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CartmanCast Política Premium: Manual para estudiar el poder sin reconocerlo cuando está en tu oficina

El 22 de junio de 2026, el sitio web de apoyo a Boaventura de Sousa Santos anunció el cierre definitivo de todos los procedimientos judiciales contra el sociólogo. Según la versión difundida por su defensa, el Ministerio Público portugués archivó las investigaciones por «falta de denuncias formales», y la demanda por difamación interpuesta por el académico quedó sin efecto tras el desistimiento de las denunciantes. El caso se cierra. Los tribunales archivan. Pero nosotros y nosotras, aprovechamos que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en tantos lugares para hacer la pregunta que no se archiva con el expediente: ¿cuántas denuncias de abuso en la academia terminan archivadas no porque sean falsas, sino porque el sistema está diseñado para que sostenerlas resulte más costoso que callar?

Y queremos ser claros desde el principio: Sobre el proceso judicial concreto, nuestra reflexión no juzga ese caso en particular, ni sus protagonistas, ni la veracidad de las denuncias. Lo usamos como ventana para mirar un problema que trasciende a cualquier persona: la dificultad estructural que tienen las instituciones de conocimiento para escuchar críticas internas sin activar mecanismos de defensa corporativa. Dicho esto, empecemos…

Bienvenidas y bienvenidos a CartmanCast Política Premium.

Hoy vamos a hablar de un lugar fascinante.

Un lugar donde se estudian las relaciones de poder, pero donde a veces nadie quiere hablar del poder. Un lugar donde se producen investigaciones sobre desigualdad, jerarquías y dominación, pero donde, ocasionalmente, algunas personas reaccionan con profunda incomodidad cuando alguien sugiere que esos mismos fenómenos podrían existir dentro de la propia institución.

Sí. Vamos a hablar de la academia.

Ese ecosistema extraordinario donde una persona puede dedicar veinte años a explicar cómo funcionan las élites, el patriarcado, el colonialismo y las estructuras de dominación global, pero sufrir una crisis existencial si alguien le pregunta quién toma las decisiones dentro de su departamento.

Porque, aparentemente, el poder siempre está en otra parte.

-Está en los gobiernos.

-Está en las corporaciones.

-Está en los organismos internacionales.

-Está en los partidos políticos.

Pero jamás en una oficina universitaria llena de libros, artículos indexados y tazas de café con frases de Paulo Freire.

Y como en este podcast somos profundamente irresponsables con las zonas de confort, hoy vamos a hacer una pregunta que resuena en los pasillos pero rara vez se escucha en los auditorios: ¿Puede una institución dedicada a estudiar las desigualdades terminar reproduciendo algunas de ellas?

Pónganse cómodos. O incómodos. Que para este tema probablemente sea más apropiado.

Para empezar a responder a esa pregunta, debemos recordar las lecciones que la propia academia nos ha enseñado.

Durante décadas, la academia crítica nos enseñó a identificar el poder allí donde parecía invisible. Aprendimos que las relaciones de dominación no dependen únicamente de la fuerza, que el poder puede expresarse a través del prestigio, de las jerarquías, de la capacidad para definir qué conocimientos son legítimos y cuáles no. Aprendimos que las instituciones pueden producir silencios, normalizar desigualdades y proteger privilegios mientras se presentan como espacios comprometidos con la justicia.

Sin embargo, hay una pregunta que las universidades suelen formular con mucha menos frecuencia: ¿qué ocurre cuando esas mismas dinámicas aparecen dentro de la propia academia?

Y esta pregunta no es un ejercicio de teoría abstracta. No es menor. Tampoco es nueva. Cada cierto tiempo emergen testimonios, denuncias y relatos que obligan a mirar detrás de la imagen idealizada de la universidad como refugio del pensamiento crítico. Historias que hablan de abuso de poder, hostigamiento, apropiación del trabajo intelectual, discriminación, acoso o explotación académica. Historias que, independientemente de cómo concluyan los procesos institucionales o judiciales, exponen una realidad difícil de ignorar: las universidades también son espacios atravesados por relaciones de poder. Y quizás ahí reside una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo.

Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La primera razón está en una falsa creencia: la idea de que el prestigio elimina las relaciones de poder.

Existe una tendencia a pensar que las universidades funcionan principalmente a partir de argumentos, ideas y debates racionales. Como si el conocimiento circulara en un espacio neutral donde todas las personas participan en igualdad de condiciones. La realidad, sin embargo, suele ser bastante más compleja.

La vida académica está organizada alrededor de jerarquías. Algunas son formales y visibles. Otras operan de manera más sutil. Hay quienes tienen acceso a recursos, financiamiento, publicaciones, redes internacionales, becas, puestos de investigación y capacidad para abrir o cerrar puertas. Hay quienes poseen reconocimiento acumulado durante décadas. Hay quienes se convierten en referentes de una disciplina o incluso en símbolos de determinadas corrientes de pensamiento.

Nada de esto es necesariamente problemático. El problema aparece cuando el prestigio deja de ser reconocimiento y comienza a funcionar como poder incuestionable. Porque allí donde existen fuertes asimetrías también aparecen riesgos. No es casualidad que muchas de las discusiones contemporáneas sobre violencia en la academia tengan como telón de fondo relaciones profundamente desiguales entre personas que ocupan posiciones distintas dentro de la estructura universitaria.

Quien dirige un proyecto no ocupa el mismo lugar que quien depende de ese proyecto para sostener una beca. Quien decide publicaciones no ocupa el mismo lugar que quien necesita publicar para continuar una carrera académica. Quien controla redes institucionales no ocupa el mismo lugar que quien intenta abrirse espacio en ellas. Ignorar estas diferencias no elimina el problema. Simplemente lo vuelve invisible.

Pero si las jerarquías son el escenario, el silencio es el mecanismo que permite que la obra continúe.

Las universidades suelen reaccionar con incomodidad cuando estas discusiones aparecen. En ocasiones porque existe una preocupación legítima por garantizar procedimientos justos. Pero también porque las denuncias suelen poner en cuestión algo más profundo: la imagen que las instituciones construyen sobre sí mismas.

Es entonces cuando aparece un fenómeno conocido. La conversación deja de centrarse en las experiencias relatadas y pasa a girar alrededor del prestigio de las personas involucradas, la reputación institucional o los posibles daños a la imagen de la organización. La institución comienza a preguntarse cómo protegerse. Mucho menos frecuente es que se pregunte qué condiciones hicieron posible que determinadas experiencias ocurrieran.

Y es que las violencias no son fenómenos aislados.

Rara vez prosperan en el vacío. Necesitan contextos. Necesitan silencios. Necesitan culturas organizativas donde ciertas conductas se normalizan, se minimizan o se justifican porque quien las ejerce es considerado demasiado importante, demasiado influyente o demasiado valioso para ser cuestionado. Por eso el problema nunca es únicamente individual. También es institucional.

Esta dinámica nos lleva a una de las reacciones más perversas del sistema: tratar a las víctimas como una amenaza.

Uno de los aspectos más preocupantes de estos debates es la facilidad con que quienes denuncian terminan siendo presentados como una amenaza. De repente, el foco deja de estar en las relaciones de poder que hicieron posible determinadas experiencias y se desplaza hacia las personas que decidieron hablar. Se cuestionan sus motivaciones. Se examinan sus trayectorias. Se pone bajo sospecha su credibilidad. Se les exige un nivel de perfección moral que rara vez se exige a quienes ocupan posiciones de autoridad.

Mientras tanto, la pregunta central queda suspendida: ¿qué nos están diciendo esos testimonios sobre la forma en que organizamos la producción del conocimiento?

Escuchar a las víctimas no implica renunciar a principios fundamentales como el debido proceso o el derecho a la defensa. Tampoco significa asumir automáticamente la culpabilidad de nadie. Significa reconocer que existe una responsabilidad ética de tomar en serio aquello que se está denunciando y de preguntarse qué aspectos de nuestras instituciones necesitan transformarse. Porque una universidad comprometida con la democracia no debería temerle a la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda.

Y hablando de incomodidad, hay un tema que la academia maneja con particular torpeza: el acoso y abuso sexual.

No se nos olvida. El acoso y el abuso sexual en la academia suele ser uno de esos temas que la institución maneja con una mezcla muy particular de incomodidad selectiva y memoria corta. Se habla de él en los protocolos, en los comunicados, en los talleres obligatorios que nadie quiere dar ni recibir. Pero en la vida cotidiana universitaria, muchas veces opera como ese fenómeno que «todos saben que existe», pero que rara vez se nombra en voz alta si no hay un escándalo demasiado público como para seguir mirando hacia otro lado.

La academia no es solo un espacio de ideas. Es también un espacio de jerarquías bastante concretas. Quien evalúa, dirige, recomienda, financia o publica tiene poder real sobre trayectorias que todavía están en construcción. En ese escenario, el abuso no necesita presentarse como algo explícito o excepcional: puede camuflarse en decisiones académicas, evaluaciones «objetivas», oportunidades que aparecen o desaparecen sin mucha explicación, o silencios que se vuelven costumbre.

El problema se vuelve aún más delicado cuando se cruza con algo que la institución maneja con especial cuidado: su reputación. Porque cuando emergen denuncias, la pregunta rara vez empieza por las condiciones que las hicieron posibles. Más bien aparece el reflejo institucional de control de daños. Se revisa el lenguaje, se ajustan los procedimientos, se pide prudencia, se recuerda el debido proceso. Todo eso es importante, sí. Pero en paralelo suele quedar intacta la pregunta incómoda: qué tipo de estructuras permiten que alguien tenga suficiente poder como para que otras personas teman hablar.

En ese contexto, denunciar no es simplemente relatar un hecho. Es entrar en un terreno donde la desigualdad ya juega antes de que empiece cualquier procedimiento formal. Quien denuncia suele hacerlo desde una posición más frágil, con más que perder y menos margen de maniobra. Y esa asimetría no desaparece porque exista un reglamento; a lo sumo, se administra. Quizás por eso este tema incomoda tanto. No solo por lo que revela sobre conductas individuales, sino porque obliga a mirar algo más estructural: que incluso en los espacios que se dedican a estudiar el poder, el poder sigue operando, a veces con una sofisticación bastante académica.

Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Llegamos al punto central, el que la academia siempre ha exigido a los demás y rara vez se aplica a sí misma: la crítica comienza por casa.

Quizás la mayor lección que deja esta discusión sea una profundamente política.

Durante años, la academia crítica ha señalado las múltiples formas mediante las cuales opera el poder en nuestras sociedades. Ha denunciado el patriarcado, el racismo, el colonialismo y las desigualdades económicas. Ha mostrado cómo las instituciones pueden reproducir relaciones de dominación incluso cuando afirman combatirlas. La pregunta ahora es si está dispuesta a aplicar ese mismo ejercicio sobre sí misma. No para destruir la universidad. No para alimentar campañas de desprestigio. Sino precisamente para fortalecerla.

Porque una institución que no puede escuchar a quienes denuncian abusos termina pareciéndose demasiado a aquellas estructuras de poder que durante décadas dijo combatir. Y porque ninguna producción de conocimiento verdaderamente emancipadora puede construirse sobre el silencio de quienes han sido lastimados. La crítica, después de todo, comienza por casa.

Epílogo Premium para personas fácilmente ofendibles

Si llegaron hasta aquí, probablemente hay dos posibilidades.

La primera es que estén de acuerdo.

La segunda es que ya estén redactando un correo explicando por qué esta reflexión constituye un ataque sistemático contra la universidad, el conocimiento, la civilización occidental y posiblemente la física cuántica.

Pero permítanme ser claro: el punto nunca fue atacar la academia. De hecho, es exactamente al revés. Las universidades son demasiado importantes como para tratarlas como iglesias. Demasiado importantes como para convertirlas en espacios donde ciertas preguntas no pueden formularse. Demasiado importantes como para creer que el prestigio sustituye la rendición de cuentas.

Quienes señalan abusos, silencios o relaciones problemáticas de poder no necesariamente están debilitando la universidad. Muchas veces están intentando salvarla de sí misma. Porque las instituciones no se vuelven más democráticas cuando esconden sus contradicciones. Se vuelven más democráticas cuando son capaces de enfrentarlas.

En conclusión, si la academia quiere seguir enseñándonos cómo funcionan las relaciones de poder, quizás el mejor punto de partida sea aceptar una idea bastante sencilla: las relaciones de poder no desaparecen mágicamente cuando alguien obtiene un doctorado.

Nos escuchamos en la próxima edición de CartmanCast Política Premium. Ese espacio donde hacemos preguntas incómodas para que otras personas tengan reuniones incómodas.

El Libro que la Academia No Quiere que Leas

Ya que hemos pasado el rato señalando las contradicciones de la academia, sería injusto no dejar sobre la mesa el material que hizo posible este episodio.

El libro se titula Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Lo editan Ana Bravo-Moreno y Francisco Javier Ogáyar-Marín. Y es, básicamente, el manual de instrucciones que nadie pidió para entender por qué las universidades son ese lugar tan maravilloso y tan terrible al mismo tiempo.

¿Qué encontrarán dentro?

  1. Testimonios de abuso de poder en universidades de Argentina, España, Estados Unidos, Indonesia, México y Reino Unido.
  2. Personas que han tenido que usar seudónimos para contar su historia porque, incluso hoy, denunciar en la academia sigue siendo más peligroso que callar.
  3. Análisis sobre endogamia, clientelismo, acoso sexual, fabricación de artículos científicos y eso que los editores llaman «violencia sistémica».
Pueden descargar el libro aquí.

 

Pero también, y esto es lo importante, es un libro de resistencia. No se limita a señalar el problema. Ofrece herramientas para pensarlo, para nombrarlo y, quizás, para empezar a transformarlo. Porque si algo hemos aprendido hoy es que la crítica, como decíamos, comienza por casa. Y que callar, cuando se tiene la posibilidad de hablar, también es una decisión política.

¿Es cómodo? No. ¿Es necesario? Absolutamente.

Y está disponible en acceso abierto. Porque el conocimiento crítico, al fin y al cabo, también es un bien común. Y porque la única forma de que las universidades dejen de parecerse a las estructuras de poder que dicen combatir es empezar a mirarlas con ojos críticos.

Así que ya saben: si este episodio les ha generado incomodidad, si han reconocido algo de lo que hemos hablado en sus propias experiencias o en las de sus colegas… quizás sea el momento de dejar de quejarse y empezar a leer.

Nos leemos en la próxima edición. O, mejor dicho, nos leemos en las páginas de este libro.

Referencias:

Apoyo Boaventura (2025). Difamación: toda la verdad documentada. Apoyo Boaventura Sousa

Apoyo Boaventura. (2026). Cerrados definitivamente todos los procedimientos contra Boaventura de Sousa Santos. Apoyo Boaventura Sousa.

Bravo-Moreno, Ana, y Ogáyar-Marín, Francisco Javier (Eds.). (2026). Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Peter Lang.

Camacho Muñoz, Mariana. (2023). Boaventura y la irresponsabilidad en la academia. Dejusticia. 

Manica, Daniela y Gama, Fabiene (2025). Qué No Hacer Si Te Acusan De Acoso: El Caso De Boaventura de Souza Santos. CASTAC Blog.

OpenDemocracy. (2024). Sociólogo Boaventura de Sousa Santos enfrenta nuevas denuncias de acoso. openDemocracy. 

¿Por qué un observatorio de bienes comunes habla de esto?

Porque el conocimiento es un bien común.

Porque las universidades, aunque a veces lo olviden, son espacios de producción de conocimiento que pertenece a la sociedad. No son feudos privados de unos pocos. No son clubes exclusivos donde el prestigio se hereda o se compra con favores. Son instituciones que deberían estar al servicio de la colectividad, no al servicio de sus propias élites.

Y porque los bienes comunes no son solo recursos naturales o infraestructuras digitales. También son las condiciones que hacen posible que el conocimiento circule, que se produzca de manera ética y que esté al alcance de quienes más lo necesitan.

Cuando una universidad permite el abuso de poder, el acoso, la endogamia o la corrupción, no está fallando solo a sus estudiantes o a su personal. Está fallando a la sociedad entera. Está debilitando la confianza en la institución que debería ser la más fiable para generar saber crítico. Está diciendo, en voz baja pero con hechos, que el conocimiento también puede ser un botín.

Por eso desde este observatorio miramos la academia. No para destruirla, sino para recordarle que su compromiso no es con sus propias jerarquías, sino con la verdad y con la justicia. Y porque creemos que señalar las contradicciones de quienes estudian el poder también es una forma de cuidar el bien común.

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¿Molesta el FEES? La universidad pública y la democratización de la palabra

¿Qué pierde una sociedad cuando las voces de sus comunidades dejan de ser escuchadas? ¿Qué ocurre cuando los territorios solo aparecen en la conversación pública de manera ocasional o a través de narrativas construidas por actores externos?

El testimonio de David Menjívar Moreno, vecino de la comunidad de Birmania de Upala, invita a reflexionar sobre estas preguntas. Con más de cinco décadas de vida en la comunidad, don David destaca la importancia de que la Universidad de Costa Rica mantenga una presencia activa en los territorios, no solo para compartir conocimiento, sino también para documentar experiencias, acompañar procesos comunitarios y contribuir a que las realidades locales formen parte de la discusión nacional.

Sus palabras ponen sobre la mesa una diferencia fundamental entre los medios orientados principalmente por lógicas comerciales y la labor que realizan las universidades públicas. Mientras gran parte de la información que circula en la sociedad está condicionada por criterios de rentabilidad, audiencia o pauta publicitaria, la universidad tiene la posibilidad de acercarse a realidades que suelen quedar fuera de los focos mediáticos y generar espacios donde las comunidades puedan expresar sus preocupaciones, conocimientos y propuestas.

La relevancia de esta labor no radica únicamente en difundir información. También tiene que ver con quiénes tienen la posibilidad de participar en la construcción del debate público. Con frecuencia, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las organizaciones territoriales o las personas que enfrentan conflictos socioambientales aparecen en la agenda pública de forma fragmentada o excepcional. Rara vez son reconocidas como actores capaces de interpretar su propia realidad y aportar lecturas valiosas sobre los desafíos que enfrenta el país.

En este sentido, la acción social, la investigación comprometida y los espacios de comunicación impulsados desde la universidad pública contribuyen a democratizar la palabra. No se trata únicamente de hablar sobre las comunidades, sino de crear condiciones para que sus experiencias y saberes circulen en el espacio público, dialoguen con otros conocimientos y disputen narrativas construidas desde centros de poder político, económico o mediático.

Cuando un vecino como David Menjívar comparte su lectura sobre los cambios observados en Birmania de Upala, no está ofreciendo solamente un testimonio personal. Está aportando una interpretación de la realidad construida desde décadas de experiencia, observación y arraigo territorial. Reconocer el valor de estas voces amplía nuestra comprensión de los problemas colectivos y fortalece la deliberación democrática.

Las palabras de don David también recuerdan que la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no se limita al financiamiento de las universidades públicas. Implica defender la posibilidad de que estudiantes, docentes e investigadores continúen desarrollando proyectos que acompañan a las comunidades, fortalezcan procesos organizativos y amplíen los espacios donde distintos sectores de la sociedad puedan hacerse escuchar.

Una democracia necesita información, pero también necesita instituciones capaces de escuchar, investigar y acompañar a las comunidades. Necesita espacios donde distintas voces puedan encontrarse, debatir y confrontar visiones sobre el presente y el futuro. La universidad pública es una de esas instituciones. Por eso su defensa no es solamente una cuestión presupuestaria: es una apuesta por el derecho de la sociedad a comprenderse a sí misma, a reconocer la diversidad de saberes que la conforman y a construir colectivamente su futuro.

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«Ya no es el río que conocimos»: memoria, cambios y preocupaciones desde Birmania de Upala

Un río que conecta territorio, comunidad y vida

Birmania es una pequeña comunidad ubicada en el distrito de Dos Ríos, cantón de Upala, en la Zona Norte de Costa Rica, a unos 32 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Se trata de una región marcada por la producción agrícola y ganadera, atravesada por ríos que nacen en las faldas del volcán Rincón de la Vieja y forman parte de una compleja red hídrica que conecta territorios, comunidades y ecosistemas.

Uno de esos ríos es el Río Niño, también conocido como Río Pizote. Sus aguas han acompañado durante décadas la vida cotidiana de las personas que habitan la zona, convirtiéndose en un espacio de recreación, encuentro comunitario y observación de la naturaleza.

Una conversación desde la experiencia de quienes habitan el territorio

En esta edición de Sentires y Saberes, conversamos con David Menjívar, vecino de Birmania desde hace más de cinco décadas, quien comparte sus recuerdos sobre el río, los cambios que ha observado a lo largo del tiempo y las preocupaciones que existen actualmente en torno a la extracción de materiales de su cauce.

A partir de su experiencia, la conversación permite reflexionar sobre las transformaciones ambientales que experimentan los territorios, el papel de las comunidades en la observación y defensa de los bienes comunes, así como los desafíos institucionales para garantizar la protección de los ecosistemas.

Algunos temas claves:
  • -El Río Niño ha sido históricamente un espacio de encuentro, recreación y convivencia para las comunidades de la zona.
  • -Las personas que habitan los territorios suelen ser las primeras en identificar cambios y afectaciones ambientales.
  • -La extracción continua de materiales del cauce ha generado preocupaciones por la pérdida de vegetación ribereña, cambios en la dinámica del río y afectaciones a especies acuáticas.
  • -Los procesos de transformación ambiental también impactan prácticas cotidianas y espacios de recreación comunitaria.
  • -La defensa de los bienes comunes no se limita a las denuncias: incluye acciones de cuido, restauración y observación permanente del territorio.
  • -El conocimiento comunitario constituye una fuente valiosa para comprender los cambios que experimentan los ecosistemas.
  • -Las nuevas generaciones cuentan con más herramientas para informarse, participar y asumir un papel activo en el cuidado de la naturaleza.

Más que una entrevista sobre un río, este diálogo nos invita a pensar en la relación entre memoria, territorio y responsabilidad colectiva. Le invitamos a escuchar este nuevo episodio de Sentires y Saberes y conocer la mirada de una persona que ha dedicado gran parte de su vida a observar, cuidar y defender el Río Niño.

Galería
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¿Derechos para quien los conoce? Salud, ciudadanía y la peligrosa idea de la “gente sencilla”

Las declaraciones de la diputada Marta Esquivel sobre las personas que recurren a la Sala Constitucional para exigir atención médica han generado una amplia discusión pública. La controversia se concentró inicialmente en una frase: quienes presentan recursos de amparo para acceder a servicios de salud serían, según sus palabras, “ticos con corona”. Sin embargo, la discusión más relevante quizás no se encuentra ahí.

Al explicar sus afirmaciones, la legisladora sostuvo que las personas “más sencillas” muchas veces no acuden a la Sala Constitucional porque desconocen cuál es su función. La observación, lejos de cerrar el debate, abre preguntas fundamentales sobre la forma en que entendemos la ciudadanía, los derechos y la igualdad en Costa Rica.

Porque si el acceso efectivo a los derechos depende de cuánto conocemos sobre las instituciones, los procedimientos o los mecanismos legales disponibles, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo que una lista de espera o una disputa sobre prioridades administrativas.

Estamos frente a una discusión sobre quién puede ejercer sus derechos y quién queda excluido de hacerlo.

La desigualdad que se esconde detrás de los derechos

Formalmente, todas las personas tienen derecho a la salud y acceso a los mecanismos constitucionales para defender ese derecho. Pero la realidad social rara vez funciona de manera tan simple.

No todas las personas cuentan con el mismo nivel de información. No todas conocen los procedimientos institucionales. No todas tienen acceso a asesoría jurídica, redes de apoyo o acompañamiento organizativo. No todas disponen del tiempo, los recursos o la confianza necesaria para enfrentar procesos administrativos y judiciales.

En otras palabras, la existencia formal de un derecho no garantiza automáticamente la capacidad real de ejercerlo. Por eso resulta problemático interpretar que quienes presentan recursos de amparo constituyen una suerte de grupo privilegiado frente a quienes no lo hacen.

La pregunta relevante no es por qué algunas personas logran reclamar sus derechos.

La pregunta es por qué otras personas, enfrentando situaciones similares,

no cuentan con las mismas herramientas para hacerlo.

Cuando el acceso efectivo a un derecho depende del conocimiento, la información o la capacidad de movilización individual, la desigualdad deja de estar únicamente en los ingresos o las condiciones materiales. También aparece en la posibilidad misma de ser reconocido como sujeto de derechos.

Ciudadanía no es obedecer: es poder reclamar

Las democracias no se construyen únicamente a partir de elecciones periódicas o instituciones formales. También dependen de la capacidad de las personas para exigir rendición de cuentas y reclamar el cumplimiento de los derechos que el propio ordenamiento jurídico reconoce.

Desde esta perspectiva, los recursos de amparo no representan una anomalía del sistema democrático. Son parte de sus mecanismos de protección.

La Sala Constitucional no fue creada para atender casos excepcionales de personas privilegiadas. Fue concebida precisamente para garantizar que cualquier persona pueda defenderse cuando considera que una institución pública ha vulnerado un derecho fundamental.

Presentar un recurso de amparo no constituye un privilegio. Más bien evidencia el ejercicio de una ciudadanía activa que busca hacer efectivos derechos previamente reconocidos. Por ello, una democracia saludable debería preocuparse menos por quienes reclaman y más por las barreras que impiden que otras personas puedan hacerlo.

Los recursos de amparo como síntoma institucional

Existe además una dimensión que suele desaparecer del debate.

Cada recurso de amparo en materia de salud cuenta una historia previa.

-Una cita que nunca llegó.

-Una cirugía postergada durante años.

-Un examen que se retrasa indefinidamente.

-Un medicamento que no se entrega.

-Un tratamiento cuya espera pone en riesgo la calidad de vida de una persona.

Por esa razón, los recursos de amparo no deberían analizarse únicamente como un problema administrativo que altera listas de espera. También son indicadores de tensiones acumuladas dentro del sistema de salud.

Si durante décadas miles de personas han tenido que acudir a la Sala Constitucional para obtener atención médica, la pregunta no puede dirigirse exclusivamente hacia quienes presentan los recursos.

También debe dirigirse hacia la capacidad institucional para resolver las causas que los producen. Después de miles de resoluciones judiciales, órdenes constitucionales y llamados de atención, ¿por qué continúan reproduciéndose los mismos conflictos?

-¿Por qué los recursos siguen siendo necesarios?

-¿Por qué la respuesta institucional continúa llegando, en muchos casos, solamente después de la intervención judicial?

La persistencia de este fenómeno revela desafíos de gestión, planificación y organización que no desaparecen señalando a quienes recurren a los mecanismos constitucionales disponibles.

La paradoja de la “gente sencilla”

La referencia a la “gente sencilla” contiene una paradoja particularmente preocupante.

Si aceptamos que existe una parte de la población que desconoce cómo defender sus derechos, la conclusión lógica debería ser fortalecer los mecanismos de información, acompañamiento y acceso a la justicia. Sin embargo, el razonamiento parece desplazarse en otra dirección.

En lugar de preguntarnos por qué algunas personas no pueden reclamar, terminamos cuestionando a quienes sí lo hacen. De esta forma, la desigualdad deja de ser vista como un problema público que debe corregirse y pasa a convertirse en una característica naturalizada del sistema.

Pero una sociedad democrática no debería asumir con normalidad que ciertas personas conocen y ejercen sus derechos mientras otras permanecen excluidas de esa posibilidad. La existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría no es una expresión de igualdad. Es precisamente su negación.

¿Dónde se coloca el foco del problema?

La discusión sobre los recursos de amparo también revela algo más profundo: la manera en que se distribuyen las responsabilidades cuando una institución enfrenta dificultades.

Con frecuencia, la atención pública se concentra en las personas que reclaman atención médica, en las listas de espera o en los mecanismos judiciales que buscan corregir situaciones concretas. Sin embargo, rara vez se dedica la misma energía a examinar los factores estructurales que limitan la capacidad de respuesta de la institución.

La historia reciente de la CCSS ha estado marcada por denuncias de corrupción, cuestionamientos sobre procesos de contratación, conflictos relacionados con intermediaciones privadas y los llamados «biombos», problemas de planificación, así como debates recurrentes sobre el uso de recursos públicos y la orientación de las inversiones institucionales.

A ello se suman problemas de carácter financiero que afectan directamente la sostenibilidad del sistema. Durante décadas, distintos sectores han señalado las consecuencias del incumplimiento en el pago de obligaciones patronales, las deudas acumuladas del Estado con la institución, las dificultades para recuperar recursos adeudados y los desafíos asociados a la informalidad laboral.

También han existido cuestionamientos sobre dinámicas de articulación entre la medicina privada y la atención pública, donde algunas personas con capacidad de pago acceden primero a consultas especializadas privadas y posteriormente buscan que determinados procedimientos, cirugías o tratamientos sean asumidos por la seguridad social. Más allá de los casos particulares, estas situaciones suelen alimentar debates sobre equidad, uso de recursos públicos y las distintas formas en que el poder adquisitivo puede influir en los recorridos de atención dentro del sistema de salud.

Ninguno de estos problemas puede explicarse por la existencia de recursos de amparo. Por el contrario, todos ellos inciden directamente sobre la capacidad administrativa, financiera y técnica que permite a la institución cumplir su misión.

Cuando faltan recursos, cuando la planificación es insuficiente, cuando la gestión enfrenta obstáculos persistentes o cuando intereses particulares logran capturar espacios de decisión, las consecuencias terminan manifestándose en aquello que la población experimenta cotidianamente: listas de espera prolongadas, atrasos en procedimientos, limitaciones en la cobertura y dificultades para garantizar una atención oportuna.

Resulta paradójico que el debate sobre los supuestos «ticos con corona» se concentre en personas que recurren a mecanismos constitucionales para exigir una atención que consideran necesaria, mientras otras formas de privilegio vinculadas al acceso diferencial a información, redes profesionales, servicios privados o capacidades económicas suelen recibir una atención mucho menor en la discusión pública.

Por eso resulta llamativo que el debate se concentre en quienes intentan acceder a mecanismos constitucionales de protección y no en las condiciones que hacen cada vez más difícil que la institución responda adecuadamente sin necesidad de intervención judicial.

Si la preocupación es fortalecer la Caja, entonces la discusión no puede limitarse a quienes presentan recursos de amparo. También debe incluir una reflexión crítica sobre las prácticas, decisiones e intereses que erosionan la capacidad institucional de uno de los principales pilares del Estado social costarricense.

La pregunta de fondo no es únicamente quién reclama.

La pregunta es qué estamos haciendo —o dejando de hacer— para que la institución pueda responder de manera oportuna, universal y equitativa a las necesidades de la población.

La política de la “gente sencilla”

Quizás uno de los aspectos más problemáticos de esta discusión sea el uso de la expresión «gente sencilla». En apariencia, la frase transmite cercanía, empatía y reconocimiento hacia sectores populares. Sin embargo, en el contexto de las declaraciones analizadas, su función parece ser otra.

La categoría no se utiliza para denunciar que miles de personas enfrentan dificultades para acceder a información sobre sus derechos. Tampoco para cuestionar las barreras que impiden a muchas personas reclamar atención médica oportuna. Mucho menos para señalar las desigualdades que limitan el acceso efectivo a la justicia. Por el contrario, la expresión aparece para explicar por qué algunas personas no presentan recursos de amparo y, al mismo tiempo, para diferenciarles de quienes sí lo hacen.

De esta forma, la «gente sencilla» deja de ser un sujeto cuyos derechos deben fortalecerse y se convierte en un argumento dentro de una discusión sobre quién reclama y quién no reclama.

La paradoja es evidente. Si efectivamente existen personas que desconocen los mecanismos para defender sus derechos, la respuesta democrática debería consistir en ampliar el acceso a la información, fortalecer la educación cívica y garantizar mayores condiciones de acompañamiento y protección.

Lo contrario implica naturalizar la desigualdad. Implica aceptar que algunas personas cuentan con herramientas para defenderse mientras otras permanecen excluidas de esa posibilidad.

Más preocupante aún es que la expresión termine funcionando como una forma de romantizar la vulnerabilidad. Como si la condición de «gente sencilla» consistiera precisamente en esperar, soportar y adaptarse a las deficiencias institucionales sin cuestionarlas. Pero la dignidad de las personas no se expresa en su capacidad de resignarse.

Se expresa en su capacidad de ejercer plenamente sus derechos. Desde esta perspectiva, el verdadero problema no es que algunas personas conozcan los mecanismos constitucionales para defenderse. El problema es que todavía existan tantas otras que no cuentan con las mismas oportunidades para hacerlo.

Por eso, si realmente existe preocupación por la «gente sencilla», la discusión no debería centrarse en quienes presentan recursos de amparo.

Debería centrarse en las condiciones que obligan a miles de personas a esperar durante meses o años por una atención médica, en las barreras que limitan el ejercicio efectivo de sus derechos y en las responsabilidades políticas e institucionales que hacen posible esa situación.

Porque una sociedad democrática no se mide por la cantidad de personas que soportan silenciosamente una injusticia. Se mide por su capacidad para garantizar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, puedan reclamar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

La salud como bien común

La discusión trasciende incluso el ámbito jurídico. La CCSS constituye uno de los principales bienes comunes sociales construidos a lo largo de la historia del país. Su existencia expresa una convicción colectiva: que el acceso a la salud no debe depender de la riqueza, el origen social o la capacidad de pago de cada persona.

Sin embargo, la fortaleza de un bien común no puede medirse únicamente por su infraestructura, su cobertura o sus indicadores financieros. También debe evaluarse por su capacidad para garantizar igualdad efectiva en el acceso a los derechos que administra.

Cuando la atención médica depende crecientemente de quién sabe reclamar, quién conoce los procedimientos o quién logra movilizar recursos jurídicos, aparecen señales de fragmentación que afectan la legitimidad misma del sistema.

Por eso la discusión no debería enfrentar a quienes presentan recursos contra quienes permanecen en listas de espera.

La verdadera pregunta es otra.

¿Cómo construir una institución capaz de garantizar el derecho a la salud sin que miles de personas deban acudir a los tribunales para hacerlo efectivo?

Porque una Caja fuerte no es aquella donde la ciudadanía deja de reclamar. Es aquella donde reclamar deja de ser necesario. Y una democracia más igualitaria no es aquella donde algunas personas conocen sus derechos mientras otras no. Es aquella donde todas cuentan con las mismas posibilidades reales de ejercerlos.

Referencia:

Hidalgo, Kristin (2026, 11 de junio). “Y lo mantengo”: Marta Esquivel reafirma que quienes acuden a la Sala IV por atención médica son “ticos con corona”. AmeliaRueda.com

Crédito imagenes: Semanario Universidad.

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«Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema»

Texto: Andrea Espinoza y Janice Peters

Fotografías: Sofía Padilla

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El Colectivo Antonio Saldaña organizó una reunión el sábado 16 de mayo para conversar sobre distintas problemáticas que vive el territorio bribri de Talamanca. A continuación se comparte un resumen de las intervenciones que realizaron distintas personas integrantes de diversas comunidades del territorio.

Al retomar la historia del pueblo indígena Bribri, nos recordaron que antes de la colonización y el genocidio, la única forma de vida que reinaba era la suya. Dentro del territorio, se respetaba su propia constitución, (una forma sikua de entender este suceso) ahora los problemas son externos. Actualmente, existen conflictos que no se resuelven con los códigos indígenas, porque estos problemas son creados por las personas sikua (persona no indígena). Entonces, las personas indígenas fueron forzadas a este nuevo sistema de leyes que no respeta su identidad ni cultura. 

Justamente, Filidencio Cubillo, recalcó que la identidad de las personas indígenas se ha visto invisibilizada por el sistema occidental y con ello negada por años. Se dice que Costa Rica es un país donde el lema es “sepamos ser libres, no siervos menguados”, pero esto no aplica para las personas indígenas. Donde, su libertad esta mediada por un sistema colonial que les excluye y no les deja disfrutar su vida. Incluso, las repercusiones llegan a afectar a las personas más jóvenes. 

Como el caso de las escuelas, donde las personas estudiantes reciben clases 1 día a la semana de bribri, en comparación con las otras materias. De la mano con la ausencia del idioma, tampoco hay esfuerzos por enseñar la legalidad indígena en los centros educativos. En consecuencia, las infancias están desconectadas de la cultura, y de la lucha contra la estructura. Porque hay un sistema que los y las empuja a salir de su propia cultura e insertarse en las dinámicas occidentales. 

Precisamente, la escuela se guía bajo un sistema que solo reconoce una única forma de existir, y quienes no se ajusten a esa norma se les excluye. A raíz de esa situación, Ornicio Reyes, recalcó que dentro de la educación de este país no aceptan las formas de orden de los pueblos indígenas. Estas formas han funcionado para regular sus propios problemas, pero tristemente, no son respetadas, porque no se ajustan a la lógica neoliberal del país. Lógica en la cual el desarrollo es sinónimo de construir proyectos que atentan contra el medio ambiente y los animales. 

Sin embargo, las desigualdades que enfrenta la comunidad Bribri no se limitan solamente a los ámbitos culturales o educativos. Adicionalmente existen otras condiciones materiales que reflejan con más claridad y contundencia el abandono histórico por parte del Estado costarricense. Problemas relacionados con el acceso al agua, la violencia de personas dentro del territorio y la falta de apoyo institucional afectan la vida diaria de muchas familias indígenas, quienes día con día se enfrentan a un sistema legal que no responde ni reconoce sus necesidades y sus formas de organización.

Durante la charla se mencionó que los conflictos relacionados con el acceso al agua fueron llevados hasta la Sala Constitucional, la cual mediante sentencia en firme condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y ordena solucionar las problemáticas existentes. No obstante, a la resolución judicial, estas afectaciones continúan sin resolverse, de esta manera, evidencian que un reconocimiento formal de derecho no necesariamente se traduce a un reconocimiento material de los mismos para las comunidades indígenas.

Asimismo, durante la reunión se mencionó como algunos productos fundamentales para la economía de la comunidad, como lo son el banano y el cacao, son pagados a precios sumamente bajos. Un ejemplo de esto es el precio del kilogramo de cacao, este ronda los trecientos colones, siendo que el esfuerzo y el trabajo indígena continúa siendo subvalorado dentro de un sistema que prioriza y se beneficia de su producción sin garantizar condiciones dignas para las comunidades.  

Ante todo, esto, muchas personas jóvenes encuentran dificultades para poder continuar sus estudios, especialmente cuando las becas se hacen escasas y las ayudas económicas son inexistentes. De alguna manera, es el mismo sistema quien empuja a las personas fuera de territorio, de sus dinámicas culturales para adaptarse a estructuras externas que no les aceptan plenamente y que no reconocen plenamente su identidad, dejándolos en un limbo donde no son lo suficientemente occidentales, pero tampoco son lo suficientemente indígenas.

A pesar de la existencias de discursos institucionales sobre la inclusión y diversidad, muchas comunidades consideran que sus necesidades solo reciben atención dentro de contextos políticos específicos, como las elecciones presidenciales. Fuera de este espacio las demandas relacionadas con territorio, infraestructura y reconocimiento jurídico continúan siendo ignoradas sistemáticamente.

La situación se vuelve más contradictoria analizando la narrativa de la memoria histórica nacional. El 12 de octubre continúa siendo presentado en diversos contextos como un día de celebración, de relación entre culturas, aunque para muchos pueblos indígenas esta fecha representa el inicio de procesos de violencia, despojo y muerte.

La experiencia expuesta demuestra que muchas de las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas siguen siendo normalizadas dentro de la estructura del país y a la visión de miles de personas. La frase «Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema» fue expresada por Ornicio Reyes y resume esa sensación de vivir en un sistema que no fue hecho para los pueblos originarios y que no busca adaptarse o siquiera reconocer su existencia pero que sin embargo constantemente les exige encajar en el mismo. A pesar de todo, las comunidades continúan resistiendo, defendiendo fielmente su territorio, cultura y su forma de vida.

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25/03/2023 - El historiador Carlo Ginzburg, retratado en su casa en Bolonia (Italia) ©Jacobo Medrano    ----PIEFOTO----

Carlo Ginzburg y las huellas del poder: pistas para pensar los bienes comunes desde abajo

La muerte de Carlo Ginzburg (1939-2026) marca la partida de una de las figuras más influyentes de la historiografía contemporánea. Sin embargo, su legado permanece vivo en las preguntas que nos dejó, en las herramientas que desarrolló y en la invitación permanente a observar el mundo desde lugares que suelen permanecer fuera del foco de las grandes explicaciones.

Para quienes trabajamos en torno a los bienes comunes, los conflictos socioambientales, la educación popular y la construcción de alternativas al pensamiento dominante, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo claves fundamentales. No porque hablara directamente sobre privatización del agua, extractivismo o defensa territorial, sino porque nos enseñó a mirar aquello que los relatos oficiales suelen ignorar.

En tiempos donde abundan las interpretaciones construidas desde los grandes centros políticos, económicos y mediáticos, Carlo Ginzburg nos recordó que la comprensión de la realidad también exige escuchar las voces de quienes habitan los márgenes, seguir las huellas aparentemente insignificantes del poder y reconocer que las personas comunes producen conocimientos indispensables para comprender el mundo.

Una historia que desafió a los gigantes

Durante buena parte del siglo XX, la historiografía estuvo dominada por grandes relatos que buscaban explicar procesos de larga duración, estructuras económicas, sistemas políticos y transformaciones sociales a gran escala.

Ginzburg no rechazó la importancia de estas perspectivas, pero decidió formular una pregunta distinta: ¿qué ocurre cuando observamos la historia desde abajo?

Su obra más conocida, El queso y los gusanos, reconstruyó el universo intelectual de Menocchio, un molinero del siglo XVI perseguido por la Inquisición. Lo que para muchos habría sido apenas una nota marginal en un archivo judicial, para Ginzburg se convirtió en una ventana para comprender relaciones complejas entre cultura popular, religión, poder y conocimiento.

La apuesta era profundamente democrática: mostrar que las personas consideradas insignificantes por la historia oficial también piensan, interpretan, crean sentidos y producen explicaciones sobre la realidad.

Esta enseñanza resulta especialmente relevante para quienes hoy defienden los bienes comunes.

Con demasiada frecuencia, los conflictos territoriales son interpretados exclusivamente desde oficinas gubernamentales, consultorías técnicas, organismos internacionales o centros académicos. Sin embargo, las comunidades poseen conocimientos construidos a partir de la experiencia cotidiana de habitar y cuidar los territorios.

La pregunta que Ginzburg nos ayuda a formular sigue siendo incómoda y necesaria: ¿Quién tiene derecho a producir conocimiento sobre la realidad?

Los bienes comunes también producen conocimiento

Uno de los problemas más frecuentes en los conflictos socioambientales es la jerarquización de los saberes.

Se suele presentar el conocimiento técnico como la única forma legítima de interpretar un territorio, mientras que los conocimientos comunitarios son reducidos a opiniones, percepciones o experiencias subjetivas.

La obra de Ginzburg cuestiona esta forma de entender el conocimiento.

Su trabajo mostró que las personas comunes elaboran interpretaciones complejas sobre el mundo y que estos saberes merecen ser tomados en serio.

Para quienes trabajan en la defensa de los bienes comunes, esta reflexión resulta especialmente importante.

Las comunidades conocen los ciclos del agua, las transformaciones de los ecosistemas, las dinámicas de los bosques, los cambios en los suelos o las alteraciones en las pesquerías porque forman parte de su experiencia cotidiana.

Defender los bienes comunes implica también defender la legitimidad de esos conocimientos.

Carlo Ginzburg y la antigeopolítica: cambiar la escala para comprender el poder

Uno de los aportes más sugerentes de Ginzburg consiste en cuestionar la idea de que los grandes procesos históricos solo pueden comprenderse observando a los grandes actores.

Frente a las miradas que privilegian los imperios, los Estados, las corporaciones o los mercados globales, propuso reducir la escala de observación para descubrir elementos que desaparecen en las visiones panorámicas.

Esta perspectiva dialoga profundamente con la antigeopolítica.

Mientras la geopolítica clásica suele preguntarse qué hacen las potencias, los gobiernos o las élites, la antigeopolítica busca comprender cómo las personas y comunidades viven, resisten y reinterpretan las consecuencias de esas decisiones.

No se trata de abandonar las explicaciones globales.

Se trata de reconocer que ninguna visión de conjunto es suficiente por sí sola. Ginzburg recupera una reflexión de Siegfried Kracauer según la cual existe una tensión permanente entre las miradas macro y micro. La observación distante permite reconocer patrones generales; la observación cercana revela aspectos que desaparecen en las explicaciones amplias.

Para quienes estudian bienes comunes, esta enseñanza resulta fundamental. Las dinámicas globales de mercantilización de la naturaleza, financiarización de la vida o expansión extractiva solo pueden comprenderse plenamente cuando se observan sus manifestaciones concretas en una comunidad, una cuenca, un humedal, una playa o un bosque.

Una naciente privatizada, un humedal rellenado o una comunidad desplazada pueden parecer acontecimientos locales. Sin embargo, también son expresiones de procesos globales mucho más amplios.

El paradigma indiciario: aprender a leer las huellas del poder

Entre los aportes más conocidos de Ginzburg se encuentra el llamado paradigma indiciario.

Se trata de una forma de conocimiento basada en la lectura de rastros, señales, huellas y detalles que, a primera vista, pueden parecer insignificantes. Para Ginzburg, aquello que parece pequeño puede revelar estructuras mucho más profundas.

Esta propuesta resulta especialmente valiosa para quienes trabajan en conflictos socioambientales. Muchas veces los procesos de despojo no comienzan con anuncios espectaculares.

Empiezan con señales discretas:

  • -una tala selectiva;
  • -una naciente cercada;
  • -una modificación normativa;
  • -un permiso administrativo aparentemente rutinario;
  • -un cambio menor en un plan regulador;
  • -una concesión otorgada sin mayor debate público.

Quienes defienden los bienes comunes suelen aprender a reconocer estas señales mucho antes de que los impactos se vuelvan visibles para el resto de la sociedad.

Pistas de Carlo Ginzburg para problematizar los bienes comunes

Más que respuestas cerradas, Ginzburg nos dejó herramientas para formular preguntas críticas.

1. Preguntarnos quién produce el conocimiento: Ginzburg cuestionó las perspectivas que reducían a las personas a simples categorías estadísticas o funciones dentro de estructuras abstractas.

Esto nos invita a preguntarnos:

  • ¿Quién define qué es desarrollo?
  • ¿Quién decide qué constituye un daño ambiental?
  • ¿Quién tiene autoridad para interpretar un territorio?
  • ¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son excluidos?

2. Buscar las huellas del poder: El poder rara vez aparece de forma transparente.

Generalmente deja rastros.

Esos rastros pueden encontrarse en expedientes administrativos, permisos, reglamentos, concesiones, estudios técnicos o discursos institucionales.

La pregunta crítica consiste en identificar qué relaciones de poder se esconden detrás de esos documentos aparentemente neutrales.

3. Desconfiar de las explicaciones inevitables: Ginzburg fue crítico de las interpretaciones teleológicas de la historia, aquellas que presentan los acontecimientos como si avanzaran inevitablemente hacia un destino predeterminado.

Esto resulta especialmente útil cuando determinados proyectos se presentan como inevitables en nombre del progreso, la modernización o el crecimiento económico.

Toda propuesta de desarrollo merece ser interrogada.

4. Observar las anomalías: Mientras algunos enfoques descartan los casos excepcionales por considerarlos irrelevantes, Ginzburg defendió la importancia analítica de aquello que rompe la norma.

Las resistencias comunitarias, los conflictos locales o las experiencias aparentemente marginales pueden revelar contradicciones profundas de un modelo de desarrollo.

5. Reconocer que la documentación nunca es neutral: Ginzburg insistió en que toda documentación está atravesada por relaciones de poder y por desigualdades en la capacidad de producir registros históricos.

Por eso, frente a cualquier expediente, estudio o informe, conviene preguntarse:

  • ¿Quién escribió este documento?
  • ¿Quién quedó fuera?
  • ¿Qué voces fueron silenciadas?
  • ¿Qué experiencias no aparecen registradas?

6. Aprender a movernos entre escalas: Quizá una de las enseñanzas más vigentes de Ginzburg sea la necesidad de combinar distintas escalas de análisis.

Necesitamos comprender las dinámicas globales, pero también prestar atención a los detalles.

Necesitamos analizar los mercados internacionales, pero también escuchar las historias de quienes viven en los territorios afectados.

Necesitamos estudiar las estrategias de los Estados, pero también las experiencias cotidianas de las comunidades.

Como señalaba Ginzburg al dialogar con Kracauer, ninguna escala de observación puede reclamar por sí sola una comprensión total de la realidad.

Un legado para quienes defienden lo común

La vigencia de Carlo Ginzburg radica precisamente en su capacidad para enseñarnos a mirar de otra manera.

Su obra nos recuerda que las grandes transformaciones históricas pueden descubrirse en detalles aparentemente insignificantes; que las voces marginadas tienen mucho que enseñarnos; que el conocimiento es siempre un terreno de disputa; y que comprender el poder exige aprender a leer las huellas que deja en la vida cotidiana.

En tiempos marcados por la mercantilización de la naturaleza, la expansión de nuevas formas de despojo y la concentración creciente del poder económico y político, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo herramientas para fortalecer una mirada crítica sobre nuestro presente.

Honrar su legado no consiste únicamente en volver a leer sus libros.

Consiste en seguir ejercitando esa mirada atenta, curiosa y rigurosa que él cultivó durante toda su vida: una mirada capaz de encontrar, en los pequeños indicios de los territorios, las claves para comprender las grandes transformaciones de nuestro tiempo y para fortalecer la defensa de los bienes comunes.

Para seguir leyendo: Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella

En este texto, Carlo Ginzburg ofrece una reflexión sobre los orígenes, debates y alcances de la microhistoria, una corriente historiográfica que contribuyó a transformar la manera de comprender el pasado. Más que una defensa metodológica, el ensayo constituye una crítica a las miradas que reducen la realidad a grandes estructuras o explicaciones homogéneas, reivindicando la importancia de las experiencias concretas, los casos singulares y los detalles aparentemente insignificantes.

A lo largo del texto, Ginzburg discute temas que siguen siendo profundamente actuales: la relación entre las miradas macro y micro de la realidad, las limitaciones de las explicaciones centradas exclusivamente en grandes procesos históricos, el valor de los indicios como herramientas de conocimiento y la necesidad de reconocer que toda documentación está atravesada por relaciones de poder.

La lectura permite comprender mejor el origen del llamado paradigma indiciario y ofrece valiosas pistas para quienes buscan analizar críticamente los conflictos sociales, ambientales y territoriales desde perspectivas que recuperan las voces y experiencias de quienes suelen quedar fuera de las narrativas dominantes.

Más allá de la historia, se trata de una invitación a cambiar la escala de observación para descubrir dimensiones de la realidad que frecuentemente pasan desapercibidas.

Le invitamos a descargar y leer este texto para profundizar en una de las contribuciones de Carlo Ginzburg al pensamiento crítico.

Crédito imágenes: Cabecera El País. 

Pieter Brueghel – Los mendigos

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La rentabilidad política de sentirse perseguido: terrorismo de Estado y disputa por el sentido común

Antes de continuar, quizá corresponda ofrecer una disculpa a las víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe. A quienes padecieron persecución política, desapariciones forzadas, torturas, exilios y asesinatos cometidos desde estructuras estatales. En Costa Rica, el concepto parece haber iniciado una nueva etapa de flexibilización semántica: ya no necesariamente describe regímenes que sembraron terror para controlar a la población, sino también resoluciones electorales, desacuerdos institucionales y sentencias que pueden ser apeladas ante los tribunales. Las palabras, al parecer, también sufren procesos de inflación.

«Estamos frente al acto más cobarde de terrorismo de Estado».

La afirmación fue realizada por el consejero de la presidencia de la República, el señor Fabian Silva durante una conferencia de prensa convocada para cuestionar una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con el uso de mensajes religiosos en la campaña electoral de 2026. Más allá de la controversia jurídica que rodea el caso, la expresión utilizada merece una reflexión propia. No tanto por lo que dice acerca de la resolución del tribunal, sino por lo que revela acerca de las formas contemporáneas de construir sentido político.

¿Por qué recurrir precisamente al concepto de terrorismo de Estado? ¿Qué efectos produce esa elección lingüística? ¿Qué tipo de realidad se busca construir cuando un conflicto institucional es presentado mediante categorías asociadas históricamente a experiencias de violencia extrema?

Las palabras nunca son simples vehículos para transmitir información. También son herramientas mediante las cuales se organizan percepciones, se producen identidades colectivas y se establecen marcos de interpretación sobre aquello que ocurre en la vida pública. En política, nombrar es una forma de actuar.

El poder de las palabras extraordinarias

No todas las palabras poseen la misma capacidad de movilización. Existen conceptos que arrastran consigo una enorme carga histórica y emocional. Terrorismo es uno de ellos.

La palabra remite inmediatamente a situaciones de miedo, amenaza, violencia y vulneración de derechos. No se trata únicamente de una categoría descriptiva; se trata también de una categoría moral. Cuando algo es nombrado como terrorismo deja de ser percibido como un desacuerdo ordinario y pasa a ser interpretado como una agresión grave que exige una respuesta urgente.

Algo similar ocurre con términos como dictadura, persecución, censura o totalitarismo. Su fuerza política no proviene únicamente de su significado conceptual, sino de las memorias históricas que activan y de las emociones que convocan.

Por esta razón, la elección de estas palabras nunca resulta inocente. Quien logra instalar una determinada denominación no solamente describe un acontecimiento: también orienta la manera en que ese acontecimiento será interpretado socialmente. La disputa política es, en buena medida, una disputa por la capacidad de nombrar la realidad.

De la controversia jurídica a la narrativa de persecución

El conflicto que dio origen a esta discusión gira alrededor de una resolución del TSE sobre propaganda electoral vinculada a motivos religiosos. Sin embargo, al introducir la expresión terrorismo de Estado, la naturaleza del conflicto cambia significativamente.

La atención deja de centrarse en la interpretación de normas constitucionales, en los alcances del artículo 28 o en los límites entre libertad religiosa y regulación electoral. La discusión es desplazada hacia otro terreno: el de la persecución.

-Ya no se habla únicamente de una resolución cuestionable. Se habla de una agresión.

-Ya no se habla únicamente de una institución pública que adopta una decisión. Se habla de un aparato estatal que actúa contra un grupo específico.

-Ya no se habla únicamente de una controversia legal. Se habla de una amenaza existencial contra una comunidad.

Este desplazamiento resulta fundamental porque transforma el marco desde el cual se interpreta el acontecimiento. Lo que antes podía aparecer como una disputa jurídica pasa a ser comprendido como una confrontación entre víctimas y perseguidores.

La política de la victimización

Uno de los fenómenos más visibles en numerosos escenarios políticos contemporáneos consiste en la creciente centralidad de las narrativas de agravio.

Actores con capacidad de influencia institucional, presencia mediática y representación política recurren cada vez más a discursos que los presentan como sectores perseguidos, silenciados o excluidos por élites, instituciones o grupos de poder.

La eficacia de estas narrativas radica en que permiten construir fuertes vínculos de identificación colectiva. Cuando un grupo se percibe a sí mismo como víctima de una agresión externa, las diferencias internas tienden a disminuir y la cohesión política suele fortalecerse.

En este contexto, conceptos como persecución, censura o terrorismo adquieren una función estratégica. No solamente describen una situación; contribuyen a producir una comunidad emocional articulada alrededor de la experiencia compartida del agravio.

La pregunta relevante no es únicamente si existe o no una vulneración de derechos. También es necesario preguntarse cómo se construye discursivamente esa vulneración y qué efectos políticos genera esa construcción.

La apropiación de memorias históricas

La utilización del concepto terrorismo de Estado posee además una dimensión particularmente significativa.

Históricamente, esta expresión fue empleada para describir formas sistemáticas de violencia ejercidas desde estructuras estatales contra sectores de la población. En América Latina, el término quedó profundamente asociado a experiencias de desaparición forzada, tortura, persecución política, encarcelamiento arbitrario y eliminación física de opositores.

Por esa razón, cuando la expresión reaparece en debates contemporáneos, no lo hace desprovista de historia. Llega acompañada de una memoria colectiva acumulada durante décadas.

Utilizar esa categoría para interpretar conflictos actuales supone trasladar parte de esa carga simbólica hacia nuevos escenarios políticos. La operación no consiste únicamente en describir una situación presente; consiste también en establecer analogías, activar recuerdos y generar asociaciones emocionales capaces de reforzar una determinada lectura de los acontecimientos.

La disputa política contemporánea se libra también en este terreno: el de la apropiación y resignificación de conceptos históricamente cargados de sentido.

¿Quién tiene el poder de definir la realidad?

En el fondo, la controversia no gira solamente alrededor de una resolución electoral. Tampoco se limita a una discusión sobre religión y política.

Lo que aparece en juego es una cuestión más profunda: quién tiene la capacidad de definir el significado de los acontecimientos que atraviesan una sociedad.

-¿Se trata de una medida destinada a proteger la autonomía del sufragio?

-¿Se trata de una limitación indebida a la libertad religiosa?

-¿Se trata de una forma de persecución política?

Las respuestas no dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los marcos interpretativos mediante los cuales esos hechos son comprendidos.

Por eso las disputas políticas contemporáneas se desarrollan simultáneamente en múltiples niveles: en los tribunales, en los parlamentos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el lenguaje mismo.

La batalla por el sentido de las palabras

La discusión suscitada por las declaraciones contra el TSE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que suele pasar desapercibido: las palabras son también un terreno de disputa política.

Nombrar una situación como regulación, censura, persecución o terrorismo no constituye un acto neutral. Cada una de esas denominaciones organiza la realidad de manera distinta, distribuye responsabilidades diferentes y produce efectos políticos específicos.

Por eso vale la pena preguntarse no solamente si una determinada palabra es correcta o incorrecta, sino también qué hace esa palabra en el debate público, qué emociones moviliza, qué actores legitima y qué formas de comprender la realidad contribuye a consolidar.

Al final, las luchas políticas no se desarrollan únicamente alrededor de instituciones, leyes o recursos materiales. También se desarrollan alrededor de algo aparentemente más simple, pero igualmente decisivo: la capacidad de definir qué significan las palabras con las que una sociedad se piensa a sí misma.

Mantener viva la controversia

Quizás el objetivo principal de declaraciones como estas no sea ganar una discusión jurídica. Tampoco necesariamente convencer a quienes piensan distinto. Su eficacia política puede encontrarse en otro lugar.

En numerosos contextos contemporáneos, la comunicación política ha dejado de orientarse principalmente hacia la búsqueda de consensos. En cambio, tiende a privilegiar la producción permanente de controversias, agravios y conflictos capaces de mantener movilizada a una base social específica. La disputa deja de girar alrededor de soluciones concretas y pasa a organizarse alrededor de emociones como la indignación, el miedo, la sensación de amenaza o la percepción de estar siendo injustamente atacados.

En este marco, la victimización cumple una función política central. Un movimiento que logra presentarse como perseguido puede fortalecer la cohesión interna de sus seguidores, justificar nuevas movilizaciones, deslegitimar instituciones que limitan sus acciones y transformar cualquier cuestionamiento en una prueba adicional de la supuesta persecución que denuncia.

La lógica es circular pero eficaz: si una institución sanciona, confirma la narrativa de persecución; si no sanciona, se interpreta como una victoria frente a quienes pretendían silenciar al movimiento. En ambos casos, el conflicto permanece abierto y continúa alimentando la identidad política del grupo.

Por eso, más que analizar únicamente la veracidad de ciertas afirmaciones, resulta importante observar los efectos que producen. ¿Contribuyen a comprender mejor los problemas públicos? ¿Favorecen la deliberación democrática? ¿O desplazan la atención hacia conflictos simbólicos que consumen buena parte de la conversación pública?

La pregunta adquiere especial relevancia en tiempos donde la política parece depender cada vez más de la capacidad para mantener encendida la indignación. Porque cuando el conflicto se convierte en un recurso político permanente, la controversia deja de ser un problema que debe resolverse y pasa a convertirse en un activo que conviene administrar, reproducir y prolongar.

No nos olvidamos: cuando el miedo sí tenía memorando

La discusión actual también invita a mirar hacia atrás.

Costa Rica ya ha vivido momentos en los que amplios sectores de la sociedad cuestionaron el papel de instituciones estatales durante procesos políticos de alta intensidad. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la campaña del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007.

En aquel contexto salió a la luz pública el denominado «Memorando del Miedo», un documento elaborado por altos funcionarios del gobierno que proponía utilizar el temor como herramienta de comunicación política para influir en la ciudadanía. El texto sugería advertir sobre posibles pérdidas de empleo, afectaciones económicas y consecuencias negativas para el país en caso de que triunfara la opción contraria al tratado.

La filtración generó una fuerte polémica porque revelaba de forma explícita una estrategia orientada a movilizar apoyos mediante la construcción de escenarios de amenaza e incertidumbre.

Durante aquellos meses, diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores estudiantiles y espacios ciudadanos denunciaron además una serie de desequilibrios en la campaña, cuestionando la participación de actores gubernamentales y el tratamiento otorgado por las instituciones electorales a distintas denuncias presentadas durante el proceso.

No se trata de afirmar que ambas coyunturas sean equivalentes. No lo son. Tampoco de establecer una competencia para determinar cuál conflicto fue más grave.

La pregunta es otra.

Resulta llamativo que el concepto de «terrorismo de Estado» aparezca hoy para describir una resolución electoral que puede ser discutida, apelada y cuestionada públicamente, mientras que durante uno de los procesos políticos más polarizados de la historia reciente del país —marcado por denuncias de uso del miedo como herramienta política desde las más altas esferas del poder— esa expresión prácticamente no ocupó un lugar central en el debate público.

La observación no busca resolver la controversia actual. Busca recordar algo más elemental: las palabras tienen historia. Y quizás una de las preguntas más incómodas para cualquier actor político sea por qué determinados conceptos aparecen con fuerza en unas coyunturas y desaparecen en otras. Qué acontecimientos merecen ser nombrados como abusos de poder y cuáles no. Qué memorias se activan y cuáles se silencian.

Porque la disputa por el significado de las palabras también es una disputa por aquello que una sociedad decide recordar.

¿Cómo analizar campañas políticas basadas en la victimización y el conflicto permanente?
Aspecto a observarPreguntas para el análisis críticoSeñales de alerta
Uso del lenguaje¿Qué palabras se utilizan para describir el conflicto? ¿Son proporcionales a los hechos que se denuncian?Uso recurrente de términos extremos como «terrorismo», «dictadura», «persecución», «censura», «enemigos del pueblo» o «ataque a la libertad».
Construcción de víctimas¿Quién aparece como víctima en el relato? ¿Qué poder político, económico o mediático posee realmente ese actor?Actores con amplios recursos y capacidad de influencia se presentan exclusivamente como sectores indefensos o perseguidos.
Construcción de enemigos¿Quién es señalado como responsable de los problemas? ¿Se trata de personas concretas o de categorías amplias y difusas?Aparición de enemigos abstractos como «los progres», «las élites», «los globalistas», «los comunistas», «los ateos», «la prensa» o «el sistema».
Relación con los hechos¿Las afirmaciones se apoyan en evidencia verificable o principalmente en interpretaciones emocionales?Predominio de sentimientos, sospechas o percepciones sobre datos verificables.
Escala del conflicto¿El conflicto descrito corresponde a la magnitud de los hechos?Un desacuerdo institucional es presentado como una amenaza existencial para la democracia, la religión, la familia o la nación.
Uso del miedo¿Qué temores se activan? ¿Qué escenarios negativos se presentan?Predicciones catastróficas, amenazas inminentes o escenarios extremos sin evidencia suficiente.
Papel de las instituciones¿Las instituciones son criticadas por decisiones concretas o se cuestiona su legitimidad misma?Descalificación generalizada de tribunales, universidades, medios de comunicación o autoridades electorales.
Posibilidad de diálogo¿Se reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto?Los adversarios son retratados como enemigos morales, traidores o amenazas para la sociedad.
Beneficios políticos¿Quién gana políticamente si el conflicto se mantiene abierto?La controversia fortalece la cohesión interna de una base política o religiosa.
Memoria histórica¿Se utilizan conceptos con una fuerte carga histórica? ¿Cómo se comparan con los hechos actuales?Uso de categorías asociadas a guerras, dictaduras, genocidios o terrorismo para describir situaciones muy distintas.
Resultado esperado¿La campaña busca resolver un problema o mantener viva la indignación?El conflicto parece más importante que las posibles soluciones.
Efectos democráticos¿La comunicación amplía el debate público o reduce la complejidad de los problemas?Polarización creciente, simplificación extrema y debilitamiento de la deliberación pública.

Cuando una campaña política insiste constantemente en que existe una persecución, una conspiración o una amenaza permanente, vale la pena preguntarse:

¿Estamos frente a un problema que necesita ser resuelto o frente a un conflicto que resulta útil mantener vivo?

Referencias

Corral Corral, María de Jesús. (2008). Poder mediático y comunicación dialógica, simétrica y libre en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (47), 117–136. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2008.47.57401

Holzmann, Guillermo. (2011). Comunicación política y calidad democrática en América Latina. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (33), 109–141. https://doi.org/10.18682/cdc.vi33.1714

Madrigal, Luis Madrigal (2026, 17 de junio). Chavismo cierra filas con evangélicos y acusa al TSE de «terrorismo de Estado». Delfino.cr.

Crédito imágenes:  Imagen de cabecera Delfino.cr y cuerpo del artículo Pexels.

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La batalla por el sentido común: educación, neofascismo y disputa cultural en tiempos de incertidumbre

Una pregunta incómoda

Cuando se habla del ascenso de figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, las explicaciones suelen centrarse en la economía, las campañas electorales o las redes sociales. Sin embargo, una pregunta menos frecuente resulta fundamental para comprender el momento histórico actual: ¿cómo lograron estas fuerzas construir legitimidad social para propuestas que cuestionan derechos, promueven discursos de odio y erosionan instituciones democráticas?

El libro El proyecto político-pedagógico del neofascismo, de Cinthia Wanschelbaum, propone una respuesta provocadora: estas fuerzas no solo gobiernan o hacen política; también educan. Lo hacen fuera de las aulas, mediante discursos, medios de comunicación, redes sociales, think tanks, iglesias y espacios de formación ideológica que buscan moldear formas de interpretar la realidad.

Desde esta perspectiva, el neofascismo contemporáneo no debe entenderse únicamente como un proyecto económico o electoral. También constituye un proyecto pedagógico orientado a producir nuevas subjetividades y a disputar el sentido común de nuestras sociedades.

La educación más allá de la escuela

Uno de los aportes más sugerentes del libro es ampliar la comprensión de la educación. Durante mucho tiempo se pensó que la educación ocurría principalmente en las escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, las disputas por las ideas siempre han trascendido las instituciones educativas. Los medios de comunicación, las plataformas digitales, los espacios religiosos, las producciones culturales y los liderazgos políticos también enseñan.

Cada discurso público transmite una determinada visión del mundo. Cada explicación sobre quiénes son los responsables de los problemas sociales educa políticamente. Cada interpretación sobre la pobreza, la desigualdad, la migración, la seguridad o el papel del Estado contribuye a formar una determinada manera de comprender la realidad.

Por eso la autora sostiene que la llamada «batalla cultural» es también una batalla pedagógica. Su objetivo no es simplemente convencer a las personas de votar por una opción política, sino producir una forma específica de entender la sociedad.

¿Cómo educa el neofascismo?

Según el análisis desarrollado en el libro, las nuevas derechas han construido un conjunto de estrategias orientadas a producir consenso social.

Entre ellas destacan la creación de enemigos permanentes, la difusión de teorías conspirativas, el ataque sistemático a las instituciones públicas, la exaltación del individualismo y la defensa del mercado como principio organizador de toda la vida social.

En este marco, problemas complejos son reducidos a explicaciones simples. La crisis económica deja de ser resultado de estructuras históricas y pasa a ser culpa de grupos específicos. Las desigualdades desaparecen del análisis y son reemplazadas por narrativas centradas exclusivamente en el mérito individual. Los derechos sociales son presentados como privilegios y la acción colectiva es sustituida por la competencia permanente.

Se trata de una pedagogía que busca transformar no solo las opiniones de las personas, sino también sus emociones. El miedo, la frustración, el resentimiento y la incertidumbre se convierten en recursos políticos fundamentales.

El neofascismo no surge de la nada

El texto evita explicaciones simplistas. El crecimiento de estas fuerzas no puede comprenderse únicamente como producto de la manipulación mediática o de la ignorancia ciudadana. Tampoco puede explicarse recurriendo a la idea de que millones de personas simplemente «se equivocaron».

Las nuevas derechas logran conectar con problemas reales. Lo hacen en un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, la precarización de la vida, la pérdida de confianza en las instituciones y la incapacidad de muchos sistemas políticos para responder a las necesidades cotidianas de la población.

En este sentido, el libro plantea una tesis relevante: el ascenso del neofascismo debe entenderse como parte de una crisis más amplia de legitimidad del orden neoliberal y de las democracias liberales contemporáneas.

La pregunta deja entonces de ser únicamente por qué crecen estas fuerzas, para convertirse también en una interrogante sobre las limitaciones de los proyectos que no lograron responder a las expectativas de amplios sectores sociales.

Las tensiones presentes

Precisamente porque se trata de intervenir en debates urgentes, algunas de sus afirmaciones invitan a la discusión.

La primera tiene que ver con el propio concepto de neofascismo. ¿Hasta qué punto esta categoría permite comprender fenómenos diversos que emergen en contextos nacionales muy distintos? ¿Existen suficientes elementos comunes para agrupar experiencias tan heterogéneas bajo una misma etiqueta?

Una segunda tensión se relaciona con la interpretación de los apoyos sociales que reciben estas fuerzas. Si bien el libro muestra con claridad las estrategias de construcción de hegemonía, queda abierta la pregunta sobre cómo comprender la compleja relación entre consentimiento, descontento social y agencia política de quienes apoyan estos proyectos.

Finalmente, nos invita a reflexionar sobre los límites de las respuestas progresistas. Si el neofascismo ha logrado disputar exitosamente el terreno cultural, ¿qué vacíos políticos, organizativos y pedagógicos hicieron posible esa expansión?

Una disputa que también es educativa

Quizás la principal enseñanza del libro sea recordarnos que las luchas políticas son también luchas pedagógicas.

Toda sociedad educa. La pregunta es quién educa, para qué educa y desde qué valores se realiza esa tarea.

Mientras algunos proyectos promueven la competencia, el individualismo y la mercantilización de la vida, otros buscan fortalecer la cooperación, la solidaridad y la construcción colectiva de soluciones comunes.

Por ello, la discusión sobre educación no puede reducirse a programas escolares o reformas curriculares. También involucra las formas en que aprendemos a convivir, a interpretar los conflictos sociales y a imaginar futuros posibles.

¿Qué tiene que ver esto con los bienes comunes?

Gran parte de los discursos neofascistas contemporáneos descansan sobre una visión profundamente individualista de la sociedad. En ella, los problemas colectivos son convertidos en responsabilidades individuales y las soluciones comunes son sustituidas por mecanismos de mercado.

La defensa de los bienes comunes supone exactamente lo contrario: reconocer que existen problemas que no pueden resolverse desde la competencia, sino desde la cooperación; que la vida depende de relaciones de interdependencia; y que la democracia requiere capacidades colectivas para deliberar, organizarse y cuidar aquello que es compartido.

Por eso la disputa actual no es únicamente económica o institucional. También es una disputa pedagógica sobre cómo entendemos la libertad, la comunidad, la democracia y la vida en común.

¿Está llegando esta batalla cultural a nuestros territorios?

Pensar el proyecto político-pedagógico del neofascismo no implica trasladar mecánicamente las experiencias de Argentina, Brasil o Estados Unidos a la realidad centroamericana. Cada territorio tiene sus propias historias, conflictos y configuraciones políticas. Sin embargo, muchas de las estrategias descritas en el libro permiten identificar dinámicas que también aparecen en nuestras sociedades.

En Costa Rica y otros países de la región observamos el crecimiento de discursos que presentan a las universidades públicas como espacios ideologizados y desconectados de las necesidades de la población. Se cuestiona la inversión pública en educación superior mientras se promueven lógicas de mercado como criterio principal para evaluar el conocimiento.

De forma paralela, organizaciones ambientalistas, movimientos comunitarios, pueblos indígenas, sindicatos, colectivos feministas y defensores de derechos humanos son frecuentemente retratados como obstáculos para el desarrollo económico o como grupos privilegiados que atentan contra el bienestar general.

También se ha vuelto común la circulación de narrativas que simplifican problemas complejos mediante la identificación de enemigos concretos. La crisis económica, los problemas de seguridad o las tensiones sociales son explicados a partir de conspiraciones, intereses ocultos o supuestas amenazas culturales que deben ser combatidas.

Estas dinámicas no necesariamente configuran proyectos neofascistas plenamente desarrollados. Sin embargo, sí forman parte de una disputa cultural más amplia sobre quién tiene legitimidad para producir conocimiento, qué papel debe desempeñar el Estado, cuáles derechos son considerados legítimos y qué tipo de sociedad se considera deseable.

Por ello, la lectura del libro resulta especialmente relevante para quienes participan en procesos educativos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y espacios de defensa de los bienes comunes. Más que ofrecer respuestas acabadas, permite desarrollar herramientas para reconocer cómo se construyen determinadas narrativas y cuáles intereses pueden estar presentes detrás de ellas.

Caja de herramientas para la reflexión crítica

La siguiente matriz no busca clasificar personas o posiciones políticas, sino promover preguntas que permitan analizar críticamente distintos discursos presentes en la sociedad.

Tema en disputaMensaje frecuente en la batalla cultural¿Qué se nos invita a creer?Preguntas para problematizar¿Qué implicaciones tiene para los bienes comunes?
Educación pública«Las universidades públicas son un gasto»La educación debe funcionar como una empresa y responder al mercado.¿La educación es un derecho o una mercancía? ¿Quiénes quedarían excluidos si el acceso dependiera únicamente de la capacidad de pago?Debilita la idea del conocimiento como patrimonio colectivo.
Estado«El Estado siempre es el problema»Lo privado es más eficiente que lo público.¿Existen problemas que el mercado no puede resolver? ¿Quién protege a quienes tienen menos recursos?Reduce la capacidad de gestión colectiva de bienes y servicios esenciales.
Ambiente«Los ambientalistas frenan el desarrollo»La naturaleza debe subordinarse al crecimiento económico.¿Desarrollo para quién? ¿Quién asume los costos ambientales? ¿Qué ocurre con las generaciones futuras?Favorece la mercantilización de territorios, agua y ecosistemas.
Derechos humanos«Los derechos humanos protegen delincuentes»Los derechos son privilegios para algunos grupos.¿Qué ocurre cuando ciertos derechos dejan de ser universales? ¿Quién decide qué personas merecen protección?Debilita principios básicos de convivencia democrática.
Feminismos«La ideología de género amenaza a la familia»La igualdad de género representa una amenaza cultural.¿Qué desigualdades históricas intentan abordar los movimientos feministas? ¿Quién se beneficia de mantener las relaciones actuales de poder?Limita procesos de inclusión y reconocimiento de derechos.
Migración«Los migrantes son responsables de los problemas sociales»Los problemas colectivos tienen un enemigo identificable.¿Qué factores económicos y políticos explican realmente esos problemas? ¿A quién beneficia buscar chivos expiatorios?Favorece la exclusión y fragmentación social.
Seguridad«Se necesitan medidas cada vez más duras»Más castigo equivale automáticamente a más seguridad.¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia? ¿Qué soluciones quedan fuera del debate?Reduce la discusión pública a respuestas punitivas.
Ciencia y conocimiento«Los expertos están manipulando a la población»Toda evidencia puede ser descartada si contradice creencias previas.¿Cómo construimos conocimiento confiable? ¿Qué diferencia existe entre una opinión y una investigación rigurosa?Debilita la deliberación democrática basada en información.
Medios y redes sociales«Todo es una conspiración»Existe un enemigo oculto detrás de todos los problemas.¿Qué evidencias respaldan estas afirmaciones? ¿Cómo distinguir información de desinformación?Polariza el debate y dificulta acuerdos colectivos.
Organización social«Los movimientos sociales viven de privilegios»La acción colectiva es sospechosa o innecesaria.¿Qué derechos se han conquistado gracias a la organización social? ¿Quién gana cuando las personas dejan de organizarse?Debilita la participación ciudadana y la defensa de lo común.
Más allá de la denuncia

El principal aporte del libro no consiste únicamente en identificar los riesgos asociados al ascenso de las nuevas derechas. También nos recuerda que toda disputa política es una disputa pedagógica.

Si existen proyectos que educan para la competencia, el individualismo y la exclusión, también es posible construir procesos educativos que fortalezcan la cooperación, la solidaridad, la participación democrática y el cuidado de lo común.

La pregunta que deja abierta esta lectura es profundamente política y pedagógica: ¿qué formas de aprendizaje necesitamos promover para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo sin renunciar a la democracia, la justicia social y la defensa de la vida?

Una invitación a la lectura

En tiempos donde las certezas parecen desmoronarse y los discursos autoritarios ganan espacio en distintas regiones del mundo, comprender cómo se construyen las ideas dominantes se vuelve una tarea indispensable.

Más que ofrecer respuestas definitivas, El proyecto político-pedagógico del neofascismo proporciona herramientas para pensar críticamente el presente y para reconocer que las batallas políticas de nuestro tiempo son también batallas por la imaginación, la cultura y el sentido común.

Leer este libro es una invitación a comprender mejor el mundo que habitamos, pero también a preguntarnos qué proyectos pedagógicos necesitamos construir para defender la democracia, fortalecer los bienes comunes y ampliar los horizontes de una vida digna para todas las personas.

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Curso-taller Defender lo común en tiempos de privatización: reflexiones sobre energía, democracia y futuro

La electricidad suele aparecer en el debate público como un asunto técnico. Se discuten tarifas, generación, competencia, eficiencia o infraestructura. Sin embargo, detrás de estas discusiones se encuentran preguntas mucho más profundas: ¿quién decide sobre los recursos estratégicos del país?, ¿qué papel debe desempeñar el Estado en la garantía de derechos?, ¿qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a organizarse bajo lógicas de mercado?, ¿cómo se construye democráticamente el futuro energético de una sociedad?

En el contexto de la discusión nacional sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414), estas preguntas adquieren una renovada relevancia. Más allá de los aspectos técnicos del debate, la coyuntura invita a reflexionar sobre los procesos contemporáneos de privatización y sus implicaciones para la gestión de los bienes comunes.

Con frecuencia, la privatización se asocia exclusivamente con la venta de instituciones públicas. Sin embargo, la experiencia latinoamericana muestra que estos procesos suelen desarrollarse de manera más compleja. La apertura de mercados, la fragmentación institucional, la reducción de capacidades públicas, la construcción de narrativas de crisis y la redefinición de servicios esenciales como oportunidades de negocio forman parte de transformaciones que modifican profundamente la organización de sectores estratégicos.

Precisamente para profundizar en estas discusiones, el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica abre la convocatoria al curso-taller “Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica: Síndrome de la Bicicleta Desarmada”, un espacio de formación y reflexión dirigido al público en general, con especial interés en personas vinculadas a organizaciones sociales, colectivos comunitarios, movimientos ciudadanos, sindicatos, estudiantes y personas interesadas en comprender los desafíos contemporáneos de la democracia y los bienes comunes.

Un recorrido por cinco dimensiones del debate

El proceso formativo propone abordar la discusión desde cinco dimensiones complementarias.

La primera busca cuestionar las ideas convencionales sobre la privatización, explorando cómo estos procesos operan más allá de la venta de activos públicos y cómo transforman gradualmente las instituciones y los sentidos comunes que sostienen determinados modelos de desarrollo.

La segunda se concentra en analizar la construcción social y política de las crisis, examinando cómo ciertos problemas son narrados y utilizados para justificar reformas estructurales que, en otros contextos, encontrarían mayores resistencias.

La tercera recupera experiencias latinoamericanas para comprender las consecuencias sociales, económicas y políticas que han acompañado distintos procesos de liberalización y privatización de servicios públicos estratégicos.

La cuarta dimensión explora la disputa cultural e ideológica que acompaña estas transformaciones, analizando cómo se construyen imaginarios sobre el Estado, el mercado, la eficiencia y el interés público.

Finalmente, la quinta sesión invita a reflexionar sobre la gobernanza democrática de la energía, preguntándose quiénes deben participar en las decisiones sobre el futuro energético y qué alternativas existen para fortalecer una gestión orientada al bien común.

Una apuesta desde la educación popular

El curso se desarrollará desde una perspectiva de educación popular, promoviendo el diálogo de saberes, el análisis crítico y la construcción colectiva de conocimientos. Más que transmitir respuestas cerradas, busca generar herramientas para comprender las transformaciones que atraviesan sectores estratégicos de la sociedad y fortalecer las capacidades ciudadanas para participar informadamente en estos debates.

La propuesta parte de una idea sencilla pero fundamental: la energía no es únicamente una mercancía ni una infraestructura técnica. Es una condición indispensable para el ejercicio de derechos, la vida digna, la producción social y la construcción democrática del futuro.

Información del curso

Curso-Taller: Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica. Síndrome de la Bicicleta Desarmada.

Fechas: 6, 13 y 27 de julio; 3 y 10 de agosto de 2026.

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.

Modalidad: Presencial.

Costo: Gratuito.

Inscripciones: https://forms.gle/kGH5wD4stUxqR6CNA

Los cupos son limitados.

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Entre la erosión y la incertidumbre: comunidad alerta sobre la situación del río Pizote-Upala

Personas vecinas de la comunidad cerca del Río Pizote o también conocido como Río Niño, en el cantón de Upala, han manifestado su preocupación ante lo que consideran posibles afectaciones al cauce y al lecho del río asociadas a actividades de extracción de material que se desarrollan en la zona. Según la comunicación compartida por habitantes que han dado seguimiento al caso durante varios años, las lluvias recientes permitieron observar con mayor claridad cambios en distintos sectores del río que, a su criterio, requieren una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes.

El río Pizote, forma parte de los sistemas hídricos de la zona norte de Costa Rica. Como ocurre con numerosos ríos del país, cumple funciones fundamentales para el equilibrio ecológico de la cuenca, el transporte natural de sedimentos, la recarga de acuíferos y el sostenimiento de diversos ecosistemas asociados. Además, constituye un elemento central en la vida cotidiana de las comunidades que habitan sus alrededores, por lo que cualquier alteración significativa de sus dinámicas naturales genera preocupación entre la población local.

De acuerdo con los reportes vecinales, la disminución del caudal tras varios días de lluvia dejó al descubierto extensas áreas de suelo expuesto en el fondo y las orillas del río. Las personas denunciantes sostienen que estos sectores podrían evidenciar procesos de alteración del lecho, erosión o socavación que habrían pasado desapercibidos durante periodos de mayor caudal.

Según indican, también se habría observado maquinaria realizando movimientos de tierra en las márgenes del río. Las personas vecinas consideran necesario que las autoridades determinen si estas labores corresponden a actividades autorizadas y si se ajustan a las condiciones establecidas en los permisos y regulaciones ambientales vigentes.

La preocupación comunitaria radica en que cualquier modificación significativa del cauce o de las condiciones naturales del río podría generar consecuencias que trascienden el área inmediata de intervención. Diversos estudios sobre gestión de cuencas señalan que las alteraciones en los lechos fluviales pueden modificar patrones de sedimentación, aumentar procesos erosivos, afectar la estabilidad de las márgenes e incrementar la vulnerabilidad ante inundaciones o desbordamientos en determinados sectores.

Asimismo, los cambios en la dinámica natural de los ríos pueden repercutir sobre los ecosistemas asociados, afectar hábitats acuáticos y alterar procesos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. La remoción excesiva de sedimentos o la modificación de las condiciones naturales del cauce pueden impactar la calidad del agua, la reproducción de especies y la capacidad del río para mantener sus funciones ecológicas.

Más allá del río: impactos sobre las comunidades

Las posibles afectaciones a un río no se limitan al deterioro de un ecosistema. Cuando un curso de agua pierde su equilibrio natural, las consecuencias suelen extenderse a la vida cotidiana de las comunidades que habitan su entorno. Por esta razón, las denuncias sobre alteraciones en cauces, extracción de materiales o degradación de las riberas deben ser comprendidas también como asuntos relacionados con la calidad de vida, la seguridad y los derechos de las personas.

Entre las posibles consecuencias se encuentran el aumento de procesos erosivos que pueden comprometer terrenos, caminos, puentes o infraestructura comunitaria. Asimismo, las modificaciones en la dinámica de los sedimentos y del flujo del agua pueden incrementar la vulnerabilidad frente a inundaciones, especialmente durante eventos de lluvia intensa cada vez más frecuentes en el contexto de la crisis climática.

Los impactos también pueden manifestarse en la pérdida de espacios de recreación, encuentro comunitario y vínculo cultural con los ríos. Para muchas comunidades, estos cuerpos de agua no son únicamente elementos del paisaje, sino parte de su historia, de su memoria colectiva y de sus formas de relación con el territorio.

A ello se suma una dimensión menos visible, pero igualmente importante: el desgaste que experimentan las personas que asumen la defensa de los bienes comunes. La necesidad de documentar posibles daños, presentar denuncias, asistir a reuniones y dar seguimiento a procesos institucionales suele implicar una carga significativa de tiempo, recursos y energía emocional. En muchos casos, las comunidades enfrentan largos periodos de incertidumbre mientras esperan respuestas de las autoridades competentes.

Por estas razones, prestar atención a las alertas que surgen desde los territorios resulta fundamental. Las denuncias comunitarias suelen constituir una de las primeras señales de posibles problemas ambientales y permiten activar mecanismos de prevención antes de que los daños alcancen niveles difíciles o imposibles de revertir. Escuchar a quienes viven junto a los ríos, conocen sus cambios y observan cotidianamente sus transformaciones constituye un elemento indispensable para la protección de los ecosistemas y para la construcción de una gestión ambiental más democrática y participativa.

Las personas vecinas afirman haber presentado denuncias ante distintas instancias y sostienen que la respuesta institucional ha sido lenta frente a la magnitud de las preocupaciones planteadas. Aunque reconocen que recientemente se habrían impulsado algunos mecanismos de seguimiento, consideran que resulta necesario fortalecer los procesos de inspección y fiscalización para esclarecer lo que está ocurriendo en el sitio.

En este contexto, la comunidad solicita que las instituciones competentes realicen evaluaciones técnicas independientes que permitan determinar si existe daño ambiental, establecer las posibles causas de las alteraciones observadas y definir las medidas de protección que correspondan. Asimismo, plantean la necesidad de que cualquier eventual responsabilidad, ya sea de empresas concesionarias, entidades públicas o actores particulares, sea investigada y determinada mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Para quienes viven junto al río, la preocupación no se limita a una situación puntual. El caso refleja interrogantes más amplias sobre la capacidad de las instituciones para prevenir daños ambientales, garantizar una supervisión efectiva de las actividades extractivas y responder oportunamente a las alertas que surgen desde las comunidades.

Mientras continúan las gestiones y denuncias, las personas vecinas insisten en que la protección del río Pizote requiere transparencia, acceso a la información y una actuación diligente de las autoridades responsables, con el fin de evitar que posibles afectaciones ambientales se profundicen y generen consecuencias irreversibles para el ecosistema y las comunidades que dependen de él.

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