipalidad de Nicoya fue autorizando construcciones y visados de planos sin asegurar la protección de esas áreas. Así, terrenos que debían permanecer como bienes de la comunidad terminaron inscritos a nombre de privados y, posteriormente, bajo la administración de la Asociación Cívica de Nosara.

¿Por qué se presentó el amparo?

El recurso sostiene que el alcalde incumplió acuerdos firmes del Concejo Municipal de 2020 y 2021, que lo obligaban a iniciar procesos legales para recuperar más de 80 hectáreas de bienes públicos. Además, se apoya en dictámenes de la Procuraduría General de la República, los cuales son claros: los bienes demaniales —como calles, parques y áreas comunales— son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser vendidos, apropiados ni reclamados por particulares.

Para el abogado Rodríguez Varela, la inacción del alcalde constituye una falta grave a su deber constitucional de proteger los intereses de la comunidad y del Estado, más aún cuando existen pruebas contundentes sobre el carácter público de los terrenos en disputa.

Lo que resolvió la Sala Constitucional

Al admitir el recurso, la Sala IV ordenó al alcalde cumplir sin más demora los acuerdos municipales y emprender los trámites necesarios para reivindicar las tierras. Además, dispuso la paralización inmediata de cualquier obra que afecte las zonas verdes, calles o áreas comunales dentro del Proyecto Americano, así como la suspensión de trámites registrales en el Registro Nacional sobre esos terrenos.

El fallo también abre la puerta para que el caso sea elevado al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual podría revisar la validez de las credenciales del alcalde. Asimismo, señala la necesidad de investigar el papel de la Asociación Cívica de Nosara en los traspasos irregulares de bienes públicos.

Implicaciones para Nosara y el país

La resolución representa un triunfo en la defensa de los bienes comunes y sienta un precedente clave para otras comunidades costeras y turísticas que enfrentan problemas similares. Nosara podría recuperar terrenos de gran valor ecológico y económico —estimados en millones de dólares—, pero sobre todo, devolver a la comunidad el acceso a espacios que le pertenecen desde hace más de medio siglo.

El fallo también envía un mensaje contundente: la inacción de las autoridades locales frente a irregularidades no es tolerable y puede acarrear consecuencias legales y políticas. En términos educativos, este caso recuerda que los bienes públicos no son un regalo de las instituciones, sino derechos colectivos protegidos por la Constitución.

En Nosara, y en todo el país, la sentencia abre una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de exigir transparencia, participación y compromiso de los gobiernos locales en la gestión del territorio.

Pueden descargar los documentos aquí

Recurso de amparo

Resolución

Aportes del fallo para casos similares
  1. Reafirma la imprescriptibilidad de los bienes públicos: ningún particular, aunque tenga escrituras registradas o posesión prolongada, puede reclamar propiedad sobre áreas demaniales. Esto es aplicable a conflictos en playas, parques urbanos y reservas comunales en todo el país.
  2. Obliga a las municipalidades a actuar: la sentencia deja claro que la omisión de alcaldes o funcionarios para proteger bienes públicos constituye una violación constitucional. Por tanto, los gobiernos locales tienen la obligación de iniciar procesos judiciales y administrativos cuando haya ocupación indebida.
  3. Precedente para detener obras privadas: al ordenar la paralización inmediata de construcciones en terrenos públicos, el fallo puede usarse en otros casos donde desarrollos turísticos o residenciales pretendan apropiarse de áreas verdes, caminos o zonas de acceso común.
  4. Reconoce la fuerza vinculante de los acuerdos municipales: el fallo confirma que los alcaldes deben cumplir los acuerdos tomados por el Concejo Municipal, fortaleciendo el control democrático y colegiado en la gestión local.
  5. Defensa de intereses colectivos por encima de intereses privados: el fallo marca un precedente en el equilibrio entre derechos individuales y el interés general, especialmente en territorios donde el valor económico de la tierra puede tentar a apropiaciones indebidas.
  6. Herramienta para comunidades organizadas: al validar los reclamos de Nosara, la resolución fortalece a movimientos comunales en otras localidades que buscan recuperar espacios públicos y denunciar irregularidades municipales.
Glosario básico

  • Recurso de amparo: mecanismo constitucional que permite a cualquier persona denunciar violaciones a derechos fundamentales cometidas por autoridades públicas, solicitando una respuesta inmediata de la Sala Constitucional.

  • Sala Constitucional (Sala IV): instancia de la Corte Suprema de Justicia que resuelve recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en Costa Rica.

  • Bienes demaniales: bienes de dominio público (como calles, parques, plazas, áreas verdes y comunales) que son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se pierden con el tiempo) y que deben destinarse al uso público.

  • INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo): institución estatal que regula proyectos urbanísticos y su planificación, incluyendo la delimitación de espacios públicos en planes de urbanización.

  • Mapa Oficial / Diseño de sitio: documento aprobado por el INVU en 1967 para el Proyecto Americano en Nosara, donde quedaron establecidas formalmente las áreas destinadas al uso común.

  • Reivindicación de bienes: acción legal o administrativa que busca recuperar para el Estado o la comunidad bienes públicos que han sido indebidamente apropiados por particulares.

  • Concejo Municipal: órgano colegiado de gobierno local que aprueba acuerdos y dicta lineamientos que el alcalde debe ejecutar.

  • Procuraduría General de la República: institución asesora y consultora del Estado costarricense en materia legal. Sus dictámenes, cuando son vinculantes, obligan a las instituciones públicas a acatarlos.

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Defensa de la Cuenca del Río Frío denuncia ante el MINAE la extracción minera en Guatuso con más de 150 firmas ciudadanas

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El movimiento socioambiental Defensa de la Cuenca del Río Frío, junto a más de 150 personas del pueblo de Maquencal y comunidades aledañas en Guatuso de Alajuela, entregaron este viernes un documento de denuncia ciudadana al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. La acción busca detener el deterioro del ecosistema del río Frío frente a décadas de extracción minera no metálica en su cauce.

En el documento entregado y respaldado por más de 150 firmas, las comunidades denuncian la “extracción irracional” de material minero no metálico en el Río Frío, la cual se ha extendido por más de tres décadas, con registros de concesiones desde 1991. Según expresaron, este modelo extractivo ha significado un “consumo excesivo en el tiempo, una extracción desmedida y una degradación absoluta del ecosistema”.

La denuncia se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el movimiento solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que no se otorguen más concesiones sobre el Río Frío y que se realicen estudios técnico-científicos rigurosos para determinar el verdadero impacto ambiental de las actividades mineras en la cuenca.

El movimiento Defensa de la Cuenca del Río Frío insiste en que esta lucha no se trata solo de preservar el río, sino también de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Al respecto, recordaron el Principio 3 de la Declaración de Río de 1992: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

Con esta acción y el respaldo ciudadano expresado en las firmas, las comunidades esperan que el MINAE escuche la voz colectiva y actúe en defensa del interés público, priorizando el derecho a un ambiente sano sobre los intereses extractivos que han puesto en riesgo la vida del Río Frío y de quienes dependen de él.

Pueden ver la denuncia ciudadana aquí.

Por motivos de privacidad, no se publican en esta nota las firmas ni los números de cédula de las personas firmantes.

Un ejemplo del impacto: antes
Ahora
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Tras movilización ciudadana se abre mesa de negociación por la participación en el Plan Regulador de Escazú

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Tras la movilización y presión ciudadana, este viernes 22 de agosto se abrió una mesa de negociación para abordar el tema de la participación en la elaboración del Plan Regulador de Escazú.

En el espacio participan representantes de la alcaldía, las siete personas regidoras del Concejo Municipal y cuatro delegados escogidos por los  movimientos cívicos ciudadanos que se articularon para exigir condiciones reales de incidencia comunitaria. Con esta apertura, se reconoce la legitimidad de las demandas vecinales y se abre una oportunidad para que la voz de la ciudadanía tenga un lugar en la definición del futuro territorial del cantón.

La mesa de negociación se instala en un contexto marcado por el descontento. Tras el pasado 29 de julio, dónde se dio  la decisión de trasladar la responsabilidad del Plan Regulador a una oficina técnica municipal, sin el acompañamiento de la Comisión Especial con representación comunitaria, provocó un amplio rechazo. Vecinas y vecinos denunciaron la reducción de la transparencia, la improvisación en las sesiones del Concejo y la ausencia de condiciones mínimas para la participación.

Ahora, con la instalación de la mesa, los movimientos ciudadanos esperan que se construyan acuerdos concretos que garanticen:

  • La permanencia de un mecanismo de representación comunitaria.

  • Procesos accesibles y transparentes de discusión de las propuestas.

  • Condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda incidir desde las primeras etapas.

 

El próximo martes 26 de agosto, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se presentarán los resultados de esta negociación y las soluciones acordadas entre las partes. Será un momento clave para confirmar si la apertura al diálogo se traduce en compromisos reales y efectivos.

Desde los movimientos ciudadanos el mensaje es claro: la participación en el Plan Regulador no es un privilegio, sino un derecho democrático que garantiza que las decisiones sobre el territorio respondan al interés colectivo y no únicamente a intereses comerciales o particulares.

“Nos vemos el martes”, expresan las organizaciones, reafirmando la convocatoria a la comunidad escazuceña para llenar nuevamente el Concejo Municipal y dar seguimiento a los acuerdos. Pueden ver el post de facebook aquí y seguir toda la información.

La fuerza de la movilización ciudadana

La apertura de la mesa de negociación no fue un gesto espontáneo de la administración municipal, sino el resultado directo de la organización y presión de la ciudadanía. Desde las primeras denuncias de CODECE y colectivos locales, hasta la concentración de más de un centenar de vecinos y vecinas en las afueras del Concejo Municipal, la participación comunitaria se convirtió en el motor que obligó a las autoridades a escuchar y abrir un espacio formal de diálogo.

La movilización ha demostrado que el involucramiento activo de la población puede cambiar el rumbo de decisiones que parecían cerradas. Frente a intentos de limitar la incidencia ciudadana, la respuesta colectiva puso sobre la mesa que el territorio es un asunto de interés público y no exclusivo de oficinas técnicas o de intereses inmobiliarios.

Más allá de la coyuntura inmediata, esta experiencia deja un aprendizaje clave: solo con presencia, vigilancia y articulación comunitaria es posible defender los bienes comunes, el derecho a la ciudad y la transparencia en la gestión municipal.

En Escazú, la voz organizada de la ciudadanía logró abrir una negociación que hasta hace pocos días parecía impensable. El desafío ahora es que los acuerdos se concreten en mecanismos reales de participación, y que la movilización se mantenga como una herramienta de defensa del territorio y la vida comunitaria.

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Pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio

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En este video escuchamos de primera mano los testimonios de personas del pueblo indígena Ngöbe asentado en Sixaola, quienes denuncian el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos.

Las entrevistas fueron grabadas durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, realizado en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes abordan con claridad y firmeza problemáticas como:

Obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos.

Falta de atención en salud y acceso seguro al agua.

Condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras.

La ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo.

Más que relatos aislados, estas voces revelan un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural que vulnera a más de 10.000 personas Ngöbe en la zona sur del Caribe costarricense. Este material busca amplificar su llamado: reconocimiento, justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT.

Organizaron el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola — Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) — con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.