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“Tranquilo Icético, eso no es privatización” Dice Electrón mientras convierte derechos en mercados: Documento de trabajo

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Mientras el país discute la llamada “armonización” del mercado eléctrico, hay una pregunta mucho más profunda que frecuentemente queda fuera del debate: ¿la privatización ocurre únicamente cuando una institución pública se vende… o también cuando se debilita, se fragmenta y se reorganiza lentamente bajo la lógica del mercado?

La discusión actual sobre electricidad en Costa Rica suele presentarse como un tema técnico:
-tarifas,
-competencia,
-eficiencia,
-modernización.

Pero detrás de ese lenguaje existe una disputa política mucho más grande sobre quién controla la energía, quién toma las decisiones estratégicas y bajo qué intereses se organiza el futuro energético del país.

Durante décadas, América Latina escuchó el mismo discurso:
-que abrir mercados traería competencia,
-que la competencia bajaría tarifas,
-y que lo privado sería automáticamente más eficiente.

Sin embargo, la experiencia regional dejó otra historia:
-concentración económica,
-captura corporativa,
-aumento tarifario,
-socialización de pérdidas,
-y debilitamiento de la capacidad pública para planificar sectores estratégicos.

Y quizás por eso resulta tan simbólico volver a mirar aquella vieja disputa entre Icético y Electrón. Mientras Icético promovía el ahorro energético y el uso responsable de la electricidad como un bien colectivo, Electrón aparecía asociado al derroche, el consumo excesivo y una lógica donde la energía parecía infinita y desconectada de cualquier responsabilidad social. Décadas después, esa metáfora adquiere un nuevo significado: la discusión ya no es solamente sobre apagar una luz innecesaria, sino sobre qué modelo energético se quiere construir y quién se beneficia cuando la electricidad deja de entenderse como derecho para convertirse cada vez más en mercado.

Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico muestran que muchas veces la llamada “competencia” terminó convirtiéndose en oligopolios privados con enorme poder político y económico.

Por eso el nuevo documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica propone ampliar la mirada.

Porque privatizar no siempre significa vender una institución de un día para otro.

A veces significa:
-abrir progresivamente mercados,
-tercerizar funciones,
debilitar capacidades públicas,
-reducir inversión estatal,
-crear narrativas permanentes de crisis,
-o instalar la idea de que lo público es incapaz de sostener la vida colectiva.

Y ahí es donde aparece Electrón.

No el personaje ingenuo de las campañas institucionales del pasado, sino el nuevo Electrón: el que llega hablando de “armonización”, “competitividad”, “flexibilización”, “modernización del mercado”, y “eficiencia regulatoria”.

Un Electrón que insiste en que nadie quiere privatizar nada… mientras el mercado gana cada vez más espacio dentro de sectores estratégicos.

Icético, mientras tanto, todavía recuerda otra historia.

Recuerda cuando electrificar territorios rurales no era rentable pero sí necesario.
Recuerda cuando hablar de electricidad implicaba hablar de bienestar colectivo y no únicamente de clientes.
Recuerda que muchas instituciones públicas nacieron precisamente porque el mercado no garantizaba acceso universal ni integración territorial.

Por eso la discusión sobre la Ley de Armonización no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa histórica mucho más amplia que Costa Rica viene viviendo desde hace décadas: la tensión entre entender la electricidad como derecho colectivo o como oportunidad de negocio.

El documento también recupera algo que suele desaparecer del discurso oficial: el papel de la protesta social y de los sujetos colectivos en la defensa de los bienes comunes.

Desde Cochabamba hasta el Combo ICE, las resistencias latinoamericanas muestran que muchas conquistas democráticas nacieron precisamente cuando la sociedad organizada decidió cuestionar aquello que parecía inevitable.

Porque al final la pregunta no es solamente qué modelo eléctrico quiere el país.

La pregunta es también:
-¿quién decidirá el futuro energético de Costa Rica?,
-¿el mercado?,
-¿las corporaciones?,
-¿o la sociedad organizada?

Y quizá por eso Icético sigue desconfiando cada vez que escucha a Electrón decir:

—“Tranquilo… eso no es privatización”.

Ya disponible el documento completo: Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica. Pueden descargarlo aquí.

Conversación en una subestación cualquiera

—Icético, tenés que entender que el mundo cambió —dijo Electrón mientras abría una presentación titulada “Armonización Competitiva para la Modernización Energética”.

Icético frunció el ceño.

—Eso tiene demasiadas palabras para decir algo peligroso.

—No seás dramático. Nadie está hablando de privatizar.

—Ajá… ¿y entonces por qué cada cinco minutos decís “mercado”, “competencia” y “eficiencia”?

Electrón sonrió.

—Porque hay que modernizar. Lo público ya no puede hacerlo todo.

—Curioso —respondió Icético—. Antes decían que el ICE era ejemplo mundial.

—Bueno, sí, pero ahora ocupa “flexibilizarse”.

—¿Flexibilizarse?

—Abrirse.
Competir.
Adaptarse.
Asociarse.
Tercerizar algunas cosas.
Armonizar el mercado.

Icético suspiró.

—Qué increíble la capacidad que tienen para inventar palabras nuevas y evitar decir “privatización”.

Electrón cerró el PowerPoint.

—Mirá, nadie quiere vender el ICE.

—Pero sí quieren que pierda generación, planificación, control del sistema y capacidad financiera.

—Eso suena muy ideológico.

—Y “armonización” suena como si una consultora hubiera escrito una canción de cuna para empresarios.

Electrón ignoró el comentario.

—La competencia baja tarifas.

Icético soltó una carcajada.

—Claro. Preguntale a Chile. O a Puerto Rico. O a Colombia.

—Aquí va a ser diferente.

—Todos dicen eso antes de abrir sectores estratégicos.

Hubo un silencio incómodo.

—¿Y entonces qué proponés? —preguntó Electrón.

Icético miró hacia las líneas eléctricas.

—Empezar por dejar de discutir la electricidad como si fuera solamente un negocio.

—Eso suena viejo.

—No. Lo viejo es creer que el mercado siempre viene a salvarlo todo.

Crédito de imágenes y video: Grupo ICE

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PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

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  1. Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

  1. Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

  1. ¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

  1. La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida. 

  1. La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

  1. La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

  1. Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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La moneda de Dos Caras: así funciona la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves 2022-2026

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No es contradicción, es arquitectura. Detrás del líderazgo ambiental internacional que protege los océanos se esconde una lógica coherente: la naturaleza se protege si se puede vender, y se destruye si se puede explotar.

La política ambiental en sus propias palabras: el presidente, la moneda y las dos caras

A veces, para entender una política pública no hace falta empezar por los decretos, los indicadores o los discursos técnicos. Basta escuchar las palabras con las que un gobierno explica el mundo.

En el caso de la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), las declaraciones públicas del propio presidente permiten observar con claridad la arquitectura política que atraviesa su gestión: una combinación entre liderazgo verde internacional, lógica de rentabilidad territorial y desconfianza hacia regulaciones o actores que puedan limitar la inversión.

Las frases no son simples «ocurrencias». Funcionan como ventanas hacia una forma específica de entender la relación entre naturaleza, economía y democracia.

Y esa forma, como desarrollaremos a lo largo de esta nota, no es caótica ni contradictoria. Responde más bien a una lógica que podríamos llamar «la moneda de Dos Caras»: un rostro impoluto para el mundo, un rostro desfigurado para el territorio, y entre ambos una decisión política que siempre cae del mismo lado.

El rostro impoluto: el líder climático que habla al mundo

En los escenarios globales, el presidente Chaves despliega un discurso de fuerte tono ambientalista. Allí, Costa Rica vuelve a ser el país verde, el referente, el que asume liderazgos que otros esquivan.

«Para Costa Rica, el futuro de la humanidad es inimaginable sin un océano protegido, así que hemos asumido el liderazgo que nos corresponde y con un mensaje urgente para el mundo, convertimos su protección en el eje central de nuestra política ambiental exterior.» (Esta declaración fue realizada durante un evento de alto nivel sobre Acción Oceánica «Inmersos en el Cambio», antesala de la UNOC 2025)

Incluso frente a la minería submarina —una de las grandes amenazas oceánicas— el presidente apeló a un lenguaje ético, casi civilizatorio:

«Del oportunismo de otra nación que vaya a buscar metales al fondo del mar y que nos destruye el ambiente para todos, llegó el momento ya no de discutir, llegó el momento de buscar en nuestros corazones.» (Declaración realizada durante la UNOC 2025 en Francia).

Ese es el rostro impoluto. El que posa para las fotos internacionales. El que habla de protección, de ética, de corazón. El mismo que permite a Costa Rica seguir cobrando por servicios ambientales, recibir financiamiento climático y pavonearse como líder en las cumbres.

Pero la moneda tiene otra cara.

El rostro desfigurado: la urgencia económica que todo lo subordina Cuando el presidente se dirige al país —cuando habla de territorio, de inversión, de desarrollo real— el tono cambia radicalmente. La protección ambiental deja de ser prioritaria. Se vuelve, en el mejor de los casos, un lujo que no podemos pagar.

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó:

«Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse… pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol. (Conversatorio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación)

La metáfora es reveladora: la crisis ecológica deja de entenderse como problema estructural para convertirse en un asunto secundario frente a las urgencias económicas inmediatas. No es el balazo —lo que mata ahora— sino el colesterol —lo que mata despacio, quizás mañana, quizás nunca.

Ese es el rostro desfigurado. El que opera bajo la lógica de la excepción: la norma se flexibiliza, la regulación se posterga, el ambiente espera. Algo similar ocurre con la idea misma de sostenibilidad. En una de sus declaraciones más conocidas, Chaves sentenció:

«El desarrollo sostenible es redundante.» (Intervención ante la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación).

La frase parece menor, pero encierra una concepción política profunda: la idea de que el desarrollo, por sí mismo, ya contiene automáticamente la sostenibilidad. Como si crecer económicamente fuera, por definición, cuidar el ambiente. Como si no existieran tensiones reales entre expansión del capital, límites ecológicos y destrucción territorial.

La moneda, aquí, ya ha caído. Y cayó del lado del desarrollo sin adjetivos.

La moneda en acción: cuando la fauna se vuelve enemiga

La lógica de Dos Caras se vuelve brutalmente explícita en las disputas sobre uso del suelo y conservación costera. En medio de las controversias por Gandoca-Manzanillo —un territorio de alto valor ecológico y cultural— el presidente declaró:

«Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República -El Observador CR)

Y luego agregó, construyendo su famosa falsa moderación:

«Aquí hay gente extrema que dice que hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas y eso no pasará, pero también hay otros que dicen que hay que dejárselo a los monitos y no señor, tampoco es así.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República / El Observador CR).

Analicemos la operación de la moneda, paso a paso.

Primero, el presidente se presenta como equilibrado: ni extremo de un lado (hoteles gigantes), ni extremo del otro (conservación absoluta). Segundo, caricaturiza la defensa ambiental: quienes protegen el territorio son «los que quieren dejárselo a los monitos». Tercero, naturaliza la intervención humana: el territorio debe producir algo, no puede «quedarse» para nadie más que no sea el capital.

¿Qué ha hecho Dos Caras aquí? Ha lanzado su moneda al aire. El rostro impoluto dice: «no vamos a destruir el tesoro nacional». El rostro desfigurado añade: «pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna». La moneda cae. El resultado es una playa privatizada, una comunidad desplazada, un manglar rellenado. Y todo, envuelto en la retórica del «centro razonable».

La moneda contra la democracia ambiental: el rechazo a Escazú

La misma lógica se repite —con consecuencias aún más globales— en la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza participación ciudadana.

El presidente fue tajante desde el inicio de su mandato:

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW / Divergentes).

¿Por qué tanta tranquilidad para el sector privado y tanta intranquilidad para las comunidades? La respuesta está en su propia justificación:

«Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Observen cómo opera la moneda. La participación ambiental —el derecho a ser consultado, a acceder a información, a impugnar decisiones— es presentada como una «posibilidad de atrasar». Los defensores de territorios son convertidos en obstáculos. La democracia ecológica se vuelve sinónimo de traba burocrática.

El presidente incluso argumentó que Costa Rica no necesita el Acuerdo porque:

«Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Ahí está, por fin, el corazón de Dos Caras. Lo que el presidente rechaza del Acuerdo de Escazú no es el acceso a la información ni la justicia ambiental. Es la posibilidad de que las comunidades digan «paren». Es el derecho a frenar un proyecto cuando la norma se ha violado, cuando el territorio está en riesgo, cuando la inversión avanza por encima de la vida.

«Eso no se vale», dice Dos Caras mientras lanza su moneda. Pero la moneda siempre cae del mismo lado: el lado que protege la inversión, no el territorio. El lado que tranquiliza al sector privado, no a las comunidades.

La coherencia de la moneda: lo que las frases revelan

Leídas en conjunto, estas declaraciones permiten observar algo que los análisis superficiales suelen perder de vista: no hay contradicción, hay arquitectura.

El presidente que en Davos habla de proteger océanos y buscar en el corazón es el mismo que en Limón habla de no dejarle el territorio «a los monitos». El líder climático internacional es el mismo que llama «colesterol» a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estadista que firma acuerdos globales es el mismo que dice «el Acuerdo de Escazú no está en la agenda». No es que mienta. Es que su moneda tiene dos caras diseñadas para funcionar juntas.

  • El rostro impoluto permite a Costa Rica seguir vendiendo servicios ambientales, recibir financiamiento verde y mantener su marca país de sostenibilidad.
  • El rostro desfigurado permite flexibilizar normas, expulsar comunidades y abrir territorios a la inversión inmobiliaria, turística y minera.

Una cara no estorba a la otra. La hace posible.

Cuando las palabras nombran (y ocultan) la moneda

La política ambiental, entonces, no solo se expresa en leyes, permisos o conflictos territoriales. También se revela —con crudeza— en las palabras con las que el poder decide nombrar o reducir la naturaleza, las comunidades y el futuro del país.

«El desarrollo sostenible es redundante»  no es una ocurrencia. Es una declaración de principios.

«No se lo vamos a dejar a la fauna»  no es una metáfora desafortunada. Es una hoja de ruta.

«Esa posibilidad de decir paren… eso no se vale»  no es un exabrupto. Es la línea roja que este gobierno no está dispuesto a cruzar.

La moneda de Dos Caras tiene un nombre en la política ambiental de Rodrigo Chaves. Se llama: naturaleza como activo, territorio como mercancía, comunidades como obstáculo.

Y mientras sigamos leyendo estas frases como incoherencias aisladas, la moneda seguirá girando en el aire. Pero si las leemos como lo que son —las dos caras de un mismo proyecto— entonces tal vez podamos, por fin, disputar el lanzamiento.

Porque la moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

La trampa de pedir coherencia

Cuando se analiza la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves, es común caer en una trampa: la de leerla como una colección de contradicciones.

Por un lado, Costa Rica sigue brillando en el escenario internacional. Expande áreas marinas protegidas, consolida el Fondo Azul y fortalece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El país no abandona su vitrina verde.

Por otro lado, en el plano interno, ocurre lo contrario. Se flexibilizan normas para proyectos inmobiliarios, se centralizan decisiones en pocas manos, se silencia a los técnicos del Ministerio de Ambiente (MINAE). Casos como Gandoca-Manzanillo, Cipreses de Oreamuno o Playa Panamá parecen indicar un retroceso sistemático.

Frente a esto, muchos concluyen: «El gobierno es incoherente. Dice una cosa y hace otra». Pero esa lectura es ingenua. Y también es útil… para el gobierno.

Porque si creemos que solo se trata de contradicciones, dejamos de preguntarnos por la lógica que las organiza. Y ese es el verdadero hallazgo del análisis aquí: no hay contradicción. Hay arquitectura.

Costa Rica como Harvey Dent o «Dos Caras»

Para entender esta arquitectura, imaginemos al gobierno de Chaves como un personaje de DC Comics: Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica que se convierte en el villano Dos Caras.

Harvey tiene dos rostros. Uno es el del líder idealista, pulcro, comprometido con la justicia. El otro es una cicatriz quemada que revela violencia y arbitrariedad. Entre los dos, decide con una moneda. Pero la moneda no es azar: está cargada.

Ahora pensemos en Costa Rica.

El rostro impoluto es el que ve el mundo: el país verde, el líder climático, el que vende servicios ambientales y recibe financiamiento internacional por proteger sus bosques y mares.

El rostro desfigurado es el que sufren las comunidades costeras y rurales: playas privatizadas de hecho, amenaza de manglares o bosques destruidos para hoteles de lujo, comunidades expulsados por la gentrificación o turístificación, y técnicos ambientales silenciados por orden de un superior.

¿Y la moneda? La moneda es la decisión política. Cada vez que hay conflicto entre conservación y desarrollo, el gobierno lanza su moneda. Pero la moneda no cae al azar. Está diseñada para caer siempre del lado que conviene al capital.

Si un ecosistema puede venderse en forma de bonos de carbono o servicios ambientales, la moneda cae del lado impoluto: se protege, se mide, se transa. Si un territorio —sobre todo si es playa, corales, manglar o tierra fértil— puede ser transformado en un resort, un puerto o un proyecto inmobiliario de lujo, la moneda cae del lado desfigurado: se flexibilizan las normas, se acalla a los opositores y se judicializa el conflicto cuando ya es tarde.

No es azar. Es diseño.

El rostro impoluto: cuando la naturaleza se convierte en activo

Comencemos por la cara que el gobierno muestra con orgullo.

En el escenario internacional, Costa Rica no ha abandonado su papel histórico. Al contrario, lo ha actualizado. La expansión de áreas marinas protegidas, el impulso al Fondo Azul y el fortalecimiento de los PSA configuran una narrativa de innovación y liderazgo.

Pero aquí hay un giro que no suele contarse: lo que se despliega no es solo una política de conservación, sino una nueva lógica económica sobre la naturaleza. Los bosques y los mares dejan de ser territorios con valor intrínseco o cultural. Empiezan a ser activos. Se miden en toneladas de carbono capturado. Se traducen en métricas de biodiversidad. Se integran a circuitos globales de financiamiento.

El PSA, por ejemplo, es un instrumento exitoso. Pero también es un contrato. La naturaleza se protege porque presta un servicio. Y ese servicio tiene precio.

La pregunta incómoda es: ¿qué pasa con lo que no puede medirse ni venderse? ¿Qué pasa con los ecosistemas que no entran en esta lógica de valorización? ¿Qué pasa con los territorios que no sirven como activos climáticos, pero sí como suelo barato para el turismo de élite?

Ahí es donde aparece el otro rostro. El rostro desfigurado: centralización, silencio y excepción

En el plano interno, la historia es muy distinta. El gobierno no ha reformado el MINAE mediante un proyecto de ley explícito, aunque lo intentó. Lo ha transformado mediante prácticas silenciosas pero sistemáticas.

Primero, centralización del poder. Las decisiones ambientales ya no se discuten en instancias técnicas. Se concentran en la jerarquía ministerial. Los criterios de biólogos, geógrafos y abogados ambientales son subordinados a la voluntad política.

Segundo, control de la comunicación. Circulan oficios internos que limitan lo que los funcionarios técnicos pueden decir en público. El conocimiento especializado pierde visibilidad. Y sin visibilidad, pierde capacidad de incidir.

Tercero, flexibilización normativa. La ley deja de ser un marco estable. Se vuelve una variable ajustable. Si una norma impide un proyecto, se reinterpreta. Si la oposición social crece, se deslegitima a los activistas como «ambientalistas extremos». Si el conflicto llega a los tribunales, se asume que la justicia llegará tarde.

Y así ocurre. En los casos que se lograr avanzar en algún sentido. En todos ellos, cuando la justicia ambiental finalmente se pronuncia, el territorio ya ha sido transformado. Los manglares ya están rellenados. Los hoteles ya tienen sus cimientos.

La justicia opera como correctivo post daño, no como mecanismo preventivo.

Gentrificación y privatización de costas: la cara más violenta de la moneda

Hasta aquí, el análisis del texto original. Pero falta un elemento central para entender el «rostro desfigurado» en su máxima expresión: la gentrificación turística y la privatización de las costas. Estos dos fenómenos son, quizás, la forma más intensa en que se aplica la lógica de la moneda cargada.

¿Qué está pasando en las costas de Costa Rica?

En nombre del turismo —ese motor económico que nadie se atreve a criticar— se están impulsando megaproyectos hoteleros y residenciales de lujo, marinas que atentan los corales, y que vistos de forma integral producen al menos tres efectos devastadores:

  1. Expulsión de comunidades locales. Pescadores artesanales, campesinos costeros y familias enteras son desplazadas porque el suelo que habitaron por generaciones se revaloriza. Ya no es tierra de vida. Es tierra de negocio.
  2. Privatización de facto de las playas. La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero en la práctica, las servidumbres de paso se restringen, las concesiones se otorgan con discrecionalidad, y el acceso al mar se vuelve un privilegio para huéspedes de hoteles o dueños de villas.
  3. Destrucción de ecosistemas costeros. Corales, manglares, humedales y bosques de transición son eliminados para dar paso a campos de golf, piscinas y terrazas con vista al mar. Ese daño, en la mayoría de los casos, es irreversible.
¿Y cuál es el papel del gobierno en todo esto?

El rostro impoluto sigue promocionando «marca país» basada en naturaleza. Los folletos turísticos muestran playas vírgenes y selvas exuberantes. El rostro desfigurado, mientras tanto, facilita los permisos, desaloja a las comunidades que protestan y silencia a los técnicos que alertan sobre el impacto ambiental.

No es incoherencia. Es el mismo modus operandi de Dos Caras: un discurso para los turistas y los mercados internacionales (justicia, conservación, sostenibilidad), y una práctica brutal para las comunidades locales (despojo, exclusión, daño ambiental).

Energía y minería: la expansión de la frontera de mercado

La lógica de la moneda cargada no se limita a las costas. También alcanza sectores estratégicos como la energía y la minería.

En el sector eléctrico, el gobierno ha impulsado una apertura a la competencia y al capital privado en un ámbito históricamente organizado bajo principios de planificación pública. La transición energética, así pensada, deja de ser un asunto de soberanía nacional para convertirse en un mercado más.

En el caso de la minería, el fantasma de Crucitas sigue ahí. Aunque existe una prohibición formal, el tema reaparece una y otra vez: mediante proyectos de ley, declaraciones de autoridades o una gestión ambigua de la minería ilegal. Crucitas se ha vuelto un territorio emblemático donde la prohibición convive con su constante puesta en cuestión.

En ambos casos, la tendencia es clara: expandir la lógica de valorización hacia ámbitos que habían sido relativamente protegidos de ella.

Si hay un símbolo perfecto del «rostro impoluto» versus el «rostro desfigurado» de la política ambiental costarricense, ese es el Acuerdo de Escazú. Porque Costa Rica no solo firmó este tratado. Costa Rica fue sede de su firma en 2018 . El país se puso al frente de América Latina para impulsar el primer gran pacto ambiental de la región, pionero mundial en la protección de defensores ambientales .

Y sin embargo, cinco años después, el tratado sigue sin ser ratificado.

¿Por qué funciona esta arquitectura? La coherencia de la dualidad

Llegados a este punto, alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el gobierno mantenga al mismo tiempo un liderazgo ambiental internacional y una política interna de flexibilización y despojo?

La respuesta es simple: porque una cosa hace posible la otra.

El rostro impoluto no es un estorbo para el rostro desfigurado. Es su cobertura. La legitimidad verde que Costa Rica acumula en el extranjero permite seguir recibiendo financiamiento, acuerdos y buena prensa. Esa misma legitimidad vuelve más difícil la crítica interna, porque cualquier oposición puede ser tildada de «antidesarrollo» o «extremista». Y el rostro desfigurado, por su parte, no es un accidente. Es la expresión territorial de esa misma lógica: algunos ecosistemas se protegen como activos financieros; otros se sacrifican como suelo de inversión.

La política ambiental de este gobierno no oscila impredeciblemente entre protección y explotación. Se mueve dentro de un marco coherente donde la naturaleza es protegida cuando puede ser integrada a circuitos de valor, y flexibilizada cuando su transformación resulta funcional a la rentabilidad inmediata.

La moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

Siete preguntas para seguir pensando (y disputando)

Para cerrar, dejamos estas preguntas. No buscan respuestas fáciles. Buscan abrir el debate allí donde el gobierno prefiere el silencio.

  1. Sobre la moneda cargada: ¿No es contradictorio vender «paz con la naturaleza» en las cumbres climáticas mientras en las costas del Pacífico se destruyen bosques para hoteles de lujo? ¿O acaso esa contradicción es justamente la funcionalidad del sistema?
  2. Sobre la censura técnica: Cuando el MINAE silencia a sus propio personal y centraliza decisiones en jerarcas políticos, ¿no se está aplicando la misma lógica de Dos Caras? ¿La ley técnica se aplica solo cuando la moneda (la voluntad política) lo permite?
  3. Sobre gentrificación-turistificación: Los megaproyectos turísticos expulsan a comunidades pesqueras y campesinas. ¿No es esta una forma de «limpieza social» funcional al rostro desfigurado? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando los habitantes originales ya no pueden pisar su propia playa?
  4. Sobre privatización de costas: La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero con servidumbres de paso amañadas y concesiones discrecionales, se permite una privatización de facto. ¿No es esta la victoria del rostro desfigurado? ¿Dónde queda la democracia ambiental si la playa se ha convertido en un lobby de hotel?
  5. Sobre la marca país: El gobierno promueve turismo basado en naturaleza. Pero esa promesa exige playas libres y accesibles. ¿Cómo se sostiene la marca (rostro impoluto) mientras el producto real (rostro desfigurado) es una costa cercada y excluyente?
  6. Sobre la judicialización tardía: Los casos emblemáticos llegan a tribunales cuando el daño ya es irreversible. ¿No es el Poder Judicial el equivalente al comisionado Gordon en Gotham: intenta arreglar el desastre, pero nunca puede prevenir que Dos Caras lance su moneda?
  7. La pregunta final: Si aceptamos esta metáfora, entonces el gobierno de Chaves no es «fracturado» ni «inconsistente». Es perfectamente coherente con una lógica: maximizar el valor (vía financiarización, turismo de lujo y privatización costera) bajo la cobertura de un discurso verde. Entonces, ¿cómo se construye una defensa de los bienes comunes que no quepa ni en la cara de la conservación financiera ni en la cara del desarrollo depredador?
Nombrar la moneda para poder disputarla

La política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves tiene un nombre. No es «contradicción». No es «falta de rumbo». No es «improvisación». Se llama moneda de Dos Caras.

Un rostro impecable para el mundo. Un rostro quemado para los territorios y las comunidades. Y entre ambos, una moneda que siempre cae del mismo lado.

Nombrar esta coherencia no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque solo aquello que se reconoce en su lógica puede ser efectivamente disputado. La pregunta, entonces, ya no es si el gobierno es verde o no lo es. La pregunta es: ¿quién tiene derecho a lanzar la moneda? ¿Y cómo construimos un modelo donde la naturaleza no tenga que depender de una cara buena o una cara mala, sino que sea simplemente un bien común, compartido, vivo e intransable?

Esa es la conversación que el rostro impoluto quiere evitar. Y que el rostro desfigurado quiere quemar antes de que empiece.

Una matriz para discutir

La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cómo denunciar la “moneda cargada”, sino cómo disputar el horizonte político que la hace posible.

Porque el problema no se reduce a un gobierno, un decreto o un conflicto puntual. Lo que está en juego es una forma de entender la naturaleza, el territorio, el desarrollo y la democracia. Una lógica donde algunos ecosistemas se conservan porque generan valor financiero, mientras otros territorios son flexibilizados, sacrificados o privatizados en nombre del crecimiento económico.

Frente a esto, resulta necesario abrir una discusión más profunda: ¿qué alternativas políticas, económicas y territoriales pueden construirse más allá del falso dilema entre conservación mercantilizada y desarrollo depredador?

La siguiente matriz no busca ofrecer respuestas cerradas ni modelos acabados. Más bien, pretende funcionar como herramienta de reflexión y debate colectivo. Identifica algunas de las tensiones centrales que atraviesan la política ambiental contemporánea en Costa Rica y propone horizontes en disputa para pensar otras formas de relación entre sociedad, naturaleza y bienes comunes.

Tensión o falso dilema dominanteCómo se presenta públicamenteQué invisibiliza o desplazaCómo opera la “moneda cargada”Horizonte político en disputaPreguntas para problematizar
Conservación vs desarrolloSe afirma que proteger demasiado frena la inversión y el empleoQue conservación y extractivismo pueden coexistir bajo una misma lógica de mercadoSe conservan ecosistemas útiles para financiamiento verde y se flexibilizan otros para inversión inmobiliaria o turísticaSostener la vida como criterio central de organización territorial¿Desarrollo para quién y a costa de qué territorios?
Turismo o pobrezaEl turismo aparece como única salida económica viable para las costasDependencia económica, precarización laboral y expulsión comunitariaLa naturaleza se convierte en paisaje de consumo y plataforma de rentaEconomías territoriales diversificadas y arraigadas localmente¿Puede una comunidad vivir del turismo sin perder su territorio?
Ambiente o inversiónLas regulaciones ambientales son presentadas como obstáculos burocráticosQue muchas normas existen para evitar daños irreversiblesSe flexibilizan reglas cuando el capital considera “estratégico” un territorioPlanificación ecológica democrática y preventiva¿Quién define qué proyectos son “de interés nacional”?
Crecimiento verde o atrasoLa modernización se asocia a mercados de carbono, megaproyectos y apertura económicaLas desigualdades territoriales y la concentración de beneficiosLa naturaleza se valoriza financieramente mientras aumentan exclusiones territorialesTransición ecológica justa con redistribución territorial¿Puede haber transición ecológica sin justicia social?
Expertos o comunidadesEl conocimiento técnico se utiliza selectivamente según convenga políticamenteLos saberes comunitarios y la autonomía territorialEl criterio técnico se fortalece o silencia según afecte intereses económicosCo-gobernanza entre conocimiento técnico y territorial¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre un territorio?
Protección ambiental o uso productivoSe plantea que ciertos ecosistemas “improductivos” deben ponerse a generar riquezaEl valor cultural, hídrico y comunitario de los territoriosAlgunos ecosistemas se convierten en activos; otros en suelo sacrificableTerritorios entendidos como espacios de vida y reproducción social¿Todo territorio debe justificar su existencia en términos de rentabilidad?
Marca país o conflicto territorialCosta Rica se presenta internacionalmente como líder verdeLos conflictos ambientales internos y la desigualdad ecológicaLa legitimidad internacional amortigua críticas localesDemocracia ambiental con transparencia territorial¿Quién narra el país: las comunidades o la estrategia de mercadeo?
Seguridad jurídica o defensa comunitariaLos conflictos se reducen a “trabas” contra el desarrolloAsimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidadesLa judicialización llega cuando el daño ya ocurrióJusticia ambiental preventiva y vinculante¿Qué significa justicia cuando el ecosistema ya fue destruido?
Acceso público o privatización “ordenada”Se afirma que las concesiones mejoran infraestructura y dinamizan territoriosRestricciones reales al acceso comunitario y apropiación privada de bienes públicosLa privatización ocurre gradualmente mediante regulación y exclusión prácticaCostas y bienes comunes bajo acceso colectivo garantizado¿Puede existir playa pública cuando el acceso depende del consumo?
Energía pública o eficiencia de mercadoLa apertura eléctrica se presenta como modernización inevitableRiesgos de fragmentación, dependencia privada y desigualdad energéticaSectores estratégicos se reconfiguran como nichos de inversiónSoberanía energética democrática y planificación pública¿La energía es mercancía o derecho colectivo?
Conservación financiera o abandono estatalSe plantea que sin mercados verdes no hay recursos para proteger la naturalezaEl debilitamiento de la responsabilidad pública sobre el cuidado ambientalLa protección depende cada vez más de su capacidad de generar rentabilidadCuidado ecológico como responsabilidad colectiva y pública¿Qué ocurre con los ecosistemas que no producen ganancias?
Participación o gobernabilidadLa crítica social se presenta como obstáculo al progresoEl derecho de las comunidades a decidir sobre transformaciones territorialesLa participación se tolera mientras no altere decisiones estratégicasDemocracia territorial vinculante y deliberativa¿Participar significa escuchar o realmente poder decidir?
La moneda que no cambia de dueño

La matriz anterior no es un catálogo de incidentes aislados. Es el reflejo de una lógica de gobierno que ha encontrado en la estigmatización de la defensa ambiental una herramienta política recurrente. Y esa lógica, como muestra el cierre de esta nota, no se agota con el cambio de mando.

El extracto: cuando «estúpido» y «extremista» se vuelven política de Estado

El 22 de abril de 2026 —en una conferencia de prensa conjunta— el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández ofrecieron una ventana involuntaria hacia el futuro de la política ambiental costarricense .

El detonante fue una pregunta sobre el proyecto turístico en Playa Panamá, Guanacaste, donde se pretendía talar 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas del manglar . El diputado electo Edgardo Araya —reconocido por su trayectoria en la defensa ambiental— había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, logrando medidas cautelares que suspendieron temporalmente los permisos de tala .

La respuesta del ahora expresidente Chaves fue, para usar sus propias palabras, directa:

«La clase de estúpido que es este ser humano. Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas» .

No contento con el insulto, extendió su descalificación al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, a quien calificó como «un desvisado, de extrema izquierda y nefasto para el país» .

Pero lo más relevante para el futuro del país ocurrió a su lado. La presidenta electa Laura Fernández —quien asumiría el mando pocos días después, el 8 de mayo de 2026— no solo no se desmarcó del discurso presidencial. Lo complementó.

Fernández aludió a «personas radicalistas» que, según sus palabras, «engañan al país con información falsa» . En la misma línea, el presidente electo la respaldó al calificar a sus opositores ambientales como «fanáticos», «radicales» y «malintencionados». La escena fue, en esencia, una ceremonia de continuidad.

Lo que revela el intercambio

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, en su análisis de este episodio, fue contundente: lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la estigmatización de personas defensoras del ambiente «contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal» .

En Costa Rica, ese clima ya tiene nombre y apellido. Y ahora tiene una continuidad asegurada.

La moneda sigue girando

La metáfora de Dos Caras que hemos utilizado a lo largo de esta nota adquiere aquí una dimensión inquietante. Porque la moneda que el presidente Chaves ha lanzado durante cuatro años no será recogida cuando él abandone el poder.

La presidenta Laura Fernández ha recibido esa moneda. Y ha dejado claro, en su primera conferencia conjunta, que piensa seguir lanzándola.

El rostro impoluto seguirá hablando de protección oceánica y liderazgo climático en los foros internacionales. El rostro desfigurado seguirá llamando «estúpidos», «fanáticos» y «radicales» a quienes se atrevan a decir «paren» frente a un proyecto de inversión.

La única diferencia es que ahora la moneda tiene un nuevo lanzador. Pero el lado hacia el que cae —siempre el mismo— no ha cambiado.

La pregunta que queda

Frente a esta continuidad anunciada, la pregunta que abre esta nota —¿quién tiene derecho a lanzar la moneda?— se vuelve más urgente que nunca.

Porque la moneda de Dos Caras no es un mecanismo neutral. Es un dispositivo de poder. Y mientras siga en manos de quienes ven en la naturaleza un activo, en el territorio una mercancía y en las comunidades un obstáculo, el ambiente seguirá siendo moneda de cambio.

No de vida.

Nombrar esta continuidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para disputar, por fin, el lanzamiento.

Referencias:

CR Hoy. (2024, noviembre 13). PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica.

CR Hoy. (2026, abril). Diputado electo recurre a la Sala IV para frenar tala de 748 árboles en playa Panamá.

Divergentes. (2022, mayo 4). Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú.

DW. (2022, mayo 4). Presidente electo de Costa Rica descarta acuerdo de Escazú.

El Observador. (2024, mayo 16). Video | «Tampoco se lo vamos a dejar a la fauna», dice Chaves sobre tala de árboles en Caribe Sur.

France 24. (2025, junio 16). La Entrevista – El presidente de Costa Rica en France 24: se necesita «racionalidad económica» en el tema ambiental.

La Nación. (2022, marzo 11). Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica.

La República. (2022, marzo 12). Rodrigo Chaves minimiza desafíos para el desarrollo sostenible de Costa Rica.

La República. (2024, mayo 16). [Video] Rodrigo Chaves: No permitiremos hoteles de 5 estrellas en el Caribe Sur, pero tampoco quedará solo para los monitos.

La República. (2024, noviembre 14). Costa Rica debilita su histórica apuesta ambiental.

Trivisión. (2026, abril 22). El debate por tala y proyectos en Papagayo Guanacaste escala con posición conjunta del Gobierno y presidenta electa Laura Fernández.

UNA Comunica. (2026, enero 14). Planes de gobierno alertan pérdida de liderazgo ambiental en Costa Rica.

Crédito imágenes: DC Comics

La presente nota no es un comentario circunstancial. Es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (2022-2026). Durante este período, el Observatorio ha documentado decretos, proyectos de ley, conflictos territoriales, flexibilizaciones normativas, centralización de decisiones y la sistemática estigmatización de las personas defensoras del ambiente.

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¿Un rótulo más? El cuido del río Agualote

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Un rótulo como dispositivo pedagógico: encuentro, territorio y cuidado colectivo

La colocación del rótulo en el río Agualote no fue únicamente una acción informativa ni una intervención aislada en el espacio público. También abrió una discusión importante sobre las formas en que construimos educación ambiental y sobre los dispositivos que utilizamos para comunicar, sensibilizar y movilizar alrededor del cuidado de los bienes comunes.

¿Por qué un rótulo más?

¿Por qué seguir colocando rótulos en un contexto saturado de imágenes, mensajes y contaminación visual? La pregunta apareció varias veces durante la actividad y lejos de ser evitada, fue asumida colectivamente. Precisamente ahí radica parte de la potencia de esta experiencia: problematizar el propio acto de rotular.

Porque este rótulo no busca vender, ordenar o publicitar. Busca detener. Interrumpir el tránsito cotidiano para recordar algo que muchas veces permanece invisibilizado: debajo del puente hay un río, una microcuenca, biodiversidad, relaciones ecológicas y también conflictos ambientales que requieren atención colectiva.

En ese sentido, el rótulo funciona como un dispositivo pedagógico territorial. No reemplaza procesos organizativos, educativos o comunitarios más amplios, pero sí actúa como un punto de activación de preguntas, conversaciones y encuentros. Traduce información científica en un lenguaje accesible y la devuelve al territorio donde esa información fue producida.

El proceso también era el mensaje

Además, su proceso de instalación terminó siendo tan importante como el rótulo mismo.

Durante la jornada participaron organizaciones comunitarias, personas voluntarias, Universidad de Costa Rica, ASADAS, empresa privada y actores locales que, desde distintos lugares, aportaron tiempo, trabajo y presencia. Algunas personas ayudaron cavando, otras sosteniendo estructuras, otras observando detalles de seguridad, dando opiniones o simplemente acompañando. Incluso hubo momentos de cuidado hacia la biodiversidad del lugar, recordándonos que el río no es solamente un “tema ambiental”, sino un espacio vivo compartido con múltiples formas de vida.

La articulación entre organizaciones también se volvió un mensaje en sí mismo.

Encontrarse para cuidar

En tiempos marcados por el aislamiento institucional y la fragmentación social, encontrarse para realizar una acción concreta —aunque parezca pequeña— tiene un enorme valor político y comunitario.

La colocación del rótulo se convirtió así en un momento de encuentro: un espacio donde el conocimiento científico dialogó con la experiencia comunitaria, donde el trabajo manual se mezcló con la reflexión crítica y donde el cuidado apareció no solo como discurso, sino como práctica compartida.

Más que instalar un objeto, lo que ocurrió fue la construcción temporal de una comunidad alrededor del río.

El cuidado también se construye en lo cotidiano

Quizá ahí reside una de las principales enseñanzas de esta experiencia: que el cuidado de los bienes comunes no depende únicamente de grandes políticas o proyectos institucionales, sino también de la capacidad de encontrarnos, reconocernos y actuar colectivamente en el territorio.

A veces, cuidar empieza con algo aparentemente pequeño: detenerse, conversar, sostener un rótulo, cavar un hueco, proteger una iguana o simplemente estar presentes. Y justamente por eso, este no era solo un rótulo más.

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Hondurasgate y Proyecto Júpiter: La fábrica del enemigo en tiempos de algoritmos

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La democracia bajo condiciones de saturación

Las democracias latinoamericanas atraviesan una transformación silenciosa pero profunda. Ya no basta con controlar instituciones, acumular capital o disputar elecciones: el conflicto político contemporáneo también se libra en el terreno de la percepción, la saturación informativa y la erosión permanente de la confianza pública. En este escenario, casos como el Hondurasgate y el llamado Caso Júpiter aparecen menos como episodios excepcionales y más como síntomas de una época marcada por la expansión de operaciones político-mediáticas donde la verdad pierde centralidad frente al impacto emocional, la sospecha y el desgaste.

Lejos de tratarse únicamente de escándalos coyunturales, estos casos revelan la consolidación de nuevas formas de disputa política que combinan plataformas digitales, filtraciones, operadores mediáticos, campañas emocionales y narrativas de crisis permanente. La política ya no se organiza solamente alrededor de programas o proyectos; también se estructura alrededor de flujos de información, producción de miedo y administración estratégica del conflicto.

La “máquina del fango”: cuando la sospecha se vuelve tecnología política

Hace años, Umberto Eco advirtió sobre la existencia de una “máquina del fango”: un dispositivo de producción sistemática de desprestigio, rumores y manipulación simbólica cuyo objetivo no consiste necesariamente en demostrar hechos, sino en instalar dudas, fragmentar consensos y destruir legitimidades.

El barro funciona precisamente porque mezcla elementos reales, medias verdades, filtraciones, insinuaciones y emociones intensas hasta volver indistinguible la frontera entre información y operación política. Su potencia no radica únicamente en la mentira, sino en la saturación. Cuando todo parece escándalo, nada logra esclarecerse. Cuando cada actor acusa al otro de conspiración, corrupción o traición, el resultado no es necesariamente una ciudadanía más informada, sino una sociedad fatigada, desconfiada y vulnerable a soluciones autoritarias.

La lógica de la máquina del fango no busca únicamente convencer; busca producir agotamiento colectivo. La incertidumbre permanente termina debilitando las capacidades sociales para distinguir entre investigación, propaganda, filtración interesada y espectáculo mediático.

¿Qué son el Hondurasgate y el Proyecto Júpiter?

Aunque poseen características y contextos distintos, el Hondurasgate y el llamado Proyecto Júpiter comparten un elemento central: ambos han sido interpretados como expresiones de nuevas formas de disputa política donde convergen filtraciones, operaciones mediáticas, narrativas de seguridad y estrategias digitales de influencia.

El denominado Hondurasgate surge a partir de la filtración de audios y documentos que involucran a actores políticos, empresariales y operadores vinculados a redes internacionales de lobby y comunicación estratégica. Las revelaciones generaron controversia por las posibles conexiones entre campañas digitales, construcción de narrativas políticas e intereses geopolíticos articulados más allá de las fronteras hondureñas. El caso abrió debates sobre desinformación, injerencia, guerra comunicacional y el uso de plataformas digitales para moldear percepciones públicas en América Latina.

Por su parte, el Proyecto Júpiter aparece asociado a denuncias, interpretaciones y análisis sobre presuntas operaciones político-mediáticas vinculadas con escenarios de conflictividad regional, seguridad y construcción de enemigos internos. En diversas discusiones públicas, el término ha sido relacionado con dinámicas de intervención narrativa, amplificación mediática del miedo y utilización estratégica de discursos de amenaza para justificar agendas políticas y reconfiguraciones de poder.

Más allá de la precisión jurídica o del estado de verificación de cada denuncia, ambos casos permiten observar transformaciones más amplias en las formas contemporáneas de hacer política. La circulación acelerada de filtraciones, el papel central de redes sociales, la participación de operadores digitales y la creciente fusión entre comunicación, seguridad y geopolítica revelan cómo el conflicto político actual se desarrolla también como una disputa permanente por controlar narrativas, emociones y percepciones colectivas.

En ambos escenarios aparece además una dimensión clave: la utilización de estructuras de comunicación, influencia y articulación política como herramientas de incidencia en contextos locales con ramificaciones internacionales. Las disputas nacionales dejan de ser estrictamente domésticas y comienzan a insertarse dentro de redes transnacionales donde confluyen intereses económicos, agendas ideológicas, plataformas digitales y actores políticos capaces de intervenir simultáneamente en distintos territorios.

Esto implica la construcción estratégica de alianzas, campañas y narrativas orientadas a influenciar grupos específicos, moldear climas de opinión y fortalecer determinados intereses políticos, económicos o geopolíticos. Influencers, centros de pensamiento, operadores mediáticos, organizaciones, plataformas digitales y redes de lobby pasan entonces a desempeñar un papel cada vez más importante en la producción de legitimidades y en la orientación del debate público.

En ese sentido, Hondurasgate y Proyecto Júpiter funcionan menos como hechos aislados y más como ventanas para comprender una época marcada por la expansión de la desinformación, la polarización y la consolidación de ecosistemas digitales donde el barro, la sospecha y la saturación informativa comienzan a operar como instrumentos cotidianos de poder.

Hondurasgate y Proyecto Júpiter: síntomas de una mutación regional

En este contexto, el Hondurasgate resulta particularmente revelador. Las filtraciones de audios, las denuncias sobre redes internacionales de desinformación y las posibles articulaciones entre actores políticos, operadores digitales y agendas geopolíticas muestran cómo las fronteras entre comunicación, inteligencia, propaganda y seguridad se vuelven cada vez más difusas.

El Caso Júpiter, por su parte, expresa otra dimensión del fenómeno: la utilización intensiva de estructuras mediáticas y digitales para influir en percepciones colectivas, consolidar relatos de crisis y administrar políticamente la sospecha. En ambos casos aparece una lógica compartida: no se trata solamente de convencer, sino de desestabilizar, erosionar y producir incertidumbre permanente.

Más allá de las particularidades de cada caso, ambos permiten observar dinámicas estructurales:

  • -circulación acelerada de filtraciones,
  • -centralidad de operadores digitales,
  • -amplificación algorítmica del conflicto,
  • -construcción de enemigos políticos,
  • -desgaste institucional,
  • -y creciente dificultad para separar información, propaganda y operación psicológica.

Lo relevante no es únicamente si cada acusación resulta verdadera o falsa, sino el modo en que estos ecosistemas producen condiciones permanentes de polarización y sospecha social.

Del enemigo interno al algoritmo

América Latina conoce bien estas dinámicas. Durante décadas, el “enemigo interno” funcionó como categoría organizadora de doctrinas de seguridad, persecuciones políticas y mecanismos de control social. Sin embargo, la novedad contemporánea radica en que esa lógica ahora opera acelerada por algoritmos, plataformas digitales y economías de la indignación que convierten el conflicto en espectáculo continuo.

El barro ya no circula únicamente desde periódicos o cadenas televisivas: se mueve a velocidad algorítmica entre bots, influencers políticos, cuentas anónimas, campañas segmentadas y plataformas diseñadas para premiar la reacción emocional antes que la deliberación democrática.

La comunicación política deja entonces de orientarse principalmente hacia la persuasión racional y comienza a estructurarse alrededor de impactos emocionales instantáneos: miedo, indignación, humillación pública, odio y ansiedad colectiva. En ese terreno, la verdad pierde eficacia frente a la viralidad.

Influencia digital y geopolítica: la disputa por las narrativas

Las tensiones alrededor de la desinformación, las operaciones digitales y la construcción estratégica de percepciones no ocurren en un vacío político. También forman parte de disputas geopolíticas más amplias donde los Estados buscan moldear narrativas, defender intereses y reposicionar su legitimidad internacional en escenarios crecientemente fragmentados.

En ese contexto, recientes informaciones publicadas por The Guardian revelan que el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo instrucciones firmadas por Marco Rubio, ordenó a embajadas y consulados desplegar campañas coordinadas para contrarrestar lo que define como “propaganda antiestadounidense” y fortalecer la influencia de Washington a través de redes sociales y ecosistemas digitales.

El documento, según la investigación periodística, no solo impulsa una estrategia global de posicionamiento narrativo, sino que además plantea la coordinación entre sedes diplomáticas y unidades de operaciones psicológicas del Pentágono, conocidas anteriormente como Psyops. La instrucción incluye trabajar con influencers, académicos, líderes comunitarios y actores locales capaces de amplificar contenidos alineados con los intereses estadounidenses, procurando que dichas narrativas aparezcan como expresiones orgánicas y no como campañas centralizadas.

La relevancia de estas revelaciones no reside únicamente en el reconocimiento explícito del poder político de las redes sociales, sino en lo que muestran sobre la transformación contemporánea de la influencia internacional. Si durante gran parte del siglo XX la disputa por la legitimidad global se estructuraba alrededor de medios tradicionales, diplomacia pública o intervenciones directas, hoy una parte importante de esa confrontación ocurre mediante algoritmos, circulación de contenidos, administración emocional de audiencias y control de ecosistemas informativos.

La incorporación explícita de plataformas como X —presentada en el documento como herramienta “innovadora” para combatir la desinformación— evidencia además cómo las infraestructuras privadas digitales se convierten en componentes estratégicos de la disputa geopolítica contemporánea. Las redes sociales dejan de ser simples espacios de interacción para transformarse en territorios de influencia, intervención narrativa y producción de hegemonía cultural.

Esto complejiza aún más escenarios como Hondurasgate o el Caso Júpiter. Las campañas digitales, los sistemas de amplificación mediática y las operaciones narrativas dejan de ser únicamente fenómenos domésticos para insertarse dentro de redes transnacionales donde convergen intereses políticos, plataformas tecnológicas, actores económicos y estrategias de influencia regional.

La máquina del fango adquiere entonces una nueva escala: ya no opera solamente como instrumento de disputa electoral interna, sino como componente de una geopolítica de la información donde las emociones, los imaginarios y la percepción pública se convierten en territorios estratégicos de intervención.

Claves para leer la política del fango

Para analizar este tipo de fenómenos resulta útil identificar algunos patrones recurrentes que aparecen en las nuevas disputas político-mediáticas de la región:

DimensiónCaracterísticas principalesEfectos políticos
Producción de informaciónFiltraciones, audios, documentos parciales, rumoresGeneración de incertidumbre y sospecha
Plataformas digitalesBots, cuentas anónimas, microsegmentación, viralizaciónAmplificación emocional del conflicto
Construcción de enemigosNarrativas de traición, corrupción o amenaza internaPolarización y debilitamiento del diálogo
Saturación mediáticaExceso de información contradictoriaFatiga social y descreimiento
Judicialización y espectáculoMezcla entre procesos legales y guerra comunicacionalErosión de legitimidad institucional
Geopolítica y redes transnacionalesArticulación entre actores internacionales y agendas ideológicasExpansión regional de operaciones políticas
Economía de la indignaciónPremios algorítmicos al contenido conflictivoRadicalización discursiva
Crisis de confianzaDesgaste de medios, instituciones y actores políticosApertura a liderazgos autoritarios

Esta matriz permite comprender que la máquina del fango no opera únicamente como campaña de desinformación aislada, sino como un ecosistema político-cultural mucho más amplio, donde múltiples actores disputan poder mediante la administración estratégica del ruido.

La erosión democrática como efecto acumulativo

La consecuencia de estos procesos es profunda. No solo se deteriora la calidad del debate público; también se debilitan las posibilidades mismas de construir horizontes comunes. Allí donde todo puede ser presentado como conspiración, montaje o manipulación, la política deja de organizarse alrededor de proyectos colectivos y comienza a estructurarse alrededor del miedo, el odio y la administración permanente de enemigos.

La máquina del fango no destruye únicamente reputaciones individuales: erosiona lentamente las condiciones culturales de la democracia. Produce sociedades incapaces de distinguir entre crítica y operación, entre información y propaganda, entre participación política y espectáculo emocional. Y en medio de ese ruido constante, quienes logran capitalizar el caos suelen ser los actores con mayor capacidad económica, tecnológica y mediática.

No se trata solamente de un problema comunicacional. Se trata de una transformación profunda de las formas contemporáneas de ejercicio del poder.

Cuando el barro deja de ser excepción

Tal vez el problema central no sea únicamente la existencia del barro, sino su normalización como método de gobierno, estrategia electoral y forma dominante de comunicación política en el continente.

Porque cuando la sospecha sustituye al debate y el desgaste reemplaza a la verdad, la democracia comienza a perder uno de sus elementos más frágiles y fundamentales: la posibilidad de confiar colectivamente en algo más que el miedo.

Referencias:

Alfonso, Diana Carolina. (2026, abril 27). Atentados terroristas en el suroccidente colombiano: ¿La mano invisible del Proyecto Júpiter y el Plan Colombia 2.0? Diario Red.

Eco, Umberto. (2015). Número cero. Editorial Lumen.

Editorial. (2026, abril 29). Hondurasgate. Diario Red. 

Gedeon, Joseph. (2026, marzo 30). Estados Unidos ordena a sus embajadas que colaboren contra la “hostilidad” extranjera y que utilicen X para “contrarrestar la propaganda antiestadounidense”. The Guardian.

González Zorrilla, Gabriel. (2026, mayo 12). Hondurasgate: Qué se sabe y qué no de los audios filtrados. Deutsche Welle. Deutsche Welle

Redacción Diario Red / AL. (2026, mayo 6). “Honduras no es un caso aislado: es el laboratorio de una nueva ofensiva contra nuestras democracias”: Gerardo Torres Zelaya en La Base América Latina. Diario Red. 

Sgarzini, Bruno. (2026, mayo 8). Continental Strategy; la firma cercana a Marco Rubio responsable del lobby empresarial detrás del Hondurasgate. Diario Red.

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Esta nota forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes

El texto “Hondurasgate y Proyecto Júpiter: La fábrica del enemigo en tiempos de algoritmos” forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, una iniciativa impulsada por el Observatorio de Bienes Comunes orientada a reflexionar críticamente sobre las transformaciones contemporáneas del poder, la colonialidad, los antiimperialismos y las disputas por los bienes comunes en América Latina y el Caribe.

La colección reúne cuadernos, ensayos y materiales de análisis que buscan leer los conflictos actuales desde perspectivas de antigeopolítica, recuperando voces, memorias y experiencias construidas desde los territorios y las luchas sociales. En ese marco, esta nota propone comprender cómo las operaciones mediáticas, la desinformación, las plataformas digitales y la administración algorítmica del miedo se han convertido en componentes centrales de las disputas políticas contemporáneas.

Más que analizar casos aislados, Geografías Herejes de los Bienes Comunes apuesta por abrir preguntas sobre las nuevas formas de dominación y control que atraviesan la región, así como sobre las posibilidades de construir lecturas críticas y horizontes democráticos frente a la saturación informativa, la polarización y la fabricación permanente de enemigos.

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Hay trenes que no dejan de pasar: memorias y comunidad en Finca 5

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Durante el fin de semana del 16 y 17 de mayo, Finca 5 vivió un proceso profundamente significativo de encuentro comunitario, memoria ferroviaria y construcción colectiva de futuros posibles alrededor del puente ferroviario, el vagón y los espacios públicos de la comunidad.

Las actividades realizadas permitieron abrir conversaciones sobre el presente de Finca 5, sus desafíos organizativos, sus posibilidades y los vínculos comunitarios que todavía sostienen la vida colectiva del territorio. Más que una jornada aislada, el encuentro se convirtió en un espacio para reconocerse, compartir preocupaciones, recuperar memorias y volver a imaginar colectivamente aquello que la comunidad todavía puede llegar a construir.

Pensar Finca 5 desde sus posibilidades

Uno de los principales ejes de trabajo del sábado fue preguntarnos colectivamente qué puede llegar a ser Finca 5 y cuáles sueños siguen abiertos para la comunidad. Las personas participantes identificaron múltiples potencialidades: fortalecer el desarrollo comunal, apoyar emprendimientos locales, promover cooperativas, generar turismo comunitario vinculado a la historia ferroviaria, crear espacios como un café-museo y seguir impulsando actividades recreativas, culturales y familiares.

Las conversaciones también permitieron reconocer el enorme valor simbólico y comunitario que tienen el puente ferroviario y el vagón como espacios capaces de articular memoria, organización y posibilidades económicas para la comunidad. Más allá de cada propuesta concreta, apareció una idea común: existe un deseo real de seguir construyendo comunidad y transformar espacios que durante mucho tiempo fueron vistos únicamente como infraestructura abandonada.

El puente y el vagón comienzan así a resignificarse no solo como huellas del pasado ferroviario, sino también como lugares vivos desde donde la comunidad puede encontrarse, dialogar y construir nuevas formas de apropiación colectiva del territorio.

Organización comunitaria: reconocer lo que ya existe

Las reflexiones compartidas también permitieron reconocer que en Finca 5 ya existe una base organizativa y afectiva sobre la cual continuar construyendo. Muchas veces los procesos comunitarios se piensan únicamente desde las carencias o dificultades, invisibilizando capacidades organizativas que siguen activas en el territorio.

Sin embargo, el propio proceso desarrollado durante el fin de semana mostró la existencia de una trama comunitaria viva, sostenida por personas, organizaciones y espacios que continúan apostando por el encuentro colectivo.

Fortalezas organizativas identificadas

  • -Personas que continúan convocando y sosteniendo procesos comunitarios.
  • -Participación activa de organizaciones locales.
  • -Presencia y articulación de la Escuela de Finca 5.
  • -Disposición comunitaria para dialogar y construir colectivamente.
  • -Voluntariado que sigue impulsando actividades.
  • -Recuperación y cuidado de espacios públicos.
  • -Interés por fortalecer emprendimientos comunitarios.
  • -Existencia de memorias compartidas que todavía generan sentido de pertenencia.
  • -Capacidad de articular generaciones distintas alrededor de la memoria ferroviaria.
  • -Potencial del puente y el vagón como espacios de encuentro comunitario.

Frases compartidas durante la jornada como “Yo quiero a mi Finca 5” o “Esta es una de las mejores plazas de aquí” reflejan un fuerte sentido de pertenencia que persiste incluso en medio de las dificultades y muestran que el vínculo afectivo con la comunidad continúa siendo una fuerza importante para sostener los procesos organizativos.

Los desafíos que atraviesan la organización comunitaria

Al mismo tiempo, las conversaciones también permitieron hablar honestamente sobre tensiones y dificultades que afectan la participación y el sostenimiento de los procesos colectivos.

Nombrar estos desafíos colectivamente resultó importante porque permitió reconocer cansancios, frustraciones y preocupaciones compartidas que muchas veces permanecen dispersas o invisibilizadas.

Desafíos identificados

  • -Poca participación comunitaria.
  • -Desgaste organizativo y sobrecarga de pocas personas.
  • -Disminución del voluntariado.
  • -Falta de oportunidades laborales.
  • -Necesidad de generar sostenibilidad económica.
  • -Falta de recursos para las organizaciones comunitarias.
  • -Sensación de indiferencia y conformismo.
  • -Desprestigio o desconfianza hacia procesos organizativos.
  • -Necesidad de fortalecer la comunicación comunitaria.
  • -Dificultades para construir confianza colectiva.

Frases como “Uno se agueva” o “Dan ganas de salir corriendo” expresaron emocionalmente parte del desgaste que enfrentan muchas personas que sostienen trabajo comunitario.

Sin embargo, las conversaciones también dejaron claro que la transformación de Finca 5 no depende únicamente de infraestructura o proyectos externos. También requiere fortalecer vínculos comunitarios, ampliar la participación, valorar los aportes existentes y construir mecanismos colectivos que permitan sostener los procesos en el tiempo.

El puente y el vagón como espacios vivos

Uno de los aprendizajes más importantes del encuentro es que el puente ferroviario y el vagón ya vienen funcionando como espacios vivos para la comunidad. Los talleres, recorridos, intercambios y actividades realizadas muestran que estos lugares continúan convocando encuentros, memorias y nuevas formas de participación colectiva.

Embellecer espacios, organizar actividades culturales, activar el vagón o recuperar el puente no son únicamente acciones estéticas o patrimoniales. También representan formas de fortalecer vínculos comunitarios y reconstruir sentidos de pertenencia alrededor del espacio público.

Más que ruinas del pasado, el puente y el vagón siguen siendo puntos desde donde Finca 5 conversa consigo misma, recuerda colectivamente e imagina posibilidades hacia adelante.

El encuentro con los exferrocarrileros

El domingo 17 de mayo se realizó además un encuentro con Ferrocarrileros de Costa Rica y la Amantes del tren Costa Rica con Javier Poveda y Roy Fonseca, generando un intercambio profundamente significativo entre memorias ferroviarias, comunidad y nuevas generaciones.

Escuchar a exmaquinistas y trabajadores ferroviarios hablar sobre el cuidado de la línea, el mantenimiento de los trenes y la vida cotidiana alrededor del ferrocarril permitió devolver humanidad a una historia que muchas veces se cuenta únicamente desde la nostalgia o la infraestructura.

La visita permitió reconocer que el patrimonio ferroviario no pertenece únicamente al pasado nacional, sino también a las memorias vivas de quienes trabajaron, cuidaron y construyeron esas rutas.

También permitió recordar algo fundamental: los puentes no solo conectaban trenes. Conectaban comunidades, encuentros y formas de vida compartida.

La perspectiva de la niñez: imaginar el tren sin haberlo visto

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando los exferrocarrileros conocieron los dibujos y cuentos realizados por los niños y niñas de la Escuela de Finca 5. Allí se produjo un encuentro entre generaciones que nunca coincidieron en el tiempo ferroviario, pero que continúan conectadas por la memoria del lugar.

Aunque gran parte de esta niñez nunca vio pasar el tren, el puente y el vagón siguen presentes en sus juegos, historias e imaginarios. Esto demuestra que la memoria no solo se transmite por experiencia directa, sino también a través de relatos comunitarios, espacios compartidos y vínculos afectivos con el territorio.

Los dibujos de la niñez permitieron además que los exferrocarrileros reconocieran cómo su trabajo y legado siguen vivos en la imaginación de nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, mostraron cómo las nuevas generaciones se acercan al puente y al vagón desde otros lenguajes: el juego, el arte, la creatividad y la convivencia comunitaria.

Memoria y futuro: cuando recordar también ayuda a imaginar

El proceso vivido en Finca 5 también deja una reflexión importante: las memorias no solo sirven para mirar el pasado, sino también para imaginar futuros posibles.

Recordar el tren, el puente o las historias ferroviarias no significa querer regresar exactamente a otro tiempo. Más bien permite recuperar valores que siguen siendo importantes hoy: el encuentro entre comunidades, el sentido de pertenencia, la vida colectiva y la construcción compartida de territorio.

En ese sentido, las memorias funcionan como puentes entre generaciones. Los relatos de exferrocarrileros dialogan con los dibujos de la niñez; las historias del pasado se encuentran con los sueños comunitarios del presente.

La memoria aparece entonces no únicamente como recuerdo, sino también como una herramienta para fortalecer identidad comunitaria, organización colectiva y esperanza territorial.

Lo que sigue

Este proceso continúa avanzando como un tren comunitario construido entre muchas manos. Cada conversación, dibujo, recuerdo, propuesta y encuentro ayuda a mover nuevamente la memoria de Finca 5, pero también a abrir preguntas sobre el futuro que la comunidad quiere construir.

Como parte de este proceso, próximamente se realizará la pintada comunitaria de Finca 5, una intervención colectiva del vagón, la plaza y los espacios alrededor del puente ferroviario. Más que un ejercicio de embellecimiento, será una forma de seguir fortaleciendo vínculos, dejar huellas colectivas y traducir en colores muchas de las conversaciones, memorias y sueños compartidos durante estos encuentros.

Porque cuando una comunidad pinta junta, también imagina junta los paisajes que quiere construir hacia adelante.

Agradecemos profundamente a la Asociación de Desarrollo de Finca 5, el Comité de Seguridad Comunitaria de Finca 5, la Escuela de Finca 5, Amantes del tren Costa Rica y la Ferrocarrileros de Costa Rica por hacer posible este encuentro y seguir ayudando a que la memoria ferroviaria continúe recorriendo los rieles de la comunidad.

Puede descargar el boletín aquí.
Galería
Nota aclaratoria

Como parte de este proceso comunitario, los dibujos y cuentos realizados por los niños y niñas de la Escuela de Finca 5 no quedarán únicamente como un momento aislado del encuentro. Actualmente nos encontramos trabajando en la construcción de un producto colectivo que permitirá compartir y visibilizar el trabajo, la creatividad y las miradas de esta niñez sobre el puente ferroviario, el vagón y la memoria de la comunidad.

La idea es que este material pueda convertirse también en una forma de resguardar las memorias, los imaginarios y las formas en que las nuevas generaciones siguen vinculándose con estos espacios, incluso sin haber visto pasar el tren.

Próximamente estaremos compartiendo más noticias sobre este proceso y las distintas maneras en que estas historias, dibujos y recuerdos continuarán recorriendo los rieles de Finca 5.

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Cuando la nevada ya tiene nombre: Seguridad hemisférica, terrorismo y expansión del enemigo en la nueva doctrina de Estados Unidos

with No Comment Reflexión

Las nevadas más peligrosas no siempre comienzan con estruendo. A veces caen lentamente, casi en silencio, cubriendo el paisaje de manera imperceptible hasta transformar por completo la forma en que se percibe el mundo. Algo similar ocurre con los actuales discursos de seguridad global. No irrumpen únicamente mediante guerras abiertas o estados de excepción visibles. Operan también a través de narrativas que reorganizan el sentido común, redefinen amenazas y desplazan los límites de lo políticamente aceptable.

En los últimos meses hemos insistido en que las nuevas estrategias de seguridad impulsadas desde Estados Unidos no pueden entenderse únicamente como respuestas defensivas frente a riesgos externos. Más bien, constituyen intentos de reordenamiento geopolítico y cultural que buscan redefinir quién puede ser considerado legítimo dentro del espacio democrático y quién comienza a ocupar el lugar de la sospecha. El nuevo documento de estrategia antiterrorista publicado por sectores de la administración de Donald Trump profundiza precisamente esa dirección. Lo que allí aparece ya no es solamente una política de combate contra organizaciones armadas o redes criminales, sino una expansión radical de la noción misma de terrorismo y de enemigo.

La nevada ya no solo cae. Ahora tiene lenguaje, categorías y objetivos.

Del enemigo armado al enemigo ideológico

Uno de los aspectos más inquietantes del documento es que la amenaza deja de definirse exclusivamente a partir de acciones concretas para desplazarse hacia identidades políticas, ideológicas y culturales. Durante buena parte del siglo XX, la política de seguridad estadounidense construyó figuras relativamente delimitadas del enemigo: primero el comunismo, luego el terrorismo islámico y posteriormente determinados Estados considerados adversarios estratégicos. En el nuevo escenario, esas fronteras comienzan a disolverse.

El texto incorpora dentro de las amenazas prioritarias categorías tan amplias como:
-anarquistas,
-antifascistas,
-“extremistas violentos de izquierda”,
-actores considerados “antiestadounidenses”,
-y movimientos asociados a ideologías radicales.

El problema no radica únicamente en el lenguaje utilizado, sino en las implicaciones políticas que se desprenden de esa formulación.

Cuando las categorías de amenaza se vuelven ambiguas y expansivas, el margen para intervenir sobre la disidencia también se amplía. La sospecha deja de estar asociada únicamente a hechos específicos y empieza a desplazarse hacia formas de pensamiento, afinidades ideológicas o espacios organizativos. En ese movimiento, la frontera entre seguridad y persecución política se vuelve cada vez más difusa.

Ya no se trata solamente de neutralizar ataques. Se trata de:
-mapear redes,
-identificar vínculos,
-monitorear actores,
-rastrear afinidades,
-y anticipar amenazas potenciales.

El enemigo deja de ser alguien que actúa; pasa a ser alguien que podría actuar.

La seguridad como lenguaje total

El documento también evidencia un desplazamiento más profundo: la seguridad deja de funcionar como un ámbito específico del Estado y comienza a convertirse en una lógica totalizadora capaz de reorganizar todas las dimensiones de la vida social.

La migración se redefine como amenaza estratégica.

Las redes digitales aparecen como espacios de guerra narrativa.

Los conflictos territoriales se convierten en riesgos para la estabilidad hemisférica.

Las disputas ideológicas pasan a formar parte de la seguridad nacional.

Las movilizaciones sociales pueden ser interpretadas como focos de radicalización.

Lo que emerge es un marco donde prácticamente cualquier fenómeno puede ser reinterpretado bajo criterios securitarios.

Algunas características de esta expansión securitaria
  • -La seguridad deja de ser reactiva y pasa a ser preventiva.
  • -Se privilegia la vigilancia sobre la resolución de conflictos estructurales.
  • -La sospecha se vuelve permanente.
  • -Las categorías de amenaza se amplían constantemente.
  • -La excepcionalidad comienza a normalizarse.
  • -La seguridad absorbe dimensiones culturales, sociales y educativas.
  • -Se debilita la distinción entre política exterior y política interna.
América Latina y el Caribe: territorios funcionales al orden hemisférico

Este proceso tiene implicaciones particularmente profundas para América Latina y el Caribe. La región reaparece en el documento no como un conjunto de pueblos atravesados por historias, conflictos y proyectos políticos diversos, sino como un espacio estratégico cuya función principal es garantizar estabilidad, abastecimiento y control dentro de la arquitectura de seguridad estadounidense. El territorio deja de ser entendido como espacio de vida para convertirse en infraestructura geopolítica.

En esa mirada, América Latina y el Caribe son leídos desde su capacidad de proveer recursos críticos, asegurar rutas comerciales, contener flujos migratorios y garantizar cadenas de suministro consideradas esenciales para la competitividad y la seguridad del Norte global. Minerales estratégicos, agua dulce, biodiversidad, corredores logísticos, puertos, infraestructura energética y territorios fronterizos aparecen subordinados a una lógica que prioriza la funcionalidad geopolítica sobre las dinámicas sociales y ecológicas que sostienen esos espacios.

La doctrina hemisférica impulsada por la administración Trump reactualiza así una larga genealogía de dominación regional vinculada a la Doctrina Monroe, al Destino Manifiesto y a las múltiples formas de intervención política, económica y militar que históricamente han configurado la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Sin embargo, el nuevo documento profundiza todavía más esta lógica porque ya no intenta revestirla únicamente bajo discursos ambiguos de cooperación, democracia o desarrollo. La seguridad emerge ahora como el lenguaje ordenador de toda la relación hemisférica.

La reivindicación explícita del hemisferio occidental como espacio prioritario de seguridad, junto con la normalización de operaciones extraterritoriales bajo argumentos antiterroristas, revela un giro particularmente agresivo en la política regional estadounidense. América Latina y el Caribe comienzan a aparecer simultáneamente como zona de contención frente a amenazas externas, reserva estratégica de recursos indispensables, frontera geopolítica frente a China y otros competidores globales, espacio privilegiado de vigilancia y plataforma para la proyección de poder hemisférico.

En este marco, la región deja de ser pensada desde las necesidades de quienes habitan sus territorios y comienza a ser organizada desde las prioridades de seguridad de una potencia externa. Lo que se redefine no es únicamente una estrategia militar o diplomática, sino la forma misma en que los territorios son interpretados: ya no como espacios de memoria, comunidad y reproducción de la vida, sino como piezas funcionales dentro de un tablero global marcado por la competencia geopolítica y la gestión autoritaria de las crisis contemporáneas.

Cuando la protesta entra en el campo de sospecha

Uno de los desplazamientos más delicados de esta doctrina es la expansión progresiva de marcos antiterroristas hacia conflictos sociales, territoriales y políticos. El problema no reside únicamente en la existencia de nuevas categorías de amenaza, sino en la elasticidad con la que estas pueden ser aplicadas sobre actores colectivos que históricamente han formado parte de las disputas democráticas de la región.

En contextos atravesados por crisis climática, expansión extractiva, aumento de las desigualdades, disputas por bienes comunes y conflictividad territorial creciente, muchos movimientos sociales podrían comenzar a ser interpretados desde lógicas securitarias antes que desde marcos políticos o sociales. Las luchas ambientales, las resistencias indígenas y campesinas, las organizaciones comunitarias o incluso determinadas formas de protesta urbana pueden ser progresivamente desplazadas hacia lenguajes de sospecha, radicalización o amenaza al orden.

La consecuencia de este giro es profunda. La protesta deja de aparecer como expresión legítima del conflicto democrático y comienza a aproximarse peligrosamente al campo discursivo de la seguridad nacional. En lugar de discutir las causas estructurales de los conflictos —despojo territorial, desigualdad, violencia extractiva o exclusión política— el énfasis se desplaza hacia la vigilancia, el control y la contención de quienes cuestionan esas dinámicas.

Este proceso puede traducirse en múltiples formas de criminalización: incremento de vigilancia sobre organizaciones sociales, judicialización selectiva, expansión de mecanismos de inteligencia, estigmatización mediática, militarización de territorios en conflicto y restricciones crecientes al ejercicio de derechos políticos y comunitarios. Lo que comienza a estrecharse no es únicamente el margen de la protesta, sino el propio espacio democrático desde el cual las sociedades pueden disputar sentidos, modelos de desarrollo y formas de vida.

Seguridad y guerra cultural

El documento tampoco se limita a construir enemigos políticos o estratégicos. También configura enemigos culturales y civilizatorios. Ese desplazamiento resulta central para comprender la profundidad del nuevo lenguaje de seguridad.

Las referencias constantes a la decadencia de Occidente, a las “culturas ajenas”, a la crisis de valores tradicionales, a la necesidad de restaurar el orden y a la defensa de la civilización occidental muestran cómo la seguridad comienza a fusionarse con una narrativa de guerra cultural. La amenaza deja de ser únicamente militar o territorial; pasa a ser también moral, identitaria y civilizatoria.

En este marco, las disputas contemporáneas son presentadas como conflictos existenciales donde determinados modos de vida, valores y formas culturales deben ser protegidos frente a actores considerados desestabilizadores o incompatibles con el orden occidental. La lógica de seguridad penetra así dimensiones cada vez más amplias de la vida social: educación, cultura, migración, género, memoria histórica y formas de organización colectiva.

La disputa ya no se libra únicamente sobre territorios o recursos estratégicos. También se juega sobre identidades, memorias, sentidos de pertenencia y formas de imaginar el futuro. Lo preocupante de este desplazamiento es que transforma diferencias políticas y sociales en antagonismos absolutos. Cuando ciertos actores dejan de ser concebidos como adversarios legítimos y comienzan a ser definidos como amenazas civilizatorias, las posibilidades democráticas de convivencia, diálogo y conflicto político empiezan a erosionarse profundamente.

La seguridad deja entonces de funcionar solo como política estatal. Se convierte en una narrativa total capaz de reorganizar quién pertenece, quién amenaza y quién puede ser excluido en nombre del orden.

Matriz para analizar la expansión de la categoría de “terrorismo”
Dimensión¿Qué aparece en el documento?Clave de lectura críticaRiesgos
TerrorismoSe amplía hacia actores ideológicos y políticosLa amenaza deja de definirse solo por acciones violentasCriminalización de la disidencia
MigraciónAsociada a inseguridad y crimenLa movilidad humana se securitizaXenofobia y militarización fronteriza
Protesta socialPuede leerse como radicalizaciónSe despolitizan las causas estructuralesRepresión y vigilancia
Antifascismo y anarquismoIncorporados como amenazasSe expande el enemigo internoPersecución política
Redes digitalesEspacios de guerra narrativaLa comunicación entra en marcos de controlVigilancia y censura
Territorios estratégicosConcebidos como espacios de seguridadSe prioriza el control sobre la vida territorialMilitarización y extractivismo
Cultura y valoresPresentados como parte del conflictoLa seguridad se vuelve civilizatoriaPolarización y exclusión
Claves para leer la doctrina hemisférica
Eje¿Qué propone la estrategia?Lectura crítica
Hemisferio occidentalPrioridad absoluta para la seguridad estadounidenseReactualización de la Doctrina Monroe
Carteles y terrorismoIntegración de ambas categoríasExpansión de marcos militares y excepcionales
Operaciones extraterritorialesPosibilidad de actuar fuera de EE.UU.Normalización de la intervención
Seguridad fronterizaMilitarización y control migratorioLa frontera como dispositivo permanente
Guerra culturalDefensa de “Occidente” y valores tradicionalesProducción de enemigos culturales
Inteligencia y vigilanciaMapeo de actores y redesExpansión de capacidades de control
Recursos estratégicosProtección de cadenas de suministroTerritorialización geopolítica del extractivismo
Lo que la nevada empieza a cubrir

En El Eternauta, uno de los elementos más inquietantes no es solamente la amenaza externa, sino la dificultad para comprenderla mientras avanzaba. El verdadero peligro aparecía cuando el miedo, la confusión y la imposibilidad de distinguir con claridad reorganizaban completamente la vida cotidiana.

Hoy asistimos a algo similar.

Las categorías de amenaza se expanden hasta volverse difusas.

La vigilancia se normaliza.

El miedo reorganiza el debate público.

Las fronteras entre seguridad y control político comienzan a desdibujarse.

Y mientras eso ocurre, el espacio democrático se estrecha de manera muchas veces imperceptible.

Por eso, el desafío no consiste únicamente en analizar documentos estratégicos o denunciar discursos autoritarios. El desafío es sostener la capacidad de leer críticamente el momento histórico que atravesamos antes de que las categorías de seguridad terminen definiendo por completo quién puede hablar, quién puede organizarse y quién comienza a ser considerado sospechoso.

Porque cuando la nevada logra nombrar al enemigo, también empieza a decidir qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser sacrificadas en nombre del orden.

Pueden descargar el documento aquí.
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Fray Servando, herejía y libertad: nueva colección para pensar la antigeopolítica y los antiimperialismos

with No Comment Formación

La colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes abre una provocación necesaria en tiempos donde el despojo suele presentarse como desarrollo y la obediencia como única forma posible de habitar el mundo. Desde el Observatorio de Bienes Comunes, esta nueva serie de cuadernos de antigeopolítica y antiimperialismo apuesta por recuperar memorias, disputas y lecturas críticas construidas desde los territorios, las comunidades y las luchas por la vida.

Más que una serie editorial, estos cuadernos nacen como herramientas pedagógicas y políticas para fortalecer la imaginación crítica frente a los dogmas contemporáneos del mercado, el extractivismo, la militarización y la colonialidad. En una época donde las guerras se presentan como seguridad, la explotación de los territorios como progreso y la mercantilización de la vida como destino inevitable, la colección propone abrir grietas en esos relatos y recuperar la capacidad colectiva de interpretar el mundo desde abajo.

Fray Servando y la disputa por el derecho a interpretar

El primer número, “Herejía y libertad: Fray Servando y la disputa por el sentido en América y el Caribe”, retoma la figura de Fray Servando Teresa de Mier no como una efeméride académica, sino como una invitación a discutir algo profundamente actual: ¿quién tiene derecho a interpretar la realidad?

El cuaderno revisita el célebre sermón guadalupano de 1794 como un gesto político de desobediencia frente al orden colonial. Lo que estaba en juego no era únicamente una diferencia religiosa, sino la disputa por el monopolio del sentido, de la memoria y de la verdad. Fray Servando fue perseguido no solo por lo que dijo, sino porque se atrevió a cuestionar quién tenía autoridad para nombrar el mundo.

Desde esta lectura, la herejía deja de aparecer como error doctrinal y se transforma en una práctica crítica capaz de interrumpir relatos dominantes, cuestionar verdades impuestas y abrir otros horizontes políticos y culturales para América Latina y el Caribe.

Antigeopolítica: leer el mundo desde abajo

Uno de los aportes centrales del cuaderno es la discusión sobre la antigeopolítica como una forma de interpretar el mundo desde las voces, territorios y experiencias históricamente subordinadas.

Frente a una geopolítica tradicional que mira los territorios como recursos estratégicos, corredores logísticos o espacios de control, la antigeopolítica propone recuperar la mirada de los pueblos que viven las consecuencias de esas decisiones. Se trata de leer el mundo desde las comunidades, las cuencas, las fronteras, los cuerpos y las memorias atravesadas por las dinámicas del poder global.

La colección insiste en que la lucha por los bienes comunes no es únicamente una disputa por recursos naturales. También es una disputa por los relatos que convierten la vida en mercancía y presentan el despojo como inevitable. Defender un río, una montaña o una comunidad implica también defender otras maneras de nombrar el mundo.

Antiimperialismo y colonialidad en el presente

El antiimperialismo que atraviesa estos cuadernos no se limita a denunciar invasiones militares o dominaciones extranjeras visibles. El texto plantea que el imperialismo contemporáneo también opera mediante discursos, lenguajes e imaginarios que reorganizan territorios y formas de vida.

Conceptos como desarrollo, modernización, competitividad o seguridad aparecen muchas veces como palabras aparentemente neutrales, pero capaces de justificar procesos de extracción, militarización y sacrificio territorial. El cuaderno propone problematizar esos discursos y preguntarse quién gana y quién pierde detrás de ciertas ideas de progreso.

En ese sentido, la colección recupera el concepto de colonialidad para señalar cómo persisten formas de dominación que organizan qué conocimientos son considerados legítimos, qué voces son escuchadas y qué pueblos son tratados como incapaces de decidir sobre sus propios territorios.

Las nuevas herejías contemporáneas

Uno de los aspectos más potentes de este primer número es la manera en que conecta una disputa histórica del siglo XVIII con conflictos profundamente actuales.

Las “herejías” contemporáneas aparecen allí donde comunidades indígenas, movimientos sociales, organizaciones territoriales y personas defensoras de la vida cuestionan proyectos extractivos, megaproyectos turísticos, procesos de militarización o narrativas oficiales sobre el desarrollo.

El cuaderno muestra cómo muchas luchas siguen siendo criminalizadas cuando interrumpen el relato dominante. Quienes defienden el agua son acusados de obstaculizar el progreso; quienes cuestionan el extractivismo son tratados como enemigos del empleo o de la inversión; quienes defienden territorios son presentados como amenazas para el orden y la modernización.

La herejía, entonces, no desapareció. Solo cambió de lenguaje.

Herramientas pedagógicas para disputar el sentido

Además de la reflexión política, el documento incorpora propuestas metodológicas y ejercicios colectivos para procesos de formación y diálogo comunitario.

Entre las actividades destacan ejercicios sobre quién administra la verdad, la construcción de “diccionarios herejes” para problematizar palabras como desarrollo o progreso, cartografías de conflictos y resistencias, y propuestas para escribir “sermones contra el despojo” en clave contemporánea.

Lejos de entender el conocimiento como algo exclusivamente académico, el cuaderno apuesta por reconocer que las comunidades también producen pensamiento cuando defienden una cuenca, recuperan memorias barriales o construyen lecturas propias sobre las disputas que atraviesan sus territorios.

Aportes de este primer cuaderno para pensar el presente

Uno de los principales aportes de “Herejía y libertad: Fray Servando y la disputa por el sentido en América y el Caribe” es conectar una discusión histórica del periodo colonial con conflictos profundamente actuales en América Latina y el Caribe. A partir de la figura de Fray Servando Teresa de Mier, el cuaderno propone reflexionar sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad y cómo ciertas instituciones buscan imponer versiones únicas sobre el desarrollo, el progreso o la verdad.

El texto muestra que las luchas por los bienes comunes no son únicamente disputas ambientales o económicas, sino también conflictos por el lenguaje, la memoria y el sentido común. En esa línea, plantea que conceptos aparentemente neutrales pueden funcionar como mecanismos de legitimación del despojo, el extractivismo o la militarización de los territorios.

Otro de los aportes centrales del cuaderno es la discusión sobre la antigeopolítica y el antiimperialismo como herramientas para leer el mundo desde las experiencias de los pueblos y comunidades afectadas por distintas formas de dominación. Frente a miradas que reducen los territorios a recursos estratégicos, la colección apuesta por recuperar voces, memorias y formas de organización construidas desde abajo.

Además, el documento incorpora ejercicios y propuestas pedagógicas para procesos colectivos de formación política, fortaleciendo la reflexión crítica sobre colonialidad, poder, lenguaje y defensa de los bienes comunes. Más que un texto académico cerrado, el cuaderno se presenta como una invitación a pensar, debatir y construir otras formas de imaginar el presente y el futuro desde América Latina y el Caribe.

Geografías herejes para defender la vida

Más que una publicación cerrada, Geografías Herejes de los Bienes Comunes se presenta como una invitación a pensar desde América Latina y el Caribe, recuperar voces propias y defender el derecho colectivo de nombrar el mundo desde las experiencias de los pueblos.

En un tiempo donde el poder busca imponer un único mapa posible del futuro, estos cuadernos apuestan por construir otras geografías para la memoria, la dignidad y la vida común. Porque toda defensa de los bienes comunes necesita también una herejía capaz de hacer visible aquello que el poder intenta borrar.

Puede descargar el documento aquí.
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¿Qué obstaculiza la atención médica en los territorios indígenas? Una reflexión urgente desde Talamanca – Colectivo Antonio Saldaña

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Desde los territorios indígenas Bribri y Cabécar de Talamanca seguimos observando con preocupación múltiples dificultades para acceder a una atención médica digna, oportuna y ajustada a la realidad de nuestras comunidades.

Las situaciones que viven muchas familias no son casos aislados. Son experiencias que se repiten y que revelan profundas limitaciones del sistema de salud cuando este intenta responder desde protocolos rígidos, sin considerar las condiciones sociales, geográficas, económicas y culturales propias de los territorios indígenas.

Adultos mayores, personas con padecimientos complejos y familias enteras enfrentan obstáculos para recibir tratamientos, medicamentos o seguimiento médico adecuado. En algunos casos, el personal de salud expresa tener voluntad de ayudar, pero señala que no cuenta con recursos suficientes, medicamentos específicos, camillas, transporte o posibilidades de actuar fuera de lo que permiten los protocolos institucionales.

La situación de doña Matilde Fernández, así como otros casos que viven cotidianamente las comunidades, deja preguntas urgentes:

  • ¿Por qué continúan existiendo barreras para recibir atención médica adecuada en los territorios indígenas?
  • ¿Cómo es posible que una persona deba desplazarse largas distancias para recibir un medicamento que no existe en su EBAIS?
  • ¿Por qué los protocolos parecen imponerse sobre las necesidades humanas y comunitarias?
  • ¿No deberían las instituciones adaptar sus mecanismos de atención a la realidad territorial de Talamanca?

Estas preocupaciones no surgen únicamente desde la experiencia comunitaria. También encuentran respaldo en el marco jurídico nacional e internacional que obliga al Estado costarricense a garantizar una atención diferenciada y culturalmente pertinente para los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 7316, establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas servicios de salud adecuados o proporcionarles los medios que les permitan organizar y prestar dichos servicios bajo su propia responsabilidad y control.

Además, el artículo 25 de dicho convenio señala que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario y planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.

Precisamente ahí surge una profunda preocupación e indignación para las comunidades indígenas de Talamanca. Porque si un Estado como el costarricense —que históricamente ha proyectado una imagen internacional de institucionalidad, cobertura social y compromiso con los derechos humanos— continúa teniendo tantas dificultades para hacer efectiva esa “medida de lo posible”, entonces es necesario preguntarse qué lugar ocupan realmente los territorios indígenas dentro de las prioridades nacionales.

¿Cómo puede seguir considerándose “difícil” adaptar servicios de salud a las realidades territoriales cuando existen obligaciones legales, tratados internacionales ratificados y décadas de experiencia institucional acumulada? ¿Por qué sigue pareciendo excepcional o inviable construir mecanismos de atención acordes con las condiciones culturales y geográficas de los pueblos indígenas, cuando precisamente eso es lo que establecen los compromisos internacionales asumidos por el país?

Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo que se cumpla un derecho reconocido por la legislación nacional e internacional: recibir atención médica pertinente, accesible y humanamente adecuada a sus condiciones de vida.

La Constitución Política de Costa Rica también reconoce el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana como principios fundamentales que deben orientar toda acción institucional. A esto se suma la obligación de las instituciones públicas de garantizar igualdad real en el acceso a servicios esenciales, especialmente para poblaciones históricamente excluidas.

Por ello, resulta necesario preguntarse si los actuales protocolos institucionales realmente responden a las condiciones del territorio indígena o si, por el contrario, terminan profundizando barreras de acceso y exclusión.

No se trata de señalar únicamente al personal médico o administrativo, que muchas veces también trabaja bajo limitaciones estructurales. Se trata de reconocer que existe un problema más profundo que requiere voluntad institucional, diálogo y soluciones construidas junto a las comunidades.

Por eso consideramos urgente abrir una mesa de diálogo territorial donde participen comunidades indígenas, personal de salud, autoridades de la CCSS e instituciones vinculadas, con el fin de identificar obstáculos reales y construir mecanismos de atención más humanos, pertinentes y accesibles.

La salud no puede depender únicamente de protocolos que desconocen la realidad de los territorios. La salud debe partir del respeto a la dignidad humana, del reconocimiento cultural y de la responsabilidad del Estado de garantizar atención para todas las personas.

Colectivo Antonio Saldaña

Talamanca, Costa Rica

13 de mayo del 2026

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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El río como escuela colectiva: Limpiar, aprender, volver

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La Primera Jornada Anual de Acción por los Ríos en los Potreros de Puax llegó a su cierre, pero lo que queda abierto es mucho más importante: los aprendizajes, las articulaciones y la certeza de que cuidar lo común no ocurre en un solo día. Lo que este proceso deja no es únicamente un espacio intervenido, sino también experiencias compartidas, vínculos fortalecidos y nuevas formas de comprender el territorio.

A veces se piensa que estas jornadas sirven únicamente para limpiar un espacio o responder a una necesidad inmediata. Sin embargo, procesos como el vivido en el río Agualote también funcionan como verdaderas escuelas colectivas. No en el sentido tradicional del aula, sino como espacios donde las personas aprenden haciendo, compartiendo y organizándose junto a otras.

En cada conversación, en cada decisión logística, en cada recorrido por el río y en cada bolsa recogida, se producen aprendizajes que difícilmente podrían surgir únicamente desde la teoría. Se aprende sobre el territorio, sobre los impactos de nuestras formas de consumo, sobre coordinación comunitaria y también sobre la importancia de sostener vínculos para cuidar lo común.

Los testimonios que recoge este proceso insisten en una idea importante: persistir, incluso cuando las acciones parecen pequeñas o insuficientes frente a problemas mucho más grandes. Porque limpiar un río también implica encontrarse, organizarse, aprender colectivamente y preguntarse cómo seguir sosteniendo el cuidado del territorio más allá de una jornada específica.

Reconocer estas experiencias como espacios formativos permite entender que no solo transforman el entorno: también transforman a quienes participan. Fortalecen sensibilidades, generan nuevas preguntas y construyen capacidades colectivas que pueden trasladarse a otros procesos y luchas territoriales. Más que actividades aisladas, estas jornadas pueden convertirse en semillas de continuidad, articulación y aprendizaje compartido.

Claves para potenciar esta dimensión pedagógica

• Generar espacios de conversación antes y después de las jornadas
• Compartir aprendizajes y experiencias entre participantes
• Integrar a personas de distintas edades y comunidades
• Relacionar la limpieza con reflexiones sobre memorias, formas y modos de consumo e impacto sobre el territorio
• Documentar procesos para que puedan replicarse en otros espacios
• Entender el voluntariado como formación colectiva y no solo como apoyo logístico
• Promover el encuentro comunitario como parte central del cuidado ambiental
• Convertir cada acción en una oportunidad para fortalecer organización y vínculos
• Reconocer el territorio como un espacio vivo de aprendizaje
• Sostener la continuidad de los procesos más allá de una sola jornada

Aprender para persistir

Uno de los mayores desafíos de este tipo de iniciativas es evitar que queden reducidas a momentos aislados. Ahí es donde la dimensión pedagógica se vuelve fundamental. Cuando las personas comprenden el sentido de lo que hacen, intercambian experiencias y construyen lecturas colectivas sobre el territorio, las acciones dejan de depender únicamente del entusiasmo momentáneo y comienzan a convertirse en procesos sostenidos.

Los procesos pedagógicos ayudan a construir persistencia porque fortalecen la conciencia, el vínculo comunitario y la capacidad de imaginar continuidad. Permiten que cada jornada deje algo más que resultados inmediatos: dejan memoria organizativa, aprendizajes compartidos y la sensación de que volver al río también es volver a la comunidad.

Cuidar los bienes comunes no se sostiene solamente desde la urgencia. Se sostiene cuando las personas encuentran espacios para aprender juntas, reconocerse mutuamente y construir razones colectivas para seguir volviendo.