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El pentagonismo de Juan Bosch: una guía para entender la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos

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Cada vez que Estados Unidos presenta una nueva estrategia de seguridad para el hemisferio, el debate suele concentrarse en identificar qué cambió: nuevas amenazas, nuevos adversarios, nuevas prioridades o nuevos conceptos que orientarán su política exterior. Sin embargo, esa atención a la coyuntura suele dejar en un segundo plano una pregunta más profunda: ¿qué elementos permanecen a lo largo del tiempo en la forma en que Estados Unidos piensa y actúa sobre América Latina y el Caribe?

En las últimas semanas hemos analizado cómo la seguridad hemisférica vuelve a ocupar un lugar central en la política estadounidense. La migración, el crimen organizado transnacional, la competencia estratégica con China, la protección de cadenas de suministro críticas, los minerales estratégicos y la infraestructura considerada esencial aparecen como ejes prioritarios de una agenda que trasciende lo estrictamente militar para abarcar dimensiones económicas, tecnológicas y ambientales.

Pero quizás el mejor punto de partida para comprender este escenario no sea un documento reciente del Pentágono o del Departamento de Estado. Tal vez convenga volver a un libro escrito hace varias décadas por un intelectual y dirigente político caribeño: Juan Bosch.

No porque ese libro haya «predicho» el presente, sino porque ofrece categorías de análisis que siguen siendo sorprendentemente útiles para comprender cómo se construyen las relaciones de poder entre Estados Unidos y América Latina.

Leer a Bosch no es un ejercicio de nostalgia

Juan Bosch escribió desde una experiencia singular. Intelectual, historiador, presidente democráticamente electo en República Dominicana y posteriormente derrocado, conoció de primera mano las formas en que la política exterior estadounidense incidía sobre los procesos políticos latinoamericanos.

Su reflexión nunca fue únicamente dominicana. Intentó comprender una lógica más amplia: la forma en que América Latina era incorporada dentro de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Esa mirada resulta especialmente valiosa hoy porque evita reducir cada decisión estadounidense a un acontecimiento aislado. En cambio, invita a observar procesos de larga duración, continuidades y transformaciones en la manera en que se justifican determinadas políticas hacia la región.

El contexto internacional ha cambiado profundamente desde que Bosch escribió su obra. La Guerra Fría terminó, aparecieron nuevos actores globales, las tecnologías digitales transformaron las formas de ejercer poder y la crisis climática adquirió una dimensión geopolítica inédita. Sin embargo, algunas preguntas siguen siendo extraordinariamente actuales.

No se trata de encontrar respuestas listas para aplicar, sino de recuperar herramientas para formular mejores preguntas.

Las amenazas cambian; la lógica merece ser examinada

Una de las enseñanzas más sugerentes de Bosch consiste en observar que las justificaciones de la intervención internacional nunca permanecen estáticas.

Durante distintos momentos históricos, América Latina fue presentada como un espacio donde era necesario contener amenazas consideradas prioritarias para Estados Unidos. En diferentes épocas esas amenazas recibieron nombres distintos: la expansión del comunismo, la insurgencia, el narcotráfico, el terrorismo internacional, el crimen organizado o la migración irregular.

Hoy la narrativa incorpora además la competencia con China, la protección de minerales críticos, la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética y el control de tecnologías estratégicas.

Cada uno de estos problemas posee una existencia real y merece atención. Sin embargo, Bosch invita a realizar una pregunta adicional: ¿cómo determinadas situaciones llegan a convertirse en asuntos de seguridad nacional y qué consecuencias políticas produce esa clasificación?

La cuestión no consiste en negar la existencia de amenazas, sino en comprender que la forma en que estas son definidas nunca es políticamente neutral.

Una caja de herramientas para leer la política hemisférica

Más que buscar respuestas cerradas en un clásico latinoamericano, podemos convertir su lectura en una pequeña caja de herramientas para analizar el presente.

1. Preguntarse quién define la amenaza

Toda estrategia de seguridad comienza identificando un problema. Bosch recuerda que vale la pena preguntarse quién realiza esa definición, desde qué intereses y con qué objetivos.

Cuando un asunto pasa a ser considerado una amenaza estratégica, cambian las prioridades institucionales, los recursos disponibles y las formas de intervención política.

2. Diferenciar el discurso de los intereses

Los documentos oficiales suelen presentar objetivos vinculados con la estabilidad, la democracia o la seguridad. Bosch propone mirar también qué intereses económicos, comerciales, energéticos o geopolíticos acompañan esos discursos.

Las narrativas importan, pero también las relaciones materiales que ayudan a explicar determinadas decisiones.

3. Pensar el Caribe y Centroamérica como espacios estratégicos

Con frecuencia se analiza a países como Costa Rica, Panamá o República Dominicana de manera aislada.

Bosch propone una perspectiva distinta: comprender el Caribe y Centroamérica como regiones estratégicas donde convergen rutas marítimas, comercio internacional, movilidad humana, recursos naturales y disputas entre grandes potencias.

En el contexto actual esa observación adquiere nueva relevancia.

4. Analizar las políticas desde una escala regional

Muchas decisiones que parecen nacionales responden en realidad a estrategias regionales.

Los acuerdos de seguridad, la cooperación policial, la vigilancia fronteriza, los programas de asistencia o las inversiones en infraestructura suelen formar parte de arquitecturas que trascienden las fronteras de cada país.

Comprender esas conexiones permite leer de otra manera los procesos locales.

5. Observar a los actores internos

Bosch nunca explicó la política hemisférica únicamente desde Washington.

También llamó la atención sobre el papel de gobiernos, élites económicas, fuerzas políticas, instituciones y grupos empresariales latinoamericanos.

Las estrategias internacionales siempre encuentran aliados, resistencias, negociaciones y disputas dentro de cada sociedad.

Mirar únicamente hacia Estados Unidos deja incompleta la explicación.

Lo que Bosch no pudo anticipar

Volver a leer un clásico no significa convertirlo en una autoridad incuestionable.

El mundo actual incorpora desafíos que Bosch no conoció.

La inteligencia artificial, las plataformas digitales, el control de datos, la vigilancia algorítmica, las infraestructuras tecnológicas, los minerales necesarios para la transición energética y la crisis climática modifican profundamente las formas contemporáneas del poder.

Por ello, leer a Bosch hoy implica tanto recuperar sus preguntas como reconocer los límites históricos de su obra.

Precisamente allí reside su mayor utilidad: no ofrece un manual terminado, sino una forma de pensar críticamente los procesos políticos.

Recuperar el pensamiento latinoamericano y caribeño para comprender el presente

Con frecuencia buscamos interpretar la política internacional recurriendo exclusivamente a centros académicos o instituciones del Norte Global. Sin embargo, América Latina también ha producido una rica tradición de pensamiento político que sigue ofreciendo herramientas valiosas para comprender los desafíos contemporáneos.

Recuperar a Juan Bosch no responde a un ejercicio de nostalgia intelectual. Es una invitación a fortalecer nuestra propia capacidad de análisis, dialogando con autores que reflexionaron desde las experiencias históricas de la región.

Si la nueva estrategia de seguridad estadounidense nos obliga a preguntarnos por el futuro de América Latina y el Caribe, quizá también sea momento de volver a quienes, desde hace décadas, intentaron comprender las relaciones de poder que siguen moldeando nuestro continente.

Porque algunas categorías cambian con el tiempo. Otras, en cambio, siguen ayudándonos a formular las preguntas que todavía necesitamos responder.

Siete preguntas para leer cualquier estrategia de seguridad

Antes de aceptar como evidente cualquier nueva estrategia de seguridad, vale la pena preguntarse:

  1. ¿Qué problema está siendo definido como una amenaza?
  2. ¿Quién construye esa definición y quién queda fuera de ella?
  3. ¿Qué intereses económicos, geopolíticos o tecnológicos acompañan el discurso de seguridad?
  4. ¿Qué lugar ocupa América Latina dentro de esa estrategia?
  5. ¿Qué actores nacionales participan en su implementación o cuestionamiento?
  6. ¿Qué dimensiones del problema quedan invisibilizadas cuando todo se interpreta desde la seguridad?
  7. ¿Qué continuidades existen entre esta estrategia y las formuladas décadas atrás?
Para leer la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde Juan Bosch
Categoría de análisis¿Qué propone observar Juan Bosch?¿Cómo aparece en la estrategia actual de EE. UU.?Preguntas para el análisis crítico
Construcción de la amenazaLas amenazas no son únicamente hechos objetivos; también son construcciones políticas que orientan prioridades e intervenciones.Migración irregular, crimen organizado, influencia de China, minerales críticos, infraestructura estratégica y ciberseguridad aparecen como amenazas prioritarias.¿Quién define qué constituye una amenaza? ¿Qué problemas reciben atención y cuáles permanecen invisibles?
Justificación de la intervenciónToda política hacia la región necesita un relato legitimador.Cooperación en seguridad, fortalecimiento institucional, estabilidad democrática, protección de cadenas de suministro y defensa de intereses estratégicos.¿Qué objetivos explícitos se presentan? ¿Qué otros intereses pueden coexistir detrás del discurso oficial?
Intereses geopolíticosLa política exterior responde a objetivos de largo plazo relacionados con el poder y la posición internacional.Competencia con China, protección de rutas marítimas, control tecnológico, acceso a recursos estratégicos y fortalecimiento de alianzas regionales.¿Qué papel ocupa América Latina dentro de la competencia global entre potencias?
Importancia del Caribe y CentroaméricaEl Caribe no es una periferia sino un espacio geoestratégico central.Canal de Panamá, movilidad humana, rutas comerciales, puertos, interconexión energética y corredores logísticos recuperan importancia estratégica.¿Por qué ciertos territorios adquieren mayor relevancia en determinados momentos históricos?
Actores localesLas estrategias internacionales requieren alianzas internas para concretarse.Gobiernos, fuerzas policiales, organismos multilaterales, empresas tecnológicas y sectores empresariales participan en la implementación de políticas de seguridad.¿Quiénes impulsan estas políticas dentro de cada país? ¿Quiénes las cuestionan?
Economía y seguridadLa dimensión económica forma parte de la política internacional, aunque muchas veces permanezca oculta tras el lenguaje de la seguridad.Nearshoring, resiliencia económica, minerales estratégicos, transición energética e infraestructura crítica aparecen vinculados con la seguridad nacional.¿Qué intereses económicos acompañan las decisiones en materia de seguridad?
Escala regionalLos procesos nacionales deben entenderse dentro de dinámicas continentales.Programas regionales de cooperación, interoperabilidad militar, inteligencia compartida y coordinación fronteriza.¿Qué decisiones parecen nacionales pero responden a estrategias regionales?
Continuidades históricasCambian los discursos, pero ciertas lógicas de poder permanecen.La narrativa pasa del comunismo al terrorismo, luego al narcotráfico y hoy incorpora migración, crimen transnacional y competencia geopolítica.¿Qué ha cambiado realmente y qué elementos muestran continuidad histórica?
Soberanía y autonomíaAnalizar cómo las decisiones internacionales condicionan la capacidad de decisión de los Estados latinoamericanos.Cooperación en seguridad, financiamiento, asistencia técnica y alineamientos estratégicos generan nuevas formas de dependencia e interdependencia.¿Qué margen de decisión conservan los países latinoamericanos? ¿Qué alternativas pueden construir?
Lo que Bosch no alcanzó a verTodo clásico tiene límites históricos y debe dialogar con nuevos fenómenos.Inteligencia artificial, vigilancia digital, plataformas tecnológicas, datos, cambio climático y transición energética transforman la geopolítica contemporánea.¿Qué nuevas categorías necesita desarrollar hoy el pensamiento crítico latinoamericano?

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencia:

Bosch, Juan (2024). El pentagonismo: Sustituto del imperialismo. Ediciones Fundación Juan Bosch.

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Cuando el veneno parecía progreso: el DDT y la construcción de las salvaguardas ambientales

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Hubo un tiempo en que el DDT (pesticida químico) fue aclamado como uno de los mayores logros de la ciencia moderna. Se fumigaban cultivos, bosques, barrios, playas e incluso a las personas, convencidas de que aquel polvo blanco representaba el futuro: una herramienta infalible para eliminar plagas, aumentar la producción agrícola y combatir enfermedades como la malaria.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos promovió su uso masivo. El DDT era un pilar en programas de salud pública, campañas agrícolas y políticas gubernamentales que lo presentaban como una solución segura y eficaz. Cuestionarlo parecía irracional. Después de todo, ¿quién podría oponerse al progreso?

Sin embargo, la historia demostraría que el verdadero problema no era únicamente el pesticida, sino la certeza con la que una sociedad creyó conocer todos sus efectos antes de comprender realmente sus consecuencias a largo plazo.

Los daños que tardaron años en hacerse visibles

A diferencia de otros contaminantes, el DDT no desaparecía tras su aplicación. Permanecía durante años en el suelo y el agua, ingresaba en las cadenas tróficas y se acumulaba en los tejidos de animales y personas. Las aves rapaces comenzaron a desaparecer de diversas regiones debido al debilitamiento de sus cáscaras de huevo, mientras la contaminación se extendía mucho más allá de las zonas tratadas.

Lo más inquietante era que estos impactos solo podían observarse con el paso del tiempo. Los beneficios económicos eran inmediatos; los costos ecológicos, en cambio, emergían lentamente y eran asumidos por toda la sociedad. Esta historia nos recuerda que algunos daños ambientales no ocurren de manera espectacular, sino que se acumulan silenciosamente hasta que resulta imposible ignorarlos.

Una científica contra un modelo de desarrollo

En 1962, la bióloga estadounidense Rachel Carson publicó Primavera silenciosa (Silent Spring), una obra que transformó para siempre la discusión ambiental. Su principal aporte no fue rechazar la ciencia o el desarrollo tecnológico, sino demostrar que el verdadero conocimiento científico también debe interrogarse por las consecuencias de aquello que se considera un avance.

Carson reunió investigaciones dispersas, documentó los impactos sobre la fauna y cuestionó la aplicación indiscriminada de sustancias químicas cuyos efectos a largo plazo eran inciertos.

La reacción no se hizo esperar. Las empresas fabricantes de pesticidas emprendieron campañas para desacreditarla, cuestionando su credibilidad y tachando sus investigaciones de exageradas. Argumentaron que restringir el DDT pondría en riesgo la agricultura y la salud pública. El debate dejó de ser exclusivamente científico para convertirse en una disputa política, económica y cultural.

Lo más difícil no fue descubrir el problema, sino cambiar el rumbo

Existe la idea equivocada de que, cuando la ciencia demuestra un daño, las instituciones simplemente corrigen el error. La historia del DDT demuestra lo contrario.

A pesar de las crecientes evidencias, la prohibición del pesticida enfrentó enormes resistencias. Durante décadas, se habían construido políticas públicas, inversiones, industrias y modelos agrícolas que dependían de su uso. Reconocer el problema implicaba revisar decisiones gubernamentales, modificar regulaciones y afectar intereses económicos profundamente consolidados.

La publicación de Primavera silenciosa fue en 1962, pero Estados Unidos no prohibió la mayoría de los usos agrícolas del DDT hasta 1972, tras largos procesos de investigación, audiencias públicas, controversias judiciales y fuertes presiones de la industria química. La burocracia, en este caso, no fue un mero conjunto de trámites administrativos, sino el reflejo de una disputa por definir qué intereses debían prevalecer cuando la evidencia científica cuestionaba un modelo de desarrollo que había generado enormes beneficios económicos.

Las salvaguardas ambientales nacieron de estas lecciones

A menudo, se presentan las evaluaciones de impacto ambiental, el principio precautorio, el monitoreo independiente o la participación ciudadana como obstáculos para el desarrollo. Sin embargo, la historia del DDT invita a mirar estas herramientas desde otra perspectiva.

Estas salvaguardas no surgieron para impedir la innovación, sino porque demasiadas veces la innovación avanzó más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias. Son mecanismos que buscan responder una pregunta sencilla antes de que el daño ocurra: ¿Qué podría pasar si estamos equivocados?

Responder esa pregunta requiere tiempo, información, instituciones sólidas y espacios para el diálogo entre distintos conocimientos. Puede parecer un proceso lento, pero suele ser mucho menos costoso que intentar reparar ecosistemas destruidos o enfrentar crisis sanitarias evitables.

Una lección que sigue vigente

Hoy los debates ya no giran únicamente en torno al DDT. Se discuten nuevos pesticidas, megaproyectos, minería, infraestructura, organismos genéticamente modificados y muchas otras tecnologías que prometen resolver problemas urgentes. En distintos países resurgen discursos que presentan las regulaciones ambientales como «excesos burocráticos» que frenan la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, esta historia nos recuerda que muchas de esas regulaciones existen precisamente porque, en el pasado, la ausencia de controles permitió que los costos ambientales se trasladaran a la naturaleza y a las generaciones futuras.

Las salvaguardas ambientales no son el resultado del miedo al progreso, sino de la memoria: la memoria de ecosistemas degradados, especies desaparecidas, comunidades afectadas y decisiones que pudieron tomarse con mayor precaución. Quizá la enseñanza más importante del DDT no sea que una sustancia resultó peligrosa, sino que ninguna sociedad debería confundir la rapidez para innovar con la sabiduría para decidir. Porque cuando los daños ambientales finalmente se hacen visibles, casi siempre es demasiado tarde para preguntarse si habría sido mejor actuar con más cuidado desde el principio.

¿Y qué nos dice esta historia sobre Costa Rica?

Costa Rica suele presentarse ante el mundo como un referente en conservación ambiental. La recuperación de sus bosques, la creación de parques nacionales y el reconocimiento internacional por sus políticas ambientales forman parte de ese relato. Sin embargo, ese prestigio no significa que las tensiones entre desarrollo económico y protección de los bienes comunes hayan desaparecido.

En los últimos años, el país ha vivido un creciente debate sobre el alcance de sus salvaguardas ambientales. Con frecuencia, las evaluaciones de impacto, los procesos de consulta, los estudios técnicos o las regulaciones para proteger ríos, humedales, acuíferos y bosques son presentados como obstáculos que retrasan inversiones, encarecen proyectos o limitan la competitividad. Detrás de ese discurso suele instalarse una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué tantos controles?

La historia del DDT ofrece una respuesta vigente: muchas de estas instituciones y procedimientos nacieron precisamente porque, en el pasado, las decisiones se tomaban sin suficiente información sobre sus consecuencias ambientales y sociales. No aparecieron por casualidad ni por un exceso de burocracia, sino como respuesta a daños que pudieron haberse evitado.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un país donde los conflictos por el agua, la expansión urbana sobre humedales, la presión sobre territorios rurales, la extracción de materiales, el uso intensivo de agroquímicos y los efectos del cambio climático evidencian que la protección ambiental sigue siendo un desafío cotidiano. Cada decisión que flexibiliza controles puede generar beneficios inmediatos para ciertos sectores, pero también trasladar costos ecológicos y sociales que solo se harán visibles años después.

Defender las salvaguardas ambientales no significa negar la necesidad del desarrollo económico, sino reconocer que el verdadero desarrollo no puede construirse sobre la degradación silenciosa de los ecosistemas de los que depende la vida. Las evaluaciones ambientales, el principio precautorio, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional son herramientas para mejorar las decisiones colectivas, no para impedirlas.

Quizá la mayor enseñanza del DDT para Costa Rica es que los errores ambientales rara vez ocurren por falta de conocimiento. Ocurren, con frecuencia, cuando la evidencia científica, las advertencias comunitarias o las capacidades institucionales son relegadas ante la urgencia de producir más, construir más rápido o reducir los controles. Cuando eso sucede, las consecuencias no desaparecen: simplemente se trasladan al futuro.

En tiempos en que la simplificación de trámites y la desregulación vuelven a ocupar un lugar central en el debate público, conviene recordar que la verdadera pregunta no es cuánto cuesta prevenir un daño ambiental, sino cuánto termina costando cuando decidimos no hacerlo.

¿Y si ahora la inteligencia artificial puede hacerlo mejor?

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) promete transformarlo todo, comienzan a surgir voces que sugieren que las salvaguardas ambientales podrían simplificarse. Si un algoritmo puede procesar millones de datos en segundos, modelar escenarios futuros y estimar riesgos con precisión, ¿siguen siendo necesarias evaluaciones extensas, consultas públicas o procesos institucionales que toman meses o años?

La pregunta resulta atractiva, pero parte de un supuesto equivocado: que las salvaguardas existen únicamente porque antes no teníamos suficiente capacidad para analizar información. La historia del DDT demuestra que, en muchos momentos, existieron datos y advertencias que señalaban los riesgos. Lo que faltó no fue capacidad de cálculo, sino voluntad para reconocer la incertidumbre, cuestionar intereses consolidados y actuar antes de que el daño fuera irreversible.

La IA puede contribuir a analizar imágenes satelitales, detectar cambios en los ecosistemas, procesar grandes volúmenes de información y construir modelos predictivos con una velocidad impensable hace años. Puede convertirse en una aliada importante para fortalecer la gestión ambiental. Pero ninguna inteligencia artificial puede responder preguntas profundamente políticas y éticas:

  • -¿Es aceptable poner en riesgo un humedal por un beneficio económico de corto plazo?

  • -¿Quién decide qué nivel de contaminación es tolerable?

  • -¿Cómo se valoran los conocimientos de las comunidades que habitan un territorio?

  • -¿Quién asume los costos si una predicción resulta equivocada?

  • -¿Qué especies, paisajes o formas de vida estamos dispuestos a sacrificar?

Estas no son preguntas que se resuelvan con un algoritmo. Son decisiones colectivas que requieren deliberación democrática, instituciones públicas sólidas y mecanismos de participación. Confiar en que la IA puede sustituir las salvaguardas ambientales sería repetir un error conocido: creer que una nueva tecnología elimina la necesidad de actuar con precaución frente a sus propios límites.

Paradójicamente, la expansión de la IA hace aún más necesario fortalecer el principio precautorio. No porque debamos desconfiar de la tecnología, sino porque también ella genera incertidumbres, concentra poder y puede reproducir sesgos si no existen instituciones capaces de supervisar su uso. La lección del DDT sigue vigente: ninguna innovación, por sofisticada que sea, reemplaza la responsabilidad de preguntarnos cuáles podrían ser sus consecuencias antes de convertirla en la base de nuestras decisiones.

Rachel Louise Carson (1907-1964) fue una bióloga marina y zoóloga estadounidense cuya obra transformó la relación de la sociedad con el medio ambiente. Formada con una maestría en Zoología por la Universidad Johns Hopkins, Carson. Su libro más influyente, Primavera silenciosa (1962), documentó los devastadores efectos de los pesticidas sintéticos, en especial el DDT, sobre los ecosistemas, la fauna y la salud humana. Carson no solo denunció la contaminación química, sino que cuestionó la arrogancia de una ciencia y una industria que actuaban sin considerar las consecuencias a largo plazo. A pesar de los feroces ataques de la industria química, su obra impulsó el movimiento ecologista moderno, contribuyó directamente a la prohibición del DDT en Estados Unidos (1972) y sentó las bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Su legado perdura como un recordatorio de que el progreso sin precaución y sin rendición de cuentas tiene un costo que la naturaleza termina cobrando.

Referencia:

Carson, Rachel (2023). Primavera silenciosa. Crítica

Gamboa, Nadia. (2014). DDT, una revisión histórica. Revista de Química, *28*(1-2), 19-24.

Mugabo, Jean Pierre Bhople, Balkirshina Sopan Kumar, Arun Khan, Javed Ahmad Havugimana, Erneste Byringiro, Emmanuel Singh, Yumnam Neeraj (2020). Environmental Impact Assessment (EIA): General process and procedures. En Environmental Impact Assessment: A Journey to Sustainable Development (pp. 21-58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45871-5_2

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¿Puede existir una educación neutral? Un proceso de reflexión para debatir la escuela, la democracia y el poder

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Cuando la neutralidad entra al centro del debate

¿Quién decide qué puede discutirse en una escuela? ¿Es posible enseñar sin transmitir una determinada visión del mundo? ¿Qué significa realmente «adoctrinar»?

En distintos países, la educación pública se ha convertido en uno de los principales escenarios de disputa política y cultural. Conceptos como neutralidad, objetividad y adoctrinamiento, que durante décadas ocuparon un lugar secundario en el debate educativo, hoy aparecen en el centro de reformas, discursos gubernamentales y controversias públicas. Bajo la promesa de proteger a las personas estudiantes de influencias ideológicas, avanzan iniciativas que buscan regular qué puede enseñarse, cómo debe hacerse y cuáles son los límites del debate dentro de las aulas.

Costa Rica tampoco permanece al margen de estas discusiones. La reciente emisión de la Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública reabrió un conjunto de preguntas fundamentales para cualquier sociedad democrática: ¿es posible una educación completamente neutral?, ¿quién define qué constituye adoctrinamiento?, ¿cómo se protege la libertad de cátedra sin reducir la enseñanza a una transmisión acrítica de contenidos?, ¿qué efectos tienen estas regulaciones sobre el trabajo cotidiano de las personas docentes?

Más allá de la coyuntura: ¿qué está en juego?

Estas preguntas no se limitan a una discusión jurídica o administrativa. En el fondo, remiten al sentido mismo de la educación pública y al tipo de ciudadanía que una sociedad busca formar.

Desde la educación popular y la pedagogía crítica, distintos autores han señalado que ninguna práctica educativa es completamente neutral. Toda educación transmite formas de comprender el mundo, define qué conocimientos son considerados legítimos y establece qué preguntas pueden formularse. En ese sentido, el problema no consiste únicamente en identificar cuándo existe adoctrinamiento entendido como la imposición explícita de determinadas ideas; también puede manifestarse cuando ciertos temas dejan de discutirse, cuando determinadas perspectivas son excluidas del debate o cuando el temor a ser sancionado produce autocensura entre quienes enseñan.

La neutralidad, entonces, deja de ser solamente un principio orientador para convertirse también en un objeto de análisis político y pedagógico.

Algunas ideas para abrir la discusión
  • -La educación nunca ocurre en el vacío: toda práctica educativa transmite valores, prioridades y formas de comprender la realidad.
  • -La neutralidad también puede ser una forma de poder: decidir qué temas se discuten y cuáles se silencian también configura el aprendizaje.
  • -El adoctrinamiento no siempre consiste en imponer ideas: también puede expresarse mediante la censura, la autocensura o la restricción del debate.
  • -La libertad de cátedra es una condición para la democracia: sin posibilidad de preguntar, debatir y problematizar, la educación pierde una de sus funciones esenciales.
  • -Pensar críticamente la educación es defender el espacio público: discutir sobre la escuela implica discutir el tipo de sociedad que queremos construir.
Un espacio para pensar colectivamente

Con el propósito de abrir este debate, el Observatorio de Bienes Comunes invitamos a participar en el proceso de reflexión «La «neutralidad» también adoctrina. Genealogía de una pedagogía del silencio», un proceso de cuatro encuentros orientado a analizar críticamente las disputas contemporáneas sobre la educación pública, la libertad de cátedra y la democracia.

El curso propone comprender cómo se ha construido históricamente el discurso de la neutralidad educativa, analizar experiencias internacionales donde las campañas contra el supuesto «adoctrinamiento» han impulsado reformas de carácter conservador e identificar los mecanismos mediante los cuales se configuran nuevas formas de vigilancia, control y autocensura en los espacios educativos.

Más que ofrecer respuestas cerradas, el proceso busca recuperar la pregunta como práctica política y pedagógica, reivindicando el aula como un espacio de deliberación democrática, construcción colectiva del conocimiento y formación de una ciudadanía crítica capaz de dialogar, cuestionar y participar activamente en los asuntos públicos.

Ejes a trabajar:

-10 de agosto: ¿Quién define la educación? De la formación ciudadana a la neutralidad educativa.

-17 de agosto La cruzada contra el «adoctrinamiento»: Conservadurismo y guerras culturales en la educación.

-24 de agosto La fabricación de la neutralidad: Dispositivos de control, vigilancia y autocensura.

-31 de agosto Desobedecer preguntando: Pedagogías para una democracia crítica.

Cada encuentro combinará espacios dialógicos, reflexión crítica, análisis de materiales, estudio de casos y metodologías participativas inspiradas en la educación popular, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimientos.

Información general

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, San Pedro.
Hora: 6:00 p. m.
Modalidad: Cuatro encuentros presenciales.

Para inscripciones: https://forms.gle/PttNRvQaYJiePAg38

Porque defender la educación también implica defender el derecho a preguntar

En momentos en que el significado mismo de la educación pública se encuentra en disputa, abrir espacios para pensar colectivamente estos procesos constituye también una forma de fortalecer la democracia.

Este curso-taller invita a reconocer que enseñar nunca ha sido un acto neutral ni ajeno a la sociedad. Por el contrario, la educación es un territorio donde se disputan proyectos de país, formas de convivencia y horizontes de futuro. Recuperar la capacidad de preguntar, debatir y construir conocimiento de manera colectiva es, hoy más que nunca, una condición para sostener una escuela democrática y una ciudadanía crítica.

Pueden descargar la convocatoria aquí.

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¿Quién piensa América Latina y el Caribe? La Carta de Jamaica frente a las nuevas agendas de seguridad

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Durante más de dos siglos, la Carta de Jamaica ha sido leída como un manifiesto de la independencia latinoamericana o como un texto precursor del ideal de unidad continental. Sin embargo, su vigencia no radica únicamente en las respuestas que ofrece, sino en la forma en que nos invita a pensar la realidad política de América Latina y el Caribe.

Bolívar escribe esta carta en septiembre de 1815, no desde el triunfo, sino desde la derrota. La Segunda República de Venezuela ha sido derrotada, los ejércitos patriotas se encuentran dispersos y él permanece exiliado en Kingston, Jamaica. Todavía no es el Libertador que la historia convertirá en símbolo continental. Es un dirigente político que intenta comprender por qué fracasó la revolución y cuáles son las condiciones necesarias para que los pueblos americanos puedan construir un horizonte propio.

En tiempos de incertidumbre, Bolívar no responde con consignas. Responde con preguntas. Intenta comprender América desde su propia realidad y no desde las categorías políticas elaboradas por las potencias de su época.

Quizá allí radique la mayor actualidad de la Carta de Jamaica.

Cuando las potencias vuelven a definir las amenazas del continente

La relectura de la Carta de Jamaica adquiere un nuevo significado a partir de acontecimientos recientes. En julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a representantes de más de sesenta países a una reunión ministerial con el propósito de construir una estrategia internacional frente al denominado «terrorismo de extrema izquierda». Durante el encuentro, Rubio sostuvo que movimientos comunistas, marxistas, anarquistas, antifascistas y antiimperialistas forman parte de una amenaza transnacional que exige fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia, intercambio de información, persecución financiera y coordinación policial.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, reforzó ese discurso al afirmar que la «extrema izquierda» representa un «cáncer mortal para la civilización» y que las democracias deben defenderse con la misma determinación con la que una familia protege su hogar frente a un invasor. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció además el fortalecimiento de mecanismos para supervisar organizaciones sin fines de lucro que, según el gobierno estadounidense, podrían ser utilizadas para financiar estas redes.

Más allá del contenido específico de estas afirmaciones, el encuentro expresa un cambio de mayor alcance. No se trata únicamente de una política interna de Estados Unidos, sino de un intento por construir una arquitectura internacional de seguridad que invite a otros gobiernos a compartir una misma definición de terrorismo, extremismo y amenaza política.

Diversos exfuncionarios del propio Departamento de Estado cuestionaron esta orientación. Señalaron que la estrategia responde más a prioridades políticas de la administración Trump que a la evaluación realizada por los organismos especializados en contraterrorismo, los cuales han advertido que otras formas de violencia extremista continúan representando riesgos significativamente mayores.

Sin embargo, más allá del debate sobre el diagnóstico de seguridad, emerge una pregunta de enorme relevancia para América Latina y el Caribe: ¿Quién tiene el poder de definir cuáles son las amenazas del mundo?

Las categorías nunca son neutrales. Nombrar un actor como «terrorista» o «extremista» no solo describe una realidad; también produce consecuencias políticas. Permite reorganizar presupuestos públicos, ampliar mecanismos de vigilancia, fortalecer la cooperación policial internacional, justificar reformas legales y redefinir las prioridades de los Estados.

La pregunta, entonces, trasciende la coyuntura estadounidense. Lo que está en discusión es quién produce los marcos desde los cuales se interpreta la realidad política internacional. Y es precisamente allí donde la Carta de Jamaica vuelve a cobrar sentido.

La Carta de Jamaica: un antecedente del pensamiento antiimperialista latinoamericano

Aunque fue escrita varias décadas antes de que el concepto de imperialismo adquiriera el significado político y económico con el que hoy lo conocemos, la Carta de Jamaica constituye uno de los antecedentes más importantes del pensamiento antiimperialista latinoamericano.

Su aporte no consiste únicamente en denunciar la dominación colonial española. Su mayor originalidad radica en desplazar el lugar desde donde se piensa el continente.

Hasta entonces, América aparecía fundamentalmente como objeto de las decisiones imperiales. Bolívar rompe con esa lógica. Propone comprender el continente desde las necesidades, las contradicciones y las aspiraciones de sus propios pueblos. Ese desplazamiento constituye un verdadero cambio epistemológico y político.

La pregunta deja de ser qué necesita Europa para conservar el orden colonial y pasa a ser qué necesitan los pueblos americanos para construir sociedades libres, instituciones propias y formas de organización capaces de sostener su autonomía.

Este gesto intelectual será retomado posteriormente por buena parte del pensamiento crítico latinoamericano. José Martí denunciará el expansionismo estadounidense; José Carlos Mariátegui reivindicará la necesidad de un socialismo indoamericano; Juan Bosch analizará las nuevas formas de dominación imperial en el Caribe; Pablo González Casanova estudiará el colonialismo interno; Eduardo Galeano mostrará las estructuras históricas del saqueo continental.

Todos ellos, desde contextos distintos, compartirán una intuición ya presente en Bolívar: la emancipación política también requiere emancipación intelectual. Pensar desde América y el Caribe significa construir nuestras propias categorías para comprender el mundo y no limitarse a reproducir aquellas elaboradas por los centros de poder.

Pensar desde América

La Carta de Jamaica no propone el aislamiento de América Latina ni rechaza el diálogo con el mundo. Lo que cuestiona es otra cosa: la incapacidad de los pueblos para interpretar su propia realidad con categorías propias.

Dos siglos después, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos profundamente distintos a los de 1815, pero igualmente complejos: desigualdad, concentración de la riqueza, endeudamiento, privatización de bienes públicos, crisis climática, conflictos socioambientales, expansión del extractivismo, militarización de territorios, migraciones forzadas, transformación tecnológica y nuevas disputas geopolíticas.

Sin embargo, buena parte de las agendas públicas continúan organizándose alrededor de prioridades definidas fuera de la región.

La seguridad, la democracia, el desarrollo, la transición energética, la inteligencia artificial, la lucha contra el narcotráfico o la definición misma del terrorismo suelen llegar a nuestros países como categorías previamente elaboradas por los principales centros de poder global.

La pregunta que Bolívar nos deja continúa siendo profundamente incómoda: ¿Estamos interpretando nuestra realidad desde nuestras propias experiencias históricas o seguimos leyendo América Latina con conceptos construidos para responder a otros intereses y otras geografías?

La unidad como construcción política

En uno de los pasajes más conocidos de la Carta, Bolívar afirma que la unión de los pueblos americanos no llegará por milagros ni por providencia, sino por «efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».

La unidad, entonces, no constituye un destino inevitable ni una consecuencia automática de compartir una historia común. Es una tarea política. Implica construir instituciones regionales, fortalecer la cooperación entre pueblos, defender los bienes comunes, intercambiar conocimientos, desarrollar capacidades científicas propias y ampliar los márgenes de soberanía frente a un escenario internacional cada vez más disputado.

En un contexto donde las grandes potencias buscan reorganizar las agendas de seguridad, la integración latinoamericana deja de ser solamente un ideal histórico para convertirse en una condición de autonomía política.

Un método para leer el presente

La mayor vigencia de la Carta de Jamaica probablemente no resida en sus predicciones, muchas de las cuales respondieron a las limitaciones de su tiempo. Su verdadera actualidad consiste en el método político que inaugura.

Bolívar escribe desde el exilio, desde la derrota y desde la incertidumbre. En lugar de aceptar las explicaciones producidas por los centros de poder, decide construir un diagnóstico propio sobre la realidad americana.

Quizá esa sea la principal enseñanza que la Carta ofrece al siglo XXI. En momentos en que las grandes potencias vuelven a disputar el significado de la democracia, la seguridad, el terrorismo, el desarrollo o la integración regional, la Carta de Jamaica nos recuerda que la primera condición de cualquier proyecto emancipador consiste en recuperar la capacidad de pensar América Latina y el Caribe desde América Latina y el Caribe.

No como un ejercicio de aislamiento ni como una reivindicación romántica del pasado, sino como una práctica permanente de autonomía intelectual y política. Porque la soberanía no se limita al control del territorio o de las instituciones. También implica la capacidad de producir nuestras propias preguntas, nombrar nuestros propios problemas y construir colectivamente los horizontes de futuro para los pueblos de América Latina y el Caribe.

La Carta de Jamaica como caja de herramientas para pensar América Latina y el Caribe
Herramienta de lectura¿Qué plantea Bolívar?¿Qué pregunta nos deja para el siglo XXI?Ejemplos de la coyuntura latinoamericana y caribeña
Pensar desde nuestra realidadAmérica no puede copiar modelos europeos; debe comprender sus propias condiciones históricas.¿Estamos interpretando nuestros problemas desde nuestras realidades o desde categorías construidas por otras potencias?Seguridad, democracia, desarrollo, transición energética, inteligencia artificial, migración y crimen organizado suelen debatirse desde agendas externas.
La independencia como proceso permanenteLa emancipación no termina con expulsar al imperio; comienza el desafío de construir instituciones propias.¿Qué nuevas formas de dependencia existen hoy?Endeudamiento, tratados comerciales, dependencia tecnológica, plataformas digitales, corporaciones extractivas, control financiero internacional.
Leer el poderLa dominación no es solamente militar; también es política, económica y cultural.¿Quién define hoy las reglas del juego internacional?Disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, organismos financieros, empresas tecnológicas, industrias militares y energéticas.
Nombrar las amenazasLos imperios justifican sus acciones construyendo enemigos.¿Quién define actualmente qué es terrorismo, extremismo, seguridad o estabilidad?Criminalización de movimientos sociales, nuevas doctrinas de seguridad hemisférica, expansión de políticas antiterroristas, vigilancia digital.
Pensar críticamente las categoríasBolívar no acepta las interpretaciones de la monarquía española; construye su propio diagnóstico.¿Qué conceptos utilizamos para comprender América Latina?Desarrollo, gobernabilidad, inversión, modernización, resiliencia, seguridad nacional, democracia, populismo.
Unidad latinoamericanaLa unión no es un ideal romántico, sino una necesidad política.¿Qué formas de integración necesita hoy América Latina y el Caribe?Cooperación sanitaria, integración energética, defensa de bienes comunes, ciencia abierta, soberanía alimentaria, movilidad humana.
La organización como condición de la libertadLa unidad no llegará «por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».¿Qué organizaciones sociales, comunitarias y regionales hacen posible la democracia?Redes territoriales, movimientos campesinos, organizaciones indígenas, feministas, sindicatos, universidades públicas y articulaciones regionales.
La diversidad de AméricaBolívar reconoce que el continente no constituye una realidad homogénea; existen historias, territorios e intereses distintos.¿Cómo construir unidad respetando la diversidad?Plurinacionalidad, pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, Caribe insular, Amazonía, Centroamérica, migraciones.
Pensar desde las derrotasLa Carta nace del exilio y del fracaso político, no de la victoria.¿Cómo producir pensamiento crítico en tiempos de crisis?Retrocesos democráticos, ofensivas autoritarias, debilitamiento de la integración regional, conflictos socioambientales, privatización de bienes públicos.
Imaginar futurosBolívar no solo analiza el presente; propone horizontes posibles para América.¿Qué proyecto de futuro queremos construir para la región?Justicia climática, transición ecológica justa, bienes comunes, economías solidarias, soberanía tecnológica y democratización del conocimiento.

Pueden descargar la Carta de Jamaica aquí

Referencias:

Bolivar, Simón (1815). Carta de Jamaica.

Hansler, Jennifer (2026). Miller y Rubio presentan a la extrema izquierda como amenaza clave para EE.UU. CNN en Español.

La Jornada. (2026). Convoca Marco Rubio a 60 países a cumbre contra la «extrema izquierda». La Jornada

 

Esta nota web forma parte de la colección Los Herejes de lo Común, una serie de cuadernos de antigeopolítica y antiimperialismos publicados por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica.

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¿Quién controla el campo cuando los datos se convierten en el nuevo cultivo?

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La digitalización se ha instalado como una de las grandes promesas del agronegocio contemporáneo. Drones, sensores, inteligencia artificial, plataformas digitales, maquinaria automatizada y sistemas de monitoreo en tiempo real son presentados como herramientas indispensables para producir más, utilizar menos recursos y enfrentar la crisis climática. Bajo nombres como Agricultura 4.0, agricultura inteligente o agricultura de precisión, se afirma que el futuro del campo dependerá cada vez más de los datos y de la automatización.

Sin embargo, detrás de este discurso aparecen preguntas que pocas veces se discuten:

  • ¿Quién controla los datos que generan las personas agricultoras?

  • ¿Quién decide cuando las recomendaciones provienen de algoritmos y plataformas digitales?

  • ¿Qué ocurre con los conocimientos campesinos construidos durante generaciones?

  • ¿La digitalización fortalece la soberanía alimentaria o profundiza nuevas dependencias?

Estas preguntas son el punto de partida para comprender que la digitalización del agronegocio no es únicamente una innovación tecnológica: también constituye una profunda transformación política y económica del sistema agroalimentario.

Más que tecnología: una nueva etapa del agronegocio

La digitalización atraviesa prácticamente toda la cadena agroalimentaria. Desde la preparación del suelo y la siembra hasta el transporte, la logística, el procesamiento industrial, la comercialización y la trazabilidad de los alimentos, cada etapa incorpora crecientemente herramientas digitales capaces de registrar, procesar y comercializar enormes cantidades de información.

Este proceso también modifica quiénes concentran el poder dentro del sistema alimentario.

Hoy las grandes corporaciones tecnológicas establecen alianzas con empresas de semillas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola y plataformas financieras, configurando un nuevo modelo de acumulación donde los datos se convierten en un activo estratégico.

Los datos también son un territorio en disputa

Una de las principales tensiones que plantea la agricultura digital es que la información producida diariamente por miles de personas agricultoras alimenta plataformas privadas capaces de generar nuevos mercados, servicios y formas de control.

Mientras más productores utilizan estas tecnologías:

  • -mayor es la cantidad de datos acumulados por las plataformas

  • -más precisos se vuelven sus algoritmos

  • -mayor es la dependencia de quienes utilizan esos sistemas

  • -y mayor es la capacidad corporativa para orientar las decisiones productivas

En otras palabras, los datos pasan a ser un nuevo bien estratégico cuya apropiación redefine las relaciones de poder en el campo.

¿Qué pasa con los saberes campesinos?

Uno de los aspectos más provocadores del debate es el lugar que ocupa el conocimiento campesino.

Las herramientas digitales suelen asumir que las mejores decisiones provienen del análisis automatizado de datos. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que las personas agricultoras continúan apoyándose en conocimientos construidos mediante la experiencia, la observación cotidiana, la memoria del territorio y la transmisión intergeneracional de saberes.

La vista, el tacto, el olfato, la intuición y la experiencia siguen siendo fundamentales para comprender los cultivos, los suelos y los cambios ambientales, dimensiones que difícilmente pueden reducirse a indicadores digitales.

El debate, entonces, no enfrenta tecnología contra tradición, sino dos maneras distintas de producir conocimiento y de tomar decisiones sobre la agricultura.

Una infraestructura que también deja huella

Aunque frecuentemente se presenta como una economía «desmaterializada», la digitalización depende de enormes infraestructuras físicas.

Su funcionamiento requiere:

  • -centros de datos que consumen grandes cantidades de electricidad y agua

  • -minerales críticos para fabricar chips, baterías y dispositivos electrónicos

  • -cables submarinos y redes de telecomunicaciones que sostienen el tráfico global de datos

  • -una creciente demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial

Por ello, distintos estudios cuestionan la idea de que la digitalización represente, por sí misma, una transición ecológica o una solución automática frente a la crisis climática.

Una discusión necesaria para América Latina y el Caribe

Aunque buena parte de estas transformaciones se impulsan desde grandes corporaciones tecnológicas y organismos internacionales, sus efectos ya son visibles en América Latina y comienzan a reorganizar las cadenas agroexportadoras, las formas de producción y las políticas públicas vinculadas al sector agroalimentario.

Comprender estos procesos resulta fundamental para quienes trabajan por la defensa de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos rurales.

Una invitación a profundizar el debate

Para aportar a esta discusión, compartimos la publicación Digitalización en el agronegocio ecuatoriano, elaborada por Elizabeth Bravo para Acción Ecológica.

A lo largo de sus páginas, la autora analiza críticamente:

  • -las promesas y límites de la agricultura digital

  • -el papel de las grandes corporaciones tecnológicas

  • -la concentración del poder en torno a los datos

  • -los impactos ambientales de la infraestructura digital

  • -las implicaciones para la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y los bienes comunes

Se trata de una lectura imprescindible para comprender que la digitalización del agronegocio no solo transforma la manera de producir alimentos, sino también las relaciones de poder, las formas de conocimiento y las disputas por el control de los territorios.

Le invitamos a descargar la publicación para seguir reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios.

Pueden descargar el documento aquí.

Sobre la publicación
Digitalización en el agronegocio ecuatoriano fue elaborada por Elizabeth Bravo, investigadora y activista ecuatoriana con una amplia trayectoria en el estudio del agronegocio, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El documento fue publicado por Acción Ecológica, organización referente en América Latina por su trabajo en defensa de la justicia ambiental, los bienes comunes y los derechos de los pueblos frente a los impactos del extractivismo. A través de esta investigación, la autora ofrece un análisis crítico sobre las transformaciones que introduce la agricultura digital, las disputas por el control de los datos y sus implicaciones para la autonomía de las comunidades rurales y los sistemas alimentarios.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Colectivo Antonio Saldaña denuncia uso irrespetuoso de la figura de Pablu Presbere y una nueva forma de violencia contra la memoria indígena

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El presente pronunciamiento fue emitido por el Colectivo Antonio Saldaña, integrado por personas del pueblo indígena bribri, como respuesta a una publicación difundida por la página Exilio Costa Rica, la cual —según señala el colectivo— utiliza la figura histórica de Pablu Presbere de una manera que tergiversa su significado dentro de la memoria, espiritualidad y cosmovisión bribri.

A través de esta denuncia, el colectivo no solo cuestiona el uso simbólico de uno de los principales referentes de la resistencia indígena en Costa Rica, sino que plantea una reflexión más amplia sobre las formas en que los pueblos originarios continúan enfrentando prácticas de apropiación, simplificación y reinterpretación externa de sus saberes, historias y valores culturales.

Meleruk, 12 de julio del 2026

Colectivo Antonio Saldaña

Ante la publicación realizada por la página Exilio Costa Rica, manifestamos lo siguiente:

Como miembros de una comunidad indígena bribri y del Colectivo Antonio Saldaña, condenamos y repudiamos con la más alta indignación el uso de la “figura” del caudillo de la resistencia e identidad indígena, Pablu Presbere, al considerarlo una forma de denigrar su gesta histórica en defensa del Pueblo Indígena.

El mensaje publicado adultera nuestra filosofía, cosmovisión y espiritualidad como pueblo originario. Constituye una profanación de nuestros valores y una falta de respeto hacia nuestra identidad colectiva.

Es un agravio a nuestra dignidad indígena que se nos presente como seres irracionales, sin voluntad o sin capacidad intelectual para comprender, analizar y decidir sobre nuestra propia realidad.

A la naturaleza le debemos reverencia y respeto; no la divinizamos.

A nuestros líderes y mártires les debemos memoria, admiración y profundo respeto, pero no son ídolos ni seres divinos. Fueron personas inspiradas por los mandatos del Gran Sibö, pero no son del mismo nivel.

Ellos defendieron la naturaleza, la dignidad y la identidad de nuestros pueblos, principios que hoy continúan siendo amenazados por el mundo dominante. Para nosotros resulta indiferente la ideología desde la cual se ejerza esa dominación, ya sea de Occidente, Oriente, colorado, verde, derecha o izquierda; sencillamente reconocemos prácticas capitalistas que han sido históricamente ruines y explotadoras. Sus narrativas suelen estar orientadas al aprovechamiento de los recursos, mientras los pueblos originarios continúan siendo atropellados y vulnerados.

Exigimos, de la manera más enérgica, respeto hacia nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión y nuestra identidad cultural.

Defienda su ideología mediante una argumentación política de altura, honesta y responsable, sin recurrir a formas solapadas de adoctrinamiento.

Han sido suficientes más de 500 años de imposiciones y adoctrinamientos.

Los pueblos indígenas somos racionales, tenemos pensamiento propio y sabemos discernir.

Firmamos desde el territorio Bribri de Talamanca.

Sobre la violencia epistémica y la imposición de narrativas externas

Consideramos necesario señalar que este tipo de expresiones no constituyen únicamente una falta de respeto simbólico o una interpretación equivocada de nuestra historia. Forman parte de prácticas más profundas de violencia epistémica, mediante las cuales se intenta imponer una forma externa de comprender, representar y definir quiénes somos los pueblos indígenas.

La violencia epistémica ocurre cuando se niega la validez de nuestros propios conocimientos, nuestra memoria histórica, nuestra espiritualidad y nuestras formas de interpretar el mundo. Se manifiesta cuando otras personas pretenden explicar nuestra identidad desde categorías ajenas, reduciendo nuestras luchas, nuestros símbolos y nuestros referentes históricos a ideas que no corresponden con nuestra cosmovisión.

Durante más de 500 años hemos enfrentado intentos de despojo no solo de nuestros territorios, sino también de nuestras formas de pensar, nombrar y comprender la vida. La imposición de narrativas externas ha buscado presentar nuestras culturas como inferiores, atrasadas o incapaces de producir conocimiento propio.

Por ello, reivindicamos que los pueblos indígenas no somos objetos de estudio, símbolos decorativos ni herramientas para justificar discursos políticos ajenos. Somos pueblos con memoria, pensamiento crítico, capacidad de análisis y derecho a interpretar nuestra propia historia desde nuestros propios saberes.

El respeto hacia nuestros pueblos implica reconocer que existen otras formas legítimas de comprender la relación entre humanidad, naturaleza, espiritualidad, territorio y comunidad. No aceptamos que nuestra cosmovisión sea utilizada, tergiversada o instrumentalizada para fines políticos o ideológicos que contradicen nuestros valores.

Defender a Pablu Presbere, nuestra memoria colectiva y nuestros principios culturales no significa convertirlos en figuras ajenas a nuestra espiritualidad, sino reconocer el profundo significado que tienen dentro de nuestra historia y nuestra identidad como pueblo bribri.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Diez años de denuncias ambientales en Guatuso: lo que revelan los expedientes del SITADA sobre la minería en Río Frío

with No Comment COMUNIDADES

Entre 2015 y 2025, al menos dieciocho expedientes registrados en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) documentan una historia de conflictividad persistente alrededor de la extracción de materiales en Guatuso. Más allá del resultado de cada denuncia, la lectura conjunta de estos registros permite identificar tendencias sobre la evolución del conflicto, la respuesta institucional y el papel del monitoreo comunitario en la defensa del territorio.

Durante la última década, el cantón de Guatuso ha sido escenario de una sucesión de denuncias relacionadas con la extracción de materiales en cauces, alteraciones de ríos y posibles infracciones a la legislación minera y ambiental. Aunque cada expediente responde a hechos particulares y tuvo resultados administrativos distintos, su revisión conjunta permite reconstruir un proceso de conflictividad que se ha mantenido vigente durante más de diez años.

Los expedientes abarcan distintos sectores del cantón, entre ellos Pataste, La Rivera, Maquengal, el río Frío y el río La Muerte, y documentan denuncias presentadas por personas vecinas, organizaciones, propietarios de fincas, cuerpos policiales y diferentes instituciones públicas.

Un conflicto que no comenzó recientemente

La cronología muestra que la conflictividad alrededor de la minería no metálica en Guatuso no es un fenómeno reciente.

El primer expediente localizado corresponde a 2015, cuando se denunció una presunta extracción de materiales en Pataste, San Rafael de Guatuso. En los años siguientes aparecen nuevos registros relacionados con extracción en el río La Muerte y en un brazo del río Frío, incluyendo denuncias por actividades fuera de áreas concesionadas y extracción sin autorización.

Para 2020 las denuncias comienzan a incorporar elementos adicionales, como la desviación de cauces, la eliminación de cobertura forestal y afectaciones sobre propiedades privadas, reflejando que las preocupaciones de las comunidades ya no se limitaban únicamente a la extracción de materiales. Lejos de desaparecer, el conflicto continúa durante los años siguientes y presenta un incremento visible en la cantidad de expedientes registrados entre 2023 y 2025.

Las denuncias evolucionaron junto con el conflicto

La revisión de los expedientes evidencia una transformación importante en el tipo de situaciones denunciadas. Mientras los primeros registros se concentran principalmente en la extracción de materiales de los cauces, los expedientes más recientes incorporan una visión más amplia de los impactos sobre el territorio.

Entre las denuncias presentadas en los últimos años aparecen referencias a:

  • -destrucción de islas fluviales;
  • -socavación de árboles ribereños;
  • -apertura de caminos y patios de acopio;
  • -movimientos de tierra;
  • -abastecimiento de combustible a maquinaria dentro del cauce;
  • -construcción de diques y desvíos temporales del río;
  • -cuestionamientos sobre expedientes ambientales y coordenadas de proyectos;
  • -utilización de estudios elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) como evidencia técnica.

Esta evolución muestra que las denuncias dejaron de enfocarse únicamente en una actividad extractiva para incorporar una preocupación creciente por las transformaciones acumulativas del paisaje y de los ecosistemas ribereños.

Más actores participan en la vigilancia del territorio

Otra tendencia que reflejan los expedientes es la ampliación de los actores involucrados. Las primeras denuncias fueron impulsadas principalmente por personas particulares. Con el paso de los años aparecen informes elaborados por la Fuerza Pública, inspecciones técnicas, actuaciones de la Dirección de Geología y Minas, intervenciones de la Dirección de Aguas, coordinación con el SINAC y remisiones al Ministerio Público y a la Fiscalía.

Especialmente durante 2023 se registran varios expedientes consecutivos derivados de operativos policiales en el río La Muerte, donde se documentó la presencia de maquinaria y se realizaron remisiones para investigación penal. La evolución de los expedientes sugiere que el conflicto dejó de ser únicamente una preocupación comunitaria para involucrar progresivamente a distintas instituciones del Estado.

¿Qué muestran las respuestas institucionales?

Los resultados de las investigaciones administrativas fueron diversos.

Una parte importante de los expedientes concluyó con resoluciones de archivo, «sin lugar» o por no haberse logrado comprobar los hechos denunciados. En otros casos las autoridades señalaron que no fue posible identificar responsables o que existían concesiones que respaldaban determinadas actividades. Algunos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público para investigaciones adicionales y varios permanecen actualmente en trámite.

Dentro del conjunto revisado destaca un expediente correspondiente a 2021 que concluyó con una resolución favorable a la denuncia y fue remitido tanto al Registro Nacional Minero como al Ministerio Público.

Esta diversidad de resultados evidencia que los expedientes no permiten afirmar automáticamente la existencia de infracciones en todos los casos denunciados. Sin embargo, sí muestran que las denuncias han sido persistentes, reiteradas y suficientemente relevantes para activar durante una década distintos mecanismos de investigación administrativa y judicial.

El monitoreo comunitario: una memoria del territorio

Más allá de los resultados administrativos, los expedientes también permiten identificar otro fenómeno de gran relevancia: el papel del monitoreo comunitario como mecanismo de vigilancia ambiental.

Una parte importante de las denuncias nace de la observación cotidiana realizada por personas vecinas, propietarios de fincas, organizaciones locales y comunidades que habitan el territorio. Son estas personas quienes detectan cambios en los cauces, presencia de maquinaria, apertura de caminos, extracción de materiales o modificaciones en los ecosistemas ribereños y deciden activar los mecanismos institucionales de denuncia.

Esta vigilancia social no sustituye las competencias de las instituciones públicas ni determina, por sí sola, la existencia de una infracción. Sin embargo, constituye el primer eslabón de la protección ambiental. Sin esas observaciones iniciales, muchas inspecciones técnicas, informes institucionales e investigaciones administrativas probablemente nunca llegarían a realizarse.

Los propios expedientes muestran cómo este monitoreo ha fortalecido sus capacidades. Mientras las primeras denuncias se apoyaban principalmente en reportes ciudadanos o fotografías, los registros más recientes incorporan estudios cartográficos elaborados mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), documentación técnica e información ambiental cada vez más detallada.

También resulta significativo que las preocupaciones comunitarias parecen anticipar la evolución del conflicto. Las primeras denuncias advertían sobre extracción de materiales; años después los expedientes describen posibles afectaciones más complejas, como la destrucción de islas fluviales, la socavación de árboles, la apertura de accesos, patios de acopio, abastecimiento de combustible dentro del río y modificaciones del cauce mediante diques y caminos temporales.

Los expedientes del SITADA no solo registran denuncias; también documentan una década de vigilancia ciudadana sobre un mismo territorio. Leídos en conjunto, muestran que la protección ambiental no comienza cuando una institución realiza una inspección, sino mucho antes: cuando las comunidades observan, registran, comparan, conservan memoria y deciden convertir esas observaciones en denuncias formales. En esa secuencia, el monitoreo comunitario aparece como una pieza fundamental para comprender conflictos ambientales que, lejos de ser hechos aislados, se desarrollan de forma acumulativa a lo largo del tiempo.

Una década de registros que invita a mirar el conjunto

Cada expediente responde a circunstancias particulares y debe interpretarse conforme a sus propias actuaciones y resoluciones. Sin embargo, la lectura conjunta de los registros disponibles permite identificar tendencias que difícilmente serían visibles al analizar un solo caso.

Durante diez años persisten denuncias sobre extracción de materiales, modificaciones de cauces, afectaciones a ecosistemas ribereños y conflictos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales en Guatuso. También se observa una evolución en la calidad de la evidencia aportada, una participación cada vez mayor de distintas instituciones públicas y una creciente complejidad en los impactos denunciados.

Más que una sucesión de hechos aislados, los expedientes del SITADA revelan la existencia de un proceso continuo de conflictividad socioambiental. En ese contexto, el monitoreo comunitario, la memoria territorial y el acceso a mecanismos públicos de denuncia se convierten en herramientas esenciales para comprender cómo evolucionan los conflictos ambientales y para fortalecer la gestión y protección de los bienes comunes.

En pocas palabras: ¿Qué revelan diez años de expedientes?
Lo que muestran los expedientesTendencia identificada
Las denuncias se mantienen durante diez años.Persistencia del conflicto socioambiental.
Los impactos denunciados se vuelven más diversos y complejos.Escalada en la complejidad de las afectaciones.
Las comunidades documentan cambios antes de las inspecciones institucionales.El monitoreo comunitario funciona como sistema de alerta temprana.
La evidencia presentada mejora con el tiempo.Fortalecimiento de las capacidades comunitarias de documentación.
Participan cada vez más instituciones.Mayor institucionalización del conflicto.
Existen respuestas administrativas diversas.La gestión institucional combina archivos, investigaciones y procesos en trámite.
El conflicto permanece en el mismo territorio.Las afectaciones presentan un carácter acumulativo.

Refrencia: La información presentada se elaboró mediante la revisión y sistematización de los expedientes públicos disponibles en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), utilizando como criterio de búsqueda la etiqueta «Extracción de materiales en cauce de dominio público». Posteriormente, los expedientes fueron depurados para identificar aquellos correspondientes al cantón de Guatuso y analizados con el fin de identificar tendencias temporales, tipos de denuncia, instituciones competentes, resultados de las inspecciones y resoluciones administrativas.

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¿Y si la neutralidad también fuera una forma de adoctrinamiento? Los Acuerdos de Sokovia llegaron a la escuela: la circular del MEP y la silenciosa construcción de la autocensura docente

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«La primera razón por la que los hombres sirven es que nacen siervos y son criados como tales; la segunda, y más poderosa, es que se acostumbran a la servidumbre y la encuentran natural.»
— Étienne de La Boétie (1552)

Cuando Capitan América: Civil War llegó a los cines, muchas personas pensaron que estaban frente a otra película de superhéroes. Sin embargo, el conflicto que plantea nunca fue realmente entre Iron Man y el Capitán América. La verdadera disputa era otra: ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de confiar en quienes tienen la responsabilidad de protegerla?

Después de una serie de tragedias, los gobiernos del mundo impulsan los Acuerdos de Sokovia. La justificación parece irrebatible. Los Vengadores poseen demasiado poder y, por tanto, necesitan supervisión. A partir de ese momento ya no podrán actuar guiados por su criterio; deberán esperar la autorización de una comisión internacional que decidirá cuándo, dónde y cómo intervenir.

Tony Stark acepta. Argumenta que toda forma de poder necesita límites. Steve Rogers se niega. No porque rechace la responsabilidad, sino porque teme algo distinto: que el criterio profesional termine sustituido por decisiones políticas tomadas lejos del terreno donde ocurren los problemas.

Ese es el verdadero corazón de Civil War. No es una pelea entre héroes. Es una discusión sobre la confianza. Quizá por eso la reciente Circular DM-CIR-0047-2026 del Ministerio de Educación Pública despierta preguntas que van más allá del calendario electoral.

La circular: los Acuerdos de Sokovia en las aulas costarricenses

La circular recuerda una obligación democrática incuestionable: las aulas no deben convertirse en espacios de proselitismo político-partidario. También señala que el análisis de procesos electorales, ideologías, movimientos sociales y debates públicos sigue siendo legítimo cuando responde al currículo nacional y se desarrolla con pluralidad, objetividad pedagógica y pensamiento crítico. Nada de eso, por sí mismo, debería generar controversia. El propósito declarado es proteger la imparcialidad del proceso electoral y el derecho del estudiantado a formarse sin presiones partidarias.

Sin embargo, las normas no solo producen efectos por lo que prohíben. También los producen por el clima que generan. En Civil War, los Acuerdos de Sokovia no impiden que los Vengadores salven vidas. Lo que hacen es introducir una duda permanente: ¿podemos actuar según nuestro criterio o será alguien más quien determine cuándo nuestra intervención es legítima?

Trasladada al aula, la pregunta adquiere otra forma: ¿Hasta dónde puede un docente problematizar un conflicto socioambiental, analizar la desigualdad, discutir una política pública o abordar un debate nacional sin que alguien interprete que dejó de ser «neutral»?

La circular no responde de manera clara esa pregunta. Y precisamente en esa zona de incertidumbre puede aparecer un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito democrático y legal: el efecto inhibitorio. No hace falta prohibir expresamente una conducta para reducirla. A veces basta con que exista la posibilidad de una denuncia, de una investigación o de una interpretación desfavorable para que las personas decidan limitar voluntariamente aquello que hacen.

Un discurso que recorre el mundo: el mapa de la desconfianza

Si la circular costarricense fuera un hecho aislado, podríamos atribuirla a una decisión administrativa coyuntural. Pero no lo es. Existe una tendencia global que, con variaciones locales, repite un mismo repertorio discursivo: deslegitimar la labor docente, presentar la educación crítica como una forma de adoctrinamiento y promover mecanismos de control y denuncia contra el profesorado.

Brasil constituye probablemente uno de los ejemplos más conocidos. El movimiento Escola Sem Partido («Escuela sin Partido»), surgido en 2004 y fortalecido durante el ascenso del bolsonarismo, afirmaba combatir el adoctrinamiento ideológico en las aulas. Bajo ese argumento impulsó proyectos para limitar la actuación docente, promover denuncias de estudiantes contra profesores y restringir el tratamiento de temas relacionados con política, desigualdad, género o derechos humanos. Aunque muchas de esas iniciativas fueron frenadas por el Poder Judicial y recibieron fuertes críticas de universidades y organizaciones educativas, el debate dejó instalada una idea poderosa: el principal riesgo para la democracia no era la censura, sino el profesorado.

Algo similar ocurrió en Estados Unidos. Diversos estados aprobaron leyes para limitar la enseñanza de determinados contenidos vinculados con el racismo estructural, la historia crítica, la diversidad o la teoría crítica de la raza. Nuevamente, el argumento no fue prohibir el conocimiento, sino garantizar una educación «objetiva» y proteger a las familias frente al supuesto adoctrinamiento.

En España, el partido Vox impulsó el llamado «pin parental», mediante el cual las familias podrían impedir que sus hijos participaran en determinadas actividades escolares relacionadas con derechos humanos, igualdad o educación sexual. El fundamento era, otra vez, la defensa de la neutralidad ideológica de la escuela.

En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, el discurso contra el «adoctrinamiento» universitario y escolar se ha convertido en un eje recurrente del debate público, acompañado por críticas a las ciencias sociales, las universidades públicas y los enfoques pedagógicos críticos.

Cada país tiene su propia historia. Pero el repertorio discursivo resulta sorprendentemente similar:

 
Elemento comúnCómo se presenta
Desconfianza hacia el docenteSe le presenta como un potencial adoctrinador, no como un profesional.
Apelación a la familiaSe invoca a las familias como las «verdaderas» responsables de la educación.
Neutralidad como esloganSe exige una «objetividad» que, en la práctica, excluye el análisis crítico.
Mecanismos de denunciaSe facilitan canales para que estudiantes o padres acusen a docentes.
Reducción de lo político a lo partidistaSe equipara cualquier análisis de poder con propaganda electoral.
La dimensión silenciosa: criminalización de la práctica docente

La circular, más allá de su intención explícita, puede generar efectos que vale la pena observar con atención. No se trata de afirmar que exista una intención deliberada de generar miedo o censura, sino de advertir que ciertos mecanismos, aunque bienintencionados, pueden producir un clima de desconfianza que termina afectando la libertad de cátedra.

1. El peso de la amenaza disciplinaria: La circular menciona la posibilidad de remitir casos al Departamento de Asuntos Disciplinarios. Esa referencia, aunque formalmente correcta, introduce una sombra de posibilidad que puede operar como un freno silencioso. No hace falta que se abra un expediente para que su mera existencia condicione decisiones. Cuando un docente sabe que una interpretación ligera de la norma puede desencadenar un proceso, es natural que prefiera evitar cualquier riesgo, incluso cuando su práctica sea legítima.

2. Conceptos amplios, interpretaciones variables: Términos como «proselitismo», «sectarismo» o «adoctrinamiento» no están definidos con precisión en la circular. Esto no es necesariamente un error, pero sí deja un margen de interpretación que puede variar según quien aplique la norma. Lo que para un docente es un análisis riguroso de desigualdad social, para otro superior jerárquico podría ser visto como una toma de posición indebida. Esa ambigüedad genera incertidumbre y, en la práctica, puede llevar a que muchas personas opten por no abordar ciertos temas, aunque estén en el currículo.

3. El peso de la denuncia: La circular establece que, ante hechos que eventualmente contravengan las disposiciones, se debe levantar documentación y remitirla a la instancia competente. Esto es un procedimiento estándar. Sin embargo, al no definir con claridad qué constituye una infracción, cualquier denuncia, incluso aquellas que podrían carecer de fundamento, puede activar un proceso que, por sí mismo, genera desgaste. El solo hecho de tener que justificar la propia práctica, aunque finalmente se demuestre que fue legítima, ya implica un costo emocional y profesional que muchas personas prefieren evitar.

4. La línea difusa entre análisis y propaganda: Uno de los riesgos más sutiles de la circular es que, al poner bajo el mismo paraguas de sospecha el análisis crítico y el proselitismo partidario, puede deslegitimar el primero por asociación. No es lo mismo discutir las causas estructurales de la pobreza que hacer campaña por un candidato. Pero si ambos quedan bajo la misma categoría de «conductas a vigilar», el mensaje que se transmite es que problematizar el orden establecido también es peligroso. Y eso, aunque no se diga explícitamente, es una forma de disciplinamiento.

5. Actividades formativas bajo sospecha: La prohibición de inducir al estudiantado a participar en actividades político-electorales es razonable. Sin embargo, la redacción es tan amplia que podría interpretarse que cualquier salida de aula, visita a una organización social o proyecto comunitario con componente de incidencia ciudadana cae dentro de lo prohibido. Esto no significa que vaya a aplicarse así, pero la mera posibilidad puede disuadir a muchas personas de organizar actividades valiosas desde el punto de vista formativo. El efecto práctico, aunque no deseado, es que el horizonte de lo posible se reduce.

¿Casualidad o estrategia? La geopolítica de la pedagogía del silencio

La pregunta que surge al observar este mapa no es si Costa Rica copió a Brasil o a España. La pregunta es otra: ¿por qué este discurso emerge con tanta fuerza en distintos países, en distintos momentos y con distintos gobiernos?

La respuesta probablemente no sea una conspiración, sino una confluencia de intereses. En contextos de polarización, crisis de representación y ascenso de discursos autoritarios, controlar la educación se vuelve una prioridad estratégica. Quien define lo que puede enseñarse, define lo que puede pensarse. Y quien define lo que puede pensarse, define lo que puede transformarse.

La educación popular, desde Paulo Freire hasta la actualidad, ha insistido en que enseñar es un acto político, no en el sentido partidista, sino en el sentido de que toda práctica educativa o bien reproduce el orden existente o bien contribuye a transformarlo.

Las iniciativas como Escola Sem Partido, el pin parental o las leyes antirracismo crítico en EE.UU. no son medidas pedagógicas. Son medidas de contención del pensamiento crítico. Y la circular costarricense, aunque con un tono más institucional y menos confrontativo, se inscribe en esa misma lógica: generar incertidumbre para reducir la autonomía docente y, cuando sea necesario, activar el aparato disciplinario para sancionar a quien se salga del guion.

¿Puede existir una educación completamente neutral?

Toda selección de contenidos supone decisiones. Todo currículo privilegia ciertos temas y deja otros en segundo plano. Todo ejemplo utilizado en el aula ilumina una parte de la realidad y deja otra en la sombra. Incluso el silencio educa.

Cuando una clase evita hablar sobre conflictos porque podrían resultar incómodos, también está enseñando algo. Está enseñando que existen temas frente a los cuales es preferible guardar silencio. Y ese aprendizaje también es político.

Paradójicamente, el mayor proselitismo no siempre es el que lleva una bandera o un color partidario. Existe otro mucho más discreto: el que convierte el orden existente en algo natural e incuestionable.

  • -Cuando problematizar la desigualdad comienza a percibirse como un riesgo.

  • -Cuando analizar un conflicto ambiental parece demasiado delicado.

  • -Cuando el debate sobre derechos humanos genera temor.

  • -Cuando el profesorado empieza a preguntarse si es más prudente callar que preguntar.

Entonces el aula no se vuelve neutral. Se vuelve silenciosa. Y el silencio nunca ha sido una posición neutral.

Aquí aparece la advertencia más profunda de Étienne de La Boétie: el poder no necesita vigilantes permanentes cuando las personas han interiorizado que obedecer es más seguro que pensar. El filósofo francés lo expresó con claridad: «Los hombres sirven porque se acostumbran a la servidumbre y la encuentran natural.»

Ese es el peligro que la circular, sin quererlo quizás, puede acelerar. No se trata de que un día un funcionario llegue a decirle a cada docente qué debe callar. Se trata de que, poco a poco, los propios educadores empiecen a calcular el costo de cada pregunta, de cada ejemplo, de cada debate. Y cuando ese cálculo se vuelve automático, la obediencia ya no necesita ser impuesta; se ha vuelto voluntaria.

La Educación Popular y la confianza como brújula

La educación popular ha insistido durante décadas en una idea sencilla: enseñar no consiste en decirle al estudiantado qué debe pensar, sino en ofrecer herramientas para comprender críticamente el mundo que habita. Esa tarea exige pluralidad, rigor y apertura al diálogo. Pero también requiere confianza en el criterio profesional del personal docente y en su capacidad para conducir conversaciones difíciles sin convertir el aula en una tribuna partidaria.

Por eso el dilema que plantea Civil War sigue siendo vigente.

  • -Tony Stark tenía razones para pedir controles.

  • -Steve Rogers tenía razones para desconfiar de ellos.

El problema nunca fue elegir entre uno y otro. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio donde la necesaria protección frente al proselitismo no termine debilitando aquello que la escuela pública está llamada a cultivar: la capacidad de preguntar, deliberar y pensar críticamente.

La Circular DM-CIR-0047-2026, vista a la luz de la experiencia internacional, deja de ser un documento aislado para convertirse en un eslabón más de una cadena global que busca disciplinar el pensamiento docente. Probablemente sus redactores no se sentaron a diseñar una estrategia de criminalización. Pero el efecto práctico, medido en el clima que genera, apunta en esa dirección.

Y aquí La Boétie nos deja una pregunta incómoda que ningún funcionario, ninguna circular ni ningún ministro pueden responder por nosotros:

Si un día los docentes ya no discuten, ya no problematizan, ya no preguntan… ¿será porque se lo prohibieron o porque simplemente se acostumbraron a no hacerlo?

Entre la circular y la conciencia

La pregunta, entonces, no es si debemos impedir el proselitismo electoral. Esa es una condición básica de cualquier democracia. La pregunta es otra: ¿Queremos docentes que actúen únicamente cuando están seguros de que nadie cuestionará sus decisiones?

¿O queremos profesionales capaces de ejercer su criterio pedagógico con responsabilidad, ética y libertad de cátedra, aun cuando ello implique acompañar al estudiantado en conversaciones complejas sobre la realidad que comparte?

Porque, al final, Civil War nunca trató únicamente sobre superhéroes. Trató sobre una sociedad que comenzó a desconfiar de quienes educaban, protegían y tomaban decisiones. Y toda democracia debería preguntarse si el camino hacia una educación más libre comienza multiplicando los controles o fortaleciendo la confianza.

¿Casos aislados o una tendencia global? Claves para leer la disputa contemporánea por la educación.

Hasta aquí, la discusión podría interpretarse como un debate exclusivamente costarricense. Sin embargo, las palabras nunca viajan solas. Conceptos como neutralidad, adoctrinamiento, objetividad o libertad de enseñanza han comenzado a ocupar un lugar central en las políticas educativas de distintos países, aunque bajo contextos, gobiernos y marcos normativos diferentes. Esto no significa que estemos frente a procesos idénticos ni que respondan a una estrategia única; significa, más bien, que existe una tendencia internacional que merece ser observada críticamente. La siguiente matriz no busca establecer equivalencias mecánicas entre experiencias tan diversas como las de Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, España o Argentina. Su propósito es ofrecer una herramienta de lectura que permita identificar convergencias, reconocer diferencias y, sobre todo, formular preguntas desde la educación popular acerca de qué tipo de ciudadanía, de escuela y de democracia comienza a configurarse cuando la neutralidad se convierte en el principal horizonte del discurso educativo.

Dimensión de análisis

Circular MEP Costa Rica (2026)

Brasil (Escola sem Partido)

Estados Unidos

España (Pin Parental / Vox)

Argentina (debate reciente)

Preguntas críticas desde la educación popular

Problema que se dice combatir

Proselitismo político-electoral y adoctrinamiento.

Adoctrinamiento ideológico del profesorado.

«Indoctrinación», teoría crítica de la raza, diversidad.

Adoctrinamiento ideológico y educación sexual.

Adoctrinamiento en escuelas y universidades.

¿Quién define qué constituye adoctrinamiento?

Valor que se invoca

Neutralidad, objetividad pedagógica.

Neutralidad política.

Libertad de los padres, objetividad.

Libertad de las familias.

Libertad de pensamiento.

¿La neutralidad existe o constituye otra posición política?

Figura presentada como riesgo

Docente que influye políticamente al estudiantado.

Profesor militante.

Profesor «activista».

Docente e instituciones educativas.

Docentes y universidades públicas.

¿Por qué el profesorado pasa a ser objeto de sospecha?

Mecanismo de regulación

Lineamientos, supervisión, procedimientos disciplinarios.

Denuncias contra docentes, proyectos de ley.

Restricciones curriculares y legislación estatal.

Autorización familiar para actividades específicas.

Discursos gubernamentales y reformas propuestas.

¿Se fortalece el diálogo pedagógico o el control institucional?

Concepción del conocimiento

Objetividad, equilibrio y apego al currículo.

Conocimiento sin ideología declarada.

Contenidos considerados «objetivos».

Prioridad a valores familiares.

Crítica a las ciencias sociales y enfoques críticos.

¿Quién decide qué conocimientos son legítimos?

Temas más sensibles

Política, ideologías, debates públicos, evaluación.

Política, género, historia, derechos humanos.

Racismo, género, sexualidad, historia.

Igualdad, diversidad, educación sexual.

Memoria, género, universidad pública.

¿Qué conflictos sociales quedan fuera del aula?

Posibles efectos

Autocensura, incertidumbre docente.

Vigilancia y temor a denuncias.

Restricción de contenidos.

Limitación de actividades educativas.

Deslegitimación del pensamiento crítico.

¿Qué ocurre con la formación ciudadana?

Relación con la democracia

Neutralidad como garantía institucional.

Neutralidad como límite al activismo docente.

Protección frente al adoctrinamiento.

Defensa del derecho de las familias.

Recuperación de una educación «sin ideología».

¿La democracia requiere neutralidad o deliberación crítica?

Adoctrinamiento de la neutralidad: cuando el silencio es la doctrina

La circular del MEP se presenta como defensora de la «neutralidad» frente al «adoctrinamiento». Pero esta operación descansa sobre una falacia: que la neutralidad existe y que es deseable.

Desde la educación popular sostenemos lo contrario: la neutralidad es un mito funcional al poder. Quien exige neutralidad no está pidiendo ausencia de posición, está pidiendo sumisión al orden establecido. Y esa sumisión, cuando se impone como norma, se convierte en la forma más eficaz de adoctrinamiento: el adoctrinamiento que nos convence de que no debemos pensar.

¿Qué significa realmente «neutralidad» en educación?
Lo que dice la neutralidadEl adoctrinamiento que promueve
«No tomar partido»Enseña que el orden actual es natural e incuestionable.
«No imponer opiniones»Enseña que el conocimiento crítico es peligroso.
«Mostrar todas las perspectivas»Enseña que todas las opiniones valen lo mismo.
«Evitar el adoctrinamiento»Enseña que hay temas que no deben discutirse.
«Respetar las convicciones de las familias»Enseña que la ignorancia es un derecho.

Primeros pasos para una definición, la neutralidad como proceso de adoctrinamiento es mediante el cual se impone, bajo la apariencia de objetividad, la norma de no cuestionar el orden establecido. Su mecanismo no es la imposición de una doctrina, sino la prohibición silenciosa de la crítica. Su efecto no es formar ciudadanos autónomos, sino sujetos conformes que han interiorizado que pensar es peligroso.

Una propuesta para leer la circular sin miedo: claves para una interpretación crítica

La Circular DM-CIR-0047-2026 no es un simple recordatorio administrativo. Es un instrumento laboral que, bajo la apariencia de defender la neutralidad, promueve una forma sutil pero profunda de adoctrinamiento: el adoctrinamiento del silencio.

Su lógica procede desde el punto de vista del control: no prohíbe explícitamente el análisis crítico, pero introduce un clima de sospecha que vuelve riesgoso cualquier cuestionamiento del orden establecido. El mensaje que transmite, aunque no esté escrito, es claro: «Problematizar la desigualdad, analizar conflictos sociales o debatir derechos humanos puede ser interpretado como proselitismo. Mejor no arriesgarse.»

Esa es la paradoja más profunda de la circular, se presenta como defensa contra el adoctrinamiento, pero su efecto práctico es instalar un adoctrinamiento inverso: el que convierte el silencio en norma como buen comportamiento laboral.

Lo que la circular realmente hace: un adoctrinamiento de la neutralidad
Lo que dice la circularLo que realmente haceEl adoctrinamiento que promueve
«Prohibición de proselitismo»Amplía el concepto de «proselitismo» hasta volverlo una categoría difusa que puede aplicarse a cualquier análisis crítico.Enseña que problematizar el orden es peligroso.
«Neutralidad pedagógica»Exige una «objetividad» imposible, que en la práctica se traduce en evitar temas controversiales.Enseña que hay temas que no deben discutirse.
«Apego al currículo oficial»Limita el análisis a lo que ya está aprobado, impidiendo abordar temas de coyuntura urgente.Enseña que la realidad que no está en el programa no merece ser analizada.
«Posibilidad de denuncia»Introduce un mecanismo de vigilancia que genera miedo y autocensura.Enseña que el docente es un sospechoso, no un profesional.
«Remisión al Departamento de Asuntos Disciplinarios»Convierte la práctica pedagógica en un campo minado donde cualquier interpretación puede ser sancionada.Enseña que ejercer la libertad de cátedra es un riesgo.
Una matriz para leer la circular desde la crítica

A continuación, una matriz de interpretación crítica que permite leer la circular no como un conjunto de prohibiciones, sino como un documento que revela una estrategia de disciplinamiento.

Lo que dice la circularLo que realmente haceLectura críticaEstrategia de resistencia pedagógica
«Prohibición de proselitismo, propaganda o adoctrinamiento»Criminaliza cualquier práctica que no se alinee con el discurso oficial.El proselitismo es captación partidista; el análisis crítico es develación de poder. Son cosas distintas.Documentar cada actividad: vincularla al currículo, explicitar fuentes diversas y objetivos pedagógicos.
«Neutralidad político-electoral y pedagógica»Exige una «neutralidad» imposible que, en la práctica, es sumisión al orden establecido.La educación nunca es neutral. La circular no busca neutralidad, busca silenciamiento.Explicitar el marco ético (Derechos Humanos, equidad, justicia social) y distinguirlo de una preferencia partidista.
«Evitar la selección sesgada de materiales»Prohíbe usar fuentes críticas o de movimientos sociales, presentándolas como «sesgadas».La pluralidad no es «dar el mismo peso a todo», sino mostrar las distintas perspectivas y sus fundamentos.Presentar fuentes diversas (incluyendo las críticas al poder) y enseñar al estudiantado a analizarlas con criterio.
«Abstenerse de imponer la opinión personal como verdad institucional»Impide que el docente guíe el análisis, incluso cuando su formación lo habilita.La opinión personal puede ser un insumo para el análisis, siempre que se presente como tal.Nombrar la propia posición como una más, y abrir el espacio para que el estudiantado construya la suya.
«Promover la deliberación y la argumentación razonada»Reduce la deliberación a un «debate» superficial, sin consecuencias políticas.La deliberación auténtica implica confrontar ideas, analizar intereses y asumir posiciones.Diseñar actividades donde el estudiantado deba argumentar, contrastar y defender sus posiciones con evidencia.
«Las actividades formativas pueden ser interpretadas como político-electorales»Amplía la sospecha a cualquier actividad comunitaria o de incidencia ciudadana.La participación ciudadana es un derecho y un aprendizaje legítimo.Planificar con anticipación y vincular cada actividad a un objetivo curricular explícito.
«Remitir al Departamento de Asuntos Disciplinarios»Instala el miedo a la denuncia como mecanismo de control preventivo.La denuncia infundada no debería prosperar si la práctica está documentada y fundamentada.Construir un portafolio pedagógico que evidencie el rigor, la pluralidad y el vínculo con el currículo.
Posdata para futuras circulares

Mientras esta nota llegaba a su punto final, reapareció un curioso material didáctico. No provenía de un sindicato, de una universidad ni de un docente de Estudios Sociales. Provenía del acto oficial de apertura del curso lectivo 2025.

En aquella actividad, el hoy expresidente Rodrigo Chaves expresó públicamente su aspiración de que el país eligiera una Asamblea Legislativa con 40 diputados que respaldaran un proyecto político de cambio.

Y entonces surgió una duda que ningún manual de mediación pedagógica parece resolver.

Si ese video fuera proyectado en una clase de Educación Cívica para analizar el discurso político, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, las estrategias de persuasión o el funcionamiento de la democracia costarricense… ¿estaríamos frente a una excelente actividad curricular o frente a una posible infracción de la Circular DM-CIR-0047-2026?

Quizá haga falta un anexo aclaratorio.

Artículo 1. La política no debe entrar al aula.

Artículo 2. Salvo cuando ya entró desde el acto oficial de inauguración del curso lectivo.

Porque la neutralidad, como concepto pedagógico, tiene una curiosa habilidad: parece volverse mucho más sencilla cuando las palabras vienen desde el poder y mucho más compleja cuando alguien propone analizarlas críticamente.

Después de todo, la mejor prueba de una democracia no consiste en que el profesorado aprenda a guardar silencio frente a los discursos políticos, sino en que pueda convertir esos mismos discursos —vengan de quien vengan— en objeto de análisis, deliberación y pensamiento crítico. De lo contrario, el problema ya no sería el supuesto adoctrinamiento del aula, sino la extraña idea de que algunos discursos políticos pueden pronunciarse libremente, pero no discutirse libremente.

Rerencias:

Acín Izquierdo, Bárbara (2023). El pin parental: ¿al servicio de la educación o de la disputa política? Trabajo de Fin de Grado. Universidad de Zaragoza

 Aguirre, Elías (2025). Los espectros de Milei: el pensamiento político-educativo de la constelación liberal/libertaria en la cuestión del Estado docente en Argentina. Espacios en Blanco. Serie Indagaciones, 36 (2).

Deutsche Welle. (2024, 5 de abril). Argentina castigará el «adoctrinamiento en las escuelas».

Frigotto, Gaudêncio (Org.). (2017). Escola «sem» partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Hess, Frederick (2020). The next conservative education agenda. National Affairs, (42), 1-18.

La Boétie, Étienne. de. (2016). Discurso sobre la servidumbre voluntaria.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026). Lineamientos sobre neutralidad político-electoral, prohibición de proselitismo y mediación pedagógica objetiva en centros educativos públicos (Circular DM-CIR-0047-2026).

Moilanen, Antti, y Huttunen, Rauno (2025). Indoctrination and the aims of democratic political education: Challenges and answers. Educational Theory, 75 (5), 823-848.

United States, Executive Office of the President. (2025, January 29). Executive Order 14190: Ending radical indoctrination in K-12 schooling. Federal Register.

Crédito imágenes: Marvel Comics

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La Escuela Ambulante y la extraordinaria capacidad de administrar la imposibilidad

with No Comment Reflexión

Nota de la Coordinación de la Escuela Ambulante

La Escuela Ambulante, prevista para realizarse del 20 al 23 de julio en la Región Huetar Norte, ha sido oficialmente cancelada.

No fue por falta de estudiantes. Tampoco porque las comunidades dejaran de esperarnos. No fue por ausencia de presupuesto, por problemas de transporte, por falta de planificación ni porque el territorio hubiera desaparecido del mapa.

La actividad contaba con recursos, un itinerario construido y una red de organizaciones dispuestas a abrir sus puertas para compartir conocimientos, experiencias y preguntas.

Después de gestiones, descubrimos algo mucho más interesante: que una actividad académica puede reunir todas las condiciones para realizarse y, aun así, no encontrar una ruta administrativa que le permita existir.

Como toda buena experiencia educativa, decidimos no desperdiciar la lección.

Ya que la Escuela Ambulante no podrá recorrer los territorios, esta vez recorreremos otro paisaje igual de complejo: ese lugar donde las buenas ideas se encuentran con los procedimientos, las competencias, los oficios, las interpretaciones normativas y la extraordinaria capacidad institucional para convertir una posibilidad en un expediente.

El profesor invitado de esta clase será Koro-sensei, quien intentará responder una pregunta que nunca apareció en el programa del curso:

¿Cómo puede una universidad impedir un viaje sin decir nunca que estaba prohibido?

Permítanme presentarme.

Soy Koro-sensei.

Durante mucho tiempo he tenido una particular obsesión: observar cómo aprenden las personas. No solamente en las aulas, donde los pizarrones están llenos de conceptos ordenados y las evaluaciones buscan medir respuestas correctas, sino también en esos espacios donde el conocimiento aparece de maneras menos cómodas: una conversación con una comunidad, una caminata por un territorio, una historia contada por alguien que ha defendido un río durante años o la mirada sorprendida de una persona estudiante cuando descubre que el país que estudiaba en los libros tiene rostros, conflictos y memorias.

Por eso me interesó mucho una experiencia llamada Escuela Ambulante.

Su nombre ya contenía una pequeña provocación. Una escuela que no espera que el mundo llegue hasta ella, sino que decide moverse. Una escuela que entiende que hay conocimientos que no caben dentro de un aula y que algunas de las mejores lecciones no ocurren frente a una pantalla, sino caminando junto a quienes han construido saber desde la vida cotidiana.

La idea era sencilla, aunque las cosas sencillas suelen ser las más difíciles de sostener: estudiantes, docentes y comunidades encontrándose en un territorio para aprender juntos.

Una idea bastante peligrosa para una universidad. No porque sea incorrecta. Sino porque obliga a la institución a recordar para qué existe.

La Escuela Ambulante no fue cancelada porque faltara entusiasmo. Tampoco porque las comunidades no quisieran recibirla, porque las personas estudiantes no estuvieran interesadas o porque la actividad careciera de sentido académico. Al contrario, existía una red de personas esperando ese encuentro.

La dificultad apareció en otro lugar. Apareció en ese territorio misterioso que todo universitario conoce: el espacio entre una buena idea y la posibilidad administrativa de realizarla.

Ahí vive una criatura peculiar. No tiene rostro. No tiene nombre. Pero todos la hemos visto. Se alimenta de formularios, procedimientos, interpretaciones, competencias y responsabilidades cuidadosamente delimitadas. Es la burocracia.

Y antes de que alguien se moleste conmigo, debo aclarar algo como buen profesor: la burocracia no es una enemiga. Una institución pública necesita reglas. Necesita controles. Necesita cuidar los recursos que pertenecen a toda la sociedad.

Una universidad sin procedimientos sería una universidad vulnerable. Pero una universidad donde los procedimientos terminan teniendo más capacidad de detener una iniciativa que de acompañarla también enfrenta un problema. Porque una regla debería funcionar como un puente. Nunca como un muro.

Lo más interesante de esta historia es que nadie tuvo que decir «no». Esa es quizás la parte más sofisticada de la situación. No hubo una prohibición explícita. No hubo una puerta cerrada con llave.

Lo que ocurrió fue mucho más complejo: cada instancia respondió desde sus propios límites, sus responsabilidades y sus precauciones. Cada pieza del engranaje funcionó según su lógica particular. Y, sin embargo, cuando todas esas respuestas se juntaron, el resultado fue que una actividad pensada para acercar la Universidad a los territorios dejó de tener un camino claro para realizarse.

Una pequeña paradoja universitaria. Cada parte hizo lo correcto desde su lugar. Pero el conjunto produjo una imposibilidad. Es como construir un hermoso puente donde cada persona encargada de una sección decide cuidadosamente no colocar la última tabla porque no está dentro de sus funciones.

El puente queda perfectamente diseñado. Solo que nadie puede cruzarlo.

La parte más curiosa de esta clase es que la Universidad suele enseñar algo muy valioso a sus estudiantes: que los problemas complejos requieren soluciones creativas.

Se les invita a pensar críticamente. A cuestionar. A imaginar alternativas. A buscar caminos donde otros solamente ven obstáculos. Pero a veces la propia institución parece olvidar esa lección cuando debe aplicársela a sí misma.

Cuando una iniciativa de acción social aparece, debería surgir una pregunta fundamental: ¿Cómo hacemos posible este encuentro? Sin embargo, muchas veces la primera pregunta parece transformarse en: ¿Qué riesgos implica hacerlo?

La diferencia parece pequeña. Pero cambia completamente la dirección del camino. Una pregunta busca construir. La otra busca proteger. Y una universidad pública necesita ambas cosas, pero nunca debería permitir que la segunda destruya la primera.

Lo más triste de esta historia no es la cancelación de una gira. Las fechas pueden cambiar. Los planes pueden modificarse. Las actividades pueden esperar.

Lo más preocupante es preguntarnos cuántas experiencias nunca llegan a existir porque las personas que intentan construirlas terminan agotadas antes de llegar al territorio.

Porque detrás de cada actividad universitaria hay alguien haciendo algo que rara vez aparece en los informes: convenciendo personas, coordinando horarios, llamando comunidades, preparando materiales, imaginando metodologías y sosteniendo con voluntad aquello que todavía no tiene una estructura administrativa suficientemente clara.

La Universidad tiene muchas personas que quieren trabajar. Personas que creen en su misión. Personas que no ven la acción social como una obligación más, sino como una manera distinta de hacer Universidad. Pero una institución no puede depender únicamente del sacrificio personal de quienes la sostienen. La pasión puede iniciar los procesos. No debería ser el mecanismo permanente para mantenerlos vivos.

Quizás la lección de esta Escuela Ambulante sea precisamente esa. No una lección sobre fracaso. Sino sobre una pregunta que vale la pena dejar escrita en el pizarrón:

¿Qué ocurre cuando una universidad tiene muchas razones para explicar por qué algo es difícil, pero pocas herramientas para demostrar cómo hacerlo posible?

Tal vez el desafío no sea eliminar las reglas. Tal vez sea recordar que las reglas existen para cuidar una misión, no para reemplazarla.

Porque una universidad pública no se mide únicamente por sus edificios, sus publicaciones o sus procedimientos correctamente cumplidos.

También se mide por su capacidad de caminar. De escuchar. De llegar. De aprender con quienes están fuera de sus paredes.

Esta vez la Escuela Ambulante no llegó al territorio. Y quizás esa sea precisamente la lección que más deberíamos estudiar. Porque algunas clases no se pierden cuando se suspenden.

Algunas clases comienzan justamente cuando nos obligan a preguntarnos por qué no pudimos realizarlas.

Atentamente,

Koro-sensei

Profesor invitado de una clase que todavía espera aprender a salir del aula.

P.D. Como todo buen profesor, no puedo terminar esta clase sin expresar un agradecimiento. No precisamente a quienes hicieron posible la Escuela Ambulante, sino a quienes, desde la impecable lógica de los procedimientos, lograron demostrar que una universidad puede disponer de recursos, contar con estudiantes comprometidos, comunidades esperándola, una propuesta académica sólida y, aun así, encontrar la manera de no salir del edificio.

También quisiera agradecer a todas las interpretaciones normativas, procedimientos, competencias, responsabilidades cuidadosamente delimitadas, oficios, precauciones y temores administrativos que hicieron posible este extraordinario ejercicio pedagógico. Gracias a ellos, comprobamos que una actividad no necesita ser rechazada para no realizarse; basta con rodearla de suficientes condiciones, traslados de responsabilidad y cautelas institucionales hasta que termine cancelándose por agotamiento.

Confieso que es una lección que difícilmente habría podido enseñar en un aula. Pocas veces se observa con tanta claridad cómo una institución puede invertir semanas discutiendo quién debe asumir la responsabilidad de una actividad, mientras la actividad misma deja de existir.

Pero quizá la enseñanza más valiosa fue otra. Aprendimos que es posible proteger con extraordinaria eficacia los procedimientos, incluso cuando aquello que debía protegerse era el encuentro entre la Universidad y la sociedad. La Escuela Ambulante nunca llegó al territorio, pero los expedientes permanecieron impecablemente resguardados, las competencias cuidadosamente delimitadas y las responsabilidades perfectamente distribuidas. Imagino que, en algún archivo institucional, esta actividad fue un completo éxito administrativo.

Como profesor, debo reconocer que admiro semejante hazaña: convertir una propuesta de acción social en una impecable lección sobre cómo administrar la imposibilidad. No todos los días se demuestra con tanta precisión que la forma más elegante de decir «no» consiste en no pronunciar jamás esa palabra.

Sobre el autor: Koro-sensei es profesor de tiempo completo, especialista en convertir errores en oportunidades de aprendizaje y firme defensor de las clases que ocurren fuera del aula. Su experiencia incluye impartir lecciones a velocidades difíciles de medir, visitar territorios antes de que termine el recreo y demostrar que la mejor evaluación suele ser una buena pregunta.

Ha desarrollado líneas de investigación poco convencionales, entre ellas: Burocracias que sobreviven a cualquier reforma, Ecología del formulario extraviado, Metodologías para aprender caminando y Análisis comparado entre un expediente perfectamente archivado y una comunidad que sigue esperando.

Entre sus principales publicaciones destacan Cómo enseñar sin dejar de aprender, El arte de equivocarse con elegancia y Manual básico para sobrevivir a reuniones donde nadie puede decidir nada. Ninguna de ellas existe, pero todas deberían.

Actualmente se desempeña como profesor invitado de la Escuela Ambulante de Asuntos que No Salen en el Examen, donde insiste en que los territorios también son bibliotecas, las comunidades también son profesoras y que una universidad solo termina de comprender un problema cuando se atreve a caminar hasta él.

En su tiempo libre colecciona preguntas incómodas, desconfía de las soluciones demasiado simples y mantiene una curiosa costumbre: creer que los procedimientos deberían ayudar a que las cosas sucedan, en lugar de convertirse en la razón por la que dejan de ocurrir.

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Cuando una comunidad cuida un río: más de una década de memoria y vigilancia sobre el río Pizote

with No Comment COMUNIDADES

Antes que un informe técnico, antes que una inspección institucional y antes que cualquier expediente administrativo, hubo una comunidad que comenzó a observar. Durante más de una década, personas vecinas de Birmania de Upala han recorrido las orillas del río Pizote —también conocido como río Niño—, han fotografiado sus cambios, han compartido sus preocupaciones y han solicitado que las transformaciones que perciben sean investigadas. Esa historia, construida desde la memoria y la vigilancia comunitaria, constituye hoy uno de los registros más importantes para comprender la situación de este río de la Zona Norte.

En la discusión pública sobre los conflictos ambientales suele ponerse atención únicamente cuando aparece un estudio técnico o una resolución institucional. Sin embargo, los procesos de deterioro de un ecosistema casi nunca comienzan ahí. Antes de los informes, casi siempre existe una comunidad que observa, compara, recuerda y documenta.

Eso ha ocurrido en Birmania, distrito de Dos Ríos, cantón de Upala.

Durante más de diez años, habitantes de esta comunidad han construido una memoria colectiva sobre las transformaciones del río Pizote, también conocido como río Niño. Lo que comenzó como conversaciones entre vecinos sobre cambios en el cauce se convirtió, con el paso del tiempo, en recorridos comunitarios, registros fotográficos, solicitudes de inspección, denuncias, reuniones institucionales y un esfuerzo permanente por comprender qué estaba ocurriendo con uno de los bienes comunes más importantes del territorio.

Hoy, distintos informes públicos, inspecciones institucionales y registros comunitarios permiten reconstruir una historia mucho más amplia que la de un hecho aislado. Se trata de una experiencia de vigilancia comunitaria que demuestra el papel fundamental que desempeñan las comunidades en la protección de los ecosistemas.

Un río que conecta territorio, comunidad y vida

El río Pizote forma parte de la red hídrica que nace en las faldas del volcán Rincón de la Vieja y atraviesa comunidades agrícolas y ganaderas de la Zona Norte de Costa Rica.

Durante generaciones ha sido mucho más que un curso de agua. Ha sido un lugar para aprender a nadar, pescar, compartir en familia y encontrarse con otras personas de la comunidad. También constituye un corredor ecológico que sostiene la biodiversidad y contribuye al equilibrio ambiental de la cuenca.

Por eso, cuando un río cambia, quienes primero lo perciben son las personas que conviven diariamente con él. Las comunidades conocen dónde existían antiguas pozas, recuerdan el comportamiento del agua durante el invierno, identifican la vegetación ribereña y reconocen cuándo el paisaje comienza a transformarse. Ese conocimiento cotidiano constituye una forma de ciencia comunitaria que complementa los estudios técnicos y aporta información indispensable para comprender los procesos ambientales.

La persistencia de quienes nunca dejaron de observar

Si hoy es posible reconstruir buena parte de la historia reciente del río Pizote, es gracias al trabajo constante de personas que decidieron mantener viva la memoria del territorio.

Entre ellas destaca David Menjívar, vecino de Birmania y uno de los principales impulsores de la vigilancia comunitaria sobre el río durante más de una década.

Su aporte ha trascendido la denuncia puntual. Durante años ha recorrido el río, documentado cambios mediante fotografías y videos, conservado registros, compartido información con instituciones, acompañado inspecciones y promovido que las preocupaciones de la comunidad no quedaran en el olvido.

Su trabajo ha permitido construir una memoria ambiental del río que hoy resulta invaluable. Muchas de las observaciones que actualmente forman parte del debate público fueron registradas inicialmente por personas de la comunidad que, como David, comprendieron que proteger un río también implica observarlo, registrar sus transformaciones y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones.

Esa trayectoria fue recuperada recientemente en un episodio del pódcast Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes. En esa conversación, David recuerda un río que durante décadas fue espacio de recreación, encuentro comunitario y convivencia, al tiempo que comparte las transformaciones que ha observado a lo largo de su vida.

Más allá de una entrevista, su testimonio constituye un ejercicio de memoria territorial. Demuestra que el conocimiento ambiental no nace únicamente de los estudios especializados; también se construye desde la experiencia cotidiana de quienes habitan un territorio durante décadas.

Su historia reivindica una dimensión poco reconocida de la defensa ambiental: la paciencia de quienes dedican años a observar, registrar y cuidar un bien común sin abandonar el compromiso con su comunidad.

Una historia que comenzó mucho antes

Las preocupaciones sobre el estado del río Pizote no son recientes. Desde al menos 2015, David Menjivar y varias personas vecinas comenzaron a advertir cambios en distintos sectores del cauce. A partir de esos primeros reportes se realizaron inspecciones por parte de diferentes instituciones, incluyendo actuaciones policiales y visitas técnicas, mientras la comunidad continuaba recopilando información sobre las transformaciones observadas.

Con el paso de los años, lejos de desaparecer, las preocupaciones persistieron. En 2021, organizaciones comunitarias recuperaron a partir de una noticia en redes sociales parte de esa memoria colectiva y recordaron que ocho años atrás ya se habían documentado modificaciones importantes en el río. Entre las observaciones registradas se encontraban la formación y desaparición de pozas, caída de árboles, cambios en la profundidad del cauce y otras transformaciones observadas tanto aguas arriba como aguas abajo de sectores donde históricamente se desarrollan actividades de extracción de materiales.

En esa misma oportunidad también se planteó la necesidad de estudiar con mayor profundidad situaciones percibidas por la comunidad, como la disminución del caudal en algunos sectores, procesos de erosión, pérdida de vegetación ribereña y cambios en especies asociadas al ecosistema del río.

Asimismo, se hizo referencia a la existencia de diversos expedientes relacionados con concesiones para extracción de material en el sector, según la información disponible en el Catastro Minero nacional, así como a la necesidad de valorar los riesgos asociados a procesos de desbordamiento y erosión que afectaban a familias de la comunidad.

Aquella recuperación de información no buscaba establecer conclusiones definitivas, sino poner en común un conjunto de observaciones acumuladas durante años y solicitar que fueran analizadas mediante estudios técnicos e investigaciones institucionales.

Las alertas continúan

Durante 2026 la comunidad volvió a expresar su preocupación tras observar nuevos cambios en distintos sectores del río. Luego de varios episodios de lluvia, personas vecinas señalaron que la disminución del caudal permitió apreciar con mayor claridad procesos que, desde su perspectiva, requerían una evaluación especializada.

Las observaciones comunitarias hicieron énfasis en posibles cambios del lecho del río, procesos de erosión y alteraciones que consideraban necesario investigar mediante inspecciones independientes. También insistieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar transparencia en el seguimiento institucional.

Como ha ocurrido desde hace varios años, la comunidad reiteró que corresponde a las autoridades competentes determinar, mediante procedimientos técnicos y administrativos, las causas de las transformaciones observadas y definir las medidas que resulten necesarias para la protección del río.

Los informes técnicos dialogan con la memoria comunitaria

Recientemente, un informe elaborado por el gobierno local (Municipalidad Upala, 2026) incorporó nuevas observaciones derivadas de una inspección realizada en el sitio.

El documento registra, entre otros aspectos, procesos de socavamiento en algunos sectores del río, incorpora registros fotográficos y consigna diversas observaciones técnicas y administrativas realizadas durante el recorrido.

Más que constituir un punto de partida, este informe se suma a un proceso de seguimiento construido durante años por la comunidad.

Su principal valor radica en que aporta nuevos elementos para comprender un proceso que las personas vecinas habían venido documentando mucho antes de la elaboración del informe.

La vigilancia comunitaria también produce conocimiento

Uno de los aprendizajes más importantes que deja la experiencia del río Pizote es que las comunidades producen información ambiental de enorme valor público.

  • -Cada fotografía tomada durante años.
  • -Cada recorrido por las orillas del río.
  • -Cada conversación entre generaciones.
  • -Cada solicitud de inspección.
  • -Cada registro conservado.

Todo ello constituye un patrimonio de conocimiento que complementa el trabajo científico e institucional.

La vigilancia comunitaria no reemplaza las competencias de las autoridades ni los estudios especializados. Los fortalece. Permite identificar señales tempranas, orientar investigaciones y construir una comprensión más amplia de los procesos que experimentan los territorios.

También representa una forma concreta de cuidado. Porque cuidar un río no significa únicamente reaccionar cuando aparece un problema evidente. Significa observarlo de manera permanente, conservar su memoria, compartir información y mantener vivo el vínculo entre las personas y el territorio.

Cuidar la memoria para cuidar los bienes comunes

La historia del río Pizote deja una enseñanza que trasciende a Birmania. Los bienes comunes se protegen cuando las comunidades participan activamente en su cuidado. Cuando registran los cambios del paisaje. Cuando dialogan con las instituciones. Cuando recuperan la memoria de quienes han vivido toda una vida junto al río. Cuando las nuevas generaciones aprenden que la defensa del territorio comienza por conocerlo.

En esa historia, el trabajo de David Menjívar ocupa un lugar fundamental. Su constancia demuestra que la defensa de un río no siempre ocurre en los grandes titulares. Muchas veces se construye caminando una y otra vez sus orillas, guardando fotografías durante años, conversando con vecinos, acompañando inspecciones y sosteniendo la convicción de que la memoria también puede convertirse en una forma de protección.

En tiempos de crisis climática y de crecientes presiones sobre los ecosistemas, esa experiencia recuerda que las comunidades no solo son testigos de las transformaciones ambientales. Son también productoras de conocimiento, guardianas de la memoria territorial y protagonistas indispensables en la construcción de una gestión ambiental más democrática.

Porque los ríos no se cuidan únicamente desde los expedientes o los informes técnicos. También se cuidan desde la mirada atenta de quienes nunca dejan de caminar junto a ellos.

Referencia:

CRM Costa Rica Multimedia TV. (2021, 5 de marzo). Vecinos y vecinas de la comunidad de Birmania de Upala han venido planteando la necesidad de evaluar a profundidad los impactos ambientales que ha sufrido el río Pizote

Municipalidad de Upala. (2026). Informe MU-MA-INF-001-2026. Informe de inspección ambiental sobre el río Pizote. Gestión Ambiental, Municipalidad de Upala.