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El rugido que no se oye: comunidades de Maquengal denuncian ante el presidente la agonía del Río Frío

Conoce su denuncia pública aquí.

Durante la visita del presidente Rodrigo Chaves a Río Celeste, integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: el jaguar ya no ruge en Maquengal, porque el Río Frío está siendo destruido. Le entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.

El río que se apaga

El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido transformaciones alarmantes. El monitoreo comunitario ha documentado erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal,  todo  como  resultado  de  la  extracción  intensiva  de  materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.

Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales. La afectación es doble: por un lado, se borró un espacio de encuentro; por otro, se cerró la puerta a un turismo que pudo ser alternativa económica para Guatuso, pero que las instituciones locales decidieron ignorar.

 

“¿Qué turista querrá venir a Guatuso si lo que encuentra son canteras, ruido de maquinaria y un río agonizante?”, interpelan en su carta.

¿Para quién es el desarrollo?

Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal. En su mensaje al presidente, la voz colectiva fue firme: quieren desarrollo, pero no a costa de convertirse en simples proveedores de piedra para proyectos ajenos. Reclaman un modelo económico que los respete como protagonistas, basado en el turismo rural, la producción local y la conservación.

El silencio del jaguar

En un tono cargado de simbolismo, la carta concluye con una imagen poderosa: “Hoy el río está en silencio. Y aquí, donde antes la vida brotaba en abundancia, ya ni el jaguar se asoma”. El felino, guardián de los bosques y ríos, se convierte en emblema de la pérdida que viven: si el jaguar calla, es porque el territorio mismo está en riesgo.

El Grupo de Defensa de la Cuenca advierte que no se trata solo de piedras o de un cauce alterado, sino de la vida cultural, económica y social de Maquengal y Guatuso entero. La lucha es por el derecho a permanecer en sus tierras sin que la juventud se vea obligada a emigrar ante un futuro hipotecado por la extracción.

Escuchar la voz del río y del pueblo

La presencia de las comunidades en la visita presidencial no fue un gesto protocolario. Fue un acto de dignidad: exigir que se escuche el rugido silenciado del jaguar y detener la destrucción del Río Frío. El mensaje quedó entregado en manos del presidente; ahora, las comunidades esperan respuestas que no se queden en promesas.

En el mismo acto, el presidente Rodrigo Chaves resaltó la belleza natural de la zona y afirmó que sí es posible hacer progreso sin necesidad de dañar la naturaleza, al tiempo que invitó al SINAC a redoblar sus esfuerzos en el cuidado del ambiente. Las comunidades esperan que esas palabras no se queden en discurso y se traduzcan en acciones concretas para frenar la destrucción del río.

Con la entrega de la denuncia pública y la carta, la comunidad de Maquengal y el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío ya hicieron su parte: documentaron los daños, alzaron la voz con respeto y colocaron sus propuestas sobre la mesa. Ahora, el turno está del otro lado. La pregunta es si el presidente y su gobierno darán prioridad a un territorio que denuncia abandono, pérdida de su patrimonio natural y exclusión de las decisiones.

Lo que está en juego no es menor: detener la destrucción del Río Frío, atender las necesidades de Maquengal y abrir un camino de desarrollo justo y sostenible. La comunidad ya habló con claridad. El silencio no puede ser ahora la respuesta del Estado.

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¿Vale la pena defender el Río Frío? El Río Frío habla a través de su gente

Este video recoge las voces de vecinas y vecinos de Maquengal (Guatuso), quienes denuncian la devastación causada por la minería no metálica: pérdida de acceso al río, afectaciones en la ganadería, el turismo y un abandono institucional que profundiza la crisis.

La comunidad recuerda cómo el 2 de agosto se organizó para firmar una denuncia pública que respalda esta lucha. Lo que les sostiene es claro: la fuerza de la organización, la defensa del territorio y la convicción de que solo con incidencia política su voz será escuchada.

El Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro insiste: proteger el río es proteger la vida, la cultura y el futuro.

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La mercantilización de los océanos: cuando el mar se convierte en negocio

En los últimos años, la llamada economía azul se ha presentado como la estrategia global para proteger y aprovechar de manera sostenible los océanos. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde un proceso profundo de mercantilización: los mares y sus ecosistemas dejan de ser bienes comunes para transformarse en activos financieros y espacios de inversión. Esto significa poner precio al mar, a sus recursos y hasta a sus funciones ecológicas, con el fin de atraer capital, generar rentabilidad y abrir nuevas fronteras de acumulación.

La economía azul, presentada como una salida frente a la crisis climática y el deterioro de los mares, en realidad despliega un conjunto de mecanismos que consolidan la mercantilización de los océanos. Detrás del lenguaje de la sostenibilidad se abren nuevas formas de apropiación y control, expresadas en diversas prácticas que transforman al mar en un mercado.

En un momento en que los océanos enfrentan presiones sin precedentes, la minería submarina aparece como una de las amenazas más graves. Gobiernos y empresas la promueven como alternativa “sostenible” para obtener minerales estratégicos destinados a la transición energética, pero en realidad se trata de abrir una nueva frontera extractiva en los fondos marinos, ecosistemas de enorme fragilidad y todavía poco conocidos por la ciencia. No es casual que, en foros internacionales como el realizado en Niza en 2025, se haya intensificado el debate sobre esta actividad: mientras la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos avanza en la concesión de licencias, cada vez más voces advierten que la minería profunda podría desencadenar daños irreversibles en la biodiversidad oceánica y en el clima global.

Es desde este contexto que se vuelve urgente revisar críticamente los discursos de la llamada economía azul. Esta nota se elabora a partir del libro Mercantilizando los océanos: Economía azul y sus impactos en el territorio marino costero del Ecuador de Raquel Rodríguez, Elizabeth Bravo, Soledad Jácome y David Reyes (2025), el cual aporta claves fundamentales para comprender cómo la mercantilización de los mares se viste de conservación y sostenibilidad, mientras oculta dinámicas de despojo y exclusión sobre comunidades costeras.

Prácticas concretas de mercantilización

La economía azul despliega múltiples mecanismos para convertir al océano en mercancía:

  • Bonos azules: instrumentos de deuda emitidos por gobiernos y bancos que financian proyectos de pesca, turismo o energías marinas bajo el rótulo de “sostenibles”. Trasladan las lógicas de Wall Street al espacio oceánico.
  • Carbono azul: manglares, praderas marinas y humedales costeros son transformados en “sumideros de carbono” comercializables en mercados de compensación. Estos esquemas suelen restringir el acceso comunitario y consolidar nuevas formas de despojo.
  • Áreas marinas protegidas con lógica empresarial: creadas bajo metas globales como el compromiso 30×30, terminan excluyendo a comunidades costeras del uso de sus territorios, mientras ONG y corporaciones controlan la gestión.
  • Canjes de deuda por océanos o naturaleza: países endeudados ceden soberanía sobre zonas marinas a cambio de alivio financiero, en operaciones opacas mediadas por bancos multilaterales y grandes ONG conservacionistas.
  • Turismo y certificaciones de sostenibilidad: sellos y etiquetas “verdes” legitiman actividades que muchas veces consolidan exclusiones o maquillan prácticas extractivas (bluewashing).
  • Minería submarina y energías marinas a gran escala: se promueven como energías limpias o de futuro, aunque sus impactos en ecosistemas poco conocidos son severos e irreversibles.

Todas estas prácticas muestran cómo la economía azul convierte los mares en un laboratorio financiero y empresarial, donde la biodiversidad, la cultura y la vida comunitaria pasan a un segundo plano.

Estas prácticas no se justifican solas; necesitan de un marco ideológico que las legitime. Allí aparece el entramado conceptual que convierte la mercantilización en una aparente estrategia de conservación. Bajo nociones como “servicios ecosistémicos” o “soluciones basadas en la naturaleza”, se maquilla el despojo y se presenta el negocio como cuidado ambiental.

El encubrimiento conceptual: sostenibilidad como máscara

El avance de la mercantilización no se presenta abiertamente como un proceso de privatización, sino que se disfraza bajo discursos de sostenibilidad y conservación. Entre los conceptos más usados están:

  • “Servicios ecosistémicos” y “capital natural”: se asigna un valor monetario a funciones vitales del océano (regulación climática, biodiversidad, belleza escénica), reduciendo lo vivo a “capital”.
  • “Crecimiento azul” y “soluciones basadas en la naturaleza”: lenguaje tecnocrático que promete beneficios ambientales y económicos, pero invisibiliza las desigualdades sociales y culturales.
  • “Naturaleza positiva” o “cero emisiones netas”: metas ambiguas que legitiman compensaciones financieras sin transformar las causas reales de la crisis ecológica.
  • “Bluewashing”: campañas de marketing que presentan a empresas como defensoras del océano mientras mantienen prácticas dañinas o extractivas.

Este encubrimiento funciona como una nueva colonización discursiva, en la que la conservación se convierte en negocio y las comunidades locales son relegadas a proveedoras de servicios turísticos o guardianes tercerizados de sus propios territorios.

Ese andamiaje discursivo no es neutro, sino que se sostiene en una amplia red de instituciones y organizaciones internacionales, financieras y estatales. Son ellas las que dan forma legal, técnica y política a la mercantilización, y quienes gestionan los océanos desde lógicas globales que desplazan las decisiones locales.

Instituciones y organizaciones protagonistas

El entramado de la economía azul está sostenido por una amplia red de actores a nivel global y nacional:

  • Agencias multilaterales: Naciones Unidas (PNUMA, Pacto Mundial, FAO, UNESCO), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que impulsan marcos legales y financieros para la economía azul.
  • ONG conservacionistas globales: The Nature Conservancy, WWF, Conservation International, que han transitado de ser gestoras ambientales a actores financieros con fuerte influencia en políticas públicas.
  • Fondos de inversión y bancos privados: promotores de bonos azules, seguros marítimos y otros instrumentos financieros aplicados al mar.
  • Gobiernos nacionales: que adoptan normativas de áreas protegidas, acuerdos de deuda o programas de “crecimiento azul”, en muchos casos sin consulta real a las comunidades.
  • Empresas transnacionales: del turismo, energía, pesca industrial, minería submarina y transporte marítimo, que se benefician directamente de la apertura de nuevas fronteras extractivas.
Consecuencias para las comunidades

Las implicaciones de este modelo son profundas. Las comunidades costeras enfrentan desplazamiento o restricciones de acceso a pesquerías y territorios; pérdida de autonomía en la gestión local, ya que las decisiones se toman en foros internacionales o en directorios corporativos; conversión de su rol en prestadoras de servicios al capital; y aumento de la desigualdad, donde los beneficios quedan en manos de inversionistas y los costos sociales y ambientales recaen en las poblaciones locales.

En definitiva, la mercantilización de los océanos refleja la continuidad de un modelo colonial, donde los mares se convierten en nuevas fronteras de acumulación bajo narrativas “verdes” y “azules”. Más que proteger, se busca extraer valor económico de funciones vitales, invisibilizando derechos, culturas y formas de vida de quienes históricamente han cuidado y convivido con el mar.

Este sistema de gobernanza, lejos de ser novedoso, reproduce patrones históricos. La manera en que se definen las reglas, se apropian territorios y se excluyen comunidades revela la continuidad de un modelo colonial que se adapta al siglo XXI bajo ropajes verdes y azules.

Mercantilización y colonialismo: una misma lógica con nuevos ropajes

La mercantilización de los océanos no surge en un vacío: se inscribe en la larga historia del colonialismo. Desde la expansión europea en el siglo XV, los mares fueron concebidos como rutas de extracción, transporte y dominio. Bajo el principio de la “libertad de los mares”, las potencias coloniales justificaron la apropiación de rutas, puertos y recursos marinos, siempre subordinando a los pueblos costeros e insulares.

Hoy, la economía azul reactualiza esa misma lógica bajo un lenguaje tecnocrático y ambientalista. En lugar de galeones y compañías coloniales, aparecen bonos azules, áreas protegidas y canjes de deuda; en lugar de virreinatos, ONG globales, bancos multilaterales y gobiernos asociados al capital transnacional. El mecanismo, sin embargo, sigue siendo el mismo: declarar los territorios marinos como espacios vacíos de sujetos políticos, para luego gestionarlos desde centros de poder lejanos.

El colonialismo clásico justificaba la exclusión de comunidades con el argumento de que eran un obstáculo al progreso o una amenaza para la “civilización”. La economía azul repite ese patrón al presentar a las poblaciones locales como “depredadoras” o “ineficientes”, y al proponer que la verdadera conservación solo es posible bajo marcos empresariales y financieros. Así, la soberanía de los pueblos sobre sus mares y costas se erosiona, mientras se consolida un colonialismo financiero y ecológico que convierte la biodiversidad en capital natural y la cultura en un atractivo turístico.

El trasfondo es claro: la mercantilización oceánica no busca únicamente generar negocios, sino reordenar las relaciones de poder en torno al mar, desplazando el protagonismo histórico de comunidades costeras e indígenas, e imponiendo una visión donde la vida oceánica vale solo en la medida en que produce réditos económicos.

La minería en aguas profundas representa quizás la expresión más cruda de esta continuidad. Al convertir los fondos marinos en yacimientos estratégicos para la industria global, se reactualiza la lógica colonial de ver al océano como un espacio vacío y disponible, sin reconocer sus dinámicas de vida ni a las comunidades que dependen de él.

Minería submarina: la frontera extractiva de la mercantilización

Uno de los ejemplos más evidentes de cómo la economía azul abre nuevas fronteras de acumulación es la minería en aguas profundas. Bajo la promesa de extraer minerales estratégicos para la transición energética —níquel, cobalto, cobre, tierras raras—, se impulsa la idea de que los fondos marinos son un “tesoro” aún inexplorado, disponible para alimentar la industria tecnológica global.

La minería submarina está directamente vinculada con la mercantilización de los océanos porque:

  • Transforma ecosistemas en depósitos de recursos: los suelos marinos dejan de ser espacios vivos y complejos para convertirse en yacimientos a explotar.
  • Institucionaliza la apropiación internacional: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) regula concesiones en zonas internacionales, consolidando un régimen de acceso que privilegia a empresas y Estados con capacidad tecnológica y financiera.
  • Financiariza el riesgo ambiental: se promueve la minería marina como parte de la “economía azul sostenible”, asegurando inversiones con bonos y seguros, mientras los impactos ecológicos —muchos aún desconocidos— se externalizan hacia el planeta y las comunidades.
  • Refuerza la lógica colonial: al igual que en el pasado, los territorios considerados “vacíos” son repartidos y explotados desde centros de poder globales, negando la voz de pueblos costeros e insulares que dependen de la salud de los ecosistemas marinos.

Al encuadrar la minería submarina como parte de la solución al cambio climático y la transición energética, la economía azul convierte un grave riesgo socioambiental en una oportunidad de negocio. En realidad, se trata de un paso más en la mercantilización de los océanos: poner precio al fondo del mar, invisibilizando que allí habitan ecosistemas únicos, esenciales para la regulación climática y aún desconocidos para la ciencia.

Referencia

Rodríguez, Raquel, Bravo, Elizabeth, Jácome, Soledad, & Reyes, David. (2025). Mercantilizando los océanos: Economía azul y sus impactos en el territorio marino costero del Ecuador. Kahlomedia.

Crédito imágenes: Semanario Universidad.

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Cuidar la vida y lo común: aprendizajes de la auditoría social comunitaria

Durante julio y agosto de 2025 se llevó a cabo el proceso “Auditoría social desde nuestras organizaciones: ¿estamos pensando en nuestro bienestar?”, organizado desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica. La propuesta buscó abrir un espacio de formación y acción crítica para que comunidades y colectivos fortalecieran sus herramientas de vigilancia popular, incidencia y defensa del bien común.

La convocatoria partió de una premisa clara: la auditoría social no debe reducirse a revisar presupuestos o documentos, sino entenderse como una forma de acción colectiva que protege el agua, vigila proyectos que impactan los territorios, exige salud y educación dignas, y promueve formas de vida respetuosas de los saberes locales. Más que una cuestión técnica, se trata de preguntarse si las decisiones públicas mejoran o deterioran el bienestar comunitario.

Durante el proceso se apostó por un método participativo y horizontal, en el que cada persona y colectivo aportó desde sus propias experiencias y territorios. No se trató de transmitir recetas técnicas, sino de construir colectivamente preguntas, indicadores y herramientas que respondieran a la realidad concreta de quienes defienden la vida y lo común en sus comunidades. Esta pedagogía de educación popular permitió que el curso se viviera como un espacio de encuentro, escucha y creación compartida.

Al mismo tiempo, se buscó vincular el monitoreo comunitario con la acción transformadora. La auditoría social se trabajó como un proceso vivo que combina el registro de lo que ocurre en los territorios con la capacidad de convertir esos datos y experiencias en fuerza colectiva para exigir cambios. En un contexto marcado por la crisis socioambiental y la exclusión de las voces comunitarias en la toma de decisiones, el proceso reafirmó que la vigilancia desde abajo no solo es legítima, sino necesaria para garantizar derechos y abrir caminos de bienestar.

Síntesis de aprendizajes colectivos

A lo largo del proceso, las y los participantes construyeron aprendizajes clave que muestran que auditar no es un ejercicio frío ni distante, sino un camino de cuidado, memoria y organización:

  • Auditar también es sentir: poner en el centro los afectos, los vínculos y los saberes comunitarios frente al lenguaje técnico que suele invisibilizarlos.

  • Indicadores vivos: medir el bienestar desde lo que duele, lo que soñamos y lo que cuidamos; no solo en cifras, sino en preguntas sobre seguridad, arraigo, dignidad, espacios colectivos y acceso a los recursos para la vida.

  • Monitoreo como cuidado: observar y registrar es también devolver la voz a la comunidad, generar confianza y convertir lo documentado en fuerza colectiva.

  • Comunicación responsable: aprender a señalar con veracidad, buena fe y lenguaje cuidadoso, protegiendo a las comunidades de riesgos legales y fortaleciendo la incidencia pública.

  • Defensa integral del bienestar: incluir la dimensión cultural, espiritual y simbólica —como los lugares sagrados, la medicina natural y los saberes de las personas mayores— como parte de los indicadores de bienestar.

  • Registro y memoria: valorar la documentación (fotos, videos, bitácoras) como herramienta para sostener procesos, fortalecer la identidad y potenciar la incidencia.

  • Constancia y sostenibilidad: reconocer que planear según las capacidades y sostener procesos en el tiempo convierte los aprendizajes en cambios duraderos.

Aprendizajes sesión a sesión
Boletín 1-Indicadores vivos: auditar también es sentir

La primera sesión abrió con la canción “Qué bonita es esta vida”, como un gesto político y pedagógico: recordar que el bienestar se construye desde los sentires cotidianos y no solo desde indicadores fríos. Se cuestionó el lenguaje técnico de la política pública, que suele invisibilizar la dignidad, el arraigo y las alegrías compartidas. Desde ahí se construyeron indicadores vivos, como el diálogo comunitario, la seguridad, la participación en espacios colectivos, el acceso a la tierra y el trabajo digno.

Las formas de monitoreo propuestas incluyeron talleres inductivos, entrevistas, mapeos comunitarios, registros colectivos de salud, asambleas, cafés comunitarios y movilizaciones. La conclusión fue clara: auditar no es solo vigilar, es decidir desde los territorios lo que importa para la política pública.

Puede descargar aquí.

Boletín 2- Monitoreo con cuidado: memoria y lugares sagrados

La segunda sesión dio un paso más con un ejercicio práctico: auditar la invisibilización de lugares sagrados, tomando como referencia el cementerio indígena en Quitirrisí, compartido por la compañera Fressy. Esto permitió reflexionar sobre cómo valorar la oralidad, la espiritualidad y la memoria comunitaria frente a los lenguajes técnicos de planos y registros.

Se experimentó con distintas técnicas de monitoreo comunitario, comprendiendo que no se trata de aplicarlas todas, sino de usarlas en el momento oportuno, respetando la confianza y los ritmos de la comunidad. Se discutió además la importancia de diseñar niveles de profundización: información que nutra a la comunidad, que fortalezca identidades y que también sirva para incidir en la política pública.

En este punto también se introdujeron materiales sobre cómo comunicar el monitoreo, destacando principios de veracidad, buena fe, proporcionalidad y precisión, así como estrategias para protegerse de demandas tipo SLAPP.

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Boletín 3-Comunicar para incidir: del registro a la acción colectiva

La tercera sesión marcó el cierre de la fase de formación y estuvo dedicada a la comunicación de los hallazgos. Se resaltó que el registro no es un trámite, sino memoria, defensa y proyección. Documentar acciones mediante fotos, videos, bitácoras y testimonios permite visibilizar el valor del trabajo comunitario, respaldar demandas, fortalecer identidades e inspirar a otras comunidades.

Se presentaron instrumentos de comunicación tanto interna como externa: reseñas “¿Sabías que…?”, boletines, videos testimoniales, redes de acción, exposiciones comunitarias y notas de prensa. Se subrayó que la constancia y la planificación según capacidades son esenciales para sostener la comunicación y convertirla en una herramienta de incidencia real.

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Boletín 4-Aprendizajes en Quitirrisí: saberes ancestrales como auditoría social

El cierre se realizó con una gira a Quitirrisí, donde los aprendizajes dialogaron con saberes indígenas. Allí se reconocieron los conocimientos ancestrales como indicadores vivos del bienestar: la medicina natural compartida por Zoraida Hernández, la producción local de la Finca Los Itabos con Cristina Castro, el cementerio como lugar sagrado junto a Fernando, Fressy y María Bejarano, y los tintes naturales enseñados en un taller de tejido.

Estos espacios mostraron que el bienestar incluye lo cultural, espiritual y comunitario. Se reafirmó que la auditoría social también se expresa en resistir despojos, defender la cosmogonía, valorar los saberes de las personas mayores y sostener procesos intergeneracionales. El cierre en Quitirrisí fue también una apertura: la certeza de que la auditoría social desde la educación popular es motor de cambio y herramienta para cuidar la memoria, la vida y la dignidad de los pueblos.

Puede descargar aquí.

Un cierre que abre caminos

El proceso de Auditoría social para nuestro bienestar no se concibió como un curso aislado, sino como un ejercicio de educación popular latinoamericana y caribeña. Lo trabajado confirma que auditar desde abajo no es solo un derecho, sino una práctica transformadora que fortalece a las comunidades en su capacidad de exigir, incidir y proponer.

Como parte de esta memoria colectiva, les compartimos también el video construido durante la gira a Quitirrisí, donde se recogen las voces, aprendizajes y sentires que dieron vida a este proceso.

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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.

Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.

Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.

Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.

El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Vecinos de Maquengal exponen ante el Concejo de Guatuso la problemática del río Frío

El pasado 2 de setiembre, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó al Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando la revisión de la situación socioambiental provocada por la extracción de materiales en el río Frío, sector Maquengal. La nota fue leída en sesión y abrió un espacio de discusión sobre un tema sensible para la comunidad.

En el documento, las personas vecinas señalaron que la actividad extractiva afecta directamente a la población escolar: “la actividad se desarrolla a menos de 500 metros del centro educativo, sin que se haya realizado ningún proceso de consulta previa con la comunidad educativa ni se haya implementado un plan remedial, a pesar de la vulnerabilidad de la población escolar”.

La carta también destacó la pérdida de espacios comunitarios: “el camino que conecta con la zona del río donde hoy se realiza la extracción fue, durante años, un espacio comunitario de recreación y descanso (…). Hoy, ese acceso ha sido transformado en un paso de maquinaria pesada, y su uso tradicional como lugar para el disfrute del río se ha vuelto imposible”.

Además, en la sesión se compartieron comentarios adicionales por la plataforma de Facebook de las personas vecinas que refuerzan el planteamiento central. Uno de ellos señaló con claridad:

“Señor Alcalde y Señores del Concejo, la nota enviada se refiere claramente a la concesión privada, la cual estamos claros se lleva el material que le corresponde al cantón. También en las notas que hemos enviado hemos sido enfáticos en que no nos oponemos al desarrollo del cantón, pero sí rotundamente nos oponemos a la explotación del río de parte de las empresas privadas. Y en cuanto a los comentarios con respecto a la problemática referente al punto en el puente La Amapola, el Grupo de la Cuenca no tiene nada que ver con esos comentarios”.

Otro vecino apuntó al sentido común de la situación:

“… En cuanto al material extraído del río para mantenimiento de la red vial del cantón, nosotros, los habitantes de las comunidades de Treminio y La Amapola, no estamos de acuerdo con la explicación del Alcalde, ya que tenemos nueve años de promesas para intervenir los caminos de estas comunidades. Así que la declaración del señor Alcalde no la aceptamos como acertada. ¿Será que nosotros no pertenecemos al cantón de Guatuso?”.

El planteamiento de la comunidad no se centró en irregularidades administrativas, sino en cuestionar qué modelo de desarrollo impulsa Guatuso y cómo este impacta la vida cotidiana. Como señala el texto, la ausencia de consulta ciudadana contradice “principios fundamentales de transparencia, participación ciudadana y protección de los bienes comunes”.

No obstante, la discusión en el Concejo tomó otro rumbo. Aunque se reconoció la necesidad de una reunión con el abogado municipal y la apertura de un espacio con participación ciudadana, varios discursos desviaron el foco hacia aspectos no mencionados en la carta. El alcalde incluso afirmó: “He visto en estos días comentarios que salen en las redes sociales de que la municipalidad tiene prohibido el ingreso al río, que la municipalidad está quitando del derecho que tienen las personas a ir a disfrutar de ese espacio (…). Dejemos de venderle humo a la gente, andar mintiendo diciendo que la municipalidad está cercenando el derecho al río”.

En la discusión, la preocupación vecinal por la pérdida del acceso público al río y la recreación comunitaria terminó quedando en segundo plano. El reclamo de la comunidad sigue siendo la defensa del río como bien común y la apertura de un debate colectivo sobre el rumbo de Maquengal. Pese a que la comunidad pidió considerar incluso la suspensión temporal de la actividad extractiva privada, el Concejo centró la discusión en la legalidad administrativa y en el aprovechamiento del material para la red vial.

Desarrollo sí, pero con equilibrio

La comunidad de Maquengal no se opone al desarrollo ni al mantenimiento de los caminos, una necesidad real para la vida cotidiana en Guatuso. Lo que cuestionan es el rumbo que se ha tomado: convertir al pueblo en una cantera. Las personas vecinas están preocupadas porque la concesión privada actual tiene una vigencia de diez años y con posibilidad de prorrogarse, y temen que se sumen nuevas concesiones hasta acercarse peligrosamente a los límites del Parque Nacional Volcán Tenorio. Las personas vecinas expresaron su frustración porque sienten que en su territorio se está privilegiando la extracción, en lugar de promover alternativas económicas que podrían generar bienestar y sostenibilidad.

Las personas vecinas advierten que lo que ocurre hoy en Maquengal ejemplifica cómo se sacrifica el acceso al río y los espacios de recreación comunitaria para privilegiar la extracción de materiales por 10 años mínimo. Esta situación, señalan, limita las posibilidades de desarrollo futuro, pues actividades como el turismo rural y comunitario, que antes se perfilaban como alternativas, dejan de ser viables en un entorno degradado. La comunidad insiste en que no quieren ser solo un lugar de tránsito hacia Bijagua o Río Celeste, como ya se les está condenando, sino un territorio con opciones propias de desarrollo.

La discusión, entonces, no gira en torno a oponerse al progreso, sino a la búsqueda de un equilibrio que respete los bienes comunes y potencie las oportunidades locales, evitando que el modelo extractivo limite las posibilidades de la comunidad en su propio territorio.

¿Quién puede realmente disfrutar del río Frío en Maquengal?

Más allá de las palabras del alcalde, quien en la sesión desestimó las críticas asegurando que eran “comentarios engañosos” sobre una supuesta prohibición de acceso al río, la experiencia concreta de la comunidad muestra otra cosa: el acceso tradicional fue transformado en un paso de maquinaria pesada, y las familias ya no pueden usar el río como espacio de recreación.

Hoy, más que un lugar de encuentro, las personas vecinas perciben que Maquengal se ha transformado en un espacio más industrial que comunitario, lo cual limita la posibilidad de disfrutar del río como antes.

Por eso, las personas de Maquengal levantan la voz: no solo por los impactos ambientales o administrativos, sino por la pérdida de su área de recreo comunitario, donde antes podían bañarse, hacer kayak, tubbing o simplemente disfrutar de un domingo en el río. Ese espacio común ya no existe para ellas.

La invitación queda abierta a las autoridades municipales y a todas las instituciones que están relacionadas a esto: que un domingo se acerquen al río Frío, en Maquengal, cuando no haya maquinaria en operación, e intenten disfrutarlo como antes lo hacían las familias. Que prueben remar en kayak, pescar o simplemente bañarse en sus aguas. Tal vez entonces comprendan que el derecho al río no es ‘humo’, sino una pérdida real, concreta y profundamente sentida por la comunidad.

Resulta doloroso constatar cómo las declaraciones de las autoridades contrastan con las voces de quienes han conocido y amado el río Frío —tanto personas locales como visitantes— y hoy se indignan al ver su estado actual. No se trata de un asunto personal, sino de un llamado a sensibilizar a la institucionalidad de nuestro cantón sobre el daño que está provocando a todo un pueblo.

La sesión cerró con el acuerdo de coordinar una reunión con la comunidad y con la parte legal. Sin embargo, lo ocurrido deja en evidencia la tensión entre la mirada comunitaria

—que pone en el centro los derechos colectivos, el acceso al río y el impacto en la vida local— y la mirada institucional, que se limita a aspectos procedimentales y defensivos.

Para el recuerdo: así fue la zona pública para la recreación de las personas vecinas y visitantes de Maquengal
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Estrategia Nacional de Biodiversidad: participación en el papel, exclusión en la práctica

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), el instrumento que marcará el rumbo del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Con respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proceso se anuncia como participativo y multisectorial.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes (OBC), señalamos que lo vivido en el lanzamiento reflejó un desfase entre la retórica y la práctica: discursos oficiales sin diálogo real, un público reducido a espectadores y un énfasis en los beneficios económicos de la biodiversidad más que en su conservación efectiva.

La pregunta es inevitable: ¿se construirá una estrategia desde las comunidades y para la biodiversidad, o desde los escritorios y para el mercado?

Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos la visión de la biodiversidad como bien común, que plantea desafíos concretos para la formulación de la ENB. No se trata solo de cumplir metas numéricas o generar espacios de consulta simbólicos, sino de reconocer que la biodiversidad sostiene la vida, la cultura y los territorios, y que su cuidado requiere participación efectiva, gestión colectiva y justicia socioambiental.

Biodiversidad como bien común: un desafío para la ENB

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes (OBC), la actualización de la ENB no puede limitarse a discursos sobre “uso sostenible” o beneficios económicos. Entender la biodiversidad como bien común implica que la estrategia debe reconocer:

  • Que la biodiversidad sostiene vida, cultura y territorios, más allá de su valor financiero.

  • La necesidad de gestión colectiva, respetando saberes locales, prácticas tradicionales y derechos de pueblos indígenas y comunidades costeras y campesinas.

  • Que la conservación requiere participación efectiva y justicia socioambiental, no solo talleres simbólicos o consulta formal.

  • La importancia de decisiones que consideren generaciones presentes y futuras, garantizando la continuidad de ecosistemas y prácticas comunitarias.

En este marco, una ENB que solo enfatice beneficios económicos o metas cuantitativas corre el riesgo de desconectar la estrategia de las comunidades y territorios que protegen la biodiversidad.

Mercantilización de la biodiversidad: tensiones en la estrategia

La ENB también enfrenta el desafío de la mercantilización de la biodiversidad, donde se prioriza la lógica de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”:

  • Se reduce la biodiversidad a un recurso para el mercado, dejando fuera a quienes la han cuidado históricamente.

  • Se corren riesgos sobre la conservación de especies y ecosistemas, especialmente en territorios frágiles o bajo presión de megaproyectos.

  • Los fondos y proyectos de conservación tienden a concentrarse en actores económicos poderosos, en lugar de distribuirse equitativamente en los territorios y fortalecer la gestión comunitaria.

El OBC advierte que sin reconocer la biodiversidad como bien común, la ENB puede terminar reforzando desigualdades de poder, priorizando intereses privados y reproduciendo dinámicas de exclusión y despojo. Integrar esta perspectiva es fundamental para que la estrategia sea legítima, efectiva y justa, conectada con la realidad territorial y social del país.

En este contexto, resulta crucial analizar cómo se ha desarrollado el proceso de actualización de la ENB: por un lado, lo que se anuncia en el discurso oficial; por otro, la experiencia concreta de participación en los talleres y eventos. Esta tensión entre forma y fondo revela hasta qué punto la estrategia refleja realmente la visión de la biodiversidad como bien común, o si sigue subordinada a intereses económicos y lógicas de mercado.

Dos planos del proceso: discurso y experiencia

El OBC identifica dos planos interconectados en la actualización de la ENB:

  • Discurso oficial (Minae–PNUD–GEF): se presenta como participativo, multisectorial, alineado con el Marco Kunming–Montreal, vital para el desarrollo sostenible y con promesas de inclusión de diversos sectores.

  • Experiencia concreta en el lanzamiento: participación entendida como presencia en talleres, sin reglas claras sobre cómo los aportes incidirán en el documento final ni mecanismos de rendición de cuentas, mostrando una brecha entre forma y fondo.

Valoración del proceso desde el OBC

Puntos positivos

  • La actualización antes de su vencimiento (2025) es crucial para mantener la vigencia de la política ambiental.

  • Financiamiento internacional y acompañamiento del PNUD aseguran recursos, visibilidad y la posibilidad de integrar estándares globales.

  • Alineamiento con el Marco Kunming–Montreal: metas de protección del 30% de áreas, restauración ecológica, financiamiento y equidad de género.

  • La convocatoria amplia a múltiples sectores reconoce que la biodiversidad es un bien común que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas.

Vacíos y preocupaciones
  • Participación sin metodología clara: talleres sin protocolos, sin trazabilidad de aportes ni devolución razonada, reducen la inclusión a un trámite simbólico.

  • Débil centralidad en la biodiversidad: se prioriza su “uso” y beneficios económicos, invisibilizando su rol como bien común y su importancia para la vida de comunidades locales.

  • Riesgo de captura institucional o sectorial: sin seguimiento independiente, la ENB puede reflejar intereses de jerarcas o grupos con poder económico, en lugar de las comunidades.

  • Débil institucionalidad de seguimiento: indicadores poco robustos, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública.

Lo que el OBC considera central para una participación real

Para que la ENB sea legítima y efectiva, la participación debe ser plena y vinculante:

  • -Protocolos metodológicos públicos y validados antes de los talleres.

  • -Mecanismos de devolución razonada que expliquen cómo se integran o no los aportes.

  • -Repositorio abierto con versiones, insumos y actas.

  • -Instancia independiente de revisión ciudadana y auditoría de indicadores y fondos.

  • -Garantías de que la participación incida en el texto normativo y en la implementación posterior.

Estas medidas reflejan la perspectiva del OBC: la biodiversidad como bien común, custodiada por comunidades, pueblos indígenas y defensoras ambientales, no solo un recurso para mercados o financiamiento internacional.

Territorio, comunidades y megaproyectos

Desde la perspectiva del Observatorio: hablar de biodiversidad implica reconocer conflictos socioambientales en curso:

  • -Desalojos en costas y humedales: comunidades históricas expulsadas mientras megaproyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios obtienen permisos exprés.

  • -Defensores criminalizados: personas que protegen ecosistemas enfrentan hostigamiento, judicialización y violencia.

  • -Captura de recursos y decisiones: los beneficios de la biodiversidad se concentran en actores económicos poderosos, dejando a las comunidades fuera de la gestión y del cuidado real del territorio.

Defensores criminalizados y desprotegidos

Los casos hablan por sí solos:

  • Sergio Rojas (asesinado en 2019) y Jhery Rivera (asesinado en 2020) fueron líderes indígenas bribri y brörán que defendían la recuperación de territorios.

  • Jairo Mora (asesinado en 2013) fue un joven ambientalista que protegía tortugas marinas en Limón.

  • Juan Bautista Alfaro Rojas (2025) es un activista ambiental de Costa Rica que enfrenta demandas legales por denunciar impactos ecológicos en una zona turística de Guanacaste.

  • Philippe Vangoidsenhoven y Pablo Sibar, defensores ambientales, han denunciado la falta de protección efectiva pese a amenazas constantes.

  • Y muchas otras personas y organizaciones se pueden suman a esta lista.

Estos nombres evidencian que en Costa Rica defender la biodiversidad puede costar la vida. Y que, lejos de brindar garantías, el Estado ha mostrado indiferencia y desprotección, incluso en el marco de compromisos internacionales de derechos humanos y biodiversidad.

El OBC advierte que sin reconocer estos procesos, la ENB corre el riesgo de ser un documento desconectado de la realidad territorial y social.

No todo es mercado: forma y fondo una provocación desde los Bienes Comunes

El proceso arranca con respaldo internacional y buenas intenciones, pero carece de credibilidad participativa.

  • Forma: un proceso “participativo” anunciado como inclusivo.

  • Fondo: sin reglas claras, trazabilidad ni control ciudadano, la participación puede quedarse en un gesto político sin capacidad transformadora.

Para el OBC, la ENB será legítima solo si reconoce:

  1. la biodiversidad como bien común,
  2. a las comunidades y defensoras como protagonistas centrales,
  3. y la necesidad de justicia ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Sin estas condiciones, la “participación” será apenas otra foto en redes sociales, mientras la realidad territorial sigue marcada por desalojos, megaproyectos y concentración de poder.

⚠️ Cuando la participación se queda en papel: análisis crítico del OBC
Vacío o preocupaciónPerspectiva del Observatorio de Bienes Comunes
Participación sin metodología claraLos talleres carecen de protocolos publicados; no hay trazabilidad de aportes ni devolución razonada. La participación se reduce a un acto simbólico: se invita a hablar, pero la decisión final queda en manos del Ejecutivo y aliados técnicos. Las comunidades que custodian la biodiversidad quedan fuera del centro del proceso.
Débil centralidad en la biodiversidadSe prioriza el uso económico de los ecosistemas sobre su valor como bien común. Esto invisibiliza la relación cotidiana de comunidades indígenas, campesinas y costeras con sus territorios, y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas estratégicos.
Riesgo de captura institucional o sectorialSin seguimiento independiente, la estrategia puede reflejar intereses de jerarcas o actores con poder económico en lugar de las comunidades. La consulta superficial y la ausencia de paneles independientes refuerzan desigualdades de poder.
Débil institucionalidad de seguimientoIndicadores poco claros, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública limitan la verificación ciudadana. Esto desconecta la ENB de la realidad territorial y debilita la capacidad de las comunidades para exigir resultados.
Cuando la estrategia refleja la política: biodiversidad y Escazú en tensión

El Acuerdo de Escazú garantiza derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación pública vinculante y protección de defensores ambientales. A primera vista, la ENB y Escazú podrían parecer instrumentos complementarios; sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, los vacíos y limitaciones de la ENB reflejan una tensión estructural.

Gran parte de las críticas que recibe la estrategia —participación simbólica, ausencia de trazabilidad de fondos, indicadores débiles y protección insuficiente para comunidades y defensoras— no son errores aislados, sino expresiones del rechazo o la despriorización de la administración actual hacia el Acuerdo de Escazú y sus principios de participación, transparencia y justicia ambiental.

  • Participación real vs. simbólica: Escazú exige que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en decisiones ambientales. La ENB, en cambio, mantiene un modelo de consulta superficial, sin devolución razonada ni mecanismos vinculantes.

  • Protección de defensoras y comunidades: Escazú promueve medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente; la ENB no establece garantías claras frente a desalojos, hostigamiento o criminalización.

  • Transparencia y rendición de cuentas: Escazú obliga a acceso público a información y control ciudadano. La ENB sigue mostrando vacíos en indicadores y financiamiento, limitando la fiscalización y control social.

En síntesis, las limitaciones de la ENB reflejan un patrón institucional y político, y no meros errores técnicos. Para que la estrategia cumpla con los estándares de sostenibilidad y legitimidad, debe integrar explícitamente mecanismos de participación vinculante, auditoría ciudadana y protección de quienes cuidan la biodiversidad, reconociéndola como un bien común y conectando su gestión con los derechos y saberes de las comunidades locales.

¿Qué es una Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Marco Kunming–Montreal?

Una Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un plan que define cómo un país protegerá, restaurará y usará de manera sostenible su biodiversidad. No se trata solo de cuidar especies o ecosistemas, sino de articular políticas, acciones y financiamiento que garanticen que la biodiversidad siga siendo un bien común para las comunidades, el territorio y el futuro del país.

En el caso de Costa Rica, la ENB busca orientar decisiones sobre conservación, restauración, investigación, financiamiento y participación ciudadana, vinculando objetivos ambientales con dimensiones sociales, culturales y económicas.

El Marco Kunming–Montreal es un acuerdo internacional que establece metas globales de biodiversidad para todos los países firmantes, como:

  • Proteger al menos el 30% de los ecosistemas y áreas prioritarias.

  • Restaurar ecosistemas degradados.

  • Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.

  • Promover participación inclusiva de pueblos indígenas y comunidades locales.

  • Integrar la biodiversidad en decisiones de desarrollo económico y planificación territorial.

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, estos instrumentos solo tienen sentido si la participación no es simbólica, si se reconoce que la biodiversidad es un bien común y si las decisiones se conectan con quienes históricamente la han cuidado: comunidades locales, pueblos indígenas y defensoras ambientales. Sin esta perspectiva, la estrategia corre el riesgo de ser un documento técnico desconectado de la realidad territorial y social.

Referencias

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Sin crítica, sin reglas, sin participación: la actualización de la estrategia de biodiversidad de Costa Rica comienza sin credibilidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/sin-critica-sin-reglas-sin-participacion-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-biodiversidad-de-costa-rica-comienza-sin-credibilidad

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Minae llama a la ciudadanía a participar de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/minae-llama-a-la-ciudadania-a-participar-de-la-actualizacion-de-la-estrategia-nacional-de-biodiversidad

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Comunidades de Katira denuncian presunto impacto de chanchera en quebrada y salud pública

Vecinos de Progreso de Katira, La Florida y Apacona, en el cantón de Guatuso, manifiestan su creciente preocupación por el presunto impacto ambiental y social de una actividad porcina instalada en las cercanías de sus comunidades. La población denuncia que esta explotación estaría afectando la quebrada La Piladora, así como la calidad del aire y la vida cotidiana en la zona.

Contaminación presunta de la quebrada y malos olores

De acuerdo con testimonios de personas que habitan estas comunidades, la chanchera se ubica a aproximadamente 300 metros de las viviendas. Relatan que se perciben malos olores intensos y constantes, perceptibles incluso en la iglesia evangélica ubicada a 800 metros. En los hogares más cercanos, a menos de 200 metros, los habitantes aseguran que los olores son insoportables: “Aquí comemos con el olor a chanchera en la mesa”, señaló una persona.

El señalamiento más grave recae sobre la quebrada La Piladora, que viene presentando presuntos signos de afectación. Vecinos relatan que, en ciertos momentos, especialmente durante la noche, llegan líquidos al cauce que intensifican los olores en la zona. “A 400 metros ya pica la nariz, y al bajar a la quebrada se siente más fuerte”, comentó un habitante.

Según lo manifestado por los pobladores, la chanchera cercana podría no contar con un manejo adecuado de sus residuos. Señalan que presuntamente existirían estructuras abiertas para acumular desechos que, al no tener un tratamiento riguroso, podrían estar facilitando descargas hacia el entorno. Esta situación, de acuerdo con la comunidad, estaría contribuyendo a la proliferación de olores intensos, plagas y posibles riesgos para la salud.

Respuesta institucional en duda

En abril de 2025, SENASA realizó una visita de inspección. Según vecinos, la institución habría concluido que no existía afectación a la quebrada y que los olores estaban bajo control. El Ministerio de Salud, por su parte, también habría indicado que todo estaría en orden.

La comunidad asegura haber presentado denuncias en la sede regional de Ciudad Quesada, pero sin mayor resultado. Incluso cuando han acudido al 911, se les habría indicado que debían contactar a SENASA, lo que refuerza en la población la sensación de desprotección y abandono institucional.

Sin embargo, los habitantes sostienen que las afectaciones son claras y cotidianas. Algunos perciben un trato desigual: sienten que cuando se trata de pequeños productores se cierran rápidamente las chancheras, mientras que en este caso las instituciones parecen actuar con menos rigurosidad.

Una vida diaria marcada por olores y contaminación

Los pobladores destacan que el impacto no es esporádico, sino constante: olores que se intensifican a ciertas horas de la noche, la imposibilidad de comer sin percibir el hedor, la incomodidad en los hogares y la preocupación por la calidad del agua. “El pueblo está cansado, ya no aguanta más, nos estamos ahogando”, expresaron.

Algunos habitantes presumen que los desechos liberados podrían afectar no solo a la quebrada, sino también a la biodiversidad circundante.

¿Qué piden?

Las comunidades de Katira solicitan que se verifique a fondo el cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre vertido de aguas residuales, manejo de excretas y distancias mínimas para la actividad porcina. Asimismo, piden que la chanchera implemente buenas prácticas de gestión y tratamiento de residuos para evitar que el agua, el aire y el entorno sigan siendo afectados.

El llamado es claro: que las instituciones de control asuman con seriedad su papel y atiendan de manera efectiva las denuncias comunitarias. Mientras tanto, la quebrada La Piladora sigue expuesta a un tipo de contaminación y malos olores que limitan su derecho a un ambiente sano y a una vida digna.

Buenas prácticas ausentes y necesarias de promover

El caso de Katira muestra cómo la ausencia de buenas prácticas en la producción porcina genera impactos negativos que podrían evitarse con una gestión adecuada. La comunidad identifica varias carencias clave: un manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos, la falta de medidas para controlar los olores y las plagas, la ubicación de la chanchera a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y espacios públicos, así como la débil respuesta institucional frente a las denuncias ciudadanas.

En contraposición, existen buenas prácticas ampliamente reconocidas que permitirían conciliar la actividad productiva con el derecho a un ambiente sano. Entre ellas, destaca la implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento, capaces de transformar los desechos en recursos útiles como biogás o biofertilizantes. Estos mecanismos no solo reducen la contaminación, sino que también disminuyen considerablemente los olores.

Otra medida importante es la instalación de barreras vivas —por ejemplo, franjas de árboles o cercas verdes— que actúan como filtros naturales de aire y agua, mejorando la calidad ambiental para quienes habitan en las cercanías. Asimismo, el cumplimiento estricto de las distancias mínimas respecto a quebradas, nacientes y viviendas debe ser un principio básico para toda actividad agropecuaria.

El monitoreo ambiental participativo es otra práctica que fortalece la confianza social: cuando la comunidad puede verificar junto con las instituciones la calidad del agua y del aire, se garantiza transparencia y corresponsabilidad en el cuidado del entorno. A ello se suma la necesidad de que las entidades de control actúen con mayor imparcialidad y eficacia, respondiendo de manera oportuna a las denuncias ciudadanas.

Finalmente, la promoción de espacios de diálogo y educación ambiental contribuye a que tanto productores como vecinos comprendan la importancia de prácticas responsables, reduciendo la conflictividad y construyendo soluciones sostenibles.

En conjunto, estas medidas no representan únicamente requisitos técnicos, sino herramientas para asegurar que la producción animal pueda desarrollarse sin poner en riesgo la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

De las malas prácticas a las soluciones necesarias

Malas prácticas observadas

Buenas prácticas propuestas

Manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos

Implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento

Ausencia de medidas de control de olores y plagas

Instalación de filtros y barreras vivas (franjas de árboles, cercas verdes)

Ubicación a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y quebradas

Cumplimiento estricto de las distancias mínimas en la normativa

Débil respuesta institucional frente a las denuncias

Monitoreo ambiental participativo y constante, con resultados públicos

Falta de transparencia en los procesos de inspección

Institucionalidad activa, transparente e imparcial frente a la ciudadanía

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Democracia en riesgo: cuando la política criminal marca la agenda

En América Latina, la democracia no enfrenta únicamente el desafío de elegir gobiernos legítimos o de garantizar instituciones sólidas. Hoy, una de las amenazas más serias proviene de la expansión de lo que los investigadores Feldmann y Luna llaman política criminal: la intersección entre el crimen organizado, actores políticos y funcionarios estatales que encuentran en las economías ilegales una fuente de poder y recursos.

Esta relación no se limita a escenarios de violencia extrema, como el narcotráfico en México o Colombia. También se manifiesta en países con instituciones más fuertes, como Chile, Uruguay o Paraguay, donde el crimen ha penetrado el financiamiento de campañas, los negocios legales y las dinámicas de poder local. El resultado es un impacto directo en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo económico.

Riesgos para la democracia

La democracia se sostiene sobre reglas claras: competencia justa, instituciones independientes y confianza ciudadana. Cuando el crimen entra en la política, estos pilares se ven gravemente erosionados.

  • Cooptación de instituciones: partidos y candidatos que dependen de financiamiento ilegal quedan atrapados en esa relación. En consecuencia, las decisiones de gobierno, en lugar de priorizar salud, educación o derechos sociales, terminan respondiendo a intereses criminales. Así, el Estado pierde autonomía y se convierte en un vehículo para proteger negocios ilícitos.
  • Erosión de la confianza ciudadana: cuando la población percibe que las autoridades están “vendidas” a redes mafiosas, se debilita la credibilidad en las elecciones, la justicia y los mecanismos de participación. Ese escepticismo suele traducirse en apatía, abstención o incluso en apoyo a salidas autoritarias que prometen “mano dura”.
  • Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.
Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

  • Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.
  • Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.
  • Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.
Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

  • Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.
  • Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.
  • Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.
La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

  1. Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.
  2. Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.
  3. Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

  • Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).
  • Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?
  • Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.
  • Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.
  • Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.
  • Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.
Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

  • Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

  • Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

  • Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

  • Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

Algo más que elecciones

La política criminal no es solo un problema de seguridad ni un asunto reservado para las páginas policiales. Se trata de una amenaza directa a la democracia, un freno al desarrollo económico y un factor de deterioro ambiental.

En Costa Rica, las elecciones de 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que la seguridad deje de ser un simple eslogan electoral y se convierta en un debate real sobre cómo construir instituciones sólidas, transparentes y justas.

Enfrentar este desafío exige mucho más que patrullas y cárceles: requiere fortalecer la transparencia, garantizar justicia social y ofrecer alternativas reales a las comunidades frente al poder corruptor del dinero ilícito. Solo así será posible recuperar la credibilidad democrática, proteger la naturaleza y asegurar que la ciudadanía vuelva a confiar en que su voto puede marcar la diferencia.

Referencia:

AP News. (29 diciembre 2023). Costa Rica looks to El Salvador in announcing new prison and tough-on-crime reforms. Associated Press. https://apnews.com/article/bfc7358f15589c45cb5b04ddc1db86ee

Delfino.cr. (12 junio 2025). La urgente construcción de una política criminal integral en Costa Rica. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/06/la-urgente-construccion-de-una-politica-criminal-integral-en-costa-rica

Feldmann, Andreas E., & Luna, Juan Pablo. (2023). Criminal politics and botched development in contemporary Latin America. Cambridge University Press.

La Nación. (20 febrero 2025). Editorial: Elecciones 2026, el alto riesgo de la infiltración del narco. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-elecciones-2026-el-alto-riesgo-de-la/ECXU5WZBJZC7TLRYJFE57LCFGA/story

Reuters. (14 agosto 2025). Costa Rica to start building massive El Salvador-inspired prison. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/costa-rica-start-building-massive-el-salvador-inspired-prison-2025-08-14

Semanario Universidad. (10 mayo 2024). Costa Rica necesita una política pública específica sobre crimen organizado. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-necesita-una-politica-publica-especifica-sobre-crimen-organizado

Universidad de Costa Rica. (3 abril 2025). La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/4/03/la-valoracion-del-gobierno-del-presidente-chaves-disminuye-mientras-que-la-preocupacion-por-la-inseguridad-y-la-delincuencia-reina-en-costa-rica.html

Esta nota pertenece a la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

Juventud

Cocinar la vida en común: Emma Hilario y la pedagogía de los comedores populares

En los márgenes de las grandes narrativas nacionales florecen historias que sostienen la vida. Este nuevo cuaderno de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes recupera la experiencia de Emma Hilario (1959-2014), mujer andina que convirtió los comedores populares en trincheras de organización, cuidado y dignidad en medio de la violencia política y la pobreza en el Perú.

Más que un relato biográfico, el cuaderno es una herramienta pedagógica y política: invita a reflexionar sobre cómo la cocina compartida y la autogestión comunitaria se convierten en prácticas de resistencia y en verdaderas escuelas de lo común, donde se aprende a sostener la vida colectivamente.

Emma Hilario: vida y legado

Emma Hilario (1959-2014) fue una mujer andina y dirigente comunitaria que dedicó su vida a los comedores populares en Lima. Como promotora y presidenta de la Comisión Nacional de Comedores Populares, defendió la autogestión y la organización como respuesta a la exclusión social. En 1991 sobrevivió a un atentado y posteriormente se exilió en Costa Rica, donde siguió vinculada a procesos de educación popular y lucha social. Su vida es un testimonio de valentía y de compromiso con el derecho a la vida digna, una historia que este cuaderno recupera como acto de memoria política.

Aportes conceptuales

El cuaderno propone una mirada que entrelaza memoria, política y vida cotidiana. Entre sus principales aportes destacan:

  • La vida cotidiana como trinchera política, donde el acto de cocinar y compartir se convierte en un ejercicio de resistencia.

  • La autogestión comunitaria como pedagogía democrática, aprendida en la práctica de sostener colectivamente la alimentación en contextos de crisis.

  • El cuidado como categoría política, que trasciende lo privado y se convierte en fundamento para la vida en común.

  • La memoria como futuro, donde recuperar la voz de Emma Hilario y de las mujeres organizadas en comedores populares permite proyectar nuevas formas de justicia y solidaridad.

Estos aportes convierten al cuaderno en una herramienta para pensar los bienes comunes desde la experiencia concreta de mujeres que hicieron de la cocina un espacio de dignidad.

Los comedores populares como espacios pedagógicos

Más allá de su función alimentaria, los comedores populares son presentados en el cuaderno como escuelas vivas de comunidad. Allí se aprende a gestionar recursos, a organizar turnos, a distribuir tareas, pero sobre todo a construir un sentido del común.

  • Son espacios de aprendizaje colectivo, donde cada decisión –desde cómo cocinar hasta cómo defender recursos– se convierte en una lección de democracia práctica.

  • Funcionan como territorios de cuidado compartido, donde la comida se entiende como vínculo y no solo como necesidad biológica.

  • Permiten reconocer el valor de lo común, ya que la olla y la mesa se sostienen gracias al aporte de todas, sin apropiaciones individuales, generando prácticas que cuestionan la lógica del mercado y la privatización.

  • Se constituyen en espacios de memoria y resistencia, porque en cada plato servido se preserva la historia de lucha de las mujeres que, frente a la pobreza y la violencia, sostuvieron la vida con dignidad

En este sentido, los comedores son pedagógicos porque enseñan a vivir juntos, a compartir y a resistir desde lo cotidiano, recordándonos que el bien común se cocina y se cuida.

Para seguir cocinando comunidad

El cuaderno no solo homenajea a Emma Hilario, sino que también invita a repensar las prácticas actuales de organización comunitaria. Reconocer a los comedores populares como espacios de pedagogía del común es un paso para comprender cómo las luchas por la vida digna se dan, muchas veces, en lo más sencillo: alrededor de una mesa compartida.

Pueden descargarlo aquí.

📖 El cuaderno completo forma parte de la serie Cuadernos de Estudio del Observatorio de Bienes Comunes.

Crédito de imagenes: Centro de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y Somos Periodismos.