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Acción por los ríos: limpieza del Río Tacares impulsa articulación comunitaria en Grecia

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El 14 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, se realizó una jornada de limpieza en el Río Tacares, afluente de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, uno de los sistemas hídricos más afectados por la contaminación en la región centroamericana. La actividad también abarcó sectores cercanos como Los Chorros y Calle Quesada, donde se identifican problemáticas similares asociadas a la acumulación de residuos. La jornada se desarrolló en el sector conocido como Potreros del Puax, en el cantón de Grecia, y reunió a organizaciones comunitarias, instituciones públicas, universidades, empresas y personas voluntarias comprometidas con el cuidado del agua y los territorios.

La jornada fue impulsada por el OCA Río Agualote GIRH–UCR, en coordinación con la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente y Primates de Grecia, como parte de la propuesta de promover la Primera Jornada Anual de Acción por los Ríos en los Potreros del Puax. Este nombre recupera la memoria local, y busca fortalecer la articulación de esfuerzos en la región de Occidente para la protección de los ríos y las cuencas.

Durante la actividad se realizaron labores de recolección de residuos sólidos en las riberas y alrededores del río, así como espacios de sensibilización sobre la importancia de la gestión adecuada de los residuos y el impacto que tienen nuestras prácticas cotidianas sobre los ecosistemas acuáticos. Estas acciones permiten no solo retirar desechos del entorno, sino también promover una reflexión colectiva sobre la relación que las comunidades mantienen con sus ríos.

La jornada contó con el acompañamiento del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y del Observatorio de Bienes Comunes UCR, así como con la participación de la docente Zuiri Méndez y estudiantes del Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I. También se sumaron iniciativas académicas y estudiantiles como el TCU-UTN Cambio Climático, que desarrolló charlas de sensibilización sobre gestión de residuos, y el TCU-UCR Recuperación de la microcuenca del Estero, que brindó apoyo en la logística de la actividad.

Asimismo, se contó con el apoyo del sector privado, entre ellos Adrian’s Coffee Tour, que colaboró con sacos reutilizables para la recolección de residuos, y Panduit, que aportó pinchos recolectores de basura y facilitó la participación de personas trabajadoras en la jornada.

El éxito de la actividad también fue posible gracias a la participación activa de organizaciones comunitarias e instituciones locales, entre ellas la Cruz Roja Costarricense en Grecia, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica – Tropa 190, la ASADA Tacares, el Acueducto Bodegas y Pilas, la Fuerza Pública de Grecia y el Club LEO de Grecia, además de estudiantes de la Universidad de Costa Rica – Recinto de Grecia y numerosas personas voluntarias que se sumaron al esfuerzo colectivo.

Estas acciones evidencian la importancia de la articulación entre comunidades, instituciones y organizaciones sociales para impulsar procesos de cuidado y recuperación de los ríos. Más allá de la limpieza puntual, la jornada se plantea como un paso dentro de un proceso más amplio de sensibilización y acción territorial en defensa del agua como bien común.

Los basureros informales: una problemática que afecta a las comunidades y a los ríos

Durante el recorrido y las labores de limpieza se identificó también una problemática que preocupa a las comunidades de la zona: la presencia de basureros informales o clandestinos en distintos puntos cercanos al río y a caminos vecinales. Estos espacios, donde se depositan residuos de forma ilegal, se han convertido en focos de contaminación que impactan tanto a los ecosistemas como a la calidad de vida de las personas.

La acumulación de residuos en estos sitios puede generar múltiples consecuencias. Entre ellas, la contaminación del suelo y del agua, la proliferación de insectos y roedores, la generación de malos olores y la degradación del paisaje. Además, muchos de estos residuos terminan siendo arrastrados por la lluvia hacia quebradas y ríos, lo que agrava la contaminación de las cuencas y afecta a la flora y fauna que depende de estos ecosistemas.

En el caso de los ríos, los desechos sólidos pueden alterar el flujo del agua, afectar la calidad del hábitat de diversas especies y generar riesgos para la salud de las comunidades que dependen de estas fuentes de agua. Por esta razón, uno de los llamados que surgió de la jornada fue fortalecer la conciencia colectiva sobre la gestión adecuada de los residuos, así como promover la corresponsabilidad entre ciudadanía, instituciones y gobiernos locales para prevenir la aparición de estos depósitos ilegales de basura.

Las personas participantes destacaron que el cuidado de los ríos no se limita a realizar jornadas de limpieza, sino que requiere cambios sostenidos en las prácticas cotidianas, educación ambiental, vigilancia comunitaria y políticas públicas que promuevan una gestión responsable de los residuos.

La participación comunitaria y la colaboración como motor de encuentro

Uno de los aspectos más valiosos de la jornada fue la diversidad de personas, organizaciones sociales, culturales, comunitarias e institucionales que se sumaron a la actividad. Más allá de la recolección de residuos, estos espacios se convierten en oportunidades para encontrarse, dialogar y reconocer que el cuidado de los ríos y de los territorios es una tarea que solo puede sostenerse desde la colaboración.

Cuando distintos actores del territorio —comunidades, asociaciones, instituciones públicas, colectivos ambientales, estudiantes y empresas— participan en acciones concretas en los espacios públicos, se fortalece el sentido de corresponsabilidad y se construyen vínculos que permiten enfrentar de manera colectiva los problemas ambientales. Estas experiencias también contribuyen a revalorizar los ríos como espacios de vida, memoria y encuentro comunitario, y no únicamente como lugares de paso o como sitios donde terminan los residuos.

En este sentido, las jornadas de acción por los ríos muestran que la colaboración y la participación activa de la ciudadanía pueden convertirse en motores de transformación territorial, generando conciencia, fortaleciendo redes locales y promoviendo nuevas iniciativas para el cuidado de las cuencas. Recuperar y proteger los ríos implica también recuperar la relación de las comunidades con estos espacios, reconociéndolos como bienes comunes fundamentales para la vida.

Próximas jornadas de acción por los ríos

Como parte de este esfuerzo colectivo, las organizaciones y comunidades participantes han planteado dar continuidad a estas iniciativas a través de nuevas jornadas de acción en distintos puntos de la región de Occidente. Estas actividades buscan seguir fortaleciendo la conciencia ambiental, promover la participación comunitaria y avanzar en el cuidado de las cuencas.

Las próximas fechas programadas son:

  • Sábado 28 de marzo – Jornada en el Río Trojas, en Sarchí.

  • Sábado 11 de abril – Jornada en Los Chorros, en Grecia.

  • Sábado 25 de abril – Jornada en el Río Agualote.

Desde las organizaciones impulsoras se hace un llamado a las comunidades, instituciones y personas interesadas a sumarse a estas actividades y continuar construyendo espacios de acción colectiva para la defensa y recuperación de los ríos. Estas jornadas recuerdan que el cuidado del agua es una tarea compartida y fundamental para la vida en los territorios.

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Vejez, dignidad y resistencia: un cuaderno de estudio sobre la lucha de Norma Plá

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Este cuaderno de estudio fue elaborado por Jimena Tercero Herrera y Daniela Díaz López, estudiantes asistentes del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de su trabajo académico durante el año 2025 en el marco de los proyectos del Observatorio y la Caja de Herramientas. Su aporte fue fundamental para el desarrollo de este material educativo orientado a la reflexión crítica sobre derechos sociales, vejez y acción colectiva.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica compartimos el cuaderno de estudio Vejez, dignidad y resistencia popular: Norma Plá, una voz de valentía y dignidad, un material educativo que busca reflexionar críticamente sobre la defensa de los derechos sociales, la participación ciudadana y la dignidad de las personas mayores.

Este cuaderno propone un recorrido histórico y pedagógico por la vida y la lucha de Norma Beatriz Guimil de Plá (1932–1996), una mujer trabajadora que se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la resistencia social en Argentina durante la década de 1990. En un contexto marcado por profundas reformas neoliberales —privatizaciones, ajuste fiscal y cambios en los sistemas de pensiones— Plá emergió como una voz colectiva que denunció el deterioro de las condiciones de vida de las personas jubiladas y pensionadas.

Norma Plá: una vida marcada por la dignidad y la protesta

Norma Plá nació en el conurbano bonaerense en el seno de una familia trabajadora. Desde muy joven se incorporó al mercado laboral en empleos domésticos y tareas de cuidado, trabajos históricamente precarizados y escasamente reconocidos por los sistemas de seguridad social. Como muchas mujeres de su generación, su trayectoria laboral estuvo atravesada por la informalidad, lo que la dejó sin acceso a una jubilación digna.

Durante los años noventa, cuando las políticas neoliberales redujeron el valor real de las pensiones y transformaron el sistema previsional argentino, Plá se convirtió en una referente del movimiento de jubilados y pensionados. Su presencia constante en las calles, sus intervenciones públicas y su firmeza frente al poder político la transformaron en un símbolo de dignidad y resistencia.

Cada miércoles, frente al Congreso argentino, cientos de jubilados se reunían para reclamar pensiones dignas. Aquellas protestas —conocidas como los miércoles de los jubilados— se convirtieron en un espacio de aprendizaje colectivo, donde la experiencia de vida se transformaba en denuncia pública y en construcción de conciencia social.

La protesta como pedagogía

Uno de los aportes centrales del cuaderno es mostrar que las luchas sociales no solo denuncian injusticias: también producen conocimiento. La experiencia de Norma Plá revela cómo la protesta puede convertirse en un espacio pedagógico donde las personas aprenden a leer críticamente la realidad, a organizarse colectivamente y a disputar el sentido de los derechos.

La palabra de Plá, directa y sin mediaciones técnicas, provenía de la experiencia cotidiana de la precariedad. Al llevar esa experiencia al espacio público, logró transformar un problema individual —la pobreza en la vejez— en un debate político sobre el modelo de sociedad.

Su figura también desafió estereotipos profundamente arraigados: una mujer mayor, pobre y proveniente de los márgenes sociales ocupando el espacio público, confrontando al poder y denunciando injusticias. Su presencia mostró que la vejez no es un tiempo de silencio, sino también un territorio de lucha y participación política.

Pensar las pensiones hoy

El cuaderno invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que atraviesan los sistemas de pensiones en América Latina. Tanto en Argentina como en Costa Rica, las jubilaciones reproducen muchas de las desigualdades presentes en el mercado laboral: quienes han tenido empleos formales y estables acceden a mejores pensiones, mientras que quienes trabajaron en la informalidad —especialmente mujeres dedicadas a tareas de cuidado— enfrentan mayor precariedad en la vejez.

Desde esta perspectiva, la figura de Norma Plá permite pensar la seguridad social como una conquista histórica que requiere organización, debate público y participación ciudadana para ser defendida.

Un cuaderno para estudiar, dialogar y organizarse

Este cuaderno de estudio fue elaborado como una herramienta educativa para promover el análisis crítico sobre la relación entre vejez, trabajo, género y derechos sociales. Inspirado en la tradición de la educación popular latinoamericana, busca contribuir a procesos de formación colectiva que permitan comprender las raíces de las desigualdades y fortalecer la defensa de los bienes comunes.

La historia de Norma Plá nos recuerda que los derechos no son concesiones permanentes: son conquistas sociales que se defienden en la organización colectiva, la participación y la protesta.

Su legado sigue vigente hoy, cuando los debates sobre los derechos sociales, las pensiones, los cuidados y la dignidad en la vejez continúan atravesando nuestras sociedades.

Pueden descargar el Cuarderno aquí

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De cambios aislados a tendencias territoriales: señales de alerta desde el monitoreo ciudadano en el Caribe Sur

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El siguiente balance recoge observaciones realizadas durante los primeros dos meses del año 2026 en el marco del trabajo de monitoreo territorial que desarrolla el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe Sur de Costa Rica. Más que presentar un recuento detallado de casos específicos, esta revisión busca identificar algunas tendencias y señales de alerta que emergen al observar en conjunto los registros recientes de transformaciones ambientales en la región.

En el Caribe Sur de Costa Rica, muchas de las transformaciones del territorio ocurren de manera gradual y fragmentada. Un árbol menos aquí, un relleno allá, una construcción que aparece donde antes había bosque o humedal. Observados de forma aislada, estos hechos pueden parecer episodios menores. Sin embargo, cuando se registran y comparan a lo largo del tiempo, comienzan a revelar patrones más amplios de transformación ambiental.

El monitoreo territorial que ha realizado durante más de dos décadas el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven permite justamente ese tipo de lectura. Su trabajo, basado en recorridos, fotografías comparativas, observación directa y seguimiento de denuncias, constituye un archivo ciudadano que ayuda a comprender cómo están cambiando los ecosistemas del Caribe Sur.

Este monitoreo ha sido posible gracias a su labor sostenida en el territorio, pero también al aporte de muchas personas vecinas que, al observar cambios o intervenciones en el paisaje, se comunican con él para alertar sobre lo que está ocurriendo. A partir de estas alertas, Philippe visita los sitios, registra las transformaciones mediante fotografías y notas de campo, y documenta la evolución de los procesos en el tiempo. De esta forma, el monitoreo se construye también como un ejercicio colectivo de vigilancia socioambiental desde el territorio.

Más que centrarse en un caso específico, la revisión conjunta de los registros de monitoreo permite identificar tendencias y señales de alerta que invitan a reflexionar sobre el futuro ambiental de la región.

Tendencias que emergen del monitoreo territorial

1. Transformaciones graduales del paisaje

Una de las características más visibles en los registros es que los cambios ambientales rara vez ocurren de forma abrupta. Con frecuencia se trata de procesos acumulativos: primero se elimina parte de la cobertura vegetal, luego se realizan chapeas o intervenciones parciales, posteriormente se rellena el terreno y finalmente aparecen construcciones.

Este tipo de secuencia permite que la transformación del territorio ocurra en etapas, diluyendo la percepción del impacto y dificultando su seguimiento institucional.

2. Presión creciente sobre ecosistemas sensibles

Los registros de monitoreo señalan intervenciones recurrentes en ecosistemas particularmente frágiles desde el punto de vista ambiental, como humedales, bosques costeros, márgenes de quebradas o áreas cercanas a la franja costera.

Estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas clave: regulan el agua, albergan biodiversidad y protegen la dinámica natural del litoral. Cuando se alteran o fragmentan, los impactos pueden extenderse más allá del sitio intervenido.

3. Cambios de uso del suelo asociados a dinámicas inmobiliarias

Otra tendencia que aparece de manera reiterada es la transformación progresiva de terrenos que originalmente presentaban características de bosque o humedal hacia usos vinculados con infraestructura, vivienda o actividades comerciales.

Este proceso suele estar asociado a la creciente valorización del suelo en zonas turísticas del Caribe Sur, donde la expansión inmobiliaria ejerce una presión cada vez mayor sobre el territorio.

4. Fragmentación de los ecosistemas

Incluso cuando algunos elementos naturales permanecen —como el cauce de una quebrada o pequeños parches de vegetación—, el entorno puede transformarse completamente. Esta fragmentación reduce la conectividad ecológica, debilita los corredores biológicos y limita la capacidad de los ecosistemas para mantenerse funcionales.

5. Tensiones entre normativa ambiental y realidad territorial

Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto en materia ambiental. No obstante, los procesos documentados en el monitoreo plantean preguntas sobre la capacidad de fiscalización, seguimiento y control en el territorio.

Cuando intervenciones en ecosistemas sensibles se repiten en el tiempo, surge la necesidad de examinar cómo se están aplicando las normas existentes y cuáles son las capacidades institucionales para prevenir o revertir estos procesos.

El valor del monitoreo ciudadano

Frente a estos escenarios, el monitoreo ambiental realizado por personas que habitan y recorren cotidianamente el territorio adquiere una importancia particular.

Este tipo de observación sostenida permite:

  • Registrar cambios ambientales que ocurren lentamente.

  • Construir memoria territorial sobre procesos de transformación del paisaje.

  • Generar información pública que puede complementar los registros institucionales.

  • Alertar tempranamente sobre posibles impactos en ecosistemas sensibles.

  • Articular redes informales de vigilancia comunitaria, donde las personas vecinas alertan sobre situaciones que luego pueden ser documentadas en terreno.

Más allá de cada caso específico, el monitoreo ciudadano contribuye a visibilizar dinámicas territoriales que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas, y muestra cómo la defensa de los bienes comunes también se construye desde la atención cotidiana que las comunidades ponen sobre su territorio.

Una invitación a explorar el monitoreo del Caribe Sur

El trabajo de registro territorial realizado por Philippe Vangoidsenhoven se encuentra ahora disponible públicamente a través del sitio “Monitoreo Caribe Sur”, una plataforma que reúne reportes, fotografías y documentación generada a lo largo de años de observación del territorio.

El sitio busca fortalecer la memoria ambiental del Caribe Sur y poner a disposición información que puede ser útil para comprender las transformaciones que afectan a la región.

Invitamos a quienes deseen conocer más sobre este trabajo de monitoreo territorial a visitar la página:

Monitoreo Caribe Sur
https://sites.google.com/view/monitoreocaribesur/inicio

Explorar estos registros permite observar el territorio en el tiempo y comprender mejor los procesos que están configurando el presente y el futuro ambiental del Caribe Sur.

Publicaciones de referencia

Para profundizar en los registros y análisis que sustentan este balance, se pueden consultar las siguientes publicaciones elaboradas por Philippe Vangoidsenhoven, disponibles en el sitio Monitoreo Caribe Sur:

Estos reportes presentan documentación más detallada del monitoreo territorial realizado en la región y permiten observar, a partir de registros fotográficos y seguimiento en el tiempo, las transformaciones que han ocurrido en distintos ecosistemas del Caribe Sur.

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Cuando la minería legal convive con el crimen: una historia incómoda para el debate sobre minería ilegal

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En el contexto del debate público sobre minería en Costa Rica, algunas voces políticas han planteado que permitir la explotación legal del oro podría contribuir a frenar la minería ilegal y recuperar recursos económicos para el país. Por ejemplo, en febrero de 2026 la presidenta electa Laura Fernández señaló que su gobierno impulsará la aprobación de un proyecto para explotar el oro existente en Crucitas, argumentando que actualmente el metal está siendo extraído por redes ilegales que generan daños ambientales y beneficios para el crimen organizado. Según sus declaraciones, la explotación regulada permitiría que esos recursos se traduzcan en ingresos para el Estado y financien áreas como educación, salud e infraestructura (Arrieta, 2026).

Las declaraciones de la presidenta electa de Costa Rica se inscriben en una discusión más amplia que ha ganado presencia en el debate público costarricense en los últimos años: la idea de que permitir la explotación legal del oro podría ser una forma de enfrentar la minería ilegal que actualmente ocurre en zonas como Crucitas. Bajo este enfoque, la apertura de proyectos regulados permitiría recuperar recursos económicos para el país y, al mismo tiempo, reducir el espacio de acción de las redes criminales vinculadas a la extracción ilegal.

Sin embargo, este planteamiento abre una pregunta clave: ¿existe realmente una relación directa entre permitir minería legal y reducir la minería ilegal?

En el debate sobre la minería suele repetirse un argumento aparentemente simple: si se permite la minería legal, se reduce la minería ilegal. La lógica parece intuitiva: al abrir un mercado regulado, el espacio para las economías criminales disminuiría y las actividades extractivas podrían ser supervisadas por el Estado.

Sin embargo, la experiencia internacional y los estudios sobre economías criminales muestran que la relación entre minería legal e ilegal es mucho más compleja. En muchos casos, ambas actividades no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir dentro de los mismos territorios, mercados y cadenas de suministro.

Algunos episodios dentro de la propia industria minera ilustran esta complejidad. Uno de los más citados ocurrió en 2015, cuando el empresario canadiense Rob McEwen, presidente de McEwen Mining Inc., realizó una declaración pública que generó una polémica internacional sobre la relación entre minería y crimen organizado.

La declaración que incomodó a la industria

En abril de 2015, tras el robo de aproximadamente 8,5 millones de dólares en concentrado de oro en la mina El Gallo 1, ubicada en el estado mexicano de Sinaloa, McEwen fue entrevistado por la cadena canadiense Business News Network para explicar el contexto de seguridad en el que operaba la empresa.

Durante esa entrevista, el directivo describió la realidad de trabajar en territorios donde el crimen organizado tiene presencia consolidada. En sus declaraciones señaló que los cárteles operaban en la zona y que, en términos generales, la empresa mantenía una relación funcional con ellos, en el sentido de coexistir dentro del mismo territorio.

Según sus palabras, cuando la empresa deseaba explorar nuevas áreas, en ocasiones consultaba informalmente si la zona estaba disponible para trabajar. La frase que más repercusión tuvo en medios fue la siguiente:

“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos explorar en algún lugar les preguntamos… y te dicen que regreses en un par de semanas cuando hayan terminado lo que están haciendo.” (McEwen, citado en CNN Expansión, 2015; El Financiero, 2015).

La declaración generó una fuerte reacción mediática y política en México. Diversos analistas interpretaron sus palabras como una admisión de que las empresas extractivas podían verse obligadas a convivir o negociar indirectamente con actores criminales cuando operan en regiones donde el Estado tiene presencia limitada.

Más allá del debate puntual sobre la entrevista, el episodio reveló un problema estructural: muchas actividades económicas legales operan en territorios donde también existen economías criminales. En estas zonas, las fronteras entre lo formal y lo informal pueden volverse difusas debido a factores como la seguridad, el control territorial y las redes económicas locales.

La retractación

Pocos días después de la entrevista, McEwen publicó un comunicado aclarando sus declaraciones. En este documento sostuvo que sus palabras habían sido malinterpretadas por los medios y negó que la empresa tuviera relaciones con organizaciones criminales.

Según explicó, cuando habló de mantener una “buena relación”, se refería en realidad a las comunidades locales y propietarios de tierras, con quienes la empresa suele coordinar para realizar trabajos de exploración (Río Doce, 2015).

En el comunicado, el empresario afirmó explícitamente:

“Ni yo ni ningún miembro del equipo directivo de la empresa ha tenido contacto regular ni relación alguna con miembros de los cárteles.” (McEwen citado en Animal Político, 2015).

La aclaración buscaba cerrar la polémica pública. No obstante, el episodio dejó una discusión abierta sobre las condiciones reales en las que operan muchas industrias extractivas, especialmente en regiones donde la presencia del crimen organizado se ha consolidado a lo largo de décadas.

Incluso cuando las empresas niegan vínculos directos, el simple hecho de operar en territorios donde existen economías criminales implica interacciones indirectas, presiones o dinámicas de coexistencia territorial que rara vez aparecen en el discurso corporativo oficial.

Un problema estructural, no una excepción

El caso de McEwen ilustra un fenómeno más amplio documentado en diversos estudios sobre minería y economías ilegales. En múltiples regiones del mundo se observa la presencia simultánea de:

  • -empresas mineras formales

  • -minería artesanal o informal

  • -minería ilegal organizada

  • -redes criminales vinculadas al control territorial o financiero

Esto ocurre porque la minería —especialmente la del oro— genera rentas extraordinarias cuando los precios internacionales son elevados. Esa rentabilidad atrae tanto a inversionistas legales como a actores ilegales que buscan capturar parte del valor económico del mineral (Giusti, 2019).

En América Latina, investigaciones sobre economías criminales han mostrado que la minería ilegal se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas después del narcotráfico. En algunos países incluso ha llegado a superarlo en términos de rentabilidad debido a la relativa facilidad para integrar el mineral al mercado legal una vez extraído (Naciones Unidas, 2020).

En este contexto, la presencia de minería industrial no elimina automáticamente las economías ilegales. Por el contrario, ambas pueden coexistir dentro de las mismas regiones extractivas, generando dinámicas complejas como:

  • -robo de mineral o concentrados en instalaciones industriales

  • -infiltración de intermediarios en las cadenas de comercialización

  • -mezcla de minerales legales e ilegales para su exportación

  • -extorsión o cobro de “protección” por parte de grupos criminales

  • -utilización de infraestructura logística existente para movilizar mineral ilegal

Diversos análisis sobre economías criminales señalan que estas actividades suelen formar “economías perversas”, en las que actores legales e ilegales participan de redes económicas que se superponen en el territorio (Nueva Sociedad, 2022).

Lo que esto significa para el debate público

Este tipo de experiencias resulta especialmente relevante cuando en el debate público aparece el argumento de que permitir la minería legal ayudaría a combatir la minería ilegal.

Aunque la idea puede parecer lógica a primera vista, la evidencia comparada sugiere que la relación no es tan directa. La minería ilegal no surge únicamente porque la minería esté prohibida, sino por una combinación de factores estructurales, entre ellos:

  • -debilidad institucional y limitada presencia del Estado en territorios periféricos

  • -altos precios internacionales del oro que incentivan la extracción informal

  • -redes criminales que financian operaciones ilegales

  • -pobreza y falta de alternativas económicas en comunidades rurales

En estas condiciones, la minería ilegal funciona como una economía paralela altamente rentable, que puede adaptarse incluso en contextos donde existe minería formal y regulada (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

Por esta razón, varios estudios concluyen que legalizar la minería no garantiza reducir la minería ilegal, especialmente si no se fortalecen simultáneamente las capacidades estatales de fiscalización, trazabilidad y control territorial.

El caso de Costa Rica: entre la prohibición y el debate actual

En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto fue prohibida en 2010 tras un intenso debate ambiental y social marcado por preocupaciones sobre la contaminación del agua, la deforestación y la transformación del paisaje. La discusión estuvo estrechamente vinculada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero en Crucitas de Cutris, uno de los episodios más emblemáticos del debate ambiental en el país.

En años recientes, algunos sectores políticos y empresariales han planteado revisar esa prohibición con el argumento de que permitir minería industrial regulada podría ayudar a combatir la minería ilegal en zonas donde ya se registran actividades extractivas clandestinas.

Sin embargo, la evidencia comparada en América Latina sugiere que ambos fenómenos responden a lógicas económicas y organizativas diferentes.

La minería industrial suele operar mediante grandes inversiones, tecnología especializada, permisos ambientales y cadenas formales de exportación. En contraste, la minería ilegal tiende a organizarse a través de redes informales flexibles, con menor inversión inicial, movilidad territorial y una alta capacidad de adaptación a las fluctuaciones del precio internacional del oro.

Investigaciones sobre economías criminales vinculadas a la minería muestran que la actividad ilegal no depende necesariamente de la ausencia de minería formal, sino de factores institucionales y territoriales, como la debilidad de los controles estatales, la existencia de mercados internacionales para el oro y la posibilidad de introducir minerales ilegales en circuitos comerciales aparentemente legales (OEA, 2021; Insight Crime, 2020).

Por esta razón, distintos estudios sostienen que combatir la minería ilegal requiere principalmente políticas de gobernanza territorial, entre ellas:

  • -fortalecimiento de la presencia estatal en zonas mineras

  • -sistemas de trazabilidad y certificación del origen del mineral

  • -control financiero sobre las redes de comercialización

  • -supervisión de exportaciones y empresas intermediarias

  • -alternativas económicas para comunidades dependientes de actividades extractivas informales

Sin estos elementos institucionales, modificar la legislación minera por sí sola difícilmente resuelve el problema.

Redes de tráfico de oro y empresas de papel en Costa Rica

Un caso reciente en Costa Rica ilustra con claridad cómo la minería ilegal puede integrarse en estructuras criminales complejas con mecanismos financieros sofisticados, más allá de la actividad extractiva en sí misma.

De acuerdo con un reportaje publicado por InSight Crime el 2 de septiembre de 2020, el periodista Zachary Goodwin documentó la desarticulación de una red dedicada a extraer oro ilegalmente y exportarlo mediante empresas fachada.

A finales de agosto de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica realizaron 32 allanamientos en todo el país y detuvieron a 27 personas vinculadas con la red criminal. Durante los operativos se decomisaron lingotes de oro, drogas, dinero en efectivo y documentación de exportaciones presuntamente falsificada.

La investigación había iniciado en abril de 2019 cuando funcionarios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detectaron un volumen inusualmente alto de exportaciones de oro en la documentación comercial.

Este hallazgo permitió descubrir una estructura criminal organizada en múltiples niveles, que incluía equipos responsables de:

  • -extracción del oro

  • -fundición y procesamiento

  • -transporte interno

  • -exportación internacional

  • -lavado de dinero

Según el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, los documentos decomisados indican que la organización habría generado al menos 60 millones de dólares en ventas internacionales de oro (Goodwin, 2020).

Origen del oro ilegal

El oro provenía principalmente de dos zonas:

  • -Crucitas de Cutris, cerca de la frontera con Nicaragua

  • -Parque Nacional Corcovado

En el caso de Crucitas, la extracción ilegal se intensificó después de que el Estado costarricense cancelara en 2011 la concesión minera otorgada a la empresa Infinito Gold Ltd..

Tras la cancelación del proyecto, la infraestructura parcialmente construida fue aprovechada por mineros ilegales, incluidos grupos que cruzaban la frontera desde Nicaragua.

Un informe gubernamental citado en la investigación indicó que entre 2018 y 2019 la minería ilegal en Crucitas se expandió en aproximadamente 70 hectáreas, lo que representó un aumento del 156 % del área explotada. Además, la actividad habría contaminado al menos 35 cuerpos de agua en la región (Goodwin, 2020).

Lavado de oro mediante comercio internacional

El aspecto más relevante del caso no fue únicamente la extracción ilegal, sino el sistema de lavado de activos asociado al comercio internacional del oro.

La investigación determinó que la red utilizaba empresas de comercio exterior y empresas de papel para exportar lingotes de oro a ciudades estadounidenses como:

  • -Miami

  • -Los Ángeles

  • -Houston

Para hacerlo, los implicados falsificaban documentos de exportación que permitían introducir el oro en los mercados internacionales como si fuera de origen legal.

Las autoridades también identificaron la participación de al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien habría asesorado a la organización en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito del metal. Las investigaciones indicaron que podrían existir otros funcionarios involucrados.

Este tipo de mecanismos coincide con las tipologías de lavado de activos vinculadas a minería ilegal identificadas por la Organización de los Estados Americanos, donde se documenta el uso de exportadoras, intermediarios comerciales y manipulación de documentación para introducir oro ilegal en mercados internacionales (OEA, 2021).

Posibles vínculos con otras economías criminales

Durante los operativos también se decomisaron narcóticos y dinero en efectivo, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación paralela para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Diversos estudios sobre economías criminales en América Latina muestran que la minería ilegal puede integrarse con otras actividades ilícitas, incluyendo contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción institucional.

De hecho, investigaciones regionales han señalado que la minería ilegal ha llegado a competir con el narcotráfico como una de las economías criminales más lucrativas en algunas regiones, impulsada por el aumento sostenido del precio internacional del oro (Insight Crime, 2019; OEA, 2021).

Implicaciones para el debate sobre minería en Costa Rica

El caso de Crucitas es especialmente relevante para el debate actual sobre la política minera en Costa Rica porque muestra que la minería ilegal no opera únicamente como actividad artesanal aislada, sino dentro de redes financieras, comerciales y logísticas más amplias.

El caso evidencia al menos tres dinámicas importantes:

1.La minería ilegal puede integrarse en estructuras empresariales y financieras complejas.

2.El lavado de oro depende frecuentemente de canales comerciales formales, como exportadoras o intermediarios.

3.La expansión de la minería ilegal no necesariamente depende de la ausencia de minería legal, sino de la existencia de mercados internacionales y mecanismos de lavado.

Por esta razón, distintos análisis sobre crimen organizado y minería en América Latina advierten que la simple legalización o apertura de proyectos mineros industriales no garantiza la reducción de la minería ilegal.

En muchos contextos, ambos mercados pueden coexistir e incluso entrelazarse a través de cadenas de comercialización, intermediarios y sistemas financieros que permiten mezclar minerales legales e ilegales.

Un debate que requiere más evidencia

El caso de la declaración y posterior retractación del empresario Rob McEwen no demuestra por sí mismo la existencia de una relación sistemática entre empresas mineras y organizaciones criminales. Sin embargo, sí revela un aspecto relevante de las economías extractivas contemporáneas: las economías legales e ilegales pueden coexistir dentro de los mismos territorios.

Esta coexistencia plantea desafíos complejos para la regulación pública, la gobernanza territorial y los mecanismos de supervisión estatal.

Por esa razón, cuando se afirma que legalizar la minería resolverá la minería ilegal, resulta necesario examinar con mayor detenimiento la evidencia comparada y las dinámicas reales de las economías criminales.

La experiencia internacional sugiere que el problema no es únicamente jurídico, sino también institucional y territorial. En muchos casos, lo legal y lo ilegal no se separan simplemente por una norma, sino por la capacidad efectiva del Estado para regular, supervisar y controlar los territorios donde se desarrollan estas actividades.

Como complemento al análisis presentado en este artículo, se incluye a continuación una matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a la minería ilegal. Esta tabla tiene un propósito pedagógico: sintetizar de manera clara algunos de los patrones, prácticas y señales que suelen aparecer cuando las economías criminales asociadas a la extracción ilegal de minerales intentan insertar sus ganancias en circuitos financieros o comerciales formales.

La matriz permite identificar de forma esquemática modalidades de operación, actores involucrados y posibles indicadores de riesgo, lo cual puede resultar útil para investigadores, periodistas, estudiantes o personas interesadas en comprender mejor cómo funcionan estas dinámicas en la región.

Este cuadro fue elaborado a partir de la información contenida en el informe de la Organización de los Estados Americanos: Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe (Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2022), que analiza los mecanismos más comunes utilizados para ocultar o legitimar ganancias provenientes de la explotación minera ilícita en América Latina y el Caribe.

Matriz de tipologías y señales de alerta del lavado de activos vinculado a minería ilegal
Tipología identificadaDescripción del mecanismoSeñales de alerta principalesImplicación para la gobernanza minera
Uso de negocios de alta rotación de efectivoEmpresas aparentemente legales (comercio de alimentos, insumos o transporte) canalizan grandes cantidades de dinero hacia zonas de minería ilegal y ayudan a movilizar el oro extraído.Grandes movimientos de efectivo; empresas que operan en zonas remotas con actividad financiera desproporcionada; uso frecuente de transporte de valores.Permite introducir capital ilícito en la economía formal y financiar operaciones mineras ilegales.
Pago de mercancías de contrabando con oro ilegalEl oro extraído ilegalmente se utiliza como medio de pago para mercancías ingresadas ilegalmente al país.Comercio en zonas fronterizas con pagos en oro o efectivo; empresas vinculadas simultáneamente a comercio y minería.Integra minería ilegal con otras economías criminales como contrabando o narcotráfico.
Manipulación de exportaciones de chatarra de oroExportación o importación de oro reciclado o chatarra con información alterada sobre peso o calidad.Documentación inconsistente; diferencias entre valor declarado y valor de mercado; empresas intermediarias sin historial comercial.Facilita introducir oro ilegal en cadenas de comercio internacional.
Tráfico transfronterizo de oro ilícitoContrabando de oro a países vecinos para aprovechar diferencias fiscales o controles regulatorios más débiles.Exportaciones de oro desproporcionadas en países sin producción minera relevante; flujos comerciales inusuales en zonas fronterizas.Aprovecha fronteras porosas y diferencias tributarias entre países.
Uso de jurisdicciones o intermediarios de alto riesgoEmpresas o intermediarios ubicados en jurisdicciones con baja supervisión financiera facilitan el lavado de dinero.Transferencias internacionales frecuentes a paraísos fiscales o países con controles débiles.Permite ocultar beneficiarios finales y dificultar investigaciones financieras.
Corrupción de funcionarios públicosSobornos o pagos para facilitar licencias, permisos o protección frente a controles estatales.Funcionarios con patrimonio inexplicable; irregularidades en otorgamiento de permisos mineros.Debilita las instituciones y permite la continuidad de la minería ilegal.
Tráfico de relaves o residuos minerosComercialización ilegal de residuos mineros que contienen metales valiosos recuperables.Empresas que comercializan relaves sin documentación técnica o ambiental.Amplía la cadena de explotación ilegal más allá de la mina original.
Uso de casas de empeñoCasas de empeño compran oro sin verificar origen, permitiendo introducir oro ilegal en el mercado.Altas compras de oro sin trazabilidad o documentación.Puntos de entrada del oro ilegal al mercado formal.
Contrabando de oro para comercialización en otro paísEl oro es transportado clandestinamente para ser vendido en mercados más rentables.Diferencias significativas entre producción nacional y exportaciones.Permite lavar oro ilegal a través de mercados externos.
Simulación de producción por empresas minerasEmpresas registradas reportan producción ficticia para justificar la venta de oro ilegal.Empresas con producción elevada sin capacidad operativa o infraestructura.Permite mezclar oro ilegal con producción aparentemente legal.
Uso de permisos de formalización mineraMineros ilegales utilizan registros de minería artesanal o permisos de formalización para comercializar oro ilícito.Permisos utilizados por terceros o producción mayor a la autorizada.Debilita programas de formalización minera.
Sobrevaloración de exportacionesManipulación del valor declarado del oro para transferir dinero ilícito mediante comercio internacional.Empresas recién creadas con exportaciones millonarias; discrepancias en precios declarados.Forma de lavado basada en comercio internacional.
Uso de “correos humanos”Transporte físico de oro o dinero por personas que cruzan fronteras.Viajeros con objetos de oro ocultos en equipaje o ropa.Facilita mover oro sin registro oficial.
Producción ficticia en minas legales inactivasMinas que oficialmente están cerradas o sin producción reportan ventas de oro.Empresas sin actividad real pero con ventas o exportaciones importantes.Permite introducir oro ilegal en cadenas legales.
Préstamos ilícitos para financiar minería ilegalFinanciación de operaciones mediante préstamos informales o usureros vinculados a organizaciones criminales.Zonas mineras con gran circulación de efectivo y poco uso del sistema bancario.Conecta minería ilegal con redes de crédito criminal.
Sistemas alternativos de transferencia de dineroUso de intermediarios informales o redes paralelas para transferir pagos y remesas de trabajadores mineros.Pagadores informales y transferencias fuera del sistema financiero.Dificulta rastrear flujos financieros vinculados a la minería ilegal.

Elaboración propia a partir de Organización de los Estados Americanos (2022) Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe.

Referencias:

Arrieta, Esteban. (2026, febrero 17). Laura Fernández se compromete con plan para explotar el oro que hay en Crucitas. La República. https://www.larepublica.net/noticia/laura-fernandez-se-compromete-con-plan-para-explotar-el-oro-que-hay-en-crucitas

CNN Expansión. (2015, abril 10). Minera canadiense “pide permiso” a cárteles para explorar. https://expansion.mx/negocios/2015/04/10/minera-canadiense-pide-permiso-a-carteles-para-explorar

EFE. (2015, 12 de abril). In Mexico, mining firms play drug cartel politics. News.co.cr.
https://news.co.cr/in-mexico-mining-firms-play-drug-cartel-politics/38164/

El Financiero. (2015, 10 de abril). McEwen Mining admite control de cárteles en exploración minera.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mcewen-mining-admite-control-de-carteles-en-exploracion-minera/

Haldevang, Max de., y Nuño, Analy. (2024, 13 de diciembre). Blood and Ore: Mexican cartel violence silences mine opponents. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
https://www.occrp.org/en/feature/blood-and-ore-mexican-cartel-violence-silences-mine-opponents

Hernández Navarro, Luis. (2017, 9 de mayo). Minería, narco y comunidades indígenas. La Jornada.
https://www.ceccam.org/node/2251

Lohmuller, Michael. (2015, 14 de abril). Empresa minera admite relación con el crimen organizado en México. InSight Crime.
https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/empresa-minera-admite-relacion-crimen-organizado-mexico/

Miranda, Boris. (2016). Las economías perversas del crimen organizado. Nueva Sociedad, (263), mayo-junio.
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/8.TC_Miranda_263.pdf

Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Seguridad Multidimensional, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (2022). Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe. Organización de los Estados Americanos. https://share.google/uKVCMH04mGo9ehLIX

Río Doce. (2015, 13 de abril). Se retracta McEwen: niega que minera tiene relación con cárteles.
https://riodoce.mx/2015/04/13/se-retracta-mcewen-niega-que-minera-tiene-relacion-con-carteles/

Scotland, Jennifer. (2025, 12 de mayo). Gold rush: Organised crime in transition mineral supply chains. Royal United Services Institute (RUSI).
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/gold-rush-organised-crime-transition-mineral-supply-chains

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2016). Organized crime and illegally mined gold in Latin America.
https://globalinitiative.net

Crédito de Imagenes:  Semanario Universidad.

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Cuando todo parece inevitable: cómo leer las coyunturas sin caer en el determinismo

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Este artículo forma parte de la provocación que abre el proceso de formación “Mirar el mundo con otros ojos: formación crítica para leer la coyuntura y los territorios” Información aquí.

Un diálogo que comienza aquí… y termina al final

(Escena improbable pero necesaria. Una mesa pequeña. Dos cafés negros. Afuera, el ruido del mundo que insiste en llamarse normal.)

—Todo esto ya lo hemos visto antes —dice Žižek, removiendo el café—. Crisis, guerras, discursos grandilocuentes. El sistema sabe convertir el desastre en rutina.

—Sí —responde Galeano, mirando el periódico—. Y sabe vestir el saqueo con palabras nobles. Democracia, seguridad, progreso. Nunca dice: “vamos por el oro”.

—El truco —insiste Žižek— es convencerte de que no hay alternativa.

—El truco —corrige Galeano— es convencerte de que no hay motivo.

(Silencio breve. Afuera, el mundo sigue su marcha normal.)

—Entonces la pregunta no es qué está pasando —dice Žižek—.

—Sino qué nos están diciendo que está pasando —completa Galeano.

El diálogo continúa al final de esta nota.

Vivimos tiempos en los que casi todo se nos presenta como inevitable. Las crisis económicas “no tienen alternativa”. Las reformas institucionales “son necesarias”. Las guerras “defienden la seguridad”. Las privatizaciones “modernizan”. El lenguaje dominante construye una sensación de fatalidad: las cosas son así y no pueden ser de otra manera.

En este contexto, aprender a leer la coyuntura se vuelve una tarea política urgente.

La trampa de la normalidad

El filósofo Slavoj Žižek propone una distinción clave: no todos los conflictos son iguales. Algunos forman parte del juego normal del sistema; otros constituyen auténticos puntos de inflexión.

Los primeros son tensiones previsibles, administrables, incluso funcionales al orden existente. Los segundos, en cambio, pueden marcar un deterioro profundo —aunque se presenten como mera continuidad— o abrir la posibilidad de algo realmente nuevo.

El problema es que la visión dominante está obsesionada con lo primero. Nos entrena para interpretar cada crisis como parte del “funcionamiento normal” de la democracia, del mercado o de la geopolítica. Así, lo estructural se disfraza de coyuntural y lo excepcional se vuelve rutina.

Cuando la concentración del poder avanza, se habla de eficiencia.
Cuando se reducen derechos, se habla de ajustes técnicos.
Cuando se militarizan territorios, se habla de seguridad.
Cuando se privatizan bienes comunes, se habla de modernización.

La narrativa convierte procesos de fondo en simples movimientos del tablero.

Pero ¿y si no estamos ante un movimiento más del juego, sino ante un cambio en las reglas mismas?

Las guerras no dicen la verdad

Aquí resulta iluminadora la advertencia del escritor uruguayo Eduardo Galeano: las guerras mienten. Ninguna se presenta como guerra de saqueo. Todas invocan nobles razones: la democracia, la libertad, la dignidad nacional, la voluntad de Dios. Ninguna confiesa: “yo mato para robar”.

Galeano mostró cómo, detrás de los discursos morales, operan intereses materiales muy concretos. El coltan en el Congo. El petróleo en Medio Oriente. El agua en territorios estratégicos. Los recursos no aparecen en los titulares; aparecen los valores. La violencia se justifica en nombre del bien.

Pero el patrón no se limita a las guerras con bombas. También existen guerras sin declaración formal: guerras financieras, jurídicas, mediáticas. Se imponen privatizaciones bajo la amenaza de la deuda. Se condicionan políticas públicas a través de organismos internacionales. Se redefine lo público como ineficiente y lo privado como inevitable. No hay tanques, pero hay contratos. No hay invasiones militares, pero hay concesiones por décadas.

Cuando todo esto ocurre, el lenguaje cumple una función decisiva: ocultar el motivo.

La pregunta entonces no es solo qué está pasando, sino cómo se nos está narrando lo que pasa.

Conflictos del juego o puntos de inflexión

Volviendo a Žižek: distinguir entre conflictos del juego y puntos de inflexión implica sospechar de la normalidad. Implica preguntarnos si lo que se presenta como continuidad no es, en realidad, un deterioro estructural. O si lo que parece caos no es la señal de que algo nuevo intenta emerger.

Esta lectura crítica exige romper con el determinismo. El determinismo no siempre adopta la forma de una gran teoría histórica; a veces se presenta como sentido común. “Siempre ha sido así.” “No hay alternativa.” “Es lo que toca.” Ese fatalismo cotidiano desactiva la imaginación política y reduce la ciudadanía a espectadora.

Sin embargo, la historia no es una maquinaria automática. Las estructuras pesan, pero no deciden por sí solas. Los intereses existen, pero necesitan legitimarse. Y esa legitimación depende de relatos que pueden ser cuestionados.

Cuando el discurso habla de valores, pero el conflicto es material

Si las guerras mienten, nuestra tarea es escuchar lo que el discurso no dice. Si la visión dominante reduce todo a conflictos administrables, nuestra tarea es identificar los quiebres reales.

¿Estamos ante ajustes técnicos o ante redefiniciones profundas de soberanía?
¿Ante reformas necesarias o ante procesos de desposesión?
¿Ante seguridad o ante reconfiguración del poder?

En sociedades marcadas por desigualdades, crisis climática y disputas por los bienes comunes, esta distinción no es académica. Es práctica. De ella depende nuestra capacidad de acción colectiva.

Recuperar la posibilidad de intervenir

Leer críticamente la coyuntura es, en última instancia, recuperar la posibilidad de intervenir en ella. Significa negarse a aceptar que todo está decidido. Significa sospechar de las explicaciones demasiado simples y de las justificaciones demasiado nobles. Significa reconocer que, detrás de cada gran palabra —democracia, seguridad, progreso— puede haber intereses muy concretos en juego.

No se trata de caer en el cinismo ni en la paranoia. Se trata de ejercitar una vigilancia democrática sobre el lenguaje y el poder. De aprender a distinguir el ruido del quiebre. De no confundir continuidad con deterioro ni conflicto con transformación.

Cuando todo parece inevitable, quizá el primer gesto político sea este: volver a preguntar.

¿Qué está realmente en juego?
¿Quién gana?
¿Quién pierde?
¿Qué se presenta como normal que, en realidad, no lo es?

Porque si algo enseña la historia es que lo inevitable suele ser, en realidad, lo que dejamos de cuestionar.

Volvemos al café: Žižek y Galeano frente a la coyuntura

Žižek (inquieto, gesticulando): El problema no es que haya crisis. ¡El capitalismo ama las crisis! Las necesita. Las administra. Las convierte en parte del espectáculo. La gente cree que vive un momento excepcional, pero el sistema sigue funcionando perfectamente. El verdadero peligro no es el caos… es cuando el deterioro se presenta como normalidad.

Galeano (sonríe apenas): Las guerras también funcionan así. Se anuncian con trompetas morales. Se habla de libertad, de democracia, de seguridad. Nadie dice: “vamos por el petróleo”. Nadie dice: “vamos por el agua”. Pero los pozos y los ríos siempre están en el mapa.

Žižek: ¡Exacto! La ideología no es lo que oculta la realidad. Es la realidad misma funcionando a través de lo que creemos. Cuando aceptamos que algo es inevitable, ya estamos dentro del guion.

Galeano: Las guerras mienten. Y no solo las guerras con bombas. También mienten las guerras silenciosas. Las que privatizan el agua. Las que hipotecan países. Las que llaman “modernización” a la entrega.

Žižek (inclina la cabeza): Entonces la pregunta es: ¿estamos ante un conflicto más del juego o ante un punto de inflexión? Porque el sistema puede tolerar escándalos, protestas, alternancias políticas… pero no tolera que cuestionen las reglas.

Galeano: Y cuando alguien cuestiona las reglas, se le acusa de irresponsable, de radical, de enemigo del orden. El orden siempre habla en nombre de la paz.

Žižek (ríe): ¡Sí! La paz del mercado, la paz de los cementerios, la paz de la resignación. Lo fascinante es cómo se logra que las víctimas defiendan el relato que las perjudica.

Galeano: Eso tiene que ver con el lenguaje. Las palabras se desgastan. Democracia, libertad, progreso. Se usan tanto que terminan encubriendo lo contrario. La violencia se vuelve técnica. El saqueo se vuelve contrato.

Žižek: Y cuando todo se vuelve técnico, parece que ya no hay política. Solo expertos. Solo cifras. Solo inevitabilidad.

Galeano (mirando por la ventana): Pero la historia no es una máquina automática. Cada tanto, algo se desborda. Un pueblo vota por el agua como derecho. Una comunidad defiende su río. Un gesto rompe el libreto.

Žižek: Ahí está el verdadero escándalo. No el conflicto administrado, sino el momento en que alguien dice: “esto no es normal”.

Galeano: Las guerras mienten, pero también revelan. Revelan qué se disputa realmente. Tierra. Agua. Minerales. Poder.

Žižek: Entonces tal vez el acto más subversivo hoy no sea gritar más fuerte… sino preguntar mejor.

Galeano (asiente): Preguntar quién gana. Preguntar quién pierde. Preguntar qué se esconde detrás de las grandes palabras.

(El café se enfría. Afuera, la normalidad continúa su espectáculo. En la mesa queda flotando una sospecha: tal vez lo inevitable no sea más que una historia mal contada.)

Ilustración: Creación digital mediante inteligencia artificial (Gemini de Google).

Claves para leer la coyuntura sin caer en el determinismo
Dimensión de análisisPreguntas clave¿Qué evita?¿Qué fortalece?
Acontecimiento, proceso o estructura¿Es un hecho aislado o parte de una tendencia más larga? ¿Responde a transformaciones estructurales?El alarmismo y la lectura superficial del titularComprensión histórica y perspectiva de largo plazo
Intereses materiales en juego¿Qué recursos, territorios o sectores económicos están involucrados? ¿Quién gana y quién pierde?Quedarse solo en el discurso moralAnálisis político-económico más riguroso
Lenguaje y narrativa¿Qué palabras se utilizan? ¿Qué se presenta como inevitable? ¿Qué se invisibiliza?Naturalizar decisiones políticas como técnicasLectura crítica de discursos y sentidos comunes
Escala global–territorial¿Cómo impacta este proceso global en mi territorio concreto? ¿Cómo se encarna en políticas locales o conflictos comunitarios?Pensar lo global como algo lejanoConexión entre experiencia cotidiana y geopolítica
Dimensión colectiva¿Cómo debatimos esto en comunidad? ¿Qué otras miradas enriquecen el análisis?La lectura individual y fragmentadaConstrucción de pensamiento crítico compartido
Aprender a mirar es aprender a intervenir

Leer la coyuntura no es un ejercicio académico neutral. Es un acto político.

Cuando distinguimos entre conflictos del juego y puntos de inflexión, evitamos tanto el fatalismo como la ingenuidad. Cuando preguntamos por los intereses materiales detrás de los discursos, rompemos el hechizo de las palabras nobles. Cuando conectamos lo global con nuestros territorios, dejamos de ser espectadores y empezamos a reconocernos como parte del escenario.

El determinismo nos dice que todo está decidido.
La lectura crítica nos recuerda que todo relato es disputable.

Tal vez el verdadero punto de inflexión no esté solo en los grandes acontecimientos del mundo, sino en el momento en que decidimos mirarlos de otra manera —colectivamente, con sospecha, con método y con compromiso.

Y ahí comienza, justamente, la formación.

Referencias:

Galeano, Eduardo. (2005, 9 de septiembre). Las guerras mienten. Brecha.

Žižek, Slavoj. (2025). El cielo en desorden. Anagrama.

 

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A diez años de su siembra: Berta Cáceres, la pedagogía del río y la política de la vida

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El 3 de marzo de 2016 fue asesinada en La Esperanza, Honduras, Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, feminista y defensora del río Gualcarque. Una década después, su figura no solo convoca memoria: interpela críticamente el modelo político y económico que convierte territorios en mercancía y comunidades en obstáculos.

Como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta articuló una resistencia que trascendía la oposición a un proyecto hidroeléctrico específico. La lucha contra Agua Zarca —impulsada sin consulta previa en territorio lenca— evidenciaba un patrón estructural: el extractivismo como forma contemporánea de colonialismo interno, sostenido por alianzas entre capital transnacional, élites nacionales y aparatos estatales.

En su pensamiento, el río no era un “recurso natural”. Era sujeto de memoria, espiritualidad y comunidad. Allí emerge lo que podríamos llamar la pedagogía del río: una forma de aprendizaje político que nace de la escucha del territorio. El río enseña interdependencia —ningún cauce fluye aislado—; enseña comunidad —sus aguas se sostienen en múltiples afluentes—; enseña límite —cuando se le violenta, responde—; y enseña continuidad —la memoria fluye como corriente.

Defender el Gualcarque no era solo oponerse a una represa; era afirmar que el territorio educa. Que el río forma conciencia. Que en su fluir se aprende una política distinta: no centrada en la acumulación, sino en el cuidado y la reciprocidad. Esta pedagogía desborda la racionalidad tecnocrática que reduce el agua a kilovatios y balances financieros, y cuestiona la idea de desarrollo que fragmenta naturaleza y cultura.

Aquí radica uno de los aportes teóricos más potentes de su legado: la defensa territorial como política de la vida. No se trataba únicamente de resistir un megaproyecto, sino de disputar el sentido mismo de lo que entendemos por progreso. ¿Qué es el río? ¿Quién decide sobre él? ¿Qué saberes cuentan? ¿Qué vidas importan?

A diez años, hablar de Berta Cáceres es hablar de una pedagogía que sigue vigente. Y esa pedagogía no se agota en la defensa ecológica: se expande hacia la memoria, la cultura y las formas en que producimos conocimiento.

Río, memoria y bienes comunes: más allá de lo “natural”

Si el río educa, también lo hace enseñando que la vida no puede dividirse en compartimentos. Uno de los aportes más profundos del pensamiento de Berta es la comprensión del río como bien común que es simultáneamente natural y cultural. El río no es solo agua que fluye: es memoria compartida, es relato colectivo, es práctica espiritual, es organización comunitaria. Es, en ese sentido, un bien común simbólico.

Separar “naturaleza” y “cultura” ha sido una operación funcional al extractivismo. Cuando el río se reduce a caudal aprovechable, se invisibiliza su dimensión histórica y cultural. Pero cuando se le reconoce como espacio de vida, también se reconoce que su defensa es una defensa de la identidad y de la autonomía colectiva. El río sostiene cultivos, pero también sostiene sentidos; alimenta cuerpos, pero también alimenta memorias.

La pedagogía del río nos enseña justamente esa unidad: que el despojo no es solo material. Es también un intento de romper vínculos comunitarios, de erosionar memorias y de imponer una narrativa única del “progreso”. Defender el río es defender la posibilidad de nombrar el mundo desde otros marcos culturales y políticos.

Hoy, en distintos territorios de América Latina, quienes se organizan para proteger sus ríos suelen ser descalificados como “locos”, “radicales” o “ingenuos”. Esa estrategia de deslegitimación busca negar la racionalidad que brota del territorio. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas de esas voces que fueron ridiculizadas advertían impactos reales: contaminación, pérdida de agua, ruptura del tejido comunitario.

La acusación de locura funciona como mecanismo de disciplinamiento. Frente a ello, la pedagogía del río nos invita a invertir la pregunta: ¿qué racionalidad es la que considera razonable destruir un río en nombre del crecimiento económico? ¿qué tipo de normalidad naturaliza la violencia contra quienes defienden la vida?

Recordarla es asumir que la defensa del agua es, al mismo tiempo, defensa de la memoria, de la cultura y de la dignidad. Porque cuando un río se defiende, no solo fluye el agua: fluye también la historia de un pueblo que se niega a desaparecer.

Y esa lección nos conduce inevitablemente a otra dimensión del aprendizaje que el río ofrece: la forma en que conocemos y validamos lo que sabemos.

Cuando el río enseña también en Maquengal: ecos de la pedagogía en el Río Frío

La pedagogía del río de la que hablaba Berta Cáceres no pertenece únicamente al Gualcarque. También se expresa en territorios como Maquengal, en la cuenca del Río Frío – Caño Negro, donde las comunidades han aprendido a leer el agua como memoria viva y como advertencia.

En Maquengal, el río no es una abstracción cartográfica ni un simple caudal medible en metros cúbicos por segundo. Es sustento cotidiano, paisaje compartido, historia familiar y espacio de encuentro. Los recorridos comunitarios por el cauce —para observar cambios, documentar extracciones o señalar afectaciones— no son solo acciones de denuncia: son ejercicios de conocimiento colectivo. Allí se actualiza una forma de saber que no siempre cabe en un expediente técnico, pero que nace de la experiencia directa con el territorio.

Como en el caso que enfrentó Berta desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, en Maquengal también se evidencia una tensión entre la mirada que reduce el río a recurso y la que lo comprende como bien común. Cuando la comunidad advierte sobre la pérdida de cobertura ribereña, la alteración del cauce o el impacto acumulativo de intervenciones “permitidas”, no está reaccionando desde la improvisación: está defendiendo un tejido de relaciones que sostiene su vida cotidiana.

La experiencia de Maquengal confirma que la defensa del río es también defensa del derecho a habitar dignamente el territorio. Y muestra que la pedagogía del río no es metáfora lejana: es práctica concreta. Es caminar el cauce, conversar en comunidad, contrastar lo que dicen los papeles con lo que muestra el agua. Es recordar que la legitimidad no nace únicamente del sello institucional, sino del vínculo persistente con el lugar.

En ese sentido, el Río Frío dialoga con el Gualcarque. Ambos recuerdan que los bienes comunes no se defienden solo con argumentos legales, sino con comunidad organizada y memoria activa. Ambos enseñan que cuando el río cambia, la comunidad lo sabe. Y que escuchar esa voz —antes de que sea demasiado tarde— es parte de la tarea ética y política que Berta nos dejó como herencia.

Más allá del estudio técnico: memoria, dignidad y descolonización del conocimiento

Si el río enseña interdependencia y memoria, también enseña que no todo conocimiento cabe en un informe. En muchos conflictos socioambientales, el punto de partida suele definirse en términos de “estudios técnicos”: impacto ambiental, viabilidad financiera, modelaciones hidráulicas, dictámenes jurídicos. Estos instrumentos son relevantes. Pero cuando se convierten en el único lenguaje legítimo de la discusión, producen un silenciamiento: desplazan las memorias, los vínculos afectivos, el derecho al disfrute del territorio y la experiencia cotidiana de quienes habitan los ríos.

Las comunidades no comienzan a defender un río cuando se publica un informe; comienzan cuando sienten que algo amenaza su forma de vida. Esa experiencia también es conocimiento. Allí están los saberes situados, los relatos, las prácticas culturales, las espiritualidades. Está el derecho a una vida digna que no se agota en indicadores cuantificables. Está el lugar de lo sagrado, de aquello que no siempre puede traducirse en categorías técnicas pero que estructura profundamente la experiencia colectiva.

Asumir la pedagogía del río implica reconocer que la defensa territorial no nace únicamente de peritajes, sino de una comprensión integral del territorio como tejido de relaciones. El desafío no es descartar el conocimiento técnico, sino descentrarlo como único punto de validación.

Aquí se abre una tarea pendiente, especialmente para instancias que aún operan bajo marcos epistemológicos coloniales —incluidas muchas secciones de la universidad pública—: comprender que la descolonización no es solo discursiva. Supone transformar nuestras formas de investigar, de acompañar y de producir conocimiento. Trabajar con lo no legitimado, con lo que no está escrito, con lo que no siempre puede decirse en lenguaje académico.

La pedagogía del río nos invita a escuchar lo que no aparece en las matrices de evaluación: la memoria que no está archivada, la experiencia que no cabe en un formulario, el bienestar como principio organizador de la vida colectiva.

Si el acompañamiento universitario y profesional a las luchas territoriales quiere ser coherente con una ética de los bienes comunes, deberá aprender de ese fluir: abrirse a otros lenguajes, reconocer otras epistemologías y admitir que el conocimiento también nace en asambleas, en riberas y en prácticas comunitarias que sostienen la vida.

Quizás esa sea una de las lecciones más urgentes que nos deja esta década sin Berta: dejar que el río no solo sea defendido, sino que nos enseñe a transformar la manera en que pensamos, investigamos y acompañamos la vida en común.

Referencias:

Carvajal, Valentina. (2026, marzo 2). A diez años de Berta Cáceres: la lideresa que defendió el río y despertó al mundo. Greenpeace. https://es.greenpeace.org/es/noticias/a-diez-anos-de-berta-caceres-la-lideresa-que-defendio-el-rio-y-desperto-al-mundo/

Izquierdas. (2018). El asesinato de Berta Cáceres y las tramas del poder en Honduras. Izquierdas, (40), 254–273.

VV. AA. (2022). Defensoras: la vida en el centro. (Entrevista a Berta Cáceres).

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Estrategias de seguridad en tiempos de colapso: extractivismo y poder en la política de Estados Unidos

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Estados Unidos debe prepararse para un entorno de crisis prolongadas —económicas, climáticas, sanitarias y geopolíticas— mediante una adaptación constante de sus capacidades civiles, económicas y militares.

Pueden descargar el documento aquí.

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos redefine la seguridad nacional desde una lógica abiertamente economicista y geopolítica, en la que el control de territorios, recursos estratégicos y cadenas de suministro aparece como condición central del poder global. Esta formulación no solo desatiende la crisis socioecológica contemporánea, sino que contribuye a profundizarla al legitimar nuevas formas de extractivismo bajo el lenguaje de la “seguridad”, la “estabilidad” y la “resiliencia”.

El documento presenta el acceso a minerales críticos, energía y recursos naturales como un imperativo estratégico, con especial énfasis en América Latina y otras regiones del Sur Global. Esta narrativa transforma territorios vivos en infraestructuras funcionales a la seguridad de las potencias, desplazando comunidades, debilitando soberanías locales y reforzando economías dependientes. La crisis climática, lejos de asumirse como un límite estructural del modelo civilizatorio vigente, es negada o instrumentalizada para justificar la expansión energética, la reindustrialización extractiva y la intensificación del control territorial.

En este marco, la noción de seguridad se desvincula del cuidado de la vida y se redefine como capacidad de control, militarización y aseguramiento de flujos materiales. La estrategia promovida por la administración de Donald Trump expresa así una respuesta autoritaria a una crisis que es simultáneamente ecológica, social y política: en lugar de abrir transiciones hacia modelos pos-extractivistas y de justicia ambiental, profundiza la disputa por los bienes comunes y consolida las asimetrías globales existentes.

Pensar la seguridad desde esta clave obliga a invertir la pregunta: ¿seguridad para quién y a costa de qué territorios? En un contexto de colapso socioecológico, insistir en estrategias de dominación y extracción no produce estabilidad, sino que acelera los conflictos, amplía las desigualdades y erosiona las condiciones que hacen posible la vida.

La seguridad nacional de Estados Unidos abarca la defensa del país, la fortaleza de su economía, la protección de infraestructuras críticas y la capacidad de sostener cadenas de suministro seguras frente a crisis y amenazas externas.

América Latina y el Caribe: el territorio como “zona de seguridad”

Vista desde América Latina y el Caribe, la Estrategia de Seguridad reactualiza una matriz histórica de dominación hemisférica en la que la región es concebida como espacio de provisión, contención y control. La referencia explícita al “Hemisferio Occidental” como área prioritaria de seguridad, junto con mensajes difundidos desde redes sociales oficiales del gobierno estadounidense afirmando que “el hemisferio es nuestro”, refuerzan una visión neomonroísta que subordina territorios, pueblos y bienes comunes a los intereses estratégicos de una potencia externa.

En este encuadre, América Latina y el Caribe no aparecen como sujetos políticos con proyectos propios, sino como reservas de minerales críticos, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo, disponibles para sostener la seguridad económica y militar del Norte global. Esta narrativa prolonga una historia marcada por el extractivismo, la dependencia y la violencia territorial. La securitización de los bienes naturales y de las cadenas de suministro habilita la militarización, la flexibilización ambiental y el debilitamiento de la autodeterminación de comunidades indígenas, campesinas y costeras. Bajo el lenguaje de la “estabilidad” y la “cooperación”, se refuerzan economías de enclave y se amplían las asimetrías regionales, desplazando cualquier debate sustantivo sobre transiciones justas, soberanía popular y defensa de los bienes comunes.

Esta lógica se inscribe en una genealogía más amplia de dominación hemisférica que remite directamente a la Doctrina Monroe y al Destino Manifiesto, pilares históricos de la política exterior estadounidense hacia la región. Bajo la consigna de “América para los americanos”, estas doctrinas legitimaron la intervención, el tutelaje político y la apropiación territorial como supuestos actos de protección y civilización. La afirmación contemporánea de que “el hemisferio es nuestro” no constituye una anomalía discursiva, sino la actualización de ese imaginario colonial: América Latina y el Caribe como patio trasero estratégico, espacio disponible para la extracción, el control y la contención de amenazas externas.

El acceso confiable a minerales críticos, energía y otros recursos estratégicos es esencial para la seguridad nacional, la competitividad industrial, la innovación tecnológica y la preparación ante escenarios de conflicto y disrupción global.

Recursos estratégicos y disputa geopolítica

En este mismo marco, las declaraciones de Laura J. Richardson, excomandante del United States Southern Command, ilustran con particular claridad la forma en que la seguridad nacional estadounidense se articula con la disputa por los recursos de la región. Richardson señaló de manera reiterada que América Latina y el Caribe concentran activos estratégicos clave —como el litio del denominado Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, los hidrocarburos de Venezuela y Guyana, el agua dulce y las tierras raras— y que estos resultan centrales para los intereses de Washington frente a la competencia con China y Rusia.

Al afirmar que “esta región importa” por sus recursos y que Estados Unidos debía “empezar su juego” para disputar su acceso, estas declaraciones colocan explícitamente los bienes naturales estratégicos en el centro de las prioridades militares y geopolíticas. Lejos de tratarse de deslices retóricos, constituyen expresiones coherentes con una concepción de seguridad que convierte territorios y ecosistemas en piezas de un tablero de competencia global.

Guerra, extractivismo y crisis socioecológica: una misma racionalidad

La guerra ocupa un lugar estructural en los extractivismos contemporáneos y en la profundización de la crisis socioecológica. No se trata únicamente de conflictos armados abiertos, sino de una racionalidad de guerra que atraviesa la gestión de los territorios, la naturaleza y los cuerpos. El extractivismo opera como una guerra permanente contra la vida: impone ritmos acelerados de extracción, despoja comunidades, fragmenta ecosistemas y normaliza la violencia como costo necesario del “progreso”, la “seguridad” o el “desarrollo”. La militarización de territorios ricos en bienes naturales no es una anomalía del modelo, sino una de sus condiciones de posibilidad.

En el contexto actual, la crisis climática y ecológica no desactiva esta lógica, sino que la reconfigura. A medida que el colapso socioecológico se profundiza, la guerra se consolida como dispositivo para asegurar el acceso a recursos cada vez más escasos: agua, energía, minerales críticos y tierras fértiles. La securitización de estos bienes transforma conflictos socioambientales en amenazas estratégicas y legitima el uso de la fuerza —militar, policial, jurídica o económica— para garantizar flujos materiales hacia los centros de poder. De este modo, la guerra deja de ser un evento excepcional y se convierte en una forma cotidiana de gobernanza del colapso.

Esta articulación revela que no estamos ante crisis separadas —ambiental, social, energética o de seguridad—, sino ante una crisis civilizatoria sostenida por una lógica de dominación. La guerra protege al extractivismo y el extractivismo alimenta la guerra, en un círculo que erosiona las bases mismas de la vida. Romper ese vínculo implica disputar el sentido de la seguridad: no como capacidad de destruir o controlar, sino como posibilidad de sostener territorios habitables, relaciones justas y futuros comunes. En un mundo al borde del colapso, la paz no puede edificarse sobre territorios devastados ni sobre comunidades convertidas en zonas de sacrificio.

Lo común frente a la tormenta: recomenzar desde abajo

Frente a un escenario marcado por la militarización de la seguridad, la expansión extractiva y la gestión autoritaria del colapso, las reflexiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ofrecen un contrapunto radical. Allí donde la seguridad hegemónica se define como control de territorios, aseguramiento de flujos materiales y disputa entre potencias, el zapatismo plantea otra pregunta: ¿cómo sostener la vida en medio de la tormenta y, sobre todo, cómo no repetir el mundo que la produjo?

La “tormenta” nombrada por el EZLN —esa convergencia de crisis climática, guerras, despojos, violencias y colapsos— es el mismo horizonte que subyace a las estrategias de seguridad analizadas en este texto. Pero mientras estas responden con más extracción, más control y más guerra, el zapatismo insiste en que el verdadero riesgo está en el “día después”: reconstruir sobre las mismas lógicas que convirtieron la tierra, los cuerpos y los territorios en mercancía y botín estratégico.

En ese punto, lo común aparece no como consigna abstracta, sino como práctica concreta de recomposición social. Asamblea, trabajo compartido, cuidado mutuo, autonomía y reconocimiento de las diferencias se presentan como bases para sostener la vida cuando las grandes infraestructuras del poder —Estados, mercados, ejércitos— fallan o se vuelven abiertamente destructivas. Lo común no se subordina a la seguridad de las potencias ni a la rentabilidad del capital: se orienta a garantizar lo necesario para vivir con dignidad.

Este horizonte interpela directamente la noción de seguridad que atraviesa la disputa global por los recursos estratégicos. Mientras la seguridad dominante convierte territorios en “zonas de sacrificio” y normaliza la guerra como forma de gobernanza del colapso, la apuesta por lo común desplaza el eje hacia la reproducción de la vida. No se trata de asegurar minerales, energía o cadenas de suministro, sino de asegurar agua, alimento, salud, memoria y futuro para las comunidades.

En tiempos de crisis socioecológica, pensar desde lo común implica reconocer que la estabilidad no vendrá de la dominación ni del control armado de la naturaleza, sino de la capacidad colectiva de recomenzar sin repetir. La palabra zapatista no ofrece recetas, pero sí una advertencia y una invitación: si el día después se construye con las mismas lógicas de guerra y extractivismo, la tormenta no habrá terminado. Defender lo común es, en ese sentido, una forma radical de disputar la seguridad, el futuro y la vida misma.

Claves conceptuales para leer la seguridad y los recursos en disputa

Los documentos de seguridad utilizan categorías como “recursos estratégicos”, “minerales críticos” o “recursos naturales” como si fueran conceptos neutros y evidentes. Sin embargo, cada término encierra una forma particular de entender el territorio, la naturaleza y el poder. La siguiente tabla ofrece definiciones comparadas que permiten distinguir estas nociones y, al mismo tiempo, abrir una lectura crítica sobre cómo el lenguaje de la seguridad transforma bienes comunes en activos geopolíticos.

ConceptoDefinición operativaCómo aparece en discursos de seguridad / desarrolloLectura crítica desde ecología política
Bienes naturalesElementos de la naturaleza que sostienen la vida y los ecosistemas (agua, suelos, bosques, biodiversidad).Invisibilizados o reducidos a “insumos” disponibles.Son relacionales y finitos; no existen para ser apropiados, sino para ser cuidados colectivamente.
Recursos naturalesBienes naturales convertidos en objetos de uso económico.Nombrados como base del crecimiento y la competitividad.La categoría naturaliza la mercantilización y oculta relaciones de poder y despojo.
Recursos estratégicosRecursos clave para la seguridad, la industria o el poder geopolítico.Asociados a soberanía, control territorial y cadenas de suministro.Reconfiguran territorios como zonas de sacrificio en nombre de la seguridad nacional.
Recursos críticosInsumos considerados escasos o indispensables (litio, tierras raras, agua).Justifican urgencia, flexibilización ambiental y extractivismo acelerado.La “criticidad” es política: depende del modelo productivo que se decide sostener.
Materias primasRecursos extraídos sin procesamiento significativo.Presentadas como oportunidad de inserción económica global.Reproducen dependencia y reprimarización de economías periféricas.
Infraestructura estratégicaObras que permiten extracción, transporte y control (puertos, carreteras, energía).Asociadas a desarrollo, seguridad y estabilidad.Facilitan el extractivismo y fragmentan territorios y tejidos comunitarios.
Seguridad energéticaGarantía de acceso continuo a fuentes de energía.Prioriza expansión fósil y control geopolítico.Ignora límites ecológicos y alternativas de transición justa.
Cadenas de suministroRedes globales de producción y circulación de bienes.Presentadas como vulnerables y a asegurar.Externalizan costos sociales y ambientales a territorios periféricos.
SoberaníaCapacidad de un Estado para decidir sin interferencias externas.Invocada para justificar control y militarización.Puede entrar en tensión con la autodeterminación de pueblos y comunidades.
Bienes comunesBienes gestionados colectivamente para la vida (agua, territorio, saberes).Ausentes o incompatibles con el enfoque dominante.Proponen una lógica de cuidado, corresponsabilidad y límites al extractivismo.
Matriz general de lectura crítica: Estrategia de seguridad de EE. UU.
EjeQué plantea la estrategiaClaves de lectura críticaImplicaciones para América Latina y el Caribe
Concepto de seguridadAmplía la seguridad nacional más allá de lo militar, incorporando economía, energía, cadenas de suministro y tecnología.La seguridad deja de centrarse en la vida y se redefine como capacidad de control y aseguramiento de flujos materiales.Los territorios pasan a ser leídos como activos estratégicos, no como espacios de vida.
Recursos estratégicos y críticosPrioriza el acceso a minerales críticos, energía, agua y tierras clave para la competitividad global.Naturaliza la extracción como necesidad estratégica e invisibiliza sus impactos sociales y ecológicos.Refuerza el rol de la región como proveedora de materias primas.
Cadenas globales de suministroBusca reducir dependencias y asegurar abastecimiento frente a crisis o competidores geopolíticos.La resiliencia se traduce en control territorial y presión sobre países del Sur Global.Intensificación de proyectos extractivos y de infraestructura.
Competencia entre potenciasDefine a China y Rusia como competidores estratégicos prioritarios.La disputa geopolítica se desplaza a territorios periféricos.Mayor injerencia externa bajo la lógica de “equilibrio de poder”.
Dimensión climáticaReconoce el cambio climático como riesgo, pero lo integra a la seguridad.El clima se gestiona como amenaza, no como límite estructural del modelo.Se justifica nueva extracción “verde” y expansión energética.
MilitarizaciónRefuerza cooperación militar y presencia estratégica en regiones clave.La militarización aparece como herramienta normal de gobernanza.Criminalización de conflictos socioambientales.
Lenguaje y narrativaUso de términos como estabilidad, resiliencia, cooperación y orden.Lenguaje técnico que oculta relaciones de poder y despojo.Dificulta la visibilización de resistencias locales.
TerritorioEl territorio es concebido como espacio a asegurar.Se vacía de historia, cultura y vida comunitaria.Desplazamiento de pueblos indígenas y comunidades rurales.
Modelo de desarrolloVincula seguridad con crecimiento, reindustrialización y competitividad.Reafirma un modelo extractivo dependiente de alta intensidad material.Bloquea debates sobre transiciones justas y alternativas.
SoberaníaPromueve cooperación alineada a intereses estratégicos de EE. UU.La soberanía se subordina a la lógica hemisférica de seguridad.Debilitamiento de proyectos políticos autónomos.
Conflicto y guerraAsume escenarios de conflicto prolongado y crisis múltiples.La guerra se vuelve forma permanente de gestión del colapso.Incremento de tensiones sociales y ambientales.
Bienes comunesNo aparecen como categoría central.Lo común queda subsumido en la lógica de recurso estratégico.Amenaza directa a territorios, agua, biodiversidad y saberes.
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Entre el río y el cuido mutuo: una comunidad que no se deja sola

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Pueden escuchar nuestra entrevista aquí

El pasado sábado 21 de febrero visitamos esta comunidad y conversamos con Pedro Martínez de Calle Alvarez, con el propósito de conocer de primera mano las vivencias cotidianas que enfrentan ante el abandono en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación del camino: aunque la comunidad se ubica a menos de 300 metros del centro, esta vía constituye la única salida pública y se vuelve intransitable cuando el río crece, provocando inundaciones que incomunican a las familias. Esta condición afecta de manera especial a las personas adultas mayores y no es un hecho aislado ni reciente, sino una problemática persistente que evidencia la urgencia de abordar el territorio desde una perspectiva integral de gestión del riesgo.

Primeras impresiones del territorio y la vida comunitaria

El recorrido permitió reconocer una comunidad que, pese a las dificultades, ha sabido construir fuertes redes de apoyo. Más allá de las carencias materiales, se trata de un espacio de cuido mutuo, donde las personas se miran entre sí, conversan, se acompañan y expresan con cariño que es un lugar tranquilo, en el que se sienten bien. En momentos de llenas, la preocupación no se limita a la propia vivienda: las vecinas y vecinos están atentos a lo que ocurre en la casa contigua, corren a ayudarse y activan prácticas solidarias que sostienen la vida colectiva incluso en contextos de emergencia.

De la emergencia a la organización comunitaria

En este proceso, la comunidad ha venido dando un paso importante: pasar del cuido y la atención en la emergencia a la búsqueda activa de visibilización de su situación. Desde hace aproximadamente un año, vecinas y vecinos han iniciado esfuerzos de organización comunitaria orientados a incidir públicamente, gestionar espacios de participación y abrir canales de diálogo que les permitan transformar y mejorar sus condiciones de vida. Este tránsito expresa una decisión colectiva de no permanecer únicamente en el lugar de la vulnerabilidad o la espera, sino de asumirse como protagonistas de su propio desarrollo, con voz, propuesta y capacidad de incidencia sobre el territorio que habitan.

Construir vida digna desde el territorio

Las acciones comunitarias que emergen en este territorio no se limitan a responder a la emergencia, sino que expresan una apuesta cotidiana por la construcción de una vida digna. El cuido mutuo, la preocupación compartida por las personas adultas mayores, la disposición a acompañarse en momentos de dificultad y la decisión de organizarse para incidir reflejan una forma de habitar el territorio donde la vida se coloca en el centro. Estas prácticas muestran que la dignidad no se reduce a condiciones materiales, sino que también se construye a partir de relaciones de solidaridad, reconocimiento y responsabilidad colectiva frente a los riesgos que amenazan la vida común.

Gestión del riesgo: entre la experiencia comunitaria y la responsabilidad institucional

Esta experiencia pone en evidencia una disyuntiva central en las prácticas de gestión del riesgo. Por un lado, las respuestas comunitarias surgen desde el conocimiento del territorio y de las relaciones cotidianas, dando lugar a esquemas de atención construidos entre vecinas y vecinos para enfrentar la vulnerabilidad. Estas prácticas, basadas en la solidaridad y el cuido mutuo, han permitido responder de manera inmediata a situaciones que se repiten en el tiempo y que forman parte de la experiencia vivida de la comunidad.

Por otro lado, esta misma capacidad organizativa es también un llamado de atención a las instituciones. La gestión del riesgo no puede descansar únicamente en el esfuerzo comunitario ni en la buena voluntad de quienes habitan el territorio. Estas prácticas requieren ser reconocidas, fortalecidas y complementadas por enfoques institucionales que asuman su responsabilidad, garanticen la inversión necesaria y aseguren mejores condiciones de infraestructura. Solo así será posible reducir la vulnerabilidad sin desgastar los tejidos comunitarios que, día a día, sostienen el cuido de la vida.

¿Por qué hablar de esto?

La intención de estos espacios de intercambio no es acarrear responsabilidades individuales ni señalar a una institución en particular. Más bien, busca evidenciar cómo una lógica institucional acumulada a lo largo de los años ha ido produciendo espacios de abandono que, aun cuando existen personas interesadas en incidir y transformar estas condiciones, no siempre logra reconocer ni responder a las realidades concretas de las comunidades. Estos encuentros aspiran a abrir un diálogo necesario para repensar las formas de gestión, desde el reconocimiento de la experiencia territorial y el compromiso con el cuido de la vida.

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Justicia tardía y memoria viva: Marielle Franco y las democracias bajo asedio

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Esta nota es una invitación a leer Laboratorio favela, una obra clave para comprender cómo la violencia estatal, el racismo estructural y el punitivismo atraviesan nuestras democracias desiguales. Desde los territorios populares de Río de Janeiro, Marielle Franco articula investigación y compromiso político para repensar la seguridad, la democracia y el derecho a la ciudad desde la defensa de la vida.

📘 Descargá el libro Laboratorio favela publicado por Tinta Limón

La reciente condena por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes marca un hito judicial importante, pero no clausura el debate político que su vida y su muerte siguen abriendo. Marielle no fue solo una víctima de la violencia política en Brasil: fue una pensadora crítica de la seguridad, del Estado y de la democracia en contextos atravesados por desigualdad, racismo y militarización de la vida cotidiana.

Desde su experiencia como mujer negra, favelada, lesbiana y concejala de Río de Janeiro, denunció con claridad el avance de un Estado punitivo que sustituye derechos por castigo y políticas sociales por control armado. En sus investigaciones y discursos mostró cómo la llamada “guerra contra las drogas” opera, en realidad, como una guerra contra los pobres, legitimada por el miedo, el racismo y un discurso de orden que naturaliza la muerte de ciertos cuerpos.

Seguridad, desigualdad y autoritarismo cotidiano

El pensamiento de Marielle interpela directamente a nuestras sociedades actuales, cada vez más desiguales y tentadas por respuestas punitivistas frente a conflictos sociales complejos. Allí donde el Estado se retira en materia de salud, educación o vivienda, suele reaparecer con fuerza en forma de policía, cárceles y vigilancia. La seguridad deja de pensarse como cuidado de la vida y se redefine como administración del miedo.

Marielle advirtió que estas políticas no solo afectan a las periferias urbanas: erosionan el pacto democrático en su conjunto. Cuando una parte de la sociedad acepta la suspensión de derechos para “otros”, se habilita un modelo de democracia frágil, selectiva y profundamente excluyente. Esta deriva autoritaria no se impone únicamente desde arriba: se construye cotidianamente cuando el castigo sustituye a la justicia social como horizonte político.

Territorio, vida y democracia

Desde esta mirada crítica, Marielle propone un desplazamiento fundamental: pensar la democracia desde los territorios. Lejos de una mirada victimista sobre las favelas, las reivindicó como espacios de potencia política, organización comunitaria y producción de vida. Su apuesta fue articular la lucha institucional con la autoorganización social, defendiendo el derecho a la ciudad frente a su mercantilización y militarización.

Recordarla hoy implica más que exigir justicia penal: supone preguntarnos qué modelos de seguridad estamos legitimando, qué violencias se normalizan en nombre del orden y qué lugar ocupan las vidas periféricas en nuestras democracias. En tiempos de endurecimiento discursivo y respuestas simplistas a problemas estructurales, su pensamiento sigue siendo una herramienta crítica para imaginar sociedades menos desiguales, menos punitivas y más profundamente democráticas.

El Estado penal y la “pacificación” como forma de guerra

Uno de los aportes más potentes de su trabajo es el análisis de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) como expresión concreta del Estado penal. Lejos de representar una política de cuidado, la “pacificación” aparece como una estrategia de ocupación militar de territorios pobres, sostenida por un discurso de seguridad que legitima la suspensión cotidiana de derechos.

Marielle muestra cómo estas políticas no resuelven las causas de la violencia, sino que la administran selectivamente, normalizando el uso letal de la fuerza contra poblaciones racializadas y empobrecidas. La seguridad se convierte así en una tecnología de control territorial y social, antes que en una política de protección de la vida.

Racismo estructural y gestión diferencial de la vida

El análisis se profundiza al mostrar que la violencia estatal en Río de Janeiro no es un exceso ni una desviación, sino una práctica estructural atravesada por el racismo. Jóvenes negros de las favelas son construidos como enemigos internos, cuerpos prescindibles en nombre del orden y la estabilidad.

Marielle insiste en que no hay neutralidad posible en estas políticas: la seguridad pública define quién merece vivir y quién puede morir sin escándalo social. Esta gestión diferencial de la vida revela una democracia profundamente jerarquizada, donde la igualdad formal convive con la desprotección sistemática de ciertos sectores sociales.

Ciudad mercancía versus derecho a la ciudad

Otro eje central de su pensamiento es la crítica a la ciudad concebida como empresa. La militarización de las favelas se articula con proyectos inmobiliarios, turísticos y de “revitalización urbana” que expulsan a poblaciones históricas. La seguridad funciona como condición para el negocio: limpiar territorios, disciplinar cuerpos y allanar el camino a la mercantilización del espacio urbano.

Frente a ello, Marielle defiende el derecho a la ciudad como derecho a permanecer, a decidir y a producir vida en el territorio. No se trata solo de acceso a servicios, sino de participación real en las decisiones que afectan los espacios donde se vive.

Favela como potencia política y comunitaria

Contra las miradas que reducen la favela a carencia o amenaza, Laboratorio favela la presenta como espacio de organización, saberes y resistencias. Marielle recupera experiencias comunitarias, culturales y políticas que disputan el sentido de la seguridad y la democracia desde abajo.

Su apuesta no fue romantizar la precariedad, sino reconocer la capacidad colectiva de las periferias para producir alternativas frente a la violencia estatal y el abandono institucional. Allí donde el Estado aparece solo para castigar, emergen prácticas de cuidado, solidaridad y organización que sostienen la vida.

Democracia bajo asedio y bienes comunes sociales

El asesinato de Marielle no puede separarse del contexto que ella misma denunció: el debilitamiento del pacto democrático, la normalización del autoritarismo y la aceptación social de la violencia como herramienta política. Su pensamiento funciona hoy como una advertencia para América Latina: cuando la desigualdad se gobierna con castigo y miedo, la democracia se vacía de contenido.

Desde esta trayectoria, repensar los bienes comunes sociales —la seguridad, la ciudad, los territorios, la democracia misma— se vuelve una tarea urgente. Marielle nos invita a comprenderlos no como mercancías ni como privilegios, sino como construcciones colectivas orientadas al cuidado de la vida. Leerla hoy es, en ese sentido, una forma de disputar el sentido común punitivo y de defender una democracia que ponga en el centro la dignidad, la justicia y la vida de todas las personas.

Pistas para leer el pensamiento de Marielle Franco

Para profundizar en estas reflexiones, resulta útil detenerse en algunos conceptos centrales del pensamiento de Marielle Franco. Más que categorías teóricas abstractas, se trata de herramientas políticas construidas desde la experiencia territorial y la investigación crítica, que permiten comprender cómo operan hoy la seguridad, la desigualdad y el poder en nuestras democracias. La siguiente tabla ofrece un acercamiento sintético a estos ejes, facilitando la lectura y el diálogo con los debates actuales.

Concepto clave¿Qué nos propone Marielle Franco?¿Por qué interpela hoy?
Estado penalUn Estado que reduce derechos sociales y refuerza el castigo, la policía y las cárceles como forma de gobernar la desigualdad.Porque muchas democracias gestionan la exclusión con represión en lugar de justicia social.
PacificaciónDiscurso que encubre la ocupación militar de las favelas y la suspensión cotidiana de derechos.Ayuda a cuestionar políticas de “mano dura” presentadas como soluciones técnicas.
Guerra contra los pobresLa llamada guerra contra las drogas funciona como guerra selectiva contra cuerpos racializados y territorios empobrecidos.Permite leer críticamente el uso del miedo para legitimar violencia estatal.
Racismo estructuralEje central de la violencia: define quién es sospechoso, quién es descartable y quién merece protección.Explica por qué la violencia no se distribuye de forma neutral en la sociedad.
Favela como potenciaTerritorio de organización, saberes, creatividad política y vida comunitaria, no solo de carencias.Rompe con miradas estigmatizantes sobre periferias y territorios populares.
Ciudad mercancíaLa ciudad gestionada como negocio, donde la seguridad prepara el terreno para la especulación.Dialoga con procesos de gentrificación y expulsión en América Latina.
Derecho a la ciudadDerecho a habitar, decidir y producir vida en el territorio, más allá del mercado.Plantea una democracia urbana centrada en la vida y no en la rentabilidad.
Democracia en riesgoLa aceptación de la violencia estatal debilita el pacto democrático desde dentro.Advierte sobre democracias formales que toleran exclusiones profundas.
Pueden descargar la infografía aquí:
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Crisis climática y territorios sagrados: lo que se pierde cuando el hielo retrocede

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Cambio climático, espiritualidad y bienes comunes en las montañas del mundo

El retroceso acelerado de los glaciares no solo transforma paisajes: también reconfigura creencias, rituales y formas de relación con el territorio. Así lo plantea un artículo reciente publicado en Nature titulado «Melting ice and transforming beliefs», que analiza cómo comunidades indígenas de distintas regiones montañosas interpretan el cambio climático desde sus marcos culturales y espirituales, y cómo estas interpretaciones están en plena transformación.

Lejos de entender el deshielo únicamente como un fenómeno físico, el artículo muestra que, para muchas comunidades, la desaparición del hielo implica una ruptura profunda en los vínculos que sostienen la vida social, simbólica y ecológica. Montañas, glaciares y aguas de deshielo no son solo “recursos naturales”, sino seres con agencia, memoria y capacidad de cuidar —o sancionar— a las comunidades humanas.

El deshielo como crisis biocultural

Desde los Andes hasta el Himalaya, pasando por las Rwenzori Mountains en África, el artículo documenta cómo el cambio climático altera rituales, calendarios agrícolas, peregrinaciones y normas comunitarias de uso del territorio. En muchos casos, el retroceso glaciar es interpretado como una señal de desequilibrio moral o de ruptura en la relación entre las personas y los seres de la montaña.

Estas lecturas no son explicaciones “alternativas” del cambio climático, sino marcos éticos que históricamente han orientado prácticas de cuidado, límites al uso de los bienes naturales y responsabilidades compartidas frente a la degradación ambiental. Cuando los glaciares desaparecen, no solo se pierde agua o hielo: se debilitan también los sistemas culturales que regulaban la vida en común.

Adaptación, duelo y resistencia

El artículo subraya que las creencias religiosas y espirituales no son estáticas. Frente a la pérdida del hielo, muchas comunidades están reelaborando rituales, redefiniendo símbolos y buscando nuevas formas de relación con montañas y lagos sagrados. Este proceso combina duelo, incertidumbre y creatividad, pero también revela una notable capacidad de adaptación cultural.

Sin embargo, estas transformaciones no ocurren en el vacío. Se desarrollan en contextos de desigualdad histórica, presiones extractivas, turismo intensivo y escasa responsabilidad de los grandes emisores globales. La adaptación, en muchos casos, se convierte en una carga adicional para comunidades que ya enfrentan múltiples formas de exclusión.

Injusticia climática: cuando la crisis no la causaron quienes la padecen

El artículo pone en evidencia una de las contradicciones centrales del cambio climático: las comunidades indígenas y rurales de montaña —responsables mínimas de las emisiones globales— son quienes enfrentan las pérdidas más profundas y complejas. No solo pierden glaciares o estabilidad ecológica, sino también marcos culturales y espirituales que sostienen su relación con el territorio.

Esta desigualdad no es accidental. Responde a una historia larga de colonialismo, extractivismo y marginación política que ha convertido muchos territorios de montaña en zonas de sacrificio. En este contexto, el deshielo aparece como una expresión más de una injusticia climática estructural, donde los costos sociales, culturales y ecológicos recaen sobre quienes menos contribuyeron a la crisis.

Además, en varios casos documentados, las comunidades asumen una carga moral desproporcionada, interpretando el cambio climático como una culpa propia o un castigo por haber fallado en el cuidado del territorio. Esta internalización de la responsabilidad invisibiliza el rol de los Estados, las corporaciones y el modelo económico global que acelera el calentamiento del planeta.

Bienes comunes naturales y culturales: una relación inseparable

Uno de los aportes más potentes del artículo es mostrar que los bienes comunes naturales y culturales no pueden pensarse por separado. Glaciares, montañas y aguas no son bienes comunes solo por su valor ecológico, sino porque sostienen memorias, rituales, lenguajes y formas de organización comunitaria.

Cuando el cambio climático destruye un glaciar, también amenaza los bienes comunes culturales asociados a él: peregrinaciones, relatos fundacionales, autoridades rituales y normas de uso colectivo del territorio. A la inversa, cuando se erosionan estas tramas culturales, se debilitan las capacidades comunitarias para defender y cuidar los bienes naturales.

Desde esta perspectiva, la defensa de los bienes comunes exige ir más allá de la gestión técnica de los recursos y reconocer las dimensiones simbólicas, espirituales y políticas que hacen posible el cuidado colectivo de la vida.

Cuando el hielo habla: territorios y prácticas en transformación

El artículo mencionado, analiza diversos casos situados en regiones montañosas de África, Asia y América Latina, donde el retroceso acelerado de los glaciares está transformando no solo los ecosistemas, sino también las creencias, rituales y formas de relación comunitaria con el territorio. Estos casos muestran cómo el cambio climático se vive como una crisis biocultural que pone en tensión los bienes comunes naturales y culturales.

Cuando el hielo habla: territorios, culturas y crisis climática en distintos contextos
Territorio en transformación¿Quiénes habitan y cuidan?¿Qué está cambiando?Clave para pensar los bienes comunes
Andes (alta montaña)Comunidades indígenas andinasEl retroceso glaciar reconfigura rituales, peregrinaciones y lecturas morales del territorio; las montañas siguen siendo seres con agencia.El cambio climático rompe vínculos históricos de cuidado, revelando desigualdades globales.
Himalaya (Bhután y Nepal)Comunidades sherpa y poblaciones de alturaGlaciares y lagos sagrados “enferman”; tensiones entre espiritualidad, turismo y mercantilización del territorio.Cuidar los bienes comunes implica disputar el uso económico del paisaje sagrado.
Rwenzori Mountains (África oriental)Pueblo BakonjoLa pérdida de glaciares impide rituales clave y debilita normas culturales que regulaban el uso sostenible del entorno.La crisis climática erosiona simultáneamente naturaleza y cultura.
Andes (cambios religiosos)Comunidades en procesos de urbanización y conversiónEl deshielo se interpreta como castigo divino; abandono de rituales tradicionales sin negar la vitalidad del territorio.Los bienes comunes se redefinen en contextos de transformación social y económica.
Himalaya (saberes situados)Comunidades locales y saberes propiosEl glaciar es entendido como parte de un sistema vivo que conecta lagos, ríos, montañas y personas.Los bienes comunes no son objetos: son relaciones vivas e interdependientes.
Tradiciones alteradas por el deshielo: espiritualidad, pérdida y cuidado del territorio

Esta dimensión cultural del deshielo ha sido documentada también por investigaciones y relatos recogidos por UNESCO (2025), que destacan cómo la desaparición de los glaciares afecta directamente la vida espiritual de los pueblos de montaña.

En los Andes, la desaparición del glaciar de Chacaltaya dejó no solo una infraestructura abandonada, sino una herida simbólica profunda en comunidades aymaras que leen este hecho como la confirmación de antiguas profecías. En el sur del Perú, el retroceso del glaciar del Ausangate, venerado como un Apu protector, ha obligado a transformar la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, restringiendo la extracción de hielo como gesto de cuidado hacia la montaña.

En el Himalaya, antes de cualquier expedición al Monte Everest, se realizan ceremonias de Puja para pedir permiso a las divinidades de la montaña. El aumento de accidentes es interpretado por comunidades sherpa como consecuencia del irrespeto, la contaminación y la mercantilización del territorio, más que como simples eventos naturales.

Casos similares se observan en Asia oriental, donde comunidades han restringido incluso el acceso científico a glaciares considerados sagrados, defendiendo la idea de que la continuidad humana está ligada a la del hielo. En todos estos contextos, el deshielo no se vive solo como pérdida material, sino como una amenaza a relaciones recíprocas con un paisaje vivo.

Cuidar el hielo es cuidar la vida en común

En conjunto, los casos analizados muestran que las poblaciones de montaña sostienen una ética de cuidado que reconoce la interdependencia entre humanos y naturaleza. Sus valores desbordan las lógicas de rentabilidad, eficiencia y explotación que dominan la respuesta global al cambio climático.

En un mundo marcado por la injusticia climática, estas experiencias no son expresiones del pasado, sino claves fundamentales para repensar la defensa de los bienes comunes. Cuidar los glaciares no es solo una tarea técnica: es una disputa ética, cultural y política por las formas de habitar y sostener la vida en común.

Nota: Las imágenes utilizadas en esta publicación son de carácter ilustrativo y fueron tomadas del Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos, elaborado por UNESCO y GRID-Arendal, con fines informativos y educativos.
La imagen de portada corresponde al artículo : Tradiciones alteradas por el deshielo. El Correo de la UNESCO (2025).

Referencias:

Allison, E., Ceruti, C., Muhumuza, M., Salas Carreño, G., Sherpa, P. Y., & Lizaga Villuendas, I. (2026). Melting ice and transforming beliefs. Nature Climate Change, 16(2), 118–122. https://doi.org/10.1038/s41558-025-02551-3

Allison, Elizabeth. (2025). Tradiciones alteradas por el deshielo. UNESCO Courier. https://courier.unesco.org/es/articles/tradiciones-alteradas-por-el-deshielo

UNESCO, GRID-Arendal, Johansen, K. S., Alfthan, B., Baker, E., Hesping, M., Schoolmeester, T., & Verbist, K. (2018). El Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. UNESCO / GRID-Arendal. ISBN 978-92-3-300103-9; 978-82-7701-178-3. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266209

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, & IRD Éditions. (2025). The voices of glaciers: Stories of grief and hope among fading glaciers in the tropics. UNESCO; IRD Éditions.