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Entre el silencio y la participación: una lectura del Informe Estado de la Nación desde la defensa del Río Frío

En Maquengal de Guatuso, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ha venido planteando preguntas sobre la protección del río y el modelo de desarrollo que transforma su comunidad. Sus gestiones muestran una tensión que va más allá de un conflicto ambiental: ¿qué lugar tienen las comunidades en las decisiones sobre aquello que sostiene sus vidas? Una reflexión que dialoga con el capítulo «Armonía con la naturaleza» del Informe Estado de la Nación 2026.

Maquengal: una comunidad que pregunta por el futuro de su río

En Maquengal de Guatuso, la defensa del Río Frío no es una discusión abstracta sobre la protección de la naturaleza. Es una preocupación que atraviesa la vida cotidiana de una comunidad que observa las transformaciones de su río y las consecuencias que estas pueden tener sobre sus espacios de encuentro, recreación y convivencia.

El Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ha venido señalando los efectos que relaciona con la extracción de materiales en el cauce, el movimiento de maquinaria y la acumulación de sedimentos. Sus preocupaciones también se extienden al acceso público al río, un espacio que ha sido utilizado por la comunidad para bañarse, compartir y realizar actividades comunales que, además, han permitido generar ingresos locales.

La posible pérdida de estos espacios no representa solamente una afectación ambiental. Significa comprometer prácticas, relaciones y oportunidades que forman parte de la vida comunitaria. El río no es únicamente un lugar del que se extraen materiales: también es un espacio de encuentro, recreación y construcción de comunidad.

Por eso, las preguntas que plantea el grupo van más allá de una actividad extractiva. Interpelan el modelo de desarrollo que se impulsa en Guatuso y sus prioridades: ¿qué se entiende por desarrollo?, ¿quiénes reciben sus beneficios?, ¿quiénes asumen sus consecuencias?, ¿qué lugar ocupan las necesidades y las decisiones de las comunidades?

En este proceso, el grupo ha realizado gestiones, reunido firmas y compartido sus preocupaciones sobre las transformaciones del río. Ha buscado que sus observaciones sean escuchadas y que las decisiones se discutan considerando sus implicaciones ambientales y sociales. Sin embargo, la experiencia también ha estado marcada por las dificultades para obtener respuestas y sostener espacios de diálogo.

En Maquengal, frente a una comunidad que pregunta, documenta y propone, el silencio se ha convertido en una respuesta.

Esta situación nos lleva a una pregunta fundamental: ¿de qué sirve reconocer la participación ciudadana como parte de la gobernanza ambiental si las comunidades no encuentran condiciones reales para ser escuchadas e incidir en las decisiones que afectan sus vidas?

La participación ciudadana: ¿un recurso para la gestión o una capacidad política colectiva?

Esta pregunta también permite acercarnos críticamente al capítulo «Armonía con la naturaleza» del Informe Estado de la Nación 2026. El informe identifica un debilitamiento de la política ambiental costarricense, expresado en la pérdida de prioridad política, el deterioro de capacidades institucionales, las dificultades de fiscalización y la reducción de espacios para los criterios técnicos y científicos.

En ese escenario, reconoce a la sociedad civil como un actor central de la gobernanza ambiental. Destaca su participación mediante acciones colectivas, denuncias, vigilancia, producción de conocimiento, incidencia en espacios de decisión y desarrollo de buenas prácticas ambientales.

El capítulo también identifica distintas expresiones de esta participación: por una parte, los conflictos socioambientales y las gestiones institucionales o judiciales; por otra, las prácticas ambientales impulsadas por comunidades, organizaciones, instituciones y otros actores. El mapeo presentado registra 62 buenas prácticas desarrolladas entre 1987 y 2026, en ámbitos como la gestión de residuos, la educación ambiental, la producción agroecológica, la protección del agua y la biodiversidad.

Este reconocimiento es importante. Sin embargo, desde la perspectiva de los bienes comunes, conviene profundizar en una cuestión: ¿estamos comprendiendo la participación ciudadana únicamente como una contribución a la gestión ambiental o también como una capacidad política colectiva para decidir sobre las condiciones que sostienen la vida?

La experiencia de Maquengal permite observar esta diferencia. La comunidad no se limita a colaborar con iniciativas de protección ambiental ni a señalar un problema para que las instituciones lo atiendan. Su organización expresa una capacidad para cuestionar las prioridades del desarrollo, producir conocimiento desde la experiencia territorial y reclamar un lugar en las decisiones sobre el futuro de su comunidad.

Participar, en este sentido, no significa solamente ser consultado, presentar una denuncia o colaborar con una política pública. Significa también poder formular preguntas, construir argumentos, organizarse, establecer prioridades y disputar las decisiones que afectan los bienes comunes.

Cuando esta dimensión política queda fuera de la discusión, existe el riesgo de reconocer la participación comunitaria por sus aportes a la gestión, pero no por su capacidad de cuestionar cómo se distribuye el poder de decidir.

Los bienes comunes: más que recursos naturales que debemos administrar

Pensar desde los bienes comunes permite ampliar la discusión. Un río no puede comprenderse únicamente como un recurso natural disponible para distintos usos o actividades económicas. Es parte de un entramado de relaciones ecológicas, sociales, culturales y comunitarias que hacen posible la vida.

En Maquengal, el Río Frío está relacionado con el acceso a espacios de recreación, las actividades comunales, las posibilidades de encuentro y las formas en que las personas construyen vínculos con su entorno. Su importancia no se agota en su valor económico ni en los materiales que pueden extraerse de su cauce.

Esta mirada nos invita a preguntarnos qué sucede cuando la naturaleza se aborda principalmente desde su aprovechamiento económico y las relaciones comunitarias que dependen de ella quedan relegadas. También nos obliga a discutir quién define los usos del territorio y cuáles intereses terminan teniendo mayor capacidad de incidir en las decisiones.

Desde esta perspectiva, defender los bienes comunes no consiste únicamente en proteger determinados espacios naturales. Implica cuidar las relaciones y las condiciones sociales que permiten sostenerlos, así como reconocer a las comunidades como sujetos capaces de participar en su defensa y construcción.

Esto no significa trasladar a las comunidades las responsabilidades que corresponden al Estado. La protección ambiental requiere instituciones con capacidades, recursos, presencia territorial y disposición para cumplir sus obligaciones. La organización comunitaria no sustituye esas responsabilidades: las interpela, las acompaña y, cuando es necesario, exige que se cumplan.

El silencio frente a las gestiones de una comunidad organizada muestra precisamente por qué la participación necesita algo más que mecanismos formales. Requiere interlocución, reconocimiento y posibilidades efectivas de incidir.

Tres dimensiones para construir lo común

La defensa de los bienes comunes también nos permite reconocer tres dimensiones que se relacionan entre sí y que resultan fundamentales para fortalecer la participación como capacidad política colectiva.

1. Defender e instituir lo común: La defensa de un río, un bosque o una fuente de agua no se limita a evitar su deterioro. También implica construir acuerdos, prácticas y formas de organización que permitan sostener esos bienes en el tiempo. Defender lo común supone preguntarse qué queremos cuidar y qué condiciones necesitamos para hacerlo colectivamente.

2. Construir capacidades de formación política: Los conflictos socioambientales también son espacios de aprendizaje. En ellos, las comunidades relacionan sus experiencias cotidianas con procesos económicos, decisiones institucionales y modelos de desarrollo. Aprenden a formular preguntas, identificar responsabilidades, reconocer intereses y construir argumentos colectivos. La participación tiene, por tanto, una dimensión pedagógica y política: permite comprender las relaciones de poder que atraviesan el territorio y fortalecer las capacidades para intervenir en ellas.

3. Producir conocimientos y aprendizajes colectivos: Las comunidades producen conocimientos a partir de su relación cotidiana con los territorios. Reconocen cambios en los ríos, identifican afectaciones, conservan memorias y construyen interpretaciones sobre lo que sucede en sus espacios de vida. Estos saberes no deben ser tratados como información secundaria, sino como aportes fundamentales para comprender los problemas socioambientales y construir respuestas. Su reconocimiento también exige que puedan dialogar con los conocimientos técnicos y científicos en condiciones de respeto y reciprocidad.

Estas dimensiones permiten comprender que la participación no es un complemento de la política ambiental. Es una capacidad que se construye mediante la organización, el aprendizaje, la producción de conocimiento y la acción colectiva.

Del manejo de los recursos al sostenimiento de la vida

El capítulo «Armonía con la naturaleza» ofrece elementos para comprender las dificultades institucionales y los desafíos de la política ambiental costarricense. Pero la experiencia de Maquengal nos invita a ampliar la discusión: no basta con preguntarnos si existen políticas, mecanismos de fiscalización o espacios de participación. También necesitamos preguntarnos qué modelo de desarrollo orienta las decisiones y qué posibilidades tienen las comunidades de intervenir en su definición.

Cuando el desarrollo se mide principalmente por el aprovechamiento económico de los bienes naturales, pueden quedar invisibilizadas otras dimensiones de la riqueza: la recreación, la convivencia, la memoria, las relaciones comunitarias y las condiciones ecológicas que sostienen la vida.

La perspectiva de los bienes comunes introduce otra manera de formular el problema. En lugar de preguntar únicamente cómo administrar los recursos naturales, nos invita a discutir qué debemos cuidar colectivamente, para quiénes, bajo qué acuerdos y con qué formas de participación y decisión.

Esto supone reconocer que las comunidades no son únicamente poblaciones afectadas por las transformaciones del territorio. Son sujetos colectivos que pueden producir conocimientos, construir alternativas y participar en la definición de sus futuros.

Construir lo común también es construir alternativas políticas

La experiencia de Maquengal y las reflexiones que suscita el Informe Estado de la Nación nos permiten reconocer una tensión central: mientras se destaca la importancia de la participación ciudadana en la gobernanza ambiental, muchas comunidades siguen enfrentando dificultades para que sus preocupaciones sean escuchadas y sus conocimientos considerados en las decisiones.

Por eso, necesitamos ir más allá de una concepción de la participación como colaboración, consulta o vigilancia. La defensa de los bienes comunes requiere fortalecer las capacidades colectivas para intervenir en las decisiones sobre el territorio, cuestionar las prioridades del desarrollo y construir otras formas de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros.

Los bienes comunes constituyen una alternativa política porque abren la posibilidad de discutir aquello que con frecuencia se presenta como una decisión exclusivamente técnica o económica: quién decide, qué se protege, qué se transforma y qué formas de vida se consideran importantes.

Maquengal nos recuerda que defender un río también es defender la posibilidad de que una comunidad tenga voz sobre su futuro. Y nos plantea una advertencia: cuando las comunidades se organizan, preguntan y proponen, pero encuentran silencio, no estamos solamente ante una dificultad de comunicación. Estamos ante un problema sobre las condiciones reales de la participación y la distribución del poder de decisión.

Los bienes comunes no se sostienen únicamente mediante leyes, instituciones o políticas públicas. También se sostienen en las relaciones que construimos, los conocimientos que compartimos, las responsabilidades que asumimos y las luchas colectivas que permiten defender aquello que hace posible la vida.

La pregunta, entonces, no es solamente cómo proteger la naturaleza. Es cómo construir colectivamente las condiciones para decidir sobre aquello que nos sostiene.

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Julio 2025: la población costarricense está viva y protestando

Autora: Sofía Padilla Quesada

Las cápsulas de Radio Protesta de Julio de 2025 reúnen problemáticas de todas las áreas: ambiente, educación, salud y derechos humanos. La población costarricense no deja de hacerse notar en las calles ni en los espacios de toma de decisiones, y Radio Protesta busca que su significativo esfuerzo sea divulgado y registrado en la historia.

Nuestro viaje comienza con vecinos de Heredia y Puntarenas protegiendo a sus comunidades y denunciando la contaminación del agua. Se debe pelear para que el recurso hídrico siga siendo público y potable para esta y las próximas generaciones. Además, se deben proteger los ecosistemas de empresas que buscan explotar y contaminar nuestros recursos naturales a cambio de riqueza.

Pasamos a conocer el caso del CTP de Oreamuno y la Asamblea Autónoma de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Ambos grupos buscan la transparencia de sus líderes y administrativos, la mejoría de sus instalaciones y el respeto a su dignidad y derecho como estudiantes. También nos enteramos de cómo se conmemora a las víctimas y se lucha públicamente contra la Trata de Personas en el país, uno de los problemas más importantes pero menos divulgados, que afecta a muchísimas familias año tras año.

Seguidamente, en el sector salud, conocemos historias sobre la defensa de la CCSS: problemas con la infraestructura, falta de personal médico y de enfermería, malas condiciones laborales y la famosísima deuda del Estado. Por último, nos seguimos enterando de un problema sin fin en Costa Rica: el deterioro de la infraestructura vial. Vecinos de todas partes del país viven obstaculizados, incomunicados o frustrados con las malas condiciones de las carreteras y la falta de responsabilidad de los órganos encargados de sus arreglos.

Les invitamos a escuchar las cinco cápsulas de Radio Protesta y conocer las historias, demandas y formas de organización comunal que marcaron julio de 2025.
Las cápsulas de Radio Protesta pueden escucharse desde el canal https://whatsapp.com/channel/0029Vb8zFF85Ejy5QkkQH03K

Guiones y edición: Karlia Lian, Luis Morice, Dauny Rodríguez, Sofía Padilla, Bianca Fonseca y Maikel Salas. Grabación: Esteban Richmond. Coordinación: Zuiri Méndez y Fiorella Jara. Esta es una producción del TCU 590 de Kioscos Socioambientales y Protestas, del Instituto de Investigaciones Sociales.

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8N: ¡Nos vamos al Niágara en bicicleta, pero con la Caja no se juega!

Este 8 de noviembre, mientras cientos de personas marchaban en San José para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aquella imagen parecía adquirir un nuevo significado.

Porque conseguir una cita, esperar una cirugía o acceder a una atención especializada puede convertirse en una carrera de obstáculos. Y mientras las personas usuarias intentan encontrar respuestas, quienes trabajan en la institución hacen esfuerzos cotidianos por sostener los servicios, en medio de decisiones políticas, restricciones presupuestarias y cuestionamientos sobre el futuro de la seguridad social.

La pregunta surgía casi naturalmente: ¿quién mandó a la Caja a cruzar el Niágara en bicicleta?

Una cita con la memoria: 8 de noviembre de 2012

San José despertó distinto este domingo. En la Avenida Segunda, bajo un sol que obligaba a buscar sombra entre mantas y pancartas, comenzaron a reunirse trabajadores de la salud, estudiantes, pensionados, campesinos, jóvenes y adultos mayores.

La concentración transcurría entre coordinaciones: ubicar la manta que encabezaría la marcha, acomodar el vehículo de sonido, organizar la participación de personas con discapacidad y esperar a quienes todavía venían en camino.

Pero aquella jornada tenía una memoria particular.

Catorce años atrás, el 8 de noviembre de 2012, en ese mismo espacio, la fuerza pública había arremetido contra personas manifestantes que defendían la seguridad social. Hubo personas heridas, detenidas y procesos judiciales que se prolongaron durante años.

Algunas de las personas que regresaban a marchar habían vivido directamente aquella represión. Otras habían enfrentado persecuciones y consecuencias laborales por participar en las luchas sociales.

Pero volvieron «El 8 de noviembre no se olvida», se escuchaba entre las consignas.

La frase no era solamente un recuerdo. Era la constatación de que las luchas por los derechos sociales tienen una historia y que quienes las protagonizan no necesariamente abandonan sus convicciones cuando termina una manifestación.

La Caja tiene historias, no solamente estadísticas

«La Caja no se vende, la Caja se defiende». La consigna se repetía mientras las personas avanzaban por las calles. Sin embargo, su significado se comprendía mejor al escuchar las historias que acompañaban la movilización.

Una madre recordó cómo llegó a punto de dar a luz y encontró en la Caja la atención que necesitaba para ella y su hijo. Otra historia fue la de una familia cuya hija, nacida a los seis meses y medio, logró sobrevivir gracias a los cuidados recibidos en una incubadora de la institución.

También se compartieron experiencias de personas con padecimientos crónicos que durante años han recibido atención y acompañamiento; de un joven que permaneció cuarenta días hospitalizado y recibió atención de calidad; y de una trabajadora que, después de casi treinta años de servicio, defendía no solamente la atención médica, sino también a quienes sostienen la institución desde la logística y la administración.

Son experiencias distintas, pero tienen algo en común: muestran que la Caja forma parte de la historia de nuestras familias y comunidades.

Por eso, cuando se habla de defender la seguridad social, no estamos hablando únicamente de presupuestos, edificios o estructuras administrativas. Estamos hablando de la posibilidad de recibir atención cuando llega una enfermedad, de acompañar un nacimiento prematuro, de tratar un padecimiento crónico o de salvar una vida.

La Caja no es una abstracción institucional: está presente en las historias de quienes han encontrado en ella una oportunidad para seguir viviendo.

¿Quién está poniendo piedras en el camino?

Frente al edificio de la Caja, las mantas expresaban las distintas preocupaciones de quienes participaron en la movilización: «Hospital para Cartago», «No al TLC con Israel», «La deuda es de Hacienda», «Gobierno choricero, la Caja está primero».

Durante la jornada, las personas voceras expusieron los principales motivos de su indignación.

Se denunció una deuda estatal con la institución que ronda los 4,6 billones de colones, así como la inestabilidad de la Junta Directiva, que ha registrado más de 33 cambios de integrantes en 50 meses. También se cuestionó el veto a la representante electa de los trabajadores, pese a la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el respeto a su nombramiento.

A estas preocupaciones se sumaron los cuestionamientos alrededor del caso Barrenador, las denuncias sobre el avance de la privatización y tercerización de servicios, la aplicación de la regla fiscal sobre una institución autónoma y las campañas que insisten en presentar a la Caja como una institución inevitablemente quebrada.

La imagen de Niágara en Bicicleta vuelve a aparecer: ¿cómo se espera que una institución avance si las condiciones para cumplir su función se vuelven cada vez más difíciles?

La pregunta es especialmente importante cuando se observa el impacto que estas situaciones tienen sobre la población.

Durante la marcha se recordó que más de un millón de personas permanecen en listas de espera. Detrás de esa cifra hay personas adultas mayores que aguardan por una cirugía, mujeres que necesitan un diagnóstico y niños que requieren atención especializada.

También se denunciaron las dificultades que enfrenta el hospital de Limón, incluyendo la falta de cirujanos y los problemas de inundaciones. Las comunidades rurales y costeras volvieron a señalar las desigualdades territoriales que condicionan sus posibilidades de acceder a los servicios de salud.

Las listas de espera no afectan a todas las personas de la misma manera. Quienes tienen recursos económicos pueden buscar alternativas privadas; quienes dependen exclusivamente de la seguridad social no siempre tienen esa posibilidad.

Por eso, el debilitamiento de la Caja también profundiza las desigualdades.

Cuando la solidaridad parece una mala palabra

En medio de la movilización, una expresión llamó particularmente la atención:

«El mejor ejemplo del comunismo es la Caja: todos ponemos de acuerdo lo que tenemos y a todos nos atienden por igual». La frase, pronunciada en tono provocador, puso sobre la mesa uno de los principios fundamentales de la seguridad social: la solidaridad.

La Caja representa una forma de organización colectiva en la que las contribuciones de la sociedad permiten sostener un sistema de protección que no depende exclusivamente de la capacidad económica individual.

No se necesita una tarjeta de crédito para recibir atención en una emergencia. Tampoco se debería tener que demostrar capacidad de pago para acceder a un tratamiento.

Esta experiencia de solidaridad es precisamente uno de los aspectos que vale la pena defender. La salud no es una mercancía más y el cuidado de la vida no debería quedar subordinado a las posibilidades de compra de cada persona.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, la CCSS representa una construcción histórica de enorme valor: capacidades públicas, conocimientos, infraestructura, relaciones de solidaridad y una institucionalidad levantada mediante el esfuerzo de generaciones.

Defenderla no significa ignorar sus problemas. Significa exigir que se resuelvan fortaleciendo su carácter público, universal y solidario, en lugar de convertir sus dificultades en argumentos para justificar su debilitamiento.

Aquí nadie quiere bajarse de la bicicleta

La movilización también fue un espacio para honrar a quienes han sostenido estas luchas.

Se recordó a las personas que sufrieron la represión de 2012, a quienes murieron durante la pandemia y a los trabajadores de la salud que entregaron sus esfuerzos en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente.

También se reconoció a las personas pensionadas, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, las organizaciones estudiantiles, las mujeres y las juventudes.

La solidaridad llegó hasta Palestina, donde la destrucción del sistema de salud fue recordada como una expresión de la violencia que sufren los pueblos cuando sus condiciones de vida y sus derechos son arrasados.

«Lo que pasa en Palestina ya está pasando en Latinoamérica», expresó una de las voces durante la jornada.

Al finalizar, entre el Himno Nacional y los aplausos, quedaba la imagen de una movilización que reunió distintas generaciones y experiencias alrededor de una preocupación compartida.

La Caja no nació simplemente de un decreto. Es resultado de luchas sociales, organización popular y decisiones colectivas que hicieron posible construir un sistema de protección social en Costa Rica.

Su historia demuestra que hay conquistas que no pueden dejarse exclusivamente en manos de quienes administran las instituciones. Necesitan participación, vigilancia ciudadana y organización social.

Quizá por eso la pregunta del comienzo sigue teniendo sentido: ¿quién mandó a la Caja a cruzar el Niágara en bicicleta?

Las personas usuarias no deberían hacer malabares para recibir atención. Las personas trabajadoras no deberían tener que compensar con esfuerzos extraordinarios las dificultades estructurales. Y la sociedad no debería aceptar que el deterioro de una institución pública se convierta en la justificación para entregar sus capacidades al negocio privado.

Este 8N dejó un mensaje claro: hay una historia que no se olvida y una conquista colectiva que no se está dispuesta a entregar.

¡Que nadie nos mande a cruzar el Niágara en bicicleta para ejercer nuestro derecho a la salud!

La Caja no se vende, la Caja se defiende.

La alegría también ocupa las calles: celebrar, encontrarse y bailar también es luchar.

La calle también se convierte en un espacio para encontrarnos, reconocernos y celebrar. En medio de las consignas y las demandas, la protesta abre lugar para reír, bailar, conversar y compartir. La alegría se hace presente, toma su espacio y se abre paso entre quienes se reúnen para defender aquello que consideran importante.

Porque manifestarse no es solamente expresar el desacuerdo o denunciar lo que nos preocupa. También es hacer comunidad, encontrarse con otras personas y descubrir que la defensa de los derechos puede vivirse desde la alegría, la esperanza y la celebración de estar juntos.

En ese sentido, la fiesta no es una pausa en la lucha ni algo que ocurre al margen de ella. Es también una manera de ocupar el espacio público, de construir vínculos y de recordar que defender los derechos significa defender las condiciones para vivir, encontrarnos y disfrutar de la vida en común.

El espacio público nos pertenece también para eso: para reunirnos, expresarnos, celebrar y construir colectivamente. La protesta social tiene muchas formas; a veces se grita, otras se conversa y también se baila. Porque la democracia no se limita a observar desde la acera: se ejerce participando, encontrándonos y haciendo de las calles un lugar para todas las personas.

Una calle acordonada, una memoria que permanece

Cuando la movilización llegaba a su final, una escena volvió a despertar recuerdos. La presencia policial acordonó parte del espacio para habilitar un carril destinado al tránsito de vehículos. La disposición de las fuerzas policiales y el espacio delimitado hicieron que algunas personas recordaran inevitablemente lo ocurrido aquel 8 de noviembre de 2012.

Pero esta percepción no surge únicamente de la memoria de aquella jornada. También se construye en el contexto actual. Apenas cinco días antes, el 3 de noviembre, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, anunció instrucciones a la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías durante las manifestaciones y advirtió sobre posibles detenciones y denuncias ante el Ministerio Público contra personas que bloquearan calles, utilizaran pasamontañas o dañaran el patrimonio cultural. Además, cuestionó a diputados y rectores universitarios por supuestamente incitar a la violencia.

Aunque el jerarca afirmó reconocer el derecho a manifestarse, sus declaraciones colocaron en primer plano las medidas de control, las posibles sanciones y la intervención policial frente a determinadas expresiones de protesta. En un escenario donde distintos sectores sociales se movilizan para defender la educación pública, la seguridad social y otros derechos, estos mensajes también inciden en la manera en que la ciudadanía interpreta la presencia de los cuerpos policiales.

Por eso, una calle acordonada no es necesariamente una escena más para quienes recuerdan lo ocurrido en 2012. La memoria de la represión, las advertencias recientes de las autoridades y la experiencia acumulada de quienes han salido a defender sus derechos se entrecruzan y dan sentido a lo que sucede en el espacio público. No se trata de afirmar que cada despliegue policial anuncia una nueva represión, sino de reconocer que la confianza también se construye —o se debilita— a partir de las experiencias y los mensajes que rodean el ejercicio de la protesta.

Esta vez el escenario fue distinto. No vivimos aquella jornada de represión, las agresiones y las detenciones que marcaron la memoria de quienes defendían la seguridad social hace catorce años. Sin embargo, la imagen de una calle acordonada, mientras la ciudadanía se manifestaba, no pasó inadvertida.

Hay recuerdos que se activan con pequeños gestos, con una escena, con una calle que vuelve a tener un significado particular. También hay palabras oficiales que pueden alimentar inquietudes sobre los márgenes que tendrá la protesta social en los próximos días.

La movilización terminó, el tránsito volvió a ocupar su espacio y las personas comenzaron a retirarse. Pero quedó algo que no se puede acordonar ni enviar por otra vía: la memoria de quienes han defendido sus derechos y saben que la protesta social también forma parte de la vida democrática.

Hoy fue distinto, pero no olvidamos. El 8N sigue siendo una fecha para recordar que los derechos se conquistan, se defienden y también necesitan de la memoria colectiva. Porque aquel 2012 también nos dejó un aprendizaje doloroso: cuando el poder siente cuestionados sus intereses, en Costa Rica también puede responder con violencia frente a quienes salen a defender sus derechos.

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Junio 2025: El panorama de la protesta

Autora: Jimena Tercero Herrera

¿Será que nadie protesta en Costa Rica? El TCU 590 de Kioscos Socioambientales y el Proyecto de Investigación Protestas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, comparten con ustedes una serie de cápsulas sobre las protestas realizadas durante el segundo semestre del 2025, como una propuesta para revitalizar la memoria y analizar de forma crítica el presente.

Durante junio de 2025 se registraron 94 acciones de protesta.

Durante el mes de junio la declaración pública fue el formato más frecuente, también, se registraron denuncias ante instituciones, reuniones con autoridades y campañas informativas. Las concentraciones, los bloqueos, los paros y las marchas tuvieron menos presencia durante este mes.

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras protagonizaron casi el 30 % de las acciones y cerca del 31 % de las demandas se relacionó con fiscalización y rendición de cuentas. ¿Quién responde por las decisiones públicas y qué posibilidades tenemos como sociedad civil de exigir explicaciones y rendiciones de cuentas?

En esta edición les presentamos 4 cápsulas que conectan este panorama con la defensa de la salud pública y de los bienes comunes.

Te invitamos a escucharlas y a reconocer las luchas que también atraviesan tu comunidad.

CÁPSULA 1

Las acciones colectivas en Costa Rica

El ejercicio de la política no se hace solamente desde arriba, la política desde abajo es esencial para que no nos arrebaten el futuro y para el correcto funcionamiento de una democracia plena, nosotras y nosotros como sujetos activos de la historia. ¿Una acción colectiva es un movimiento social? ¿O es viceversa? ¿Cuántas acciones colectivas se necesitan para cambiar el rumbo de un país? Una carta, un recurso de amparo o un pronunciamiento también pueden expresar una demanda colectiva, por lo que esta cápsula amplía la mirada sobre dónde ocurre la protesta y se detiene en las denuncias ambientales sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ya que durante este mes, comunidades y grupos ambientalistas se organizaron alrededor de la defensa y denuncia sobre permisos, tala y obras en el refugio que entran en una profunda contradicción con la imagen ecológica que el país proyecta en el exterior.

Escuchála para conocer cómo se organiza la defensa de un territorio.

CÁPSULA 2

ABC de los movimientos sociales

¿A dónde estamos hoy?

Los movimientos sociales son un laboratorio de teoría y aprendizajes desde la calle, un ensayo de lo que podría ser, una serie de vínculos afectivos e identitarios esenciales para pensar el quehacer político de una sociedad. ¿Movimiento sociales o sociedades en movimiento? El caso del nuevo sistema de gestión de recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) permite acercarse al ecosistema de la organización social: Esta cápsula recoge alertas de ANEP y UNDECA sobre fallas administrativas, problemas de inventario y riesgos para el abastecimiento de medicamentos. Adentráte para escuchar cómo el personal y sus organizaciones aliadas reclamaron respuestas ante decisiones que afectaban el funcionamiento de la salud pública.

CÁPSULA 3

Protestar, ¿pero cómo?

La Ley Antihuelgas y las calles de julio

¿Qué margen de acción queda para hacerse escuchar como ciudadanía cuando se restringe la huelga? Esta cápsula relaciona el debate sobre la llamada Ley Antihuelgas, aprobada en 2020, con las formas de protesta registradas en julio. ¿Cómo cambia la forma de hacer política desde abajo con este tipo de mecanismos en marcha cuyo objetivo es criminalizar la protesta? ¿Pacíficos o pacificados?

Esta cápsula abre una serie de preguntas sobre las condiciones para protestar que modifica esta ley y su impacto en los colectivos. Escuchála para ampliar la reflexión acerca de qué cambia cuando cambian las herramientas para reclamar.

CÁPSULA 4

¿Dónde está mi agua?

La odisea del acceso al agua

Abrir el tubo y encontrarlo seco obliga a reorganizar un sinfín de aspectos la vida cotidiana y es la realidad de miles de familias en el país. Esta cápsula recupera los antecedentes de racionamientos y contaminación dentro de las comunidades, incluidos casos de 2024 y sitúa el acceso al agua en el terreno de los derechos humanos básicos y de la justicia ambiental.

Asimismo, el recorrido llega al Caribe Sur como caso de estudio para discutir las desigualdades entre el abastecimiento comunitario y las actividades turísticas, fenómeno que es cada vez más común en las zonas costeras. La pregunta por quién recibe agua como permite examinar las prioridades de la gestión del territorio, desde esa perspectiva, la protesta comunitaria hace visibles las necesidades que no pueden postergarse.

Escuchá la cápsula y sumáte a la conversación sobre cómo se distribuye y se disputa este bien común indispensable para vivir.

LECTURA DEL PANORAMA

Las demandas y las condiciones para ser escuchadas

El hilo que une estas cápsulas mensuales es la disputa por decisiones que afectan la vida cotidiana. Ya sea cuando las organizaciones cuestionan la gestión de la CCSS, denuncian intervenciones en un refugio de vida silvestre o exigen agua potable, es también un reclamo sobre la capacidad para incidir sobre aquello que sostiene sus vidas y el ecosistema que les rodea.

Por eso, contar acciones es un punto de partida. Una lectura crítica y comprometida con la realidad nacional exige preguntarnos qué respuesta reciben sus demandas, quién logra abrir una negociación y qué reclamos han sido históricamente ignorados.

Las restricciones a la huelga vuelven especialmente relevante esa discusión, pues la posibilidad de hacer incidencia depende también del tiempo, los recursos y la capacidad y el respaldo organizativo disponibles. Sostener una demanda puede resultar más difícil para quienes enfrentan mayores carencias o son perseguidos por alzar la voz.

ESCUCHÁ Y COMPARTÍ

Las 4 cápsulas de Radioprotestas son una invitación a conversar sobre lo que ocurre en el país desde quienes lo habitan fuera de los centros de toma de decisiones. Escuchálas en comunidad, con tus compañeras y compañeros de trabajo o tu grupo de estudio. Compartilas y preguntáte, ¿de qué otras formas podemos seguir haciendo política desde abajo?

Las cápsulas de Radio Protesta pueden escucharse desde el canal https://whatsapp.com/channel/0029Vb8zFF85Ejy5QkkQH03K

¿Hay que renunciar a los derechos para conseguir trabajo?

Un testimonio anónimo de una persona trabajadora del campo pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la exclusión laboral por haber participado en una organización sindical? En el trabajo agrícola costarricense, donde la inestabilidad del empleo y la necesidad de generar ingresos condicionan las posibilidades de las personas trabajadoras, los antecedentes de participación sindical pueden convertirse en una barrera para acceder a nuevas oportunidades. Una realidad que merece atención, porque ningún derecho debería tener que sacrificarse para conseguir trabajo.

Una historia que no pertenece solamente al pasado

Cuando se habla de persecución sindical, con frecuencia se piensa en las luchas obreras de mediados del siglo XX, en episodios de confrontación que parecen formar parte de una historia ya superada. Sin embargo, las experiencias de exclusión relacionadas con la participación sindical no necesariamente pertenecen al pasado.

Un testimonio compartido con el Observatorio de Bienes Comunes permite acercarnos a esta preocupación desde una realidad actual: la de una persona trabajadora del campo en Costa Rica que relata las dificultades que ha enfrentado para reincorporarse al mundo laboral y las sospechas de que sus antecedentes de participación sindical podrían estar influyendo en las oportunidades de empleo que consigue.

Su relato invita a mirar con atención las formas en que una posible exclusión puede manifestarse. No siempre aparece como una prohibición explícita o una confrontación abierta. También puede expresarse mediante procesos de contratación que se interrumpen, oportunidades que desaparecen o referencias informales que terminan condicionando el acceso al trabajo.

Cuando participar sindicalmente se convierte en una barrera para conseguir trabajo

La persona relata que, después de intentar reincorporarse a la vida laboral, ha enfrentado dificultades para avanzar en procesos de selección y conseguir estabilidad. Describe situaciones en las que ha sido contratada y despedida poco tiempo después, así como experiencias en las que las oportunidades laborales parecen cerrarse sin explicaciones claras.

En su interpretación, estas situaciones podrían estar relacionadas con el conocimiento que otras personas tienen de su trayectoria sindical. Señala que algunas referencias informales y relaciones entre personas vinculadas a distintos espacios de trabajo podrían estar influyendo en las decisiones de contratación.

El testimonio no presenta estas sospechas como hechos que pueda demostrar documentalmente. Precisamente, una de las preocupaciones que expresa es la dificultad de identificar y hacer visible una posible práctica de exclusión cuando no existe una explicación directa.

Cuando las referencias informales se convierten en mecanismos de exclusión

Uno de los episodios relatados permite comprender mejor esta preocupación. La persona cuenta que participó en una capacitación de varias horas como parte de un proceso para acceder a un empleo. Durante esa actividad, alguien la reconoció y, según relata, se dirigió a las oficinas. Después de la capacitación, le comunicaron que había ocurrido un problema con el sistema y que no podían completar o imprimir el contrato, por lo que le indicarían posteriormente cómo continuar.

Sin embargo, los días pasaron y, al consultar sobre el proceso, recibió como respuesta que ya no necesitaban personal. La persona señala que posteriormente observó una nueva convocatoria para contratar trabajadores, lo que reforzó sus sospechas sobre las razones por las que su contratación no llegó a concretarse.

Desde su experiencia, relaciona lo ocurrido con el reconocimiento de su trayectoria sindical. Este episodio muestra una preocupación que va más allá de una oportunidad laboral perdida: la posibilidad de que las referencias personales y los antecedentes de participación colectiva terminen pesando sobre las decisiones de contratación.

La vulnerabilidad de quienes dependen de su trabajo para vivir

Esta situación adquiere una dimensión particular cuando se observa desde las condiciones del trabajo agrícola. Para quienes trabajan en el campo, la posibilidad de conseguir empleo representa una necesidad cotidiana: de esos ingresos dependen la alimentación, el sostenimiento del hogar y otras necesidades propias y familiares.

La inestabilidad laboral, los periodos de contratación breves y las modalidades de trabajo sujetas a la producción pueden profundizar esa vulnerabilidad. Cuando una oportunidad desaparece o una contratación no se concreta, sus consecuencias no se limitan al ámbito laboral: afectan las condiciones materiales de vida.

En ese escenario, reclamar o intentar esclarecer lo ocurrido puede convertirse en una decisión difícil. Si una persona sospecha que su trayectoria sindical está influyendo en sus posibilidades de conseguir trabajo, también puede temer que insistir o hacer pública su situación cierre todavía más las puertas laborales.

El testimonio expresa con claridad esa dificultad: «¿Cómo hacer constar de que me están echando por ser sindicalista, por haber sido sindicalista?»

La pregunta señala uno de los problemas centrales de estas experiencias: ¿cómo hacer visible una posible exclusión cuando las decisiones se presentan como procedimientos administrativos, cambios en las necesidades de contratación o simples respuestas de las empresas?

El costo de defender derechos

La libertad sindical no se limita a la posibilidad formal de afiliarse a una organización o participar en ella. También supone que esa participación no se convierta en una desventaja para acceder al trabajo, conservarlo o desarrollar una vida laboral.

Cuando una persona siente que su participación sindical puede perjudicar sus oportunidades de empleo, el efecto puede trascender su situación individual. El temor a quedar fuera del mercado laboral puede desalentar la organización, debilitar la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras y generar silencios frente a situaciones que requieren ser discutidas colectivamente.

En el trabajo agrícola, donde la inestabilidad y la dependencia del ingreso pueden colocar a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, esta preocupación merece especial atención.

El derecho al trabajo no debería depender del silencio

Este testimonio no es una historia antigua ni un episodio que pueda archivarse como parte de las luchas laborales del pasado. Es una experiencia actual que invita a preguntarnos por las condiciones en que las personas trabajadoras del campo ejercen sus derechos y por las consecuencias que puede tener participar en la defensa colectiva de sus intereses.

La posibilidad de organizarse, expresar desacuerdos y defender derechos no debería convertirse en una barrera para conseguir trabajo. Tampoco debería exigirse el silencio como condición para acceder a un empleo.

La persecución sindical no es solamente un recuerdo de las luchas del pasado. Defender derechos no debería convertirse, hoy, en una condena a la exclusión laboral.

¿Quién debería sentir vergüenza?

Hay algo que no podemos perder de vista: si una persona trabajadora llega a sentir que debe ocultar su trayectoria sindical para conseguir empleo, el problema no está en haber participado en la defensa de sus derechos. La vergüenza debería recaer sobre quienes convierten esa participación en una marca de exclusión.

Las empresas, los patrones e instituciones públicas que permiten, promueven o se benefician de estas prácticas tienen una responsabilidad frente a las condiciones laborales que generan. Pero también merecen cuestionamiento aquellas personas trabajadoras que, al reproducir referencias, advertencias o mecanismos informales para impedir que otras sean contratadas por su trayectoria sindical, terminan colaborando con formas de silenciamiento y disciplinamiento laboral.

Cuando ser sindicalista, haber participado en una organización o defender derechos se convierte en un requisito informal para quedar fuera de una oportunidad de trabajo, se está instalando una forma de control que no necesita aparecer escrita en ningún contrato. Basta con que circule el mensaje: ciertas personas no son bienvenidas porque han levantado la voz, se han organizado o han cuestionado condiciones laborales.

Lo más preocupante es que estas prácticas pueden terminar normalizando aquello que debería ser inaceptable: que el acceso al trabajo dependa de la disposición a guardar silencio, tolerar abusos o renunciar a la defensa de los derechos propios y colectivos.

La dignidad del trabajo no puede construirse sobre la exclusión de quienes se organizan para defenderla.

Nota: Las imágenes utilizadas en esta publicación fueron tomadas de Pexels y se emplean con fines ilustrativos.

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ClimáTicas: una guía para comprender el cambio climático desde una perspectiva de género

Si sos una mujer costarricense a la que le interesa cuidar el medio ambiente, quédate, porque esto te puede interesar muchísimo.

La preservación del medio ambiente es sumamente importante. Cuidar nuestros recursos naturales no solo significa proteger millones de especies, sino también cuidar nuestro futuro. No tenemos un planeta B y lo cierto es que dependemos de la naturaleza para vivir. Por eso, cuidar la Tierra y buscar un equilibrio con nuestro entorno es una tarea que nos involucra a todas las personas.

Es evidente que, durante las últimas décadas, nuestros modelos de producción y consumo han provocado un uso desmedido de los recursos naturales. Basta con salir a la calle y encontrar aceras o ríos llenos de basura, observar cómo se talan bosques para construir condominios o ver cómo las comunidades enfrentan problemas para acceder al agua. En la Gran Área Metropolitana existen racionamientos constantes y ni qué decir de las dificultades que enfrentan algunas comunidades de Guanacaste.

Estamos atravesando múltiples crisis y una de ellas es la crisis climática. El cambio climático ya no es algo del futuro, es una realidad que nos afecta hoy, especialmente a las mujeres, quienes tenemos mayores condiciones de vulnerabilidad frente a sus efectos. Las desigualdades que ya enfrentamos en la sociedad también se hacen presentes en esta crisis, por lo que hablar de cambio climático implica hablar de género.

Por esta razón creé ClimáTicas, una guía ilustrada sobre cambio climático con perspectiva de género. En ella encontrarás explicaciones sencillas sobre qué es el cambio climático, un acercamiento al panorama global y nacional, el por qué esta crisis afecta de manera diferenciada a las mujeres. Pero, sobre todo, la guía incluye un ABC de cómo involucrarse en esta causa, con ideas y herramientas para dar los primeros pasos en la acción climática.

Así que, si sos una mujer a la que le interesa proteger el medio ambiente, y querés involucrarte en la justicia climática ¡te felicito!.

Necesitamos más mujeres que quieran hacer algo por nuestro planeta y por Costa Rica. Te invito a leer ClimáTicas; de verdad, es una guía pensada tanto para quienes apenas están comenzando este camino como para quienes ya tienen experiencia y quieren seguir aprendiendo. La guía es completamente gratuita y podés acceder a ella con un solo clic.

Unámonos, porque sin justicia de género no hay justicia climática.

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Declaración pública – Por la dignidad de los pueblos indígenas de Costa Rica

Ante las constantes y evidentes manifestaciones de desprecio, discriminación, racismo, xenofobia y clasismo hacia los pueblos originarios, sus manifestaciones y expresiones culturales y espirituales, así como hacia su cultura en todas sus dimensiones y sus derechos naturales a la salud y a la tierra (territorialidad), reivindicamos los derechos que estos pueblos poseen desde antes de 1492.

El sometimiento de los pueblos originarios se inauguró en esa fatídica fecha y, a diferencia del resto de la población, nuestros pueblos no se independizaron en 1821. Seguimos siendo oprimidos por una casta criolla e imperialista.

El Gobierno actual y la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa han manifestado públicamente su desprecio hacia los pueblos indígenas, de manera sistemática y estructural. Esta actitud forma parte de un sistema de exclusión que se ha consolidado e institucionalizado.

La casta política, económica y social ha rechazado y archivado iniciativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas: el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas; el reconocimiento de las prácticas tradicionales de salud; el derecho a la gobernanza mediante instituciones libremente electas por los propios pueblos indígenas; el intento de derogar la Ley Indígena N.° 6172, impulsado por Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN); y el desconocimiento de decretos relacionados con la salud, la educación y el derecho a la tierra, reconocido desde 1939, así como de la creación del Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI).

Estas actuaciones representan una violación al espíritu del artículo primero de la Constitución Política y a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Estado costarricense es signatario.

Se realizan recortes presupuestarios en salud, educación, agricultura y muchos otros sectores, estrechando las oportunidades de acceso a la educación superior y propiciando el cierre de sedes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y otras instituciones. Estas medidas contravienen lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el sistema de salud de los pueblos indígenas.

Asimismo, se limitan las oportunidades de las personas con discapacidad y se despoja de recursos a instituciones como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Cruz Roja Costarricense, la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y muchas otras, que se ven erosionadas y disminuidas en sus capacidades de atención.

Mientras tanto, el Gobierno asigna presupuesto al Ministerio de Comunicación de la Presidencia para viajes, vehículos de lujo y otros beneficios, así como para ampliar su imagen pública. También se mantienen situaciones como las pensiones de lujo, en las que se reciben simultáneamente una pensión y un salario, sin ningún sonrojo.

No haremos ni hacemos reclamos que, al final, sabemos que caerán en saco roto o serán recibidos con total indiferencia por parte de un sistema arrogante y prepotente.

Reafirmamos nuestra actitud de defensa de la dignidad, como lo hicieron nuestros próceres y caudillos: Pablú Presbere, Antonio Saldaña y los pueblos originarios de Abya Yala.

Seguiremos hasta las últimas instancias.

Colectivo Antonio Saldaña

Filidencio Cubillo Morales

Coordinador

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Defender los ríos de Upala: organización comunitaria para cuidar la vida y el territorio

Desde Upala, las personas integrantes del grupo Defensa de los Ríos de Upala nos comparten este video para acercarnos a sus experiencias, motivaciones y esfuerzos colectivos por proteger los ríos de su territorio. A través de sus voces, conocemos las preocupaciones que impulsan su organización y las acciones que promueven frente a las amenazas asociadas a la extracción de materiales. Sus testimonios nos recuerdan que defender los ríos es también cuidar la historia, la identidad y las formas de vida de las comunidades, así como el agua y los bienes comunes que necesitamos proteger para las generaciones presentes y futuras.

Los ríos forman parte de la historia, la identidad y la vida cotidiana de las comunidades de Upala. Frente a las preocupaciones por la extracción de materiales y sus posibles impactos, personas de distintos distritos se han organizado para defender estos bienes comunes y promover acciones que contribuyan a su protección. En este video, integrantes del grupo Defensa de los Ríos de Upala comparten sus motivaciones, experiencias y propuestas para cuidar los ríos y fortalecer la participación comunitaria.

Los ríos también cuentan nuestra historia

Los ríos no son solamente corrientes de agua ni espacios de los que se extraen materiales. Son parte de la memoria de los pueblos, de sus formas de encuentro y de las relaciones que se construyen con el territorio.

En Upala, los ríos han acompañado la vida de generaciones: son lugares donde muchas personas aprendieron a nadar, donde las familias comparten y donde las comunidades desarrollan actividades recreativas y encuentros colectivos. También forman parte de la identidad del cantón y de la relación que sus habitantes mantienen con la naturaleza.

Por eso, cuando surgen preocupaciones por las actividades que pueden afectar sus cauces, sus márgenes y sus ecosistemas, la discusión va más allá de los materiales que se extraen. También involucra la conservación del agua, la biodiversidad, la memoria comunitaria y las condiciones ambientales que heredarán las futuras generaciones.

Como expresan las personas participantes en el video, defender los ríos significa proteger una parte fundamental de la historia y de la vida de Upala.

De la preocupación a la organización

El grupo Defensa de los Ríos de Upala surge de la necesidad de articular esfuerzos para proteger los ríos del cantón, ante las preocupaciones relacionadas con la extracción de arena, piedra y otros materiales, así como con las actividades que se desarrollan en sus cauces.

Las intervenciones muestran que detrás de esta organización hay distintas motivaciones: el vínculo personal con la naturaleza, la preocupación expresada por las comunidades, el reconocimiento de los posibles impactos ambientales y el compromiso con la conservación de los ríos.

Esta diversidad de experiencias se convierte en un punto de encuentro. Personas de Upala y de distintos distritos se articulan para dar seguimiento a las concesiones y a las actividades extractivas, buscar respuestas institucionales y promover iniciativas que permitan fortalecer la protección de estos ecosistemas.

Entre las acciones mencionadas se encuentran la búsqueda de apoyo institucional, la vigilancia de las condiciones de los ríos, la educación ambiental y el impulso de una propuesta de ley orientada a su protección.

La organización comunitaria aparece así como una forma de transformar la preocupación en acción colectiva: observar lo que sucede, documentar los posibles daños, plantear denuncias, exigir respuestas y construir alternativas para el cuidado del territorio.

Defender los ríos requiere un esfuerzo colectivo

Las voces reunidas en el video también plantean que la defensa de los ríos no puede recaer únicamente sobre las personas que integran un grupo organizado. Se necesita la participación de asociaciones de desarrollo, organizaciones comunitarias, instituciones públicas y otros actores comprometidos con la conservación ambiental.

Esta articulación puede contribuir a fortalecer la vigilancia comunitaria, mejorar la circulación de información y promover investigaciones cuando existan indicios de afectaciones ambientales. También permite abrir espacios de diálogo sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales de las actividades extractivas.

La educación ambiental, la investigación, la comunicación pública y la participación ciudadana son herramientas que pueden ayudar a las comunidades a comprender mejor lo que ocurre en sus territorios y a exigir que las autoridades cumplan sus responsabilidades.

En este proceso, las organizaciones no gubernamentales y otros actores aliados también pueden aportar a la documentación de situaciones de riesgo, la difusión de información y el acompañamiento de las comunidades en sus gestiones ante las instituciones correspondientes.

La defensa de los ríos exige, además, reconocer que las dinámicas ambientales no se detienen en los límites administrativos. Las preocupaciones expresadas por las personas participantes vinculan la situación de Upala con la necesidad de abrir discusiones más amplias, que también involucren a comunidades de cantones vecinos, como Guatuso y Los Chiles.

El agua, el ambiente sano y la vida digna

Cuidar los ríos implica reconocer su importancia para la salud, el acceso al agua y el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano. Por eso, las preocupaciones relacionadas con la extracción de materiales no pueden abordarse únicamente como un asunto técnico: también requieren considerar las condiciones de vida de las poblaciones y las responsabilidades públicas frente a la protección ambiental.

En las intervenciones se insiste en la importancia de conocer lo que sucede en los cauces, dar seguimiento a las actividades extractivas y promover acciones que permitan prevenir o reducir los impactos. Esta tarea requiere información, organización y capacidad para exigir rendición de cuentas.

También supone preguntarse qué tipo de relación queremos construir con la naturaleza y qué responsabilidades tenemos frente a los bienes comunes que sostienen nuestras vidas.

Los ríos son parte de un territorio compartido. Su cuidado demanda decisiones que consideren no solamente los intereses inmediatos, sino también las consecuencias de largo plazo para las comunidades y los ecosistemas.

Una invitación a involucrarse

Las personas integrantes del grupo Defensa de los Ríos de Upala comparten en este video las razones que las llevaron a involucrarse, las preocupaciones que motivan su trabajo y las acciones que consideran necesarias para proteger los ríos del cantón.

Sus testimonios nos recuerdan que la defensa de los bienes comunes comienza muchas veces con algo cercano: reconocer un cambio en el entorno, escuchar la preocupación de otras personas y decidir que aquello que afecta a la comunidad merece atención y respuestas.

Organizarse para cuidar los ríos es también una forma de defender la memoria, la identidad y las posibilidades de una vida digna en el territorio.

¿Qué podemos hacer, desde nuestras comunidades y organizaciones, para que los ríos sigan siendo espacios de vida para las generaciones presentes y futuras?

La defensa de los ríos de Upala nos invita a mantener abierta esta pregunta y a convertirla en un compromiso colectivo con el agua, la naturaleza y las comunidades que dependen de ellas.

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¡A bailar el Niágara en bicicleta! Una canción para pensar la salud

Hay canciones que nos hacen bailar y otras que, además, nos dejan pensando. El Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra, tiene ambas cosas: humor, ritmo y una historia que nos invita a preguntarnos qué ocurre cuando necesitamos atención médica y las respuestas no llegan.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra, retomamos esta canción para abrir una conversación sobre la salud, los cuidados y la seguridad social en Costa Rica.

¿Qué hay detrás de la risa cuando escuchamos esta canción? Las listas de espera, las dificultades para recibir atención, las condiciones en que trabajan quienes cuidan y las desigualdades que hacen que enfermarse no sea la misma experiencia para todas las personas.

En nuestro nuevo documento de trabajo, Pasar el Niágara en bicicleta. Salud, cuidados y bienes comunes sociales a partir de El Niágara en bicicleta, de Juan Luis Guerra, proponemos mirar más allá de los hospitales para reconocer las condiciones colectivas que sostienen la salud.

Algunas ideas para seguir la conversación
  • La CCSS es necesaria, pero necesita transformaciones. Defenderla también implica discutir críticamente sus problemas.

  • Esperar no significa lo mismo para todas las personas. Los recursos económicos, el transporte y el lugar donde vivimos condicionan el acceso a la atención.

  • Quienes cuidan también necesitan cuidados. Las condiciones laborales del personal sanitario repercuten en la atención.

  • La salud también se construye fuera del hospital. Las familias y las comunidades sostienen tareas de cuidado que muchas veces permanecen invisibles.

  • No podemos normalizar lo absurdo. Las dificultades que enfrentamos deben abrir preguntas sobre cómo queremos organizar colectivamente el cuidado de la vida.

Escuchemos, bailemos y reflexionemos

Le invitamos a escuchar la canción, dejarse llevar por su ritmo y volver a ella con otras preguntas: ¿qué situaciones reconocemos en nuestra propia experiencia?, ¿qué hemos terminado aceptando como normal?, ¿qué necesitamos cambiar?

Descargue el documento, compártalo y utilice sus preguntas para conversar en su comunidad.

Porque la salud ocurre en nuestros cuerpos, pero sus condiciones se construyen entre muchas personas. Y cuidar la vida no debería ser una carrera de obstáculos que cada quien deba enfrentar en soledad.

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MUSADE – Los derechos no se cuidan solos: 40 años de resistencia feminista

¿Qué nos enseña una organización que lleva cuatro décadas acompañando las luchas de las mujeres? ¿Cómo sostener la esperanza cuando los derechos conquistados vuelven a estar en riesgo?

En el marco de los 40 años de MUSADE (Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo), conversamos con Enid Cruz, trabajadora social y activista vinculada a la organización desde su fundación en 1986, sobre los aprendizajes acumulados durante estas décadas, los desafíos del movimiento social y las tareas que tenemos por delante.

La conversación parte de una preocupación urgente: mientras se acumulan las amenazas y los retrocesos en materia de derechos, ¿cómo respondemos colectivamente? En este contexto, la defensa de los derechos de las mujeres no puede entenderse de manera aislada, sino en relación con las condiciones de vida de las comunidades y las luchas de otros sectores sociales.

A lo largo de la entrevista surgen varias pistas para pensar nuestro presente. Los derechos nunca están definitivamente garantizados; la organización y la articulación colectiva siguen siendo indispensables; y las luchas feministas también necesitan revisar sus propias prácticas, escuchar a las nuevas generaciones y encontrar nuevas formas de construir respuestas compartidas.

Algunas ideas clave de la conversación
  • -40 años como historia de resistencia. Más que celebrar una cifra, el aniversario de MUSADE ofrece una oportunidad para revisar los avances, reconocer los desafíos pendientes y comprender las amenazas que enfrentan los derechos conquistados.

  • -Ningún derecho está garantizado para siempre. Los avances legales y sociales pueden verse amenazados. Por eso, defender los derechos requiere mantener una participación activa y una vigilancia colectiva.

  • -Las luchas de las mujeres están conectadas. La defensa de sus derechos no puede comprenderse de manera aislada, sino en relación con las condiciones de vida de las comunidades y las luchas de otros sectores sociales.

  • -De las agendas individuales a las prioridades colectivas. Frente a amenazas que afectan a distintos sectores, uno de los grandes desafíos del movimiento social es superar la fragmentación y construir respuestas articuladas.

  • -Escuchar a las nuevas generaciones. Las movilizaciones juveniles muestran que existe capacidad de respuesta y preocupación por el presente. El reto está en fortalecer los vínculos entre generaciones y abrir espacio a nuevas formas de organización y participación.

  • -Revisar nuestras propias prácticas organizativas. La experiencia acumulada es valiosa, pero también nos invita a cuestionar los liderazgos tradicionales, los personalismos y las dificultades para responder a nuevas demandas.

  • -Reconocer las transformaciones que sí hemos conseguido. Aunque los cambios estructurales sean lentos y persistan muchas desigualdades, las transformaciones en la vida de las mujeres, la conciencia sobre sus derechos y las redes de solidaridad también constituyen conquistas importantes.

  • -La esperanza también se construye organizándonos. La participación social no solo busca transformar las instituciones o las políticas públicas. También permite desarrollar capacidades, fortalecer vínculos y descubrir que podemos actuar colectivamente sobre nuestra realidad.

¿Cómo seguir construyendo en tiempos difíciles?

A partir de estas reflexiones surge otra pregunta: ¿cómo evitar que el cansancio y la frustración nos convenzan de que tantos años de lucha no han servido para nada?

La experiencia de MUSADE nos invita a mirar más allá de las grandes conquistas y los cambios institucionales. También hay transformaciones en la vida de las mujeres, en la conciencia sobre las desigualdades, en las relaciones de solidaridad y en las capacidades que las personas desarrollan cuando participan y se organizan. Reconocer estos avances no significa ignorar lo que falta, sino comprender que las transformaciones sociales también se construyen a través de procesos cotidianos, vínculos y aprendizajes compartidos.

Desde esta perspectiva, cumplir 40 años no significa dar por concluida una lucha. Significa revisar lo recorrido, reconocer lo aprendido y preguntarse cómo continuar. En un contexto de incertidumbre, resistir también implica recuperar la memoria de lo que hemos construido y reconocer que ninguna transformación depende de una sola organización: sostenerla requiere esfuerzos colectivos, diálogo y articulación.

En esta nueva entrega de Sentires y Saberes, del Observatorio de Bienes Comunes, escuchamos a Enid Cruz reflexionar sobre la memoria feminista, los desafíos de la organización social y la necesidad de sostener la esperanza como una práctica colectiva.

Porque quedarse esperando a que otras personas resuelvan los problemas no es una opción. La construcción de respuestas también nos corresponde a quienes habitamos y compartimos este país.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa.