Observatorio Bienes Comunes UCR, autor en Observatorio de Bienes Comunes

Mirar el mundo con otros ojos: formación crítica para leer la coyuntura y los territorios

febrero 24, 2026

with No Comment Formación

Como en El Eternauta (historieta argentina de 1957, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López), no habitamos un mundo neutro ni seguro: una nevada silenciosa —hecha de discursos, decisiones globales, disputas de poder y conflictos territoriales— cae sobre nuestras vidas sin pedir permiso. En ese escenario, sobrevivir no es un acto individual, sino una tarea colectiva que exige comprender qué está pasando, quién decide, a quién beneficia el orden actual y cómo nos afecta en lo cotidiano. El proceso de formación Rompecabezas de las miradas: quién te mira y quién te ve parte de esa intuición: para actuar con sentido, primero hay que aprender a mirar críticamente la realidad.

En ese marco, esta invitación se sitúa en un momento de reacomodo político e ideológico, marcado por el avance de discursos autoritarios, conservadores y excluyentes que cuestionan derechos conquistados y debilitan políticas orientadas a la equidad, la justicia social y la ampliación de la democracia. La derechización de la vida pública no solo redefine agendas institucionales, sino que también tensiona los sentidos comunes, normaliza desigualdades y reconfigura los conflictos en los territorios, afectando de manera directa a comunidades, organizaciones y procesos colectivos. Leer críticamente este contexto se vuelve una tarea urgente para no quedar atrapados en narrativas que justifican la exclusión y para defender, desde abajo, horizontes más justos y solidarios.

A lo largo de seis sesiones presenciales, el proceso propone un espacio de diálogo y construcción colectiva para analizar los cambios globales y su impacto en América Latina y el Caribe, las desigualdades desde una perspectiva de sistema-mundo, el papel de las ideas, los discursos y los medios en la formación de sentidos comunes, así como los territorios en disputa y los conflictos que los atraviesan. Además, se trabajarán herramientas para el análisis de coyuntura y para desmontar narrativas que naturalizan la exclusión, abriendo caminos para pensar alternativas desde los territorios y las organizaciones.

Participar en este proceso es una invitación a fortalecer la mirada crítica, a conectar lo global con lo local y a reconocer los saberes y experiencias comunitarias como fuentes legítimas de conocimiento. Está dirigido a personas interesadas en comprender mejor el presente y en aportar a prácticas colectivas más conscientes, organizadas y transformadoras.

Fechas y temas del proceso de formación

17 de marzo – ¿Qué está pasando en el mundo y por qué nos afecta?
24 de marzo – Poder, sistema-mundo y desigualdades
7 de abril – Ideas, discursos y sentidos comunes
14 de abril – Territorios en disputa y conflictos actuales
21 de abril – Cómo analizar la coyuntura
28 de abril – Desmontar discursos y pensar alternativas

Todas las sesiones se realizarán a las 6:00 p. m., en modalidad presencial.
La participación requiere compromiso para asistir a todas las sesiones del proceso.

Cupo limitado. La inscripción se realiza mediante el formulario disponible hasta el 10 de marzo 2026.

https://forms.gle/PCqGR5VyJKEqwhMv9

Pueden descargar la convocatoria aquí

Monte Alto: el derecho a la vivienda se conquista organizándose

febrero 24, 2026

with No Comment COMUNIDADES

El 25 de enero de 2026, la comunidad de Monte Alto realizó un acto político de celebración y agradecimiento que marcó un hito en su historia colectiva. La actividad fue también el espacio de presentación del documento “La tierra se gana luchando”, una memoria viva que reconstruye casi diez años de lucha por la tierra y la vivienda desde la voz de quienes sostuvieron el proceso.

Monte Alto Celebración y agrade

Lejos de ser un cierre, el encuentro reafirmó que la vivienda digna sigue siendo una conquista en disputa y que la organización comunitaria es la condición básica para hacer efectivo este derecho frente a un modelo urbano excluyente.

La vivienda como derecho, no como mercancía

La experiencia de Monte Alto surge en un contexto donde el acceso a la vivienda se encuentra mediado casi exclusivamente por el mercado. Para cientos de familias trabajadoras, comprar una casa o un lote se volvió imposible, mientras extensas tierras permanecían ociosas o sujetas a la especulación.

Frente a esta realidad, Monte Alto encarna una disputa de fondo: la tierra debe cumplir una función social. La lucha no fue por apropiarse de un bien privado, sino por garantizar un derecho básico: un lugar seguro y estable para vivir. En ese sentido, la experiencia cuestiona directamente la idea de la vivienda como privilegio y la reivindica como condición mínima para la dignidad y la vida.

La organización como infraestructura de la resistencia

Uno de los ejes centrales del documento es la organización colectiva. Desde los primeros momentos, la permanencia en el territorio fue posible gracias a asambleas, comités, guardias comunitarias y acuerdos colectivos. Ninguna familia, de manera individual, habría podido resistir desalojos, presiones legales y abandono institucional durante casi una década.

Monte Alto muestra que la organización no es solo una herramienta defensiva, sino una forma de construir poder popular. La toma de decisiones colectivas permitió sostener la lucha, negociar desde una posición más fuerte y transformar una ocupación precaria en un proceso comunitario con horizonte político.

De la lucha por la tierra al derecho a la vivienda urbana

Un aprendizaje clave del proceso fue la capacidad de adaptación. Aunque la toma inicial estaba pensada desde experiencias agrarias previas, la realidad de las familias —trabajadoras urbanas, sin posibilidad de vivir de la tierra— obligó a repensar el camino.

Este giro no significó abandonar la lucha, sino redefinirla: Monte Alto dejó de pensarse como un espacio productivo agrícola y comenzó a construirse como barrio popular, poniendo en el centro el derecho a la vivienda, la estabilidad familiar y el futuro de niños y niñas. Esta lectura política permitió sostener el proceso sin perder su sentido de justicia social.

Las mujeres: sostener la vida, sostener la lucha

El documento reconoce de manera explícita el papel de las mujeres en Monte Alto. Fueron ellas quienes sostuvieron la vida cotidiana en los momentos más duros: cuidaron a las familias, defendieron los ranchos, mantuvieron la organización y levantaron la moral colectiva frente a la violencia y el despojo.

Este protagonismo no fue accesorio ni simbólico. La experiencia demuestra que sin el liderazgo y la constancia de las mujeres, la lucha no habría sobrevivido. Monte Alto visibiliza así una dimensión fundamental de las luchas por la vivienda: defender la tierra es también defender los cuidados, los vínculos y la reproducción de la vida.

Memoria, aprendizaje y proyección política

“La tierra se gana luchando” no es solo un recuento histórico. Es una apuesta por la memoria como herramienta política. Recuperar lo vivido, reconocer a quienes iniciaron el proceso y sistematizar aprendizajes permite fortalecer las luchas actuales y futuras, tanto dentro como fuera de Monte Alto.

En este sentido, el documento se propone como un insumo para otras comunidades que hoy enfrentan desalojos, exclusión urbana y negación del derecho a la vivienda. La experiencia demuestra que la organización, la constancia y las alianzas amplían las posibilidades de conquista.

Reconocer trayectorias para fortalecer procesos

Durante el acto también se rindió homenaje a Carlos Coronado, referente histórico de las luchas por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Su trayectoria expresa la continuidad entre luchas agrarias y urbanas, y una concepción clara: sin organización popular no hay victorias duraderas.

Este reconocimiento no se limita a una figura individual, sino que simboliza una memoria colectiva de luchas que atraviesan generaciones y territorios, y que siguen siendo fundamentales para pensar alternativas frente a la crisis habitacional.

Una lucha que continúa

Aunque se alcanzó un acuerdo que permitió a las familias comprar sus lotes y avanzar hacia la seguridad jurídica, la lucha en Monte Alto no ha terminado. Persisten desafíos relacionados con servicios básicos, infraestructura, vivienda digna y defensa del barrio.

Monte Alto es hoy una experiencia viva que reafirma una certeza política: los derechos no se conceden, se conquistan. Y se conquistan cuando la gente se organiza, construye comunidad y defiende colectivamente la dignidad y la vida.

El derecho a quedarse: una lucha que aún no termina

La historia de Monte Alto no se detiene con los avances alcanzados. En los linderos del asentamiento, decenas de familias siguen viviendo una realidad muy similar a la que dio origen a esta lucha. De un lado, alrededor de 80 familias; del otro, unas 20 familias más, con más de diez años de posesión, raíces construidas en el territorio y niños y niñas que han nacido y crecido ahí, enfrentando los mismos problemas de acceso a vivienda, servicios y seguridad jurídica.

Estas familias no son un “caso aparte”. Forman parte de la misma realidad de exclusión urbana y tienen el mismo derecho a la estabilidad, al arraigo y a una vida digna. Hoy, muchas de ellas han comenzado a organizarse, buscando orientación y acompañamiento para defender su derecho a permanecer en el lugar que han construido como hogar.

El camino no es sencillo. Requiere trabajo colectivo, constancia y apoyo solidario. Pero la experiencia de Monte Alto demuestra que organizarse es posible y necesario, y que la estabilidad de las familias no es un favor ni una concesión: es un derecho por el que vale la pena seguir luchando.

Homenaje a una trayectoria de lucha colectiva

Durante el acto político realizado en Monte Alto, la comunidad rindió un sentido homenaje a Carlos Coronado, en reconocimiento a su trayectoria histórica en las luchas por la tierra y la vivienda. El homenaje destacó no solo su papel en el impulso y acompañamiento del proceso de Monte Alto, sino una vida dedicada a fortalecer la organización popular, a abrir caminos colectivos y a sostener la convicción de que los derechos se conquistan luchando.

Descargá el documento La tierra se gana luchando y conocé la historia de Monte Alto, sus aprendizajes colectivos y los desafíos que siguen abiertos en la lucha por el derecho a la vivienda.

Revisa el documento aquí

Galería

Reconociendo nuestros territorios: Sexto conteo de Primates en Tacares de Grecia

febrero 24, 2026

with No Comment COMUNIDADES

Este video presenta una entrevista a Francis Suárez, de Primates de Grecia, realizada en el marco del conteo anual de primates en Grecia, una experiencia de monitoreo participativo que combina ciencia ciudadana, educación ambiental y reflexión territorial.

A partir de su experiencia en el acompañamiento de estas iniciativas, la conversación aborda las crecientes presiones que enfrentan los ecosistemas del cantón: la fragmentación del bosque, la pérdida de corredores biológicos y el avance de formas de desarrollo que debilitan las condiciones que sostienen la vida silvestre y humana. El testimonio permite comprender cómo estas transformaciones no solo afectan a los primates y otras especies, sino también al agua, al paisaje y a la calidad de vida de las comunidades locales.

El video invita a pensar el conteo de primates no solo como una actividad técnica de registro de fauna, sino como una práctica pedagógica y política que fortalece la participación comunitaria, visibiliza los riesgos socioambientales y promueve una relación más responsable con el territorio. En este sentido, la ciencia ciudadana aparece como una herramienta clave para democratizar el conocimiento, articular saberes locales y generar conciencia colectiva frente a los procesos de deterioro ambiental.

Esta es una actividad en la que participó el Observatorio de Bienes Comunes, y que se inscribe en su trabajo por analizar críticamente los modelos de desarrollo, defender los bienes comunes y aportar a la construcción de territorios donde la vida —humana y no humana— sea el centro de las decisiones.

Conversando en torno a la defensa ambiental, justicia y riesgos en el Caribe Sur

febrero 23, 2026

with No Comment UNIVERSIDAD SOCIEDAD

El pasado viernes 20 de febrero, estudiantes del curso Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica de la Universidad de Costa Rica sostuvieron un conversatorio vía Zoom con Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental con más de dos décadas de trabajo de monitoreo y denuncia en el Caribe Sur costarricense.

Durante el intercambio, Philippe compartió su experiencia como defensor ambiental, documentando la destrucción de humedales, playas y zonas boscosas asociadas a proyectos inmobiliarios y turísticos, así como los costos personales y riesgos que implica esta labor: hostigamiento legal, agresiones físicas, daños materiales y desgaste emocional. La conversación permitió problematizar la distancia entre la imagen internacional de Costa Rica como país “verde” y las debilidades reales en la aplicación efectiva de la legislación ambiental.

Uno de los ejes centrales fue el funcionamiento del sistema judicial y administrativo. Philippe relató obstáculos recurrentes en fiscalías, municipalidades y dependencias ambientales, incluyendo denuncias archivadas sin análisis riguroso y resistencias institucionales, aunque también reconoció avances recientes en la respuesta de la Fiscalía Ambiental, especialmente en la reducción de los tiempos de inspección. Desde esta experiencia, se subrayó la urgente necesidad de protocolos de protección para personas defensoras ambientales y de mayor coherencia entre normativa, instituciones y territorio.

El conversatorio también abordó los desafíos cotidianos de la defensa ambiental: la dificultad de sostener procesos legales a largo plazo, la limitada participación comunitaria cuando los impactos no son inmediatos y la frustración que genera la impunidad ambiental. En este contexto, se destacó la importancia del monitoreo ciudadano, la documentación sistemática (fotografías, videos y registros) y la articulación con comunidades, estudiantes y actores institucionales comprometidos.

En este marco, la experiencia compartida permitió identificar de manera concreta algunas de las principales limitaciones estructurales y personales que enfrenta la defensa ambiental en el Caribe Sur, y que atraviesan de forma permanente el trabajo de monitoreo y denuncia:

Limitaciones y obstáculos en la labor de defensa ambiental

-Riesgos personales y de seguridad: exposición constante a agresiones físicas, hostigamiento y daños materiales como consecuencia directa de las denuncias realizadas.
-Hostigamiento legal y desgaste emocional: uso del sistema judicial como mecanismo de presión, con múltiples procesos que demandan tiempo, recursos económicos y afectan la salud mental.
-Debilidades institucionales: denuncias archivadas sin análisis adecuado, falta de seguimiento sostenido y respuestas desiguales por parte de fiscalías, municipalidades y autoridades ambientales.
-Falta de protección a personas defensoras: ausencia de protocolos claros y efectivos que garanticen seguridad personal y acompañamiento institucional frente a amenazas y represalias.
-Burocracia y lentitud procesal: procedimientos extensos que dificultan la aplicación oportuna de medidas cautelares y permiten la continuidad del daño ambiental.
-Limitada participación comunitaria: bajo involucramiento social cuando los impactos no afectan directamente intereses individuales o propiedades privadas, asociado también al miedo a represalias, conflictos locales o consecuencias legales derivadas de denunciar.
-Asimetría de poder: desventaja frente a actores económicos y políticos con mayores recursos para influir en decisiones administrativas y judiciales.
-Costos económicos personales: inversión de recursos propios en monitoreo, documentación y traslados, sin respaldo financiero institucional estable.

Estas limitaciones no solo evidencian las tensiones que atraviesan la defensa del territorio, sino que permiten comprender por qué la protección ambiental depende, en muchos casos, del compromiso sostenido de personas y comunidades frente a un Estado que responde de manera fragmentada.

La importancia de estos espacios de intercambio

Este tipo de encuentros permiten vincular la formación académica con los conflictos socioambientales reales, poniendo en diálogo el conocimiento técnico, la experiencia territorial y la reflexión crítica. Para el estudiantado, escuchar directamente a personas defensoras ambientales contribuye a comprender las tensiones entre desarrollo, legalidad y justicia ambiental, así como los riesgos que enfrentan quienes protegen los bienes comunes.

Al mismo tiempo, estos espacios fortalecen el papel de la universidad pública como actor social, capaz de visibilizar problemáticas silenciadas, cuestionar discursos oficiales y acompañar procesos de defensa del territorio. El conversatorio reafirmó la necesidad de construir puentes entre academia, comunidades y personas defensoras, colocando en el centro la vida, el cuidado de la naturaleza y la democracia ambiental.

La voz del territorio: valoración de Philippe sobre estos espacios

Como cierre del conversatorio, Philippe compartió una reflexión en audio sobre la importancia de estos espacios de intercambio entre la universidad y quienes defienden el territorio desde la práctica cotidiana. En su apreciación, destacó el valor de poder hablar con franqueza, compartir experiencias que muchas veces quedan fuera del discurso oficial y encontrar en el estudiantado un interés genuino por comprender lo que ocurre más allá de los marcos normativos.

El audio refuerza la necesidad de que estos encuentros no sean excepcionales, sino parte de un diálogo sostenido que permita romper el aislamiento de las personas defensoras ambientales, fortalecer la conciencia crítica y construir redes de apoyo desde el conocimiento, la escucha y la solidaridad.

🎧 A continuación, compartimos el audio con la reflexión de Philippe sobre el sentido y la relevancia de estos espacios de encuentro.

Umberto Eco y los bienes comunes: lenguaje, memoria y democracia

febrero 23, 2026

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En el aniversario del fallecimiento de Umberto Eco (19 de febrero), su pensamiento vuelve a ofrecer claves profundas para repensar los bienes comunes más allá de lo material. Eco mostró que las sociedades no se sostienen únicamente sobre recursos naturales o infraestructuras, sino sobre sistemas de sentido compartidos: el lenguaje, la memoria, los saberes y los relatos que hacen posible la vida colectiva y la experiencia democrática.

El lenguaje es un bien común porque no pertenece a nadie en particular: se hereda, se transforma y se mantiene vivo en el uso social. Para Eco, en el lenguaje se disputa la forma en que nombramos la realidad y, por tanto, cómo la comprendemos. Cuando el lenguaje se empobrece, se reduce a consignas o se manipula deliberadamente, se limita la capacidad crítica de la ciudadanía. Defender el lenguaje como bien común implica cuidar su pluralidad, su precisión y su potencia para expresar conflictos, matices y alternativas.

La memoria constituye otro bien común fundamental. Archivos, bibliotecas, tradiciones y recuerdos compartidos permiten a una sociedad reconocerse en el tiempo. Eco entendía la memoria no como un simple depósito del pasado, sino como un recurso político que orienta el presente y abre horizontes de futuro. Cuando la memoria colectiva se borra, se fragmenta o se convierte en mercancía, se debilitan los vínculos entre generaciones y se normalizan las injusticias. Cuidar la memoria como bien común es una forma de resistencia frente al olvido impuesto.

Los saberes también son bienes comunes. El conocimiento no surge de manera aislada, sino en diálogo con comunidades, prácticas sociales y tradiciones intelectuales. Eco advirtió sobre los riesgos de la sobreinformación y del falso saber: la acumulación de datos sin comprensión crítica produce ciudadanos saturados, pero políticamente frágiles. Defender los saberes como bienes comunes implica garantizar el acceso, la circulación crítica del conocimiento y el reconocimiento de múltiples formas de saber, más allá de las lógicas del mercado o la tecnocracia.

Los relatos, por su parte, organizan la manera en que una sociedad se explica a sí misma. Mitos, novelas, discursos políticos y narrativas mediáticas configuran imaginarios colectivos. Eco mostró que quien controla los relatos puede moldear percepciones, justificar desigualdades o invisibilizar conflictos. Por eso, la defensa de los bienes comunes pasa también por disputar los relatos dominantes y abrir espacio a narrativas que reconozcan la dignidad, la diversidad y la vida en común.

Sobreinformación y falso saber: cuando saber no es comprender

Uno de los aportes más actuales de Umberto Eco es su advertencia sobre la sobreinformación y el falso saber. Eco señaló que la acumulación masiva de datos, noticias y opiniones no garantiza comprensión ni pensamiento crítico. Por el contrario, puede generar confusión, saturación y una ilusión de conocimiento que debilita la capacidad de discernir, jerarquizar y contrastar información.

En este contexto, el saber deja de ser un bien común orientado a la comprensión colectiva y se transforma en ruido. La circulación constante de información sin criterios, sin mediación pedagógica ni responsabilidad pública, produce sujetos informados pero no necesariamente conscientes. El falso saber —opiniones presentadas como hechos, datos descontextualizados, simplificaciones extremas— erosiona la confianza en el conocimiento y deslegitima los espacios de aprendizaje compartido.

Defender los saberes como bienes comunes implica, entonces, restituir el valor de la interpretación, la duda y el diálogo, frente a la velocidad y el consumo acrítico de información. No se trata de saber más, sino de comprender mejor, colectivamente, el mundo que habitamos.

El desgaste de la democracia cuando se erosionan los bienes comunes simbólicos

La degradación del lenguaje, la memoria, los saberes y los relatos produce un desgaste silencioso de la democracia. Eco advirtió que las democracias no colapsan únicamente por golpes autoritarios, sino también cuando se vacían las condiciones culturales que sostienen la deliberación y la participación. La manipulación del lenguaje sustituye el debate por consignas; la pérdida de memoria colectiva impide reconocer responsabilidades históricas; la mercantilización del saber rompe la igualdad mínima para discutir lo público; y la captura de los relatos define quiénes cuentan y quiénes quedan fuera.

Este desgaste no siempre es visible de inmediato. Las instituciones pueden seguir funcionando, pero la ciudadanía pierde herramientas para comprender, cuestionar y transformar la realidad. La democracia se vuelve procedimental, mientras la vida democrática —el diálogo, el disenso informado, la construcción de sentidos compartidos— se debilita.

Desde esta perspectiva, defender los bienes comunes simbólicos es una tarea política central. Recordar a Umberto Eco es reconocer que sin lenguaje vivo, memoria compartida, saberes accesibles y relatos plurales, la democracia persiste en la forma, pero se erosiona en su contenido, dejando a las sociedades más vulnerables a la manipulación y al autoritarismo cotidiano.

Cuidar lo común para sostener la democracia

A diez años de su fallecimiento, el legado de Umberto Eco sigue siendo una invitación urgente a asumir una responsabilidad colectiva: cuidar los bienes comunes simbólicos como condición de la vida democrática. Lenguaje, memoria, saberes y relatos no son adornos culturales, sino los cimientos desde los cuales una sociedad puede deliberar, disentir y construir horizontes compartidos.

Defender estos bienes implica prácticas cotidianas de lectura crítica, preservación de la memoria, circulación abierta del conocimiento y disputa por narrativas que reconozcan la dignidad de todas las personas. En un contexto de saturación informativa, polarización y mercantilización del sentido, recordar a Eco es recordar que la democracia se sostiene tanto en instituciones como en culturas políticas vivas. Cuidar lo común, hoy, es una forma concreta de defender la posibilidad misma de una democracia con contenido, sentido y futuro.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Umberto Eco: comunicación, diversidad y democracia cultural – Entrevista UNESCO, 1993. Descargar aquí.

La entrevista de Umberto Eco publicada por En el Correo de la UNESCO amplía y refuerza las ideas desarrolladas en nuestra nota al situar el lenguaje, los signos y la cultura como condiciones básicas de la convivencia democrática. Eco plantea que la semiótica no es un saber especializado para expertos, sino una herramienta cívica que permite comprender cómo se construyen los significados, cómo circula el poder simbólico y cómo se hace posible —o se bloquea— el reconocimiento entre personas y culturas.

A lo largo de la entrevista, Eco destaca varios aportes clave que dialogan directamente con lo que hemos venido comentando:

El lenguaje y la traducción como bienes comunes que permiten el encuentro entre culturas distintas, aun cuando ese encuentro sea siempre imperfecto y conflictivo.
La diversidad cultural como una riqueza que exige interpretación y diálogo, no imposición ni relativismo absoluto.
La educación en la lectura de los signos como base para formar sujetos críticos, tolerantes y capaces de vivir en sociedades plurales.
Una mirada no apocalíptica sobre los medios y la cultura de masas, que reconoce tanto sus riesgos como su potencial pedagógico.

En este marco, la entrevista aporta una clave central para comprender el desgaste de la democracia: cuando se pierde la capacidad de interpretar, traducir y discutir los significados compartidos, la vida democrática se vacía. Por eso, recuperar a Umberto Eco desde este diálogo con la UNESCO es reafirmar que defender el lenguaje, los saberes y los relatos como bienes comunes es una tarea política urgente, especialmente en contextos de sobreinformación, simplificación y polarización del sentido.

Más allá del aula, entre ríos, calles y decisiones: aprendizaje sobre desigualdades socioambientales en Guatuso

febrero 19, 2026

with No Comment ACCIÓN SOCIAL COMUNIDADES TERRITORIOS

El pasado 8 de febrero, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica realizaron una gira educativa al cantón de Guatuso, en el marco del curso de Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica. La visita permitió conocer de primera mano dos situaciones socioambientales que revelan tensiones profundas en la gestión del territorio: el caso de Calle Álvarez y la problemática en Maquengal asociada al Río Frío.

Más que una observación externa, la gira se convirtió en un ejercicio de diálogo entre saberes, donde la experiencia comunitaria fue central para problematizar categorías como gestión del riesgo, extractivismo, bienes comunes y participación ambiental.

Calle Álvarez: gestión del riesgo más allá de lo técnico

En Calle Álvarez, a escasos metros del centro del cantón y del Río Frío, más de 30 familias enfrentan cada año el aislamiento cuando las lluvias intensas vuelven intransitable la vía de acceso. La demanda histórica por mejorar la calle ha recibido respuestas que reducen el problema a un asunto presupuestario o técnico: “la inversión es muy alta”.

Sin embargo, el intercambio con la comunidad permitió ir más allá de esa lectura. La gestión del riesgo no puede limitarse a cálculos de costos o a intervenciones de ingeniería. Es, ante todo, una cuestión política que implica reconocer a las personas como sujetas de derecho y como actores con conocimiento situado sobre su propio territorio.

Las y los vecinos conocen los patrones del río, las zonas más vulnerables, los puntos críticos donde el agua golpea con mayor fuerza. No incluir esas voces en la planificación no solo debilita las soluciones, sino que reproduce relaciones verticales donde la institucionalidad decide sin escuchar. Cuando la gestión del riesgo se define únicamente desde despachos técnicos, se pierde la dimensión social del problema.

Además, la paradoja es evidente: mientras se argumenta falta de recursos para garantizar un acceso seguro, se mantiene la extracción de materiales del propio río. Esto abre preguntas sobre prioridades institucionales y sobre cómo se definen las urgencias públicas.

Para el estudiantado, el caso permitió reflexionar sobre una idea clave: la vulnerabilidad no es “natural”. Se construye cuando las decisiones públicas no incorporan participación real, planificación territorial coherente y medidas preventivas. Gestionar el riesgo implica también democratizar la toma de decisiones, reconocer desigualdades y construir soluciones junto con las comunidades.

Maquengal: extractivismo y erosión de la vida cotidiana

En Maquengal, la problemática gira en torno al impacto acumulado de la explotación de materiales en el Río Frío. La alteración del cauce, la erosión de las riberas y la pérdida de cobertura forestal no son solo indicadores ambientales: son señales de un modelo extractivo que reconfigura el territorio.

Durante la visita, emergió una reflexión más amplia sobre el extractivismo. No se trata únicamente de extraer piedra y arena; se trata de un patrón de desarrollo que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad ecológica y social. El río deja de ser un bien común para convertirse en fuente de insumos.

Este proceso erosiona múltiples dimensiones de la vida. Espacios de recreación como la Poza del Roncador, antes punto de encuentro comunitario, se deterioran o desaparecen. La pérdida de estos lugares no es menor: afecta la convivencia, la identidad territorial y las formas de habitar el entorno.

Asimismo, el extractivismo limita otros proyectos económicos y de vida. Actividades vinculadas al turismo rural, al disfrute sostenible del río o a prácticas productivas compatibles con la conservación se ven desplazadas por una lógica que no deja margen para alternativas. Cuando la actividad extractiva se intensifica sin controles rigurosos, reduce las posibilidades de diversificación económica y condiciona el futuro del territorio.

La comunidad ha respondido con organización y exigencias concretas: limitar concesiones, realizar evaluaciones técnicas del daño acumulado y cumplir compromisos de diagnóstico ecológico. Esta acción colectiva evidencia que la defensa del río es también defensa de formas de vida, de memoria y de posibilidades futuras.

Aprendizajes desde el territorio

La gira permitió al estudiantado confrontar conceptos teóricos con realidades concretas. La gestión del riesgo dejó de entenderse como un asunto meramente técnico para asumirse como un proceso político que requiere participación activa. El extractivismo dejó de ser una categoría abstracta para mostrarse como una dinámica que transforma —y a veces deteriora— la vida cotidiana.

El intercambio con Calle Álvarez y Maquengal reafirmó que la política ambiental no se define solo en marcos normativos, sino en decisiones locales que afectan directamente la dignidad, la seguridad y las oportunidades de las comunidades.

Salir del aula permitió comprender que allí donde una calle se inunda o un río se erosiona, también se disputa el sentido del desarrollo. Y que sin participación comunitaria efectiva y sin límites claros a las lógicas extractivas, las desigualdades socioambientales tienden a profundizarse.

La experiencia en Guatuso dejó una enseñanza central: la formación política requiere escuchar, problematizar y construir conocimiento junto a quienes viven cotidianamente las consecuencias —y las resistencias— de las decisiones públicas.

La gira como experiencia formativa y compromiso ético

La gira educativa a Guatuso no solo permitió analizar conflictos socioambientales concretos; constituyó una experiencia formativa integral para las personas estudiantes. Escuchar directamente a las comunidades de Calle Álvarez y Maquengal implicó salir del marco exclusivamente teórico y confrontar las categorías aprendidas en clase con situaciones reales, complejas y atravesadas por relaciones de poder.

En este proceso, la formación académica se enriqueció al incorporar la dimensión humana y territorial de la política ambiental. Conceptos como gestión del riesgo, extractivismo, planificación territorial o participación ciudadana dejaron de ser nociones abstractas para convertirse en herramientas de interpretación crítica ancladas en experiencias concretas. El aprendizaje no se produjo únicamente por observación, sino a través del diálogo respetuoso con quienes viven cotidianamente estas problemáticas.

Además, el intercambio generó un aporte recíproco. Las comunidades compartieron su conocimiento situado, su memoria del territorio y sus estrategias organizativas; el estudiantado aportó preguntas, marcos analíticos y una lectura política que puede fortalecer la visibilización de estos casos. Este encuentro entre saberes académicos y saberes comunitarios amplía la comprensión de los conflictos y abre posibilidades de colaboración futura.

La gira reafirmó que la formación en Ciencias Políticas no puede desvincularse de la realidad territorial. Comprender la política ambiental exige escuchar a las personas, reconocer desigualdades estructurales y asumir que las decisiones públicas tienen efectos concretos sobre la vida cotidiana. En ese sentido, experiencias como esta fortalecen no solo el conocimiento técnico, sino también la sensibilidad ética y el compromiso con la justicia socioambiental.

Finalmente, el recorrido por Guatuso dejó una convicción clara: aprender en el territorio transforma la mirada. Permite entender que la política no es una abstracción distante, sino una práctica que se juega en cada calle que se inunda, en cada río que se erosiona y en cada comunidad que decide organizarse para defender sus bienes comunes.

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La otra cara del banano: una tesis que interpela al derecho laboral costarricense

febrero 19, 2026

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Investigación en Derecho de la Universidad de Costa Rica (2024) que examina cómo se legitiman prácticas laborales ilegales en el trabajo bananero del Valle de la Estrella, realizada por David Bermúdez Corrales.

Una reciente tesis de Derecho en la Universidad de Costa Rica analiza cómo factores socioculturales influyen en la normalización de prácticas laborales ilegales en fincas bananeras del Caribe. Más allá de lo jurídico, el estudio abre preguntas incómodas sobre poder, dependencia y acceso real a la justicia laboral.

¿Por qué importa esta tesis?

El banano ha sido uno de los pilares históricos de la economía costarricense, especialmente en la región Caribe. Su peso económico y simbólico ha marcado territorios, comunidades y formas de vida. Sin embargo, detrás de esa centralidad productiva existen relaciones laborales complejas que rara vez se analizan desde perspectivas sociojurídicas.

La tesis de David Bermúdez Corrales se sitúa precisamente en ese vacío. En lugar de enfocarse en los sectores más visibles del trabajo agrícola, el estudio dirige la mirada hacia un grupo poco explorado: el personal administrativo de una finca bananera en el Valle de la Estrella. Desde un enfoque cualitativo, la investigación indaga cómo elementos culturales, económicos y simbólicos influyen en la forma en que las personas perciben y aceptan condiciones laborales que podrían ser ilegales.

Este desplazamiento del análisis —del derecho abstracto a la experiencia vivida— marca uno de los aportes centrales del trabajo.

Más que leyes: cultura, dependencia y trabajo

Uno de los hallazgos más relevantes de la tesis es que las irregularidades laborales no pueden entenderse únicamente desde la normativa jurídica. La ley, por sí sola, no explica por qué ciertas prácticas persisten ni por qué muchas veces son toleradas o incluso justificadas.

El estudio identifica varios factores socioculturales que moldean la relación laboral. Entre ellos destacan la dependencia económica de la actividad bananera, la percepción de estatus asociada a puestos administrativos, la gratitud hacia el empleador como mecanismo simbólico, la necesidad de conservar el empleo en contextos con pocas oportunidades y las limitaciones organizativas colectivas.

Lejos de ser elementos secundarios, estos factores configuran un entramado donde las relaciones laborales adquieren un carácter profundamente relacional. En ese contexto, prácticas cuestionables pueden llegar a normalizarse, no necesariamente por desconocimiento de derechos, sino por las condiciones estructurales en las que se desarrollan las trayectorias laborales.

Jornadas extensas y sus efectos invisibles

A partir de este marco, la tesis se adentra en uno de los temas más sensibles del estudio: el tiempo de trabajo. El análisis de las jornadas laborales muestra que la extensión del tiempo de trabajo no tiene únicamente implicaciones económicas, sino también efectos sociales y subjetivos.

Entre las principales consecuencias señaladas se encuentran la reducción del tiempo libre y de descanso, afectaciones en las relaciones personales, así como estrés, agotamiento y riesgos para la salud física y mental. De esta forma, la discusión sobre jornadas deja de ser un asunto técnico para convertirse en una cuestión de calidad de vida.

Este punto se vincula con el uso ambiguo de figuras jurídicas como la del “trabajador de confianza”, que en la práctica puede ampliar jornadas sin suficientes controles. La tesis sugiere que, en determinados contextos, esta categoría opera como una zona gris donde la flexibilidad empresarial se impone sobre la protección laboral.

¿Por qué no se denuncia?

Si uno de los hallazgos más visibles del estudio es la existencia de posibles irregularidades, uno de los más profundos es la explicación de por qué muchas personas no recurren a mecanismos legales, aun cuando sus derechos podrían estar siendo vulnerados.

La investigación identifica múltiples barreras que operan simultáneamente: miedo a perder el empleo, dependencia económica estructural, falta de confianza en instituciones y los costos emocionales y sociales asociados a denunciar. En territorios donde el trabajo y la vida comunitaria están estrechamente entrelazados, denunciar no es una decisión individual aislada, sino una acción cargada de consecuencias.

En este sentido, el trabajo cuestiona una premisa frecuente en el debate jurídico: que el acceso a la justicia laboral es universal por el simple hecho de existir formalmente. La tesis muestra que entre el derecho escrito y el derecho ejercido existe una distancia que solo puede comprenderse desde las condiciones sociales concretas.

Un llamado al derecho laboral

A partir de estos hallazgos, la investigación no se limita a describir una realidad, sino que plantea desafíos más amplios para el derecho laboral costarricense. Entre ellos destacan la necesidad de revisar la regulación del trabajador de confianza, repensar las excepciones a la jornada laboral y reconocer las barreras reales de acceso a la justicia.

Más allá del caso específico analizado, el estudio sugiere que el derecho laboral no puede evaluarse únicamente desde el texto normativo. Su eficacia depende, en gran medida, de las condiciones sociales que determinan su aplicación efectiva.

Esta perspectiva invita a desplazar la discusión desde la legalidad formal hacia la justicia material.

Conocimiento incómodo, pero necesario

Trabajos como este abren discusiones que suelen quedar fuera del debate público: la relación entre cultura, poder y trabajo. Al situar el análisis en un territorio concreto y en experiencias vividas, la tesis obliga a mirar más allá de las categorías jurídicas tradicionales.

En un contexto donde se discuten reformas laborales, flexibilización y productividad, investigaciones de este tipo recuerdan que las leyes no operan en el vacío. Se encarnan en territorios específicos, en historias personales y en relaciones atravesadas por desigualdades estructurales.

La pregunta que queda abierta es simple, pero profunda:
¿Puede haber derechos laborales efectivos sin condiciones sociales que permitan ejercerlos?

Diálogo abierto: academia y sociedad

Compartir este tipo de trabajos no solo fortalece el debate académico, sino que también amplía la conversación pública sobre trabajo digno, justicia social y democracia laboral en Costa Rica.

En tiempos donde la discusión sobre el trabajo suele reducirse a indicadores económicos o reformas legales, investigaciones como esta invitan a volver a lo esencial: las personas, sus trayectorias y las condiciones reales en las que viven y trabajan.

Pueden descargar la tesis aquí.

Compartimos esta infografía con algunos aportes iniciales de la tesis para invitarles y motivar a leerla.

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Por qué importa compartir estas tesis

Las tesis como esta no son solo ejercicios académicos: son esfuerzos sostenidos de investigación que nacen de preguntas reales, territorios concretos y problemáticas urgentes. En muchos casos, condensan años de trabajo, escucha y reflexión que rara vez circulan más allá de espacios universitarios.

Compartir estos trabajos permite democratizar el conocimiento, sacarlo de los repositorios cerrados y ponerlo en diálogo con quienes viven, investigan o se organizan en torno a estas realidades. Cuando una tesis se vuelve pública, deja de ser un documento individual y se transforma en una herramienta colectiva: para el debate, la formación y la acción.

Difundir investigaciones sobre trabajo, territorio y justicia social también contribuye a construir memoria. Permite documentar experiencias que suelen quedar fuera de los relatos oficiales y fortalecer miradas críticas sobre procesos que, aunque cotidianos, muchas veces permanecen invisibilizados.

Apostar por compartir estas tesis es, en el fondo, una forma de reconocer que el conocimiento no termina en la academia. Se completa cuando circula, se discute y se vuelve útil para pensar el presente y construir alternativas.

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Cuando el territorio enseña: agricultura regenerativa, comunidad y participación en la Finca EcoFuturo

febrero 19, 2026

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Este 3 de febrero, estudiantes de la Universidad de Costa Rica de la carrera de Ciencias Políticas y quienes están cursando Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica visitaron la Finca EcoFuturo, una experiencia de agricultura regenerativa que articula producción, educación y vida comunitaria. El recorrido permitió conocer las prácticas necesarias para sostener una finca regenerativa y reflexionar sobre su potencia como espacio pedagógico vivo, donde el aprendizaje se construye desde la experiencia directa con el territorio. La finca se afirma así como un aula abierta para personas estudiantes, vecinas y colectivos que buscan alternativas de relación con la naturaleza y formas de vida más sostenibles.

Iniciativas como la huerta comunitaria evidencian que cultivar va mucho más allá de plantas medicinales y aromáticas. Se trata también de cultivar vínculos, memorias y saberes, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia. Estos espacios habilitan el encuentro, el intercambio intergeneracional y el disfrute compartido mediante talleres, picnics y actividades familiares, convirtiendo la finca en un punto de articulación comunitaria muy cercano a la ciudad.

La agricultura regenerativa, en este marco, se presentó como una apuesta por la vida: busca restaurar la salud de los suelos, fortalecer la biodiversidad y mejorar los ciclos del agua, al tiempo que produce alimentos. A diferencia de enfoques extractivos, promueve la diversificación de cultivos, el cuidado del suelo y la integración con los ecosistemas locales, generando resiliencia ecológica y social. Experiencias como EcoFuturo muestran que es posible reconectar producción, comunidad y territorio, ofreciendo alternativas concretas frente a los desafíos ambientales y urbanos actuales.

Durante la visita, las y los estudiantes pudieron además comparar distintos paisajes agroproductivos del entorno, valorando de forma directa cómo las prácticas de agricultura regenerativa generan paisajes más diversos, complejos y vivos en contraste con la agricultura convencional. Las diferencias en cobertura vegetal, diversidad de especies, presencia de suelos vivos y mayor integración entre áreas productivas y espacios naturales hicieron visible que la agricultura no solo produce alimentos, sino que modela paisajes, relaciones ecológicas y formas de habitar el territorio.

La experiencia incorporó también momentos lúdicos y de disfrute, que permitieron repensar el territorio no solo como espacio de producción y análisis, sino como lugar de encuentro, afecto y circulación de emociones. Estas vivencias fortalecieron una pedagogía que integra razón y sensibilidad, ampliando la comprensión del aprendizaje ambiental desde el cuidado mutuo, el sentido de pertenencia y la conexión afectiva con la naturaleza y con quienes la habitan.

Discusión sobre el Plan Regulador en Escazú: participación y territorio

El encuentro fue también un espacio para dialogar sobre la situación del Plan Regulador en Escazú, particularmente el proceso de conformación de la comisión del Plan Regulador en 2025, marcado por una significativa movilización comunitaria para asegurar participación y representación. En un contexto de creciente presión inmobiliaria, se destacó la urgencia de repensar el ordenamiento territorial desde el bien común y no únicamente desde la lógica del mercado.

Se subrayó la necesidad de incorporar de forma efectiva criterios ambientales como la protección de los Cerros de Escazú, el reconocimiento de la zona de amortiguamiento, la identificación y resguardo de zonas de recarga acuífera, corredores biológicos y áreas de riesgo. La participación ambiental en espacios de decisión como la comisión del Plan Regulador resulta fundamental para que los criterios técnicos y económicos dialoguen con los trayectos comunitarios, las memorias territoriales y los saberes locales, claves para sostener una zona altamente biodiversa y los entramados de vida —humanos y no humanos— que dependen de ella.

En este marco, también se conversó sobre el papel de organizaciones como CODECE, entendidas como espacios de diálogo, encuentro y articulación comunitaria. Estas organizaciones cumplen un rol central en la organización social, la formación ciudadana y la incidencia política, facilitando la participación informada en procesos como el Plan Regulador y fortaleciendo la capacidad colectiva para defender el territorio y los bienes comunes.

La gira educativa como experiencia formativa integral

La Finca EcoFuturo se proyecta así como mucho más que un espacio productivo: es una propuesta ecopedagógica que enlaza práctica regenerativa, diálogo comunitario y reflexión política. Al hacerlo, contribuye a formar personas y colectivos con mayor capacidad de incidir en los espacios de decisión pública, mostrando que la defensa del territorio se construye tanto desde la normativa como desde prácticas cotidianas que regeneran la tierra, los vínculos sociales y las posibilidades de imaginar futuros más justos y sostenibles.

En este sentido, la gira educativa se consolidó como un momento pedagógico vivencial clave en la formación del estudiantado de Ciencias Políticas. Al situar los contenidos del curso en un territorio concreto, permitió articular teoría y práctica, comprender la complejidad de los conflictos socioambientales y reconocer el valor de las experiencias comunitarias en la construcción de políticas y procesos de gobernanza ambiental más democráticos, críticos y comprometidos con la vida.

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Entre parches de bosque y vida silvestre: lo que revela el conteo de primates en Grecia

febrero 18, 2026

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El pasado 24 de enero, el Observatorio de Bienes Comunes participó junto a la Sede de Occidente, Recinto de Grecia, Primates de Grecia, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Corredor Biológico Interurbano Achiote, Proyecto EC-639 Cuidar territorios: registro participativo de saberes y biodiversidad Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote y Fundema-PP en el sexto Conteo Anual de Primates realizado en Tacares de Grecia, una experiencia de monitoreo participativo que combina observación de la vida silvestre, educación ambiental y reflexión territorial. Esta actividad se desarrolla en un contexto marcado por la acelerada transformación del uso del suelo en el cantón de Grecia, donde parches de bosque, ríos y corredores biológicos —como el Corredor Biológico El Achiote— se ven cada vez más presionados por proyectos inmobiliarios, urbanización dispersa y desarrollos productivos de alto impacto. Si bien los procesos de reforestación han permitido observar un aumento en la presencia de algunas especies, estos avistamientos también revelan una realidad preocupante: la pérdida y fragmentación del hábitat obliga a la fauna a refugiarse en espacios cada vez más pequeños y vulnerables.

El conteo de primates se enmarca en la lógica de la ciencia ciudadana, una forma de producción de conocimiento que reconoce el valor de la participación activa de las comunidades en la observación, registro y cuidado de su entorno. Este tipo de prácticas democratiza el conocimiento científico, fortalece la apropiación territorial y genera información clave para la toma de decisiones en materia de conservación y planificación. Contar no es solo acumular datos: es aprender a mirar el territorio, identificar amenazas, anticipar riesgos y comprender las relaciones profundas entre los ecosistemas y la vida cotidiana de las personas.

Además, estas actividades tienen una dimensión pedagógica y ética fundamental. Observar primates —y también aves y otras especies— se convierte en una oportunidad para cuestionar la idea de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza. Reconocernos como parte del mismo entramado de vida permite comprender que el deterioro ambiental no solo afecta a la fauna silvestre, sino también a los espacios de recreación, bienestar, tranquilidad y sentido de pertenencia de las comunidades humanas. En este sentido, el desarrollo irresponsable no implica únicamente pérdida de biodiversidad, sino también empobrecimiento de la vida social y territorial.

La relevancia de este tipo de acciones radica, finalmente, en su capacidad de articular conocimiento, sensibilidad y acción colectiva desde lo local. La ciencia ciudadana fortalece vínculos comunitarios, promueve una ciudadanía ambiental activa y contribuye a construir una visión de territorio donde la defensa de los bienes comunes y la vida —humana y no humana— se convierten en una responsabilidad compartida.

El conteo de primates demuestra que el monitoreo comunitario no es solo una herramienta técnica, sino una práctica política y pedagógica que fortalece la participación ciudadana y el cuidado del territorio. Estos espacios permiten que las personas se reconozcan como parte activa de los ecosistemas que habitan, transformando la observación en conciencia y la conciencia en responsabilidad colectiva. Frente a la fragmentación del territorio y al avance de modelos de desarrollo que invisibilizan la vida, la ciencia ciudadana abre posibilidades para construir conocimiento desde lo local, defender los bienes comunes y sostener, en comunidad, las condiciones que hacen posible una vida digna para todas las formas de existencia.

Alertas silenciosas del paisaje: tendencias que invitan a la reflexión

La fragmentación del territorio: por qué es urgente ponerle atención

La fragmentación del territorio ocurre cuando ecosistemas antes continuos —bosques, ríos, quebradas y corredores biológicos— son divididos en parches aislados por carreteras, urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y cambios acelerados en el uso del suelo. En cantones como Grecia, este proceso reduce de forma significativa la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida, limita el desplazamiento de especies como los primates y aumenta la exposición a riesgos como atropellos, electrocuciones y conflictos con actividades humanas. Aunque los pequeños parches de bosque siguen siendo valiosos, por sí solos no logran cumplir todas las funciones ecológicas necesarias para que muchas especies puedan alimentarse, reproducirse y mantener poblaciones sanas.

Este escenario exige atención porque la fragmentación no impacta únicamente a la vida silvestre, sino también a las comunidades humanas. La pérdida de conectividad ecológica afecta la disponibilidad y calidad del agua, la regulación del clima local, la fertilidad de los suelos y los espacios de recreación y bienestar. Cuando el territorio se planifica sin una visión de conjunto, los bienes comunes se debilitan y se consolida una lógica de desarrollo que prioriza intereses de corto plazo sobre la sostenibilidad de la vida. Visibilizar estos procesos mediante la ciencia ciudadana y el monitoreo participativo permite comprender el territorio como un sistema vivo e interdependiente, y abre la posibilidad de impulsar decisiones colectivas más responsables.

Cuando la vida queda encerrada: la ruptura de los corredores biológicos

La fragmentación se vuelve especialmente crítica cuando las especies quedan confinadas a parches aislados y pierden los corredores biológicos que les permiten desplazarse. En estas condiciones, el territorio deja de funcionar como una red conectada y se convierte en un conjunto de espacios fragmentados. Para animales como los primates, esta situación restringe el acceso a alimento, refugio y áreas de reproducción, incrementa el estrés y la competencia, y reduce su capacidad de adaptación frente a cambios ambientales. Los corredores biológicos no son simples “pasos verdes”: son las rutas que sostienen los ciclos de la vida y garantizan el intercambio genético entre poblaciones.

La pérdida de conectividad también intensifica los conflictos con las actividades humanas. Al verse obligada a desplazarse por cables eléctricos, carreteras o zonas urbanizadas, la fauna enfrenta mayores probabilidades de electrocución, atropellos y persecución. Con el tiempo, estos parches aislados pueden convertirse en trampas ecológicas que aparentan ofrecer refugio, pero que en realidad comprometen la viabilidad de las poblaciones. Atender esta problemática implica reconocer que conservar no es solo proteger fragmentos de bosque, sino cuidar las relaciones entre ellos, planificar el territorio con una visión integral y asumir que la defensa de los corredores biológicos es una condición básica para la continuidad de la vida —humana y no humana— en nuestros territorios.

Saberes locales y memoria viva del territorio

Durante el recorrido del conteo, el encuentro con Francisco Avendoño Avendaño, persona trabajadora y residente de la comunidad, con quién se abrió un espacio valioso de diálogo entre el monitoreo ambiental y la memoria local. Sus relatos, construidos a lo largo de décadas de convivencia con el territorio, aportaron información sobre avistamientos históricos de fauna, cambios en el paisaje y dinámicas ecológicas que no siempre quedan registradas en los datos formales. A estos conocimientos se sumaron historias locales y leyendas transmitidas de generación en generación, que forman parte del modo en que la comunidad ha interpretado, cuidado y significado su entorno natural.

Prestar atención a estos saberes es fundamental porque enriquecen la historia natural del lugar con dimensiones culturales, simbólicas y afectivas. Las narraciones locales expresan formas de relación con los bosques, los ríos y la vida silvestre que revelan diálogos profundos entre bienes comunes naturales y culturales. Integrar estas voces en procesos de ciencia ciudadana y monitoreo comunitario no solo amplía la comprensión del territorio, sino que también fortalece el sentido de pertenencia, la transmisión intergeneracional de conocimientos y la defensa colectiva de un territorio entendido como memoria viva, y no únicamente como espacio a ser explotado.

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Minería ilegal: el nuevo pretexto del viejo extractivismo

febrero 18, 2026

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Un año después de advertir sobre la pereza mental de la política costarricense frente a la minería en Cutris, el debate vuelve a escena con un nuevo giro discursivo. Esta vez, el argumento no se presenta principalmente como “desarrollo” ni como “minería sostenible”, sino como una supuesta respuesta urgente ante la minería ilegal.

En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que la afectación territorial por minería ilegal en Crucitas habría aumentado en más de un 200%, reforzando la narrativa de que el país enfrenta una emergencia que justificaría medidas excepcionales (Semanario Universidad, 2025). El mensaje implícito es claro: si el Estado no logra frenar la extracción clandestina, entonces permitir minería formal podría convertirse en la salida “realista”.

Pero esta lógica, lejos de representar un análisis serio del problema, reproduce un patrón conocido: usar una crisis —ambiental, social o de seguridad— como argumento para reactivar el extractivismo. La pregunta que Costa Rica debería hacerse no es si la minería ilegal existe (porque existe y es grave), sino si abrir minería metálica a cielo abierto detendría realmente esa ilegalidad, o si más bien terminaría institucionalizándola.

Los documentos internacionales y regionales revisados permiten sostener una idea fundamental: la minería ilegal no es simplemente un delito ambiental, sino un síntoma de crisis estructurales profundas vinculadas a desigualdad, abandono territorial, corrupción y redes criminales transnacionales (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

Imagen: Captura de pantalla nota Semanario Universidad

Cuando lo “ilegal” se vuelve una categoría política

En el debate público costarricense, “minería ilegal” suele presentarse como una actividad marginal realizada por individuos aislados que operan fuera de la ley. Esa imagen resulta cómoda, porque permite reducir el problema a un conflicto entre “buenos y malos”, o entre “Estado y coligalleros”.

Sin embargo, los informes internacionales son contundentes: la minería ilegal de oro en América Latina no funciona como un fenómeno espontáneo o desorganizado. Es una economía ilícita consolidada, conectada con cadenas comerciales internacionales, mercados globales del oro y redes de violencia que incluyen corrupción, lavado de activos y control territorial (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, s. f.).

Por eso, la minería ilegal no puede explicarse únicamente como falta de permisos o ausencia de regulación. Se explica por la existencia de una economía extractiva paralela que se sostiene gracias a la impunidad y al debilitamiento institucional. En otras palabras, lo ilegal no es solo una práctica, sino un régimen de poder territorial.

El riesgo político aparece cuando esta complejidad se simplifica deliberadamente. La ilegalidad se convierte entonces en una palabra útil para construir un argumento: si hay ilegalidad, entonces hay que legalizar. Pero esa es una conclusión apresurada y profundamente interesada.

La minería ilegal como síntoma del abandono estatal

En la Amazonía y en múltiples regiones de América Latina, los organismos internacionales han advertido que la minería ilegal prospera especialmente en zonas donde el Estado es débil o está ausente: regiones fronterizas, áreas rurales empobrecidas o territorios indígenas históricamente marginados (CMIA, 2025).

El caso de Crucitas debe leerse desde esa misma perspectiva. La minería ilegal no aparece en un vacío. Surge en un contexto donde convergen:

-precariedad socioeconómica,
-ausencia de alternativas productivas sostenidas,
-insuficiente presencia institucional,
-crisis de fiscalización ambiental,
-limitaciones de control territorial (Semanario Universidad, 2025; CMIA, 2025).

Por eso, hablar únicamente de coligalleros y no hablar del abandono estatal es una forma de omisión política. Lo que ocurre en Crucitas no es solo extracción ilegal: es una reconfiguración territorial, económica y social. Donde el Estado no regula, aparecen mercados informales, jerarquías de poder local, redes de intermediación y violencia.

En ese sentido, lo ilegal no es un “desorden” pasajero: es una expresión de un territorio abandonado.

La trampa del discurso técnico: “solo falta regular”

Un elemento recurrente en las discusiones institucionales es presentar la minería ilegal como un problema técnico: falta fiscalización, faltan permisos, faltan procedimientos. Bajo esta visión, bastaría con habilitar un marco de concesiones, modernizar el Código de Minería y establecer controles para ordenar el territorio.

Pero esta narrativa ignora una dimensión esencial: la minería ilegal es política porque está sostenida por relaciones de poder. REDESCA ha documentado que en varios países la minería ilegal está vinculada con economías ilícitas, violencia sistemática y captura territorial, generando incluso crisis humanitarias (CIDH-REDESCA, 2025).

En la Amazonía, por ejemplo, se ha señalado que la minería ilegal se vincula a desplazamientos forzados, trata, deterioro sanitario y destrucción de ecosistemas, en un marco donde el oro funciona como combustible de redes criminales (CMIA, 2025).

Cuando el problema es de poder, corrupción y crimen organizado, legalizar no significa controlar: significa abrir una nueva fase de disputa por el territorio.

El gran engaño: creer que lo legal elimina lo ilegal

Uno de los argumentos que se repiten con insistencia en Costa Rica es que abrir minería formal permitiría reducir o eliminar la minería ilegal. Sin embargo, la evidencia regional apunta en otra dirección: en numerosos contextos, la minería legal y la ilegal coexisten y, en ocasiones, se retroalimentan (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

Esto ocurre por varias razones:

La minería ilegal puede ser más rentable, porque evade costos ambientales y laborales.
La minería legal puede convertirse en un canal de lavado, mediante el ingreso de oro ilegal a circuitos formales.
Las cadenas de comercialización del oro son opacas, y su trazabilidad real suele ser limitada.
La fiscalización estatal es insuficiente, incluso en operaciones formales.
La presión extractiva aumenta cuando el territorio se normaliza como zona minera (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

Así, la legalización puede funcionar como un mecanismo de normalización del extractivismo. En vez de erradicar lo ilegal, puede reorganizarlo, hacerlo más sofisticado y hacerlo convivir con estructuras empresariales formales.

Crucitas como excusa: la emergencia convertida en estrategia

En Costa Rica, el proyecto legislativo 24.717 plantea una excepción territorial para permitir minería metálica sostenible a cielo abierto en Cutris de San Carlos. El texto sustitutivo se sostiene en la idea de que esta medida permitiría enfrentar el desastre ambiental y social generado por la minería ilegal, aprovechando racionalmente el recurso y generando beneficios públicos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2025).

Sin embargo, este razonamiento es problemático por al menos tres razones.

Primero, porque transforma una crisis de ilegalidad y ausencia estatal en un argumento para habilitar una actividad prohibida a nivel nacional. En vez de fortalecer la capacidad institucional para combatir redes criminales, se plantea abrir una puerta extractiva bajo la promesa de “orden” (CIDH-REDESCA, 2025).

Segundo, porque asume que el Estado podrá fiscalizar con eficacia una industria minera formal cuando, precisamente, lo que ha quedado en evidencia es su incapacidad para controlar el territorio y detener la minería ilegal (CMIA, 2025).

Y tercero, porque la minería a cielo abierto no es una actividad neutra. Implica transformación radical del territorio, presión sobre fuentes de agua, deforestación y conflictos socioambientales. No es un simple mecanismo administrativo para resolver un problema de seguridad.

La minería ilegal se denuncia, pero el extractivismo vuelve como receta.

¿Quién gana cuando lo ilegal se vuelve argumento?

Que la minería ilegal sea real no significa que el uso político de esa realidad sea neutral. Al contrario: convertir la ilegalidad en narrativa dominante permite justificar cambios legales y reabrir un mercado extractivo que la sociedad costarricense había cerrado.

Aquí aparecen preguntas inevitables:

-¿quién gana con la apertura de minería metálica?
-¿quién controla la comercialización del oro?
-¿qué actores económicos se posicionan detrás de la retórica de la “minería sostenible”?
-¿qué tan sólida es la capacidad estatal de fiscalización y trazabilidad del mineral?
-¿qué se entiende por sostenibilidad cuando se trata de extracción intensiva? (CIDH-REDESCA, 2025; UNODC, 2022).

REDESCA advierte que incluso en países donde la minería es legal, la débil supervisión estatal y la corrupción pueden facilitar que el extractivismo formal reproduzca impactos graves y, al mismo tiempo, se convierta en una fachada para economías ilícitas (CIDH-REDESCA, 2025).

En ese marco, la frontera entre lo legal y lo ilegal puede volverse frágil, difusa e instrumental.

De la ilegalidad al derecho: el enfoque que se está perdiendo

Los documentos internacionales insisten en un punto clave: la respuesta a la minería ilegal no puede reducirse a una discusión de permisos, concesiones o regalías. Debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos y justicia ambiental (CIDH-REDESCA, 2025).

La minería ilegal afecta directamente:

-el derecho a un ambiente sano,
-el derecho al agua,
-la salud pública,
-la seguridad comunitaria,
-la integridad territorial de pueblos indígenas,
-el derecho a defender derechos (CIDH-REDESCA, 2025).

Y, además, la CIDH ha advertido que los Estados tienen obligaciones claras en materia de prevención, protección y reparación, especialmente en contextos donde la minería ilegal genera violencia y degradación ambiental sistemática (CIDH-REDESCA, 2025).

Desde esa perspectiva, combatir la minería ilegal debería implicar:

trazabilidad real del oro,
control del comercio de mercurio y sustancias tóxicas,
persecución de redes de intermediación y comercialización,
fortalecimiento de fiscalización ambiental y judicial,
protección de comunidades y defensores ambientales,
alternativas económicas territoriales sostenidas (CMIA, 2025; UNODC, 2022).

En ese marco, legalizar minería a cielo abierto no aparece como una solución de derechos: aparece como una salida económica con costos socioambientales difíciles de revertir.

La pereza mental regresa con uniforme nuevo

En setiembre de 2025 señalamos que la política costarricense repite un patrón de pereza mental: frente a problemas complejos, se recurre al libreto extractivista como salida rápida. Hoy ese patrón vuelve, pero con un nuevo uniforme discursivo: el lenguaje de la seguridad pública.

La minería aparece nuevamente como la “salida fácil” ante realidades duras: inseguridad, pobreza, abandono, crisis territorial. Y se intenta instalar un falso dilema: o minería legal o caos ilegal.

Sin embargo, esa narrativa invisibiliza algo esencial: la ilegalidad no se combate con extractivismo. Se combate con Estado, justicia ambiental, presencia territorial sostenida y alternativas económicas reales.

Costa Rica no necesita más minería para combatir la minería ilegal. Necesita más imaginación política, más capacidad institucional y más coherencia con la decisión histórica que el país tomó en 2010.

Lo ilegal no se resuelve con extractivismo

La minería ilegal es una amenaza real. Pero convertirla en argumento para abrir minería metálica a cielo abierto es una operación política peligrosa. Los informes revisados muestran que este fenómeno no se origina por falta de minería legal, sino por redes criminales, mercados globales del oro, desigualdad, corrupción y debilitamiento institucional (CIDH-REDESCA, 2025; CMIA, 2025).

En ese contexto, legalizar minería a cielo abierto no garantiza detener la ilegalidad. Puede incluso facilitar nuevas formas de lavado de oro, captura institucional y expansión extractiva bajo discursos de sostenibilidad (UNODC, s. f.; CMIA, 2025).

Lo que está en juego no es solo un proyecto de ley ni un distrito del norte del país. Lo que está en disputa es si Costa Rica enfrentará la minería ilegal fortaleciendo la justicia ambiental y el control democrático del territorio, o si permitirá que esa crisis funcione como pretexto para normalizar un modelo extractivo que el país ya había decidido superar.

Referencias:

Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2025). Texto sustitutivo del expediente 24.717: Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería (Ley N.º 6797). Ver aquí.

Climate and Mining in the Amazon. (2025). Cambio climático, minería ilegal y derechos humanos en la Amazonía: una reflexión desde la sociedad civil y los pueblos indígenas. Pueden descargar el documento aquí.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. (2025). REDESCA alerta sobre el impacto de la minería ilegal de oro y urge garantizar un medio ambiente sano. Comunicado de prensa. Organización de los Estados Americanos. Pueden ver el comunicado aquí.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Tipologías y señales de alerta: minería ilegal. Pueden descargar el documento aquí.

Observatorio Bienes Comunes (2025). Minería en Cutris: la pereza mental de la política costarricense. Ver noticia.

Semanario Universidad. (2026). Ministro de Seguridad alegó aumento de 200% en afectación territorial por minería ilegal en Crucitas. Ver noticia.

Crédito imagen de cabecera Miriet Abrego/Semanario Universidad.

Pueden descargar la infografía aquí.

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